REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 352ª, EXTRAORDINARIA Sesión 54ª, en martes 22 de marzo de 2005 (Ordinaria, de 11.11 a 14.26 horas) Presidencia de los señores Ascencio Mansilla, don Gabriel; Letelier Norambuena, don Felipe, y Ojeda Uribe, don Sergio. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. ÍNDICE I.ASISTENCIA II.APERTURA DE LA SESIÓN III.ACTAS IV.CUENTA V.ACUERDOS DE COMITÉS VI.ORDEN DEL DÍA VII.PROYECTOS DE ACUERDO VIII.INCIDENTES IX.DOCUMENTOS DE LA CUENTA X.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL Pág. I.Asistencia7 II.Apertura de la sesión11 III.Actas11 IV.Cuenta11 Archivo de proyectos11 V.Acuerdos de Comités11 VI.Orden del Día. Mayores exigencias para la inscripción y porte de armas de fuego. Modificación de la ley N° 17.798, sobre control de armas. Proposición de la Comisión Mixta12 Proyecto de acuerdo aprobatorio de la convención interamericana sobre transparencia en las adquisiciones de armas convencionales. Primer trámite constitucional19 Proyecto aprobatorio del acuerdo entre Chile y la organización de las Naciones Unidas, suscrito en junio de 2003. Primer trámite constitucional. (Continuación)22 VII.Proyectos de acuerdo. Discusión de la propuesta de modernización y transparencia de la gestión de la Cámara de Diputados. (Votación)37 Comisión investigadora de labor de servicios e instituciones públicas en la protección de menores víctimas de abuso sexual37 Aumento de horas semanales en educación física y deporte en enseñanzas básica y media41 VIII.Incidentes. Restablecimiento de depósitos mensuales por becas indígenas. Oficios44 Establecimiento de plazos para rendición de cuenta de alcaldes y concejales. Oficio44 Preocupación por precio del maíz nacional45 Fiscalización por balance contable de empresas Almacenes Paris. Oficios46 Mayor y mejor inversión para niños y jóvenes en riesgo social. Oficio47 Habilitación de estaciones de ferrocarriles en Paillaco y Antilhue. Oficios47 Habilitación de caminos del distrito 57. Oficio48 Pág. Petición de informaciones y de investigaciones administrativas y judiciales en relación a Colonia Dignidad. Oficios49 Medidas en contra de la mosca de la fruta. Oficios51 Desconocimiento de mecanismos para la fijación de precio del maíz52 Demora en construcción de hospital en Alto Hospicio. Oficio53 IX.Documentos de la Cuenta. Mensajes de S. E. el Presidente de la República mediante los cuales da inicio a la tramitación de los siguientes proyectos: 1.Modifica el artículo 53 de la ley N° 19.542, con el objeto de perfeccionar el concepto de puerto, terminal o recinto portuario. (boletín N° 381315)55 2.Establece medidas contra la discriminación. (boletín N° 381507)58 3.Oficio de S. E. el Presidente de la República por el cual comunica que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 70 de la Constitución Política de la República, respecto del proyecto que modifica la ley N° 18.556, sobre sistema de inscripciones electorales y servicio electoral y N° 18.700, sobre votaciones populares y escrutinios. (boletín N° 380306)66 Oficios de S. E. el Presidente de la República por los cuales comunica que ha resuelto incluir en la Convocatoria a la actual 352ª Legislatura Extraordinaria de Sesiones, del Congreso Nacional, los siguientes proyectos: 4.Señala que la prescripción en delitos sexuales contra menores, se computará desde el día en que éstos alcancen la mayoría de edad. (boletín N° 378607)66 5.Suspende la prescripción de la acción penal en casos de delitos sexuales cometidos contra de menores de edad. (boletín N° 379907)66 6.Informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto, con urgencia “simple”, que modifica la ley N° 17.798, sobre control de armas, estableciendo mayores exigencias para inscribir un arma y prohibir el porte de las mismas, y realiza otras modificaciones. (boletín N° 221902)67 7.Moción de los diputados señores Saffirio y Burgos, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, de Hacienda, con el fin de prohibir que los funcionarios bancarios o sus familiares y socios se adjudiquen bienes raíces rematados judicialmente a instancias del banco o institución financiera en que se desempeñan. (boletín N° 381103)87 X.Otros documentos de la Cuenta. 1.Oficios: De la Comisión de Hacienda por el cual solicita el asentimiento de la Sala de la Corporación para enviar al archivo los proyectos que a continuación se indican, por las razones que en cada caso se señala: a)Modifica la ley N° 19.010, sobre operaciones de crédito de dinero, estableciendo la obligación de calificar la capacidad de pago de los deudores y anulando la celebración de contratos de mutuo hipotecario en que se dispongan cancelaciones de pago superiores al 50% del ingreso mensual del deudor (boletín N° 255205. (Por razones de oportunidad e inconveniencia de la aplicación de la norma); b)Modifica la ley General de Bancos para aumentar el límite máximo en los créditos hipotecarios que otorgan las instituciones financieras (boletín N° 312805. (Ausencias de distintas alternativas aconsejan no legislar sobre la materia), y c)Modifica las leyes N°s 19.628 y 19.812, en lo referente al plazo para autorizar la publicación de morosidades que indica (boletín N° 3312.05). (Materia sobre la cual ya se habría legislado). Contraloría General de la República: Diputado Quintana, información sobre eventuales traslados no ajustados a derecho de algunos profesores de la Comuna de Melipeuco, Novena Región. Diputado Pérez, don Ramón, copia informe de la Contraloría Regional de Iquique sobre gastos de alcalde y concejales de Iquique. Diputado Alvarado, copia de informes de fiscalizaciones operativas realizadas en la Municipalidad de Ancud. Diputado GarcíaHuidobro, información sobre investigación para el transporte público de las vías de Rancagua. Diputado Bertolino, información complementaria que dice relación con la deuda que mantiene vigente la Municipalidad de Coquimbo. Ministerio de Relaciones Exteriores: Señor Bauer, situación funcionaria del ex diputado señor José Tomás JocelynHolt Letelier. Diputado Burgos, situación del químico Eugenio Berríos. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción: Diputado Quintana, información sobre playas aptas para el baño y proyecto turístico del sector Molusco. Diputado Urrutia, factibilidad de que el Metro publicite infraestructura vial de la comuna de Pelluhue. Ministerio de Obras Pública: Señor Urrutia, pavimentación camino denominado “Chalet QuemadoEsperanza Plan”, comuna de Longaví. Señor Kuschel, información infraestructura del puente sobre el río Pudeto, en la comuna de Cochamó. Señor Jaramillo, asfalto camino “Puerto NuevoCoique”, en la ribera del Lago Ranco. Ministerio del Trabajo y Previsión Social: Señor Mulet, información situación de jubilación del señor Sergio Hernán Jorquera Torres. Señor Masferrer, información situación impositiva de la señora María Teresa Rivera Fuentes. Señor Delmastro, situación previsional de doña Olga del Carmen Oñate Oñate. Ministerio de la Vivienda y Urbanismo: Señor Monckeberg, información relativa a la expropiación del predio denominado “Pajonal”, en la comuna de Cobquecura. Señor Muñoz, don Pedro, atrasos y cancelaciones de los vuelos de Lan Chile S.A. a Punta Arenas. Ministerio de Planificación y Cooperación: Señor Molina, información de Proyectos de Inversión Fosis en la comuna de Combarbalá, Cuarta Región. Ministerio Secretaría General de la Presidencia Señor Ascencio, sobre oficios pendientes de respuesta. I. ASISTENCIA Asistieron los siguientes señores diputados: (109) NOMBRE --Accorsi Opazo, Enrique --Aguiló Melo, Sergio --Alvarado Andrade, Claudio --Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro --Álvarez Zenteno, Rodrigo --Allende Bussi, Isabel --Araya Guerrero, Pedro --Ascencio Mansilla, Gabriel --Barros Montero, Ramón --Bauer Jouanne, Eugenio --Bayo Veloso, Francisco --Becker Alvear, Germán --Bertolino Rendic, Mario --Burgos Varela, Jorge --Bustos Ramírez, Juan --Caraball Martínez, Eliana --Cardemil Herrera, Alberto --Ceroni Fuentes, Guillermo --Cornejo Vidaurrazaga, Patricio --Correa De la Cerda, Sergio --Cristi Marfil, María Angélica --Cubillos Sigall, Marcela --Delmastro Naso, Roberto --Díaz Del Río, Eduardo --Dittborn Cordua, Julio --Egaña Respaldiza, Andrés --Encina Moriamez, Francisco --Errázuriz Eguiguren, Maximiano --Escalona Medina, Camilo --Espinoza Sandoval, Fidel --Forni Lobos, Marcelo --Galilea Carrillo, Pablo --Galilea Vidaurre, José Antonio --García García, René Manuel --García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro --Girardi Lavín, Guido --González Román, Rosa --González Torres, Rodrigo --Guzmán Mena, Pía --Hales Dib, Patricio --Hernández Hernández, Javier --Ibáñez Santa María, Gonzalo --Jaramillo Becker, Enrique --Jarpa Wevar, Carlos Abel --Jeame Barrueto, Víctor --Kast Rist, José Antonio --Kuschel Silva, Carlos Ignacio --Leal Labrín, Antonio --Leay Morán, Cristián --Letelier Morel, Juan Pablo --Letelier Norambuena, Felipe --Longton Guerrero, Arturo --Longueira Montes, Pablo --Lorenzini Basso, Pablo --Martínez Labbé, Rosauro --Masferrer Pellizzari, Juan --Melero Abaroa, Patricio --Mella Gajardo, María Eugenia --Molina Sanhueza, Darío --Monckeberg Díaz, Nicolás --Montes Cisternas, Carlos --Moreira Barros, Iván --Mulet Martínez, Jaime --Muñoz Aburto, Pedro --Muñoz D'Albora, Adriana --Navarro Brain, Alejandro --Norambuena Farías, Iván --Ojeda Uribe, Sergio --Olivares Zepeda, Carlos --Ortiz Novoa, José Miguel --Palma Flores, Osvaldo --Paredes Fierro, Iván --Paya Mira, Darío --Pérez Arriagada, José --Pérez Lobos, Aníbal --Pérez Opazo, Ramón --Pérez San Martín, Lily --Pérez Varela, Víctor --Prieto Lorca, Pablo --Quintana Leal, Jaime --Recondo Lavanderos, Carlos --Riveros Marín, Edgardo --Robles Pantoja, Alberto --Rojas Molina, Manuel --Rossi Ciocca, Fulvio --Saa Díaz, María Antonieta --Saffirio Suárez, Eduardo --Salaberry Soto, Felipe --Salas De la Fuente, Edmundo --Sánchez Grunert, Leopoldo --Seguel Molina, Rodolfo --Sepúlveda Orbenes, Alejandra --Silva Ortiz, Exequiel --Soto González, Laura --Tapia Martínez, Boris --Tarud Daccarett, Jorge --Tohá Morales, Carolina --Tuma Zedan, Eugenio --Uriarte Herrera, Gonzalo --Urrutia Bonilla, Ignacio --Valenzuela Van Treek, Esteban --Varela Herrera, Mario --Vargas Lyng, Alfonso --Venegas Rubio, Samuel --Vidal Lázaro, Ximena --Vilches Guzmán, Carlos --Villouta Concha, Edmundo --Von Mühlenbrock Zamora, Gastón --Walker Prieto, Patricio Concurrió, también, el senador señor Baldo Prokurica. II. APERTURA DE LA SESIÓN Se abrió la sesión a las 11.11 horas. El señor ASCENCIO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor ASCENCIO (Presidente).- El acta de la sesión 48ª se declara aprobada. El acta de la sesión 49ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor ASCENCIO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta. ARCHIVO DE PROYECTOS. El señor ASCENCIO (Presidente).- La Comisión de Hacienda solicita el asentimiento de la Sala para enviar al archivo los proyectos que a continuación se indican, por las razones que en cada caso se señalan: El que modifica la ley Nº 18.010, sobre operaciones de crédito de dinero, estableciendo la obligación de calificar la capacidad de pago de los deudores y anulando la celebración de contratos de mutuo hipotecario en que se dispongan cancelaciones de pago superiores al 50 por ciento del ingreso mensual del deudor; El que modifica la ley General de Bancos para aumentar el límite máximo en los créditos hipotecarios que otorgan las instituciones financieras, y El que modifica las leyes Nºs 19.628 y 19.812, en lo referente al plazo para autorizar la publicación de morosidades que indica. ¿Habría acuerdo para acceder a la petición de la Comisión de Hacienda? Acordado. V. ACUERDOS DE COMITÉS El señor ASCENCIO (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos de los comités parlamentarios. El señor LOYOLA (Secretario).- Reunidos los jefes de los comités parlamentarios, bajo la presidencia del señor Ascencio, adoptaron los siguientes acuerdos: 1.Tratar en la sesión ordinaria de mañana miércoles el proyecto de reforma constitucional que modifica la composición del Senado, del Tribunal Constitucional y otras materias. Para su tratamiento se destinarán dos horas y media, distribuidas proporcionalmente, y el señor diputado informante dispondrá de veinte minutos, al término de lo cual se procederá a su votación sólo en general. En esta sesión se suspenderá la hora de Incidentes. 2.Tratar en la sesión especial que se citará mañana miércoles en la tarde, de 15.00 a 17.00 horas, el proyecto que establece un impuesto específico a la minería. Para su discusión se destinará una hora y media, distribuida proporcionalmente. Los señores diputados informantes dispondrán de quince minutos cada uno. Cumplidos estos tiempos, se votará el proyecto. 3.Tratar, hasta su total despacho, los proyectos que figuran en la tabla de la presente sesión, votándolos al término del Orden del Día. El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros. El señor RIVEROS.- Señor Presidente, he escuchado que se citará a una sesión especial mañana, de 15.00 a 17.00 horas. ¿Eso quiere decir que no habrá sesión de 18.30 en adelante o se mantienen ambas? El señor ASCENCIO (Presidente).- Mañana están fijadas solamente la sesión de la mañana, en la cual trataremos el proyecto sobre reformas constitucionales, y la sesión de la tarde, de 15.00 a 17.00 horas, en la cual trataremos el proyecto sobre tributo minero. No hay más sesiones. Las comisiones funcionarán normalmente. VI. ORDEN DEL DÍA MAYORES EXIGENCIAS PARA LA INSCRIPCIÓN Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO. Modificación de la ley Nº 17.798, sobre control de armas. Proposición de la Comisión Mixta. El señor ASCENCIO (Presidente).- Corresponde conocer el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley, originado en moción, modificatoria de la ley Nº 17.798, sobre control de armas, que establece mayores exigencias para inscribir un arma, prohibe el porte de las mismas y realiza otras modificaciones. Diputado informante de la Comisión Mixta es el señor Jorge Burgos. Antecedentes: Informe de la Comisión Mixta, boletín Nº 221902. Documentos de la Cuenta Nº 6, de esta sesión. El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor BURGOS.- Señor Presidente, junto con los diputados Eugenio Bauer, Alberto Cardemil, Antonio Leal y José Pérez Arraigada, formamos parte, por decisión de esta Sala, de la Comisión Mixta que tuvo por objeto intentar zanjar las diferencias entre esta Cámara de Diputados y el Senado en materia de modificaciones a la ley de control de armas. En general, la Comisión Mixta dirimió las dificultades por la unanimidad de sus miembros. El esfuerzo por lograr un acuerdo mayoritario demandó varias sesiones, en las cuales se mantuvieron las posiciones originales. Pero me atrevo a decir que la proposición de la Comisión Mixta perfecciona su texto. Se concordó en un texto que permitirá que Carabineros, o la Dirección General de Movilización Nacional, que actuará como autoridad central de coordinación, en determinadas circunstancias, muy bien reguladas en la ley, respetando todas las normativas y sin facultades de ningún otro tipo, fiscalice adecuadamente si un arma inscrita, con permiso de posesión no de porte, que es una situación más limitada, se encuentra en el lugar autorizado. En el evento de que esa arma no se encuentre allí, se podrá denunciar esa circunstancia al juez correspondiente. Originalmente, algunos parlamentarios éramos partidarios de un recurso más contundente, y otros, como los diputados Bauer y Cardemil, eran de opinión de que no hubiera ninguno. A mi juicio, más allá de la opinión de algunos, de que este expediente no sea de mucha utilidad, el texto propuesto por la Comisión Mixta es un punto intermedio razonable, y en la Comisión fue aprobado por mayoría, con la abstención del diputado señor Bauer. También se aprobó limitar la facultad del subsecretario de Guerra de permitir, en casos especialísimos, inscribir un arma a una persona que no haya sido condenada a pena privativa de libertad igual o superior a tres años y un día. Hubo acuerdo unánime en el sentido de dejar claro que esa atribución no se refiere al caso de una persona que haya cometido un crimen o simple delito que merezca pena aflictiva, lo que es distinto a ser condenada. Porque hay personas que cometen un delito que merece pena aflictiva, pero que, en definitiva, son condenadas a penas mucho menores, por las atenuantes, etcétera. Bastará, entonces, que, simplemente, haya sido procesada por un delito merecedor de pena aflictiva, aunque haya sido condenada con una sanción menor. La atribución administrativa queda mucho más restringida. Además, se acordó restituir la pena privativa de libertad particularmente, la de presidio, que es una de las más bajas, aplicables a ciertos delitos, de tipo menor, que el Senado sancionaba sólo con multa. Tal vez la materia más importante dice relación con los requisitos para inscribir un arma. Esta Sala aprobó por mayoría, como requisito sine quo non, un examen físico y síquico rendido ante la Dirección de Movilización Nacional. Posteriormente, el Senado, por mayoría, cambió esa redacción y estableció que, como requisito, bastaba un certificado médico cualquiera o la licencia de conducir. Ahora, se acordó establecer, por unanimidad y como regla general, que para inscribir un arma será necesario rendir exámenes físico y síquico, de uso, de manipulación. Un reglamento determinará la forma como se rendirá. Es decir, si será igual para todo tipo de armas, si una persona que ya tiene inscrita un arma no deberá rendirlo enteramente; si no serán necesarios en el caso de armas menores, etcétera. Entiendo que el Ejecutivo está muy interesado en que se rindan estos exámenes. En consecuencia, deberá dictar el reglamento lo más rápido posible y dotar de los recursos necesarios a la Dirección General de Movilización para poner en ejecución la ley o para externalizar el servicio. Pero repito está en manos del Ejecutivo dictar el reglamento a la brevedad para aplicar el control síquico y físico a las personas que inscriban armas. Mientras el Ejecutivo no lo dicte, una norma transitoria prescribe que quienes inscriban armas podrán acreditar su capacidad física y síquica con la sola presentación del carné de conducir vigente, en el entendido de que para obtenerlo se sometieron a pruebas síquicas y físicas. Es cierto, alguien decía que lo transitorio puede convertirse en definitivo, como ocurre con los impuestos transitorios que quedan para siempre; pero reitero, si el Ejecutivo establece rápidamente un procedimiento y entrega los fondos a la Dirección General de Movilización, en seis meses podríamos contar con un sistema que termine con lo de la licencia de conducir y la regla general sean los exámenes físicos y síquicos. Creo interpretar a los miembros de la Comisión Mixta, en el sentido de que la propuesta es satisfactoria y recoge elementos centrales del proyecto original. Es cuanto puedo informar. He dicho. El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Urrutia. El señor URRUTIA.- Señor Presidente, tenía la esperanza de que este proyecto de ley no volviera nunca más a esta Cámara. En realidad, considero su texto una aberración, porque algunas de sus disposiciones hará que mucha gente que hoy no tiene su arma inscrita, simplemente, no quiera inscribirla, lo que generará mayor ilegalidad que la actual ley. De acuerdo con el proyecto, una persona que inscriba una determinada arma deberá someterse a un examen médico, cada cinco años, para verificar su estado físico y mental. Eso muy pocos lo harán, entre otras razones, porque tiene un costo. Se trata de un certificado que un médico no lo va a dar así como así, sino que el interesado deberá pagar la consulta, 30 mil o 40 mil pesos. Además, se otorga una atribución a Carabineros que no me parece correcta. Nunca he estado de acuerdo con el proyecto, como lo manifesté en su primer trámite, por lo que no quiero hablar más de él. Sólo servirá para que haya mayor cantidad de armas ilegales. Por lo tanto, anuncio que voy a votar en contra de las proposiciones de la Comisión Mixta. He dicho. El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Alberto Cardemil. El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, este proyecto de ley, presentado por el Ejecutivo, ha avanzado bien, pues ha concitado unanimidad y adhesión en torno a ciertos postulados y su desarrollo, tanto en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados como en esta Sala, así como en la Comisión de Defensa del Senado, en la Sala de esa cámara y, finalmente, en la Comisión Mixta. En general, los puntos que han preocupado legítimamente a los señores diputados se han ido resolviendo. Aquí hay dos principios que debemos hacer coherentes: Uno es el derecho legítimo de cualquier ciudadano a tener un arma de fuego la Constitución y las leyes aseguran ese derecho para su defensa personal, para practicar deportes, para los fines lícitos que su tenedor estime convenientes. Ese derecho hay que protegerlo. El otro principio dice relación con el derecho de la sociedad a regular la tenencia de armas. Existe el bien particular como asimismo el bien común. Y el bien común exige que la tenencia de armas cumpla con ciertos requisitos para que no se deban lamentar desgracias y se colabore con las políticas públicas de prevención y sanción del delito. Estos dos principios debemos hacerlos coherentes. A mi juicio, el proyecto, en su expresión final logra ese objetivo; no con la perfección absoluta, pero de acuerdo a la perfección que pueden tener las cuestiones humanas. Es cierto también quiero dejarlo super establecido que esta iniciativa de ley no es la panacea, porque, hoy, el gran problema como muchos señores diputados han señalado no está en el ámbito de las armas inscritas, sino en el de las no inscritas, de las clandestinas, que se nutreN del robo, del contrabando, de la fabricación y, por supuesto, en el ningún interés de sus tenedores por inscribirlas y que por el contrario, las quieren mantener secretas, ocultas. En ese sentido ya hubo un avance al promulgarse una norma que establece que cualquier delito cometido con porte y uso armas de fuego tendrá una agravante especial. Eso apunta en la dirección correcta. Entonces, esta iniciativa tiene objetivos bastante modestos. Uno de ellos es evitar que armas del “mundo regular” llamémosle así se traspasen al “mundo irregular”. Esto, por supuesto, presenta un problema, cual es la sobrerregulación, porque en la medida en que se sobrerregule, mucha más gente permanecerá en el ámbito clandestino y no cumplirá con los requisitos. Pero se ha tratado de contar con una norma lógica y prudente, y creo que ello se ha logrado. Para tal efecto, se establecen mayores exigencias para el porte de armas de fuego. Recordemos que son muy pocas las personas que pueden tener derecho a ello, y es bueno que así sea. Es decir, va a ser difícil sacar permiso para portar armas, pero no así para la tenencia de una en un lugar autorizado, o las que sean necesarias, si se tienen más de dos domicilios, siempre y cuando el poseedor o tenedor acredite, entre otros, el requisito de saber usarla. Es decir, si una persona quiere inscribir una escopeta, una pistola automática o un revólver, debe saber manejar cada una de esas armas. Hoy, para inscribir un arma, la persona debe someterse a un test sobre sus características ante la autoridad, la Dirección General de Movilización Nacional. Esa prueba se mantiene exactamente igual. Asimismo, el reglamento deberá consignar una norma mediante la cual la armería se obliga a entregar instrucciones básicas de manejo al comprador de un arma, que le permitan contestar bien el test para poder inscribirla posteriormente. Otro requisito, y que es una novedad, es que el peticionario de una inscripción deberá acreditar que posee una aptitud física y síquica compatible con el uso del arma. Algunos han señalado que ello es el colmo, pero yo no lo considero así. Actualmente, dicha condición se comprueba con simples certificados médico y sicológico; no se requiere de ningún examen especial. El proyecto establece que un reglamento determinará el modo de acreditar dicha aptitud física y síquica, y agrega que mientras no se dicta dicha normativa se entenderá que cumple los requisitos de tal condición quien sea titular de una licencia de conducir vehículos motorizados que se encuentre vigente. No olvidemos que para conducir un automóvil se deben tener condiciones físicas y síquicas, requisito homologable para inscribir una o más armas. Algunos querían mayor dureza, más requisitos y burocracia. Sin embargo, me opongo a ello y, en general, así lo hicieron en comisión los diputados de nuestra bancada. Otro tema que también nos dividió dice relación con el control de la tenencia del arma en el lugar autorizado. Algunos propusieron controles un tanto extremos, como permitir el ingreso de carabineros o de la autoridad competente al lugar para comprobar si el arma está en lugar donde debe estar. La Comisión Mixta moderó mucho la norma. La autoridad, que para estos efectos es la Dirección General de Movilización, fiscalizará a través de Carabineros la tenencia de armas. Para la fiscalización referida, el comisario, a cuya jurisdicción corresponda el lugar autorizado para mantener el arma, deberá dar una orden escrita para que el funcionario policial visite, no más de dos veces en el año, dicho lugar, a fin de comprobar si el arma inscrita, que figura a nombre del tenedor o poseedor que es fiscalizado, permanece en el domicilio acreditado. Si el dueño del arma no contestare al requerimiento de carabineros o se escabullere, será objeto de denuncia al tribunal correspondiente. ¿Qué se persigue con ésto? Fiscalizar si las armas están en el lugar autorizado para su tenencia. Muchas veces, las armas les son robadas a sus dueños y, desgraciadamente, los afectados no comunican el hecho a las autoridades. En consecuencia, quedan en manos de los delincuentes. Se trata de modificaciones mínimas. El proyecto está bien estructurado, es bastante razonable, con normas que se pueden cumplir, pero no pensemos que con él vamos a combatir la tenencia del millón de armas no inscritas que existe en Chile; sólo va a permitir mejorar la fiscalización de las que están inscritas. Quiero decirles que soy un huaso que he usado armas de fuego en el campo desde hace muchos años y que pretendo seguir haciéndolo con fines deportivos. Por lo tanto, anuncio mi voto favorable. He dicho. El señor ASCENCIO (Presidente).- Señores diputados, de acuerdo con los incisos sexto, séptimo y octavo del artículo 124 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tratándose de un informe de Comisión Mixta el debate se reduce a tres discursos de diez minutos cada uno. Como ello ya se cumplió, corresponde cerrar el debate. Sin embargo, me han solicitado intervenir el diputado señor Mario Varela, la diputada señora Ximena Vidal y el diputado señor Juan Pablo Letelier. ¿Habría acuerdo para ofrecerles la palabra hasta por tres minutos a cada uno? Acordado. Tiene la palabra el diputado señor Mario Varela. El señor VARELA.- Señor Presidente, me ha llamado la atención la discusión en torno a esta última parte del proyecto, porque el objetivo de fondo debe ser el combate a la delincuencia, al uso clandestino de las armas, a fin de mejorar las áreas que toda sociedad requiere para vivir en paz y tranquilidad. El proyecto regula a quienes normalmente cumplen la ley, inscriben sus armas, reúnen todos los requisitos y no tienen problemas en manifestar ante las respectivas autoridades que las poseen para su defensa personal o para cazar. Sin embargo, se verán sobrecargados con una serie de requisitos que se agregan en la propuesta de la Comisión Mixta. Ello no va en la línea correcta, porque hay que combatir a los delincuentes, impedir que circulen armas de manera clandestina, lo que permite la comisión de variados delitos. Con este proyecto se imponen más requisitos a aquellos que cumplen con la ley, quienes normalmente no van a hacer mal uso de sus armas, ya que no las tienen para delinquir, para atacar a otras personas o para cometer delitos. Me hubiera gustado una fórmula más moderna, como las que se aplican en otros países, para disminuir la circulación de armas clandestinas, que ponen en peligro a la sociedad. Por otro lado, tal como se señaló, la imposición del examen sicológico del posible tenedor de armas es algo que podrán cumplir sólo los que tengan los recursos suficientes para realizarse dicho test, si es que le parece suficiente a quien, como autoridad, va a exigirlo. Es difícil que los campesinos, que utilizan escopetas, para defenderse o para cazar, cuenten con el dinero suficiente para la realización de exámenes de esas características. Además, se les obligará a validar su sanidad mental cada cinco años, a través de la certificación de un siquiatra o de quien corresponda. Encuentro grave que se les hagan tales exigencias y que la sociedad pretenda protegerse respecto de quienes siempre van a cumplir, porque insisto no adquieren armas para delinquir. En consecuencia, creo que la aprobación de esta iniciativa promoverá precisamente lo que trata de evitar, pues los requisitos que se agregan van a hacer que aumente el clandestinaje. Quienes no quieran cumplir con las nuevas exigencias legales van a sortearlas mediante el uso o tenencia clandestina de armas. Finalmente, el proyecto no establece claramente bajo qué régimen quedarán las armas ya inscritas. En todo caso, por lo que he leído, parece que esa materia será regulada mediante reglamento. Eso no me parece bien, porque desconocemos cuál será el alcance exacto con que se utilizará la atribución de determinar bajo qué régimen quedarán las armas ya inscritas. Por lo tanto, voy a votar en contra del proyecto. He dicho. El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal. La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente, el objetivo de esta modificación a la ley Nº 17.798 es regular y controlar en forma más rigurosa el uso y adquisición de armas. En ocasiones, los consensos son necesarios para avanzar en materia legislativa, pero no siempre nos permiten obtener los mejores resultados. Es en este punto en que quiero poner el acento. Cada vez se torna más difícil el control de tenencia de armas, pues día a día aumenta el número de personas que acceden a ellas, por la vía del mercado legal o ilegal. Por eso, esta iniciativa, que queremos aprobar, será una herramienta que ayudará a disminuir la violencia, que es el verdadero problema de fondo al que nos vemos enfrentados diariamente como sociedad. Se requiere prevención, para lo cual debemos ser capaces de crear nuevos programas, proyectos y actividades, como las que se realizan desde el Ministerio del Interior, a través de la División de Seguridad Ciudadana, con diversas organizaciones civiles que trabajan en el tema, destinados a concienciar a la población en contra de la violencia, de manera que podamos construir una sociedad que viva en paz y armonía. El proyecto contempla nuevas formas de regulación. Defiendo el que en la Cámara hayamos aprobado normas que impidan que personas condenadas o procesadas por crímenes o simples delitos puedan inscribir armas a su nombre, al igual que quienes hubieren sido sancionadas por actos de violencia intrafamiliar. Por su parte, el Senado modificó este criterio y entregó a la autoridad administrativa, al subsecretario de Guerra, la facultad de autorizar incluso a estas personas la inscripción de armas. En definitiva, la Comisión Mixta acordó, por consenso, morigerar la prohibición aprobada por la Cámara de Diputados y deja en manos del subsecretario de Guerra la autorización para practicar la inscripción de armas de quienes hayan sido condenados por delitos blancos, como el giro doloso de cheque. Ahí hay un punto de debate, pues frente al interés superior de legislar sobre la materia, hubo que llegar a acuerdos, pues necesitamos herramientas para construir esta comunidad que viva en paz y armonía, de la que hablaba. Por otra parte, una norma transitoria establece que mientras no se dicte el reglamento que establecerá los requisitos físicos y síquicos compatibles con el uso de armas, ellos se entenderán cumplidos por quien sea titular de una licencia de conducir de vehículos motorizados que se encuentre vigente. Me parece que se debe ser cuidadoso al momento de fijar esos estándares. De alguna manera, ése es mi llamado de atención. Estos consensos no siempre contribuyen a alcanzar los resultados que buscamos. He dicho El señor ASCENCIO (Presidente).- Para finalizar, tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier. El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, después de largos años estamos terminando la tramitación de una moción parlamentaria presentada por diputados de la bancada socialista, señores Carlos Montes, Juan Bustos, quien habla y otros. Nuestra intención, entre otras, era reducir la cantidad de armas que circulan en el país, prohibir el porte y limitar la tenencia. Después de escuchar el debate, debo señalar que siento una satisfacción a medias, por cuanto, a diferencia de lo que aprobamos en la Cámara, de que una persona sólo podía tener un arma de fuego en su casa, y no hablamos de armas de caza ni de deportes, aquí se plantea que se podrá tener una o más, lo cual, a nuestro juicio, es excesivo. Además, establecimos en nuestra moción una serie de requisitos explícitos que, por desgracia, en este Parlamento no se entendieron o no se quisieron acoger. Por ejemplo, se modificó la letra c) del artículo 5º A, que se agrega a través del número 6) del artículo 1º del proyecto, que quedó redactada como sigue: “Acreditar que tiene los conocimientos necesarios sobre conservación, mantención y manejo del arma...” Todo esto se dejó a un reglamento, que es contrario a lo que habíamos sugerido, de que quedara explícito que se debía aprobar un examen que acreditara poseer los conocimientos necesarios y, además, contar con la aptitud física y síquica compatible con el uso de armas de fuego. Queremos evitar el espanto que vivió ayer una familia de Santiago, cuando menores de edad ingresaran a su casa, luego de saltar sus muros, para intimidarlos con armas de fuego. Sin embargo, algunos señalan la falacia de que si se controla más la venta de armas, puede producirse tráfico o mercado negro de ellas. Imponen una lógica, por desgracia demasiado proarmas, en la creencia de que si uno tiene armas se defiende mejor, lo cual está estadísticamente demostrado que no es así. Al contrario, se ha comprobado que en los países donde hay leyes estrictas de control de armas, se evita que delincuentes adquieran, a través de robos o hurtos, las armas que compran los ciudadanos honestos, con lo que se ha logrado mejorar los temas de orden público y eliminar o reducir significativamente los delitos contra la propiedad y las personas. Entendemos que nuestra sociedad es muy conservadora en esta materia. Algunos creen que somos como Estados Unidos, que debemos tener instituciones que defiendan a los portadores de armas. Espero que con este avance parcial se genere la conciencia de que si queremos hablar verdaderamente de seguridad ciudadana y de defender a la gente, tenemos que quitar las armas a los delincuentes para que no tengan licencia para matar. El proyecto es un avance muy tibio, pero confiamos en que el Ejecutivo establecerá la exigencia de esos cursos en el reglamento que dictará, aunque hubiésemos querido que eso figurara en la ley, en lugar de la modificación del Senado, que sólo dispone que basta la licencia de conducir para acreditar que se está en condiciones física y síquicas de portar o de tener armas. He dicho. El señor ASCENCIO (Presidente).- Cerrado el debate. Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos: El señor ASCENCIO (Presidente).- Se reanuda la sesión. En primer lugar, corresponde votar la proposición de la Comisión Mixta sobre el proyecto, originado en moción, que modifica la ley Nº 17.798, sobre control de armas, a fin de establecer mayores exigencias para inscribir un arma, prohibir el porte de las mismas y realizar otras modificaciones. Para su aprobación se requiere del voto afirmativo de 58 señoras y señores diputados en ejercicio. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos; por la negativa, 7 votos. Hubo 5 abstenciones. El señor ASCENCIO (Presidente).- Aprobada. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Cardemil, Ceroni, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Delmastro, Díaz, Egaña, Encina, Escalona, Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), González (don Rodrigo), Hales, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Jarpa, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Longueira, Lorenzini, Martínez, Monckeberg, Montes, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Salas, Sánchez, Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tarud, Tohá (doña Carolina), Uriarte, Valenzuela, Vargas, Venegas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Villouta y Walker. Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Dittborn, Molina, Prieto, Rojas, Urrutia, Varela y Von Mühlenbrock. Se abstuvieron los diputados señores: Alvarado, Barros, Kast, Moreira y Pérez (don Ramón). PROYECTO DE ACUERDO APROBATORIO DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE TRANSPARENCIA EN LAS ADQUISICIONES DE ARMAS CONVENCIONALES. Primer trámite constitucional. El señor ASCENCIO (Presidente).- A continuación, corresponde conocer el proyecto de acuerdo, originado en mensaje, que aprueba la Convención Interamericana sobre transparencia en las adquisiciones de armas convencionales y sus anexos I y II, adoptados el 7 de junio de 1999, por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en el vigésimo noveno período ordinario de sesiones, celebrado en la ciudad de Guatemala. Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Gonzalo Ibáñez. Antecedentes: Mensaje, boletín Nº 365110, sesión 38ª, en 7 de septiembre de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 1. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, sesión 41ª, en 18 de enero de 2005. Documentos de la Cuenta Nº 12. El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor IBÁÑEZ.- Señor Presidente, la Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales y sus anexos I y II, adoptados el 7 de junio de 1999, durante el XXIX período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, tienen por objeto que los Estados partes, miembros de la OEA, contribuyan más plenamente a la apertura y transparencia regionales en la adquisición de armas convencionales, mediante el intercambio de información sobre los sistemas de armas comprendidos en el Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas, a los efectos de fomentar la confianza entre los Estados de nuestro continente. Previo a la relación sobre el fondo del proyecto, debo señalar a los honorables colegas que esta Convención no contiene disposiciones que requieran quórum especial ni tampoco de aquellas que deban ser conocidas por la Comisión de Hacienda para su aprobación. Además, el proyecto de acuerdo respectivo fue aprobado por la unanimidad de los señores diputados miembros de la Comisión presentes al momento de la votación, es decir, la diputada señora Isabel Allende y los diputados señores Francisco Bayo, Carlos Abel Jarpa, Cristián Leay, Edgardo Riveros y Edmundo Villouta. Entrando al fondo de la materia regulada por la Convención, informo que la Organización de Estados Americanos encomendó, en 1997, a su Comisión de Seguridad Hemisférica la elaboración de un marco jurídico que favoreciera la notificación anticipada de la adquisición de armamento por parte de sus Estados miembros. Dicha Comisión, en 1998, tomando como base los compromisos contraídos por los Estados americanos en la Carta de la OEA, en orden de afianzar la paz y seguridad del continente y alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros, reiteró la necesidad de generar una instancia que promoviera la transparencia en las políticas de defensa. En este contexto, el 10 de octubre de 1998, la OEA creó un grupo de trabajo encargado de preparar un proyecto de convención, cuya labor culminó en el XXIX período ordinario de sesiones de la Asamblea General, con la suscripción de la Convención sometida ahora a la consideración de la honorable Cámara. Chile, junto a 19 Estados miembros de la OEA, firmó la Convención, la que entró en vigencia el 21 de noviembre de 2002. Actualmente, señala el mensaje, son Estados partes: Argentina, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay. Además, tienen la calidad de signatarios los siguientes países: Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Estados Unidos de América, Haití, Honduras, México y Venezuela. En el preámbulo de la Convención se deja constancia del compromiso de los Estados americanos de contribuir a la apertura y transparencia, mediante el intercambio de información sobre los sistemas de armas comprendidos en el Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas. Lo mismo que el compromiso de notificar anualmente a dicho registro la información acerca de las importaciones y exportaciones, existencias de las fuerzas armadas y adquisiciones, mediante la producción nacional de sistemas importantes de armas. Todo ello, sin perjuicio del derecho inmanente de los Estados miembros a la legítima defensa individual o colectiva reconocido en las cartas tanto de la OEA como de la ONU. El Presidente de la República concluye su mensaje señalando que este instrumento jurídico reviste gran importancia para nuestra región en el proceso de autocontrol del armamento convencional, como asimismo, que representa un sólido avance en la generación de un ambiente de mutua confianza y cooperación entre los Estados americanos. Este instrumento consta de quince artículos, cuyo contenido, en lo sustancial, es el siguiente: Por “armas convencionales” se entienden las armas comprendidas en la lista, basada en el registro de armas convencionales de las Naciones Unidas, a saber: carros de combate, vehículos blindados de combate, sistemas de artillería de gran calibre, aviones de combate, helicópteros de ataque, naves de guerra, misiles y lanzamisiles. Por “adquisiciones” se entiende la obtención de armas mediante la compra, el arriendo, la donación, el comodato o cualquier otro medio, ya sea de proveedores extranjeros o mediante la producción nacional. Las adquisiciones no incluyen la obtención de prototipos, de artículos en elaboración ni del equipo que esté en la etapa de investigación, desarrollo, prueba o evaluación, en la medida en que tales prototipos, artículos o equipos no se incorporen a los inventarios de las fuerzas armadas. Por “incorporación a los inventarios de las fuerzas armadas” se entiende la entrada en servicio del arma convencional, aun por un período limitado. Regulan los compromisos de informar anualmente a la Secretaría General de las Naciones Unidas sobre sus importaciones y exportaciones de armas convencionales, y de notificar en la misma forma acerca de sus adquisiciones de armas convencionales, ya sea mediante la importación o la producción nacional. Igualmente, se contempla el compromiso de notificar sobre sus exportaciones de armas convencionales a los Estados partes, incluso de los Estados no partes. Establecen el mecanismo de consultas entre los Estados parte acerca de la información proporcionada con arreglo a la Convención y los medios de solución pacífica de las diferencias que se susciten con motivo de la aplicación o interpretación de la Convención. La Comisión compartió plenamente los propósitos que han llevado a Chile, conjuntamente con los Estados miembro de la Organización de Estados Americanos, a la celebración de la Convención en informe y, del mismo modo como lo señala el Presidente de la República en su mensaje, consideró que este instrumento jurídico reviste gran importancia para nuestra región en el proceso de autocontrol del armamento convencional; como asimismo que representa un sólido avance en la generación de un ambiente de mutua confianza y cooperación entre los Estados americanos, de manera que, por unanimidad, decidió recomendar a la honorable Cámara que le preste su aprobación, para lo cual propone adoptar el artículo único del proyecto de acuerdo, con modificaciones formales de menor entidad, que se salvan en el texto sustitutivo que se sugiere en el informe escrito, puesto a disposición de los honorables colegas. Es todo cuanto puedo informar. He dicho. El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros. El señor RIVEROS.- Señor Presidente, deseo anunciar el voto favorable de la bancada democratacristiana al tratado, toda vez que tiene por objeto dos elementos que, a nuestro juicio, son esenciales en materia de armas convencionales, pero debiera serlo de todo tipo de armamento. ¿Cuáles son los dos conceptos presentes en esta Convención? El de la apertura y el de la transparencia, básicamente en relación con el ámbito regional. Cabe recordar que nuestro país ha avanzado en este plano con los países vecinos, en particular con Argentina y Perú. Incluso, se han constituido comisiones binacionales, en las que se trata todo lo relacionado con armamento, adquisiciones y modificaciones. Creo que la Convención no viene a hacer otra cosa que respaldar y dar un marco jurídico convencional y regional a algo tan importante como es la transparencia y apertura en materia del conocimiento de la situación de armamento en cada uno de los países, en este caso de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Por todo ello, reitero nuestro voto favorable a la Convención. He dicho. El señor ASCENCIO (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos: El señor ASCENCIO (Presidente).- Corresponde votar el proyecto de acuerdo que aprueba la Convención Interamericana sobre transparencia en las adquisiciones de armas convencionales y sus anexos I y II, adoptados el 7 de junio de 1999 por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, en el vigésimo noveno período ordinario de sesiones, celebrado en la ciudad de Guatemala. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 85 votos; por la negativa, 2 votos. No hubo abstenciones. El señor ASCENCIO (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Cardemil, Ceroni, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Dittborn, Egaña, Encina, Escalona, Espinoza, Forni, Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Jarpa, Kast, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longueira, Martínez, Molina, Monckeberg, Montes, Moreira, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Prieto, Recondo, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Salas, Sánchez, Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Varela, Vargas, Venegas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker. Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Galilea (don Pablo) y Rojas. PROYECTO APROBATORIO DEL ACUERDO ENTRE CHILE Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, SUSCRITO EN JUNIO DE 2003. Primer trámite constitucional. (Continuación). El señor ASCENCIO (Presidente).- Corresponde continuar el tratamiento del proyecto de acuerdo, originado en mensaje, que aprueba el acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y la Organización de las Naciones Unidas, suscrito en Santiago el 19 de junio de 2003. Recuerdo a los señores diputados que los informes fueron rendidos en la sesión del 18 de enero pasado, por lo que sólo se encuentra pendiente su debate. Tiene la palabra el diputado señor Iván Moreira. El señor MOREIRA.- Señor Presidente, en nombre de la UDI, deseo argumentar el voto en contra al proyecto de acuerdo que aprueba el acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y la Organización de las Naciones Unidas, suscrito el 19 de junio de 2003, que dice relación con el pago de 1.300 millones de pesos, aproximadamente millón y medio de dólares, como indemnización a la familia de Carmelo Soria. Digo 1.300 millones de pesos, porque llama la atención que el Gobierno de la Concertación haya suscrito este acuerdo con las Naciones Unidas, por las razones que sean, dado que está demostrando un doble estándar en esta materia, lo cual nos parece injusto y, de alguna manera, preocupante y peligroso. Ante el acuerdo suscrito por Chile y la Organización de las Naciones Unidas, que establece un pago de 1.300 millones de pesos por concepto de indemnización a favor de la familia de Carmelo Soria, debo señalar, como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y en nombre de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, que el Gobierno abre una puerta peligrosa al establecer este pago vía acuerdos internacionales. Con ello, está dando una señal de que los poderosos que tienen medios para acceder a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos merecen indemnizaciones mayores que el resto y que, incluso, pueden recibirlas antes de que los tribunales nacionales emitan su fallo. No debemos olvidar que, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, el Estado sólo puede indemnizar en caso de sentencia judicial adversa o en casos extremadamente excepcionales, por ejemplo, cuando el Consejo de Defensa del Estado llega a una transacción mientras existe una demanda pendiente, todo lo cual nos hace dudar de la legitimidad del acuerdo sometido a nuestro conocimiento. Anunciamos nuestro voto en contra del acuerdo suscrito por el Gobierno de la Concertación, a nuestro juicio, absolutamente discriminatorio con las familias de las víctimas de violaciones de los derechos humanos en Chile, que han luchado por años con el objeto de obtener una indemnización por parte del Gobierno y se han topado siempre con una constante actitud de rechazo. Nos guste o no, la UDI ha hecho un gran esfuerzo al apoyar el proyecto que establece reparaciones económicas a los familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos y que ya fue despachado por el Congreso Nacional, a pesar de las constantes barreras y obstáculos con que parlamentarios de la Concertación lo bombardearon durante su discusión, incluso, en contra de la voluntad del Gobierno. Rechazamos la actitud del Gobierno de la Concertación, pues demuestra que en Chile existen víctimas de violaciones a los derechos humanos de primera y segunda categorías, toda vez que el acuerdo suscrito con la familia Soria tiene sólo un fin político, propagandístico y se contradice diametralmente con el criterio aplicado a las demás personas afectadas por este tipo de situaciones. El argumento que se ha esgrimido para justificar la indemnización a la familia del señor Soria consiste en reconocerle su calidad de funcionario de la Cepal. Ese reconocimiento sirvió de excusa para echar por tierra los fallos de los tribunales chilenos, pues en éstos no se estableció su calidad de alto funcionario diplomático de las Naciones Unidas. Era el encargado de la imprenta. Sin embargo, invocando tratados internacionales para altos funcionarios de dicho organismo internacional, el caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Posteriormente, la Corte Internacional de Derechos Humanos falló a favor de esta indemnización sin que existiera previamente un veredicto de nuestros tribunales de justicia. Es decir, se está pasando a llevar la independencia de los tribunales chilenos. Es necesario recordar que aún no se ha logrado establecer el cargo que desempeñaba el señor Carmelo Soria en la Cepal. De acuerdo con los antecedentes disponibles, insistimos en ese aspecto, en virtud de lo cual los tribunales de justicia dictaminaron que no tenía la calidad de funcionario internacional de la Organización de las Naciones Unidas. No quiero que se confundan las cosas. Por eso, dejo claramente establecido que repudiamos el asesinato del señor Carmelo Soria. No hay duda de que eso no está en juego; pero una situación muy distinta es no entender que en materia de derechos humanos esta Cámara, en particular nuestro partido, ha hecho un esfuerzo para colocarse en el lugar de los demás, en el entendido que debemos avanzar en la materia. Debido a lo anterior, hemos votado a favor de distintas iniciativas legislativas que apuntaban en la dirección correcta, a fin de terminar con las heridas del pasado. Por lo tanto reitero, no está en juego nuestro sentimiento por el asesinato de una persona, sino la forma en que se pretende pagar una indemnización vía tratados internacionales, porque es un mecanismo peligroso. Los que tienen poder acceden a presentar una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero, ¿qué pasa con los demás? Dicho doble estándar es absolutamente inaceptable. Además, resulta indispensable destacar que el fallo emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es vinculante para Chile, ya que se trata de meras recomendaciones para nuestro país, con el objeto de terminar con el litigio establecido por la familia del señor Carmelo Soria en contra del gobierno de Chile. En ese sentido, nuestra nación es libre para afirmar que la justicia chilena ya emitió un fallo respecto del caso en cuestión, el cual señala que, después de un estudio de la causa y de los recursos que se encontraban aún pendientes, se pudo emitir una resolución con una detallada exposición de argumentos, en virtud de lo cual se estableció que al caso debía aplicársele el decreto ley de Amnistía. Esperamos que el Gobierno del Presidente Lagos deje que esta vez las instituciones funcionen en favor de cientos de chilenos que claman por respuestas a sus problemas, ya que hasta hoy sólo se han topado con manejos políticos y cálculos electorales a la hora de buscar soluciones. Creemos que con la millonaria indemnización que se pretende pagar a la familia del señor Soria se pasa a llevar a los tribunales de justicia, se comete un abuso y se abre, en forma innecesaria, una puerta peligrosa. Hemos visto cómo el Gobierno ha hecho lobby y ha tratado de manejar sus influencias para que este proyecto de acuerdo sea aprobado. No estamos de acuerdo con la indemnización que propone. Por otra parte, vemos con mucha preocupación que se ha enviado un proyecto que contiene un gasto no contemplado en el presupuesto nacional. ¿Dónde está el estudio financiero de esta iniciativa? ¡No existe! ¿Por qué vía se efectuará el pago? Tampoco lo sabemos. Por lo tanto, no corresponde la forma en que el Gobierno pretende que se legisle en este caso. Lo que voy a señalar no se basa en un cálculo político, pero llama la atención que cuando se trata de este tipo de indemnizaciones sobran los millones, es decir, se dispone de 1.300 millones de pesos, pero cuando se trata de la situación de los jubilados y de otras demandas sociales hay que restringir el gasto, porque no hay plata. El Gobierno tiene un doble estándar en materia de derechos humanos, de manera que votaremos en contra del proyecto, porque no vamos a equivocar la señal que se debe entregar al país. He dicho. El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros. El señor RIVEROS.- Señor Presidente, lamento discutir el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio entre Chile y la Organización de las Naciones Unidas, porque se podría haber evitado si no se hubiesen violado los derechos humanos en Chile y si las personas que detentaron el poder o formaron parte del gobierno que los violó sistemáticamente hubieran hecho esfuerzos reales para evitarlo. Como las autoridades que participaron en ese gobierno no evitaron que se violaran los derechos humanos, se ha presentado este proyecto de acuerdo, a fin de entregar una reparación a las víctimas. Francamente, creo que es lo único que puedo decir luego de escuchar las palabras de mi colega Iván Moreira, quien ocupó cargos en el gobierno que provocó violaciones sistemáticas a los derechos humanos y es miembro de un partido que participó en él. Respecto del mérito específico de la iniciativa, quiero señalar que el proyecto tiene implicancias desde el punto de vista de las relaciones exteriores, puesto que se trata de un acuerdo entre el Gobierno de Chile y la Organización de Naciones Unidas. ¿Por qué se suscribe un acuerdo entre Chile y la ONU? Porque don Carmelo Soria era funcionario de dicha organización y se encontraba sujeto el amparo del estatuto que protege a los funcionarios diplomáticos, lo cual consta en las normas generales y en el acuerdo de sede de la Cepal. Por lo tanto, a don Carmelo Soria se le reconoció su estatus de funcionario de las Naciones Unidas amparado diplomáticamente. Al Gobierno de Chile no le correspondía hacerlo, sino a la institución que lo acreditaba. Entre los antecedentes que se estudiaron y discutieron en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados se encuentra la nota de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, fechada el 21 de junio de 1973, mediante la cual comunica al Ministerio de Relaciones Exteriores que el señor Carmelo Soria se ha hecho cargo de sus labores en calidad de funcionario internacional de las Naciones Unidas, asignado a la Cepal. Ese es el punto esencial: ¿por qué interviene y lo ampara la ONU? ¿Por qué se produce este acuerdo entre Chile como Estado y las Naciones Unidas como organización internacional? Si queremos discutir el tema en serio, el punto de referencia básico es que no corresponde al Estado de Chile, sino a la institución que lo acredita en este caso, la Organización de las Naciones Unidas, dar o no el carácter de funcionario internacional especialmente amparado. No obstante, como muchas chilenas y chilenos, don Carmelo Soria vio violado el más fundamental de todos sus derechos: la vida. Fue asesinado por la acción de organismos de seguridad de la dictadura. Así consta, se reconoce y aparece en todos los informes pertinentes. Eso es lo que hay que reparar. Se trata de sus derechos fundamentales, y de un caso único, el caso de una persona que formaba parte del cuerpo de funcionarios de la ONU. Por lo tanto, esta materia no puede ser planteada en forma tan demagógica y poco seria, en el sentido de que podría abrir las puertas a otro tipo de situaciones. Al respecto, debemos ser precisos en la argumentación y serios en los conceptos y en el lenguaje. Ahora bien, este asunto alcanzó las instancias que establecen la Convención Americana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que declaró admisible esta reclamación, porque entendió que se habían agotado las vías jurídicas internas del Estado chileno. Uno de los requisitos de admisibilidad en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es, precisamente, que se hayan agotado las vías jurídicas internas. Eso está en la Convención que aprobamos en su oportunidad. Por lo tanto, decir que se estaría vulnerando la autonomía del Poder Judicial chileno implica desconocimiento o tiene otro calificativo. Ahora bien, la Comisión adoptó una resolución, que el Estado chileno acogió y que debemos votar en esta Sala, que significa decir: ante la evidencia de los hechos, ante la actuación de la Comisión, ante la admisibilidad del caso y ante el llamado de la Comisión, lleguemos a un acuerdo de reparación entre Naciones Unidas y Chile y al pago de una indemnización por los montos señalados. Eso es lo que jurídicamente más se asemeja a una transacción para evitar que esto siga adelante y que el Estado chileno sea llevado a otra instancia jurisdiccional: el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos. Eso es lo que evitaremos si aprobamos el acuerdo en discusión. ¿O queremos que por una causa de esta naturaleza, en la cual una persona perdió la vida al ser asesinada por los organismos de seguridad, el Estado chileno llegue hasta el citado tribunal, a pesar de que existe la posibilidad de evitarlo mediante la aprobación de este acuerdo? ¿Acaso queremos que el Estado de Chile sea llevado hasta el Tribunal Interamericano y sufra el baldón que ello significa? Eso es lo que evitaremos con la aprobación del acuerdo en debate. Pero argumentemos, reflexionemos, no hagamos actos de demagogia que no corresponden, sobre todo en un ámbito tan fuerte, tan vergonzoso como la violación sistemática de los derechos humanos. Hay casos emblemáticos. Por desgracia, los hay. Éste es uno de ellos, el cual no inhibe todos los esfuerzos que el Estado de Chile está haciendo para reparar, con recursos de todos los chilenos, lo que hicieron agentes del Estado. Ojalá pudieran responder personalmente los responsables, como algunos lo están haciendo o, por lo menos, deberán hacerlo, en la medida en que las acciones judiciales prosperen. Ésta es mi argumentación para votar a favor el acuerdo entre Chile y las Naciones Unidas. He dicho. El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, considero muy interesante la intervención del diputado señor Edgardo Riveros, que llama a profundizar respecto de un tema que, a veces, se presta para hacer demagogia. Como miembro de la Comisión de Hacienda, quiero decir que en el presupuesto de la nación no se prevén los asesinatos. Tampoco las emergencias y urgencias de un país. ¿Para qué son los acuerdos internacionales? ¿Para cumplirlos o no cumplirlos? ¿Para abusar demagógicamente de lo que hemos construido como país? Nuestro país ha debido hacer frente a esta responsabilidad civil, debido a que está inserto en el derecho internacional público, porque a la fecha del asesinato de Carmelo Soria Espinoza, en la década del ‘70, nuestro país estaba protegido por ese derecho. Antes de entrar en detalles sobre la forma en que fue asesinado don Carmelo Soria, hay que pensar en el respeto que debemos a su familia, pues resulta impropio hacerle revivir momentos tristes. Lo que debemos destacar es que Chile, a través de su gobierno, ha reconocido desde ya su responsabilidad, una vez acreditada judicialmente la participación de agentes del Estado en el secuestro. No hay duda de que, con posterioridad al secuestro, hubo torturas que derivaron en la pérdida de la vida de un funcionario diplomático. Se asesina a Carmelo Soria. La indemnización que se entrega a su viuda y a sus hijos está basada en la jurisprudencia de los tribunales chilenos sobre la materia. Entonces, de manera alguna puede ser obstáculo para su pago. Los agentes chilenos, bajo órdenes de mandos superiores de los servicios de inteligencia militar de esa época, sabían quien era el diplomático Carmelo Soria. Por lo tanto, el Estado de Chile, por aplicación del principio de la continuidad del Estado debe, obligatoriamente, indemnizarlo de acuerdo con las normas y prácticas diplomáticas correspondientes. Desde que Chile asumió su responsabilidad, al firmar el convenio con Naciones Unidas, se obligó a ratificar el acuerdo internacional y, por ende, a responder frente a situaciones como la que estamos discutiendo. ¿Le implica la responsabilidad de derecho internacional público a los habitantes de este país? Si no fuera así, Chile podría ser demandado ante tribunales internacionales, como lo expresó el diputado señor Edgardo Riveros. La Corte Internacional de la Haya debería hacer cumplir el compromiso que tenemos en este tratado. A la señora Laura González, cónyuge de la víctima; a sus hijos, Carmen, Laura y Luis, ninguna suma les reparará el daño, la pena y el dolor de haber perdido al esposo, al compañero de su vida, al padre. La ausencia del padre en los hitos más importantes de sus vidas es un asunto que hoy y por siempre seguirá sufriendo esta familia. Quiero hacer una propuesta a los representantes del Gobierno, dado que las Fuerzas Armadas han reconocido su responsabilidad institucional en la materia: decidir, como principio, que esto jamás debiera suceder y que de su presupuesto asuman la responsabilidad económica respectiva. Este es un antecedente que puede estar en los reglamentos de las Fuerzas Armadas. Como lo dije recién, se trata de situaciones que no pueden ser previstas pues no está presupuestado el asesinato o la muerte de funcionarios internacionales. La bancada del Partido por la Democracia aprobará la iniciativa en debate, con mucha dignidad y, sobre todo, con respeto a las víctimas de este alevoso asesinato. He dicho. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende. La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, en esta ocasión vamos a votar ya escuchamos el informe que me correspondió entregar a la Sala en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores el proyecto de acuerdo que aprueba el convenio entre Chile y la Organización de las Naciones Unidas, tan importante para nuestro país. El relato pormenorizado de la dramática situación vivida por Carmelo Soria y su familia lo hice cuando entregué el informe, pero no puedo dejar de manifestar, sobre todo después de escuchar al diputado Iván Moreira, mi desazón, mi malestar y mi dolor, porque resulta absolutamente incomprensible lo que ha expresado. ¡Con qué cara dura lo digo tal cual, con qué cara dura puede decir que tenemos un doble estándar! El diputado Moreira, de la UDI, no quiere reconocer que nunca en esta Sala deberíamos discutir éste u otros proyectos sobre dramáticas y graves violaciones a los derechos humanos. Si no hubiese habido una dictadura, si no hubiese habido ministros del Interior civiles que no quisieron investigar, que firmaban órdenes de detención; si no hubiese habido tanto civil y militar que, simplemente, no quiso enterarse, no estaríamos discutiendo este proyecto. Todos los que participaron en aquél gobierno sabían lo que pasaba; se sabía en Chile y en el exterior, pues todos los años había denuncias y relatorías en Naciones Unidas, pero hay muchos que nunca quisieron enterarse. Han pasado casi 15 años y hoy en la Sala de la Cámara de Diputados tenemos que escuchar al representante de la UDI, el colega Moreira, decir que tenemos un doble estándar. El señor Moreira no entiende. Obviamente, le ha costado mucho a la UDI entender lo que es un estado de derecho y que uno de sus valores esenciales es la justicia. Por fortuna, la humanidad ha ido avanzando. El derecho internacional de los derechos humanos imagino que el tema no le interesa mucho a la UDI ha ido avanzando y la humanidad se preocupa para que no haya impunidad; la humanidad intenta establecer aquellos instrumentos que permitan que en los crímenes más graves contra la humanidad, en los crímenes de lesa humanidad, no haya impunidad. Desgraciadamente, en Chile sí la hubo. El propio ministro Libedinsky, a quien le correspondió investigar, después de denegación de justicia y de aplicar la autoamnistía, con mucha claridad señala en su fallo, en 1993, que el 14 de julio de 1976, Carmelo Soria, ciudadano español que gozaba de nacionalidad chilena y trabajaba en nuestro país en su calidad de jefe del Departamento Editorial del Centro Latinoamericano de Demografía, Celade, organismo perteneciente a la Comisión Económica para América Latina, Cepal, ambos dependientes de la Organización de las Naciones Unidas, fue detenido por un grupo de militares adscrito a la Dirección de Inteligencia Nacional, Dina, que integraba una brigada de dicho organismo denominada Mulchén. Trasladado en su propio automóvil a un inmueble situado en la vía Naranjo Nº 4925, del sector Lo Curro, fue sometido a interrogatorios y apremios físicos. Aquello que llama apremios físicos el ilustrísimo, ahora presidente de la Corte Suprema, es algo más que apremios físicos. Carmelo Soria fue salvajemente torturado hasta que, finalmente, se le asesina. Pero no sólo se le asesina ojalá lo escuche bien el diputado Moreira y los colegas de la bancada de la UDI, sino que se intenta, una vez más durante la dictadura, engañar al país, como lo hicieron con los 19 casos de los detenidos-desaparecidos, cuando dijeron que andaban en Argentina disfrutando de la vida y nunca reconocieron la “Operación Cóndor”, respecto de la cual esperamos un fallo que termine, de una vez por todas, con el fuero de Pinochet. Además, intentaron engañar a la opinión pública. Fingieron que Carmelo Soria estaba ebrio y había sufrido un accidente automovilístico. ¡Hasta dónde es posible llegar en la vida! ¡Hasta dónde es posible cerrar los ojos! ¡Hasta dónde es posible denegar justicia! ¡Hasta dónde es posible negarse a un acto que permitiría al Gobierno de Chile, con dignidad, llegar a un acuerdo! Lo anterior sobre todo si se considera que la Comisión Interamericana declara admisibles causas basadas sólo como lo dijo el diputado Riveros en la denegación de justicia en el país, como es el caso que hoy conocemos, lo que nos da una instancia para llegar a un acuerdo, al que se refiere el proyecto en discusión y que la Cámara debería aprobar como un mínimo gesto y acto de reparación hacia una familia que ha tenido que sufrir durante todos estos años la impunidad, la denegación de justicia, que se inventara que Carmelo Soria se encontraba bajo los efectos del alcohol y que su muerte de debió “a un accidente”. Siempre se quiso negar que, después de soportar horrorosas torturas, fue asesinado por la brigada Mulchén. Pero no sólo eso. Lamentablemente, nuestros tribunales se equivocaron, incluidos, por cierto, los militares, cuando se trató de desconocer la calidad de funcionario internacional que poseía Carmelo Soria. Tengo en mis manos el documento, de fecha 21 de junio de 1973, en el cual la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, comunicó al Ministerio de Relaciones Exteriores que don Carmelo Soria se hacía cargo de sus funciones en calidad de funcionario internacional de las Naciones Unidas asignado a dicha Comisión. Reitero: es un documento de junio de 1973. A pesar de ello, en la Comisión tuvimos que escuchar a un colega que, en forma despectiva, dijo: “Parece que era un funcionario menor”. Es decir, una vez más no se actúa con mucho conocimiento jurídico ni hay respeto por instrumentos internacionales que obligan a Chile, como Estado, a dar protección a los funcionarios internacionales. Pero, aún más, el diputado Moreira no sólo da muestras de su doble estándar, sino que, además me perdonarán que lo califique de caradura, pero no puedo dejar de hacerlo le molesta que se pague 1 millón 500 mil dólares a la familia Soria, lo que constituye una obligación moral y ética, y la posibilidad de llegar a este acuerdo para evitar que el caso sea conocido por la siguiente instancia. En efecto, si no aprobamos el proyecto de acuerdo, la materia será conocida por el tribunal superior de los derechos humanos, con sede en Costa Rica, donde no tengo duda sobre la sanción que se va a aplicar al Estado de Chile. Extraña que al colega le duela tanto ese pago, como si el millón 500 mil dólares tuviera que salir de su bolsillo, y no diga una sola palabra cuando, por la prensa, nos enteramos de que don Augusto Pinochet Ugarte, ¡pobrecito!, después de haber prestado “tantos servicios” al país, ha logrado “ahorrar” una fortuna respecto de la cual todavía no tenemos una explicación clara. No sabemos si es de 8 millones, 15 millones o 50 millones de dólares. ¿Cuánto ha significado para el país? De eso no se dice nada. En definitiva, la UDI no tiene palabras para condenar cuando se trata de una persona que tuvo las máximas responsabilidades en las violaciones de los derechos humanos y que ha robado a Chile ya está bueno que lo digamos con todas sus letras al país, al cual poco le gusta decir las cosas en forma clara una suma aún indeterminada. Hoy, los tribunales apenas están avanzando en una acusación por delito tributario, en circunstancias de que la pregunta legítima y la única posible es la siguiente: ¿De dónde salió ese dinero, que, como dije, no se sabe si alcanza a 50 millones, 15 millones u 8 millones de dólares? ¿De dónde salió ese dinero? De malversación de fondos si se han ocupado los gastos reservados; de corrupción si ha recibido donaciones, o de comisiones por concepto de ventas de armas. No lo sabemos; la justicia lo investigará. Pero a los chilenos les queda claro, porque ninguno es tonto, que, cualquiera sea la cantidad, no hay nadie que ahorre 50 millones, 15 millones u 8 millones de dólares. Por lo tanto, hago un llamado a respetar el acuerdo, como una forma de dar una señal de reparación a una familia a la cual no sólo le asesinaron a su padre o al marido en el caso de Laura, la viuda de Carmelo Soria, sino que, además, tuvieron que sufrir por años la denigración, la negación de justicia, la burla y el cinismo que han rodeado este caso. No he podido dejar de expresar lo que he señalado esta mañana creo que debe salirnos desde adentro porque ya basta de que manipulen la información y de que nos digan que no tenemos respeto por otras causas. Están equivocados, porque no son precisamente las organizaciones de derechos humanos las que plantean ese discurso de molestia, sino los representantes de la UDI, tal como lo hizo el diputado Moreira. En circunstancias de que la única molestia que debe haber es porque en el país se haya asesinado, se haya negado justicia, no se quiera abrir los ojos y que hasta hoy quienes tuvieron responsabilidad no la reconozcan y no se colabore con los tribunales, como realmente debería ser. No estaríamos discutiendo este proyecto de acuerdo si en el país se hubiera colaborado con la justicia y ésta se hubiera aplicado. Incluso, hasta hace algunos años, existían personas como el fiscal Torres, que se dedicaban a obstruirla. Los tribunales militares aplicaban una proclamada autoamnistía para tratar de cerrar los casos más graves, como el que ha originado el proyecto en discusión. Por lo tanto, contrario a todo lo que se ha dicho, el único acto de dignidad, de reparación y de justicia apegado a la ley que cabe, sin demagogia, es, precisamente, apoyar el proyecto de acuerdo. He dicho. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Salaberry. El señor SALABERRY.- Señor Presidente, un par de diputados que me antecedieron en el uso de la palabra afirmaban que había que ser rigurosos en el lenguaje y serios en la argumentación. Pero, en justicia, no he escuchado en la intervención de la diputada Allende palabras que efectivamente sean, a mi juicio lo digo con mucho respeto, rigurosas en el lenguaje y serias en la argumentación. Si se lee el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, de la cual es presidenta la diputada Isabel Allende, se verá que se trata de entregar una reparación, por la vía de la indemnización, por algo que nunca debió suceder en nuestro país. En pocas sociedades del mundo que han vivido procesos dolorosos el Estado se ha hecho cargo de ese dolor y ha indemnizado a quienes sufrieron la violencia política de uno y otro sector. En los países que fueron de la órbita comunista que defendió, visitó y apoyó la diputada que me antecedió en el uso de la palabra no hemos visto procesos indemnizatorios como los que ha vivido América Latina, en general, y nuestro país, en particular. Al cumplirse treinta años del golpe militar, hace poco más de un año, tanto la Cámara de Diputados como el Senado conocieron el dolor que se vivió en el país. El propio Presidente de la República presentó una propuesta, en un documento serio y riguroso ”No hay mañana sin ayer”, y planteó los esfuerzos que deberíamos hacer todos los sectores políticos para avanzar en materia de derechos humanos, de leyes de reparación y en la búsqueda de información. Dado que los colegas que intervinieron antes también lo hicieron, voy a apartarme un poco del tema en debate, para intentar aclarar si es justo o no aprobar un proyecto de acuerdo de estas características. Aquí se señaló la responsabilidad de unos sin considerar la de otros. No me voy a referir al proyecto de ley de incentivo a la entrega de información, que sufrió el boicot de algunos parlamentarios de la izquierda incluso, se faltó al acuerdo con el Presidente de la República, sino a la ley de reparaciones. Este cuerpo legal otorgó beneficios no sólo a las víctimas o familiares de la violencia política en los primeros años del gobierno militar, sino que a todos los sectores afectados, incluso a los relacionados con actos terroristas. Ahora, ¿por qué se discutió en el Congreso esta iniciativa? Porque cientos de víctimas de la violencia política de uno y otro sector sintieron, con pena y vergüenza cómo, principalmente la izquierda y la Concertación en general, se reían del dolor de estos miles de chilenos. ¿Cuántas familias de connotados militantes socialistas se reunieron durante años con parlamentarios de la UDI para trabajar una propuesta con visión de futuro? ¿Y por qué lo hicieron? Porque el Consejo de Defensa del Estado alegaba la prescripción de las acciones civiles. Esa era la posición jurídica de dicho organismo, que si bien es autónomo, representa los intereses del Estado en las instancias judiciales. Reconocemos que todos pudimos haber hecho más, pero como decía el diputado Iván Moreira, lo planteado hace aparecer ante la opinión pública la existencia de familiares de primera y segunda categoría. ¿Por qué la familia de José Sampson, asesinado después del 11 de septiembre de 1973, cuyos restos aún no aparecen, no puede recurrir a los tribunales internacionales? ¿Por qué connotados abogados de derechos humanos, supuestamente, han dejado de alegar en los tribunales de justicia? En el caso del señor Carmelo Soria se llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero no veo en el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, cuya presidenta se encuentra en la Sala, argumentos jurídicos para tal acuerdo. Así se desprende de su lectura. ¿Se negó justicia en nuestro país? No. En democracia no durante el gobierno militar, las causas iniciadas por la familia del señor Soria fueron sobreseídas por nuestros tribunales de justicia sin que le reconocieran su calidad de agente de una organización intergubernamental, de acuerdo con la Convención sobre Prevención y Castigos de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas. No niego la posibilidad de llegar a acuerdos, pero ¿por qué no beneficiar a todos aquellos que vivieron la violencia política? ¿Por qué el Estado no asume lo ocurrido, por ejemplo, respecto de José Sampson o a Simón Yévenes? Lo que se quiere aprobar es el pago de 1 millón 500 mil dólares para evitar la intervención de la “Justicia Internacional”. En noviembre del año pasado, el Congreso Nacional aprobó modificaciones a la ley de Reparación. Al mes siguiente de aprobada dicha ley, se debía entregar un bono por 10 millones de pesos a los hijos de quienes sufrieron violencia política, ya sea por violaciones a sus derechos humanos o como víctimas del terrorismo, descontadas las asignaciones recibidas en un período de tiempo. Sin embargo, estamos en marzo y hasta hoy no se ha entregado el bono, no ha habido reparación para esas familias, quienes dicen, con dolor, que son familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos de segunda categoría. Esos familiares no pertenecen a mi sector político, no representan mis ideas o yo no represento las de ellos, pero ven con dolor este doble estándar aunque no les guste a algunos diputados presentes en esta Sala, puesto que se les ha dejado botados porque políticamente ya no son rentables. Votaré en contra de este proyecto de acuerdo, porque lo encuentro injusto, ya que, aun cuando comparto el dolor de los familiares del señor Soria, no es distinto del que han tenido que vivir cientos de familias que ven con vergüenza cómo, hasta hoy, cuatro meses después de aprobada la ley de Reparación, el Gobierno no es capaz de responder a un mandato de este Congreso Nacional. He dicho. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya. El señor ARAYA.- Señor Presidente, mi intervención será a título estrictamente personal para no comprometer a la bancada de la Democracia Cristiana. Me ha llamado profundamente la atención este proyecto de acuerdo suscrito entre Chile y la Organización de las Naciones Unidas. Lo voy a votar en contra por varias razones. En primer lugar, me parece que aquí hay varios fundamentos algo ha anunciado el diputado señor Salaberry que no tienen una argumentación lógica. Aquí se ha comentado que ha existido una denegación de justicia. Nadie discute hoy que en Chile se violaron sistemáticamente los derechos humanos por agentes del Estado. Hace unos días, hemos conocido el informe sobre torturas; en el gobierno del ex Presidente Aylwin, se dio a conocer el informe Rettig, y actualmente nadie discute que funcionarios del Estado, ya sea a través de la Dina, la Dine y la CNI, torturaron, violaron y asesinaron a muchos de nuestros compatriotas, así como muchos fueron exiliados y perdieron sus empleos. En el caso que nos preocupa, ha habido un doble pronunciamiento, en primer lugar, por parte de la justicia militar, al aplicar el decreto ley de Amnistía, de 1978, situación que ha sido ratificada en dos oportunidades por la Corte Suprema, pero con la precisión de que por tratarse de una persona que comprometía las relaciones internacionales se nombró a un ministro unipersonal, conforme al número 2 del artículo 53 del Código Orgánico de Tribunales. El ministro de la época, el señor Libedinsky, quien estudió esa causa, determinó que efectivamente el señor Soria fue asesinado por agentes del Estado, concretamente por la Brigada Mulchén, sin entrar a individualizar las responsabilidades de personas concretas, en atención a lo que disponía la ley de Amnistía, situación que fue ratificada en 1996 por la segunda Sala de la Corte Suprema en materia penal, al señalar que, respecto del asesinato del señor Soria por parte de la Brigada Mulchén, atendido a que fue cometido dentro del período en que estaba en vigencia la ley de Amnistía, no era posible aplicar sanciones concretas a determinadas personas. Asimismo, llama profundamente la atención el monto de esta transacción. Ello, porque hace poco, durante la discusión en esta Cámara respecto de los beneficios para los familiares de las personas que habían sido torturadas, el ministro de Hacienda señaló que no se podía pagar más porque no habían más recursos, y aquí se dice: “tenemos este dinero que se puede entregar”. Se ha dicho que no ha habido justicia, pero llama la atención, y no se explica en el proyecto y en el informe tampoco se señala, cuál es la situación de la demanda por responsabilidad extracontractual que la familia Soria presentó en contra del Estado chileno en el Cuarto Juzgado Civil de Santiago. Sólo se señala que de aprobarse el acuerdo y de pagarse la indemnización, la familia Soria se desistirá de esa demanda. Esta situación así lo manifesté cuando se discutió este proyecto con muchas agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos de la zona norte me parece una tremenda injusticia. Algunas familias se han visto obligadas a entablar juicios interminables, en los que el Estado no quiere realizar transacciones. Sin embargo, en este caso, el Estado se compromete en forma casi inmediata a llegar a una transacción y a solucionar el problema. En razón de los argumentos señalados, voy a votar en contra del proyecto, porque creo que debe aplicarse un criterio de igualdad respecto de otras familias de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Si se quiere celebrar esta transacción con la familia del señor Soria, exijo al Gobierno que aplique los mismos criterios con aquellas familias que aún mantienen juicios pendientes con el Estado y con aquellas que ni siquiera lo han podido iniciar porque no cuentan con la asesoría adecuada de un abogado y que también se han visto perjudicadas por la ley de amnistía. He conocido familias que han presentado querellas en contra de Augusto Pinochet y sus secuaces, pero que no han logrado que sean sometidos a juicio debido al decreto ley de amnistía. A esas familias no se les ha ofrecido ningún tipo de reparación, más allá de las que originalmente se señalaron durante el gobierno del Presidente Aylwin y de las que se otorgaron, en virtud de la ley que aprobamos hace poco, a las víctimas de tortura. Reitero que votaré en contra del proyecto mientras no se explique claramente el fundamento jurídico que lo respalda y cuáles son las razones de fondo para el otorgamiento de la indemnización, más allá de lo expresado en esta materia por mi camarada y colega Edgardo Riveros. Debe haber una explicación concreta de por qué se quiere celebrar esta transacción, pese a que aún existe una demanda civil por esta materia presentada en el Cuarto Juzgado Civil de Santiago. He dicho. El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Carolina Tohá. La señora TOHÁ (doña Carolina).- Señor Presidente, la verdad es que 1.500 millones de pesos es una cifra que supera todo lo que cualquier chileno pueda concebir. Es muy fácil comparar esa cantidad con la mucho más humilde que por ley pudimos otorgar a los familiares de víctimas de la represión durante la dictadura. Pero hay que entender cómo se llegó a este proyecto. En el fondo, se trata de una sanción que la comunidad internacional establece para Chile por haber denegado justicia a la familia Soria. Ojalá el Estado de Chile tuviera los recursos necesarios para que todas las familias de víctimas de violaciones a los derechos humanos pudieran recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De ser así, obtendrían indemnizaciones parecidas a ésta. Ojalá los representantes de la UDI dijeran qué podríamos haber hecho para haber evitado que esa denegación de justicia nos llevara al punto en que estamos. La familia Soria obtuvo este acuerdo producto de muchas ocasiones en que el Estado chileno le denegó la posibilidad de una solución. Carmelo Soria era un ciudadano español, funcionario de la Cepal, que fue secuestrado y asesinado. Su familia fue engañada, humillada y sometida a una tortura sicológica, por cuanto se le dijo que se había suicidado y que había dejado una carta en la que reconocía una situación con una amante. La familia Soria acudió a los tribunales chilenos, no a solicitar una indemnización, sino a pedir que los responsables de su muerte fueran castigados. ¿Qué hicieron los tribunales chilenos? Les dijeron que los culpables no iban a ser castigados, y que se le denegaba la calidad de funcionario internacional. Tengo aquí la carta de nombramiento de las Naciones Unidas, que da cuenta de su calidad de funcionario internacional. Sin embargo, la Corte Suprema no cualquier tribunal lo negó y dijo: “No es cierto, este señor no fue funcionario internacional”. Y agregó: “Sí, efectivamente lo mataron agentes del Estado, pero no los vamos a condenar.” Pese a que existe un acuerdo suscrito por Chile, que dispone que cuando un funcionario internacional es asesinado, los culpables no pueden ser protegidos por una ley de Amnistía, más aún tratándose de procesos imprescriptibles, se le denegó justicia a la familia Soria y no se le reconoció a Carmelo Soria su carácter de funcionario internacional. La familia Soria recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y lo pudo hacer porque él era un funcionario internacional y ella tuvo los medios para recurrir a esa instancia. ¿Cuántas familias de víctimas de la represión han tenido esa posibilidad? Por cierto, muchas no la han tenido. Pero lo injusto no está en que la familia Soria recurra a esa instancia, sino en que muchas otras no lo pueden hacer. Si Chile ha llegado a este punto, es porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos acogió el reclamo de la familia Soria y le hizo una serie de recomendaciones que nuestro país no está en condiciones de cumplir, porque los tribunales se niegan a reabrir el proceso, fundados en la cosa juzgada, en la prescripción. ¿Cómo no va a estar prescrito, si en su momento la familia interpuso las acciones correspondientes y la justicia chilena fue negativa. La prescripción tiene que ver con el paso del tiempo. La familia hizo las cosas a tiempo. Los que no lo hicieron fueron los tribunales chilenos que, quizás, hoy no habrían dictado las resoluciones que omitieron en otra época. Hoy, la Corte Suprema no habría aplicado la amnistía y no habría desconocido el tratado sobre los funcionarios internacionales. Hoy Chile ha cambiado, hay otra mentalidad, impera el sentido común, los tribunales se han dado cuenta de que ese tipo de sentencias es impresentable, las obligaciones internacionales se cumplen. El Estado de Chile negoció con Naciones Unidas y llegó a este acuerdo indemnizatorio, porque sus sistemas regulares no funcionaron y fallaron una y otra vez. La UDI habla de doble estándar, y ella no tiene ningún estándar; no tiene un mínimo de pudor para hablar de estos temas. ¿Cómo no tienen un poquito de vergüenza o de escrúpulos? Se sientan aquí a dictar cátedra y a hablar de si hubo o no sensibilidad. ¡Por Dios! ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de gente muerta, de gente a la que se le ocultó la verdad, se le mintió; se dijo que Carmelo Soria tenía una amante y que por eso se suicidó. No vi a ninguno de sus miembros luchar en esa época ni por la justicia, ni por la verdad, ni por nada. Por lo tanto, por su intermedio señor Presidente, pido especialmente a nuestros colegas de la Democracia Cristiana dar su apoyo a este acuerdo, asumiendo que no es lo ideal. Lo ideal es que el Estado de Chile nunca tenga que ir a dar cuenta ante organismos internacionales por qué denegó justicia. Hoy nos encontramos en un pie forzado, el país ha suscrito convenios que hay que cumplir. Si la Cámara de Diputados no aprueba este acuerdo la familia Soria recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Chile de nuevo integrará la lista de países que deben sufrir la vergüenza de no enfrentar estos temas como debieran y retrocederá en algo que nos ha costado mucho avanzar, como es irnos sacando de encima todos estos temas pendientes, estas heridas y cargas que pesan sobre nuestra sociedad. Ésta no es la primera vez que Chile se ve en esta situación. Sucedió algo parecido en el caso del ex canciller Orlando Letelier, que fue asesinado en el extranjero. Estamos nuevamente frente a una familia que ha tenido la posibilidad de recurrir a estos mecanismos. En esa ocasión, este Congreso Nacional ratificó el acuerdo correspondiente. Eso es lo único consistente que hoy podemos hacer: ratificar una vez más un acuerdo de esta naturaleza y procurar que nunca más el Estado de Chile tenga que dar cuenta ante organismos internacionales de por qué deniega justicia y humilla a las víctimas de esa manera y por qué no es capaz, a través de su sistema político, de enfrentar oportunamente estos casos en lugar de arrastrarlos por tanto tiempo. He dicho. El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, solicité la palabra, porque algunos colegas plantearon que no está claro bajo qué glosa e ítem se va a pagar, si este proyecto de acuerdo es aprobado. Quiero recordar que del informe de Hacienda entregado por el diputado Camilo Escalona queda absolutamente clara la forma en que se hará. Hay dos informes financieros: uno, elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 4 de agosto de 2004, que señala que se financiará con recursos del presupuesto de la nación vigente de la partida Tesoro Público, y otro, de fecha 14 de diciembre de 2004, que precisa que se financiará con cargo al ítem Organismos Internacionales, del Presupuesto de 2005 del Ministerio de Relaciones Exteriores. Dejo claro lo anterior para la comprensión total y absoluta de la materia por parte de las personas que han hecho un seguimiento del proyecto de acuerdo. Es más, el subdirector de Presupuestos, señor Alberto Arenas, recordó en la Comisión de Hacienda, tal como lo señaló la colega señora Carolina Tohá, que si se consideran otros tratados que han implicado un costo para el erario nacional y el informe financiero de la Dirección de Presupuestos, que precisa la fuente de financiamiento, se llega a la conclusión de que el monto establecido es suficiente. Además, es importante destacar el planteamiento del diputado Edgardo Riveros, puesto en duda por el colega Pedro Araya. En la Comisión de Hacienda quedó muy claro que ésta es la reparación de un caso que quedó impune, porque la investigación del homicidio de Carmelo Soria concluyó con la aplicación de la ley de amnistía de 1978, debido a lo cual la familia Soria interpuso un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, si aprobamos el proyecto de acuerdo, se cierra el caso y Chile evita ser llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quiero dejar en claro que la demanda presentada en los tribunales chilenos ascendía a 2 mil 300 millones de pesos, cifra muy superior a la que se propone en este proyecto, que es de un millón y medio de dólares. Es decir, no son 1.500 millones de pesos, sino que la cifra bordea los 900 millones de pesos. También es importante recordar que el proyecto soluciona un caso que suscitó el interés de la Organización de las Naciones Unidas y del gobierno de España. Asimismo, ha sido un tema permanente en la agenda de la Cepal y motivo de diversos informes de las agrupaciones de derechos humanos, que no se han opuesto al acuerdo, por entender que se trata de un caso especial dada la calidad de funcionario internacional de Carmelo Soria. Es cierto que es bastante discriminatorio en relación con otros casos, pero se justifica atendido ese hecho. Por lo tanto, anuncio que votaré favorablemente el proyecto de acuerdo. He dicho. El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Villouta. El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, no podemos olvidar que aquí estamos frente a un compromiso internacional. Así como en el caso Letelier se obligó al Estado a efectuar un pago por concepto de reparación a sus familiares, en éste también tenemos la obligación moral de hacerlo, porque no cabe la menor duda de que este extranjero fue asesinado por las fuerzas de seguridad de nuestro país. Por otra parte, los valores por concepto de reparación que considera Chile para nuestros connacionales son diferentes a los que se fijan en Europa y Estados Unidos. Además, si no se paga la reparación que se propone, el caso irá a la Corte Internacional de Justicia. A raíz de oficios solicitados por el colega Jorge Burgos, supe de las respuestas de diversos ministerios relacionadas con los gastos en abogados en que han debido incurrir en diversos casos, los cuales pude comprobar que son altísimos. De manera que el monto que se propone como compensación para la familia Soria podría ser similar al de los abogados que tendrían que actuar ante la Corte Internacional de La Haya. Esto también debe ser considerado. Ahora, quienes no acepten el pago y voten en contra de este proyecto de acuerdo, pesará en sus conciencias si el día de mañana la Corte Internacional de Justicia nos condena a pagar, incluso, una suma mayor, aparte de los gastos jurídicos en que deberemos incurrir para defendernos. Creo que es una fundamentación vital que debemos considerar al momento de votar. Hice este mismo planteamiento en la Comisión de Relaciones Exteriores, de modo que ahora sólo quiero ratificarlo. He dicho. El señor ASCENCIO (Presidente).- Por último, tiene la palabra el diputado señor Rodolfo Seguel. El señor SEGUEL.- Señor Presidente, me ha llamado la atención la forma del discurso de la diputada Tohá, aun cuando su contenido es el mismo. En verdad, situaciones como ésta las hemos vivido en muchas oportunidades durante estos 15 años. Hemos aprobado un sinnúmero de proyectos relacionados con materias similares y extremadamente dramáticas: exonerados políticos, detenidos desaparecidos, tortura, el caso Letelier y tantas otras que hemos tenido que enfrentar en democracia. Pero, al parecer, con el correr de los años nuestras convicciones se han ido enfriando y cambiando el tiempo también se ocupa de que eso ocurra, pues hoy los discursos son absolutamente distintos. Si esta situación la hubiéramos discutido en 1991, estoy seguro de que las tribunas habrían estado llenas, los discursos habrían sido encendidos y habrían intervenido muy pocos diputados de la Derecha. Pero el tema se presenta después de 15 años y, como decía, cambia el discurso, la solidez de los argumentos y las posiciones sobre derechos humanos. ¿Será legítimo o no? Tengo derecho a dudar Pero la intervención de la diputada Tohá, que tuvo fuerza, vehemencia y mucho contenido, hace que uno vuelva a reflexionar sobre lo que estamos discutiendo. Yo participé en la discusión de los anteriores proyectos y pude comprobar la fuerza y la convicción que tuvimos para aprobar, por ejemplo, los tres proyectos relacionados con los exonerados y el relativo a los retornados. Fueron iniciativas baratas, pero se hicieron. No fue mucha la plata que se entregó, como se reclama, pero sí fue enorme la cantidad de personas beneficiadas. Tuvimos mucha fuerza en el caso Letelier, que también demandó harto dinero, y se hizo. Pero, lamentablemente, el caso de Carmelo Soria se arrastró, esa fuerza cambió, y ahora dudamos si será bueno o malo. Ahora se dice que los familiares de Carmelo Soria recibirán mucho dinero, en comparación con otros que no obtendrán nada. Además, se ha puesto en duda la veracidad del caso. Entonces, es una lástima que el tiempo haya hecho cambiar la consecuencia de algunos camaradas de mi partido sobre el tema de los derechos humanos, pero cada uno es libre de hacer lo que quiera y de actuar en conciencia. Yo no me atrevería a votar en contra de un caso como el de Carmelo Soria ni de ninguna otra persona que haya vivido una atrocidad, por mi pasado y el de mis familiares, por mi futuro y por el reconocimiento que espero que mis hijos hagan de nuestra posición en defensa de los derechos humanos. Para mí, no se trata de la cantidad de dinero que entreguemos a los familiares del señor Soria, sino de mi consecuencia política en estos temas, la que tuve anteayer y ayer, que mantengo hoy y que espero seguir manteniendo mañana. Eso es consecuencia política, la cual no tiene que ver con unos pesos más o unos pesos menos. Por eso, espero que la votación sea en conciencia, no considerando cifras económicas. Por último, felicito a la diputada Carolina Tohá, porque su discurso aportó el contenido que requería el proyecto. He dicho. El señor ASCENCIO (Presidente).- Cerrado el debate. En votación el proyecto de acuerdo que aprueba el acuerdo entre el Gobierno de Chile y la Organización de las Naciones Unidas, suscrito en Santiago el 19 de junio de 2003. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos; por la negativa, 38 votos. Hubo 2 abstenciones. El señor ASCENCIO (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi, Aguiló, Allende (doña Isabel), Ascencio, Burgos, Bustos, Ceroni, Díaz, Encina, Escalona, Espinoza, González (don Rodrigo), Hales, Jaramillo, Jarpa, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Montes, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Ojeda, Olivares, Ortiz, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Sánchez, Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Valenzuela, Venegas, Vidal (doña Ximena), Villouta y Walker. Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Alvarado, Álvarez, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Delmastro, Dittborn, Egaña, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), GarcíaHuidobro, González (doña Rosa), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Longueira, Martínez, Molina, Monckeberg, Moreira, Norambuena, Pérez (don Ramón), Prieto, Recondo, Rojas, Salaberry, Uriarte, Urrutia, Varela, Vargas y Von Mühlenbrock. Se abstuvieron los diputados señores: Araya y Lorenzini. El señor Ascencio (Presidente) saluda y da la bienvenida a la directiva del Colegio Médico de Chile, invitada por el diputado señor Enrique Accorsi. Aplausos. El señor Ascencio (Presidente) saluda al Secretario de la Corporación, don Carlos Loyola Opazo, con motivo de celebrar su cumpleaños. VII. PROYECTOS DE ACUERDO DISCUSIÓN DE LA PROPUESTA DE MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. (Votación). El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- De conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 113 del Reglamento, corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 541. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 82 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Burgos, Bustos, Cardemil, Ceroni, Correa, Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Encina, Escalona, Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), GarcíaHuidobro, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Jaramillo, Jarpa, Kast, Leal, Leay, Longton, Longueira, Martínez, Molina, Montes, Moreira, Muñoz (doña Adriana), Navarro, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Salas, Sánchez, Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Uriarte, Valenzuela, Vargas, Venegas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker. COMISIÓN INVESTIGADORA DE LABOR DE SERVICIOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS EN LA PROTECCIÓN DE MENORES VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL. El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 543, de los diputados señores Encina, Walker, Burgos, Forni y Cardemil y de la señora Cubillos, doña Marcela. “Considerando: Que a raíz de hechos que revisten el carácter de delitos, que han producido lógica conmoción pública, se han suscitado investigaciones primitivamente de carácter periodísticos, las que, muchas de las veces, han determinado el inicio de procesos judiciales. Últimamente, se ha debatido francamente respecto de la aplicación de instrumentos probatorios de carácter científico, que permiten tanto la verificación del hecho delictual como las participaciones punibles que en ellas pudiera haber. Con posterioridad, el debate se ha circunscrito en la idoneidad e imparcialidad de los funcionarios públicos convocados por ley para la aplicación de los peritajes, más allá de la indubitada determinación de su valor que sólo corresponde a los Tribunales de Justicia. Tal razonable duda se centra, precisamente, en quienes laboran bajo distintas fórmulas administrativas en el Servicio Nacional de Menores (Sename) y en el Servicio Médico Legal. Que nadie duda de que los encargados de determinar la existencia de delitos y las responsabilidades personales de los posibles involucrados son los Tribunales de Justicia. Sin embargo, el tema en cuestión precisa la necesidad de conocer a fondo las causas de estas críticas, con el propósito de garantizar el profesionalismo y la rigurosidad de quienes tienen como misión fundamental y dar protección adecuada a los menores que son víctimas de los delitos de abuso sexual. De lo contrario, en el futuro, quienes realmente sean objeto de este tipo de delitos no serán resguardados en forma apropiada, debido a la actuación discutible de algunos funcionarios, quienes son, en último término, depositarios de la confianza y de la fe pública conferida a ellos por la sociedad en un tema tan importante y delicado. Que, en la investigación de delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad, uno de los aspectos más importantes es calificar la validez del testimonio del menor, situación que adquiere mayor relevancia en aquellos casos en que no puede comprobarse fisiológicamente la existencia del delito, como, por ejemplo, cuando se tocan los órganos genitales de un niño sin causar consecuencias físicas. Que, en este sentido, es generalizada la defensa de los inculpados, en orden a señalar que los niños mienten o no tienen la capacidad emocional suficiente para distinguir entre realidad y fantasía. Que, en Chile, la declaración de los menores se valida a través del peritaje sicológico denominado ‘test de veracidad’, el que, de acuerdo con un estudio realizado en conjunto entre la Universidad Central y la Defensoría Penal Pública en 2003 (‘Los peritajes psicológicos en materia de delitos sexuales’) establece como instituciones públicas y privadas que desarrollan este tipo de exámenes, entre otras, las siguientes: Servicio Médico Legal Servicio Nacional de Menores (Sename) Servicio de Psiquiatría del Hospital Sótero del Río Servicio de Psiquiatría del Hospital Calvo Mackenna (Previf) Instituto de Criminología de la Policía de Investigaciones de Chile, a través del Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual (Cavas) Consultorios de Psicología de las universidades de Chile y de Santiago. Que, dada la diversidad de instituciones que actualmente pueden efectuar peritajes psicológicos en materia de delitos sexuales, resulta necesario conocer cuáles son los criterios y métodos utilizados, la base científica en que se fundan, los datos estadísticos (nacionales e internacionales) con que se cuenta para determinar que un procedimiento es más eficaz que otro, y los plazos, en promedio, que demora una evaluación de este tipo. Este último elemento es esencial, ya que, en promedio, pueden llegar a tardar hasta siete meses desde que ocurrió el hecho, lo que, evidentemente, hace más difícil la declaración exacta de un niño, por la fragilidad de su memoria. Que existe consenso en la doctrina en señalar que un solo tipo de prueba no es suficiente, y que, por el contrario, es necesario un conjunto de elementos de juicio que permitan aseverar que la declaración de un niño puede considerarse como elemento fehaciente de que ha sido víctima de un atentado sexual. Se requiere puntualizar si en los peritajes efectuados se incluye y de qué manera se concreta lo que los expertos consideran como contenido mínimo, esto es: relato, indicadores de veracidad del relato, indicadores de daño, metodología de evaluación y conclusiones, y recomendaciones sobre la necesidad de protección del niño o de la niña. Que, de no disponerse de medios técnicos que posibiliten alcanzar un grado de certeza aceptable respecto de las declaraciones de niños que afirmen haber sido víctimas de atentados de carácter sexual, estas conductas, eventualmente, podrían quedar en su mayoría impunes. Que, en efecto, si el Ministerio Público no posee herramientas que le permitan llevar adelante un proceso con éxito, probablemente utilizará la facultad que le concede el artículo 167 del Código Procesal Penal, según la cual puede archivar provisionalmente aquellas investigaciones en las que no aparecieren antecedentes suficientes para desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos, o bien, formalizada la investigación, decidirá no perseverar en el procedimiento, por no haberse reunido durante la investigación los antecedentes eficaces para fundar una acusación (artículo 248). Que lo anterior no responde sólo a una calificación técnica de las respectivas fiscalías, sino que particularmente apunta a determinar la inconveniencia de exponer a los menores y a sus familias a un proceso penal, con todo el costo emocional que ello conlleva, a riesgo que de no obtener castigo para los culpables, y ,tanto o más grave, dejar a las víctimas con la convicción de que el sistema judicial no les creyó. Que, en razón de los antecedentes expuestos, es menester evitar que el sistema vigente en materia de peritajes forenses para delitos sexuales cometidos en contra de niños facilite avalar acusaciones falsas, con todo el costo que ello significa para los acusados y sus familias, y en especial para que situaciones como las ocurridas no perjudiquen a los niños que, desgraciadamente, podrán continuar siendo víctimas de ellos. La Cámara de Diputados acuerda: Crear una Comisión Investigadora que tenga por objeto fiscalizar la labor que desarrollan los distintos servicios e instituciones públicos que trabajan en la protección de menores víctimas de abuso sexual, particularmente del Servicio Nacional de Menores (Sename) y del Servicio Médico Legal. Dicha comisión deberá emitir un informe, en el plazo de noventa días, sobre la forma en que son incorporados los profesionales que allí trabajan, sus antecedentes profesionales, los procedimientos de control establecidos para garantizar la aplicación correcta e imparcial de quienes deben evaluar la validez y veracidad de los testimonios que se reciben y la eficacia de los programas e instrumentos de protección existentes a favor de los menores que son víctimas de abuso sexual, especialmente en los ámbitos sicológico, reparativo y jurídico. En este último punto, la comisión podrá requerir la información pertinente en lo tocante a los criterios de selección de proyectos financiados por el Sename, debiendo establecer un catastro de las entidades privadas que le colaboran en el ámbito del combate al abuso sexual infantil y los montos asignados a estas últimas durante los últimos diez años.” El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Marcela Cubillos. La señora CUBILLOS (doña Marcela).- Señor Presidente, este proyecto nace a raíz del debate que ha surgido sobre la aplicación de los instrumentos probatorios de carácter científico que permiten verificar los hechos delictuales y la participación punible en ellos, discusión que se ha centrado en torno a la idoneidad e imparcialidad de los funcionarios públicos convocados por la ley para aplicar los peritajes, básicamente del Sename y del Servicio Médico Legal. Son graves las dudas que surgen sobre estos aspectos cuando se trata de delitos sexuales cometidos contra niños, los que, desgraciadamente, seguirán siendo víctimas de ellos. Los autores de este proyecto de acuerdo creemos que es urgente despejar las dudas o cuestionamientos que surgen y clarificar distintas materias. Por eso, proponemos la creación de una comisión investigadora de la forma en que son incorporados los profesionales, los controles que existen, la forma en que se actúa y de qué manera se garantiza la imparcialidad de quienes tienen que determinar la validez de los testimonios de los menores, porque creemos que cuando hay dudas o cuestionamientos sobre la labor de estos funcionarios públicos convocados por la ley en esta materia, quienes más pierden son las futuras y eventuales víctimas de los delitos sexuales. He dicho. El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Para hablar a favor, tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier. El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, el proyecto es atinente a la época. Todo lo que hagamos para fiscalizar la labor de los servicios públicos encargados de la protección de menores que han sido víctimas de abuso sexual y de las personas que trabajan en ellos es tremendamente válido, más aún cuando tenemos un Estado que no necesariamente está preparado para abordar los numerosos casos que se han detectado al interior de las familias. Los medios de comunicación erotizan mucho las relaciones. Tenemos una realidad cultural muy peculiar. No hay que olvidar que el 70 por ciento de los delitos sexuales en Chile se cometen contra menores, y el 70 por ciento de ellos por personas del entorno directo del menor. Cuando esto ocurre en familias de menores recursos, que son precisamente quienes recurren a los organismos públicos, su indefensión es aún mayor. Por eso, es importante realizar una investigación y evacuar un informe. En todo caso, sugiero a la diputada señora Marcela Cubillos y a los diputados señores Encina, Walker y otros que la investigación sea remitida a la Comisión de Familia, la cual ha acumulado experiencia en la materia. Hay personas especializadas de todos los sectores y en ella se podría llevar a cabo su cometido con celeridad, porque tantas comisiones especiales a veces dificultan su funcionamiento, ya que sus integrantes tienen otras responsabilidades. Anuncio que votaremos a favor de la iniciativa, pero insisto pido que se faculte a la Comisión de Familia para que se constituya como investigadora. He dicho. El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 65 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Barros, Bauer, Becker, Burgos, Cardemil, Correa, Cristi (doña María Antonieta), Cubillos (doña Marcela), Delmastro, Dittborn, Egaña, Encina, Escalona, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), GarcíaHuidobro, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Jarpa, Kast, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longueira, Martínez, Molina, Monckeberg, Moreira, Muñoz (doña Adriana), Navarro, Norambuena, Ojeda, Ortiz, Palma, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Riveros, Rojas, Rossy, Salaberry, Salas, Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Uriarte, Urrutia, Varela, Vargas, Vilches, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker. AUMENTO DE HORAS SEMANALES DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE EN ENSEÑANZAS BÁSICA Y MEDIA. El señor LETELIER, Felipe (Vicepresidente).- A continuación, el señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 544. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- De los señores Rojas, Pérez, don Ramón; Varela, Bauer, Paredes, Espinoza, Rossi, García, Prieto y Walker. “Considerando: Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que la obesidad es una enfermedad que conlleva un mayor riesgo para quienes la padecen de desarrollar problemas cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión y otros, todos ellos factores que afectan la esperanza de vida y la normal evolución de los individuos. Que, desde 2000, diversos estudios de la OMS y del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (Inta) han evidenciado que el sobrepeso y la obesidad infantil han aumentado de manera explosiva, así como los índices de diabetes tipo 2 en menores de edad. Que investigaciones realizadas por estos mismos organismos, a los que se suman encuestas nacionales de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) y de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), muestran que alrededor de un tercio de los menores de seis años ya experimentan problemas de sobrepeso y de obesidad. Que el Inta, mediante un análisis aplicado a estudiantes de la Educación Básica, determinó que los escolares dedican, en promedio, veinte horas diarias en actividades pasivas y en dormir. Que, al considerar los costos económicos en atención médica, así como las consecuencias sicosociales derivadas del sobrepeso y de la obesidad, se requiere atenderlos como un problema de salud pública y de interés social. Que, aparte esto, el Ministerio de Educación aplicó una prueba piloto de medición de la calidad (Simce) de la Educación Física en noviembre de 2003 y de acuerdo con las disposiciones de la ley Nº 19.712, sobre el Deporte, que dio resultados preocupantes en el rendimiento de los alumnos y mostró que los riesgos de incremento de la obesidad estuvieron presentes en más de un tercio de los escolares evaluados. Que la ley Nº 19.712, sobre el Deporte, en su artículo 5º, señala las directrices que regirán la formación deportiva en los distintos niveles de la educación, en tanto que la ley Nº 18.962, orgánica constitucional de Enseñanza, en sus artículos 10 y 11, instituye como objetivos generales de las Enseñanzas Básica y Media el crecimiento de las potencialidades físicas y el desarrollo físico armónico de los alumnos. Que, en su artículo 18, determina que corresponderá a S.E. el Presidente de la República, por decreto supremo, dictado a través del Ministerio de Educación, establecer los objetivos fundamentales para cada uno de los años de estudio de las Enseñanzas Básica y Media, como, asimismo, los contenidos mínimos obligatorios que facilitarán el logro de los objetivos formulados. La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a S.E. el Presidente de la República que tenga a bien incluir, dentro de los contenidos mínimos del marco curricular de la Educación Básica y de la Educación Media (fijados en los decretos Nº 232, de 2002, y Nº 220, de 1998, del Ministerio de Educación, respectivamente), el aumento de las actuales dos horas de Educación Física a cuatro horas semanales de Educación Física y Deportes. Asimismo, solicitarle modificar el inciso segundo del artículo 5º de la ley Nº 19.712, sobre el Deporte, precisando que la Educación Básica y la Educación Media deberán comprender, a lo menos, cuatro horas de Educación Física y Deportes, para cumplir con los planes y los programas destinados a la formación para el deporte.” El señor LETELIER, Felipe (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo. Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas. El señor ROJAS.- Señor Presidente, este proyecto es de suma importancia, en especial cuando se ha detectado un aumento considerable de la obesidad infantil, en cuanto pretende la modificación de conductas a través de los procesos educativos y el aumento del número de horas destinados a la educación física. La Organización Mundial de la Salud ha dado a conocer el aumento explosivo de la obesidad en los niños. Asimismo, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, después de una investigación en ese sentido, concluyó en que un tercio de los menores sufre o sufrirá de obesidad. Eso quiere decir que, de aquí al año 2010, podremos tener un número cercano a tres millones de jóvenes obesos. Por lo tanto, la idea es solicitar al Presidente de la República que disponga la modificación de los marcos curriculares de la educación básica y media para aumentar de 2 a 4 las horas destinadas a la educación física y a la práctica de los deportes. Se funda el proyecto en el artículo 18 de la ley Nº 18.962, orgánica constitucional de Enseñanza, que establece que sólo al jefe del Estado le corresponde, establecer, por decreto supremo, los objetivos fundamentales y los contenidos mínimos obligatorios de los años de estudio en los establecimientos educacionales. En espera de la comprensión de todos mis colegas, pido que se apruebe por unanimidad este proyecto de acuerdo. He dicho. El señor LETELIER, Felipe (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Fulvio Rossi. El señor ROSSI.- Señor Presidente, quiero agregar a lo expresado muy bien por el diputado Manuel Rojas que hoy tenemos un grave problema de obesidad y sobrepeso, especialmente infantil. En primer año básico, uno de cada cuatro niños es obeso. Un estudio reciente de una revista inglesa de medicina especializada demuestra que el 75 por ciento de los niños que son obesos a los doce años, seguirán siéndolo posteriormente. Tenemos claro que, al igual que algunos cánceres, la obesidad es la principal causa de muerte. También es causante de la hipertensión arterial, de la diabetes y de las enfermedades cardiovasculares. Para evitar lo anterior sólo tenemos dos maneras de combatirla: Por un lado, a través del fomento de una dieta saludable, de una buena selección de los alimentos. Al respecto, estamos esperando un proyecto de ley sobre etiquetado nutricional para que la gente sepa lo que come y lo que no debe comer. Por otro lado factor importante en la lucha contra la obesidad, la nueva epidemia del siglo XXI, mediante el fomento de la actividad física. Lamentablemente, las dos horas lectivas que disponen hoy los establecimientos educacionales, son absolutamente insuficientes. La jornada escolar completa no sólo debe propender a reforzar los ramos en que haya problemas, a reforzar actividades extra programáticas culturales y artísticas, sino también a aumentar las horas de educación física, porque está demostrado que la única manera de aumentar el gasto de calorías para disminuir el sobrepeso y la obesidad es con ejercicio eficiente y efectivo. Y esta actividad debe realizarse con cierta periodicidad, es decir, tres a cuatro veces por semana y con ejercicios aeróbicos de 30 a 35 minutos continuos, permanentes. Un reciente estudio de la Universidad Católica demuestra que la actividad motora real que se realiza en educación física en esas dos horas es de sólo 15 minutos; el resto del tiempo se utiliza en cambio de ropa, en la ducha y en ordenamiento. Por eso, es muy importante que el Ministerio de Educación, en un programa multidisciplinario, aborde los distintos factores de riesgo indicados y aumente las horas de educación física de los estudiantes. Ojalá que se apruebe este proyecto de acuerdo y que el ministro de Educación lo tenga presente para la definición de sus programas sobre esta materia. He dicho. El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Barros, Bauer, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Delmastro, Egaña, Encina, Escalona, Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), GarcíaHuidobro, Girardi, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Kast, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longueira, Martínez, Molina, Monckeberg, Montes, Muñoz (doña Adriana), Navarro, Norambuena, Ojeda, Ortiz, Paya, Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Prieto, Recondo, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Salaberry, Soto (doña Laura), Tohá (doña Carolina), Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Varela, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker. El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Como sólo restan cinco minutos del tiempo destinado a tratar proyectos de acuerdo, recabo la unanimidad de la Sala para pasar a Incidentes. ¿Habría acuerdo en ese sentido? Acordado. VIII. INCIDENTES RESTABLECIMIENTO DE DEPÓSITOS MENSUALES POR BECAS INDÍGENAS. Oficios. El señor OJEDA (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido Demócrata Cristiano. Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Villouta. El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, después de haber integrado la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación durante doce años, es imposible no interesarme por el tema. Es así que deseo manifestar mi preocupación sobre lo siguiente: Algunos alumnos universitarios me comentaron que el año pasado se modificó el sistema de depósito mensual por becas indígenas. Esta situación es bastante conflictiva, porque perjudica a los alumnos, ya que quienes piden esa beca la mayoría no tienen una situación económica acorde con sus necesidades. También existen dificultades con las papeletas para hacer los depósitos. Antes se depositaba a los estudiantes directamente en las cuentas que señalaban, las cuales, normalmente, son de ahorro o de giro automático. Pido que se envíen oficios al ministro de Educación y al director nacional de la Conadi, respectivamente, para que expliquen a qué se debió ese cambio en la modalidad de pago y, principalmente, procedan a solicitar su rectificación. Asimismo, que consulten respecto de los depósitos que se autorizaban a los alumnos o que los alumnos autorizaban. A lo mejor, como los bancos cobran una comisión, después de un número determinado de giros, algunos de ellos hicieron el reclamo correspondiente, porque eso significaba rebaja de sus ingresos. Pero, por otra parte, no todos están de acuerdo con esa medida y sería conveniente ver la posibilidad de que los alumnos autorizaran por escrito esos depósitos, con lo cual se solucionaría el problema que se me ha planteado. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de las diputadas señoras Eliana Caraball y Alejandra Sepúlveda, y de los señores José Miguel Ortiz, Enrique Jaramillo, y Rodrigo González. ESTABLECIMIENTO DE PLAZOS PARA RENDICIÓN DE CUENTA DE ALCALDES Y CONCEJALES. Oficio. El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, quiero referirme también a una investigación de la Contraloría General de la República relacionada con la Municipalidad de Ercilla. Si bien es cierto se referían a actuaciones del alcalde anterior, don Valentín Vidal quien, afortunadamente, no fue reelecto en esa comuna, me encontré con la sorpresa de que concejales e, incluso, el alcalde, recibían anticipos de viáticos y pasaban seis y siete meses antes de que hicieran las respectivas rendiciones de cuenta. Se da el caso patético de que casi todos los concejales fueron impugnados por la Contraloría por enmendar o modificar los valores de las boletas, lo que quedó demostrado en la investigación. Algunos funcionarios tampoco rendían cuenta en un tiempo prudente. Pido que se oficie al ministro del Interior para que estudie la posibilidad de enviar a trámite legislativo un proyecto de ley a lo mejor, esta materia podría ser incluida en el proyecto de rentas municipales II, que sigue de moda porque, simplemente, no se avanza sobre el tema, o en un proyecto misceláneo u otro próximo relacionado con municipios, de manera que los alcaldes y concejales efectúen sus rendiciones de cuenta dentro de un plazo no superior a treinta días y que, en el caso de cualquiera demora, no se les pueda adelantar viáticos u otro dinero para que cumplan con esta disposición. Me parece absurdo que un concejal o un alcalde demore cinco o seis meses en presentar sus rendiciones de cuenta. He dicho. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de las diputadas señoras Eliana Caraball y Alejandra Sepúlveda, y de los señores José Miguel Ortiz, Enrique Jaramillo y Rodrigo González. PREOCUPACIÓN POR PRECIO DE MAÍZ NACIONAL. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda. La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, acabo de llegar después de haber estado en la protesta que hoy realizan los productores maiceros de la zona central. Ayer, más de trescientos agricultores participaron en una toma en la empresa Super Pollo para protestar en relación con el tema que el otro día debatimos durante más de dos horas, en una sesión especial a la que asistió el ministro de Agricultura. Los agricultores manifestaron que el precio del grano se hace insostenible, porque con su valor actual 70 pesos el kilo no pueden cubrir los costos de producción ni les alcanza para pagar los créditos otorgados por el Indap y el Banco Estado y los insumos que les proveen las cooperativas. Hoy, a las 11 horas, junto al diputado señor Aníbal Pérez y los senadores señores Rafael Moreno y Andrés Chadwick, sostuvimos una reunión con el ministro secretario General de la Presidencia, señor Eduardo Dockendorff, con el objeto de darle a conocer nuestra preocupación por esta realidad. Y hemos quedado a la espera de conocer, en el transcurso de las próximas horas, el resultado del encuentro que sostendrá el ministro Dockendorff con el Presidente de la República sobre la materia. La situación es muy compleja, de manera que esperamos saber qué medidas adoptará el Ejecutivo. No obstante esa conversación, pienso que la Cámara también debe hacer presente al primer mandatario esta preocupación de los agricultores maiceros, que se están viendo afectados por las importaciones de maíz transgénico y de carnes blancas desde Argentina, cuyo precio de producción hace que nuestra industria sea poco competitiva. Tal como señalé en la sesión especial destinada a analizar el funcionamiento del mercado de los granos en nuestro país, aquí no estamos para defender a empresas como Súper Pollo, Ariztía y Sopraval, sino a los productores marceros. En mi calidad de presidenta de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca y como diputada que representa una zona agrícola, tengo el deber de dar a conocer esta realidad, que compromete aproximadamente 135 mil hectáreas productivas a nivel nacional. Espero que como consecuencia de las medidas que adopte el Ejecutivo y del diálogo que sostendremos con la empresa privada podamos llegar a buen puerto y tener una solución para el problema que hoy tienen los maiceros de la zona central. He querido dar a conocer este hecho desde esta tribuna a fin de que mis colegas sepan qué está pasando con el mercado del maíz de la zona central y cuáles son las demandas de los agricultores. He dicho. FISCALIZACIÓN DE BALANCE CONTABLE DE EMPRESAS ALMACENES PARIS. Oficios. El señor OJEDA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el señor Aníbal Pérez. El señor PÉREZ (don Aníbal).- Señor Presidente, el país ha presenciado en los últimos meses una lucha sin cuartel entre dos grupos económicos por la propiedad de Almacenes Paris: por un lado, el grupo Luksic, Consorcio y Parque Arauco y, por el otro, Cencosud, de Horst Paulman, consorcio propietario de los supermercados Jumbo. Finalmente, este último grupo pagó más de mil millones de dólares por el 80 por ciento de la propiedad de la citada empresa. Pero aquí viene la paradoja. Almacenes Paris, una empresa que ha duplicado en un año el valor de su patrimonio y que tiene una viabilidad económica espectacular, no paga a sus trabajadores las gratificaciones. ¿Saben por qué no lo hace? Porque el balance de esta empresa, que se vende en más de mil millones de dólares, arroja pérdidas. Aprovechando que se trata de una casa comercial, podríamos decir que esto es digno de Ripley, porque no es entendible, para el ciudadano común y corriente ni para nadie, que esta empresa que genera una lucha sin cuartel por su propiedad, le esté negando a sus cinco mil trabajadores la gratificación que legalmente les corresponde. Desde esa perspectiva, es razonable dudar de esos balances o preguntarse qué enjuague contable o financiero se hizo para que arrojara pérdidas. La gente que compra en Almacenes Paris ¿puede creer que una empresa como esta tenga pérdidas? Resulta curioso y llama la atención que la prensa, la cual durante mucho tiempo cubrió en sus primeras páginas esta negociación, hoy no dedique una sola línea que denuncie este problema que afecta a cinco mil trabajadores de Almacenes Paris, quienes no van a recibir las gratificaciones que esperaban este año para adquirir, entre otros, textos escolares, pagar las matrículas de sus hijos, el permiso de circulación, etcétera. ¿Qué dicen la Superintendencia de Valores, el Servicio de Impuestos Internos o la Inspección del Trabajo? Los organismos reguladores y fiscalizadores han fallado, porque nadie puede entender que una empresa por la que se han pagado más de mil millones de dólares no pueda pagar a sus trabajadores las gratificaciones que les corresponden. En consecuencia, pido que se oficie, en nombre de la Cámara de Diputados, al director del Servicio de Impuestos Internos, al director del Trabajo y al superintendente de Valores y Seguros, con el objeto de que lleven a cabo una exhaustiva investigación y fiscalización en esa poderosa empresa, puesto que algo raro tuvo que haber ocurrido, algún enjuague, para que le hayan birlado a sus trabajadores las gratificaciones que legalmente les corresponden. He dicho. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de las diputadas señoras Eliana Caraball y Alejandra Sepúlveda, y de los diputados señores Ramón Pérez, Rosauro Martínez, José Miguel Ortiz, Enrique Jaramillo, Alejandro Navarro y de quien preside. MAYOR Y MEJOR INVERSIÓN PARA NIÑOS Y JÓVENES EN RIESGO SOCIAL. Oficio. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal. La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente, solicito más y mejor inversión para los niños y jóvenes en riesgo social. Así titulo mi intervención. En una de mis últimas audiencias, recibí a la directiva de la ONG La Esquina, la que, a pesar de no pertenecer al distrito que represento, decidió plantearme su problema. Esta ONG ha trabajado durante años con menores en riesgo social y de alta vulnerabilidad de la zona sur de la Región Metropolitana, específicamente de las comunas de La Pintana y Puente Alto. A comienzos de este año, esa ONG fue notificada por funcionarios del Sename de que se había determinado, en forma unilateral, poner fin al convenio contraído con ese organismo, por lo que las casas de menores serían cedidas a otras instituciones. Sin duda, en toda reorganización de una institución se producen algunos desencuentros, pero en este caso, y de acuerdo con los antecedentes, los informes fiscalizadores del Sename señalan que el programa de esta ONG cumplía adecuadamente con las exigencias requeridas. Más allá de las facultades del Sename para poner término a los convenios suscritos con la ONG La Esquina, por reclamos de informalidad, los más perjudicados son los niños de la calle. El Sename subvenciona cerca de 259 proyectos de prevención a nivel nacional, que atienden a 25.737 niños, niñas y adolescentes. Esos proyectos, desarrollados por equipos de profesionales y técnicos de instituciones colaboradoras de Servicio, están sujetos a su pervisión técnica y presupuestaria del Sename. Los programas, que se implementan con estrategias y propósitos específicos, están destinados a los niños que, a pesar de tener un hogar familiar, permanecen cotidianamente en la calle, viven en caletas o en diversos lugares de la vía pública. Estos grupos de niños son prioritarios para la ONG La Esquina y los programas de atención integral han constituido el fundamento de su trabajo. El mejoramiento de las condiciones y de la calidad de vida de estos niños, su reinserción escolar, la capacitación laboral, además del reinicio de su vinculación familiar, son algunas de las metas de dichos programas. Gracias a las innovadoras metodologías y modelos de intervención, se ha podido avanzar en la solución del terrible problema que constituye el abandono juvenil y, sobre todo, el infantil. El Sename y la sociedad civil contribuyen en forma mancomunada a proteger a los niños en situación de riesgo y de vulnerabilidad social, entregando fondos para la consecución de los objetivos de estas ONG. Por lo tanto, pido que se oficie a la directora del Sename para que nos informe acerca del uso de los fondos asignados para el financiamiento de programas destinados al desarrollo y trabajo con menores de escasos recursos y en riesgo social y de los estándares utilizados en su evaluación. He dicho. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores José Miguel Ortiz, Alejandro Navarro y Enrique Jaramillo. HABILITACIÓN DE ESTACIONES DE FERROCARRILES EN PAILLACO Y ANTILHUE. Oficios. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, hace unos días sostuve una reunión con vecinos de la ciudad de Paillaco, quienes me manifestaron su precupación de que la Empresa de Ferrocarriles del Estado no tiene contemplada una estación de pasajeros en dicha localidad, que es centro de llegada de los habitantes de varios sectores rurales aledaños muy poblados, como Pichirropulli, Reumén, Los Esteros, La Luma, en fin, un sinnúmero de personas para quienes contar con una estación de pasajeros es muy importante. El sector rural da mucha vida a Paillaco. A lo mejor, es una ciudad pequeña, pero posee una población flotante enorme, por lo que sería de justicia que se la considerara como estación de detención del próximo tren de pasajeros que será inaugurado en octubre o noviembre próximos. Como se trata de un moderno ferrocarril, las comunidades de muchas localidades del sur están pidiendo que se las considere con estaciones de detención para pasajeros. Me gustaría saber cómo se determinan los lugares de detención del tren de pasajeros, si de acuerdo con la distancia, con la cantidad de habitantes por poblados, en fin. El ferrocarril es un medio de transporte muy necesario para mucha gente de sectores rurales, que debe trasladarse a otras ciudades para poder acceder finalmente a las grandes urbes. Me preocupa el futuro de Antilhue, conocido ramal de Valdivia, y de Paillaco, porque hasta el momento no han sido considerados como estaciones de detención de este moderno tren de pasajeros que estará funcionando en octubre o noviembre próximo. No tengo dudas de que será estación de carga, pero insisto en que la interrogante es la forma en que se evalúa para asignar las estaciones de pasajeros de esas dos localidades: Paillaco y Antilhue. Solicito oficiar al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones y al presidente de los Ferrocarriles del Estado, para que informen sobre la posibilidad de incluir a esas dos localidades en la detención del tren moderno de pasajeros pronto a inaugurarse. He dicho. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado señor Alejandro Navarro y de quien habla. HABILITACIÓN DE CAMINOS DEL DISTRITO 57. Oficio. El señor OJEDA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Carlos Ignacio Kuschel. El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, solicito oficiar al señor ministro de Obras Públicas, para pedir que concluyan la pavimentación del camino desde Lenca a La Arena, que actualmente se está pavimentando desde Quillaipe a Lenca y faltan sólo estos 10 kilómetros. Es conveniente para los recursos fiscales llamar a licitación ahora para terminar ese tramo, con el fin de aprovechar que la empresa se encuentra en el lugar, en vez de esperar a que se retire y que tenga que volver después para pavimentar los 10 kilómetros que faltan. Creo que es factible hacer esto, porque se están construyendo los puentes y ensanchando el camino. Asimismo, solicito que el ministro nos informe la fecha en que se reparará el camino a Chinquihue, que está en pésimo estado he oficiado en varias oportunidades al respecto y cuándo se va a pavimentar lo que resta desde Chinquihue al cruce de Calbuco. He dicho. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. PETICIÓN DE INFORMACIONES Y DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES EN RELACIÓN A COLONIA DIGNIDAD. Oficios. El señor OJEDA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Socialista y Radical tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro. El señor NAVARRO.- Señor Presidente, todo lo que rodea a la actuación de Paul Schäfer y de Colonia Dignidad no resulta una novedad para los chilenos ni para los alemanes. Lo que sí resulta importante es descubrir algo mucho más monstruoso de lo que se conocía. Tengo en mis manos el texto de la opinión de don Giorgio Agostini, sicólogo y perito judicial, quien en el diario “El Sur”, de Concepción, del lunes 21 de marzo señala que Schäfer “utilizó los mismos métodos que usó Hitler en Alemania nazi, por cuanto logró con éxito que las personas modificaran sus conductas en función de sus oscuros objetivos. Él configuró una secta que se autoprotegió. Todos estaban bajo su permanente control donde muy pocos se atrevieron a oponerse a su liderazgo”. Desde 1996, Schäfer enfrenta cargos por abusos de menores en Alemania, los que fueron motivados por querellas presentadas en Chile. Existen veintiocho procesos por abusos de menores, evasión tributaria y secuestro, los que también se extienden hacia algunos de sus colaboradores. En el diario “La Segunda”, ante la pregunta: ¿Sienten que Schäfer robó a la comunidad?, el doctor Hopp, acusa: “¡Por supuesto que Schäfer nos robó!” “De acuerdo a lo que hemos podido averiguar por estimaciones de la gente, se calcula que en Argentina se gastó un millón de dólares o bastante más. Y la única forma que a mí me cabe es que él logró acceder a fondos que sí había en el extranjero. Pero detalles de cómo lo hizo y con quién, no sé.”. Le preguntan al doctor Hopp: “¿A usted le consta que tenía dinero en el extranjero?, a lo que contesta: “Sí. Él mismo lo decía.”. Ante la consulta: ¿Sabe dónde tenía las cuentas o los depósitos? ¿En Estados Unidos? El doctor Hopp responde: “No, eso no lo decía,...”. Es decir, Schäfer tenía dinero. ¿Cómo lo obtuvo? Quiero reiterar mi intervención de la semana pasada, respecto de lo que hemos denominado la configuración de una red de protección financiera. En 1994, el gobierno del entonces Presidente Aylwin intentó obtener la confiscación de los bienes de Colonia Dignidad por grave incumplimiento de su estatuto y quitarle la personalidad jurídica. Pero hubo un grupo de abogados que asesoró a Colonia Dignidad e impidió, mediante la maniobra de un juicio simulado, que el Estado chileno pudiera retener o incautar esos bienes, los que fueron a parar a manos de los jerarcas de Schäfer, de sus lugartenientes. Ellos quedaron en posesión de los millonarios bienes de Colonia Dignidad, gracias a la acción de un grupo de abogados. En septiembre de 1998, el diario “El Centro”, de Talca, reveló en un reportaje el plan secreto de sus abogados para proteger a Paul Schäfer. Se decía que hablaría por el canal 13, que se presentaría ante el ministro González el que iría a un hospital castrense. Pero la espera se dilató, lo que permitió a Schäfer ganar tiempo para ocultarse. La espera duró tres meses, presumiblemente el tiempo que tuvo para planificar su huida de Chile. De hecho en “La Nación” del domingo 25 de abril de 2004 se preguntó al señor Fernando Saenger, abogado en ese entonces de Colonia Dignidad: “Mientras usted negociaba la entrega de Schäfer, él ganó un tiempo valioso para ocultarse. ¿Usted también fue engañado? Él contestó: “Por secreto profesional no puedo hablar, pero sí renunciamos es por algo... Pero tengo casos de más relevancia: por ejemplo, defendí a los ministros Hernán Cereceda, Lionel Beraud de las acusaciones constitucionales entabladas en contra de ellos. El 96 estuve en la defensa de los ministros Enrique Zurita, Hernán Álvarez, Eleodoro Ortiz y Guillermo Navas. El 97 defendí a los ministros Osvaldo Faúndez y Marcos Aburto.”. Uno se pregunta: ¿A título de qué escopeta menciona esta lista de defensa de ministros de la Corte Suprema cuando se le pregunta si participó o no, o si tuvo que ver o no con el retardo de la investigación a fin de que Schäfer huyera de Chile? ¡Sí, hay contactos! ¡Sí, hay poder! Lo sé. Cabe preguntarse, ¿qué ha hecho el Estado de Chile para reparar esta irregularidad? ¿Cómo han reaccionado las instituciones competentes ante este fraude y engaño? ¿Cómo se ha tutelado el interés público para esclarecer los hechos y sancionar a los culpables? El Consejo de Defensa del Estado presentó una denuncia en 1995 por juicio simulado en el 14º Juzgado de Santiago, que está en apelación ante la Corte de Santiago. Claudio Ciudad, abogado del Consejo de Defensa del Estado, fue notificado de que había un testigo que tenía antecedentes valiosos para demostrar el juicio simulado. No hubo avance. Vamos a entregar esos antecedentes a la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, doña Clara Szczaranski, a fin de que el organismo a su cargo active el proceso e intervenga en la apelación. Cabe investigar con determinación cómo se liquidaron los bienes y las empresas en favor de los actuales jerarcas de Dignidad y establecer cuánto de esos dineros fueron a parar a Argentina. Nada de lo que ha ocurrido hoy habría acontecido si no hubiese habido ese juicio simulado, que fue un fraude procesal. Por lo tanto, pido que se envíen, en mi nombre y en el de los diputados Sergio Aguiló, Guillermo Ceroni y la diputada señora Laura Soto, los siguientes oficios. Primero, a la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, a fin de que informe detalladamente acerca de los bienes cuya enajenación en el juicio simulado ella objeta, especificando bienes raíces, insumos, bienes de producción agrícola o de cualquier tipo, depósitos en dineros, identificación precisa de los colonos que demandaron a la Sociedad Benefactora Dignidad en el juicio laboral, y si hay posibilidad de recuperarlos en caso de que el juicio resulte exitoso. Asimismo, que el Consejo de Defensa del Estado presente querella por el delito de asociación ilícita y obstrucción a la justicia en contra de sus colaboradores en Argentina Schäfer no estaba solo, tenía una red de colaboradores y contra los jerarcas de Colonia Dignidad que hoy pretenden alejarse del caído Schäfer. A su vez, que el Consejo de Defensa del Estado solicite a los jueces competentes que investiguen si es efectivo que, en su oportunidad, la Sociedad Benefactora adquirió terrenos en Brasil y qué abogados hicieron las gestiones para su adquisición. También que el Consejo de Defensa del Estado solicite a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, así como a los bancos privados, si procediere, que, por medio de una investigación judicial, se determinen fehacientemente los movimientos de las cuentas corrientes de los colonos que demandaron laboralmente a Colonia Dignidad, así como los movimientos bancarios de las cuentas de los jerarcas de la Colonia, a quienes ya hemos individualizado. Asimismo, que el Consejo de Defensa del Estado solicite al juez que tiene a su cargo las causas por violaciones a los derechos humanos que investigue si hay figuras de asociación ilícita y obstrucción a la justicia, y, en particular lo que hemos conocido a través de la prensa, si los jerarcas tenían plata en las islas Saint Kitts and Nevis famoso paraíso tributario y en Uruguay. Asimismo, que investigue los movimientos en las cuentas del ex director de la Dina, Manuel Contreras, en Miami, lugar donde investigaciones judiciales llevadas a cabo por el fiscal Giovanni Salvi acreditan movimientos bancarios desde esas cuentas hacia Argentina, según relata “La Nación” en su edición del domingo 13 de marzo de 2005. Además, pido oficiar al ministro de Justicia, para que informe sobre las declaraciones de bienes que efectuó la Colonia antes de 1994, y cuántos de esos bienes salieron de su patrimonio como consecuencia del juicio simulado que tuvo lugar el mismo año. También solicito oficiar a la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, para que los abogados que participaron en la defensa de la Colonia Dignidad sean citados a declarar ante los ministros de fuero que investigan las causas ligadas a los derechos humanos y por abusos deshonestos. Debemos aclarar y establecer si efectivamente ha existido obstrucción a la justicia, si hubo juicio simulado y fraudulento, y si los abogados que realizaron esas acciones tenían conocimiento, respecto de lo cual no cabe duda alguna, porque un juicio simulado sólo lo hace alguien que conoce el terreno judicial. Asimismo, solicito oficiar al señor director del Servicio de Impuestos Internos, para que informe acerca de los honorarios recibidos por los abogados que, en forma paradójica, defendieron a los colonos en contra de la Colonia, así como respecto de los honorarios pagados a la defensa de la Colonia. Es necesario establecer qué colonos pagaron los honorarios y con qué bienes. Quiero saber si los honorarios de los abogados fueron pagados con los bienes que ilegal y absurdamente le fueron arrebatados al Estado de Chile. Además, pido oficiar al director de la Policía de Investigaciones de Chile, para que informe acerca de cuántas veces los abogados que mencioné han viajado a Argentina, a partir de 1997 o del año en que supuestamente iban a entregar a Paul Schäfer. Finalmente, reiteramos que pondremos los antecedentes a disposición del Consejo de Defensa del Estado y, por lo tanto, vamos a solicitar que las autoridades judiciales correspondientes inhiban a todos los abogados de la defensa de Colonia Dignidad de acercarse o participar en la tramitación y juzgamiento de cualquier antecedente ligado a las causas de Paul Schäfer, debido a su ausencia de imparcialidad, dada su presunta participación en todos los hechos señalados. He dicho. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. MEDIDAS EN CONTRA DE LA MOSCA DE LA FRUTA. Oficios. El señor OJEDA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Ramón Barros. El señor BARROS.- Señor Presidente, la Sexta Región se encuentra en una situación de alerta como consecuencia de la captura de cinco ejemplares de mosca del mediterráneo, vulgarmente llamada mosca de la fruta, cuyo nombre científico es ceratitis capitata. De más está decir la tremenda preocupación que hoy está sintiendo toda la industria exportadora de fruta del país como consecuencia de la captura de ejemplares de dicho insecto. Chile está protegido, en el norte, por el desierto de Atacama; en el sur, por el Polo Sur; en el oriente, por la cordillera de los Andes, y en el poniente, por el mar. Por lo tanto, en relación con este insecto, somos una isla en el mundo. De ahí la importancia que tiene mantener a Chile libre de la mosca de la fruta. Hago un llamado de alerta. La ceratitis capitata no puede volar grandes distancias, por lo que la única forma a través de la cual se introdujeron las larvas de esos ejemplares debió haber sido el ingreso de fruta por parte de personas provenientes de Argentina. A pocos días de que gran cantidad de personas se desplace hacia el país vecino como consecuencia de la Semana Santa, nuevamente estaremos expuestos a la introducción de frutas contaminadas que ponen en riesgo todo el sistema exportador de fruta chilena. Pido que se oficie al ministro de Agricultura para que, por su intermedio, se destine la mayor cantidad de personal, particularmente al paso Los Libertadores, para entregar la información pertinente a las personas que salen fuera del país, así como también para que, a su regreso, se establezcan los sistemas más profundos de revisión, por cuanto quienes introducen fruta por los pasos fronterizos cometen una ilegalidad y pueden provocar, eventualmente, un daño devastador al país. También pido que se oficie al Servicio Nacional de Aduanas, a fin de que se implementen las medidas restrictivas y de información a la salida de los chilenos hacia Argentina y una revisión particularmente minuciosa a su regreso, para evitar que aparezcan nuevos focos que puedan agravar la situación que ya hoy es de alarma en la Sexta Región. El SAG está desplegando todas las medidas en orden a proteger nuestro sistema exportador de frutas de un insecto que puede traer graves consecuencias para el sistema productor agrícola nacional. He dicho. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Ramón Pérez y Eugenio Bauer. DESCONOCIMIENTO DE MECANISMOS PARA LA FIJACIÓN DE PRECIO DEL MAÍZ. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Bauer. El señor BAUER.- Señor Presidente, el miércoles pasado se celebró una sesión especial, solicitada por nuestro partido, la Unión Demócrata Independiente, para revisar y estudiar la difícil situación que atraviesa el sector productor de maíz y de trigo en esta temporada. La sesión fue seguida por un nutrido grupo de pequeños productores ubicados en las tribunas, además del ministro de Agricultura, que nos acompañaba en la Sala. Diversos señores diputados entregaron sus puntos de vista al respecto, con argumentos muy serios y estudiados. Lamentablemente, el diputado señor Aníbal Pérez, en parte de su intervención, afirmó: “Los señores Vial y Ariztía se reúnen una noche para ponerse de acuerdo en decir: “Esto pagamos a los pequeños agricultores. Eso sucede, ésa es la verdad.”. Tal aseveración es una falacia sin nombre. Asegurarlo es no conocer a esos empresarios. Protegerse en el fuero y en estos muros para denigrar gratuitamente a empresarios respetados por todos es una vergüenza. Son estas actitudes las que, a la larga, denigran nuestra actividad. El mecanismo para fijar el precio del maíz se estableció hace tres años entre los productores, los compradores y el Ministerio de Agricultura y funciona de la siguiente forma: el precio internacional que se entrega todos los días desde Chicago, más una prima, más el flete y más un seguro. La suma de estos factores da una cierta cantidad. El sistema funciona hasta hoy. Este mecanismo funcionó muy bien los primeros dos años, mientras el mercado mundial estaba estable o en alza. Incluso, el año pasado, a mitad de cosecha, los precios internacional y nacional subieron y nadie dijo nada. Lamentablemente, el diputado señor Juan Pablo Letelier también pretende culpar a la empresa Agrosuper S.A. del precio del maíz. Pareciera ser que él tampoco sabe del mecanismo que he explicado. Ojalá se pueda llegar a un acuerdo para solucionar el problema de los pequeños productores de maíz y que siempre se hable con la verdad y no faltando a ésta sólo por unos votos más. He dicho. DEMORA EN CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL EN ALTO HOSPICIO. Oficio. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ramón Pérez. El señor PÉREZ (don Ramón).- Señor Presidente, recientemente los integrantes del Comité de Defensa de los Derechos Civiles de Alto Hospicio, flamante nueva comuna de la Primera Región, iniciaron un proceso para reunir firmas con el objeto de solicitar al Gobierno que el hospital que se prometió construir en esa comuna sea de nivel 3 y no 4, como lo han expresado autoridades del Ministerio de Salud. Sin embargo, más allá de la importancia que tiene para una localidad de 70 mil habitantes contar con un centro asistencial de primer nivel, como se supone que será el recinto hospitalario por construir, quiero expresar mi molestia por la falta de respeto que significa la utilización política de una necesidad social que se ha hecho por parte del Gobierno En 2002, a meses de asumir como diputado, solicité al ministro de Salud de la época, doctor Osvaldo Artaza, que me confirmara la veracidad de lo expresado en su momento por la ex ministra de Salud, señora Michelle Bachelet, lo que fue refrendado por informaciones de prensa, por la seremi del ramo y por el jefe de la División de Inversión y Desarrollo del Minsal, en el sentido de que se adelantaría la construcción del hospital de Alto Hospicio y que su entrega sería en 2003. Incluso, se colocó la primera piedra del edificio. En su respuesta, el subsecretario de Salud me manifestó que en noviembre de 2002 se terminaba la primera etapa para dar paso al anteproyecto y diseño, lo que demoraría ocho meses. Por lo tanto, no se entregaría el hospital al uso público en 2003, sino en 2004. Posteriormente, el propio Presidente de la República, don Ricardo Lagos, en una de las tantas visitas preeleccionarias, confirmó la pronta construcción del hospital para Alto Hospicio, una necesidad tan anhelada para los habitantes de esa comuna. A fines de 2003, el encargado del Plan Integral de Alto Hospicio y posterior candidato a alcalde de la comuna, señor Hernán Ortega, recordaba a la ciudadanía el compromiso adquirido por el Presidente de la República. En octubre de 2004, vísperas de las elecciones municipales, la propia ministra de Mideplán, señora Yasna Provoste, en apoyo a los candidatos de la Concertación, lanzaba el proyecto de ejecución y manifestaba que el hospital costaría 1.617 millones de pesos. El intendente decía: “Fin a la demagogia. Estas son obras concretas y no expresiones demagógicas que confunden a la opinión pública con fines electorales”. Los seremis alababan el proyecto. El parlamentario de la Concertación hablaba de “hospital amable que tendrá características modelo, eliminando las listas de espera” y lo catalogaba de súper premium al describir sus bondades. Resulta que estamos en 2005 y no hay nada hecho, y lo que es peor, de iniciarse las obras, su construcción terminaría en 2006. Pregunto: ¿esto no es una burla para la gente de Alto Hospicio, que una vez más se siente discriminada? Por la poca seriedad de las autoridades de Gobierno frente al tema, solicito que se oficie al su excelencia el Presidente de la República, con copia de mi intervención, para que informe a esta honorable Cámara de Diputados cuál será la fecha definitiva de entrega del hospital al uso de la ciudadanía, su costo final y si se va a escuchar el clamor de la gente que se ha expresado a través del Comité de Defensa de los Derechos Civiles de Alto Hospicio, en el sentido de que si se va a construir un hospital que sea bueno, para lo cual debe ser un hospital de nivel 3 y no 4, como se ha anunciado. He dicho. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, adjuntando copia de su intervención. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. Se levantó la sesión a las 14.26 horas. JORGE VERDUGO NARANJO, Jefe de la Redacción de Sesiones.