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El señor VARGAS .-
Señor Presidente , la normativa vigente en materia de tarifas eléctricas pretende que éstas representen los costos reales de generación, transmisión y distribución de electricidad.
Los organismos que participan en la regulación del sector eléctrico son la Comisión Nacional de Energía, el Ministerio de Economía y Energía, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y los centros de despacho económico de carga.
La Comisión Nacional de Energía tiene la función de calcular los precios regulados, analizar técnicamente la estructura y nivel de los precios y tarifas de bienes y servicios energéticos e informar al Ministerio de Economía, único organismo con atribuciones para fijar dichos precios o tarifas.
En noviembre de 2001, una Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados sobre el proceso de tarifas eléctricas, arribó, entre otras, a las siguientes conclusiones:
1. Que no se respetaron los estudios de los valores tarifarios;
2. Que las autoridades responsables excedían las atribuciones que les otorgaba la ley;
3. Se verificaban múltiples contravenciones a la ley referida a la contratación de empresas consultoras;
4. La Comisión Nacional de Energía y el Ministerio de Economía no entregaron información completa y suficiente a la Contraloría General de la República respecto del proceso de fijación tarifaria para que se examinara su legalidad, y
5. Que los hechos señalados tenían un único y gran perjudicado, el consumidor, el que a través del pago de sus cuentas, cada vez más altas, debía pagar precios abusivos muy por sobre el costo de generación, transmisión y distribución de la electricidad.
Han transcurrido cinco años desde el categórico informe de la Cámara de Diputados y todavía no se conoce una acción de la autoridad destinada a corregir lo señalado. Mientras tanto, los consumidores siguen pagando la cuenta de las equivocaciones y errores de quienes tienen el deber de velar por sus intereses. Tampoco se sabe de las conclusiones de la Contraloría General de la República acerca de los antecedentes que al respecto le hizo llegar la Cámara de Diputados.
La gente merece una explicación satisfactoria, y las autoridades de Gobierno deben hacer un esfuerzo por explicar las alzas sufridas por los servicios eléctricos.
Por lo anterior, solicito enviar los siguientes oficios:
A la Contraloría General de la República, para que informe a la Cámara:
a) Sobre la legalidad del último proceso de fijación de tarifas eléctricas, y
b) Qué acciones y comunicaciones dirigió a la Comisión Nacional de Energía y al Ministerio de Economía referidos a las conclusiones de la Comisión de Minería en su investigación sobre el proceso de la fijación de las tarifas eléctricas desarrollado durante 2000 y 2001.
A la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para que informe:
a) Resultados de la fiscalización realizada al proceso de fijación de tarifas eléctricas, y
b) Medidas correctivas adoptadas por esa Superintendencia.
He dicho.
El señor CORNEJO ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
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