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El señor SEPÚLVEDA (don Roberto) .-
Señor Presidente , a continuación, quiero referirme a otra situación que afecta y golpea gravemente a la clase media y que su señoría en su calidad de parlamentario, acaba de denunciar.
En estos días, se ha producido en la comunidad nacional una natural conmoción ante el alza de las contribuciones de los bienes raíces no agrícolas, en el marco de la aplicación de la denominada Ley de Rentas II. Consideramos realmente legítima tal inquietud ciudadana, ya que estimamos que con esa alza se está inflingiendo un cruel castigo a los contribuyentes, que, en caso alguno, fue previsto por el legislador.
En efecto, si bien la ley tuvo por finalidad financiar los servicios que entregan las municipalidades, al destinar el 40 por ciento del monto total recaudado a la corporación edilicia de la cual depende el bien raíz de que se trate, y el 60 por ciento restante al Fondo Común Municipal, con el objeto de financiar los servicios que entregan las municipalidades, entre otros, salud, educación, seguridad, mantención de veredas y áreas verdes e iluminación de calles, este tributo territorial, en la práctica, ha pasado a ser un impuesto al patrimonio, lo que, obviamente, resulta altamente injusto y regresivo.
Es un hecho incontrarrestable que lo que los contribuyentes pagan por concepto de contribuciones no tiene relación directa con su capacidad de pago. Por ejemplo, si un contribuyente posee una casa habitación con un avalúo superior al mínimo exento, deberá pagar un impuesto territorial acorde con ese avalúo, mientras que otro contribuyente que tenga varias propiedades con avalúos inferiores al mínimo exento no deberá pagar contribución alguna, lo que, indudablemente, constituye una clara inequidad del sistema.
En este orden de ideas, resulta particularmente ilustrativa la petición efectuada recientemente por el Colegio de Abogados a la señora Presidenta de la República , con el fin de que se suspenda la aplicación de la ley N° 20.033 y la dictación de un nuevo reglamento para materializar el reajuste de las contribuciones de los bienes raíces urbanos. Esa entidad gremial ha invocado diversos argumentos jurídicos, entre los que se destaca la abierta transgresión de garantías constitucionales consagradas como tales por nuestra Carta Fundamental, y que me permito señalar brevemente.
En primer lugar, la que reserva a la ley el establecimiento de impuestos, ya que, en este caso, se materializan mediante una simple decisión administrativa del Servicio de Impuestos Internos.
En segundo lugar, relativa a la igualdad en la repartición de los tributos, norma que ha sido violada, porque en numerosos casos los avalúos han sido determinados sin respetar dicho principio.
En tercer lugar, de no discriminación arbitraria, al gravarse de modo injustificado a ciertos sectores urbanos y eximir o gravar en menor medida a otros.
Por ultimo, la que establece que los tributos deben afectar las rentas y no el patrimonio de las personas.
Esta petición, a la que por sus sólidos fundamentos adherimos plenamente, queda entregada en forma exclusiva a la voluntad potestativa de la Primera Mandataria, ya que no se hizo valer la inconstitucionalidad de la ley durante la tramitación del proyecto respectivo.
Todo lo expuesto ha derivado en la presentación de alrededor de seis mil reclamos. Indudablemente, en la medida en que se acerque el fin de este mes, fijado como plazo para formular tales presentaciones, el número de reclamos debería multiplicarse.
También, existe un procedimiento ordinario de reclamos, que puede invocarse en cualquier momento por el contribuyente que se considere afectado por estas medidas. Sin embargo, con el actual sistema de justicia tributaria, según el cual el Servicio de Impuestos Internos es, en la práctica, juez y parte, resulta bastante difícil que los contribuyentes obtengan una solución satisfactoria a sus legítimos reclamos.
Los afectados por las alzas de las contribuciones son alrededor de un millón 180 mil, de un total de 4 millones 461 mil que están catastradas, y más de 500 mil familias han visto aumentados sus avalúos en más del 25 por ciento.
Hasta ahora hemos visto muy poca voluntad -por no decir casi nula- del Gobierno para escuchar el clamor de los contribuyentes, con el fin de efectuar un reavalúo realmente justo y equitativo y no expropiatorio.
Si consideramos que, en este último tiempo, han subido las tarifas de los servicios eléctricos, del agua potable, de los combustibles y de las rutas concesionadas, y agregamos el hecho de que en marzo se deben pagar los permisos de circulación de los vehículos particulares y los padres de familia afrontar los gastos derivados de la escolaridad de sus hijos, se debe concluir con que el alza de las contribuciones constituye, como señalé, un fuerte castigo a la clase media, la que indudablemente no merece tales medidas, las que creo deben revertirse.
En el distrito que represento, que lo constituyen comunas populares como Maipú, Los Cerrillos y Estación Central, más de mil familias han visto afectados sus ingresos como consecuencia de esa medida arbitraria.
Por esas consideraciones, solicito que, en mi nombre, se oficie al ministro de Hacienda , de quien depende el Servicio de Impuestos Internos, con el objeto de disponer la suspensión de la aplicación del reavalúo de bienes raíces no agrícolas, por constituir una medida de absoluta inequidad.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de la diputada señora Marta Isasi .
"
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