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El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, sin contestar al colega que me antecedió en el uso de la palabra, quiero plantear cosas muy concretas.
Ayer, lunes 11 de julio de 2005, en uso de nuestras atribuciones, y por la responsabilidad que nos atañe, el presidente de la Comisión Mixta de Presupuestos , senador Carlos Ominami , nos citó a una sesión en la ex sede del Senado, en Santiago, que duró tres horas y en la cual el director de Presupuestos , señor Mario Marcel , dio a conocer algo que es bueno que la ciudadanía lo sepa, porque en la vida hay que ser objetivo.
Todos los años, cuando tramitamos la ley de Presupuestos, el Gobierno y los parlamentarios suscribimos un protocolo, el que algunos se niegan a firmar. En el protocolo del presente año, el Ejecutivo se comprometió a enviar al Congreso Nacional uno o más proyectos de ley con medidas adicionales a las aprobadas en 2003, con el fin de fortalecer la transparencia y la responsabilidad fiscal.
Ayer, Mario Marcel , quien ha sido un gran director de Presupuestos , nos dio a conocer que todas esas iniciativas recogen recomendaciones efectuadas por las evaluaciones externas sobre transparencia fiscal realizadas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, y las proposiciones de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Al término de la reunión, con Mario Marcel acordamos que antes del 1º de agosto iba a ingresar al Congreso un proyecto para el fortalecimiento de la transparencia en la gestión de recursos públicos, con medidas como la creación del cargo de auditor general de Gobierno; la profundización de la auditoría interna de los ministerios y de los servicios públicos, y el perfeccionamiento de los procedimientos sumariales en el sector público.
Mediante este proyecto se pretende fortalecer las auditorías externas que realiza la Contraloría General de la República y flexibilizar su presupuesto, tal como se está haciendo con el Poder Judicial . Es decir, facultarla para el traspaso de fondos a los subtítulos correspondientes, con el objeto de que al 31 de diciembre no penda sobre ella la espada de Damocles, de que el saldo final de caja se incorpore al presupuesto del año siguiente. Así, los recursos sobrantes no irán a fondos generales de la Nación.
Del mismo modo, se propuso incluir a los embajadores entre las autoridades que deben desempeñar sus cargos con dedicación exclusiva, quedando sujetos a las prohibiciones e incompatibilidades que ya rigen para ministros, subsecretarios y jefes de servicios.
Asimismo, y a propósito de que el promedio de vida de las chilenas y los chilenos ha aumentado en nueve años -en las próximas décadas subirá mucho más- debemos preocuparnos del futuro de la pensión mínima, la cual está garantizada por el decreto ley Nº 3.500. Por tal razón, ayer se propuso la creación de un fondo de reservas de pensiones para asegurar el financiamiento del futuro gasto en prestaciones previsionales mínimas y asistenciales por parte del Estado.
He considerado conveniente aprovechar esta tribuna de la Cámara de Diputados para dar cuenta, en forma muy sucinta, que las voluntades por mejorar el nivel y la calidad de vida de todos los chilenos se hacen realidad.
He dicho.
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