REPÚBLICA DE CHILECÁMARA DE DIPUTADOSLEGISLATURA 354ªSesión 9ª, en miércoles 5 de abril de 2006(Ordinaria, de 10.41 a 15.23 horas) Presidencia de los señores Leal Labrín, don Antonio, y Burgos Varela, don Jorge. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.REDACCIÓN DE SESIONESPUBLICACIÓN OFICIAL ÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- ORDEN DEL DÍA VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTAÍNDICE GENERALPág. I. Asistencia 5 II. Apertura de la sesión 9 III. Actas 9 IV. Cuenta 9 - Constitución de Comisión sobre control de Agencia Nacional de Inteligencia. Ani 9 V. Orden del Día. - Reajuste extraordinario de pensiones bajas. Primer trámite constitucional 9 VI. Documentos de la Cuenta. 1. Certificado de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, recaído en el proyecto, iniciado en mensaje y con urgencia de “discusión inmediata”, que concede un reajuste extraordinario a las pensiones mas bajas y modifica otras leyes que indica. (boletín N° 4131-13) 70 2. Certificado de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto, iniciado en mensaje y con urgencia de “discusión inmediata”, que concede un reajuste extraordinario a las pensiones mas bajas y modifica otras leyes que indica. (boletín N° 4131-13) 72 3. Moción de los diputados señores Sepúlveda, don Roberto; Chahuán, Aedo, García, Martínez, Silber, Verdugo, y de las diputadas señoras Pascal, doña Denise; Rubilar, doña Karla y Valcarce, doña Ximena, que modifica la ley de Bases Generales del medio Ambiente, con el objeto de fomentar y obtener mayor participación ciudadana en la protección del medio ambiente. (boletín N° 4132-12) 75 4. Moción de los diputados señores Correa, Forni, Hernández, Hales, Martínez, Masferrer, Urrutia, Von Mühlenbrock, Walker y Ward, que hace aplicables las penas de la ley N° 20.064, a carabineros y miembros de la Policía de Investigaciones que, no estando en ejercicio de sus funciones, trate de evitar la comisión de un delito. (boletín N° 4133-02) 77 VII. Otros documentos de la Cuenta. 1. Comunicaciones: - Del Jefe de Bancada de Diputados de Renovación Nacional mediante las cuales informa que el diputado señor Aedo reemplazará permanentemente al diputado señor Verdugo en la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, y el diputado señor Verdugo reemplazará de igual manera al diputado señor Aedo en la Comisión de Ciencia y Tecnología. - Del Jefe de Bancada de la Unión Demócrata Independiente por la cual informa que el diputado señor Rojas reemplazará en forma permanente al diputado señor Ward en la Comisión de Minería y Energía. - De la Jefa de Bancada del Partido por la Democracia por la cual informa que, en la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, el diputado señor Insunza reemplazará en forma permanente a la diputada señora Saa, y en la Comisión de Familia, la diputada señora Saa reemplazará, de igual forma al diputado señor Insunza. 2. Oficios: Contraloría General de la República: - Diputado Paredes, resultados de fiscalización a Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota, Cordap. Ministerio de Obras Públicas: - Ex Diputado Kuschel, situación del manteniendo global del camino a Palena. - Ex Diputado Kuschel, pavimentación asfáltica del camino de Puerto Varas a las Lomas El Tepual. - Ex Diputado Kuschel, proyectos para mejorar seguridad de pistas áreas cordilleranas e isleñas de las provincias de Llanquihue, Chiloé y Palena. - Ex Diputado Kuschel, avance del asfalto del camino de El Avión a Michimahuida y de la senda El Tranquilo. - Ex Diputado Kuschel, estado de avance de camino de Pocoihuén a Sotomó, comuna de Cochamó. - Diputado Bauer, solución de problemas de acceso a localidad de Corral de Piedra, comuna de Rengo. - Diputado Urrutia, recursos para habilitar desagüe de aguas lluvias en Santa Cecilia, comuna de Retiro. - Diputado Hernández, información respecto de reembolso del cobro por tratamiento de aguas servidas en Osorno. - Diputado Ojeda, proyecto ampliación de zona de embarque de aeródromo de Cañal Bajo de Osorno. - Diputado Jaramillo, licitación de barcaza para Lago Ranco. - Ex Diputado Molina, emergencia agrícola producto de la sequía en la Cuarta Región. - Ex Diputado Navarro, estado de avance de la construcción de la planta elevadora de Tucapel Bajo, comuna de Concepción. - Ex Diputado Navarro, información sobre el proyecto de ley de aguas lluvias. I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: (118)NOMBRE (Partido* Región Distrito)Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24Aedo Ormeño, René RN III 5 Aguiló Melo, Sergio PS VII 37Alinco Bustos, René PPD XI 59Allende Bussi, Isabe lPS RM 29Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60Araya Guerrero, Pedro PDC II 4Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58Barros Montero, Ramón UDI VI 35Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33Becker Alvear, Germán RN IX 50Bertolino Rendic, Mario RN IV 7Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45Burgos Varela, Jorge PDC RM 21Bustos Ramírez, Juan PS V 12Cardemil Herrera, Alberto IND RM 22Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14De Urresti Longton, Alfonso PS X 53Delmastro Naso, Roberto IND X 53Díaz Del Río, Eduardo PDC IX 51Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15Encina Moriamez, Francisco PS IV 8Enríquez-Ominami Gumucio, Marco PS V 10Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29Escobar Rufatt, Álvaro PPD RM 20Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49Farías Ponce, Ramón PPD RM 30Forni Lobos, Marcelo UDI V 11Fuentealba Vildósola, Renán PDC IV 9Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59García García, René Manuel RN IX 52García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32Girardi Briere, Guido PPD RM 18Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60González Torres, Rodrigo PPD V 14Hales Dib, Patricio PPD RM 19Hernández Hernández, Javier UDI X 55Herrera Silva, Amelia RN V 12Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28Isasi Barbieri, Marta PAR I 2Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41Jiménez Fuentes, Tucapel IND RM 27Kast Rist, José Antonio UDI RM 30Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35Leal Labrín, Antonio PPD III 5León Ramírez, Roberto PDC VII 36Lobos Krause, Juan UDI VIII 47Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38Martínez Labbé, Rosaura RN VIII 41Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46Montes Cisternas, Carlos PS RM 26Moreira Barros, Iván UDI RM 27Mulet Martínez, Jaime PDC III 6Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46NÚñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45Palma Flores, Osvaldo RN VII 39Paredes Fierro, Iván IND I 1Pascal Allende, Denise PS RM 31Paya Mira, Darío UDI RM 28Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47Quintana Leal, Jaime PPD IX 49Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6Rojas Molina, Manuel UDI II 4Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2Rubilar Barahona, Carla RN RM 17Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25Sepúlveda Hermosilla, Roberto RN RM 20Sepúlveda Orbenes, Alejandra PDC VI 34Silber Romo, Gabriel PDC RM 16Soto González, Laura PPD V 13Sule Fernando, Alejandro PRSD VI 33Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39Tohá Morales, Carolina PPD RM 22Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51Turres Figueroa, Marisol UDI X 57Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40Valcarce Becerra, Ximena RN I 1Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32Vallespín López, Patricio PDC X 57Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48Verdugo Soto, Germán RN VII 37Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54Walker Prieto, Patricio PDC IV 8Ward Edwards, Felipe UDI II 3 -Concurrieron, también, los senadores señores Jaime Gazmuri, Guido Girardi y Mariano Ruiz-Esquide -Asistieron, además, los ministros del Trabajo y Previsión Social, don Osvaldo Andrade; de Hacienda, don Andrés Velasco, y de la Secretaría General de la Presidencia, doña Paulina Veloso.- II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 10.41 horas. El señor LEAL (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor LEAL (Presidente).- El acta de la sesión 4ª se declara aprobada. El acta de la sesión 5ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor LEAL (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. -El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN SOBRE CONTROL DE AGENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA. ANI. El señor LEAL (Presidente).- Propongo integrar la Comisión permanente sobre control de Agencia Nacional de Inteligencia, ANI, con los siguientes diputados: José Pérez Arriagada, Mario Bertolino Rendic, Patricio Hales Dib, Renán Fuentealba Vildósola, Sergio Aguiló Melo, Eugenio Bauer Jouanne y Jorge Ulloa Aguillón. ¿Habría acuerdo? Acordado. V. ORDEN DEL DÍAREAJUSTE EXTRAORDINARIO DE PENSIONES. Primer trámite constitucional. El señor LEAL (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde tratar, en primer trámite constitucional, con urgencia calificada de discusión inmediata, el proyecto de ley iniciado en mensaje que concede un reajuste extraordinario a las pensiones más bajas y modifica otras leyes que indica. Diputados informantes de las comisiones de Trabajo y Seguridad Social y de Hacienda son los señores Saffirio y Montes, respectivamente. Antecedentes: -Mensaje, boletín N° 4131-13, sesión 8ª, en 4 de abril de 2006. Documentos de la Cuenta N° 1. -Certificados de las Comisiones de Trabajo y Seguridad Social, y de la de Hacienda. Documentos de la Cuenta N°s. 1 y 2, de esta sesión. El señor LEAL (Presidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para no imputar a las dos horas del Orden del Día el tiempo que utilicen los diputados informantes, de manera de destinarlas sólo al debate. ¿Habría acuerdo? Acordado. Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Saffirio, informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, me corresponde informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, sobre el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que concede un reajuste extraordinario a las pensiones más bajas y modifica otras leyes que indica. Esta iniciativa, calificada con urgencia de discusión inmediata, fue despachada por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en sesión a la que asistieron el diputado señor Sergio Aguiló, Presidente de la Comisión; las diputadas señoras Carolina Goic, Adriana Muñoz y Ximena Vidal, y los diputados señores René Alinco, Mario Bertolino, Julio Dittborn, Patricio Melero, Fernando Meza, Nicolás Monckeberg, Carlos Recondo, Felipe Salaberry y el que informa. Hago presente que los fundamentos de la iniciativa, conforme lo señala el propio Ejecutivo en el mensaje, son avanzar en la construcción de un sistema de protección social con cara al bicentenario de la República y responder en forma urgente a las necesidades de los adultos mayores con pensiones de menor monto, garantizando, además, el acceso a la red asistencial a las personas más desprotegidas. El proyecto contiene dos grandes medidas. En primer lugar, el reajuste extraordinario a las pensiones más bajas; en segundo lugar, el acceso automático a pensión asistencial de personas carentes de recursos que cumplan con los requisitos actualmente establecidos en la ley. Este reajuste será, en primer lugar, para las pensiones mínimas y superiores a la mínima pagada por el INP, incluidas las que reciben los exonerados políticos y los pensionados de la ley Nº 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; en segundo lugar, para el grupo de las pensiones mínimas y superiores a la mínima pagadas por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, Capredena, y de la Dirección de Previsión de Carabineros, Dipreca; en tercer lugar, para las pensiones mínimas y superiores a la mínima de la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales otorgadas por las mutualidades de empleadores; en cuarto lugar, para las pensiones mínimas con garantía estatal del decreto ley Nº 3.500, de 1980. Por último, para las pensiones asistenciales, sean estas de vejez, de invalidez o de deficiencia mental contempladas en el decreto ley Nº 869, de 1975. El reajuste de pensiones que hoy propone el Gobierno es el más importante de la última década, tanto por su monto como por su extendida cobertura. En relación a esto último, quiero señalar que el número de beneficiados son, aproximadamente, 1 millón 216 mil pensionados, con un costo de 110 mil millones de pesos. Asimismo, se establece una regla especial para las pensiones superiores a 100 mil pesos, pero menores a 110 mil pesos, las que se incrementarán en la cantidad necesaria para alcanzar este último valor. Esto significa que todas aquellas personas que hoy reciben pensiones mínimas garantizadas por el Estado y pensiones del INP de un monto mensual menor a 100 mil pesos, recibirán un incremento extraordinario de las mismas equivalente a un 10 por ciento. De esta manera, por primera vez, la pensión mínima garantizada por el Estado para los mayores de 75 años superará los 100 mil pesos. Todos quienes actualmente perciben pensiones entre 100 mil y 110 mil pesos, tras la aprobación de esta iniciativa recibirán una pensión de 110 mil pesos mensuales. En el caso de las pensiones asistenciales, se establece la garantía automática de acceso para todos aquellos que cumplan con los requisitos correspondientes, esto es, personas inválidas, deficientes mentales o adultos mayores que carezcan de recursos por no tener ingreso ni previsión. El Ejecutivo estima que esta nueva garantía para los ciudadanos beneficiará a alrededor de 25 mil nuevos pensionados en el transcurso de 2006. No me corresponde referirme a los aspectos financieros de la iniciativa por haber sido objeto de estudio por la Comisión de Hacienda, cuestión que abordará el diputado informante, señor Carlos Montes. A la sesión de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social que estudió esta materia asistieron los señores Andrés Velasco, ministro de Hacienda; Osvaldo Andrade, ministro del Trabajo y Previsión Social; Zarko Luksic, subsecretario del Trabajo; la señora Lissette García, subsecretaria de Previsión Social; Alberto Arenas, director de Presupuestos, y Francisco del Río, asesor de la cartera del Trabajo. Puesto en votación general, el proyecto fue aprobado por 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Puesto en votación particular, se aprobaron por la unanimidad de los diputados presentes en la Sala los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y transitorio, y por siete votos a favor, seis en contra y ninguna abstención el artículo 7°. Cabe hacer presente que la Comisión rechazó, por mayoría de votos, una indicación de los diputados señores Bertolino, Dittborn, Melero, Monckeberg, Recondo y Salaberry para eliminar el artículo 7°. También informo a la Sala que vuestra Comisión estimó que los artículos 5° y 6° tienen el carácter de normas de quórum calificado, conforme a lo señalado en el artículo 19, N° 18, de la Constitución Política de la República, que establece: “Las leyes que regulen el ejercicio de este derecho -de seguridad social- serán de quórum calificado”, que sería el caso de estos dos artículos. La Comisión acordó que este informe se emitiera en forma verbal, directamente en la Sala, para lo cual me designó como diputado informante. El artículo 1° concede, a contar del día 1° del mes siguiente a la entrada en vigencia del artículo 7° un reajuste extraordinario de un 10% a las pensiones asistenciales y contributivas que he detallado. El artículo 2° señala que los beneficiarios de las pensiones a que se refiere el artículo anterior, que cumplan 70 ó 75 años de edad con posterioridad a la fecha indicada en dicho artículo, tendrán derecho a las respectivas pensiones, en sus montos debidamente reajustados, a contar del día primero del mes siguiente a aquél en que cumplan las correspondientes edades. El artículo 3° concede, a contar del día 1° del mes siguiente a la entrada en vigencia del artículo 7° de esta iniciativa, un reajuste extraordinario de un 10% a las bonificaciones establecidas en las leyes N°s 19.403, 19.539 y 19.953. El artículo 4° dispone que para conceder el reajuste e incrementos establecidos en los artículos precedentes, respecto de las pensiones a que se refiere el artículo 2° del decreto ley N° 2.547, de 1979, serán aplicables las normas de la ley N° 18.694, y lo dispuesto en el artículo 83 de la ley N° 18.948 y en el artículo 66 de la ley N° 18.961. El artículo 5° establece que la Superintendencia de Seguridad Social impartirá las correspondientes instrucciones para la aplicación de los artículos anteriores. El artículo 6° introduce algunas modificaciones al decreto ley N° 869, de 1975, para los efectos de regular el acceso automático a las pensiones asistenciales, materia a la que ya me he referido. El artículo 7° deroga, a contar de la fecha de publicación de la ley en el Diario Oficial, el literal b) del artículo 1° de la ley N° 19.888. Lo anterior tiene relación con uno de los puntos del programa de Gobierno de Michelle Bachelet. Su objeto es contar con 1.860 millones de dólares a partir del año 2007 -de los 6 mil millones de dólares- para financiar el costo de las nuevas medidas de protección social anunciadas por ella y que el país apoyó al elegirla Presidenta. Por último, el artículo transitorio señala que el mayor gasto fiscal que representa la aplicación de esta ley durante el año 2006, se financiará con cargo al ítem 50-01-03-24-03-122 de la partida presupuestaria Tesoro Público. Dichos recursos fueron aprobados por el Congreso en la discusión de la ley de Presupuestos para que el nuevo gobierno señalara qué destino le daría. Asistieron a la sesión de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, donde se discutió este proyecto, además de los diputados titulares, los señores diputados Ascencio, don Gabriel; Duarte, don Gonzalo; Galilea, don Pablo, y Latorre, don Juan Carlos. Es todo cuanto puedo informar. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Nos corresponde escuchar el informe de la Comisión de Hacienda y para tal efecto, tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes. El señor MONTES.- Señor Presidente, el diputado informante de la Comisión de Trabajo describió los aspectos principales del proyecto y trataré de no repetirlos. La reflexión se puede ordenar en torno a tres ejes: los reajustes a las pensiones más bajas, las modificaciones a las pensiones asistenciales y la mantención del IVA en 19 por ciento. El fundamento de este proyecto es claro y así lo ha planteado el mensaje y la señora Presidenta. Se trata de avanzar en la elaboración de un sistema de protección social de cara al bicentenario en términos de responder en forma urgente a las necesidades de los adultos mayores con pensiones de menor monto, de garantizar el acceso a la red asistencial a las personas más desprotegidas y de asegurar un financiamiento permanente. En lo que se refiere al reajuste de las pensiones más bajas, el proyecto beneficia a 1 millón 216 mil 121 personas que representan el 90 por ciento de los pensionados, con un costo fiscal de 92 mil 100 millones de pesos. ¿Quiénes son los beneficiados? Es muy importante tenerlo claro. En primer lugar, las personas que perciben pensiones mínimas y superiores a la mínima pagadas por el Instituto de Normalización Previsional, incluidos los exonerados políticos y los pensionados de la ley sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. En segundo lugar, las personas con pensiones mínimas y superiores a la mínima, pagadas por las Caja de Previsión de la Defensa Nacional -Capredena- y Dipreca. En tercer lugar, las personas que reciben pensiones mínimas y superiores a la mínima de la ley de accidentes del trabajo, otorgadas por la mutualidad de empleadores. En cuarto lugar, las personas que perciben pensiones mínimas con garantía estatal, del decreto ley 3.500, de 1980; o sea, del sistema de AFP. En quinto lugar, las personas que reciben pensiones asistenciales; de vejez o invalidez, establecidas en el decreto ley N° 869, de 1975. Como dije, esta parte del proyecto representa un costo de 92 mil 100 millones de pesos. Los beneficiarios de pensiones mínimas son 526.874, con un costo de 53 mil millones de pesos anuales; y los beneficiarios de las pensiones asistenciales son 451.564, con un costo de 22 mil millones de pesos por año. En la Comisión de Hacienda hubo amplio acuerdo sobre esta parte del proyecto. Se plantearon dudas sobre las pensiones de las AFP inferiores a 100 mil pesos. Quedó claro que sólo son reajustadas las pensiones del sistema de AFP con garantía estatal, la que también subirá de ahora en adelante para todas las personas del sistema privado. Esto significa que la garantía estatal para las personas menores de 70 años sube a 87.855 pesos; para las personas mayores de 70 años y menores de 75, a 96 mil pesos, y para las personas mayores de 75 años, a 102 mil pesos. Modificación de las pensiones asistenciales. Respecto de este punto es importante decir que el sistema de pensiones asistenciales fue concebido para garantizar un nivel mínimo de subsistencia a los mayores de 65 años, a los inválidos mayores de 18 años y a los deficientes mentales que carezcan de recursos y que por diversas razones no hayan podido obtener beneficio previsional. Actualmente, son 551.564 personas. Y con este reajuste de 10 por ciento, las pensiones quedarán en 44 mil pesos para las personas menores de 70 años; en 47 mil pesos para las que tienen entre 70 y 75 años, y en 51 mil pesos para las mayores de 75 años. Cabe recordar que en 1990 estas pensiones no llegaban a las 200 mil y que, además, eran temporales. A los tres años, se revisaban y se rotaban a otras personas. A algunas se les volvía a otorgar y a otras no. La primera reforma que se hizo fue para darles el carácter de permanentes y ampliar la cobertura, la que hoy llega a 451 mil personas. Es objeto de este proyecto de ley consagrar que la pensión asistencial constituye un derecho garantizado para todos los beneficiarios que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° del decreto ley N° 869, de 1975. Ninguna persona que califique quedará sin ese beneficio y se mantendrán los criterios de dicho decreto. El Ejecutivo informó durante el debate que el punto de corte será, de acuerdo con este decreto, de 550 puntos de la ficha CAS. Esto significa un aumento de beneficios, con un máximo teórico de 25 mil personas y con un costo de 5 mil 400 millones. Una de las principales observaciones que generó este tema en la Comisión de Hacienda fue que la ficha CAS 2 distorsiona las reales necesidades y problemas. El stock de bienes, por ejemplo, tiene mucho peso en el puntaje. Una persona sin ingresos y que posee un refrigerador aparece con un puntaje superior al que debiera, es decir, no refleja sus reales necesidades. Tampoco quedan bien incorporadas las enfermedades. El concepto de carencia de recursos, de necesidades, pasa a ser decisivo cuando se establece que el acceso a la pensión asistencial será automático y que estará garantizado dentro de determinado nivel de ingreso. El Gobierno se comprometió a acelerar el proceso de definición e implementación de la ficha familia. En todo caso, no será corto el plazo desde su definición hasta su implementación. El proyecto no modifica la definición de carencia de recursos, la que posteriormente podrá ser ajustada por decreto. Se señalan dos problemas adicionales. Hay adultos mayores, inválidos y deficientes mentales que por diversas razones están en el borde inmediatamente superior de los 550 puntos y viven en muy malas condiciones. Dadas las limitaciones de la ficha CAS-2 y a que aún no se implementa una nueva ficha, se planteó la posibilidad de analizar algún sistema para evaluar los casos de manera individual a fin de dar acceso selectivo a las pensiones asistenciales sobre la base de la real situación de las familias, independiente de un factor tan rígido como es la ficha CAS-2. Por otro lado, la densidad -falta de imposiciones suficientes de las personas que se encuentran dentro de la línea de pobreza- amerita un tratamiento especial, porque algunas no alcanzan las 520 ó 1.020 semanas, por desempleo, enfermedad o porque no les pagaron las cotizaciones cuando correspondía. Ello les impide acceder a pensiones asistenciales, porque tienen poco más de 550 puntos. Se trata de personas que tienen algún grado de densidad, pero no la suficiente, de manera que quedan sin nada. El primer proyecto de acuerdo que se presentó en la Cámara de Diputados, en 1990, de la diputada señora Adriana Muñoz, decía relación con esta materia, pero hasta la fecha no hemos logrado encontrar una solución. Aquí se planteó que para la Comisión de Reforma Previsional esto debe ser incorporado y resuelto por la vía de algún tipo de pensión especial. La modificación de las pensiones asistenciales fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión. Se estima que la distribución regional de las 25 mil pensiones asistenciales adicionales será la siguiente: Primera Región, 851; Segunda Región, 449; Tercera Región, 483; Cuarta Región, 1.553; Quinta Región, 2.312; Sexta Región, 1.127; Séptima Región, 1.563; Octava Región, 3.820; Novena Región, 1.864; Décima Región, 2.036; Undécima Región, 115; Duodécima Región, 81, y Región Metropolitana, 8.744. El tercer punto dice relación con la mantención del IVA en 19 por ciento, lo que, sobre la base del valor actual del dólar, representa 600 millones de dólares, y un total de 1.800 millones de dólares para el período de la Presidenta Michelle Bachelet. El Gobierno sostuvo que las treinta y seis medidas y el programa de fortalecimiento de la Red de Protección Social tienen un alto costo permanente y requieren de estos recursos. El presupuesto para el 2006 sólo contiene recursos para este año y no en forma permanente. Este proyecto representa 97 mil 500 millones de pesos, sumados el reajuste más el aumento de la pensiones asistenciales. Si a eso agregamos los proyectos de educación parvularia, de contratación de nuevos carabineros y otras medidas, resulta indispensable mantener el IVA en 19 por ciento. El Gobierno sostuvo que dicha propuesta fue parte del programa de Gobierno, a la cual la Presidenta Michelle Bachelet se refirió cuando era candidata. La mantención del IVA en 19 por ciento tuvo diversas objeciones en la Comisión. Se señaló que sería un cheque en blanco al Ejecutivo, pero quedó claro que los mayores recursos se obtendrán el próximo año. Por tanto, los programas y gastos deberán discutirse durante la tramitación de la ley de Presupuestos del 2007. En consecuencia, no es un cheque en blanco, ya que se discute en detalle cada uno de los gastos y programas a los cuales van adjudicados. En segundo lugar, se señaló que afectaría el poder adquisitivo de la clase media. Sin duda, eso depende de lo que se entienda por clase media. El Gobierno ha presentado un estudio sobre el impacto que representaría la aplicación del 1 por ciento del IVA para cada quintil y, a su vez, la distribución de los beneficios. Este estudio señala que, para el primer quintil, la mantención del IVA significa 14 mil millones de pesos el 2006, pero el beneficio neto que obtiene, descontando las compensaciones por distintas medidas -reajuste de pensiones, aumento de dotación, aumento de cobertura, plan Auge, centros comunitarios y otras compensaciones- es de 57.964 millones de pesos. Para el segundo quintil, la mantención del IVA en un punto significa 28.946 millones, pero el beneficio neto, descontando el conjunto de otros beneficios, alcanza a 39.528 pesos. Para el tercer quintil la mantención del IVA significa 44.442 millones, pero el beneficio neto, es decir, descontado el conjunto de beneficios, representa 21.586 millones de pesos. El problema pasa a ser negativo en el caso de los quintiles cuarto y quinto. En el cuarto quintil, la mantención del IVA representa 68 mil millones de pesos y el beneficio neto asciende a 56 mil millones, es decir, negativo en 11 mil millones de pesos. En el quinto quintil, la mantención del IVA representa 164.600 millones, y el beneficio neto 57.485 millones de pesos. Por lo tanto, el beneficio neto negativo es de 107 mil millones de pesos. El impacto a la clase media depende de lo que se entienda por ella. Por lo menos, el 60 por ciento de la población se verá fuertemente beneficiada con estas medidas. Debo hacer presente que todos los candidatos de la Oposición coincidieron en mantener en 19 por ciento el IVA. Ayer, el canal 13 reprodujo una entrevista a los candidatos Sebastián Piñera y Joaquín Lavín, quienes en su momento planteaban la necesidad de mantener en 19 por ciento el IVA. En la Comisión Mixta de Presupuestos los candidatos sostuvieron lo mismo. La página Web www. sebastian presidente.cl señala que Sebastián Piñera garantizó que en su eventual gobierno no subiría los impuestos a la clase media chilena y que mantendría el IVA en 19 por ciento. Estos y otros conceptos los expresó también ante la Comisión Mixta de Presupuestos del Senado a la que asistieron además los otros candidatos presidenciales. En el caso del candidato Joaquín Lavín, su programa de Gobierno señalaba algo distinto de lo que planteó en algunos momentos del debate. Su programa de gobierno sostenía que procuraría honrar la disposición vigente en cuanto a rebajar el IVA del 19 al 18 por ciento, pero, a la salida de la reunión con la Confederación de la Producción y el Comercio, publicada en el diario “La Tercera”, el 23 de marzo de 2005, se afirmó: “Lavín comentó algunos tópicos de lo que será su campaña. Entre éstos, la creación de un estatuto para las Pymes, estímulos tributarios para el sector y la inversión en general y mantener el IVA en 19 por ciento.” Otra observación, emanada de la Comisión de Hacienda, expresa que el IVA significa la aplicación de un impuesto regresivo que afecta a los que más ganan y que debería gravar las utilidades de las empresas y no a las personas. Este tema fue compartido por buena parte de los integrantes de la Comisión y por otros parlamentarios. Sin embargo, existe acuerdo respecto de que la estructura tributaria no es justa y requiere una racionalización. Por lo tanto, se necesitaría una reforma tributaria; alterar la relación entre los impuestos directos y los indirectos. Además, no pueden seguir franquicias tributarias, como las del IVA a la construcción, de 300 millones de dólares al año. También se señaló que la reforma previsional -que esta Cámara analizará en el segundo semestre de este año- debería ser la oportunidad para la reforma a la estructura tributaria, de manera de contar con los recursos requeridos. El proyecto fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión en lo que se refiere a aspectos previsionales. La mantención del IVA en 19 por ciento fue aprobada, después de tres empates, por siete votos a favor y seis en contra. Es cuanto puedo informar. He dicho. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Mario Bertolino. El señor BERTOLINO.- Señor Presidente, ¿quién puede oponerse a un proyecto que viene a incrementar en un 10 por ciento la pensión de los jubilados de más bajos ingresos? Esta iniciativa va en la línea de ayuda social y mejora la calidad de vida de un sector de la población que ha entregado toda una vida de esfuerzo y trabajo al país. Por eso, valoramos que haya sido considerado y se mejoren sus pensiones. Desde ese punto de vista, estamos de acuerdo con el aumento que se les está dando. Sin embargo, debo preguntar si es justo ligar este proyecto con otro de tinte tributario, ya que en el artículo 7°, de forma solapada, se aumenta el valor del IVA. Digo se aumenta el valor del IVA porque, por ley, el 1° de enero de 2007, debe volver a su valor inicial del 18 por ciento, ya que sólo fue un alza transitoria que, por motivos justificados, como Oposición, estuvimos dispuestos a apoyar, pero con una fecha de término. Pero, en este proyecto, que tiene un noble fin, se nos mete una cuchufleta. Típica actitud del gobierno de la Concertación: poner a la Oposición entre la espada y la pared. Todos queremos mejorar las pensiones de los jubilados, pero no es la forma de presentarlo. Me siento violentado, por decir lo menos. ¿Por qué lo planteo así? Porque en estos momentos el Gobierno dispone de 300 millones de excedentes, los que también estarán el próximo año, y el costo del reajuste que favorece a un millón 216 mil personas, casi el 90 por ciento de los pensionados del INP, es de 180 millones de dólares. Es decir, está financiado. Más aún, si nos quieren hacer comulgar con ruedas de carreta y nos dicen que se debe mantener el IVA en 19 por ciento, ese uno por ciento equivale a 600 millones de dólares que se les van a sacar a las mismas personas a las que se les está entregando el reajuste del 10 por ciento. O sea, se les está colocando plata en el bolsillo derecho y se les está sacando automáticamente por el bolsillo izquierdo. Y, tal vez, más de lo que se les está poniendo hoy. ¿Es eso justo? Me da la impresión que esto tiene más un tinte comunicacional que real. Obviamente no es lo que perseguimos como Oposición. Queremos un gobierno transparente que diga qué quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Pero, al leer el artículo 7° donde dice: “Derógase, a contar de la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial, el literal b) del artículo 1° de la ley N° 19.888”, me pregunto, sin temor a equivocarme, ¿cuántos chilenos sabrán que se está subiendo el IVA? ¿Es una forma clara de presentar el proyecto? ¿Acaso no merece una discusión especial el aumento del IVA? Digo esto porque nadie pensaba que el cobre iba a llegar al precio que tiene hoy. Nuestro abanderado presidencial, en octubre del año pasado, dijo que si no se daban las condiciones, tal vez sería necesario mantener el IVA, pero ante las actuales circunstancias, considerando que hay excedentes y perspectivas, esta medida es expropiatoria. Resulta paradójico que precisamente cuando el erario tiene las arcas llenas, se les siga sacando dinero de sus bolsillos a los chilenos. Al parecer estamos frente a la “vía tributaria hacia el socialismo”. Creo que esto no es bueno para nuestro país, porque hoy debemos competir en todo el mundo con nuestros productos. Lo anterior, sumado al alza de las contribuciones y al impuesto específico a los combustibles, deja muy disminuida a esa clase media trabajadora, que es la más modesta, que todos queremos y decimos representar. Con este proyecto no lo estamos logrando. Por eso, pido votación separada para el artículo 7°. Asimismo, hemos repuesto la indicación que presentamos en la Comisión. He dicho. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza. El señor MEZA.- Señor Presidente, con la discusión de este proyecto, enviado por su excelencia la Presidenta de la República, que concede el reajuste extraordinario más grande otorgado a las clases más desposeídas, estamos viviendo un momento histórico en la Cámara. Este reajuste va a beneficiar a más de un 1 millón 216 mil personas, que tienen las pensiones más bajas. Recuerdo que hace algunos años fue muy distinto, cuando los que hoy rasgan vestiduras porque estamos acortando la brecha de la desigualdad en Chile, les quitaron el 10 por ciento a los pensionados para pagar los errores de los usureros de la banca de la época. Hoy estamos tratando de hacer justicia. Es verdad que no estamos entregando todo lo que quisiéramos, porque no se puede. Los seres humanos que serán beneficiados con este reajuste extraordinario merecen un pronunciamiento claro, categórico y solidario de la Cámara. Este Chile injusto -uno de los más injustos del mundo- donde muchos ganan muy poco y pocos ganan mucho, necesita que el Estado abra su bolsillo y entregue este tipo de reparación. Se dice que los gobiernos de la Concertación están aumentando los impuestos. Sin embargo -como decía el ministro de Hacienda ayer-, en los años 90 la carga tributaria alcanzaba el 19 por ciento; en cambio, hoy no supera el 18 por ciento. De manera que la desigualdad en temas tributarios tiene que ver más bien con el trato especial, con las exenciones tributarias de que gozan las empresas. Por ejemplo, como decía ayer el diputado Alinco, a un empresario que compra, a través de las empresas de la construcción, camionetas, palas y utensilios, el Estado le bonifica un 17 por ciento de su costo; sin embargo, un albañil que compra un martillo tiene que pagar el IVA correspondiente. Es cierto que esto no nos gusta; es verdad que el IVA de 19 por ciento es regresivo y castiga a quienes ganan menos y gastan todo su dinero en su sustento; pero también debemos entender que estamos ad portas de una reforma tributaria que es absolutamente indispensable para que los que ganan más paguen más, y los que ganan menos paguen menos. Por eso, esta mañana quiero reiterar al Ejecutivo la solicitud de que se piense en los ancianos, en la gente de la tercera edad que ha cotizado toda su vida, que ha trabajado sin descanso por construir la patria, de manera que no deba seguir pagando el 7 por ciento para salud que se le descuenta de sus míseras pensiones. Ésta es una de nuestras peticiones más caras y queridas, y aunque significa un importante esfuerzo para el Ejecutivo, creemos que se puede hacer. De esa forma, los trabajadores de ayer, pensionados de hoy, verán, por un lado, incrementadas sus pensiones al suprimirse el descuento del 7 por ciento para salud y, por otro lado, psicológicamente se sentirán insertos de verdad en un sistema de salud gratuito, como se les ha anunciado. Por lo tanto, los diputados radicales vamos a votar a favor de este proyecto de ley, con la esperanza y la confianza de que en un futuro cercano se lleve a cabo una reforma tributaria que haga pagar más a los que ganan más, y menos a los que ganan menos. Con esa confianza, esperamos que la brecha y la desigualdad sociales sigan acortándose para que así la patria sea un poco más feliz. He dicho. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn. El señor DITTBORN.- Señor Presidente, ante todo, no apruebo el informe que rindió el diputado Carlos Montes, informante de la Comisión de Hacienda. En la Cámara existe una muy buena costumbre: que los informes se mantengan dentro del plano de la objetividad y que el diputado informante evite emitir juicios de valor o manifestar sus preferencias personales, lo que puede hacer después, durante la discusión del proyecto. A mi juicio, el informe del diputado Montes no cumplió con esa tradición. Dicho esto, quiero referirme al texto del proyecto. En primer lugar, celebro la presentación de esta iniciativa, que concede un reajuste extraordinario a las pensiones mínimas y asistenciales. Creo que es uno de los proyectos sociales mejor focalizados que uno podría imaginar. En general, cuando discutimos este tipo de iniciativas -lo vemos con más frecuencia quienes participamos más activamente en la discusión del proyecto de ley de Presupuestos de la Nación-, podemos comprobar que hay una infinidad de proyectos sociales respecto de los cuales uno tiene legítimas dudas acerca de si sus beneficios llegan o no a las personas que se pretendía favorecer. Por lo general, dicen relación con creación de subsecretarías o servicios, con contratación de personal, con uso de camionetas, con viajes, vales de bencina; en fin, se refieren a una gran estructura burocrática, y uno se pregunta legítimamente cuánto quedará para la gente que se busca beneficiar. Pero no es el caso de este proyecto. Aquí lo que se hace es aumentar el monto de los cheques mensuales de los adultos mayores más pobres del país. Por lo tanto, lo celebramos porque es una iniciativa muy bien focalizado que beneficiará a más de 1 millón 200 mil personas de menores recursos, con un costo, de acuerdo con lo que se nos ha informado, de 180 millones de dólares. Entonces, uno se pregunta cuál es la necesidad de aumentar el IVA, porque eso es lo que hace el artículo 7°, al impedir que su porcentaje disminuya a contar del 1° de enero del próximo año. ¿Por qué se insiste en introducir un aumento tributario que le significa al Estado recaudar adicionalmente 600 millones de dólares, provenientes fundamentalmente de los grupos que consumen más? Como se sabe, el IVA es un impuesto que afecta con mayor fuerza a los grupos que consumen más, que son, por definición, los de menores ingresos. La única manera -es bueno que los colegas lo sepan- de no pagar IVA es ahorrando; pero la gente más pobre, obviamente, no puede ahorrar, sólo consume. Entonces, deben pagar IVA por lo que consumen. ¿Cuál es la razón para introducir el aumento del IVA en este proyecto? Realmente, no se vislumbra. Es cierto que el proyecto cuesta 180 millones de dólares, pero en el Presupuesto de 2006 existen 300 millones de dólares de libre disponibilidad que el Gobierno del Presidente Lagos, en forma muy responsable, consideró, precisamente para que la nueva administración tuviera la flexibilidad necesaria para implementar su programa. Ayer se lo preguntamos al ministro de Hacienda, señor Andrés Velasco, y nos manifestó que tal medida era necesaria, porque a futuro se presentarán otros proyectos sociales para los que se necesitarán estos 600 millones de dólares que rinde la mantención del 19 por ciento de IVA. Entonces, discutamos el tema en su mérito cuando se presenten esos nuevos proyectos; calculemos su costo y analicemos las fuentes de financiamiento en ese momento. Por ejemplo, podrían cubrirse con lo 120 millones de dólares sobrantes del fondo de libre disponibilidad o con alguna de las propuestas tributarias que cada cierto tiempo se hacen en esta Corporación, como la eliminación de ciertas franquicias tributarias a algunos sectores productivos. En fin, existe una enorme batería de iniciativas tributarias. Entonces, ¿por qué no realizamos esa discusión cuando se necesiten esos recursos y no ahora? Para financiar el proyecto de aumento de pensiones no es necesario mantener el IVA en 19 por ciento; basta con los 300 millones de dólares de libre disponibilidad con que cuenta el Gobierno. Se ha amenazado -ésa es la expresión más apropiada- a los chilenos más modestos al señalarse que, si no se aumenta el IVA, probablemente no se podrán financiar los aumentos de pensiones de 2007, 2008 ó 2009. Incluso, se ha llegado a insinuar que este aumento de pensiones podría retrotraerse. El señor BURGOS (Vicepresidente).- ¿Me permite, señor diputado? Ha concluido el tiempo de su primer discurso. Puede hacer uso del de su segundo discurso. El señor DITTBORN.- Gracias, señor Presidente. Pero eso no es así porque, dada nuestra política fiscal, los 300 millones de dólares de libre disponibilidad están contemplados en forma permanente para el futuro; no es verdad que no existirán en los presupuestos del 2007 o del 2008. El que sean de libre disponibilidad significa que, al comprometer su uso, por cierto, no van a ser de libre disponibilidad, pero estarán ahí, por una razón muy simple: de acuerdo con nuestra política fiscal, sólo podemos gastar los recursos provenientes de los aumentos permanentes del precio del cobre, no de los transitorios. ¿Saben ustedes cuál fue el precio del cobre estimado para la confección del Presupuesto de 2006? Fue de 99 centavos de dólar la libra de cobre. Repito: ¡99 centavos de dólar la libra! ¿Alguien cree que el precio va a caer por debajo de los 99 centavos de dólar durante el 2007 ó 2008? Es muy improbable, porque en este momento está por sobre los 2 dólares 50 centavos. En resumen, aquí se ha pretendido mezclar dos temas, lo que me parece impropio en una democracia sólida como la nuestra. ¿Por qué no podemos discutir el tema tributario en su mérito y financiar este aumento de pensiones con los 300 millones de dólares de libre disponibilidad que heredó este Gobierno? Tan simple como eso: discutamos el tema tributario cuando corresponda. Tengo serias dudas de que mantener en 19 por ciento el IVA sea lo más adecuado. En todo caso, eso deberá analizarlo en su momento, soberanamente, el Congreso Nacional, pero no ahora, en que, entre gallos y medianoche, en realidad, estamos entregando al Gobierno un cheque en blanco de 600 millones de dólares, que no sabemos a qué destinará. Se nos ha dicho que vienen nuevos proyectos, todos muy interesantes, lo que me parece muy bien; pero discutámoslo en su momento, no ahora. Finalmente, repruebo absolutamente que se amenace a la gente que obtendrá aumento de pensiones, insinuándose que, en el futuro, éste podría retrotraerse en caso de no aprobarse la mantención del IVA en 19 por ciento, porque eso no es así. He dicho. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Carolina Goic. La señora GOIC (doña Carolina).- Señor Presidente, quiero sumarme a las voces que adhieren a la iniciativa. Coincido con el diputado Fernando Meza en que estamos ante un momento histórico, ya que la medida a que se comprometió la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet, como candidata, es necesaria para los adultos mayores que serán beneficiados y para los sectores más vulnerables. Si se trata de equidad, de justicia social, de disminuir la brecha en la distribución de ingresos, tenemos que partir por los adultos mayores y los discapacitados que no cuentan siquiera con el ingreso mínimo para subsistir. En este sentido, el proyecto va en la dirección correcta. Sin embargo, lamento que en su discusión se haya procurado confundir sobre su financiamiento. Es cierto que el presente año se cuenta con los recursos necesarios, 300 millones. Pero, ¿qué sucedería en los siguientes? Por eso, la mantención del IVA en un 19 por ciento me parece responsable y debe plantearse en esta oportunidad. Recojo la invitación a discutir sobre la estructura tributaria, sin perjuicio de mantener el IVA en su actual porcentaje. Discutamos seriamente y con altura de miras el impuesto a las grandes empresas, a las personas; las exenciones existentes, pero no a través de la presente iniciativa. En el artículo 6°, número 2), se establece un mecanismo para asignar las pensiones asistenciales, porque en innumerables ocasiones se ha mencionado que el instrumento para estratificar socialmente a las familias que postulan a beneficios sociales, ficha CAS, está obsoleto y se requiere su modificación. Así, se aprovecha la oportunidad, ya que no podemos esperar un cambio mayor para beneficiar a 25 mil nuevos adultos mayores. Es necesario avanzar. Por eso, reitero que el Ministerio de Planificación debe modificar el instrumento para contar con uno que realmente se ajuste a criterios que permitan discriminar y asignar recursos a quienes más los necesitan. No puede ser igual el puntaje de corte regional, porque significa un castigo para las regiones donde las viviendas son de materiales de mejor calidad, como sucede en Magallanes. Los adultos mayores tienen muy poca capacidad de generar ingresos. Por lo tanto, más que aquellas variables que tienen que ver con el patrimonio, parece razonable ponderar en mayor medida el factor de ingreso. En consecuencia, votaré favorablemente. Sin embargo, espero que exista un compromiso del Ejecutivo para que en el breve plazo se modifique la ficha CAS con el objeto de que las personas que tienen méritos para acceder a beneficios sociales los perciban. He dicho. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal. La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, en ésta, mi primera intervención en la presente legislatura, quiero expresar mi satisfacción por ver que los compromisos contraídos frente al país por la coalición que hoy gobierna se cumplen y se honran. No se trata de un compromiso menor; se trata de la vida y las esperanzas de millones de chilenos a los que los beneficios del desarrollo simplemente no les ha llegado. Estamos hablando de personas modestas que requieren del concurso de todos los integrantes de sus familias a fin de poder sobrevivir: uno o dos ancianos, una jefa de hogar que trabaja por un ingreso mínimo, dos o tres hijos menores y adolescentes, muchas veces un padre cesante o con empleo esporádico. Esa es la realidad de las familias de pensiones bajas. Esa es la realidad de siete millones de chilenas y de chilenos que se ubican en los dos primeros quintiles. Cabe, entonces, preguntarse ¿cuál es hoy la real importancia del cumplimiento de este compromiso de la Presidenta Bachelet? En primer lugar, no me parece que sea el simple aumento de un 10 por ciento de una pensión. El fondo valórico de una medida como la presente, aún reconociendo el tremendo esfuerzo presupuestario que ello significará en el tiempo, es la poderosa señal que nos da el Ejecutivo con este proyecto de ley: la gente importa mucho. Este Gobierno considera a las personas en el eje de su accionar y en el contenido básico de las políticas públicas en materia social. ¡Que lejos estamos, afortunadamente, de los criterios imperantes en el marco del plan laboral de fines de los años 70! En ellos las políticas de un desarrollo favorable para algunos pasaban por asumir a la fuerza un costo de pobreza y marginación que soportaban gran parte de los chilenos. En la actualidad, miramos a Chile de una forma diferente. Sabemos de nuestras carencias y desafíos, pero las políticas que la ciudadanía espera no sólo deben contener soluciones técnicas adecuadas, sino que también deben ser desarrolladas en un estilo de gobierno que signifique escuchar en serio y considerando las opiniones de las personas a quienes se van a aplicar. Entonces, nos encontramos que este sello de distinción es la real importancia o mayor valor de un proyecto de ley como el que discutimos hoy, ya que, sin duda alguna, el hecho de que las primeras iniciativas públicas, como el acceso gratuito a la salud para los mayores de 65 años y éste, el presente reajuste de pensiones y acceso universal a las pensiones asistenciales, son el fruto de escuchar a las personas en sus angustias y necesidades, porque ¿qué duda cabe? En Chile tenemos más de un millón 500 mil pensionados, de los cuales la gran mayoría percibe pensiones tan bajas que no dicen relación alguna ni con el aporte económico que esas personas entregaron al país ni menos con la satisfacción universal de necesidades que identifican esencialmente a una prestación de seguridad social. La carga tributaria en Chile no es excesiva y, mientras las necesidades sociales sean enormes, existe clara evidencia de la alta evasión entre los chilenos más ricos. Por ello, debemos ser honestos con el país y afirmar que la solidaridad tiene un costo y que no habrá condiciones para bajar impuestos. En particular, el IVA debe mantenerse en su tasa actual. En otro orden de cosas, pero dentro de las pensiones, quiero hacer presente al Ejecutivo una inquietud de muchas personas referente al régimen de otorgamiento de las pensiones asistenciales para las personas que sufren una discapacidad mayor. Se trata de la situación que se produce para un discapacitado al encontrar empleo, el cual, por sus especiales características, probablemente sea por un tiempo acotado y no extendido. Ahora bien, al percibir este ingreso en forma automática deja de percibir la pensión asistencial, debiendo con posterioridad reiniciar desde el principio los trámites de calificación para el beneficio. El punto es que este sistema evidentemente ubica los incentivos apuntando hacia la informalidad del empleo, porque, a fin de no perder el cupo de la pensión estatal, lo más conveniente es pedir ser contratado en condiciones precarias e informales. Entiendo que este problema intentó ser resuelto a través de una iniciativa que se encuentra pendiente en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, por lo que solicito al Ejecutivo revaluar la posibilidad de impulsar su contenido a través de la actualización de sus términos, rediseñando los mecanismos para que el discapacitado no pierda su postulación al beneficio de las pensiones asistenciales en el evento de conseguir empleo formal. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Señora diputada, ha terminado el tiempo de su primer discurso. Puede continuar en el de su segundo discurso. La señora PASCAL (doña Denise).- Finalmente, me parece oportuno llamar la atención sobre un punto que seguramente varios de mis colegas abordarán en sus intervenciones: la idoneidad del instrumento ficha CAS o ficha Familia, por el cual se estratifican las condiciones de pobreza de una familia postulante a beneficios como la Pasis. Es evidente que se trata de una herramienta que debe ser rediseñada estructuralmente, a fin de contar con un instrumento que dé cuenta del cambio de las condiciones de vida de nuestra población. Todos conocemos la información que esa encuesta proporciona acerca de las condiciones socioeconómicas de los diferentes sectores sociales del país, sus carencias más importantes, la dimensión y características de la pobreza, así como la distribución del ingreso de los hogares, antecedentes sobre los beneficios de los programas sociales, estudios y otros que posibilitan el cálculo de los déficit de atención asociados. El problema se presenta cuando los elementos de hecho sobre los cuales descansa la ponderación de la información no son actualizados de forma tal que se pueda discriminar a aquellos que realmente indican un perfil socioeconómico más alto que el resto de los encuestados, de aquellos elementos de hecho, como superación en los niveles de estudios o adquisición de bienes domésticos por circunstancias que no alteran la calidad de pobre de un grupo familiar. Ello requiere un análisis profundo por las autoridades de Gobierno, que podría significar un enorme ahorro de recursos públicos al refocalizar la ayuda estatal a quienes realmente lo necesitan y facilitar el acceso del pobre a los beneficios que hoy se están entregando. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal. La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente, el proyecto en discusión concede el reajuste de pensiones más importante de los otorgados en la última década, tanto por el incremento en el monto de las pensiones como por su extendida cobertura. Quiero destacar la participación de los ministros de Hacienda y de Trabajo y del equipo de profesionales en el debate habido en la Comisión de Trabajo, quienes nos entregaron una visión política y técnica de alto nivel para entender las implicancias económicas de esta iniciativa, que da una respuesta al constante llamado de los “chiquillos y chiquillas”, como les digo cariñosamente a los adultos mayores, que conocemos tan de cerca en los distritos que representamos. A ellos va dedicado este proyecto. Es importante destacar que este Gobierno no sólo está escuchando a las personas con menos recursos, sino que, además, está poniendo un pie en el acelerador para entregarles las herramientas necesarias, en este caso, un reajuste que aumentará un poco más sus ingresos. Ello permitirá acortar la brecha de desigualdad existente en el país. En este sentido, como parlamentarios no podemos restarnos a este gran esfuerzo que va en beneficio de los sectores más vulnerables. Estoy muy contenta porque el debate de este proyecto, que aumenta las pensiones de más de 1 millón 200 mil personas, se está llevando a cabo en un tiempo record y en forma acotada. Eso es lo que esperan de nosotros los ciudadanos. Las diferentes miradas que expusimos en la discusión habida en la Comisión de Trabajo dieron cuenta de las contradicciones de la Alianza por Chile. La “cuchufleta” a que se refirió el diputado Bertolino no es sino lo relativo al artículo 7º, sobre la mantención del impuesto al valor agregado. Ello deberá ser así mientras sea necesario, a fin de contar con una inversión social sostenida en las personas que lo necesitan. Sucede demasiado habitualmente que los diputados de la Alianza “saltan” a la hora de hablar de los impuestos, y está demostrado empíricamente, como lo han señalado otros colegas, que la carga tributaria es menor que hace 10 años. Con todo, queremos que los impuestos sean más redistributivos, desafío en el que estamos todos comprometidos. La inmensa inversión social en los últimos años no ha sido, no es ni será suficiente, ya que, además de seguir haciendo esfuerzos por mejorar la redistribución del ingreso, hay que mejorar la gestión modernizadora del Estado, pues las necesidades van aumentando. Hay que incrementar la inversión para romper la brecha de desigualdad que se vive en el país. Aunque no les guste a los diputados de la Alianza, el desarrollo se paga con los impuestos, pero no de quienes ganan menos. Así como durante estos años las grandes empresas han sido beneficiadas con algunas exenciones tributarias, parece lógico que el alza de los impuestos ahora se focalice como mayor intensidad hacia ese sector. En esta materia es necesario buscar equilibrios. Este proyecto es un gran esfuerzo que va en esa dirección y, por tal razón, lo votaremos favorablemente. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado. El señor ALVARADO.- Señor Presidente, sin duda alguna, el proyecto tiene un objetivo social que compartimos todos los presentes, pues apunta en la dirección correcta de focalizar los recursos hacia quienes tienen menos y más necesitan. La diputada señora Carolina Goic señaló que no deberíamos confundir la discusión tributaria con este proyecto social. La única manera de no hacerlo es que la discusión tributaria la llevemos a cabo en el ámbito de la estructura tributaria general y no involucrada en un proyecto social que no requiere financiamiento con nuevos impuestos. Por otra parte, es importante conocer el puntaje de corte de la ficha CAS para acceder a este beneficio y si dicho puntaje se condice con las listas de espera y con la realidad de cada región. Por lo tanto, es necesario saber si habrá mucha disparidad entre quienes resulten beneficiados, ello en función de la realidad regional y de los cupos asignados con antelación. Es importante tener esa información para saber si efectivamente ese punto de corte integrará mayoritariamente a las familias de más escasos recursos. Junto con reconocer que es absolutamente necesario implementar de inmediato este beneficio, hay que señalar que la discusión de fondo se relaciona con el instrumento que permita acceder a este beneficio. La ficha CAS, sin duda alguna, no refleja la realidad socioeconómica de las familias más pobres del país y, en muchos casos, tiene efectos negativos. Por ejemplo, el ítem educación asigna puntaje a las familias de bajos ingresos, lo que a la larga se convierte en un castigo, pues termina dejándolas fuera de determinados beneficios sociales. En las comisiones en que se ha debatido el tema se ha señalado que las personas más desposeídas o aquellas que poseen ciertos grados de invalidez accederán en forma automática al beneficio, pero la ficha CAS tampoco considera la invalidez en las encuestas que se realizan, no obstante que es un factor importante. Cuando en una familia de escasos recurso hay personas con discapacidad, indudablemente sus gastos aumentan y el presupuesto familiar disminuye. En definitiva, termino señalando mi total respaldo a la iniciativa, porque creo -y así lo compartimos todos- que va en la dirección correcta de entregar mayores recursos a aquellos que tienen menos y que más necesitan. Nos queda pendiente la discusión de fondo, esto es, modificar los instrumentos que miden la situación socioeconómica de las personas más pobres del país. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Pablo Lorenzini. El señor LORENZINI.- Señor Presidente, no tenemos que confundir lo que estamos debatiendo. Es fácil opinar, y me parece bien -éste es un Congreso que representa a la ciudadanía-, pero se han planteado temas distintos, como lo señaló el diputado Alvarado y otros más. Uno de ellos se refiere a las pensiones. Al respecto, al fin puedo darme el gusto, después de ocho años de pelear con ministros, de ver un proyecto que reajusta un beneficio en más de 5 por ciento. Sin embargo, no veo al ministro Velasco; seguramente no le interesa el tema. Ésta es la forma en que no debemos partir. No olvidemos que estamos debatiendo un problema que involucra 1.850 millones de dólares, correspondientes al 40 por ciento del financiamiento del programa social de la Presidenta Bachelet. ¡Y está hablando el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara y se encuentran ausentes los ministros Velasco y Andrade! Señor Presidente, como no está presente el señor Velasco, quiero recordarles lo que señaló el ex ministro Nicolás Eyzaguirre, hace dos años, cuando debatimos el aumento transitorio del IVA, dijo que la verdadera discusión debía centrarse en el tamaño del Estado. Y preguntaba: “¿Creen ustedes que no sabemos que el IVA es regresivo?” Por su parte, en abril de 2004, el diputado Walker señaló lo siguiente en esta Sala: “Obviamente, nos duele tener que aprobar el alza del IVA. Si una persona recibe un salario bajo, todo su sueldo se le va fundamentalmente en bienes de consumo, como alimentación, vestuario y educación”. A su vez, el diputado Aguiló indicó: “Todas las teorías y experiencias en el mundo reconocen que el IVA es un impuesto regresivo”. Entonces, aquí nadie está en contra de reajustar las pensiones. Esta iniciativa hay que aprobarla, porque ya se cuenta con los 97 mil millones de pesos para financiarla. El IVA es otro tema. Estoy de acuerdo con que financia los programas sociales de la Presidenta Michelle Bachelet. Por ejemplo, el próximo año se destinarán 95 mil millones de pesos para aumentar en 1.500 efectivos el contingente de carabineros. -Ingresa a la Sala el ministro de Hacienda, señor Andrés Velasco. ¡Bienvenido, señor ministro! Junto con lo anterior, también se deben considerar las nuevas patologías incorporadas en el Auge, los centros comunitarios, el trabajo para los jóvenes -promocionado por la Presidenta Bachelet, en Talca- y las salas cuna. Pero el tema de fondo no es ése. La carga tributaria de este país es la más baja si se la compara con la de Estados Unidos, con la de países europeos o con la de otros de desarrollo similar al nuestro. ¡Si algún diputado está disponible para aumentar en un punto el IVA al ciudadano común de este país y establecerlo en 19 por ciento, yo reclamo y demando que también los empresarios y las multinacionales -cuyos balances hemos visto en estos días- también paguen el 19 por ciento de impuesto a la renta! El verdadero debate -lo conversé con el ministro del Interior en la mañana y se comprometió a darnos espacios de diálogo; por lo demás lo mencionó en su momento el ex ministro Nicolás Eyzaguirre- debe centrarse en el tamaño del Estado que queremos para Chile. Por otra parte, ¿cuál debería ser la estructura tributaria? ¿Qué es mejor: más impuestos indirectos o más impuestos directos? ¡Éste es un país que se carga de impuestos indirectos! ¿Qué pasa con el tabaco? Aquí votamos leyes duras; pero impuestos, nada. ¿Qué pasa con el alcohol? ¿Qué pasa con los juegos? ¡No meterse! ¡Se trata de empresarios poderosos! ¡Allí sí que no nos atrevemos! Los gobiernos de la Concertación no se han atrevido, por lobby o por presión, a buscar los fondos sobre los cuales no se está tributando. Una cosa es la evasión y otra la elusión. El Servicio de Impuestos Internos lo ha hecho muy bien. ¡Felicitaciones! Pero no estamos hablando de eso. Eso está bien y entra en el campo de lo moral. ¡El que no cumple se va a la cárcel! Son otras las preguntas que nos hacemos. ¿Los empresarios en este país no pagan? ¿no aportan? Al final, respaldaremos el proyecto, porque no podemos dejar a nuestra Presidenta con su programa social en el aire. Pero este debate debió haber sido más largo y proyectado con más tiempo. Este año ya está financiado. Debatamos el tema del IVA y qué significa que el 20 por ciento más pobre de la población contribuya con la mitad y el 20 más rico con apenas el 20 por ciento. ¿Es justo? ¿Estoy hablando tonterías? ¿Estoy hablando contra mi Gobierno? ¡No! Estoy hablando contra el Congreso Nacional, que no se atreve a discutir una reforma tributaria integral. Tampoco creo estar asustando a los inversionistas. Soy economista. Rebajamos los aranceles y tenemos menos ingresos. Pero, ¿resiste el país esa carga? Vamos a terminar no sólo con un 19 por ciento de IVA, sino con un 20, un 21 o un 22. Por su parte, los empresarios, quienes además tienen buenos asesores tributarios, terminarán pagando entre un 14 y un 17 por ciento del IVA. Lo que me molesta, ministro, es que siempre estemos mirando estos temas a la carrera. Quiero entender -sobre esa base decidiré mi voto- que usted está disponible para que en forma abierta, técnica, razonable y democrática -aquí hay diputados que conocen la materia, como el señor Álvarez, experto tributario-, podamos debatir el actual sistema tributario en Chile. ¡Cuánto nos ha costado abordar la exención del IVA a las empresas constructoras! ¡Casas de 100, 200, 300 millones de pesos están exentas del pago del IVA! ¿Parece adecuado eso? A lo mejor estoy equivocado, pero el trato adecuado de esas materias puede ayudar al financiamiento de programas sociales. Lo primero que le entregan a uno en un restorán es la carta, donde se ofrecen varios platos. ¡No hablemos de que aquí existe un plato único -IVA o IVA- si hay otros menús! Consideremos otros impuestos; hagamos una mezcla de varias cosas de modo que paguen todos los chilenos, no sólo los de clase media. Eso es lo que demandamos. ¡Cómo vamos a estar en contra de las pensiones! Es más, la Democracia Cristiana se la ha jugado por mejorar las pensiones mañana mismo, sin limitaciones. ¡Revisemos la ficha CAS, la ficha familia! ¿Por qué la gente esconde el televisor cuando van a encuestarla? Porque si alguien lo tiene lo consideran rico. ¡Tampoco toquemos el impuesto a la gasolina, porque es rico quien tiene auto! En el país hay 2 millones de automóviles. Cuatro personas promedio por familia. La mitad de los chilenos tiene auto. Es decir, ¡hay 8 millones de ricos…! Por lo menos, en mi distrito no están. Ése es el tema. Sé que algunos a veces se enojan cuando planteo estas cosas. En tanto, los ministros se dedican a hablar con otros diputados y no nos escuchan. Revisemos las exenciones tributarias. El diputado Saffirio lo planteó ayer. Tomemos un compromiso. El precio del cobre está permanentemente arriba. Desde hace tres años que planteo este tema en la Comisión Especial de Presupuestos. En el intertanto, las arces fiscales han recibido 7 mil u 8 mil millones de dólares adicionales. Al caballero que acaba de ganar 2 mil millones de pesos en el Loto le dicen: “Gástelos”. ¡No, pues! ¡Cómo los va a gastar! O al revés, como tiene 55 años le dicen: “Guarde los 2 mil millones debajo del colchón. Cuando muera quedarán para sus hijos”. Al parecer, la decisión justa es que tome un poquito, un 10 por ciento, y se dé un gustito: una casita, un viajecito, etcétera. En nuestra economía sucede algo similar. Tenemos 8 mil millones de dólares. Las proyecciones de superávit estructural son muy buenas. Entonces, evaluemos la situación. Si se mantienen el precio del cobre y las proyecciones y seguimos con el 1 por ciento, comprometámonos a bajar el IVA a 18 ó 17 por ciento. No sólo los empresarios deben tener rebajas tributarias, sino también quienes no lo son. Hagamos de esto una cosa más flexible, más humana, más debatible. En economía, las teorías valen para estar en los ministerios. Es difícil que los economistas sean presidentes de la República, y quizás me estoy poniendo una lápida al pronunciar estas palabras. Lo único que demando es que esto no sea el término de la discusión tributaria. Es un hecho de la causa que hoy lo planteemos. El tema tributario debe ser debatido a futuro, y ojalá la Cámara de Diputados haga un seminario sobre la materia. Este tema lo discutimos hace siete u ocho años, y no lo hemos actualizado. Sin duda, es la gran falencia de los gobiernos de la Concertación. En términos tributarios, estamos en un país inequitativo respecto de quienes aportan para todos los chilenos. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Maximiano Errázuriz. El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, apoyaremos cualquier mejoramiento en las bajas pensiones que perciben las personas de menores ingresos. Un reajuste parejo es injusto, especialmente si se consideran algunas situaciones dramáticas. Por ejemplo, don Jorge Armando Francisco Canales, domiciliado en la calle Domingo Tocornal, número 354, de Puente Alto, tiene una pensión de 611 pesos. ¡Qué bien va a quedar con un 10 por ciento de reajuste! Considero que el reajuste debería ser mucho mayor para las pensiones más bajas e ir disminuyendo a medida que aumentan. Respecto de las pensiones asistenciales, resulta inconcebible que se mantengan los mismos parámetros de 1987 para medir la pobreza, en que tener un refrigerador, un equipo de música o un televisor era no ser pobre. ¡Para qué hablar de lo que significaba tener un teléfono! Hoy, una familia puede tener todas esas cosas y seguir siendo pobre. Cuando a nuestras oficinas parlamentarias llegan personas de distintas comunas de los distritos que representamos a decirnos que la asistente social de su municipalidad les señala que tienen mucho puntaje y que no pueden postular a una pensión asistencial ni a ningún beneficio social, porque tienen televisor o equipo de música, que ni siquiera son de ellas, debo responderles que esa misma forma de medir la pobreza existe en Arica, Puerto Montt, Antofagasta, Concepción y en La Pintana o Puente Alto. Para terminar con ello es necesario modificar la forma de medir la pobreza. Sólo en la Región Metropolitana hay 8 mil 500 personas que cumplen los requisitos para postular a una pensión asistencial y están en lista de espera. En la Sexta Región, hay 2.350; todas en lista de espera para obtener una miserable pensión asistencial, que ahora aumentará a poco más de 40 mil pesos, suma con la que tampoco se puede vivir. Respecto del artículo 7°, relativo al impuesto al valor agregado, más allá de que se pretende financiar este proyecto con el IVA, aquí hay un problema de credibilidad. Cuando al Congreso Nacional se le pidió aprobar el alza de ese impuesto por un período determinado, al término del cual disminuiría o se eliminaría, nosotros hicimos fe de ello y lo aprobamos. Y ésta no es la primera vez que sucede algo similar con el IVA, ya hace un tiempo nos tocó vivir la misma situación. Represento a una zona de clase media y baja: La Pintana, Puente Alto, Pirque y San José de Maipo, cuyos habitantes gastan casi todos sus ingresos en comer y vestirse. Por eso, el IVA incide mucho más en sus bolsillos que en los de un profesional, un empresario, un comerciante o un industrial, es decir, personas con capacidad de ahorro, que, en proporción a sus ingresos, gastan mucho menos en comer y vestirse que una persona de escasos recursos. ¿Qué sentido tiene que a una persona, por una parte, le aumenten sus ingresos, si por otra se lo quitan a través del IVA que paga por la compra de bienes y servicios? Eso es injusto y es una forma de engañar a la gente. Por otra parte, espero que se modifique el instrumento para medir la pobreza, la ficha de estratificación social. Al respecto, la ex ministra de Mideplán, Yasna Provoste, ni siquiera me recibió cuando le pedí una audiencia, porque al parecer no le interesaba el problema de la pobreza, sino sólo su cargo ministerial. Ojalá que en el futuro los reajustes de las pensiones, incluso de las remuneraciones, no se otorguen en un porcentaje parejo, sino que sea mayor para los que ganan menos y menor para los que ganan más. Por último, anuncio mi voto favorable. De lo contrario, la opinión pública haría una lectura equivocada. Sin embargo, dejo constancia para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, que considero injusto que se pretenda financiar el proyecto manteniendo el IVA. Asimismo, pido votación separada para el artículo 7°. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló. El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero expresar la enorme complacencia de los socialistas, porque a menos de tres semanas de iniciado el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet ya estamos discutiendo la materialización de uno de los compromisos más importantes adquiridos durante su campaña: el aumento de las pensiones para los sectores más carenciados de nuestro país. Este Gobierno comprometió iniciativas a favor de los pobres durante la campaña electoral, y las está materializando casi inmediatamente asumido el poder. ¡Qué distinta de la situación que ocurría en el régimen militar! Señor Presidente, por su intermedio, quiero decirle al diputado Errázuriz que en esa época no sólo no hubo aumento de pensiones, sino que en la década del 80, con su apoyo, se le quitó a los pensionados el 10,4 por ciento, porque era el sector menos organizado, el que tenía menos posibilidades de reclamar ante una medida tan injusta como aquella. Ésa es la diferencia entre los gobiernos democráticos y los autoritarios, como el que vivimos por tantos años y que el país jamás olvidará. Por otra parte, debo decir que el diputado señor Errázuriz se equivoca profundamente cuando dice que estamos frente a un aumento parejo de las pensiones. ¡No es así! El proyecto plantea un reajuste focalizado; sólo para las pensiones más bajas. Precisamente lo que el diputado reclama. En efecto, de aprobarse la iniciativa, no subirán las pensiones de 500 mil, 600 mil o 700 mil pesos -que también existen-; sólo se reajustarán las pensiones más bajas, que representan el 90 por ciento de las que paga el INP; las asistenciales, llamadas Pasis, y las con garantía estatal mínima del sistema de administradoras de fondos de pensiones. ¡Ésas son las pensiones que subirán! De manera que habrá una focalización progresiva y no un aumento parejo general de las pensiones. Quiero detenerme un momento para referirme a la discusión generada en torno al financiamiento. Un gobierno responsable, serio, como el de la Presidenta Michelle Bachelet, no plantea un mejoramiento permanente de las pensiones -ojalá en el futuro se vuelvan a mejorar-, sin establecer la forma de financiarlo, es decir, la fuente de la que provendrán los recursos con que el Estado costeará una medida de esa naturaleza, destinada a ayudar a aquellos compatriotas con mayores carencias. Por eso, el mensaje propone que durante 2006 la iniciativa se financie con los recursos ahorrados por la administración anterior y desde 2007 en adelante, con la misma estructura tributaria actual. Hay señores diputados que con gran audacia han señalado que éste es un subterfugio, una medida poco transparente; incluso han proferido algunos calificativos que considero poco prudente repetir. Su actitud no sólo constituye un insulto al Gobierno, sino también a la ciudadanía. Tengo en mis manos el programa de gobierno que Michelle Bachelet presentó al país con ocasión de la pasada elección presidencial. Lo distribuimos y discutimos en todo el territorio durante casi un año. En la parte pertinente dice: “Por ello es que debemos ser honestos con el país y afirmar que la solidaridad tiene un costo y que no habrá condiciones para bajar impuestos. En particular, el IVA debe mantenerse en su tasa actual.” Eso es lo que el país discutió, luego los ciudadanos votaron y le otorgaron el 54 por ciento de las preferencias a Michelle Bachelet y su programa. ¿De qué falta de transparencia hablan? ¿De qué subterfugios? No puede haber nada más transparente que un programa que fue discutido frente a los quince millones de chilenos y que contó con el respaldo de la mayoría de los ciudadanos de la República. Dicho esto, resulta obvio que los diputados que conocimos el programa y lo distribuimos y defendimos en diversas comunas del país, ante numerosas organizaciones sindicales y juntas de vecinos, en nuestro intento por convencer a la ciudadanía de que era la mejor alternativa para todos, tenemos no sólo la obligación política, sino también moral, de votar a favor de esta iniciativa. Por lo tanto, vamos a votar favorablemente el proyecto. Pero con la misma claridad, y aprovechando la presencia de la ministra Secretaria General de la Presidencia, señora Paulina Veloso, y del ministro de Hacienda, señor Andrés Velasco, quiero decir que esto no significa que los parlamentarios de la Concertación creamos que el IVA es un impuesto extraordinariamente progresivo. No todos somos economistas, pero los ciento veinte diputados y diputadas sabemos que es un impuesto regresivo; tal como lo es la estructura tributaria que heredamos de la dictadura militar. Por ejemplo, lo que ha dicho el diputado Lorenzini es una verdad del porte de una catedral, y lo que afirmaron los diputados Saffirio, Meza y otros parlamentarios que hemos propiciado la iniciativa, como el diputado Carlos Montes, en cuanto al término de algunas franquicias o subsidios a sectores productivos de nuestro país, en particular el subsidio incomprensible del IVA a la construcción, son convicciones importantes. Queremos cambiar la estructura tributaria porque es injusta. Reitero, la heredamos de la dictadura militar, durante la cual no sólo se gobernó con mano de hierro y con represión, sino que fundamentalmente defendiendo los intereses de no más del 5 por ciento de la población. Señores ministros, ojalá tengamos su atención respecto de lo que plantea la mayoría del país y todos los parlamentarios de la Concertación. Votaremos con convicción porque es un gran proyecto, un compromiso que se materializó a menos de un mes de haber asumido la Presidenta Michelle Bachelet y que, sin duda, constituye un alivio para las familias más modestas. Cumpliremos el compromiso de la campaña de mantener la estructura tributaria actual: el IVA en 19 por ciento, a fin de financiar este programa y otros de carácter social. Pero, al mismo tiempo, cuando discutamos las reformas al sistema previsional, queremos revisar la estructura tributaria, porque nos parece completamente injustificado que se sigan manteniendo algunos subsidios y exenciones a los sectores más productivos. Por último, además de ser enteramente injustificada la afirmación de la Derecha de falta de transparencia, es una mentira y una falacia, muchas veces demostrada por la experiencia concreta de la economía de cualquier país del mundo y desde luego de la chilena, que eventualmente una supuesta disminución futura del IVA implicaría disminución de los precios, en particular de los productos más sensibles. Todos sabemos que el precio del pan, de la harina y de los alimentos básicos es completamente inflexible a la baja. Si los chilenos que nos están escuchando creyeran que los precios van a bajar, naturalmente tendrían otra disposición. Pero todos sabemos que eso no es así. Por las razones expuestas, votaré a favor. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Aún se encuentran inscritos para hacer uso de la palabra 26 señoras diputadas y señores diputados. Por lo tanto, propongo a la Sala reducir las intervenciones a cinco minutos, extender el Orden del Día hasta las 14 horas y suprimir el tratamiento de proyectos de acuerdo e Incidentes. ¿Habría acuerdo? Acordado. Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo. El señor RECONDO.- Señor Presidente, valoramos el reajuste de pensiones que estamos pronto a aprobar. No cabe duda de que el proyecto recoge un compromiso que estuvo presente en la agenda de la candidata de la Concertación y también en la de los candidatos de la Alianza. Sin embargo, es preciso alertar con responsabilidad a la ciudadanía de la brecha existente entre las expectativas y la realidad. Se habla de cumplir con los compromisos del programa presidencial, pero todos sabemos que la gran mayoría de las personas no conocen su contenido. Se da a conocer en forma verbal, se habla de intenciones y prioridades, pero nunca de cuáles son sus rangos. La propia Presidenta Bachelet, durante su candidatura, hizo de la reforma previsional una bandera de lucha. Lo reconocemos. Permanentemente habló de la necesidad de una reforma y de un reajuste de las pensiones mínimas. Claramente, y en forma reiterada, como dijo el diputado Aguiló, se refirió a una sociedad que estaba recibiendo pensiones completamente indignas. Pero, repito, jamás habló de cuál sería el monto de una pensión digna. Por lo tanto, con el reajuste que se espera entregar a través de este proyecto y de los anuncios que se hicieron al respecto, la pregunta que cabe hacerse es si efectivamente se está cumpliendo con las expectativas que se sembraron durante la campaña presidencial. Claramente la respuesta es “no”. ¡No estamos respondiendo a esas expectativas! Ahora bien, el reajuste del 10 por ciento de las pensiones mínimas que aprobaremos hoy, se puede ejemplificar en 8 mil pesos si hablamos de una pensión de 80 mil. Sin embargo, si consideramos el alza del costo de la vida, que sabemos llega al 4 por ciento, y estamos subiendo el IVA de 18 a 19 por ciento para el próximo año, lo que estamos haciendo -como se dijo- es gravar a quienes consumen más, que son precisamente quienes reciben estas pensiones. Por lo tanto, entre el 4 por ciento del IPC más el 1 por ciento del IVA, lo que en la realidad va a significar el reajuste de las pensiones es probablemente menos de la mitad de lo que estamos hablando. Por otra parte, esta expectativa tampoco se cumple con las pensiones asistenciales. Permanentemente se ha señalado que este proyecto permitirá el acceso automático a estas pensiones. Sin embargo, sabemos que eso difícilmente será así, de acuerdo con la reglamentación y requisitos que se deben cumplir. Por ejemplo, no se habla de cuál va a ser definitivamente el puntaje de corte que permita resolver las listas de espera vigentes en todo el país. De manera que cuando hablamos de que habrá acceso automático a las pensiones asistenciales, no estamos diciendo que esas listas se van a resolver completamente con este proyecto. A través del mensaje se nos informa que los beneficiarios serán aproximadamente 25 mil. Pero ¿qué porcentaje representan del total de las listas de espera que tenemos en cada una de las regiones? No lo sabemos con exactitud ni tampoco lo podemos señalar; por lo tanto, seguimos teniendo una enorme brecha entre lo que va a ser la realidad y las expectativas del común de la gente. Finalmente, reitero lo que dije en la Comisión. Se nos dice que es para financiar no sólo este proyecto sino otros compromisos sociales futuros. ¿Por qué no discutimos esos proyectos en su mérito y en su momento? Lo que nos están pidiendo es que otorguemos un cheque en blanco para financiar proyectos futuros, ya que, como se sabe, la Concertación tiene mayoría en esta Cámara. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Alinco. El señor ALINCO.- Señor Presidente, me siento feliz, porque estamos cumpliendo a cabalidad el compromiso adquirido durante la campaña de la Presidenta de la República. Ello demuestra que la palabra de mujer es una realidad. Quienes provenimos del mundo popular, del mundo obrero, tenemos una mirada distinta de los asuntos sociales. No es desde los grandes números ni de las planificaciones, sino del quehacer cotidiano de las personas, de la universidad de la vida. Esto no nos inhabilita para opinar acerca de temas tan importantes como éste. Lo que se busca es solucionar el grave problema de la carencia de protección social. Se quiere ayudar a hombres y mujeres, a ancianos y enfermos que no pueden valerse por sí mismos y cuya capacidad de trabajo se ha visto disminuida. Se ha debatido mucho acerca de si el monto del reajuste es suficiente. Sabemos que el erario es limitado y que se debe actuar con responsabilidad y mesura. Esto es lo que está haciendo la doctora Michelle Bachelet. Tampoco se trata de un proyecto populista, sino que apunta en beneficio de la gente. Será importante en la medida en que sea un primer paso entre otros que debemos dar en el camino de hacer un país más justo. No podemos seguir pensando en hacer de Chile un país más justo mientras nuestros empresarios -me refiero a los grandes- tengan la libertad de los países del primer mundo: pagar sueldos y tributos como si estuviesen en África. Sabemos que el gran empresariado chileno está representado por la bancada de la Derecha, la que pregona que está de acuerdo con la iniciativa; sin embargo, pone pero tras pero. Sostiene que se trata de un proyecto solapado, que es una cuchufleta o un cheque blanco. Con mucho respeto les digo que no es así, pues sólo, repito, pretende ayudar y mejorar las condiciones de vida de los más pobres. Una vez más la Derecha, con su doble discurso, pretende engañar al país, en circunstancias de que tiene una responsabilidad histórica con los miles de chilenos que van a recibir este beneficio. Porque -lo dije ayer en la Comisión- muchos de los hombres y mujeres que van a recibir este beneficio trabajaron en el PEM y en el Pojh, sin ninguna previsión. Por lo tanto, si la Derecha es consecuente con sus dichos, si celebra el proyecto, no tiene más que aprobarlo, así actuará de acuerdo con las palabras expresadas por el santo Padre, en el sentido de que los pobres no pueden esperar. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Gonzalo Duarte. El señor DUARTE.- Señor Presidente, hablo en nombre de la bancada democratacristiana. Hoy estamos llegando a un momento de definiciones sobre este asunto. Hace tres semanas, el 15 de marzo, formulamos en esta Sala nuestra opinión en relación con algunos de estos temas, la cual, mediante oficio, pusimos en conocimiento de la Presidenta de la República. En esta oportunidad, queremos hacer presente nuestro parecer acerca de tres materias planteadas en el proyecto de ley. En primer lugar, ¿quién podría oponerse a algo que es evidente y esencial para cualquiera que conoce la realidad de los adultos mayores? Por eso, existe amplio consenso respecto de esta propuesta e, incluso, en que a futuro el incremento pueda ser mayor. En segundo término, debemos determinar la forma de lograr que los adultos mayores y los discapacitados carentes de ingresos tengan acceso a una pensión asistencial que, no obstante todos reconocemos que es mínima, este proyecto la incrementa. En tercer lugar, debemos buscar la manera de financiar esta medida y un conjunto de otras comprometidas en el programa de gobierno de la Presidenta Bachelet y que implican, necesariamente, la mantención del IVA en su actual nivel. Hoy, el IVA es un tema de debate; pero no puede serlo la necesidad de continuar aumentando la protección social para los adultos mayores. El 15 de marzo expresamos que todos conocíamos la dramática situación de los adultos mayores, como la existencia de listas de espera y, dado los cupos existentes, su imposibilidad de acceder a una pensión asistencial. Dijimos además que compartíamos el compromiso de la Presidenta Michelle Bachelet en cuanto a otorgar automaticidad a la asignación de esta pensión, como también -lo reafirmo- que debíamos enfrentar el desafío de superar la barrera establecida en virtud del concepto de carencia de recursos que se aplica en la actualidad para la asignación de beneficios sociales. Todos los programas de subsidios sociales del Estado descansan sobre la ficha CAS y la ficha Familia que hoy operan transitoriamente, en forma simultánea. Esas fichas distorsionan claramente el acceso a los beneficios sociales de la población y originan inequidades en las políticas públicas, lo cual es consensuado y reconocido por todos. En esa ocasión -el 15 de marzo- manifestamos que tales fichas debían modificarse. La Democracia Cristiana expresa formalmente, por mi intermedio, la voluntad de aprobar este proyecto, con el objeto de terminar con ellas, de cambiar la ponderación de los distintos factores, porque no es posible que un beneficio social, en el cual se pretende cubrir carencia de ingresos, considere variables referidas a la existencia de patrimonio. Tampoco es posible que en un beneficio relacionado con acceso a vivienda se consideren variables ajenas a las condiciones de habitabilidad de las familias. Estamos dispuestos a respaldar el compromiso asumido y expresado ayer por la Presidenta de la República, que fue ratificado públicamente esta mañana por la ministra de Mideplán -y esperamos que también sea ratificado formalmente por los ministros presentes en la Sala-, en cuanto a que se pondrá término al uso de las referidas fichas y que se cambiará el modo de ponderar las distintas variables. Esperamos asimismo que eso se aplique concretamente en los próximos cien días en la asignación de las Pasis y en las listas de espera existentes. Las listas deben terminar. Sostenemos, responsablemente, que si se modifican las variables de patrimonio, disminuyendo su peso dentro de la ficha CAS, todos los adultos mayores en listas de espera tendrán acceso a la pensión asistencial. Creemos que éste es un compromiso responsable con las metas que asumimos ante el pueblo de Chile. Dijimos que íbamos a fomentar un sistema de protección social. Una parte de esa tarea es poner término a los instrumentos que impiden que ese objetivo se cumpla. En ese sentido, la Democracia Cristiana anuncia que, de ratificarse por los ministros presentes la modificación de este instrumento y la puesta en vigencia de instrumentos diferenciados para cada uno de los beneficios sociales, respaldaremos la mantención del IVA en 19 por ciento. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Pablo Galilea. El señor GALILEA.- Señor Presidente, igual que el diputado Julio Dittborn, quiero comenzar mi intervención lamentando el informe de la Comisión de Hacienda, por cuanto no demuestra objetivamente la discusión técnica que se realizó en su seno. Más bien, el diputado Montes se limitó a emitir juicios políticos que bien pudo haber expuesto durante su intervención, en su propio discurso, y no en el del informe que debiera dar cuenta de la discusión técnica de toda la Comisión. ¿Quién puede oponerse al aumento de pensiones? Nadie. Al respecto, existió el compromiso de los candidatos presidenciales. ¿Quién puede entender que un pensionado viva con 40 mil pesos mensuales aproximadamente? Nadie. Tendría que ser Mandrake el mago. Por lo mismo, la necesidad de aumentar las pensiones es una aspiración ampliamente consensuada, y hubiéramos querido que fuera más del 10 por ciento que se propone. Sin embargo, valoramos ese porcentaje y también lo respaldamos con entusiasmo. Pero, una cosa muy distinta es apoyar la otra proposición del proyecto que dice relación con su financiamiento que, a mi juicio, es absolutamente innecesario, puesto que los 182 millones de dólares que cuesta el aumento de pensiones, perfectamente podría ser financiado con los 300 millones de dólares de libre disposición con que cuenta la Presidenta Bachelet. El contexto de la economía mundial es absolutamente favorable. Chile, hoy, tiene un excedente de 2.400 millones de dólares, a lo menos, como consecuencia del mayor precio del cobre. El aumento del IVA, impuesto absolutamente regresivo, atenta contra el bolsillo de los más pobres; a quienes, por un lado, les aumentaremos un 10 por ciento sus pensiones y, por otro, se lo sacaremos del bolsillo, a través de este tributo que, según se ha dicho, es la mantención del 19 por ciento, lo que es falso. Debemos recordar que, a partir del 1 de enero del próximo año, el IVA bajaría a 18 por ciento. Por consiguiente, a esos mismos chilenos pobres y necesitados, que todos decimos defender, les estaremos quitando un porcentaje importante de este aumento que les estamos dando. El patrimonio exclusivo de la defensa de los pobres que dicen tener los amigos de la Concertación no es cierto; no es verdad. Si nos vamos a preocupar de la gente más necesitada, preocupémonos en un ciento por ciento y no a medias, por un lado, aumentando sus pensiones y, por otro, subiendo el impuesto. Asimismo, quiero hacer presente la siguiente reserva de constitucionalidad sobre este proyecto de ley. El número 20º del artículo 19 de la Constitución Política de la República establece que los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, no podrán estar afectos a un destino determinado y, si bien el enunciado del proyecto alude a otros programas sociales y temas de interés que deben ser financiados por el Estado, como el aumento de la dotación de carabineros, la educación prebásica, el financiamiento del Auge, sólo es a modo de titulares, lo que haríamos hoy, con los 600 millones de dólares adicionales del IVA, no es otra cosa que entregar un cheque en blanco al Gobierno, en circunstancias de que perfectamente podríamos haber discutido en detalle el financiamiento de cada uno de dichos programas y no pretender aprobar esto en un solo paquete que, a mi juicio, reitero, es darle al Gobierno la posibilidad de hacer, simplemente, lo que estime conveniente. Además, carece de oportunidad, porque el aumento del IVA podría haberse efectuado en el momento en que realmente se necesiten los recursos y no con la anticipación que se nos está planteando. Por otro lado, invito a mi colega René Alinco a no tener un discurso tan confrontacional entre Izquierda y Derecha, porque, repito, la preocupación por los pobres y necesitados es de todos; no sólo es patrimonio de la Izquierda. Asimismo, lo invito a que nos preocupemos de la gente de nuestra región de Aisén; de esos quinientos doce pensionados que recibirán los mismos 40 mil pesos que el resto de los pensionados de Chile, para los cuales, sin duda, por el alto costo de vida de esa zona les es imposible subsistir. Por ejemplo, en el invierno, una pareja de viejitos consume, aproximadamente dos metros de leña y el metro cuesta 20 mil pesos; por lo tanto, sólo en calefacción grata 40 mil pesos. Señor Presidente, por su intermedio, quiero plantearle al ministro de Hacienda que estudie seriamente la posibilidad de que las pensiones también tengan una asignación especial de zona que signifique reconocer el costo de vida en las regiones apartadas que, sin duda, es absolutamente distinto y mucho más difícil para sus habitantes. Reitero mi reserva de constitucionalidad, respecto de que aquí se legisla para aumentar impuestos con el fin de destinar esos recursos a un fin específico, cual es financiar el incremento de pensiones. En consecuencia, esta iniciativa no hace más que poner plata en un bolsillo y sacarla por el otro. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez. El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, en primer lugar -como todos los diputados de la Alianza por Chile-, aplaudo el alza de las pensiones. ¿Cómo hacerlo de otra forma? Tienen razón quienes dicen que éste es uno de los reajustes más importantes desde 1990 y que alcanzará a mayor número de beneficiarios. Podría decir por qué no se hizo antes o por qué no es más; pero, es correcto felicitar una medida extraordinariamente importante para muchos compatriotas. Pero, con la misma emergía con que aplaudimos y reconocemos un esfuerzo, debemos criticar también la solución financiera presentada, que es equivocada y, lamentablemente, reiterada por los gobiernos de la Concertación. Siempre se han subido los impuestos. No tres veces, sino seis, diez, doce, diecinueve veces y, de concretarse ésta, veinte diferentes impuestos habrán subido durante los años de Gobierno de la Concertación. No caigamos en eufemismos. Esta medida no significa mantener un impuesto; sino, claramente, subirlo a los más pobres. Por eso, si medimos la carga tributaria durante los gobiernos de la Concertación, como debe hacerse internacionalmente, incluyendo previsión e impuestos locales, evidentemente, ha aumentado. Recuerdo que no hay ni un solo impuesto que en los últimos dieciséis años no haya experimentado un alza. Repito, esta solución es doblemente equivocada. En primer lugar, es innecesaria. Sin tocar la regla fiscal, con los 300 millones de dólares podemos afrontar éste y otros proyectos de la agenda social que muchas veces ha pedido la Alianza, como el de seguridad ciudadana o el relacionado con el incremento de la dotación de carabineros. Todo ello, además, aumentado por el normal crecimiento económico y por la enorme diferencia que se ha producido en uno de nuestros principales ingresos. Sólo este año vamos a obtener más de dos mil millones de dólares adicionales exclusivamente por el cobre. Por lo tanto, hay otras formas de financiamiento. Reitero, esta iniciativa es innecesaria; más aún si se obtienen 600 millones de dólares como consecuencia de elevar un punto del IVA. Nos dicen que después decidirán qué cosas financiarán con los 420 millones que sobrarán como consecuencia de esta alza. Eso es un cheque en blanco inaceptable. Pero, insisto, esta solución es doblemente equivocada, porque, además, es injusta y afectará a los más pobres. Quienes la apoyan, -no me hablen aquí de royalty, de primera categoría, de impuestos especiales-, con sus votos van a subir un impuesto que perjudicará a los más pobres que no recibirán, con la misma velocidad, el esfuerzo que significa pagar el 19 por ciento de IVA, uno de los más altos a nivel internacional. El diputado Aguiló dijo que se había heredado una estructura injusta. Bueno, le digo que, con su voto, la está haciendo más injusta y no menos injusta. Por eso, la fórmula para financiar este reajuste de pensiones es inaceptable. No es cierto que se habrá hecho un esfuerzo de 180 millones de dólares. No es así; todo el aumento de las pensiones va a ir consumo y a pagar IVA. Por lo tanto, cuando el Estado dice que va a invertir 180 millones de dólares en pensiones, está jugando chueco, porque de esa inversión va a recibir de vuelta, al menos, 34 millones de dólares, debido a que todo esto va a consumo. Por eso es el impuesto más regresivo. En el tercer tomo de un importante tratado de Derecho Tributario chileno se nos señala que el IVA es el impuesto a través el cual el Estado le quita una a una las plumas al ganso sin hacerlo graznar, porque no se da cuenta. Chilenos que hoy reciben menos de 400 mil pesos mensuales, que son la inmensa mayoría de nuestro país y que, por ende, no pagan renta, trabajan los tres primeros meses y medio de cada año para el Estado; sólo a contar del 19 de abril lo empiezan a hacer para sus familias, porque el resto se va completamente en IVA. No se trata de confundir las cosas en un gran debate tributario sobre impuesto de primera categoría, global complementario, royalty, impuesto específico, etcétera. Seamos claros: ustedes, con sus votos, están subiendo el impuesto más regresivo que existe y, con ello, afectarán a los más pobres de nuestra Patria. Termino mi intervención recordando las palabras de Benjamín Franklin: “En este mundo no hay nada cierto, salvo la muerte y los impuestos.” He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Eugenio Tuma. El señor TUMA.- Señor Presidente, este es el primer proyecto que tiene directa relación con los compromisos contraídos durante la campaña presidencial. La mayoría de los parlamentarios que estamos en esta Sala, especialmente los de la Concertación, escuchamos a los ciudadanos y nos comprometimos con sus requerimientos, con la urgencia de aumentar las pensiones; con la necesidad de crear más guarderías infantiles para las madres trabajadoras y con la necesidad de aumentar los subsidios habitacionales. En definitiva, con la necesidad de que el Estado vaya en ayuda de los sectores más desposeídos, de los impedidos y de los pensionados. Hoy, con este proyecto, estamos respaldando los compromisos adquiridos durante la campaña. Algunos ponen peros al respaldo de dichos compromisos. No hay pero que valga, porque los compromisos se adquirieron; se obtuvieron votos y estamos en esta Sala porque fuimos elegidos para respaldar un programa de gobierno en el que se comprometió la entonces candidata a la presidencia Michelle Bachelet, quien sacó la mayoría de los votos. La Oposición, aunque respaldó a otro candidato, también adquirió el compromiso de mantener el IVA; por lo tanto, tiene la obligación de ser consecuente y respaldar el proyecto nacional que mayoritariamente los chilenos aprobaron. El proyecto comprometido sólo se financia con aquellas medidas expresadas en el programa de gobierno de la entonces candidata, en el que señaló que no habría cambio en la estructura tributaria. Sin perjuicio de ello, ojalá la Derecha tuviese la voluntad de revisar la estructura tributaria, el global complementario, el impuesto de primera categoría; esa estructura que permite que las empresas paguen un 17 por ciento en circunstancias que las personas llegan a pagar un 42. Si realmente quieren debatir la estructura tributaria, hagámoslo; pero en serio. Con este proyecto, que aumenta las pensiones en 10 por ciento, no se va a resolver el problema de las carencias de los pensionados ni la pobreza. El gobierno de la Concertación les está entregando un 10 por ciento y no quitándoles el 10,6 como se hizo en épocas anteriores. Aun así, reconocemos que las pensiones son muy bajas. Para resolver este problema, debemos tener una discusión más profunda para determinar de dónde el Estado puede obtener más recursos para atender a los sectores más vulnerables de la población. Lo anterior es consecuencia de lo que comprometimos durante la campaña. La mayoría de los diputados que están sentados aquí, obtuvieron votos de los pensionados y de los sectores más carenciados que les permitieron llegar a la Cámara de Diputados para defender sus intereses. Por lo tanto, no hay pero que valga para no respaldar un proyecto integral, como éste, para atender a los pensionados y a quienes han estado en lista de espera durante mucho tiempo. Una vez que el proyecto se convierta en ley, lo que era una opción o una posibilidad, se convertirá en un derecho garantizado para aquellos beneficiarios que cumplan con los requisitos del decreto ley que establece el régimen de pensiones asistenciales para inválidos y ancianos carentes de recursos. Si tenemos que discutir acerca de esos requisitos, si tenemos que modificar el instrumento que selecciona a los potenciales beneficiarios de programas sociales, hagámoslo. La Cámara ha aprobado numerosos proyectos de acuerdo, como un desafío a los gobiernos de la concertación y, con mayor razón, al actual, para cambiar dicho instrumento. En consecuencia, debatamos para poner cuanto antes en vigencia la ficha Familia que focalice de mejor manera, en los más necesitados, estos recursos que estamos poniendo a disposición del gobierno de la Presidenta Bachelet. Por lo tanto, anuncio que nuestra bancada va a respaldar el proyecto, y pedirá que se envíen a tramitación otras iniciativas relacionadas con los compromisos adquiridos en la última campaña presidencial. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente, como expresaron algunos colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, el proyecto viene a cumplir uno de los compromisos que la Presidenta de la República adquirió con el pueblo chileno. Por lo tanto, la jefa de Estado comienza su gobierno con una iniciativa que apunta a la médula de los más pobres, en particular de la gente de más edad y de menores recursos, de manera que puedan tener algo más de libertad para desarrollar una mejor vida. A fin de mes, cuando el proyecto sea ley, el 90 por ciento de los jubilados del INP verá aumentadas sus pensiones en 10 por ciento. El proyecto solucionará problemas de las personas mayores más carentes, de esos ancianos que, debido a sus dificultades de salud, gastan más que los jóvenes. Tal como han dicho algunos diputados, este es un gran proyecto y, de acuerdo con lo que se ha escuchado, todos los colegas van a apoyarlo. Sin embargo, algunos ven problemas en el artículo 7° del proyecto, que pretende mantener el financiamiento para los programas sociales. Mantener un impuesto, que sí nos parece regresivo, no significa aumentarlo, como ha dicho la Derecha. Cuando discutimos esta materia en el período legislativo anterior, dijimos que el aumento del IVA nos parecía inadecuado y que debía revisarse el tema tributario, sobre todo de las grandes empresas. Sin embargo, no existió acuerdo político porque la Derecha no lo concedió, y al final terminamos aumentando el IVA a 19 por ciento. Deseo llamar la atención respecto de lo que expresó nuestra candidata, hoy Presidenta de la República, durante la campaña, y que ayer recordó Canal 13. Dijo que no imaginaba cómo podría mejorarse la seguridad ciudadana y aumentar los cupos de Carabineros, cómo podría reformase el sistema de pensiones, y así favorecer sobre todo a los más pobres; cómo podría aumentarse la cobertura del plan Auge a ochenta patologías al final del período, cómo podrían construirse salas cuna para los hijos de las mujeres trabajadoras y cómo podría contarse con nuevos consultorios de salud para atender mejor a la población con menores recursos, si no se mantenía el IVA en 19 por ciento. Por lo tanto, en su programa de gobierno, propuso mantenerlo en su actual porcentaje, y la Concertación la respaldará. Me llaman la atención las intervenciones de los diputados de Derecha. Hace no más de cuatro meses respaldaban a su candidato, señor Piñera, quien ayer, en canal 13, reiteró que su programa proponía mantener el IVA en 19 por ciento. Durante la campaña, todos los diputados de Renovación Nacional decían en los distritos lo mismo que su candidato, y hoy, en cambio, van a votar en contra el artículo 7°. ¿Qué consecuencia tiene la gente de Derecha con sus propios candidatos? Ninguna. ¿Se puede creer en ellos en futuras candidaturas? Creo que no. Esto es muy importante para la ciudadanía. Cuando se es consecuente con lo que se dice y hace, efectivamente se gana el respeto de la ciudadanía. Pero los candidatos de Derecha no lo son. Ayer, el Canal 13 volvió a exhibir la entrevista en la cual el señor Lavín señaló que mantendría el IVA en el porcentaje del 19 por ciento. En la Comisión de Hacienda, el diputado Álvarez afirmó que Joaquín Lavín jamás lo había dicho. Pero la televisión mostró claramente cuando el señor Lavín dijo que para sostener los programas sociales que pretendía impulsar en Chile, mantendría el IVA en el porcentaje actual. Sin embargo, la UDI votará en contra de esa medida; es decir, deja sin piso al señor Lavín respecto de sus propuestas como candidato. Eso es lo que siempre hace la Derecha: dice una cosa, pero finalmente hace otra, tal como lo veremos en esta Sala en algunos minutos más. Respecto del planteamiento de que con los recursos del cobre se pueden financiar los aumentos de estas pensiones, el ministro de Hacienda fue muy claro. El desarrollo social de los más pobres se debe mantener con los recursos permanentes y con los recursos del cobre se debería financiar, a mi juicio, la construcción de nuevos hospitales, en Maipú, en La Florida, en Copiapó, etcétera, y no privatizarlos o concesionarlos a la empresa privada. En “El Mercurio” de hoy aparece un artículo que expresa que lo razonable sería privatizar los hospitales. Los recursos del cobre deben ser usados para hacer inversión en la gente. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende. La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, sumo mi voz, tal como lo ha hecho mi bancada, para señalar lo importante que es para nosotros ver cómo nuestra Presidenta, Michelle Bachelet, cumple los compromisos asumidos como candidata presidencial. Esto es muy importante, porque cuando se es candidata es muy fácil hacer promesas y después, cuando se asume la más alta responsabilidad, la primera magistratura de la nación, también es fácil olvidarlas. Respaldamos plenamente a nuestra Presidenta. Además, éste es el primer proyecto de su Gobierno que ingresa a la Cámara de Diputados, que tiene un claro contenido social. ¿Qué puede ser más importante que impulsar un reajuste extraordinario de las pensiones más bajas -tan escasas en cobertura y que tiene a muchas personas en lista de espera- y garantizar el derecho a acceder a ella a las personas que carecen de recursos y que deben cumplir con ciertos requisitos? Me interesa destacar que ésta es sólo una de varias iniciativas que apuntan a lo que, a mi juicio, constituye la esencia del proyecto estratégico de la Presidenta para nuestro país y que mantuvo durante toda su campaña: avanzar hacia una verdadera red social integral, que tanta falta le hace a nuestra sociedad, especialmente al panorama regional latinoamericano. Observemos brevemente la realidad de América Latina, porque no basta con pensar sólo en nuestro país. En un informe de la OIT, de 2003, se destacan ciertos déficit, como el nulo progreso laboral, bajo crecimiento del producto, 11 por ciento de desocupación como promedio, disminución del poder adquisitivo de los salarios mínimos e industriales, aumento -fíjense: ¡aumento!- del porcentaje de personas que viven bajo la línea de pobreza, que pasa de 43 por ciento, en 1999, a 49,3 por ciento en 2003; fuerte disminución de la cobertura social y un aumento del trabajo informal. ¿Por qué señalo lo anterior? Porque esa realidad nos duele, puesto que se trata de nuestra región, de América Latina. Pero también lo hago para destacar el grado de compromiso y responsabilidad con que la Concertación, durante dieciséis años, ha buscado la manera de armonizar el crecimiento económico con inversión social. Hemos sido muy cuidadosos y responsables frente a tantos desafíos y carencias. Lo importante es avanzar en el camino de la seguridad social. Tenemos el compromiso de nuestra Presidenta -confirmado hoy por la ministra de Planificación, de lo cual nos alegramos- de cambiar el instrumento que selecciona a los potenciales beneficiarios de programas sociales. Todos estamos de acuerdo en que la ficha CAS no sirve y que debemos buscar un instrumento que mida ingresos y no determinados bienes adquiridos durante muchos años. También estamos de acuerdo en la importancia de esta discusión. Es necesario recordar que los candidatos hablaron sobre justicia social durante la campaña presidencial. Por ejemplo, Sebastián Piñera se comprometió a mantener el IVA en 19 por ciento, aunque no nos gusta como tipo de tributo, porque tiene características regresivas. Hemos dicho que apoyaremos esta iniciativa, ya que es uno de varios proyectos importantes para el país, sobre todo para los más postergados. No se trata sólo del aumento extraordinario de las pensiones, de la cobertura de las pasis o de terminar con las listas de espera y llegar a 25 mil adicionales, sino que, como aquí se ha señalado, vamos a aumentar la cobertura para 20 mil niños en la educación preescolar, se va a aumentar la dotación policial en 1.500 nuevos efectivos, que era otro compromiso hecho en la campaña presidencial. Es decir, se están dando los pasos necesarios para formar una verdadera red de protección social, que es algo que callan los diputados de oposición. Debo señalar que el gasto en pensiones mínimas garantizadas por el Estado, en las Pasis, en las pensiones administradas por el INP, en las pensiones de las Fuerzas Armadas o en el pago del bono de reconocimiento representó nada menos que un 6,64 por ciento del PIB en 2004. Asimismo, las pensiones mínimas garantizadas por el Estado han aumentado porque mucha gente no tiene cobertura. Por lo tanto, vamos a aprobar el proyecto, porque nos preocupa la vejez, el desempleo y la exclusión. Esperamos que nuestros colegas de oposición estén disponibles para seguir discutiendo seriamente el tema tributario. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, a 24 días de que Michelle Bachelet asumiera la presidencia de la República ingresó a la Cámara de Diputados este proyecto de ley, que forma parte de las 36 medidas propuestas en su campaña presidencial. Esto significa el comienzo de un sistema de protección social solidario, eficiente e integral. No es una casualidad que la iniciativa aumente las pensiones mínimas. El 90 por ciento de las pensiones del INP se verán incrementadas con este reajuste, lo que beneficia a más de 1 millón 200 mil chilenas y chilenos, que tanto lo necesitan. Hay cosas importantes que destacar de la iniciativa. Por ejemplo, por primera vez el Estado va a garantizar una pensión mínima que superará los 100 mil pesos para mayores de 75 años. Además, aumenta el monto de las Pasis, establece el acceso automático a la pensión asistencial a una cantidad no menor de 25 mil personas. Ahora bien, si no se aprueba el artículo 7° del proyecto, el porcentaje del IVA bajaría del 19 por ciento al 18 por ciento, a contar del 1 de enero de 2007. Es necesario recordar que se aumentó el IVA al 19 por ciento, porque no hubo acuerdo para aprobar los impuestos específicos que financiaban el plan Auge. El plan Auge cubrió 25 patologías en 2005, este año cubrirá 40 y el próximo, 56. ¿Cuál es la realidad del plan Auge? Terminó con el calvario de familias enteras que quedaban endeudadas por enfermedades catastróficas. Por ejemplo, en el hospital clínico regional de Concepción se dio cuenta la semana pasada de que Fonasa hizo un aporte de 3 mil millones de pesos en 2005 para subvencionar y financiar la atención de enfermedades catastróficas cubiertas por el plan Auge. Quiero hacer una consulta en esta Sala a los 120 parlamentarios elegidos a través del voto popular: ¿Queremos que el plan Auge no tenga financiamiento permanente en el futuro? Soy partidario de aprobar el artículo 7º, porque eso permitirá aumentar en 1.500 la dotación de carabineros por año hasta completar un total de 6 mil, contar con mayor infraestructura y más seguridad, lo que todo el mundo está solicitando. Además, se podrá aumentar la cobertura de enseñanza prebásica, para que no se siga discriminando en favor de quienes tienen acceso a ella, ya que esos niños tendrán un mejor desarrollo humano, personal y profesional en el futuro. Asimismo, se deben cumplir las 36 medidas anunciadas, entre las que destaca el tema previsional como el más importante, respecto del cual se ha fijado un plazo para formular proposiciones. Se dice que esto es un cheque en blanco, pero se olvidan de que debemos tramitar el proyecto de ley de Presupuestos de 2007, que ingresará al Congreso en septiembre próximo, momento en el cual todos tendremos la posibilidad de discutir las partidas y las glosas presupuestarias correspondientes, las que significarán una vida más digna para más de 2 millones de chilenas y de chilenos. Por otra parte, debo señalar que aquí se está coartando la posibilidad de discutir esta prórroga. En consecuencia, votaremos favorablemente el proyecto de ley, que beneficia a una inmensa mayoría de chilenas y de chilenos. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero. El señor MELERO.- Señor Presidente, no pretendo insistir en los argumentos que se han dado en favor de la justicia que tiene el aumento de las pensiones mínimas y asistenciales, sino que quiero referirme a la historia, consecuencia y credibilidad que tiene el mantenimiento del IVA en el 19 por ciento. Recordemos que el aumento del IVA surgió porque el gobierno del entonces Presidente Lagos planteó la necesidad de financiar la reforma de la salud, que comprendía el plan Auge, y el sistema de protección Chile Solidario con un paquete de impuestos que, en su idea original, contemplaba el aumento de las tasas aplicables al tabaco, a los alcoholes, al IVA, al diésel y a una serie de otros artículos, lo que no prosperó en el honorable Senado, con excepción del aumento del IVA. En la mañana estuve en la biblioteca del Congreso, con el fin de refrescar la memoria colectiva sobre lo que dijo el entonces Presidente Ricardo Lagos en el mensaje con que ingresó ese proyecto al Congreso, que señalaba lo siguiente: “Para materializar este esfuerzo, se propone un moderado incremento transitorio de un punto porcentual en la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA), escalonado en dos etapas.” Más adelante agregaba: “El proyecto de Ley que someto a vuestra consideración consagrará explícitamente la transitoriedad del alza del IVA, definiendo el retorno de la tasa de este impuesto a su nivel actual en 2007”. Esto fue firmado por Ricardo Lagos Escobar, Presidente de la República, el 11 de junio de 2003. El diputado señor Lorenzini, Presidente de la Comisión de Hacienda, al informar de este proyecto en la Sala, en la sesión 9ª, celebrada el miércoles 18 de junio de 2003, señaló: “En primer lugar, un alza del IVA de medio punto en septiembre de este año y de otro medio punto en marzo del próximo, pero en forma transitoria, por tres años, medida que terminará el 31 de diciembre de 2006, a diferencia de otras alzas anteriores, en que el Presidente de la República -quienquiera que sea el 2007- está facultado por ley para prorrogarlas. En este caso, queda expresamente establecido que este aumento termina el 31 de diciembre de 2006, y cualquier modificación del 19 por ciento deberá ser por ley. De manera que se sube parcialmente el IVA en dos medios puntos separados por seis meses.” Ésos fueron los antecedentes con los cuales ese proyecto se votó en la Cámara de Diputados y en el Senado; ésos fueron los elementos que tuvieron a la vista los diputados de la Concertación que aprobaron el alza del IVA en ese minuto. La esencia del compromiso de gobierno de la Concertación fue establecer la transitoriedad del alza de ese impuesto. ¿Habrían votado de la misma forma los diputados de la Concertación si el Presidente Ricardo Lagos les hubiera dicho que ese aumento era permanente? Sin embargo, ahora nos cambian las reglas del juego, con lo que se pone en duda la credibilidad de la autoridad pública y del Congreso Nacional. He escuchado a los diputados señores Aguiló, Alinco y Tuma señalar que aprobar este proyecto es un compromiso de lealtad hacia la Presidenta Bachelet, quien anunció durante el desarrollo de su campaña presidencial que el otorgamiento de este beneficio estaba contemplado en su programa de Gobierno. El diputado Alinco dijo: “La compañera Bachelet ha prometido esto y vamos a cumplir”. ¿Y qué pasa con lo que expresó el compañero Lagos, de que el aumento del IVA era transitorio? ¿Eso no existe? En definitiva, un gobierno de la Concertación, encabezado por una Presidenta socialista le enmienda la plana al anterior, dirigido por el entonces Presidente Ricardo Lagos, también socialista. ¿Con qué compañero nos quedamos? ¿Con el que le afirma al Congreso Nacional que el aumento del IVA es transitorio o con la compañera Bachelet, que dice que es definitivo? Ésa es la disyuntiva. Los veo acongojados, queridos colegas. ¿Irán a sus distritos la próxima semana y les dirán a sus electores: “Vengo contento porque voté para subirles el IVA”? Díganles la verdad: “Voté para incrementar en un 10 por ciento sus pensiones, pero también para subirles el IVA, porque soy consecuente con la Presidenta Bachelet, no con el entonces Presidente Lagos.” Este tema pone en jaque la credibilidad del Ejecutivo frente al Congreso Nacional. ¿Podemos creer a futuro cuando la autoridad de gobierno nos diga algo así? Yo no le creeré más -perdónenme que lo diga-, al menos en temas tributarios. Tienen el chanchito lleno y quieren seguir llenándolo. Están repletos de recursos; el precio del cobre nos sorprende todos los días y nos aporta más plata. Dijeron que el aumento del IVA era necesario porque caían las recaudaciones por aranceles. Sin embargo, ahora vuelven a aumentarlo. La credibilidad del Congreso Nacional y la del compañero Lagos han sido cuestionadas por la compañera Bachelet y los diputados de la Concertación han avalado ese cuestionamiento. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg. El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señor Presidente, molesta enfrentarse a un proyecto de esta naturaleza, porque algunos diputados de la Concertación y el Gobierno han hecho un gran esfuerzo por presentarlo en forma muy distinta a lo que realmente es. En concreto, aquí hay dos proyectos distintos: uno, que sube el IVA a partir de 2007, y otro, que establece reajustes a las pensiones. El Gobierno ha dicho que están vinculados, que el alza de impuestos es para financiar las nuevas pensiones asistenciales, el acceso automático y los reajustes. Sin embargo, no hay cifra que pueda respaldar esa aseveración, porque el costo total de lo que hoy se está presentando no es ni un tercio de lo que en un año va a recaudar el Gobierno con esta alza del IVA. El costo de esos beneficios asciende a 180 millones de dólares y el Gobierno va a recaudar 600 millones de dólares. Y no estoy considerando los 300 millones de dólares que heredó esta administración de la anterior. En el punto 4 del plan 100 días a que se comprometió la candidata Michelle Bachelet, que muchos dicen honrar aquí, se establece que con esos 300 millones de dólares de libre disponibilidad se reajustarán las pensiones, pero no se menciona que para ello se aumentará el IVA. Sin embargo, parece que todo eso se olvidó, pues se señala que hay que subir el IVA para reajustar las pensiones. El ministro ha justificado esto diciendo que se tiene que subir el IVA a partir de 2007 para cuando falte plata más adelante, pues se trata de un beneficio permanente. Yo le digo al señor ministro que no se preocupe, porque dicho reajuste está financiado para los años 2006 y 2007. Entonces, analicemos la necesidad de incrementar el IVA a fines del próximo año, cuando discutamos el presupuesto de 2008. Me parece absurdo subirlo hoy, en una iniciativa con urgencia calificada de discusión inmediata, cosa que nunca antes se había hecho. El proyecto también se refiere al acceso automático a las pensiones. Recuerdo lo que se decía durante la campaña: las personas que no tengan acceso a una pensión o no reciban subsidio podrán tener acceso automático a esos beneficios al cumplir 65 años. Sin embargo, el proyecto no dice nada respecto de quiénes van a recibirlo y qué requisitos tendrán que cumplir. Todo lo remite a un reglamento. Por ello, me gustaría que en esta Sala no se votara sin que el ministro diga cuántos serán los beneficiados y qué puntaje se va a exigir para acceder a las pensiones asistenciales. El único dato que nos dieron en la Comisión es que se va a beneficiar a 25 mil personas, por ende, se trata de 25 mil nuevas pensiones. Pero si analizamos la ficha Casen, se puede constatar que en el primer quintil, el más pobre de Chile, figuran 45 mil personas de 65 años que no reciben ni una sola pensión. O sea, estamos anunciando un acceso automático que no cubrirá ni siquiera la mitad del quintil más pobre del país. Además, no he sabido de ningún parlamentario que no critique el sistema de la ficha CAS. Se ha dicho que es malo, discriminatorio e injusto. La Concertación ha tenido la oportunidad de modificarlo desde hace tres años y no lo ha hecho. Sin embargo, la gran reforma tributaria que mejorará las pensiones de tanta gente se hará a través de un método que todos calificamos de injusto. Me parece poco serio. Lo que más molesta es que con este proyecto el erario está recibiendo en sus arcas mucho más de lo que el Estado va a entregar. Probablemente, si fuera cierto lo que aquí se ha dicho, en el sentido de que con estas platas se van a reajustar las pensiones, éstas debieron ser reajustadas en 30 por ciento. Sin embargo, apenas se incrementarán en 10. Entonces, alguien va a tener que explicar por qué en un país que tiene un superávit histórico se siguen subiendo los impuestos. En verdad, hoy se ha elegido aumentar el peor de los impuestos, el que más daña a la gente de escasos recursos. Respaldamos el reajuste de las pensiones y exigimos que ojalá sea lo más preciso posible y que en otra oportunidad no se obligue a la Cámara a aprobar una reforma tributaria de esta magnitud en un proyecto con urgencia calificada de discusión inmediata, menos cuando no se dice claramente en qué se van a gastar los recursos. Por eso, votaremos en contra la disposición referida al tema tributario. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Marco Antonio Núñez. El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, quiero manifestar mi satisfacción y alegría por el debate de este proyecto y porque en pocos momentos vamos a hacer historia respecto del establecimiento de políticas públicas correctas en nuestro país. Me gustaría que, particularmente los diputados de la Derecha, analizaran el contexto socioeconómico en que estamos aumentando las pensiones asistenciales y mínimas. Chile tiene un perfil socioeconómico único en el mundo. Actualmente tenemos un ingreso per cápita anual de alrededor de 6 mil dólares, equivalente a los de Hungría y de Polonia en la actualidad y a los de España hace 15 años y de Portugal hace 10 años. Pero, en términos de equidad, tenemos niveles de países africanos. ¿Qué hemos hecho desde 1990 para cambiar esta realidad de inequidad? Focalizar por la vía de políticas públicas, como la jornada escolar completa en educación, el subsidio vivienda social dinámica sin deuda, la protección social asociada a la salud, con un costo conocido, y la gratuidad en las patologías Auge de la reforma de la salud. ¿Qué nos queda por hacer? Favorecer directamente el bolsillo de los más pobres, aumentando las pensiones mínimas y asistenciales. Éste es el reajuste de pensiones más alto desde 1990. En promedio, aumentaron en 6 por ciento en el sexenio del Presidente Frei y en 9 por ciento en el del Presidente Lagos. Ahora, a pocos días de asumir la Presidenta Michelle Bachelet, ya hay un proyecto para aumentarlas en 10 por ciento, que, espero, será aprobado. Pero la crítica de la Derecha, de los diputados Melero y Dittborn, tiene que ver fundamentalmente con la mantención de una tasa del IVA de 19 por ciento. ¿Cuándo fallan las políticas públicas? Entre otras cosas, cuando, además de la burocracia o la incapacidad del diseño, existen mandatos no financiados. Sin embargo, aquí hay una propuesta responsable que permite financiar, en el largo plazo, el aumento de pensiones. Por el contrario, hay ejemplos que grafican cuando se legisla mal y hay mandatos no financiados. Hace años, el Congreso votó el derecho de todos los chilenos a recibir atención de urgencia sin tener que presentar un cheque en garantía. Pues bien, después de años de evaluar esa ley, vemos que parte importante del endeudamiento de los servicios de salud tiene que ver con la incapacidad de financiarla en el largo plazo. Pero no es el caso del reajuste de las pensiones, existe superávit fiscal, que nos coloca como una sociedad de ingresos medios que, con disciplina y solidaridad, es capaz de acordarse de los más pobres, de los adultos mayores y de cubrir una deuda histórica. Por último, hay un compromiso político que debemos honrar. En este sentido, Michelle Bachelet se convirtió en Presidenta de Chile sosteniendo que el IVA se mantendría en las actuales tasas para financiar éste y otros proyectos sociales. Por eso, se ganó la confianza de la mayoría de los chilenos. Quiero pedir que revisemos la planificación efectuada por el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuestos y la Superintendencia de Seguridad Social respecto del impacto que tendrá en los quintiles más bajos -quinto y cuarto- la recaudación del 19 por ciento del IVA. Por lo tanto, anuncio que con orgullo vamos a colaborar con nuestro voto favorable al proyecto de ley, porque va al fondo de un país que crece y se consolida como una sociedad que alcanzará el desarrollo en el mediano plazo y que lo hará, además, con políticas públicas focalizadas, solidarias y capaces de revertir la inequidad enorme en los ingresos de las personas. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Carlos Montes. El señor MONTES.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero aclarar a los diputados Dittborn y Galilea, que dijeron que el informe no tuvo la objetividad habitual, que no existe informe de la Comisión de Hacienda, sólo un certificado de la secretaría. En segundo lugar, que en la Comisión no hubo indicaciones; sólo se hizo un debate general. Al comienzo del informe señalé que presentaría el debate de la Comisión sobre los tres ejes que se consideraron, a saber, el reajuste, las pensiones asistenciales y el IVA. La objetividad tiene que ver con el desarrollo del debate, y éste dejó claro que hubo posiciones del Ejecutivo, de los diputados de Gobierno y de la Oposición. Traté de expresar esta cuestión, sin tener el informe, del modo más fiel posible. Aquí no nos podemos engañar, pues hay una historia en la cual la Derecha, particularmente la UDI, ha estado permanentemente en contra de abrir un debate real y a fondo sobre el tema tributario. Por ejemplo, hace poco votó en contra de la idea de legislar sobre la revisión de la franquicia tributaria a la construcción. Aquí hay acuerdo unánime respecto del reajuste de pensiones y de garantizar el derecho a la pensión asistencial. Toda la discusión está centrada en el financiamiento y, en consecuencia, en el tema tributario. Algunos no quieren que haya financiamiento en el proyecto -lo que parece inconsistente-, porque estaría considerado en el Tesoro Público. Pero la pregunta de rigor es cómo se financiará los años posteriores, ya que es propio de una iniciativa de ley de estas características considerar un período más largo. Se dice también que hay cheque en blanco, pero esto es para 2007 y, por tanto, en el Presupuesto para ese año habrá que ver cómo se asignarán los 600 millones de dólares por concepto de ingresos fiscales que se mantienen del IVA a los distintos programas. Por lo tanto, no hay cheque en blanco. Otros señalan que el IVA no es la mejor fuente de financiamiento y preferirían otra. Muchos estamos de acuerdo en eso. El IVA no es lo mejor; tiene problemas de regresividad, pero es lo que tenemos hoy, porque no se trata de aplicar un nuevo impuesto; tiene un efecto de corto plazo y por eso todos los candidatos a la Presidencia de la República lo plantearon como algo que había que mantener porque estaba operando, tenía resultados en el corto plazo y permitía financiar en el corto plazo. Es algo de Perogrullo. Pero luego de escuchar algunas intervenciones, queda claro que el debate real no es sobre este proyecto. En su minuto, los candidatos a la Presidencia de la República plantearon muchas reformas sociales de envergadura: incorporación de patologías en el Plan Auge, las salas cunas, seguridad ciudadana, etcétera, lo que requería financiamiento, que proviene del crecimiento económico, de modificaciones tributarias de distinta naturaleza. Sin duda, necesitamos una reforma previsional de envergadura, que también requiere gran financiamiento. Además, se dice que la actual estructura tributaria y de cargas públicas es injusta para los sectores más pobres y medios, porque a estos últimos se les cargaron 200 mil millones de pesos por concepto de financiamiento compartido en educación. En consecuencia, tenemos que hacer una revisión de todo esto. Propongo la creación de una comisión destinada a evaluar a fondo la reforma tributaria, para reequilibrar impuestos directos con indirectos, para revisar las franquicias, para hacer un trabajo serio que nos permita acompañar la reflexión que seguramente hará el Ejecutivo. Ello sería consistente de acuerdo con el debate, que no ha versado sobre el proyecto, sino fundamentalmente sobre la estructura tributaria y la necesidad de tener algo más justo para los sectores medios y de bajos ingresos. Termino mi intervención complementando el informe de la Comisión de Hacienda. Algunos diputados me preguntaron un dato que no estaba contenido en el informe: ¿Qué pasa con la gente del sistema de AFP? Hay 71.063 pensionados que hoy tienen garantía estatal, 37.100 por retiro programado; 29.600 por renta vitalicia y 4.302 por un seguro. En febrero, ello significó al Estado 3.733 millones de pago en garantía estatal. En el proyecto se contemplan 400 millones de pesos adicionales para reajuste. Habrá 15 mil personas pertenecientes al sistema de AFP a quienes se les terminarán las rentas vitalicias. Ahí debe comenzar a operar la garantía estatal. Este proyecto también beneficia a quienes les disminuye la renta vitalicia. Primero tendrán que recurrir al complemento y después a la garantía estatal. La iniciativa es importante para un gran segmento de personas -cerca de 106 mil- que pertenecen al sistema de AFP, porque les permitirá incrementar la base de sus ingresos. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Pérez. El señor PÉREZ.- Señor Presidente, este primer proyecto enviado al Congreso por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, a pocas semanas de haber asumido el cargo, es tremendamente importante. Es un proyecto emblemático y apunta a resolver los problemas de la gente de más escasos recursos. Por consiguiente, los diputados de la Concertación estamos dando cumplimiento al compromiso contraído con la gente de nuestros distritos, que en forma permanente nos plantea sus preocupaciones, inquietudes y necesidades como, por ejemplo, el drama que vivieron en el pasado al perder un reajuste de 10 por ciento. Asimismo, se dice que hay personas que tienen derecho a salud gratis por razones de edad, pero no es tan así, porque se les está haciendo un descuento por dicho concepto de 7 por ciento. Ojalá en un futuro no muy lejano podamos bajar ese descuento en 3 ó 4 por ciento y en una segunda etapa eliminarlo, porque no tiene ningún sentido hacer un descuento por concepto de salud a aquellas personas que durante toda su vida cotizaron para que se les atendiera en la etapa final de sus vidas. Este proyecto social apunta a mejorar las pensiones más bajas, las pensiones asistenciales y a aumentar notablemente el número de quienes puedan acceder al beneficio. En lo sucesivo, quienes califiquen con el sistema de medición que se establezca, que se mejorará en relación con el que actualmente existe, la ficha CAS, que es sumamente injusta, accederán automáticamente a la pensión asistencial. De las 7 mil pensiones que hoy se pagan a lo largo del país, llegaremos a una cifra cercana a las 30 mil. De manera que cuando se dice que vamos a mantener -no a subir- el IVA que hoy tenemos, es para enfrentar o resolver problemas tan importantes como los que estamos discutiendo, que tienen un costo, por cuanto es necesario saber de dónde saldrán los recursos. Por eso, el IVA se mantendrá en 19 por ciento. Por ello, quiero pedir a nuestros colegas de la Oposición que no anden con medios días, sino con días completos. No podemos decir que algo nos gusta o que estamos de acuerdo, pero que ocurre tal cosa. La palabra “pero” se emplea cuando no se quiere encontrar lo positivo en un proyecto como éste. Debemos recordar que, desde 1974 -año del cual hacen gratos recuerdos los colegas de la Oposición-, hasta 1987, el IVA se mantuvo en 20 por ciento y nunca nadie hizo crítica alguna sobre el particular ni se nos dijo qué se iba a hacer con esos recursos. Hoy se ha descubierto que no fueron muy bien empleados. Pero, ahora, cuando decimos que el IVA se mantendrá en 19 por ciento, es para satisfacer necesidades sociales como el reajuste a las pensiones asistenciales más bajas, el aumento de la dotación de carabineros y la mantención de ochocientas nuevas salas cunas. Espero que en un futuro no muy lejano podamos eliminar esos impuestos, que afectan a las personas de más escasos recursos. Ojalá el país esté en condiciones de hacerlo, porque seríamos los primeros en aprobar una iniciativa de esa naturaleza, que es de plena justicia. Pero hoy debemos trabajar con las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Por lo tanto, los radicales apoyaremos con fuerza y entusiasmo este proyecto, el cual resuelve los problemas de nuestros compatriotas de más escasos recursos. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Saffirio. El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, creo que hay unanimidad en esta Cámara en el tema del reajuste de pensiones y no podría ser de otra manera. Sin embargo, el debate demuestra que, tras ese aparente consenso, hay una diferencia muy sustantiva entre la manera en que la Concertación y la Oposición abordan el tema. Hoy, la Derecha está en un proceso de psicoanálisis para entender por qué ha perdido cuatro elecciones presidenciales consecutivas. Como un aporte a De la Maza y a otros dirigentes de la Derecha, debo reconocer que, a diferencia de otros países de América Latina, un tema clave es que el país todavía tiene una densidad cívica que le permite distinguir muy bien las propuestas serias del simple populismo, que es una enfermedad que cruza transversalmente todas las ideologías políticas. Hay populismo de Izquierda, de Centro y de Derecha. Estamos frente a un ejemplo muy claro de lo que la ciudadanía repudia. Por eso, la Concertación ha contado con el apoyo mayoritario durante todo este período de recuperación democrática. Queremos más caminos, más subsidios para los pueblos degradados, más becas, la incorporación de más enfermedades al plan Auge, el mejoramiento de las pensiones, el aumento de la dotación de carabineros, en definitiva, resolver los déficit que tiene esta sociedad. Pero para ello se requieren recursos, no es creíble en ningún lugar del mundo decir que vamos a hacer todo esto y, además, que bajaremos los impuestos. En Estados Unidos, el ex presidente Reagan prometió bajar los impuestos y aumentar el gasto público, no para hacer política social, porque su gobierno representaba a la extrema derecha, sino para aumentar el gasto militar. ¿Cuál fue el resultado? El inicio de una carrera armamentista y un déficit fiscal del que todavía no salen, a pesar de que durante la administración de Clinton se redujo bastante. En Chile, una mayoría dura, un 55 por ciento de los votantes, se da cuenta de que detrás de las propuestas de la Derecha no hay seriedad, sino populismo. El diputado Melero habló del “compañero Lagos”, de la “compañera Bachelet”, pero quiero recordarle que el “compañero Piñera” y el “compañero Lavín” también dijeron que iban a mantener el IVA en 19 por ciento. La diferencia entre la coalición de Oposición y la de Gobierno es que nosotros respaldamos a nuestros gobiernos. La Presidenta Bachelet se comprometió con un programa de Gobierno. El pueblo en democracia votó un mandato y un programa que establecía que el IVA se iba a mantener, porque no hay certeza de poder financiar los 6 mil millones de dólares que significa el programa de gobierno con sus nuevas medidas de protección social sin los 1860 millones de dólares que significa un punto de IVA el 2007, 2008 y 2009 -620 millones de dólares por año-. El país votó ese programa en forma transparente; la Presidenta quiere aplicarlo y los parlamentarios de la Concertación la apoyaremos, porque entendemos que el pueblo, informadamente, en los debates democráticos y en la elección, así lo ratificó. Pero ha surgido un tema de fondo. Aquí quiero cobrarle la palabra a la Derecha. Tenemos una estructura tributaria injusta, que se ha mantenido por razones que no es posible analizar en este momento y por una conducta permanente de la Oposición que busca evitar un avance en el programa de gobierno. Por ejemplo, nos interesa revisar las franquicias, las exenciones. Quisiera contar con los votos de la Derecha para terminar con los impuestos indirectos, porque son complejos y obligan a hacer todo un juego de políticas públicas, a fin de que lo regresivo en la recaudación no tenga un efecto contrario en la distribución. Pero eso significa apoyar el alza de otros impuestos para compensar. Ahí veremos si hay seriedad, consistencia y si queremos avanzar hacia una sociedad más igualitaria, con menos pobres, o si se trata simplemente de demagogia. Además, hay otros cambios que se proponen en el programa de gobierno para ayudar a que los mercados funcionen de manera adecuada, a que haya equidad y a que se termine con conductas oligopólicas o monopólicas que van en desmedro de los consumidores. Hay otras medidas vinculadas a la protección del mundo del trabajo que suponen la entrega de recursos para fiscalizar su cumplimiento. Me gustaría que todo lo que se dice en las campañas y en esta Sala, acerca de que aspirar a una sociedad más justa, más igualitaria, con menos desigualdades, tenga más coherencia y no sea sólo retórica, demagogia. Para eso es necesario entregar los medios al Estado, a través de un cambio en la estructura tributaria -en ese sentido, me parece buena la propuesta del diputado Montes- para que sea creíble, porque eso permitirá saber si la Derecha puede ser alternativa de Gobierno en el futuro, si lo que dice es serio, consistente, o es sólo un artilugio electoral para ganar votos. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- ¿Habría acuerdo para prorrogar la sesión hasta las 15.00? Acordado. Tiene la palabra la diputada señora Marta Isasi. La señora ISASI (doña Marta).- Señor Presidente, estamos dando un gran paso, un paso histórico para las familias chilenas en lo que dice relación con las pensiones asistenciales. Sin embargo, me preocupa sobre manera que pretendamos reajustar en 10 por ciento las pensiones más bajas -ojalá hubiera sido más, porque una familia no puede vivir con 40 mil pesos, que es el monto de una pensión asistencial-, sin fijarnos en el instrumento que se utiliza para seleccionar las personas que pueden acceder a ellas. Me refiero a la famosa ficha CAS o ficha familiar, como se le llama ahora. Me preocupa tremendamente esta situación, ya que dicho instrumento mide pobreza absoluta, esto es, el acceso a bienes, y no la pobreza relativa, como debería ser en un país que crece al 6 por ciento, aunque ese crecimiento no llega a los más pobres ni a la clase media. Lo que se debe medir es el acceso real a la salud, a la vivienda, a la educación, a las pensiones asistenciales. Voy a poner como ejemplo los subsidios habitacionales o los fondos solidarios concursables. Hay muchas personas que para acceder a esos beneficios se ven en la necesidad de mentir, ya que de lo contrario superarían el puntaje máximo exigido para postular. Estamos por aprobar una iniciativa fantástica, pues reajusta las pensiones más bajas en 10 por ciento. Me parece excelente y creo que todos los parlamentarios presentes debemos aprobarla, pues sería una forma de dar cumplimiento al compromiso con la gente de nuestros distritos. No obstante, no me parece adecuado que se siga aplicando la ficha CAS, instrumento que considero perverso. ¡Cómo es posible que por haber aprobado cuarto medio a la gente le suba el puntaje a tales niveles que le impide acceder a estos subsidios del Estado! ¡Cómo es posible que miles de chilenas y chilenos deban mentir para acceder a una solución habitacional o a las prestaciones de salud! ¡Cómo es posible que en 2006, por tener un refrigerador -en mi distrito está la zona franca de Iquique, así que la mayoría de las familias cuentan con refrigerador, aunque sea usado-, no se pueda acceder a la ayuda del Estado! ¡Qué sacan con tener refrigerador si están cesantes y no tienen con qué llenarlo! Sin embargo, ese artefacto doméstico les sube tanto el puntaje en la ficha CAS que no tienen posibilidades de acceder a una solución habitacional, a prestaciones de salud, a las pensiones asistenciales, entre otros beneficios. En consecuencia, considero que es tiempo de que nos pongamos las pilas y trabajemos como corresponde. ¡Cambiemos la ficha CAS! Que no quede, como le he escuchado a todos los que han intervenido, algo que está malo. Hace mucho tiempo que vengo escuchando a gente que denuncia este problema, sin que hasta ahora se haya hecho nada. Hagamos las cosas como se debe y cambiemos la ficha CAS o ficha familiar, como se le llama hoy. Quiero recordarle a la Sala que actualmente todos los chilenos pueden cursar la enseñanza media completa, ya que los liceos municipalizados entregan educación gratuita. Por lo tanto, no castiguemos a las personas por educarse. Por otra parte, veo que el 10 por ciento en que se pretende incrementar las pensiones ya está financiado; existen los recursos para hacerlo. En consecuencia, no veo por qué hay que ligar la aprobación de la iniciativa con aspectos tributarios. Son temas independientes. No podemos mezclar peras con manzanas. Si están los recursos para reajustar las pensiones en 10 por ciento, debemos aprobar la iniciativa, pero no podemos aprobar un alza del IVA, porque eso perjudicaría a las familias de escasos recursos y de clase media. He dicho. -Aplausos. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni. El señor CERONI.- Señor Presidente, cuando uno escucha la discusión, no puede dejar de lamentar que la Oposición haya centrado el debate fundamentalmente en la mantención del IVA en 19 por ciento. No hay duda de que existen muchas razonas para mantenerlo. Sin embargo, ello empaña la profunda significación social de este proyecto, tan anhelado por la gente más sencilla y vulnerable de nuestra población como son los ancianos. Obviamente, hay que destacarlo en esa medida. Todos estamos de acuerdo en que debemos mejorar el sistema de selección mediante la ficha CAS. El Gobierno tiene que abocarse a eso, porque es cierto que son muchas las personas que quedan excluidas, debido a que no son consideradas pobres porque tienen cuarto medio o porque poseen una casa. Eso hay que solucionarlo. Esta iniciativa está demostrando que durante la última campaña el Gobierno no recurrió a estos temas simplemente para captar votos; los dio a conocer porque realmente creía que son fundamentales para solucionar los problemas de la gente más desprotegida. Por eso, se van a seguir implementando otras medidas. Es lo que quiere la Presidenta Michelle Bachelet y, sin duda, la vamos a acompañar en eso. Aquí hay una cuestión que no podemos desconocer, y todos debemos trabajar para corregirla: que estamos ante un sistema económico profundamente injusto. Pero no es algo que podamos cambiar por ley; es el sistema que tenemos y debemos encararlo, pero con medidas de Gobierno que permitan ir acortando la profunda brecha de desigualdades que ha generado. ¿Y cómo se consigue acortar esta brecha? Con las medidas que adopte el Gobierno para solucionar los problemas sociales existentes: aumentar la cobertura de patologías del plan Auge, más créditos universitarios, más salas cunas, más programas de trabajo. El Gobierno tiene que adoptar estas medidas para enfrentar la profunda desigualdad que ha creado este sistema económico. Todos lo sabemos, y para eso se necesitan muchos recursos. Le pregunto a la Derecha, ¿acaso pretende que sólo con el alza del precio del cobre se implementen las medidas necesarias para enfrentar las profundas desigualdades generadas por el sistema? Obviamente, desde el punto de vista económico, sería una brutalidad pretender tal cosa, y los que son economistas lo saben muy bien. Necesitamos más recursos, y para enfrentar el problema de las pensiones, por ahora, debemos mantener el IVA en 19 por ciento. Estoy de cuerdo con lo que se ha dicho aquí, en cuanto a que no es un sistema muy grato; pero una discusión más profunda y serena, entre todos, Oposición y Concertación, podría conducir a una profunda y adecuada reforma del sistema tributario. Una vez que lleguemos a ese acuerdo, sin duda, podremos lograr que el IVA baje nuevamente. Es algo que tenemos que hacer entre todos, porque lo que queremos es que la gente que tiene menos pueda acceder a mejores oportunidades y que el Gobierno cuente con las herramientas necesarias para lograr ese objetivo. Si esperamos que el sistema económico le dé una solución, creo que pasarán muchas generaciones antes de que ello ocurra. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia. El señor URRUTIA.- Señor Presidente, ante todo, quiero responder a algunos parlamentarios de Izquierda que han hecho alusión a palabras dichas por el candidato presidencial Sebastián Piñera durante su campaña, según las cuales se habría comprometido a mantener el IVA. Efectivamente fue así, se comprometió a mantenerlo, pero nunca a subirlo. Lo que se está haciendo ahora es precisamente subirlo, y no mantenerlo, como aquí se ha querido hacer creer. En sus intervenciones, he notado que todos están muy contentos con este reajuste que se va aplicar a las pensiones, pero yo no puedo dejar de expresar mi profunda decepción por el porcentaje en que se aumenta, porque lo considero miserable, no acorde con las reales necesidades de los adultos mayores. Me gustaría saber si alguien en esta Sala le ha preguntado a algún adulto mayor si está contento con este reajuste que se les va a otorgar a través de este proyecto de ley. Por lo demás, no es del 10 por ciento, como se dice en el papel, porque hay que considerar que el IPC acumulado en el último año fue de 4 por ciento, a lo que hay que agregar el 1 por ciento en que quieren subir del IVA. Por lo tanto, el reajuste que se les va a entregar a los pensionados no es del 10 por ciento, sino que es un 5 por ciento real; no es más que eso. Por otra parte, los recursos que se necesitan para financiar este proyecto alcanzan a los 180 millones de dólares, en circunstancias de que la mantención del IVA rendirá 600 millones de dólares. ¿No habría sido más lógico destinar esos 600 millones de dólares reajustar las pensiones de los adultos mayores? Ello habría significado un poco más del 30 por ciento; más o menos lo que ellos pretenden: que sus pensiones sean equivalentes al sueldo mínimo. ¡Esas son las pretensiones de los adultos mayores, y no esta porquería que les están dando a través de este proyecto! Esa es la verdad. Una cosa más. A quienes han hablado sin parar del famoso programa presidencial del gobierno de Michelle Bachelet les puedo decir que si la candidata no hubiera actuado con demagogia como lo hizo en la campaña, y hubiera dicho que iba a subir en un 5 por ciento real las pensiones, les aseguro que habría perdido la elección. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado señor Renán Fuentealba. El señor FUENTEALBA.- Señor Presidente, quiero sumarme a los aplausos que este proyecto ha recibido, lo que demuestra, una vez más, la seriedad con que los gobiernos de la Concertación enfrentan los problemas sociales y, sobre todo, cómo cumplen los compromisos que todos asumimos durante la campaña. Valoramos este esfuerzo financiero del Gobierno para beneficiar a un segmento de ciudadanos y ciudadanas de muy escasos recursos que habían esperado durante mucho tiempo estos mejoramientos. Asimismo, reconocemos los esfuerzos que han hecho los distintos gobiernos de la Concertación por mejorar la salud y la educación, por dar igualdad de oportunidades a miles de chilenos. Sin embargo, también debemos reconocer que falta mucho por avanzar. Ojalá que este reajuste sea el principio de una atención preferente y continua del Gobierno hacia estos pensionados, y que al finalizar estos cuatro años las pensiones se acerquen lo más posible a un salario mínimo. Los democratacristianos hemos expresado reiteradamente nuestra decidida intención de modificar la actual distribución de la riqueza. Especialmente, debemos y queremos devolver a la clase media su protagonismo en el desarrollo del país, beneficiarnos con su participación y compensar su sacrificio y austeridad. Esta rectificación del modelo pasa, ciertamente, por elevar el monto de las pensiones, pero también por considerar ciertos beneficios por la vía tributaria. Por ejemplo, devolución de gastos educacionales, mayores becas para estudios básicos, medios y universitarios para hijos de hogares con ingresos inferiores a un millón de pesos; condonación de deudas a pequeños agricultores, incentivos y beneficios para jefas de hogar, incentivos para el desarrollo de las Pymes y ampliación del número de subsidios, por ejemplo, del agua potable. Queremos más reformas al sistema económico actual. Nuestro país, luego de 16 años, ha alcanzado niveles de prosperidad que nos permiten atender ahora en estos cuatro años, en forma prioritaria las necesidades de los más pobres. Los democratacristianos nos sentimos con derecho a abogar por estos mayores beneficios. La postergación y la pobreza no tienen rostro partidario. El Congreso Nacional debe asumir esta tarea con decisión, sin discusiones estériles y, ojalá, de manera transversal. El Gobierno y la Oposición deben cooperar para mejorar la situación económica y social que nos demandan millones de compatriotas. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana. El señor QUINTANA.- Señor Presidente, lo primero que quiero decir es que este proyecto tiene un alto impacto social, pues beneficia a 1 millón 216 mil personas. Además, como lo señalaron los diputados de la Derecha, es histórico, porque tiene elementos muy importantes y se basa en una economía sana, de 15 años de política fiscal ordenada que le han dado más riqueza al país y de una férrea disciplina fiscal que nos ha permitido contar con estos 300 millones de libre disponibilidad. Pero aquí no estamos aprobando un bono que se da una o dos veces al año; no estamos hablando de un aguinaldo, sino de hacer justicia social y de crear, mediante este primer proyecto de la agenda de protección social, una realidad completamente distinta para las personas más necesitadas. Por esa razón, nos preocupan mucho las palabras de algunos parlamentarios de la Oposición, en particular cuando dicen que estamos frente a una escalada tributaria debido al alza del precio de los combustibles. Claro, en Chile suben, pero menos que en el exterior. Hay que considerar también que el precio internacional del petróleo está subiendo. Pero aquí hemos sido capaces -el Congreso Nacional contribuyó a ello- de aprobar la creación de un fondo de estabilización que ha funcionado bien. Se ha hablado del caso de la Costanera Norte, pero eso no es un impuesto, sino una carretera administrada por privados que les cobran a quienes hacen uso de ella. También se mencionó el impuesto territorial, pero no se dijo que el 70 por ciento de los inmuebles urbanos quedaron exentos de su pago. Respecto del IVA ¿qué estamos haciendo? Lo estamos manteniendo en 19 por ciento. A mi juicio, aquí se ha perdido de vista el carácter permanente de los anuncios que hizo la Presidenta Michelle Bachelet y que mencionaron en sus campañas, no sólo los parlamentarios de Gobierno, sino que también muchos de Oposición. Hay que reconocer que este proyecto es histórico, porque durante el gobierno del Presidente Frei, cuando nuestra economía vivía otro momento, como país fuimos capaces de otorgar reajustes del 6 por ciento. Durante el gobierno del Presidente Lagos se entregó un reajuste de 9,3 a los más pobres, al 90 por ciento de los pensionado del INP y a quienes tienen garantía estatal y están en las AFP. Hoy día, en el inicio del Gobierno de la Presidenta Bachelet, somos capaces de dar un salto y otorgar un reajuste extraordinario de 10 por ciento. De manera que resulta secundario e irrelevante insistir en el tema del IVA. Se confunde a la opinión pública al no poner el acento en lo central, es decir, en este paso que estamos dando. Como país, estamos obligado a mantener el IVA, porque no se trata sólo de financiar estas pensiones, sino un conjunto de proyectos sociales. El diputado Dittborn decía que deberíamos dejar el debate para cuando comencemos a tratarlos. Le puedo responder que tales proyectos están empezando ya, con la construcción del Centro de Salud de Victoria, que debe estar listo en dos meses más. Además, la red de impacto social tiene que ver con la seguridad ciudadana, con 1.500 carabineros más para el próximo año, con salas cuna, etcétera. Por lo tanto, hay aquí un conjunto de elementos que harán de Chile otro país en los próximos años. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, he escuchado con mucha atención los argumentos de quienes me han antecedido en el uso de la palabra. Si hay un proyecto que no tiene que ver con la Izquierda ni con la Derecha es éste, porque todos estamos de acuerdo en beneficiar a la gente que más lo necesita. De allí que para la mayoría resulta odioso que se hagan comparaciones, porque entre los pensionados hay gente de todos los colores políticos. Debemos sacar algunas cuentas. ¿Cuánto gana la gente más pobre? El salario mínimo. Para redondear: 130 mil pesos. El 22 por ciento de ese monto se descuenta para el pago de sus imposiciones, a lo que se debe agregar 19 por ciento por concepto de IVA, porque la mayoría gasta su plata en comprar artículos de primera necesidad y en pagar servicios. Gastan aproximadamente 40 por ciento en impuestos. Es decir, trabajan cinco meses al año para pagar sus imposiciones y el IVA. Se dice que la Derecha defiende a las empresas y a los ricos y que no quiere que se aumente el IVA. Sin embargo, escuchen bien colegas de la Concertación: los que tienen más plata no pagan IVA; las empresas no lo pagan, porque al vender y comprar con IVA se les genera una compensación. Digamos las cosas como son. ¿Quién está pagando el pato? Los más pobres. Hay varios diputados que son agricultores y saben que se compensa, porque compran su abono y venden sus animales con IVA. Seamos honestos y digamos la verdad: la gente pobre no descuenta el IVA de lo que compra, de manera que lo pierde. No estamos legislando para aumentar ni disminuir el IVA, sino para aumentar las pensiones asistenciales. Felizmente, tenemos un país rico. Hace algunos momentos el ministro de Hacienda me comentó que en el primer trimestre de este año tenemos un excedente de 800 millones de dólares, con lo que estaría financiado el aumento de las pensiones durante los próximos cuatro años. Si a lo anterior sumáramos los 300 millones de dólares de libre disponibilidad que dejó el gobierno del Presidente Lagos, tendríamos 1.100 millones de dólares. Es indispensable que las cosas se hagan bien, para que no sea el Senado de la República -como lo ha hecho siempre- el que deba poner la cordura y arreglar los proyectos. Si no lo hacemos, no nos quejemos si se dice que la Cámara es buzón, porque nos hemos sacado la mugre discutiendo entre nosotros, entre la Derecha y la Izquierda. Nadie puede estar en desacuerdo en que se deben aumentar las pensiones y los salarios mínimos. Si se envía un proyecto de reforma tributaria, indudablemente que debemos estudiarlo, porque todos sabemos que durante el primer trimestre algunos bancos han obtenido 200 mil millones de pesos de utilidad. ¡Por favor! Con ese tipo de situaciones duele la guata. ¿Acaso un gran empresario que gana mil millones de pesos al año no podrá vivir si paga 200 millones por concepto de impuesto? Seamos justos. Cuando las grandes empresas son las que pagan, da lo mismo, porque pagan sobre la base de sus utilidades; pero cuando paga la gente pobre, que percibe un salario mínimo, resulta absolutamente regresivo. No existe consecuencia entre lo que se hace y lo que se dice. No ha habido parlamentario de la Concertación que no haya criticado este proyecto, porque afectará a ricos y pobres. Sin embargo, lo votarán a favor a sabiendas que hará un daño gigantesco a los más pobres. Esa es la inconsecuencia. Si no hubiera plata, tendríamos que ver de dónde sacamos los recursos, pero, felizmente, hoy contamos con ellos para salir adelante. Hablar de pobreza entre izquierda y derecha es una brutalidad gigantesca. La Izquierda y Derecha deben hablar para formular buenos proyectos y lograr acuerdos para construir un país más solidario, de modo de sacar a la gente de la pobreza. Algunos quieren que sólo la empresa privada ponga más. Felizmente, el Estado está muy rico y también tiene que poner más: tiene un excedente de 800 millones de dólares. Un país es solidario cuando todos nos metemos la mano a la cartera y estamos felices porque de esa manera ayudamos a los más pobres, no cuando nos sacamos los ojos unos a otros. No voy a convencer a algún diputado de Izquierda, ni viceversa, pero debemos tener más cordura en proyectos en que estamos todos de acuerdo y se cuenta con los recursos para financiarlos. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre. El señor LATORRE.- Señor Presidente, a estas alturas del debate son muchas las ideas que se reiteran. Personalmente, no quiero repetir las argumentaciones que comparto o discutir otras reiteradas por colegas de oposición. Quiero hacer presente, para la historia de la ley, un criterio analizado en la bancada democratacristiana, y que dice relación con la oportunidad de incluir, en este proyecto, la decisión del Ejecutivo de mantener el impuesto al valor agregado en 19 por ciento. Para muchos de quienes pertenecemos a partidos de la Concertación puede ser discutible que ésta sea la oportunidad para que, en el contexto de la discusión de un proyecto que nos parece muy favorable, y que va a contar con la aprobación probablemente unánime de la Cámara, entre paréntesis, se incorpore una discusión tributaria que debe tener lugar más adelante. Sin embargo, si bien la oportunidad puede discutirse, creo razonable sostener que debe garantizarse, por la vía de la mantención del IVA en 19 por ciento, la aplicación de los programas sociales. Vamos a ver si la Derecha va a estar dispuesta a aprobar, como lo hace hoy con el aumento del 10 por ciento en las pensiones más bajas, lo que queremos reivindicar. El ministro de Hacienda, durante la discusión de este proyecto, deberá reafirmar uno de los fundamentos reales para un plan de protección social, para un plan de beneficios sociales que, como bancada democratacristiana, reiteramos que debe desarrollarse en los próximos años. Debo señalar, también, que la inconsecuencia de la Derecha es evidente. En la actualidad, vemos que ella no respeta lo que su candidato sostuvo respecto de la mantención del IVA. Nos parece, como bancada, que deben analizarse, con prudencia y oportunidad, los alcances a la ficha CAS, a fin de que puedan corregirse los errores o emplearse cualquier otro parámetro o forma de medición de la realidad social de esos sectores tan importantes, porque, de acuerdo con algunos antecedentes, la ficha Familia, que también ha sido elaborada o está en proceso de elaboración en el Ministerio de Planificación, incorporará una valoración de determinados factores que no resultan buenos indicadores. Para aprobar este proyecto de ley, existe un compromiso que dice relación con garantizar que los procedimientos de medición de la pobreza no dejen afuera a personas que merecen ser incorporadas a estos beneficios. Por último, no quiero perder la ocasión, aunque no tiene nada que ver con la discusión de hoy -estaba inscrito para hablar en Incidentes- de decir que me parece vergonzoso lo que pasó ayer en el Senado: se rechazó el nombramiento de un ministro de Corte de Apelaciones, simplemente, por haber sido un consecuente defensor de los derechos humanos en tiempos muy difíciles. La Derecha en la votación le cobró la cuenta al juez. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz. La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente, el tono que ha adquirido el debate del proyecto de ley presentado por la presidenta Bachelet me trae a la memoria una canción del folclor nacional, que es muy escuchada y bailada en las Fiestas Patrias, llamada “El loro aguafiestas”, porque las intervenciones de los diputados de la Derecha no buscan otra cosa que ocultar, bajo el falso aumento del IVA en un punto, la buena noticia que significa incrementar en 10 por ciento las pensiones a las personas más necesitadas del país. Además, buscan que los titulares de los medios de comunicación -controlados en su gran mayoría por la Derecha- digan que el gobierno de Michelle Bachelet aumenta el IVA en un punto, cosa que es absolutamente falsa. Se ha insistido en que se mantiene y que es un compromiso de la candidata Michelle Bachelet, no del gobierno del Presidente Lagos. Se enreda el debate para ocultar una gran noticia, el aumento más importante de pensiones en los últimos 16 años, nada más que para ocultar el compromiso y palabra cumplidos de nuestra Presidenta. Por otra parte -de verdad ya no lleva a sorpresa porque lo hemos escuchado en otras oportunidades- la Derecha busca instalar la idea de que Chile es altamente desarrollado, como lo dijo un diputado que me antecedió en el uso de la palabra. Pero exista una brecha salarial que no se da en los países ricos, con una concentración vergonzosa de la riqueza y una estructura tributaria de país africano. En buenos discursos algunos colegas han sostenido que es una vergüenza el 10 por ciento de aumento y han pedido más, pero ¿con qué? En verdad, creo que es un desparpajo muy grande de la Derecha, porque sólo debe llevarse al debate lo que la ciudadanía, cada día más madura, plantea a la clase política: el arreglo de la estructura tributaria. No podemos seguir tapando el sol con un dedo. No es posible que en este hemiciclo se rechacen todas las propuestas que buscan eliminar las exenciones tributarias y luego se señale que somos un país rico, millonario, con superávit por el cobre y muchos millones por el crecimiento del país. Es verdad que hemos crecido y hay una política fiscal responsable y los pasos que da la Presidenta están absolutamente calculados, planificados y financiados. La Derecha no puede seguir tratando de confundir. Con el aumento del 10 por ciento nos estamos haciendo cargo de 70 mil 550 beneficiarios de las pensiones con garantía estatal. Son personas desechadas por las AFP, que creyeron en el sistema pero que no les cubrió su pensión porque no lograron tener el ahorro necesario. Este Estado, que, según la Derecha, despilfarra lo que acumula, que crece, que los gobiernos de la Concertación lo han hecho sólido, desde el punto de vista financiero, tiene que financiar los desechos del sistema previsional. Ningún país de primer mundo, como dicen que somos nosotros, tiene el abuso laboral y la deuda previsional que exhibe el empresariado chileno. Tampoco los empresarios tienen la libertad de flexibilizar y desregularizar las normas de los trabajadores, como lo hacen en Chile. Los diputados de Gobierno tenemos claro que la Presidenta ha cumplido. En cuatro semanas, desde la instalación del Gobierno, tenemos el primer pilar de la reconstrucción de la red de protección social que se destruyó en la dictadura. Concluyo señalando que es una gran noticia, que es el reajuste más alto en 16 años, y la bancada del Partido por la Democracia apoyará con sus votos este proyecto. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gastón Von Mühlenbrock. El señor VON MÜHLENBROCK.- Señor Presidente, ¡cómo no celebrar el aumento de las pensiones asistenciales y mínimas! Todos estamos de acuerdo con ello y, ojalá, hubiese sido más alto el reajuste de las pensiones más bajas. Hace bastante tiempo que la vida de estas personas es tremendamente difícil de sobrellevar debido a la precariedad de sus ingresos. Han pasado casi diecisiete años de gobiernos de izquierda y éstas se han mantenido bajas. Pero ahora, gracias a las recientes campañas presidenciales y al clamor de la gente, cansada de esperar tantos años, se vieron obligados a comprometer un reajuste dentro de sus programas de gobierno. Un aplauso para la gente, porque se manifestó en las campañas presidenciales. Aun cuando este proyecto es un avance en el tema de la previsión, las expectativas generadas en la opinión pública en torno a este tema son mucho más ambiciosas. Por ejemplo, una persona jubilada menor de 70 años recibe una pensión mínima de 79 mil 866 pesos, monto al que le corresponde un reajuste de sólo 7 mil 986 pesos. Este aporte es marginal y no satisface las necesidades ni las expectativas generadas. Los gobiernos de Izquierda de la Concertación no se han tomado el tiempo ni han priorizado mejorar el instrumento más importante para medir la pobreza: la ficha CAS. No es posible castigar a una persona porque tiene cuarto medio; no es posible que una persona que tiene un refrigerador o un televisor usado deba esconderlo para que la asistente social no la castigue cuando deba medir su situación de pobreza. Eso es inmoral. Por otra parte, el ministro de Hacienda nos está mostrando sus dotes de mago. ¡Nos saca un conejo bajo la manga! La verdad es que se trata de un elefante que pesa 600 millones de dólares al año y que tendrán que pagar los más pobres del país. Gracias a esto, usted, señora o señor, que va todos los días a su almacén, va a tener que pagar más caro el precio de sus productos. Lo mismo pasa con los sectores medios que están ahogados de pagar impuestos. Estamos sufriendo una escalada de impuestos indirectos que han subido, prácticamente, a más de veinte. Con razón los sectores medios cada día están más pobres. También quiero dejar claramente establecido que el proyecto de reajuste de pensiones mínimas está financiado, por lo que nada justificaba subir el impuesto al valor agregado, IVA. Lamentablemente, una buena noticia para más de un millón 200 mil personas la empañamos con una mala: subir los impuestos, lo que afecta a los que más consumen, es decir, a los más pobres. Me llama la atención que la Izquierda con sus votos haga más pobres a los más pobres. Quiero ver cómo votan los diputados de Democracia Cristiana, que se autoproclama “defensora de la clase media”, la que está harta de que le sigan aumentando los impuestos. Por último, quiero dejar establecido que si aumentamos el IVA, lo pobres van a ser más pobres, lo que es inmoral e inaceptable. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Insunza. El señor INSUNZA.- Señor Presidente, el proyecto en discusión representa un esfuerzo fiscal significativo para reajustar en 10 por ciento las pensiones más bajas, lo que significa un gasto, en régimen, de 182 millones de dólares. Se trata de un beneficio que, por cierto, muchos ciudadanos, en especial los adultos mayores, agradecerán, pues les servirá para paliar sus dificultades. Pero convengamos en que no se trata de una solución que permita a muchos adultos mayores salir de su situación de pobreza. Ese dato debemos asumirlo. Lo que no podemos aceptar es que se siga haciendo demagogia al plantear aumentos, valorarlos y pedir todavía más aumentos, sin contar con el respaldo para financiar el reajuste de las pensiones. Ése es el punto que estamos discutiendo en el fondo de este debate. También quiero precisar un asunto que me parece significativo. Todos estamos de acuerdo en que la ficha CAS representa injusticia y que en algunas ocasiones se presta para abusos. Digámoslo derechamente: en la ficha CAS se castiga el vivir en forma decente, criterio que debe cambiar con una modificación que se encuentra en curso. Asimismo, es preciso sincerar que, más allá de la ficha CAS o de la ficha familiar, para que puedan existir más aumentos de pensiones y más personas tengan acceso a pensiones asistenciales, se necesitan más recursos. Por lo tanto, el respaldo a esta medida, que significa un aporte de 182 millones de dólares para el reajuste de pensiones, es el piso que se requiere para los próximos años, materia que debemos discutir en serio. Por eso, entramos nuevamente al debate del alza del IVA. Comparto la opinión de que es un impuesto regresivo, pero no podemos insistir en la demagogia de proponer aumentos sin contar con financiamiento. Deseo entrar de lleno en el punto de vista político que está en cuestión. Al respecto, visualizo dos cuestiones respecto de las contradicciones que evidencia la oposición: Primero, en su calidad de candidato presidencial, Sebastián Piñera planteó mantener el IVA en 19 por ciento. No sé cómo lee el diputado Urrutia, pero lo que se dice en forma exacta es mantener el IVA en 19 por ciento. Ése fue un planteamiento de campaña. Por lo tanto, los diputados de Renovación Nacional que voten en contra de dicha proposición demostrarán, una vez más, que la palabra de Sebastián Piñera no tiene valor político, porque lo que dice, no pasa; lo que dice, después no se ejecuta acá, en el Congreso Nacional. Está bien que no le hagan caso dentro del partido a la hora de proponer fórmulas para la candidatura presidencial, pero llamo a que por lo menos se mantenga el decoro de respaldar las propuestas que hizo ante el país. En segundo lugar, deseo referirme a un aspecto más delicado: la UDI está estrenando su estrategia populista, porque, en días sucesivos, ha planteado críticas a las contribuciones, al fondo de estabilización del precio del petróleo, a los impuestos del petróleo, al uso de pagos por las carreteras, etcétera. Si se hiciera caso por completo a la UDI, habría mil millones de dólares menos para financiar gastos sociales. Al mismo tiempo, tenemos el discurso de que estas iniciativas pueden financiarse con el alza del cobre. Ésa es la mayor de las irresponsabilidades y representa un populismo desenfrenado. Por intermedio del señor Presidente, respondo al diputado Dittborn, quien se escandalizaba porque hacíamos una prevención, según la cual si se siguiera ese criterio, el aumento de las pensiones se financiaría con el alza del precio del cobre, pero después, cuando bajara -nadie puede asegurar que se mantenga sobre los dos dólares; ni siquiera, que en el largo plazo se mantenga sobre un dólar 20 centavos-, la derecha nuevamente pretendería bajar las jubilaciones. Repito: el colega Dittborn se escandalizaba por dicha prevención, pero quienes tenemos memoria histórica sabemos que eso ya ocurrió cuando era ministro el señor Büchi, pues se les quitó el 10 por ciento a los jubilados. Finalmente, el punto es el siguiente: hacemos responsabilidad fiscal o damos rienda suelta al populismo. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra la diputada María Angélica Cristi. La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, escuchar este debate es como revivir muchos de los momentos en que hemos participado en esta Sala, especialmente cuando discutimos proyectos sociales. Quiero que quede constancia de que todos los proyectos sociales enviados por los gobiernos de la Concertación han sido aprobados por la Oposición. A lo mejor, no hemos estado de acuerdo en la forma de implementarlos o en su extensión. Sinceramente, como Oposición, creemos que las cosas se deben hacer de una manera, así como la Concertación estima que debe ser de otra. Un diputado oficialista se preguntaba por qué ellos eran Gobierno y nosotros no. En verdad, he pensado muchas veces sobre esa inquietud y he llegado a la conclusión de que se debe al hecho de que ustedes, como Concertación, muchas veces tienen la maestría de convertir sus debilidades en grandes fortalezas, pues logran convencer a la ciudadanía y a la población de que lo que están haciendo es lo más conveniente para todos y que resolverá sus problemas más profundos. Sin embargo, para no ahondar mucho en este tema, sólo quiero recordar tres medidas que se han anunciado en los últimos días. Primero, la salud gratuita para los mayores de 60 años. Parecía fantástico y todos estábamos de acuerdo. Pero resulta que, hasta hace poco tiempo, había salud gratuita para los mayores de 65 años. Preguntémosles a esas personas si efectivamente tenían o no salud gratuita. Sin embargo, después, cuando se “aterriza” el proyecto, se constata que ese beneficio se entregará sólo a los mayores de 60 años que están en el Fonasa en los tramos C y D, siempre que puedan conseguir hora de atención y hacerse los exámenes que se les piden. Por lo tanto, no se puede hablar de salud gratuita para todos los chilenos mayores de 60 años. Posteriormente se dio a conocer una medida estupenda, que alegró a todos los chilenos, especialmente a los jóvenes: subsidio para contratar a trabajadores jóvenes. Pero cuando conocemos el tema en detalle, nos percatamos de que el beneficio sólo se extenderá a los jóvenes que participan en el Chile Solidario. Sin embargo, ya se extendió la imagen de que los mayores de 60 años tendrán atención de salud gratuita y de que se entregará un subsidio para contratar a jóvenes. ¿Qué pasa con los jóvenes pobres, con los que han estudiado en las universidades, con los que tienen un título, que no pueden encontrar trabajo y que no están en el Chile Solidario? A la hora de profundizar en esas propuestas, uno se encuentra con que las cosas son muy distintas de lo que se ha anunciado. Ahora se pretende subir las pensiones más bajas. Todos queremos que esto ocurra, porque conocemos el drama de las personas de la tercera edad, de la pobreza relacionada con ese segmento. Sabemos que ha aumentado la esperanza de vida y lo que ello significa, que en nuestros distritos hay ancianos abandonados y que las pensiones asistenciales se convierten en una necesidad casi vital en la mayor parte de las comunas del país. Este proyecto, que miramos con tanta felicidad y esperanza, aumenta en sólo 25 mil las pensiones asistenciales y todos le echamos la culpa a la ficha CAS. Es cierto que ese instrumento tiene mucha responsabilidad, porque es engañoso y se aplica a todos los subsidios -de vivienda, para la tercera edad, etcétera-, lo que quizás no corresponde y es necesario cambiar. Pero nadie ha dicho que la selección de los beneficiarios depende del puntaje de corte de la ficha. Si ese corte se hubiera establecido en 580 puntos en lugar de 550, quizás se habría beneficiado a 50 mil personas de la tercera edad con esta pensión asistencial que, por lo demás, sube en alrededor de 3 mil pesos, lo que significa alrededor de cinco kilos adicionales de pan al mes para un anciano en estado de pobreza. Asimismo, se ha entrado en una gran discusión acerca del IVA. Lo más interesante que he escuchado durante este debate lo enunció el diputado Urrutia, que no participa en la Comisión de Hacienda. Él señaló que la mantención del IVA significa recaudar 600 millones de dólares y que si se destinara todo ese monto a reajustar las pensiones mínimas, éstas habrían aumentado en 30 por ciento y, además, habrían sobrado 60 millones de dólares que habrían servido para ampliar el número de beneficiarios. ¿Por qué no nos concentramos en el fondo? Aquí se ha realizado un juego de palabras, de dimes y diretes. Estamos ante un proyecto que ayuda, que ha generado ciertas expectativas, pero que, en el fondo, constituye un tremendo impacto comunicacional más que una medida que apunte a resolver los problemas de los más pobres. Así se han implementado todos los proyectos sociales: Chile Solidario, parte del Auge y muchos otros que parecían maravillosos pero que, finalmente, una vez aplicados, no tienen el rendimiento que se esperaba de acuerdo con lo que ofrecía su publicidad. Espero que se modifique esa forma de actuar y que los proyectos se apeguen más a la realidad y necesidad de los chilenos, sin demagogia ni discusiones en que nos herimos unos a otros, cuando todos queremos lo mismo. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, lo expresado por los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra es preocupante, por decir lo menos. No logro entender cómo algo tan necesario se transforme en polémica. Eso nos sitúa en nuestro real contexto: un país subdesarrollado. Precisamente para salir de esa condición sirven estas iniciativas, que son estudios profundos en la economía de un país que comienza a crecer, que ha vivido momentos oscuros en la economía dominante, en la que quienes más tienen logran el efecto de una cultura diferente del que nada tiene. No debemos olvidar que hace dos o tres décadas el número de analfabetos en nuestro país era inmenso. Sin embargo, los hijos de esos analfabetos hoy están en la universidad. Eso quiere decir que las cosas están cambiando; que la siembra es adecuada. Por eso, hay que entender la iniciativa que nos ocupa. Es imperativo reconocer, por un lado, el alto beneficio que otorga el proyecto, y, por el otro, que representa una mínima cantidad para los beneficiarios considerados individualmente. El análisis de la economía neoliberal que vivimos debe ser profundo. Lamentablemente, el debate ha sido muy extenso y ya no están los ministros para decir que los parlamentarios discutiremos en una próxima oportunidad acerca de qué queremos de la economía de este país que crece. A muchos no les gusta hablar de reformas tributarias, pero no podemos volver a prometer el “chorreo”, pronosticado hace unas décadas, que sería la solución para el crecimiento del país, pero que nunca llegó. Queremos cambiar. Prueba de ello es que los distintos ministros de Hacienda de los gobiernos de la Concertación han querido llevar a cabo un análisis diferente para realizar un cambio profundo, pero no cuentan con las herramientas necesarias para hacerlo. Los legisladores somos los encargados de proporcionarlas. Ahí se nos va a escuchar a través de mociones que distingan entre quienes tienen más y menos entregan, y quienes más entregan y no tienen nada. Por eso, es preocupante escuchar que algunos no quieren reformas tributarias. Hay que tener claro que en el país un pequeño grupo de la población es el que más rentabilidad obtiene, y otro gran grupo que no tiene rentabilidad: sólo sobrevive. Ése es el sistema que estamos viviendo y que queremos cambiar. Por eso se nos critica. Qué curioso, cuando queremos que todos logremos un status de vida agradable, algunos se oponen. Los parlamentarios que critican la ficha CAS llegaron tarde, porque el debate ya se hizo. Además, en una reunión política nos enteramos de que está próxima a ver la luz la nueva ficha CAS, que satisfará a muchos chilenos. A lo mejor este reajuste, que hoy constituye un alto costo para el erario, pero un mínimo beneficio para los pensionados, mañana significará un alto costo, pero también una gran ayuda para los beneficiarios, porque de alguna forma deberemos estudiar una iniciativa que realmente haga justicia a los más desposeídos de nuestro país. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado René Aedo. El señor AEDO.- Señor Presidente, en nombre de mi bancada quiero expresar nuestra alegría por este proyecto que aumenta las pensiones mínimas y asistenciales. Se está cumpliendo con una deuda social, y aunque en realidad no es una solución, da un alivio a los más pobres. No obstante, cabe destacar que la solución para mitigar una deuda social no se resuelve siempre por la vía de aumentar los impuestos, sino con la optimización y redistribución de los recursos. El Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se comprometió a no incrementar los impuestos; sin embargo, hoy está subiendo el más regresivo, el IVA, que afecta a los más pobres, puesto que los más pudientes tienen capacidad de ahorro y no gastan todo en consumo. En cambio, el ciento por ciento de los ingresos de las personas más pobres se destina al consumo, razón por la cual les afecta mucho más. Esta iniciativa tiene un costo de 180 millones de dólares, monto que no justifica el aumento del IVA, porque el Gobierno tiene un excedente de libre disposición de alrededor de 300 millones de dólares, y el aumento de un punto le agrega 600 millones de dólares, es decir, este año el Gobierno tendrá unos 900 millones de dólares de libre disposición. Por otra parte, el aumento del precio del cobre por cada centavo de dólar significa más de 100 millones de dólares de ingresos extraordinarios para el fisco. Asimismo, ha habido un aumento de 90 a 250 centavos de dólar por libra, es decir, se dispone de 160 centavos de dólar extra. Estoy de acuerdo con que los reajustes deban costearse con ingresos permanentes, pero insisto en que es innecesario aumentar el IVA para financiar el aumento de las pensiones en un 10 por ciento. Creo que le estamos dando un cheque en blanco al Gobierno y al ministro de Hacienda. El lugar donde se debe decidir cómo se gastan los recursos del Estado es aquí, en el hemiciclo, no en la oficina de un ministro, entre cuatro paredes. Por ello, solicito que el artículo 7° se vote en forma separada. Si se mantiene el aumento del IVA, propongo que las pensiones se aumenten en un 30 por ciento; ya que ese reajuste estaría completamente financiado. Hagamos algo de verdad y no demos un alivio insignificante a los pensionados. Démosle una solución más definitiva, más importante y aumentemos en 30 por ciento las pensiones mínimas, con cargo al aumento del uno por ciento del IVA, que le asigna al Estado 600 millones de dólares. Todos los chilenos enfrentamos una carga tributaria importante y no como dicen algunos colegas de la Concertación, de país africano. Los chilenos pagamos impuesto territorial –las contribuciones recién fueron aumentadas, afectando en forma muy importante a la clase media-, impuesto a los combustibles, que afecta a los conductores; vías segregadas, etcétera. Es decir, estamos sometidos a una alta carga impositiva. Por ello, propongo que no se aumente el IVA para reajustar las pensiones mínimas y, si se aumenta, que se incrementen las pensiones mínimas en un 30 por ciento. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi. El señor ACCORSI.- Señor Presidente, en el largo debate habido en esta sesión creo que existe una claridad importante: éste es un proyecto que honra un compromiso, y en materia política es fundamental ser consecuente. La iniciativa constituye un gran esfuerzo que beneficiará a millones de personas y es un primer paso -así lo consideramos los diputados de la Concertación y también la Presidenta de la República- para reparar la gran injusticia que afecta a un sector muy postergado durante tantos años. Creo que en el futuro podrán presentarse otros proyectos para beneficiar a los adultos mayores y a los jubilados mediante otros mecanismos, como establecer la rebaja gradual -medio punto o un punto anual- del pago del 7 por ciento de la cotización del Fonasa. Ésos son otros caminos que pueden considerarse. Lo que debemos valorar ahora es que este proyecto es el paso inicial. No el último, para mejorar las pensiones. Hay que interpretarlo como el primer y como el cumplimiento de una promesa hecha por la Presidenta de la República durante su campaña. Pocas veces en la política nacional y en el Congreso Nacional se había dado tal consecuencia. Éste es el primer proyecto enviado por la Presidenta de la República, quien en su campaña se comprometió a ello. Por lo tanto, hay que valorar la consecuencia con que actuó, pues prestigia a nuestro decaído sistema político. Ojalá que podamos hacer más para reducir la tremenda brecha que existe entre ricos y pobres, entre los que tienen oportunidades y los que no las tienen. Espero que el proyecto se apruebe en forma unánime y se convierta en ley a la brevedad, porque el aumento en las pensiones, que para algunos significa casi nada, para millones de chilenos constituye una diferencia importante. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Sergio Correa. El señor CORREA.- Señor Presidente, en relación con el proyecto en debate, creo necesario determinar cuándo y por qué fueron establecidas las pensiones asistenciales. En 1975, por decreto de la junta militar, teniendo presente que era necesario establecer un sistema de pensiones para todos los ancianos e inválidos que carecían de recursos y que por diversas razones no habían podido obtener un beneficio del régimen previsional, se estableció un sistema de pensiones asistenciales dirigidas a los más pobres de los pobres. Lo que señalan algunos diputados y lo que se establece en el mensaje, en el sentido de que la pensión asistencial se otorga automáticamente, es una falacia. Actualmente, las pensiones asistenciales son alrededor de 450 mil y, según los cálculos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de acuerdo con el puntaje de corte de la ficha CAS, ahora será de 550 puntos en vez de 520. Además, se otorgarán alrededor de 25 mil nuevas pensiones asistenciales. Es decir, estamos hablando de 5 ó 6 por ciento más de lo que actualmente se otorga y el beneficio seguirá entregándose por el sistema de la ficha CAS. Pero es una falacia decir que se dará en forma automática, pues seguirán existiendo las interminables filas en las diversas municipalidades a la espera de una pensión. Por ejemplo, en la región del Maule se entregarán 1.500 pensiones más. Como existen 30 comunas, el aumento será de entre 40 y 50 pensiones por municipalidad. Entonces, ¿dé qué estamos hablando si no es verdad que se podrá acceder automáticamente a una pensión asistencial? ¿De ilusionar a la gente? En segundo lugar, me sumo a las palabras de la diputada Isasi respecto de la ficha CAS, en el sentido de que es un sistema perverso por el cual las personas y la opinión pública no podrán culpar a nadie cuando un determinado beneficio no llegue. Por lo tanto, no se podrá culpar al intendente o al ministro, pues el hecho de no obtenerlo será culpa de la ficha CAS y no de ellos. Es como una forma de burlar el sistema. Por eso, es necesario modificarlo o crear uno nuevo para focalizar la ayuda y los beneficios del Estado. No se debe seguir con este instrumento perverso por el cual la gente más pobre no puede acceder a dichos beneficios, por el solo hecho de tener un refrigerador, un televisor o un cierto nivel educacional. Me alegro por este proyecto, pues es de toda justicia reajustar las pensiones más bajas, pero, reitero, no es cierto, como se dice, que se accederá automáticamente a pensiones asistenciales, pues vamos a seguir con el mismo sistema y el aumento de gente beneficiada no será más allá de 5 ó 6 por ciento. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Carolina Tohá. La señora TOHÁ (doña Carolina).- Señor Presidente, en el transcurso de este largo debate, la mayoría de las intervenciones han indicado que el reajuste de las pensiones es muy bueno y que nadie podría estar en desacuerdo, pero lo más que hemos escuchado son los pero, los sin embargo y las críticas. En el fondo, las resistencias a la forma de cómo se está planteando la medida, sin analizar en profundidad lo que ella implica, porque, en términos de reajuste, no existen precedentes de algo similar desde el retorno a la democracia. ¡Nunca se había concedido un reajuste de esta entidad, tanto en la cantidad de beneficiados como en los montos que se otorgan! ¡Nunca se había acogido el reclamo de años planteado por aquellos que tienen pensiones que están justo por sobre la mínima y que siempre quedaban marginados de los reajustes! Se aumentan no sólo las pensiones mínimas, sino aquellas que llegan a 100 mil pesos y también las que sean superiores a 100 mil pesos, pero inferiores a 110 mil pesos. Esto ha significado que, por primera vez, acojamos a quienes están un poquito más arriba, pues también tienen derecho a beneficiarse de los progresos del país. Es un reajuste gigantesco que beneficia a una cantidad de población nunca antes vista. Eso da pie a que el gobierno haya buscado una manera de darle sustento financiero, no sólo para este año, sino también para el futuro. Muchas veces hemos escuchado a la Oposición hablar de cómo le habría gustado hacer las cosas. Es cierto, podría haberse otorgado un reajuste aún mayor, gastando ahora los recursos existentes, sin considerar cómo se las arreglan los futuros gobiernos para mantener estas medidas en el tiempo. Pero preferimos los debates en serio; preferimos, en la misma sede donde se entrega el beneficio, decir cuál será el sacrificio y el esfuerzo que tendrá que hacer el país para que sea compatible con la responsabilidad fiscal, de la cual tanto nos vanagloriamos, pero que a la hora de ejercerla, todo el mundo la evade para dejarle el trabajo al del lado. Por otra parte, sorprende la manera en que se ha planteado el problema del IVA. A muchos, no les gusta este impuesto. Pero, para decir las cosas claramente, la Oposición, que ha dicho varias veces que esta medida desfavorecerá a los sectores de menores ingresos, ha sido el principal obstáculo cada vez que hemos aplicado disposiciones de otro tipo. Ha pretendido recurrir a otros impuestos para hacer caja fiscal y así acceder a diferentes beneficios sociales. Además, estuvo en contra de combatir la evasión tributaria, se resistió hasta el final con el royalty, y cuando hicimos la reforma a la salud, tampoco estuvo de acuerdo con el impuesto al diésel, a los cigarrillos y al alcohol. Entonces, quiero saber de dónde quieren sacar los recursos si les parece incorrecto hacerlo mediante el IVA. La única manera de hacer seriamente este reajuste es recurriendo al IVA. Sin duda, hay un debate tributario pendiente que es de más largo aliento y que debería significar la revisión del impuesto a la renta y la modificación de varias franquicias tributarias. Pero todos sabemos que no podríamos otorgar ahora una garantía de financiamiento a este reajuste, porque ese otro debate va a ser más lento y complicado. Por lo demás, si se tiene en cuenta que cuando asumió la Presidenta de la República, ésta era una medida consensual, respaldada por todos los candidatos de la Derecha, jamás pensamos escuchar en esta Sala discursos como los pronunciados por algunos colegas. Por último, respecto de la ficha CAS, lo que se ha anunciado es una garantía de que, de ahora en adelante, todo chileno que cumpla los requisitos tendrá acceso automático a la pensión asistencial. Podrán ser discutibles, podemos modificar la ficha; sin embargo, lo importante es que, cualesquiera sean ellos, nunca más haya personas que, aún cumpliendo el puntaje -que a veces nos parece estricto y muy rígido-, no tengan el beneficio. Y como hacemos las cosas en serio -ésa es nuestra característica-, hoy, la ministra de Mideplán, Clarisa Hardy, ha anunciado que dentro de un mes esa cartera va a proponer un nuevo modelo de ficha CAS que, incluso, supera la ficha familiar. A partir de noviembre se va a encuestar a 1 millón 500 mil familias, que equivalen a 6 millones de chilenos, para que, sobre la base de esa nueva ficha y de acuerdo con la ley que aprobaremos hoy, tengan acceso garantizado a los beneficios. Por lo tanto, sin restar espacio a las críticas, dudas y propuestas, que siempre tienen cabida en el debate parlamentario, es importante no confundir a la población respecto del paso que demos hoy, que, repito, no tiene precedentes en cuanto a la magnitud del reajuste, a la población beneficiaria y de constituir, en derecho, el acceso a las pensiones asistenciales. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Patricio Vallespín. El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero responder con mucha precisión a los diputados de la UDI que están preocupados de por qué la Democracia Cristiana apoya esta iniciativa. Por una razón muy simple: nuestros principios y valores siempre estarán focalizados en otorgar mayores beneficios a la persona humana, sobre todo a las más necesitadas. Este proyecto dejó claro en las dos comisiones que tiene reales efectos redistributivos en los tres quintiles más pobres del país. En segundo lugar, es una lástima que la tribuna esté vacía, porque la gente habría escuchado de los diputados de la Derecha, especialmente de la UDI, una retórica, un discurso a favor de los pobres -como asignar más recursos para las pensiones o agregar más enfermedades al Auge-, pero que, finalmente, se traduce en más leyes y políticas públicas a favor de los más poderosos. Eso refleja la inconsecuencia política de ellos. Por el contrario, la Presidenta Michelle Bachelet, al presentar este proyecto, ratifica la fe pública del Gobierno, lo que aumentará su credibilidad. No me he querido referir en detalle a las pensiones ni a la ficha CAS, pues otros colegas ya lo hicieron. Sin embargo, no quiero dejar de abordar una materia que debemos tratar en profundidad, como lo señalaron los diputados Saffirio y Montes. La discusión en materia tributaria se debe dar en profundidad y pensando en el tipo de sociedad que se quiere construir en Chile: una que avance hacia la cohesión social y las oportunidades para todos o una que siga con gente que no se integra al sistema. Con esa mirada hay que ver la discusión y no caso a caso, como normalmente plantea la Derecha para rechazar finalmente iniciativas que puedan ir en pro de esa sociedad. Por último, ojalá que cuando los diputados de la Alianza visiten sus distritos comenten esta discusión, porque fue muy clara: un proyecto que favorece a las personas más necesitadas, que requiere avanzar no sólo en las pensiones, ya que este Gobierno tiene un propósito social que va más allá de eso. Que digan que no aprobaron el alza del IVA destinada a beneficio social; que les digan a las abuelitas y abuelitos que no quisieron dar estabilidad al financiamiento de esta medida; que también se lo digan a los padres y madres de los niños que queremos que vayan a jardines infantiles por el efecto positivo que ello significa en el desarrollo de las capacidades de la persona desde la niñez; que comenten también que no quieren asegurar el financiamiento de las nuevas enfermedades que se incorporarán al Plan Auge y que los nuevos policías que queremos incorporar para seguridad de las personas no será una realidad. Ése es el debate de fondo. Es la decisión que la Concertación refleja en su accionar con la aprobación de este proyecto. Por eso, la ciudadanía nos apoya desde 1990, porque se cumple con lo que se dice y porque vamos en ayuda de las personas que más lo necesitan; por eso seguimos siendo gobierno, por eso la gente confía en nosotros y, por eso, la Derecha tiene muy pocas posibilidades de llegar algún día a gobernar. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa. La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, es una gran satisfacción aprobar un proyecto que beneficiará a tantas chilenas y chilenos y que, además, corresponde a una promesa hecha durante la campaña de nuestra Presidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, quiero hacer algunas reflexiones. El 90 por ciento de los pensionados del INP que trabajaron toda su vida será favorecido por este de 10 por ciento de reajuste a las pensiones mínimas. No obstante, aquí es donde uno se cuestiona la historia del país: los trabajadores son burlados en sus derechos, ganan poco y no se pagan sus imposiciones. Nos enfrentamos al tema de la reforma previsional. Pero, ¿qué pasará con los millones de chilenos y chilenas que no logran obtener una pensión mínima? Como representantes de la soberanía popular deberíamos reflexionar sobre lo ocurrido en Chile para que el 90 por ciento de los cotizantes no alcance dicha pensión. Ello dice mucho de nuestro país, de lo subvalorado del trabajo. Y dice aún más, porque muchas de las personas, a las que se les reajustarán sus pensiones, trabajaron para un patrón o empresario. Pero, ¿qué ocurrió en esos casos? ¿Cuántas cotizaciones previsionales no fueron enteradas? Entonces, hay un tema muy profundo que debemos estudiar. En cuanto al financiamiento, si todos estamos de acuerdo en reajustar las pensiones, no debemos hacer ciencia ficción, sino enfrentarnos concretamente a ese tema. Que levante la mano el que diga que no. Si todos queremos reajustar las pensiones, digamos claramente con qué las financiamos. Aquí hemos escuchado una serie de lamentos en el sentido de que no lo podemos hacer. Mantener el punto del IVA, que todos los chilenos estamos pagando, es fundamental para este reajuste. El desafío es ponernos de acuerdo en cómo financiar la agenda social necesaria para el progreso y el bienestar de los chilenos y las chilenas, temas de los que tanto se habló en las campañas electorales. Pero, me surgen dudas, porque, por ejemplo, para financiar los programas Auge y Chile Solidario tuvimos que votar en contra de los proyectos que establecían un impuesto a los alcoholes y al diésel. ¿Qué ocurrió con el proyecto Royalty I? Se dijo que no se podía cobrar más impuesto. Ahora, cuando se sabe que las carreteras concesionadas descongestionan las calles para la clase media, también se dice que no. Entonces, qué hacemos. La ciudadanía debe tener claro que aquí hay personas y partidos políticos impregnados con un populismo realmente extraordinario, maestro, por cuanto, por un lado, dicen que quieren mejorar la condición de la gente y, por otro, se niegan absolutamente a legislar sobre las fuentes de financiamiento. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el ministro de Hacienda, señor Andrés Velasco. El señor VELASCO (ministro de Hacienda).- Señor Presidente, como señaló un diputado, éste es un día feliz. Efectivamente, es feliz porque hemos traído a esta Sala un proyecto de ley que, de ser aprobado, va a beneficiar a más de 1 millón 200 mil personas y, como todos sabemos, entre ellas están las más pobres. Además, es un día feliz porque hemos presentado un proyecto que constituye la concreción de lo que prometió, de cara al país, durante su campaña, la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet. Ella afirmó que el primer proyecto de ley contemplaría un reajuste extraordinario para las pensiones más bajas, no sólo para las mínimas, y eso ha ocurrido. Asimismo, es un día feliz, porque, a juzgar por las declaraciones a la prensa de todos los candidatos en los comicios pasados, había acuerdo en reajustar las pensiones mínimas y financiarlas de modo permanente con el impuesto al valor agregado; por lo tanto, esta iniciativa debería ser aprobada por la unanimidad de la Sala. Posteriormente, el ministro del Trabajo detallará y hará hincapié en algunas materias contenidas en el proyecto. Sólo me referiré a dos puntos. El primero dice relación con los mecanismos de corte y de focalización. La pensión asistencial, Pasis, es un instrumento focalizado, un beneficio diseñado inicialmente para los indigentes, pero con el tiempo se extendió hacia quienes son calificados como pobres, de acuerdo con el Mideplán y la ficha CAS. Hoy, para ser considerado indigente hay que tener menos de 483 puntos y para calificar de pobre, menos de 532 puntos. La línea de corte utilizada hasta el momento -que se seguirá empleando hasta no tener otro instrumento para determinar quien accede al beneficio- es de 550 puntos. Por lo tanto, no sólo incorpora a los pobres. Ahora, como dice la ley, cualquier beneficio focalizado debe contar con un instrumento de selección de las personas efectivamente carenciadas. La ficha CAS ha servido a este propósito, pero de modo imperfecto, porque hay vacíos y problemas que los señores diputados y señoras diputadas han hecho notar hoy en la Sala y ayer en las comisiones. Por ello, la Presidenta de la República, consciente de esta situación, ha instruido a la ministra de Mideplán para que formule un nuevo instrumento que tipifique las características de pobreza y que, al aplicarse un nivel de corte, seleccione, además, a quienes realmente tienen carencias, de modo que no sólo este beneficio, sino que todos los programas sociales con núcleo focalizado, cumplan la finalidad que la ley contempla y que se elija efectivamente a las personas con carencias. Esta mañana, la ministra de Mideplán nos comunicó la buena noticia de que ha avanzado en su cometido y que espera tener en el segundo semestre de este año una nueva ficha de estratificación social. Ese nuevo instrumento se usará en los programas focalizados, incluyendo las pensiones asistenciales. El segundo punto se refiere al financiamiento y al respecto quiero ser muy claro. Éste es un programa permanente, no se trata de conceder este año mejores pensiones a las personas y bajárselas el próximo. Queremos que ese beneficio sea permanente, para lo cual también se debe contar con un financiamiento permanente. La Presidenta de la República, entonces candidata, expresó que esto se iba a financiar con la estructura tributaria vigente, lo que involucra la mantención del IVA en 19 por ciento -el programa de la Concertación lo señala de modo explícito-. Lo dijo en la campaña y hoy se plantea al país de modo coherente. Ahora, en la Sala se ha puesto en tela de juicio el hecho de que se necesite este financiamiento permanente. La respuesta es muy sencilla: Sí, se necesita, porque los 300 millones de dólares, disponibles en el presupuesto de este año, no están considerados en los futuros presupuestos. Para que esos 300 millones de dólares o más estén disponibles, no sólo este año, sino que en los venideros, es necesario que los tributos vigentes no caigan, de otro modo, el próximo año no contaremos con esos ingresos. Por lo tanto, para financiar este proyecto de carácter social y los otros, entre los que incluyo la mayor dotación de carabineros, el mayor número de patologías cubiertas por el Auge, la apertura de nuevas salas cunas, centros comunitarios de salud, las rebajas de los ingresos del Estado como consecuencia de los tratados de libre comercio con los países asiáticos y otros puntos contemplados tanto en las 36 medidas como en el programa de la Concertación, es imprescindible contar con recursos permanentes. El señor MASFERRER.- ¡No aumentemos el IVA! El señor VELASCO (ministro de Hacienda).- Estamos manteniendo el IVA en su nivel actual. Lo ha dicho la señora Presidenta. Otro punto central es que los países serios adoptan reglas y se ciñen a ellas. La República de Chile adoptó una regla a partir del 2000, según la cual calculamos el presupuesto de acuerdo a un sistema de balance estructural, una meta de superávit fiscal de 1 por ciento. En ese sentido, la Presidenta ha dicho muy claramente que mientras no cambien las condiciones que dieron lugar a la fijación de dicha regla, ésta se mantendrá, lo cual tiene muchas implicancias y sólo destacaré una de ellas. De los aparentemente gigantescos ingresos por concepto del cobre sólo debemos gastar el componente permanente; no la parte transitoria. Todos sabemos -basta con leer los informes especializados- que nadie cree que el precio actual del cobre se vaya a mantener en 2,50 dólares por libra y el consenso es que, si bien su precio de largo plazo es más alto que el contemplado en el presupuesto de este año, sin lugar a duda, no es el precio actual. Esto significa que, como en años anteriores, habrá un comité de expertos independientes que incluya a los mejores especialistas del país, de todas las sensibilidades políticas, que deberá hacer una estimación sobre cuál debe ser el precio de largo plazo del cobre. De acuerdo a esa estimación, corresponderá gastar lo que es de largo plazo y ahorrar lo que es de corto plazo. ¿Por qué ahorrar? Porque los países responsables ahorran en períodos de auge a fin de contar con un colchón en períodos de vacas flacas. Sin duda, las actuales circunstancias de la economía mundial son especialmente favorables, pero no se van a mantener, por lo que hoy debe actuarse de manera responsable y financiar el programa social de modo prudente para estar bien preparados ante cualquier eventualidad. Finalmente, en cuanto a la carga tributaria del país, aquí se han hecho afirmaciones acerca de una supuesta escalada tributaria. Recuerdo que varios tributos que se mencionaron no son tales. Por ejemplo, los peajes que se cobran en las carreteras concesionadas los pagan privados a empresas privadas; por lo tanto, difícilmente podemos considerarlos tributos. Lo que corresponde, sencillamente, es ver la carga tributaria como porcentaje del PIB, la cual no se ha incrementado mucho en las últimas décadas. De hecho, hoy es, más o menos, la misma que hace dos décadas. En resumen, estamos ante un proyecto que establece beneficios debidamente financiados. Por eso su aprobación va a ser una buena noticia para todos los chilenos. He dicho. -Aplausos. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el ministro del Trabajo y Previsión Social, señor Osvaldo Andrade. El señor ANDRADE (ministro del Trabajo y Previsión Social).- Señor Presidente, como dijo el ministro de Hacienda, con este proyecto se pretende, esencialmente, asumir, por una parte, el compromiso programático de fondo o el sello que la Presidenta intenta establecer en su mandato, cual es la protección social, y, al mismo tiempo, hacernos cargo de esa deuda que hay con un importante número de chilenos y chilenas, esencialmente de la tercera edad, que hoy reciben pensiones que inevitablemente debemos incrementar. Celebro que la mayoría de las intervenciones hayan coincidido en el sentido de la justicia del proyecto, en tanto su oportunidad, cuantía y cobertura de beneficiados. Desde ese punto de vista, no podemos sino manifestar nuestra complacencia con la honorable Cámara por haber tenido el sentimiento de reconocer que el proyecto está en la línea de lo que corresponde y es de plena justicia. Las dificultades que se han planteado tienen que ver con dos líneas, y respecto de ellas haré un par de comentarios. Por una parte, está el acceso automático a la pensión asistencial. El ministro de Hacienda y el Gobierno han comprometido la voluntad explícita de generar un nuevo instrumento de focalización, un nuevo mecanismo de trabajo en este sentido. Esto no es una novedad; lo dice el programa de la Presidenta. Estamos conscientes de que el instrumento que actualmente usamos tiene un conjunto de distorsiones que hace no del todo justa la asignación. Con el instrumento que hoy tenemos estamos asegurando de todas formas el acceso automático para aquellos que, cumpliendo los requisitos, hoy no recibieron la pensión asistencial simplemente porque la cobertura de dinero no alcanzaba para ello. Estamos hablando del orden de 25 mil personas. Sin embargo, como estamos conscientes de que este instrumento provoca distorsiones, hemos comprometido formalmente, ante la honorable Cámara, la voluntad del Gobierno de avanzar en un instrumento de focalización más preciso. No cabe duda de que un instrumento idóneo debe tener una centralidad en el ingreso como factor esencial de determinación del carácter del beneficiado; sin embargo, este no es el único factor que debemos considerar. En el pasado hubo un instrumento que puso su acento casi exclusivamente en el ingreso, y provocó distorsiones. La necesidad de vincular adecuada y equilibradamente el ingreso con el patrimonio y con otro tipo de consideraciones, como enfermedades, se transforma en una necesidad inesquivable para el nuevo instrumento. El segundo aspecto controvertido es el del financiamiento. El ministro de Hacienda ya se ha referido a ello. Yo sólo quiero hacer un comentario. Me ha llamado la atención, y lo quiero decir con bastante franqueza, la naturaleza del debate, porque, en estricto rigor, de lo que estamos hablando es de una medida que financia éste y muchos otros programas sociales. Estamos hablando del gran ámbito de los programas sociales que está vinculado a la protección social como un factor esencial de la cohesión social, que es un dato inesquivable para mantener un sistema democrático. Estamos haciéndonos cargo de un compromiso que todos los candidatos plantearon en sus campañas. Esto no es una novedad, está escrito, está dicho. En la segunda vuelta de la última campaña presidencial, el señor Sebastián Piñera y la señora Michelle Bachelet, tenían el mismo planteamiento. Ambos se hacían cargo de la mantención del IVA en 19 puntos. En consecuencia, aquí nadie puede sentirse sorprendido o violentado, y menos decir que esto ha sido una novedad. Es parte de los compromisos de campaña de ambos candidatos. Y voy más allá, los candidatos que participaron en la primera vuelta también dijeron lo mismo. Entonces, no hay ninguna sorpresa. En consecuencia, pedimos a las diputadas y diputados un mínimo sentido de coherencia, que dé cuenta de lo que fueron sus adhesiones electorales en las últimas campañas y voten en esa dirección. Por último, quiero señalar, a propósito de un comentario que escuché, que aquí no hay que creerle ni al compañero tal ni al compañero cual, sino a la Presidenta de Chile, porque ella está cumpliendo taxativamente, en el corto plazo, los compromisos que adquirió ante el pueblo de Chile. Muchas gracias. El señor LEAL (Presidente).- Cerrado el debate. Informo a la Sala que el artículo 7º se votará separadamente, por cuanto ha sido objeto de indicación para suprimirlo. En votación general el proyecto, con excepción de los artículos 5° y 6°, que tienen el carácter de normas de quórum calificado. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 116 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor LEAL (Vicepresidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo Alejandro; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Álvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe. El señor LEAL (Vicepresidente).- En votación los artículos 5° y 6°, que para su aprobación requieren el voto favorable de 61 diputadas y diputados. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 117 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor LEAL (Presidente).- Aprobados. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo Alejandro; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe. El señor LEAL (Presidente).- Si le parece a la Sala, por no haber sido objeto de indicaciones también se declara aprobado en particular, dejando constancia de que se alcanzó el quórum constitucional requerido, con excepción del artículo 7° respecto del cual se ha formulado indicación para eliminarlo. ¿Habría acuerdo? Acordado. Aprobado el proyecto en particular. En votación el artículo 7°. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos; por la negativa, 53 votos. No hubo abstenciones. El señor LEAL (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo Alejandro; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Palma Flores Osvaldo; Paya Mira Darío; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe. El señor LEAL (Presidente).- Despachado el proyecto. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 15.23 horas.JORGE VERDUGO NARANJO,Jefe de la Redacción de Sesiones.VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA1. Certificado de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. “Valparaíso, 4 de marzo de 2006.- El abogado secretario de Comisiones que suscribe, certifica:1. Que el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, y primero reglamentario, iniciado en mensaje de S. E. el Presidente de la República que concede un reajuste extraordinario a las pensiones mas bajas y modifica otras leyes que indica, Boletín N° 4131-13., con urgencia calificada de ”Discusión Inmediata”, fue despachado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, con la asistencia de los Diputados Aguiló, don Sergio, (Presidente); Alinco, don René; Bertolino, don Mario; Dittborn, don Julio; Goic, doña Carolina; Melero, don Patricio; Meza, don Fernando; Monckeberg, don Nicolás; Muñoz, doña Adriana; Recondo, don Carlos; Saffirio, don Eduardo; Salaberry, don Felipe, y Vidal, doña Ximena.2. Que a la sesión que esta Comisión destinó al estudio de esta materia, asistieron el señor ministro de Hacienda, don Andrés Velasco Brañez; el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, don Osvaldo Andrade Lara; el señor Subsecretario del Trabajo, don Zarko Luksic Sandoval; la señora Subsecretaria de Previsión Social, doña Lissette García Bustamante; el señor Director de Presupuestos, don Alberto Arenas De Mesa, y el asesor de esa cartera de Estado, don Francisco Del Río Correa.3. Que puesto en votación general el proyecto fue aprobado por 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.4. Que puesto en votación particular se aprobaron por la unanimidad de los Diputados, presentes en la Sala, los artículos 1°; 2°; 3°; 4°; 5°; 6°, y transitorio, y por siete votos a favor, seis en contra y ninguna abstención, el artículo 7°. Cabe hacer presente que Vuestra Comisión rechazó, por mayoría de votos, una indicación de los señores Diputados Bertolino; Dittborn; Melero; Monckeberg; Recondo, y Salaberry, para eliminar el artículo 7°.5. Que vuestra Comisión, estimó que los artículos 5° y 6° del proyecto poseen el carácter de normas de quórum calificado, conforme lo señalado en el artículo 19, número 18 de la Constitución Política de la República.6. Que la Comisión acordó que este informe se emitiera en forma verbal, directamente en la Sala, para lo cual designó Diputado Informante al señor Eduardo Saffirio Suárez.7. Que el texto aprobado por esta Comisión, es el siguiente:PROYECTO DE LEY: Artículo 1°.- Concédese, a contar del día 1° del mes siguiente a la entrada en vigencia del artículo 7° de la presente ley, un reajuste extraordinario de un 10% a las pensiones asistenciales del decreto ley N° 869, de 1975, a las pensiones mínimas de los artículos 24, 26 y 27 de la ley N° 15.386 y del artículo 39 de la ley N° 10.662 y a las pensiones de regímenes previsionales administrados por el Instituto de Normalización Previsional y por las Cajas de Previsión y las pensiones del seguro de la ley N° 16.744, cuyo monto a la fecha indicada no exceda de $ 100.000 mensuales. Aquellas pensiones de regímenes previsionales administrados por el Instituto de Normalización Previsional y por las Cajas de Previsión y las pensiones del seguro de la ley N° 16.744, cuyo monto mensual a la fecha indicada en el inciso anterior sea superior a $ 100.000 pero inferior a $ 110.000, se incrementarán a esta última cantidad. Las personas que sean beneficiarias de más de una pensión, tendrán derecho al reajuste otorgado en el inciso primero, en la medida que la suma de sus pensiones y de las bonificaciones de las leyes N° 19.403, 19.539 y 19.953, si las tuvieren, no exceda de $ 100.000 mensuales. En el evento que la suma de las pensiones y las referidas bonificaciones exceda dicho monto, pero sea inferior a $110.000 mensuales, tendrán derecho a que la pensión de mayor monto se incremente en la cantidad necesaria para alcanzar en conjunto el último valor indicado. Si una de las pensiones fuere mínima, ésta y las citadas bonificaciones si las hubiere, se reajustarán en el porcentaje señalado en el inciso primero; y si la suma de los montos reajustados más la otra u otras pensiones resultare inferior a $ 110.000, la otra pensión o la mayor de las otras, se incrementará en la cantidad necesaria para alcanzar este último valor. El reajuste e incrementos a que se refiere este artículo se aplicarán sin perjuicio de los reajustes automáticos que correspondan de conformidad al artículo 10 de la Ley N° 18.611, al artículo 14 del decreto ley N° 2.448 y al artículo 2° del decreto ley N° 2.547, ambos de 1979. Artículo 2°.- Los beneficiarios de las pensiones a que se refiere el artículo anterior, que cumplan 70 ó 75 años de edad con posterioridad a la fecha señalada en dicho artículo, tendrán derecho a las respectivas pensiones, en sus montos debidamente reajustados, a contar del día primero del mes siguiente a aquél en que cumplan las correspondientes edades. Artículo 3°.- Concédese, a contar del día 1° del mes siguiente a la entrada en vigencia del artículo 7° de la presente ley, un reajuste extraordinario de un 10% a las bonificaciones establecidas en las leyes N° 19.403; 19.539 y 19.953. Artículo 4°.- Para conceder el reajuste e incrementos establecidos en los artículos precedentes, respecto de las pensiones a que se refiere el artículo 2° del decreto ley N° 2.547, de 1979, serán aplicables las normas de la ley N° 18.694, y lo dispuesto en el artículo 83 de la ley N° 18.948 y en el artículo 66 de la ley N° 18.961. Artículo 5°.- Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social impartir las correspondientes instrucciones para la aplicación de los artículos anteriores. Artículo 6°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley N° 869, de 1975:1) A contar de la entrada en vigencia del numeral 2) del presente artículo, deróganse el inciso tercero del artículo 2° y los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 8°, y suprímese en el inciso segundo del artículo 2° la frase ” al momento de selección”.2) Reemplázase, a contar del día 1° del mes subsiguiente a la entrada en vigencia del artículo 7° de la presente ley, el inciso primero del artículo 2° del decreto ley N° 869, de 1975, por el siguiente: “Las pensiones asistenciales a que tengan derecho las personas carentes de recursos, conforme a este decreto ley, serán otorgadas por los Intendentes Regionales a aquellas que reúnan los requisitos señalados en el artículo 1° y que, por aplicación de lo dispuesto en el inciso siguiente, obtengan un puntaje igual o inferior en el respectivo instrumento, establecidos por el reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con la firma del Ministro de Hacienda. Ello sin perjuicio de las instrucciones que imparta la Superintendencia de Seguridad Social.”. Artículo 7°.- Derógase, a contar de la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial, el literal b) del artículo 1° de la ley N° 19.888. Artículo transitorio.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el año 2006, se financiará con cargo al ítem 50-01-03-24-03.122 de la partida presupuestaria Tesoro Público. Con todo, los beneficios a que se refieren los artículos 1° y 3°, en lo que dicen relación con el seguro de la ley N° 16.744, se financiarán con cargo a dicho seguro.”.8. Que, asimismo, asistieron a esta sesión los señores diputados Ascencio, don Gabriel; Duarte, don Gonzalo; Galilea, don Pablo, y Latorre, don Juan Carlos. (Fdo.): PEDRO N. MUGA RAMÍREZ, Abogado Secretario de la Comisión”.2. Certificado de la comisión de Hacienda. “Valparaíso, 4 de abril de 2006. El Secretario de Comisiones que suscribe, certifica: Que el texto que se acompaña, debidamente autenticado, contiene el articulado íntegro del proyecto que concede un reajuste extraordinario a las pensiones más bajas y modifica otras leyes que indica (boletín N° 4131-13), con urgencia calificada de “discusión inmediata”, en los términos aprobados por la Comisión. Asistieron a la Comisión los Diputados señores Lorenzini, don Pablo (Presidente), Alvarado, don Claudio; Álvarez, don Rodrigo; Becker, don Germán; Dittborn, don Julio; Galilea, don Pablo; Insunza, don Jorge; Montes, don Carlos; Ortiz, don José Miguel; Robles, don Alberto; Saa, doña María Antonieta; Súnico, don Raúl y Von Mühlenbrock, don Gastón. Concurrieron también durante el estudio de la iniciativa los señores Andrés Velasco, Ministro de Hacienda; Osvaldo Andrade, Ministro del Trabajo y Previsión Social; Zarko Luksic, Subsecretario del Trabajo; la señora Lissette García, Subsecretaria de Previsión Social; los señores Alberto Arenas, Director de Presupuestos; Julio Valladares, Subdirector de Racionalización y Función Pública, y Marcelo Tokman y la señora Jacqueline Saintard, Asesores del Ministerio de Hacienda. Sometido el proyecto a votación, se aprobaron por unanimidad los artículos 1° al 6° y el artículo transitorio, siendo aprobado el artículo 7° por siete votos a favor y 6 votos en contra. La Comisión acordó, además, que el informe se emitiera en forma verbal, directamente en la Sala, para lo cual designó Diputado Informante al señor Carlos Montes. Al presente certificado se adjunta informe financiero de la Dirección de Presupuestos.Proyecto de ley Artículo 1°.- Concédese, a contar del día 1° del mes siguiente a la entrada en vigencia del artículo 7° de la presente ley, un reajuste extraordinario de un 10% a las pensiones asistenciales del decreto ley N° 869, de 1975, a las pensiones mínimas de los artículos 24, 26 y 27 de la ley N° 15.386 y del artículo 39 de la ley N° 10.662 y a las pensiones de regímenes previsionales administrados por el Instituto de Normalización Previsional y por las Cajas de Previsión y a las pensiones del seguro de la ley N° 16.744, cuyo monto a la fecha indicada no exceda de $ 100.000 mensuales. Aquellas pensiones de regímenes previsionales administrados por el Instituto de Normalización Previsional y por las Cajas de Previsión y las pensiones del seguro de la ley N° 16.744, cuyo monto mensual a la fecha indicada en el inciso anterior sea superior a $ 100.000 pero inferior a $ 110.000, se incrementarán a esta última cantidad. Las personas que sean beneficiarias de más de una pensión, tendrán derecho al reajuste otorgado en el inciso primero, en la medida que la suma de sus pensiones y de las bonificaciones de las leyes N°s. 19.403, 19.539 y 19.953, si las tuvieren, no exceda de $ 100.000 mensuales. En el evento que la suma de las pensiones y las referidas bonificaciones exceda dicho monto, pero sea inferior a $110.000 mensuales, tendrán derecho a que la pensión de mayor monto se incremente en la cantidad necesaria para alcanzar en conjunto el último valor indicado. Si una de las pensiones fuere mínima, ésta y las citadas bonificaciones si las hubiere, se reajustarán en el porcentaje señalado en el inciso primero; y si la suma de los montos reajustados más la otra u otras pensiones resultare inferior a $ 110.000, la otra pensión o la mayor de las otras, se incrementará en la cantidad necesaria para alcanzar este último valor. El reajuste e incrementos a que se refiere este artículo se aplicarán sin perjuicio de los reajustes automáticos que correspondan de conformidad al artículo 10 de la ley N° 18.611, al artículo 14 del decreto ley N° 2.448 y al artículo 2° del decreto ley N° 2.547, ambos de 1979. Artículo 2°.- Los beneficiarios de las pensiones a que se refiere el artículo anterior, que cumplan 70 ó 75 años de edad con posterioridad a la fecha señalada en dicho artículo, tendrán derecho a las respectivas pensiones, en sus montos debidamente reajustados, a contar del día primero del mes siguiente a aquél en que cumplan las correspondientes edades. Artículo 3°.- Concédese, a contar del día 1° del mes siguiente a la entrada en vigencia del artículo 7° de la presente ley, un reajuste extraordinario de un 10% a las bonificaciones establecidas en las leyes N°s. 19.403, 19.539 y 19.953. Artículo 4°.- Para conceder el reajuste e incrementos establecidos en los artículos precedentes, respecto de las pensiones a que se refiere el artículo 2° del decreto ley N° 2.547, de 1979, serán aplicables las normas de la ley N° 18.694, y lo dispuesto en el artículo 83 de la ley N° 18.948 y en el artículo 66 de la ley N° 18.961. Artículo 5°.- Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social impartir las correspondientes instrucciones para la aplicación de los artículos anteriores. Artículo 6°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley N° 869, de 1975:1) A contar de la entrada en vigencia del numeral 2) del presente artículo, deróganse el inciso tercero del artículo 2° y los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 8°, y suprímese en el inciso segundo del artículo 2° la frase ” al momento de selección”.2) Reemplázase, a contar del día 1° del mes subsiguiente a la entrada en vigencia del artículo 7° de la presente ley, el inciso primero del artículo 2° del decreto ley N° 869, de 1975, por el siguiente: “Las pensiones asistenciales a que tengan derecho las personas carentes de recursos, conforme a este decreto ley, serán otorgadas por los Intendentes Regionales a aquellas que reúnan los requisitos señalados en el artículo 1° y que, por aplicación de lo dispuesto en el inciso siguiente, obtengan un puntaje igual o inferior en el respectivo instrumento, establecidos por el reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con la firma del Ministro de Hacienda. Ello sin perjuicio de las instrucciones que imparta la Superintendencia de Seguridad Social.”. Artículo 7°.- Derógase, a contar de la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial, el literal b) del artículo 1° de la ley N° 19.888. Artículo transitorio.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el año 2006, se financiará con cargo al ítem 50-01-03-24-03.122 de la partida presupuestaria Tesoro Público. Con todo, los beneficios a que se refieren los artículos 1° y 3°, en lo que dicen relación con el seguro de la ley N° 16.744, se financiarán con cargo a dicho seguro.”. (Fdo.): Javier Rosselot Jaramillo, Secretario de la Comisión”.INFORME FINANCIEROPROYECTO DE LEY QUE REAJUSTA PENSIONES MÁS BAJAS,MODIFICA OTRAS LEYESMensaje N° 25-354 En el contexto del compromiso asumido por el Gobierno para sus 100 primeros días, el presente proyecto de ley incorpora las siguientes medidas que permitirán fortalecer el sistema de protección social del país:1. Reajuste extraordinario de 10% a las pensiones asistenciales del decreto N° 869, de 1975 y a las pensiones mínimas de los artículos 24, 26 y 27 de la ley N° 15.386 y el artículo 39 de la ley N° 10.662 pagadas por el Instituto de Normalización Previsional, por las Cajas de Previsión y por las Mutualidades de la ley N° 16.744. Este beneficio se extiende a los pensionados que perciben pensiones mínimas con garantía estatal conforme al título VII del decreto ley N° 3.500 de 1980. Además, se otorga un reajuste extraordinario a las pensiones de regímenes previsionales administrados por el INP y por las Cajas de Previsión y del seguro de la ley N° 16.744, cuyo monto al 1° del mes siguiente a la publicación de la presente ley en el Diario Oficial no exceda de $ 100.000. Asimismo, se beneficiará a las pensiones señaladas en párrafo anterior cuyo monto al 1° del mes siguiente a la publicación de la presente ley en el Diario Oficial sea superior a $ 100.000 pero inferior a $ 110.000, incrementándose a esta última cantidad.2. Derecho a acceder en forma automática a la pensión asistencial para aquellos beneficiados que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 1° del decreto ley N° 869, de 1975.3. Deroga la letra b) del artículo 1° de la ley N° 19.888, con el propósito de mantener la actual tasa del 19% del impuesto al valor agregado (IVA), lo que asegurará un financiamiento permanente para esta iniciativa, así como para los otros componentes del Sistema de Protección Social.Millones de $ MedidaBeneficiariosCosto2006CostoAnualReajuste pensiones más bajas1.216.12161.65092.100Pensiones mínimas526.87435.49053.235Pensiones Asistenciales451.56414.47022.176Pensiones con Garantía Estatal70.5503.0194.528Pensiones inferiores a $ 100.000119.8885.7958.693Pensiones entre $ 100.000 y $ 110.00047.2452.8763.468Acceso automático a pensión asistencial (1)25.0004.0885.400Total65.73897.500(1) Estimación en 2006. (Fdo.): ALBERTO ARENAS DE MESA, Director de Presupuestos”.3. Moción de los diputados señores Roberto Sepúlveda, Aedo, García, Martínez, Silber, Verdugo y de las diputadas señoras Pascal, doña Denise; Rubilar, doña Karla y Ximena Valcarce. Modifica la ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, con la finalidad de fomentar y obtener mayor participacion ciudadana en la proteccion del medio ambiente. (boletín N° 4132-12Fundamentos del proyecto Nuestra Constitución Política, en su artículo 19 N° 8, consagra como garantía fundamental que se debe asegurar a todas las personas, “El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la participación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente”. En cumplimiento al mandato constitucional contenido en la parte final de la disposición antes transcrita, nuestro Parlamento debatió desde el mes de Septiembre de 1992 hasta comienzos de 1994, el proyecto que dio origen a la que actualmente se conoce como Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, promulgada el 9 de Marzo de 1994. En la misma Carta Fundamental, su artículo 20, inciso segundo, establece: “Procederá también, el recurso de protección en el caso del N° 8 del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada”. Esta norma nos señala la importancia que representa para el constituyente el ejercicio del derecho a vivir en un medio ambiente exento de contaminación, al otorgar la posibilidad de interponer este tipo de acción cautelar. El artículo 4° de la Ley N° 19.300, prescribe “Es deber del Estado facilitar la participación ciudadana y promover campañas educativas destinadas a la protección del medio ambiente”. Por su parte, la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, establece en su artículo 17, letra c), como una de las funciones del gobierno regional en materia territorial, la de “fomentar y velar por la protección y mejoramiento del medio ambiente, adoptando las medidas adecuadas a la realidad de la Región, con sujeción a las normas legales y decretos supremos que rijan la materia”. A su turno, el artículo 6° de la Ley N° 19.300, preceptúa: “El proceso educativo, en sus diversos niveles, a través de la transmisión de conocimientos y de la enseñanza de conceptos modernos de protección ambiental, orientados a la comprensión y toma de conciencia de los problemas ambientales, deberá incorporar la integración de valores y el desarrollo de hábitos y conductas que tiendan a prevenirlos y resolverlos.” Todas estas disposiciones, tanto constitucionales como legales, que contienen claras declaraciones de principios en materia de protección y preservación del medio ambiente, que si se aplicaran plenamente, lograrían igualarnos a los paises más desarrollados, no han sido sin embargo asimiladas íntegramente por la comunidad, dada la carencia de una participación ciudadana plena, en la forma que ha sido concebida por el legislador. Al tenor de estas consideraciones, corresponde en nuestro concepto, suplir dicha falencia, mediante un perfeccionamiento de la ley, con el objeto de asegurar plenamente la real participación ciudadana. Para dicho efecto, se hace necesario, a nuestro juicio, introducir modificaciones al artículo 4° de la ley, para imponer al Estado no solo la obligación de facilitar la participación ciudadana, sino que también, de fomentarla. De igual modo, estimamos, que en el artículo 6°, que trata del proceso educativo sobre protección ambiental, debe introducirse la obligación de fomentar la participación ciudadana. Asimismo, se considera necesario introducir una modificación a su artículo 31, para establecer la obligación, por parte de las municipalidades, de comunicar a las organizaciones ciudadanas acerca de la existencia de un proyecto en evaluación. En su artículo 65, norma inserta en el título IV sobre la fiscalización, se propone fijar un plazo máximo de diez días para que el organismo fiscalizador dé curso a las denuncias formuladas por los ciudadanos a las municipalidades sobre incumplimiento de normas ambientales, y que asimismo el municipio de que se trate, comunique al denunciante el requerimiento que hagan dichas corporaciones y del informe que emita el respectivo organismo fiscalizador. Finalmente, también se estima necesario que las Comisiones Regionales de Medio Ambiente deben fomentar la adecuada participación de las municipalidades y organizaciones sociales en las materias referidas al medio ambiente, para cuyo efecto se requiere modificar su artículo 86. En mérito a las consideraciones antes expuestas, venimos en presentar el siguiente PROYECTO DE LEY Artículo único: Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente:1° En su artículo 4, intercálase, a continuación de la palabra “facilitar” la expresión “y fomentar”.2° En su artículo 6:a) en su parte final, a continuación de la expresión “prevenirlos”, reemplázase la conjunción “y” por una coma (,);b) en su parte final, a continuación de la expresión “resolverlos”, reemplázase el punto final (.) por una coma (,);c) agréguese, a continuación de la palabra “resolverlos”, la frase “fomentando la participación ciudadana en la solución de dichos problemas”.3° En su artículo 31:a) en su parte final, a continuación de la expresión “publicidad”, reemplázase el punto final (.) por una coma (,) yb) a continuación de la expresión “publicidad”, agrégase la siguiente frase: “la que se materializará por parte de la respectiva Secretaría Municipal, mediante comunicación escrita a las respectivas organizaciones ciudadanas”.4° En su artículo 65:a) en su inciso primero, a continuación de la palabra final “curso”, suprímase el punto final,b) en su inciso primero, a continuación de la palabra “curso”, agrégase la siguiente frase: “en un plazo de máximo de diez días, contados desde su recepción”.c) en su inciso segundo, a continuación de la palabra “Ambiente” y antes de la palabra “Con”, intercálase la siguiente frase: “Estos mismos documentos se harán llegar al denunciante”.4. Moción de los diputados señores Correa, Forni, Hernández, Hales, Martínez, Masferrer, urrutia, Von Mühlenbrock, Walker y Ward. Hace aplicables las penas de la ley N° 20.064 a Carabineros y miembros de la Policía de Investigaciones que, no estando en el ejercicio de sus funciones trate de evitar la comisión de un delito. (boletín N° 4133-02)1. Que, la Ley N° 20.064 por la cual se aumenta las penas en los casos de delitos de maltrato de obra a carabineros se dictó en virtud de una serie de fundamentos que sin duda justificaban plenamente una legislación de esta naturaleza de este modo el Gobierno de la época señalaba que la satisfacción de las crecientes demandas en materia de seguridad y los sostenidos esfuerzos de desarrollo Institucional suponen, como contrapartida, un marco jurídico adecuado que se constituya en un factor disuasivo para quienes pretendan o intenten interferir en el legítimo accionar policial. Especialmente, cuando dichas conductas se traduzcan en atentados directos y graves a la vida o integridad física de la policía en el ejercicio de sus funciones propias. 2. Que, sin duda una legislación que aumenta las penas en caso de muerte o lesiones a un carabinero o a un integrante de la Policía de Investigaciones durante el servicio de su función policial es necesaria y justa, ya que por una parte se da una señal clara al mundo delictual las severas consecuencias en cuanto a la aplicación de las penas que recaería sobre ellos en caso de cometer estos ilícitos y por otra parte nuestros policías se sienten más protegidos por el Estado que vela adecuadamente por su protección en el ámbito de la ley penal, estableciendo un cuerpo legal acorde a la riesgosa función de resguardo a toda la sociedad.3. Que, siendo meritorio lo señalado precedentemente, creemos que esta ley debe proteger a los carabineros y policías que estando fuera de sus horas de servicio o de franco resultan muertos o lesionados tratando de evitar la comisión de delitos. Esta actitud heroica en nuestro concepto, no debe quedar excluida de la Ley N° 20.064, ya que exige un grado mayor de compromiso por parte de estos funcionarios ya sea con la sociedad y con la institución de la cual forman parte, transformándose en verdaderos mártires institucionales y por que no decirlo héroes para nuestro país.4. Que, y solo a modo de ejemplo les representamos dos casos notables de hidalguía y coraje en las cuales dos carabineros fuera de sus horas de servicio han perdido la vida tratando de evitar la comisión de un delito, a saber: Cabo 1° Marcelo Eastman Labra, quien un 5 de Mayo del año 1997, trato de evitar el asalto que cometían tres individuos al interior de un microbús, fue herido de un balazo en el cráneo lo que le causo la muerte. Sargento 2° José Reyes Muñoz, quien el 16 de Marzo del presente año quien trato de impedir el robo de una bicicleta fue herido de un balazo en el rostro lo que le causo la muerte.Proyecto de ley: Para modificar el artículo 1° en el siguiente sentido: Artículo 416: “El que matare a un carabinero que encontrándose en calidad de franco tratara de evitar la comisión de un delito o matare a un carabinero en el ejercicio de sus funciones será castigado con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado”. Artículo 416 bis: “El que hiriere, golpeare o maltratare a un carabinero que encontrándose en calidad de franco tratara de evitar la comisión de un delito o hiriere, golpeare o maltratare a un carabinero en el ejercicio de sus funciones, será castigado:…” Artículo 416 ter: “Las penas establecidas en los artículos 395 y 396 del Código Penal , serán aumentadas en un grado cuando la víctima sea un carabinero que en calidad de franco tratare de evitar la comisión de un delito o se tratare de un carabinero en el ejercicio de sus funciones”. Para modificar el artículo 2° en el siguiente sentido: Artículo 17: “El que matare a un miembro de la Policía de Investigaciones que encontrándose en calidad de franco tratara de evitar la comisión de un delito o lo matare estando éste en el ejercicio de sus funciones será castigado con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado.” Artículo 17bis: “El que hiriere, golpeare o maltratare de obra a un miembro de la Policía de Investigaciones que encontrándose en calidad de franco tratara de evitar la comisión de un delito o si lo hiciera estando en el ejercicio de sus funciones, será castigado:” Artículo 17ter: “Las penas establecidas en los artículos 395 y 396 del Código Penal , serán aumentadas en un grado cuando la víctima sea un miembro de la Policía de Investigaciones que encontrándose en calidad de franco tratara de evitar la comisión de un delito o si lo hiciera estando en el ejercicio de sus funciones.