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- rdf:value = " INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LA ACTUACIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS ENCARGADOS DE LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE EN LA COMUNA DE ANTOFAGASTA (CONTINUACIÓN)
El señor ANDRADE (Presidente).-
Corresponde iniciar la discusión del informe de la Comisión Especial Investigadora de la actuación de los organismos públicos encargados de la protección de la salud y el medio ambiente en la comuna de Antofagasta.
De conformidad con los acuerdos de los Comités adoptados el 1 de marzo pasado, se destinará un tiempo de debate de media hora, distribuido proporcionalmente por bancada.
Hago presente a la Sala que el informe fue rendido en la sesión 130ª de la legislatura 363ª, de 3 de marzo del año en curso.
Antecedentes:
-La discusión del informe se inició en la sesión 130ª de la legislatura 363ª, en 3 de marzo de 2016.
El señor ANDRADE (Presidente).-
En discusión el informe.
Tiene la palabra el diputado Sergio Gahona .
El señor GAHONA.-
Señor Presidente, como miembro de la comisión investigadora en materia de protección de la salud y el medio ambiente en Antofagasta, quiero referirme a las recomendaciones y propuestas de acciones a ejecutar por los organismos involucrados de mayor relevancia, según el mandato otorgado a esta instancia.
Es invaluable el hecho de que la comisión no solo haya determinado responsabilidades pasadas, sino que también haya evaluado propuestas de futuro, con el claro foco de revertir la lamentable situación que afecta a miles de chilenos a lo largo del país, especialmente en Antofagasta, quienes han visto vulnerado su derecho a vivir una vida saludable en un medio ambiente sano.
Siempre con la premisa de mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas, la comisión elaboró propuestas, entre las que destaca la de solicitar a la Presidenta de la República que otorgue máxima urgencia a los proyectos de ley relacionados con el transporte, acopio, carga y descarga de concentrados de mineral, los que apuntan en esencia a regular adecuadamente el transporte de concentrados de cobre a través de zonas urbanas.
Por otra parte, considerando las serias deficiencias institucionales que existen en cuanto a protección de la salud de las personas y la ausencia de medidas de reparación de las mismas, queda en evidencia que se carece de una entidad dedicada exclusivamente a monitorear los riesgos a la salud generados por los concentrados de mineral.
A lo anterior se añade que el Estado no ha sido capaz de resolver los problemas de tratamiento y solución de los pasivos ambientales, al no contar con normas apropiadas que protejan la salud y el medio ambiente.
Debido a lo anterior, resulta indispensable identificar las responsabilidades del Estado y de los particulares, con el objeto de reparar la crisis, en especial en Antofagasta, región minera sometida durante largos años a constantes procesos extractivos de la industria.
En virtud de tales consideraciones, es valioso que la comisión haya acordado proponer a la Sala que solicite a la Presidenta de la República que presente un programa equivalente a la ley de polimetales en Arica que se aplique a todo el país. No deja de causarnos sorpresa que el Estado haya establecido tal programa de intervención en zonas con presencia de polimetales solo en Arica, mas no así en Antofagasta y el resto del país, lo que se traduce en una gravísima omisión, sobre todo al resultar notorio el pasivo ambiental histórico que el Estado tiene con los habitantes de dicha comuna.
Siempre en materia de salud, destaco que la comisión proponga solicitar al Ejecutivo que otorgue la máxima urgencia a proyectos de ley como el que modifica la ley N° 19.300, que busca fortalecer la protección y reparación a personas afectadas por daño medioambiental.
La comisión también propone al gobierno y a sus autoridades que fortalezcan las secretarías regionales ministeriales con contingentes de especialistas y recursos en cada región, de modo de detectar oportunamente los potenciales riesgos y problemas en la salud de las personas, y que dispongan las medidas y los recursos para establecer un plan de monitoreo y estudio permanente de las condiciones de salud en Antofagasta.
Para dar cumplimiento a lo anterior, es indispensable que se generen registros históricos a disposición de la población, tanto en materia de salud y medioambiental, como respecto del actuar del Estado, que exista mayor coordinación en las acciones de los ministerios de Salud y del Medio Ambiente, y que se cree una base de datos comunes.
Es claro el llamado de la ciudadanía que exige un Estado y ministerios con un actuar solvente y proactivo. Se requiere un Ministerio del Medio Ambiente que se ajuste a dicha demanda, que se dicte una norma nacional de suelos y que se proponga al gobierno la creación de un órgano defensor público del medio ambiente, que se ocupe exclusivamente de representar a la población en materia medioambiental.
Por último, quiero expresar mi conformidad con el trabajo realizado por la comisión y hacer un llamado a las autoridades para que acojan las propuestas formuladas por esta instancia, a fin de que comprendan que para revertir crisis medioambientales como la señalada se requiere una labor conjunta y coordinada de los distintos órganos administrativos involucrados, los cuales aún necesitan implementar una serie de medidas para lograr un mejor funcionamiento que se adapte a las necesidades del país. De esa forma podremos contar con un Estado garante de la salud y de un medio ambiente sano y limpio para toda la ciudadanía.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada Marcela Hernando .
La señora HERNANDO (doña Marcela).-
Señor Presidente, como diputada, me ha tocado participar en varias comisiones investigadoras, cada una de las cuales ha tenido diferentes resultados. En ese contexto, quiero destacar el trabajo que desarrolló la comisión investigadora en materia de protección de la salud y el medio ambiente en Antofagasta.
No han sido muchas las ocasiones en que comisiones parlamentarias, sean investigadoras o permanentes, han sesionado en los territorios específicamente afectados. En este caso, quiero reconocer y valorar la disposición de todos los diputados miembros de la comisión de viajar más de una vez hasta Antofagasta para conocer las diferentes visiones que existen en la capital regional sobre el problema de la contaminación histórica que afecta a nuestra comuna.
Como resultado de su trabajo, la comisión propone una serie de acciones para superar los puntos críticos de la contaminación y para fortalecer nuestra legislación sobre la materia. Como señaló el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, existe una serie de propuestas respecto de iniciativas de ley que emanó directamente de la comisión. No obstante, se necesita el compromiso del Ejecutivo a nivel central y regional de apoyar las medidas que la comisión considera necesarias para fiscalizar, controlar y terminar con la contaminación en Antofagasta. Es así como necesitamos que el Ejecutivo envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley sobre polimetales para todo el país, similar al proyecto sobre polimetales en Arica, y dé máxima urgencia al proyecto que somete al sistema de evaluación de impacto ambiental el transporte, recepción, acopio y embarque de minerales; al que prohíbe el transporte de concentrado de cobre a través de camiones encarpados, y al que modifica la ley Nº 19.300, fortaleciendo la protección y reparación a personas afectadas por daño medioambiental, moción parlamentaria en la que la gente está muy esperanzada y que significó un trabajo histórico y transversal -participaron diputados de corrientes políticas diferentes-, que releva un objetivo común.
La comisión propone medidas administrativas, como el fortalecimiento de las seremis en materia de protección, prevención y detección temprana de riesgos a la salud de las personas. Asimismo, propone que el gobierno se comprometa a adoptar medidas y a destinar recursos para solicitar al Ministerio del Medio Ambiente que, en un breve plazo, dicte normas nacionales respecto del suelo.
Son más de treinta las propuestas formuladas por la comisión investigadora.
Como parlamentaria de la Nueva Mayoría que he apoyado las reformas más importantes del gobierno porque creo que necesitamos cambios profundos para tener un mejor país, reitero que, por el bien de Antofagasta y de su gente, nuestras propuestas necesitan el apoyo y el compromiso serio del Ejecutivo, no una respuesta para las luces. Por ello, insistiré al gobierno que tome en cuenta las propuestas de la comisión.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Daniel Melo .
El señor MELO.-
Señor Presidente, desde que asumí como diputado, he denunciado la verdadera crisis en que se encuentra el conjunto de nuestra institucionalidad ambiental. Esa situación redunda en la lesión de bienes jurídicos protegidos en la Carta Fundamental, como los derechos a la vida, a la salud, a la igualdad ante la ley y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
El informe que conocemos esta mañana constituye un relato casi macabro de muchos de los factores que explican la crisis, entre ellos la ausencia injustificada de normas, ordinarias y ambientales, que regulen, conforme a los principios del desarrollo sustentable, ciertas actividades económicas altamente contaminantes.
Al respecto, la comisión investigadora constató, por ejemplo, que no existe una regulación que precise o derechamente impida la circulación, por el centro de las ciudades, de camiones que carguen concentrado de cobre. Tampoco está normado el acopio de tales concentrados.
Con todo, dado que existen dos mociones parlamentarias al respecto, se ha solicitado al Ejecutivo que haga presente la urgencia necesaria para el despacho de ambas iniciativas. Mientras, en la Comisión de Minería y Energía, y en la de Medio Ambiente y Recursos Naturales avanzaremos en su tramitación y despacho.
Lo más preocupante es que en el caso de Antofagasta hemos podido apreciar todo el desarrollo y camino precisos para transformar, una vez más, un territorio en una zona de sacrificio.
Igual como sucedió en Puchuncaví, Huasco y Tocopilla, la presión que está ejerciendo en Antofagasta determinado complejo industrial -generalmente, ellos son catalogados como estratégicos-, tanto sobre el ambiente como sobre la misma población, ha superado los niveles aceptables.
El fracaso de la institucionalidad ambiental para prever y reparar este estado de cosas ha sido mayúsculo. Lo relevante es que todo ello está ocurriendo hoy en una ciudad a la que la propaganda del lobby minero-eléctrico presenta como emblemática de la industria.
Ya no se trata -con el respeto que se merecen- de humildes o lejanas localidades, sino de una de las ciudades cuyo producto interno bruto más crece en Chile y que ha sido catalogada como la capital minera del país.
El informe de la comisión investigadora revela que las brillantes luces de la ciudad tienen un riesgo cierto de opacarse entre el humo y los contaminantes que estos megapolos industriales, que cuentan con resoluciones de calificación ambiental, en las cuales la ciudadanía no participa de manera vinculante, están generando por todo Chile.
Concluyo mi intervención recordando que el cúmulo de errores y horrores que tanto el informe de la comisión como quienes me han precedido en el uso de la palabra han descrito, es, con matices, el mismo que las comunidades y representantes de la sociedad civil nos denuncian semana tras semana en la Comisión de Medio Ambiente de esta Corporación.
La ciudanía nos está dando señales claras de que debemos acometer una profunda reforma a toda nuestra institucionalidad ambiental, que afronte su precariedad -el presupuesto del ministerio es ridículamente exiguo-; que actualice sus principios ante la evidencia de que los impactos del cambio climático pueden transformarse en irreversibles, ya que el país es extremamente vulnerable a ellos; que garantice la justicia de las decisiones ambientales y que reconozca que el modelo productivo del país es, social, económica y ambientalmente, inviable.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Marcos Espinosa .
El señor ESPINOSA (don Marcos).-
Señor Presidente, esta comisión investigadora, que focalizó su labor en la ciudad de Antofagasta, reveló y desnudó una realidad en materia ambiental francamente brutal.
Para aproximarnos al tema, podría consignar que de las nueve comunas que componen la Segunda Región, tres están bajo decreto de zona saturada de contaminación: Calama , Tocopilla y María Elena , y cuatro en estado de latencia. Las conclusiones a las que arribó la comisión investigadora nos develan de manera inequívoca que la ciudad de Antofagasta está pronta a ser declarada zona saturada de contaminación.
A partir de la exposición de distintos invitados que asistieron a la comisión, tanto de las instituciones encargadas de velar por el cuidado del medio ambiente y la protección de la salud de las personas como de académicos, investigadores y organizaciones ciudadanas, que nos hicieron ver que este tema es una preocupación central dentro de la agenda pública de Antofagasta, pudimos llegar a determinar que nuestra institucionalidad en materia ambiental requiere urgentemente correcciones, fortalecimientos y mayor preocupación de los organismos públicos para velar por la adecuada sustentabilidad del medio ambiente.
A propósito de eso, ayer presentamos a la Secretaría de la Cámara de Diputados una petición -la Sala deberá pronunciarse respecto de ella en los próximos días- para crear una comisión investigadora destinada a fiscalizar, evaluar y hacer un diagnóstico del rol que están cumpliendo las instituciones públicas -entre otras, la Conaf, la Dirección General de Aguas, el Ministerio de Salud, el Servicio Agrícola y Ganadero- en el cuidado, manejo e intervención de nuestro medio ambiente. Ello, porque francamente creemos que están siendo sobrepasadas en sus facultades y no están cumpliendo sus obligaciones, dado el uso indiscriminado que se está haciendo en nuestro país de recursos naturales, antes renovables, hoy no renovables, por ejemplo, el hídrico.
Esa comisión investigadora será la encargada de fiscalizar no solo si tales instituciones están cumpliendo sus funciones, sino también si las compañías mineras, particularmente las privadas, están cumpliendo las obligaciones que contrajeron al momento de suscribir los contratos para adquirir derechos de agua.
Lo señalo, porque en Antofagasta se han multiplicado las denuncias sobre abusos en la utilización de esos derechos por parte de algunas mineras privadas, que sobrepasan con creces lo autorizado por la Dirección General de Aguas mediante un contrato o convenio de concesión de aguas. Ello ha provocado irremediables daños a nuestro ecosistema.
En la Segunda Región tenemos salares que dan cuenta de esta situación, como el de Punta Negra. El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, diputado señor Fernando Meza , pudo constatar en terreno el grave daño ecológico-ambiental que hoy está sufriendo ese salar producto de una indiscriminada e irracional extracción del recurso hídrico.
Lo anterior fue lo que nos motivó a pedir la creación de la referida comisión investigadora.
En otro orden de cosas, es indispensable avanzar en una legislación que promueva y fortalezca la actual Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Para eso, junto con otros parlamentarios presenté un proyecto de ley que modifica dicho cuerpo legal en su artículo 10, incorporando en la letra i) de dicha disposición la obligación de que todo lo relativo al desplazamiento, embarque, desembarque y acopio de concentrado de cobre sea objeto de un estudio de impacto ambiental, es decir, que no se trate de una simple declaración de impacto ambiental, como es lo que se exige en la actualidad.
Si bien el concentrado de cobre no se halla calificado en nuestro ordenamiento jurídico ambiental como una sustancia peligrosa, está claramente demostrado que contiene gran cantidad de polimetales que dañan gravemente la vida humana y la salud de las personas.
Por tal razón, necesitamos perfeccionar dicha ley. Así, requerimos que el Ejecutivo, a través de la ministra de Salud, le dé una pronta tramitación a nuestro proyecto, el cual se encuentra en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Concluyo mis palabras reforzando la idea de que nuestra institucionalidad ambiental requiere urgentemente correcciones y adecuaciones que la hagan compatible, equilibrada con un bien superior: la salud y la vida de los seres humanos.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señorita Camila Vallejo .
La señorita VALLEJO (doña Camila) .-
Señor Presidente, quiero comenzar mi intervención haciendo un sincero reconocimiento a la labor realizada en esta materia por la Presidenta de la comisión investigadora, diputada Paulina Núñez -lamentablemente, ella no se encuentra ahora en la Sala-, pues considero que hizo su trabajo con gran esmero y dedicación.
Lo mismo respecto de la Secretaría de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que colaboró con la investigación asumiendo una altísima carga de trabajo durante los meses que funcionó dicha instancia, ya que no solo se sesionó intensivamente acá, en la Cámara de Diputados, sino también en la Región de Antofagasta, en reiteradas oportunidades.
Ahora bien, los dañinos efectos para la salud de las personas y el medio ambiente que ha experimentado la Región de Antofagasta se deben a las características de la acción estatal que ha promovido el sistema económico chileno.
En verdad, esto no es nuevo, pues Antofagasta ha venido sufriendo impactos medioambientales por mucho tiempo, durante décadas, a consecuencia de la actividad minera.
Sin embargo la creación de una institucionalidad medioambiental en Chile que cumpla con el objetivo de proteger el medio ambiente y resguardar el derecho de todo ser humano a vivir en un medio ambiente libre de contaminación no ha tenido los frutos esperados para combatir, evitar o disminuir al máximo los efectos de la actividad minera, y no solo en Antofagasta, sino también en Arica, en Tocopilla, en el valle del Huasco, en Caimanes, en Puchuncaví, en Coronel y en otros lugares del país.
En mi opinión, eso evidencia que nuestro Estado se ha puesto un tanto de rodillas ante la actividad minera y empresarial extractiva y que no se ha hecho cargo de las externalidades negativas inherentes que produce, no solo en el medio ambiente, sino también en la salud de las personas. Es lo que ocurre en Antofagasta, por ejemplo, donde la actividad minera ha provocado un impacto tremendo en la salud de la gente, particularmente en la de los niños, sobre todo entre aquellos que asisten a jardines infantiles o escuelas aledaños al puerto de Antofagasta.
La salud de esos niños se ha visto deteriorada, lo que afecta mucho a sus madres, no obstante lo cual el Estado ha sido incapaz de hacerse cargo de esos efectos negativos.
Vemos cómo por generaciones la población ha estado expuesta a la contaminación por arsénico, plomo, zinc y otros minerales pesados, sin que el Estado se haya hecho cargo en absoluto de los efectos y consecuencias que eso ha producido en la salud de los perjudicados.
Algunos de mis colegas mencionaron las debilidades institucionales que existen. Lo hemos evidenciado de manera reiterada en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y también lo expresamos en esta comisión investigadora.
Tal como expresé a un periódico en una entrevista que fue utilizada en un texto escolar, lo que causó bastante polémica, creo que Antofagasta es ejemplo de la debilidad institucional que tenemos como país en materia medioambiental para enfrentar la lógica extractiva con que se explotan nuestros recursos naturales, lo que perjudica notoriamente los derechos esenciales de nuestra gente, en especial el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
¿Cuáles son las principales debilidades?
La primera es la ausencia de ordenamiento territorial.
Entiendo que el gobierno de la Nueva Mayoría se comprometió a avanzar en esta materia, y, en los hechos, así ha ocurrido, pero aún no es una realidad plena, pues todavía no tenemos un ordenamiento territorial acabado, discutido participativamente y que incorpore todas las dimensiones de nuestros territorios: económica, política, social, cultural y geográfica; un ordenamiento que establezca en qué territorio no se permitirá más actividad productiva, principalmente extractiva; uno que señale a los titulares de los proyectos dónde ubicarse, y que los oriente sobre cómo deben realizar esa actividad desde la perspectiva más sustentable posible.
Como no tenemos esa política, resulta evidente que nuestra institucionalidad medioambiental no cuenta con todas las herramientas necesarias para operar como corresponde.
La segunda debilidad es la falta de participación ciudadana, que, como hemos dicho en forma reiterada, es casi inexistente, meramente consultiva y bastante tardía cuando se interviene. Los ciudadanos no tienen la posibilidad de estudiar los proyectos como es debido y cuentan con pocas herramientas para confrontar técnicamente la argumentación de la línea de base, que es elaborada por entidades financiadas por las mismas empresas titulares de los proyectos.
Como expresé, durante todo el proceso de calificación ambiental de los proyectos la participación ciudadana es casi inexistente, y si son aprobados pero no cumplen las recomendaciones o exigencias, no es posible revertir prácticamente nada, aunque se tengan los antecedentes que demuestren el impacto que genera un proyecto en el medio ambiente y en la salud de las personas.
La tercera debilidad institucional es la falta de funcionarios de planta en la superintendencia. No podemos tener un organismo fiscalizador que cuente con tan pocos funcionarios. Hay regiones en que existe solo un fiscalizador, el cual no puede hacerse cargo de controlar todo lo que ocurre en este ámbito en una zona tan vasta, en especial si consideramos la magnitud de las empresas que participan en la explotación de los recursos naturales.
Lo vimos en Antofagasta no solo respecto del acopio, sino también del traslado: no hay capacidad institucional suficiente, y la poca que hay es débil, porque no todos los funcionarios con que se cuenta son de planta, lo que otorga poca protección a los funcionarios frente a la presión que ejercen algunas autoridades de gobierno para que aprueben los proyectos que figuran dentro de los programas del gobierno en materia de, por ejemplo, agenda energética o minera.
Los propios funcionarios de la Superintendencia del Medio Ambiente y los del Servicio Evaluación Ambiental, organizados en sindicatos o asociaciones, denunciaron sufrir ese tipo de presiones.
Está bien; se puede entender que en materia de agenda energética haya prioridades políticas de un gobierno que fue elegido democráticamente, pero eso debe ser contrastado con los elementos técnicos que permitan ajustar a la normativa vigente los proyectos, además de ser evaluados o fiscalizados como corresponde.
Esos dos aspectos o consideraciones no están bien conjugados; existe la inestabilidad laboral a la que me acabo de referir, dado que muchos funcionarios sufren la amenaza de tener que irse si no aprueban rápido lo que está en cuestión.
Por otra parte, no puede ser posible que los estudios sean elaborados por instituciones financiadas por las empresas titulares de los proyectos que se someten a evaluación. Eso no puede seguir ocurriendo, porque les resta autonomía e independencia técnica en la configuración y redacción de las líneas de base.
Cuando el Servicio de Evaluación Ambiental recoge un proyecto, no hace una evaluación sistémica de los proyectos, sino que da una simple mirada particular a cada proyecto, sin considerar los efectos sinérgicos que produce el territorio, como ocurre en Antofagasta. Es lo mismo que se vio en Tiltil a causa de la gran cantidad de empresas que se instalaron en el sector.
Todos los integrantes de la comisión investigadora y los de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales esperamos que se apruebe este informe y que el gobierno recoja las recomendaciones que incluye para mejorar y robustecer nuestro Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, a fin de que se adopten las medidas necesarias para mejorar los procesos y se ejecuten las acciones de reparación en favor de la comunidad antofagastina afectada por la contaminación proveniente de minerales pesados.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag .
El señor SABAG.-
Señor Presidente, en relación con el trabajo realizado por esta comisión investigadora es importante destacar la capacidad demostrada por la comunidad de Antofagasta para hacer valer sus derechos frente a las amenazas contra la salud de las personas causadas por el tránsito de camiones con cargas tóxicas y contaminantes por la ciudad, situación que también se da en otras ciudades del país.
Esa preocupación tomó especial relevancia a partir de la detección en niveles alarmantes de arsénico y plomo en muestras de sangre tomadas a 45 niños antofagastinos, momento en el cual la ciudadanía intensificó su reclamación para que las autoridades locales dieran pronta solución al problema de las fuentes que originaban dicha contaminación, en cumplimiento del mandato constitucional que tienen, derivado del derecho de las personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
En este sentido, debemos recordar que aunque en la comisión no se logró reunir el quorum necesario para establecer responsabilidades políticas individuales, hubo consenso en cuanto a que las instituciones del Estado han incurrido en inacción respecto de sus deberes, lo que podría configurar la figura de falta de servicio, más que una responsabilidad política por una acción determinada.
Del informe de la comisión se extraen situaciones preocupantes, como la falta de fiscalización o la inefectividad de algunos organismos públicos, aspectos que deberán ser corregidos con prontitud por las autoridades regionales y nacionales. Es de esperar que esta situación sirva de paradigma para el resto del país.
Sin embargo, lo más preocupante es que la aparente inoperancia de las entidades llamadas a velar por los intereses de la comunidad, al menos en lo que se refiere a la salud de las personas y al derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, genera un sentimiento de abandono en la gente, así como de indefensión, en especial cuando se trata de fiscalizar a empresas de gran tamaño.
Desde ese punto de vista, resulta esencial que en todo el país, no solo en Antofagasta, la institucionalidad demuestre con hechos que de verdad está comprometida con el bienestar de la gente, que ese compromiso es prioritario y que no está supeditado a ningún tipo de presión.
Muchos tienen la impresión de que las leyes no se hacen cumplir cuando se trata de infractores poderosos, y eso afecta la integridad del sistema político y económico. Lo ocurrido en Antofagasta es una clara señal de eso, y es lamentable constatar que este tipo de situaciones se producen principalmente en regiones.
Por eso, llamo a votar a favor este informe, en especial porque puede servir como modelo a seguir para la institucionalidad, que necesita perfeccionarse y aplicarse en todo el territorio nacional.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Giorgio Jackson .
El señor JACKSON.-
Señor Presidente, no tengo preparado un discurso en esta ocasión, pero daré lectura a una carta enviada por Ricardo Díaz Cortés , vocero de “Este Polvo te Mata”, que dice relación con este tema.
“Honorables Diputados:
Es difícil para un simple ciudadano dirigirse a ustedes e intentar expresar en breves líneas el calvario que nos toca vivir día a día en Antofagasta. ¿Cómo lograr la empatía necesaria para que comprendan el grave riesgo que vivimos producto de la contaminación provocada por el puerto en mi ciudad?
Yo vivía tranquilo en mi querida Antofagasta acompañado del aroma y sonido de mar hasta que unos jóvenes amigos comenzaron a hablarme de los niveles de contaminación cercanos a mi hogar y que según ellos nacían del puerto de Antofagasta. La verdad es que vivía en la seguridad que nos da la ignorancia, la misma comodidad que sienten ustedes ahora al tratar un tema que quizás vean como algo lejano.
Sin embargo, había un detalle, cada mañana mi auto, las ventanas de mi casa aparecían impregnadas de un polvillo negro, muy brillante y viscoso, que de tanto verlo se hacía invisible. El Colegio Médico demostró que ese polvo contiene más de 16 metales pesados. El Instituto de Salud Pública descubrió que la cifra era corta, pues ratificó lo dicho y evidenció que había 19 metales pesados asociados a metales como cobre, zinc, plomo, hierro, cadmio y otros. Metales que descubrí después están asociados al surgimiento de enfermedades nerviosas, a trastornos de aprendizaje y al tan temido cáncer.
Mi vida dejó de ser tranquila. De pronto nos fuimos dando cuenta que la cantidad de personas enfermas de cáncer eran más de 8 veces la media nacional, nos dimos cuenta que las cifras de autismo en la región son de las más altas, en resumidas cuentas ese polvo nos está matando.
Pero es una muerte lenta. Esta es una muerte hipócrita, una muerte maricona, que cada día se asienta en nuestras mesas, en nuestras casas y que va cobrando víctimas sin que nadie haga algo por detenerla. Los antofagastinos van muriendo poco a poco, su calidad de vida es la peor de Chile y pareciera que todos dicen “¿y qué?”.
Porque, honorables, la impresión que tengo de todo lo que hemos descubierto es que al parecer da lo mismo mi vida, la vida de mis vecinos o la vida de nuestros hijos, mientras se asegure que Chile recibe su dinero por el cobre.
Si no, no me explico el porqué a pesar de tanta información como la que presenta esta comisión nadie haga nada por detener esta masacre silenciosa. La institucionalidad ambiental pareciera estar hecha para asegurarle a las empresas que pueden hacer lo que se les antoje con tal de producir. Encontramos metales pesados en la sangre de niños de un jardín infantil cercano al puerto y la corte de apelaciones rechazó nuestro recurso de protección para detener en forma preventiva la operación de la Empresa ATI. Encontramos metales pesados en el suelo de todo el borde costero de nuestra ciudad y el gobierno sigue esperando no sé qué voz desde el cielo para declarar como zona saturada nuestra ciudad y por alguna vez plantear un plan de descontaminación. Se han encontrado trazas de metales pesados en cordones umbilicales de niños recién nacidos y todavía no se instala el tribunal ambiental prometido hace más de dos años y que nos permita defendernos. Se ha encontrado evidencia suficiente en inspecciones de la Superintendencia del Medio Ambiente pero aún no se abre la Resolución de Calificación Ambiental del puerto pues todavía se espera una aclaración que se prometió para el 6 de febrero, por parte del director nacional del Servicio de Evaluación Ambiental. Total la empresa de Luksic puede seguir funcionando y la gente de Antofagasta puede seguir muriendo.
Estimados honorables, hemos hecho cuanto hemos podido: hemos recogido información científica que nos avala, tenemos el apoyo de la ciudadanía, hemos escrito más de 8.000 cartas a la Presidenta para esperar que alguien haga algo por nuestra ciudad. Tuvimos reportajes a nivel nacional mostrando nuestra realidad.
Pero en cada momento hay un poder oculto que pretende silenciar nuestra vida.
Puede que tengan razón y la vida nuestra valga menos que la de vuestras familias, puede ser que a la hora de votar valga más agradar al gran empresario dueño de Chile que escuchar a este ciudadano. Pero déjenme por favor decirles algo: ¿Qué será de Chile cuando pierda su norte? El norte no es solo la riqueza, es la gente que trabaja día a día por retirar esa riqueza. Somos los que vivimos acá y sostenemos esa maquinaria que tanto bien le da al país. El Norte se está muriendo, Chile pierde su norte cuando no asegura a sus hijos vivir en un ambiente sin contaminación. No sean cómplices de esta muerte hipócrita. Piensen en sus hijos, que no difieren mucho de los míos y por favor hagan algo que ayude a prevenir de una buena vez a favor de la vida de Antofagasta. Los queremos como defensores y no cómplices de esto. Recuerden que este polvo nos está matado, y esta vez requerimos de vuestro auxilio.
Ricardo Díaz Cortés .”
Señor Presidente, hago mías esas palabras. Por eso, solicito aprobar el informe.
Finalmente, quiero llamar la atención porque lamentablemente hay muy pocos diputados en la Sala para debatir un tema tan importante, debido a que muchos se fueron tempranamente de vacaciones a sus respectivos hogares.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Muchos diputados y diputadas están en sesión en las distintas comisiones, y no en las eventuales vacaciones que señala su señoría.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el informe de la comisión investigadora en los siguientes términos.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Corresponde votar el informe de la Comisión Especial Investigadora de la actuación de los organismos públicos encargados de la protección de la salud y del medio ambiente en la comuna de Antofagasta.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Cariola Oliva, Karol ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Cicardini Milla, Daniella ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Nogueira Fernández, Claudia ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez, Gaspar ; Rocafull López, Luis ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa, Marisol ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto , Matías .
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