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El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto, originado en mensaje, sobre sistemas de inscripción en registros electorales.
Diputados informantes de las comisiones de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, y de Hacienda, son los señores Longton y Alvarado, respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 3586-06, sesión 11ª, en 6 de julio de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informes de las Comisiones de Gobierno Interior, y de la de Hacienda, sesión 36ª, en 6 de enero de 2005. Documentos de la Cuenta Nºs 4 y 5, respectivamente.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior.
El señor LONGTON.-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, me corresponde informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, sobre el proyecto de ley, originado en mensaje y con urgencia calificada de “simple”, sobre sistema de inscripción en registros electorales.
La iniciativa legal tiene como primera finalidad incrementar el universo efectivo de electores y, en definitiva la participación ciudadana, especialmente de los jóvenes, en los procesos eleccionarios y plebiscitarios. Al efecto, establece la inscripción automática en el Registro Electoral .
En segundo término, considera la eliminación de la multa establecida para sancionar a los ciudadanos que no sufraguen.
Fue aprobado, en general, por simple mayoría de votos.
En su totalidad, es calificado de quórum orgánico constitucional al tenor del artículo 18 de la Carta Fundamental, con excepción de sus artículos 33 y 40.
Durante el estudio, la Comisión de Gobierno Interior contó con la participación de muchas personas, entre las que se encuentran el ministro del Interior , don José Miguel Insulza , y su jefe de gabinete, señor Gonzalo García ; el abogado del aludido ministerio, señor Jorge Claissac ; el director del Servicio Electoral , don Juan Ignacio García ; la subdirectora y la jefa de organismos y padrones electorales de esa repartición, señoras Elizabeth Cabrera y Blanca Palacios, respectivamente; representantes del Instituto Libertad y Desarrollo y del Instituto Libertad, etcétera.
El mensaje.
La ampliación del sufragio.
El mensaje comienza señalando que la ampliación del derecho a sufragio constituye una cuestión central de la democracia. Hay que recordar que en la época del voto censitario la aspiración era lograr el sufragio universal. Posteriormente, éste se extendió a las mujeres y, más tarde, a los analfabetos y a los jóvenes.
Desde una perspectiva conceptual, la ampliación del sufragio tiene una dimensión individual, en cuanto a derecho ciudadano, y otra colectiva, porque supone un fortalecimiento de la democracia.
El sufragio patentiza la libertad del individuo y su involucramiento como ciudadano en la democracia. Negar o perturbar el ejercicio del sufragio implica, pues, restringir la libertad personal.
Si bien hay distintas aproximaciones al tema de la democracia -concebida por algunos como un espacio en que se agregan las distintas preferencias individuales de los ciudadanos y por otros como un mecanismo de deliberación acerca de las preferencias colectivas-, lo cierto es que su legitimidad arranca, precisamente, de la existencia de múltiples preferencias u opiniones que participan en el juego deliberativo. Por eso, mientras mayor sea el número de participantes en el proceso democrático, más legítima es la definición que colectivamente se adopte y más fuerte es la adhesión del ciudadano a esa definición colectiva.
De este modo, se plantea como una tarea permanente buscar los instrumentos que permitan profundizar las libertades públicas y perfeccionar la democracia, objetivos a los que apunta la presente iniciativa, al decir del Ejecutivo.
Situación actual.
A continuación, el mensaje recuerda que la Constitución Política, en su artículo 13, prescribe que son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva, confiriendo a los ciudadanos el derecho de sufragio. La Carta Fundamental reconoce este derecho en la forma más amplia, estableciendo al efecto únicamente requisitos genéricos relativos a la nacionalidad, la edad y a no haber sido condenado a pena aflictiva.
En cambio, la Constitución de 1925 contemplaba un requisito adicional para adquirir la ciudadanía, cuyo cumplimiento pesaba en forma más o menos obligatoria en el propio ciudadano, cual era la inscripción en los registros electorales. La ley establecía sanciones para los ciudadanos que no cumplían con el trámite de inscripción, cuya acreditación se exigía para la realización de ciertos actos administrativos, notariales o para la obtención de créditos.
Hoy, la situación es diferente, porque la calidad de ciudadano se obtiene sin necesidad de cumplir ningún trámite.
A la luz de estos antecedentes, no se justifica hacer pesar sobre los ciudadanos la obligación de inscribirse en los registros electorales para ejercer los derechos que la Carta Fundamental les otorga por el solo hecho de serlo. De ahí que resulte indispensable establecer mecanismos destinados a que los ciudadanos puedan ejercer cabalmente su derecho de sufragio.
La inscripción automática.
El mensaje afirma que para el Gobierno no existe duda alguna acerca de la no voluntariedad de la calidad de ciudadano. El texto constitucional es claro al respecto. No resulta lógico ni aceptable que la norma constitucional descanse, para su efectividad, en un acto de carácter voluntario del ciudadano.
Desde 1990, con la reinstauración de la democracia, la participación de los ciudadanos en los procesos electorales ha sufrido una paulatina disminución. De acuerdo con el último censo, 10 millones 444 mil 605 chilenos tienen más de 18 años, lo que significa que hay cerca de 2 millones 400 mil ciudadanos que no se han inscrito en los registros electorales, no obstante reunir los requisitos para votar. De estos, según cifras del Servicio Electoral, casi 2 millones tienen menos de 29 años.
Estos datos representan un llamado de atención para que se disponga un sistema que involucre a los jóvenes en los procesos electorales y así participen en las decisiones de su país.
Se han dado varias explicaciones sobre la apatía de los jóvenes por inscribirse en los registros. Lo que sí está claro es que el sistema de inscripción existente no responde a los actuales requerimientos y, por ende, debe ser modernizado.
Respecto al funcionamiento de los registros, hay que tener presente que permanecen abiertos todos los meses del año, salvo períodos breves, antes, durante y después de una elección. Sin embargo, el horario de atención es reducido: las oficinas están abiertas para los efectos de las inscripciones durante las mañanas de los primeros siete días de cada mes. Por otra parte, en el denominado “período extraordinario” de atención, las juntas inscriptoras funcionan todos los días hábiles del mes, pero igualmente su horario es breve.
En síntesis, el sistema vigente no brinda facilidades para inscribirse, lo que implica que el mandato constitucional sea precario en la práctica. Por ello -afirma el mensaje-, la solución más acertada parece ser la inscripción automática de los electores.
Este mecanismo no es inédito en el derecho comparado, pero hasta ahora no se ha podido implementar en Chile, porque para poder crear un padrón de electores en forma automática es necesario conocer quiénes son los ciudadanos y dónde se encuentran. De lo contrario, no es posible saber cuántos electores hay ni dónde votan. Hoy, con la nueva cédula nacional de identidad y las bases de datos que mantiene el Servicio de Registro Civil e Identificación, es posible, si bien con algunas dificultades, poner en marcha el sistema de inscripción automática.
Finalmente, el Ejecutivo sostiene que el cambio del actual procedimiento de inscripción a uno de tipo automático no requiere una reforma constitucional previa, porque la calidad de ciudadano se adquiere, al tenor de lo dispuesto por el artículo 13 de la Constitución Política, por el sólo hecho de reunir los requisitos señalados en esa disposición.
A mayor abundamiento, el proyecto permite dar cumplimiento al mandato constitucional del artículo 1º, en cuanto a que el Estado debe asegurar el derecho de las personas a participar en igualdad de oportunidades en la vida nacional. La presente iniciativa legal supone una actitud proactiva en torno a garantizar esa condición de igualdad básica como “piso” para la participación política.
A continuación, el informe incluye extractos de las intervenciones del ministro del Interior , don José Miguel Insulza ; del director del Servicio Electoral , don Juan Ignacio García ; del director del Servicio de Registro Civil e Identificación , señor Aldo Signorelli ; del asesor jurídico del Instituto Nacional de la Juventud, señor Jaime Junyent ; del analista de Flacso, señor Claudio Fuentes ; de la analista del Instituto Libertad y Desarrollo, señora Ena Von Baer ; del analista del Instituto Libertad, señor José Miguel Izquierdo ; del presidente de la Juventud del Partido por la Democracia, señor Juan Eduardo Faúndez y del analista del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, señor Manuel Antonio Garretón.
El artículo 13 de la Constitución Política expresa que son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenadas a pena aflictiva, agregando que la calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución o la ley confieran.
De acuerdo con el artículo 15 de la misma, el sufragio es obligatorio para los ciudadanos.
El artículo 18 de la Carta Fundamental encomienda a una ley orgánica constitucional determinar la organización y funcionamiento del sistema electoral público, debiendo regular también la forma en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios.
Por su parte, la ley orgánica constitucional consta de varios cuerpos normativos, entre ellos la ley Nº 18.700, sobre Votaciones Populares y Escrutinios, y la ley Nº 18.556, sobre Inscripciones Electorales y Servicio Electoral. Esta última regula pormenorizadamente en su Título II, artículos 25 al 60, el tema de la inscripción electoral, materia sobre la que versa el presente proyecto.
Respecto de la ley Nº 18.700, su título VII, De las sanciones y procedimientos judiciales, establece las sanciones por las faltas y delitos que tipifica. Entre las infracciones se incluye la de no sufragar, aspecto que aborda el proyecto de ley.
Ideas matrices o fundamentales.
El proyecto de ley del Ejecutivo contiene dos ideas matrices:
1. Incrementar el universo efectivo de electores y, en definitiva, la participación ciudadana, especialmente de los jóvenes, en los procesos eleccionarios y plebiscitarios; y
2. Eliminar la multa considerada para los ciudadanos inscritos que no cumplan con la obligación de emitir su sufragio en dichos procesos.
Discusión y votación en general.
La Comisión compartió los fundamentos de la iniciativa en informe contenidos en la moción, aprobando por siete votos contra cinco la idea de legislar sobre la materia.
De acuerdo con lo prescrito en el Nº 6 del artículo 287 del Reglamento, a continuación se ofrece una síntesis de las opiniones de los diputados que sustentaron el voto de minoría, cuestión que voy a obviar, ya que se encuentra en el documento que todos los colegas tienen en sus escritorios.
Discusión y votación en particular.
Durante la discusión pormenorizada del proyecto, la Comisión adoptó varios acuerdos que también figuran en el informe.
Se trata de un proyecto importante aprobado por la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social hace un par de semanas y que ponemos a consideración de la honorable Sala.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado, informante de la Comisión de Hacienda.
El señor ALVARADO .-
Señor Presidente , en representación de la Comisión de Hacienda, paso a informar acerca del proyecto de ley sobre sistema de inscripción electoral.
Durante el estudio del proyecto, asistió a la Comisión el señor Gonzalo García , abogado del Ministerio del Interior.
El propósito de la iniciativa consiste en modificar el actual sistema electoral, con el objeto de incrementar el universo de votantes, especialmente de los jóvenes, estableciendo al efecto la inscripción automática en el Registro Electoral y eliminando la multa que se aplica a los ciudadanos inscritos que no cumplan con la obligación de emitir su sufragio.
El señor García señaló que el proyecto no sólo articula el sistema de inscripción automática, sino que establece el sistema de transición entre el actual sistema de juntas inscriptoras a juntas de actualización de domicilio, lo que constituye una de las principales fuentes del gasto de esta nueva legislación.
Afirmó que los principales gastos que irroga el proyecto son por efecto de los siguientes rubros:
-Notificación a los cerca de 2,5 millones de personas no inscritas actualmente en los registros electorales del domicilio electoral que les corresponde, que es aquél que indicaron al momento de solicitar su cédula de identidad.
-Transformación de las actuales juntas inscriptoras en juntas de actualización. El cambio que se pretende introducir es establecer un régimen de funcionamiento permanente de las juntas de actualización, con doble horario y durante todos los días del año, incluidos los sábados, de 9:00 a 14:00 horas. Esta ampliación del horario constituye un costo por el incremento de los honorarios de los funcionarios de esas juntas.
-Gastos en equipamiento computacional que permita manejar los grandes volúmenes de información que requiere este nuevo sistema y que incluyen fotografía y huella digital de más de 10 millones de personas.
-Implementación provisional para el año 2005 que configure computacionalmente el actual sistema de información de los registros electorales en el Servicio Electoral.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 30 de noviembre de 2004, señala que el proyecto de ley busca impulsar la inscripción automática en los registros electorales, así como el voto voluntario.
El gasto que implica esta modificación legal tiene un costo, el primer año de aplicación, de 2 millones 574 millones de pesos, de acuerdo al siguiente detalle: gastos en personal, 671 millones; bienes y servicios de consumo, 1.545 millones; adquisiciones de activos no financieros, 357 millones.
En régimen normal, es decir, después de su puesta en marcha e implementación inicial, el gasto anual ascenderá a 946 millones de pesos.
Durante el debate de la Comisión se plantearon diversas interrogantes acerca de la naturaleza de la iniciativa.
Por un lado, el diputado señor Dittborn expresó que lo que el Gobierno ha denominado sistema de inscripción automática no es más que un sistema de inscripción forzosa, porque se está obligando al ciudadano a inscribirse, en circunstancias de que, legítimamente, quizá no esté interesado en participar en las elecciones. Consideró que lo lógico hubiera sido votar primero la voluntariedad del voto y, una vez aprobado este concepto, estudiar y analizar el proyecto. Señaló que, en este contexto, se puede dar la peor de las situaciones, cual es la inscripción forzosa y el voto obligatorio. Además, planteó su preocupación por el ciudadano que es forzado a inscribirse y llamado a participar como vocal en un acto electoral, en circunstancias de que él no quiere participar en la elección y menos ser designado vocal de mesa.
Sostuvo que con el proyecto se termina con los registros electorales, lo que, a su juicio, no es sensato, puesto que por años han sido garantía de transparencia, lo que ha impedido la realización de grandes fraudes electorales en las últimas elecciones. El sistema computacional que reemplazaría a los registros electorales no da, en su opinión, la misma garantía y confianza.
Por su parte, el diputado señor Silva precisó que el proyecto establece la inscripción automática y el voto voluntario, al eliminar la sanción que se aplica a quien no vota. Manifestó que, a su juicio, en el mensaje están dadas todas las garantías para que los registros electorales sigan siendo confiables.
La Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social dispuso en su informe que la Comisión de Hacienda tomara conocimiento del artículo 33 aprobado por ella.
Por su parte, la misma Comisión acordó incorporar a su conocimiento los artículos 1º y 2º, en conformidad al numeral segundo del artículo 220 del Reglamento.
En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo siguiente:
El artículo 1º establece que la inscripción electoral de las personas habilitadas para ejercer el derecho de sufragio se verificará de conformidad con las reglas contenidas en el proyecto.
El artículo 2º consigna que habrá un registro electoral que contendrá la nómina de todas las personas, chilenas o extranjeras, que cumplan con los requisitos legales para ejercer el derecho de sufragio, como asimismo, de aquellos que se encontraren con su derecho de sufragio suspendido y de los que hubieren perdido la ciudadanía por cualquier causa después de su inscripción.
El artículo 33 dispone que el mayor gasto que irrogue el proyecto para el Servicio Electoral se solventará con cargo a los recursos que se contemplen en el presupuesto del año respectivo. Si tales recursos no fueren suficientes, el Ministerio de Hacienda podrá suplementarlos con cargo al ítem 50-01-03-25-33.104 de la Partida del Tesoro Público del Presupuesto del sector público del mismo año.
El Ejecutivo formuló indicación para reemplazar en el artículo 33 la expresión “50-01-03-25-33.104”, por la palabra “correspondiente”, por razones de técnica presupuestaria.
Puesta en votación la indicación precedente fue aprobada por unanimidad.
Puestos en votación los artículos 1º, 2º y 33, fueron aprobados por 7 votos a favor y 3 en contra.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Víctor Pérez.
El señor PÉREZ (don Víctor) .-
Señor Presidente , en atención a que el Orden del Día concluye a las 13.20 horas y, por lo tanto, sólo dispondremos de 35 minutos para discutir el proyecto y a que cada diputado dispondrá de hasta 15 minutos, ¿no sería conveniente que los Comités acordaran un tratamiento para el proyecto? Entiendo que hoy sólo se iniciará su debate.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , el acuerdo de los Comités es iniciar hoy la discusión del proyecto y continuarla en una próxima sesión, con el objeto de que todos los diputados puedan dar a conocer su opinión dentro del tiempo reglamentario. En la presente sesión se debatirá hasta el término del Orden del Día.
Tiene la palabra la diputada señora Eliana Caraball.
La señora CARABALL (doña Eliana).-
Señor Presidente , el proyecto en discusión es de la mayor importancia desde el punto de vista de nuestro desarrollo institucional, puesto que una de las bases fundamentales de la democracia es la capacidad de las personas de expresar su opinión a través del voto. Es cierto que no basta simplemente con ejercerse ese derecho para sostener que la democracia es plena, pero es absolutamente necesario hacerlo.
La discusión de fondo está en el concepto que tengamos sobre el voto o la importancia que le asignamos al acto de emitirlo en favor de determinado candidato.
¿El voto se considera un derecho o una obligación? Si se considera un derecho, es evidente que la inscripción automática y el voto voluntario sería la fórmula ideal para satisfacer esa postura. Pero si se entiende como una obligación -porque la democracia necesita de la expresión de los ciudadanos para que la mayoría de las opiniones sea la que imponga su punto de vista, con el respeto, por supuesto, a las minorías-, la inscripción automática también corresponde. Sin embargo, si se está en esta posición, el voto también tendría carácter de obligatorio.
Luego, no basta pensar que una inscripción automática genera necesariamente una mayor participación electoral de las personas. Sin duda, la inscripción automática favorece la participación, porque evita las colas y la concurrencia a inscribirse y le facilita al ciudadano la posibilidad de votar.
Sin embargo, en mi particular punto de vista, estando de acuerdo con la inscripción automática, tengo serias dudas respecto del voto voluntario, porque hoy hay un universo electoral mermado, puesto que mucha gente no ejerce su derecho a inscribirse en los registros, ya que es un acto voluntario. Esto sucede mayoritariamente con las personas más jóvenes.
Indudablemente, el padrón electoral va sufriendo deterioro; se va envejeciendo, no se van incorporando nuevos miembros y él sólo representa, más o menos, al 60 por ciento del universo electoral del país. Entonces, alguna medida hay que tomar.
Pienso que la inscripción automática, desde el punto de vista formal, cumple con ese objetivo, porque ya no tendremos un padrón que represente al 60 por ciento, sino al ciento por ciento del potencial universo electoral. Pero eso no asegura que toda esa
gente participe de las elecciones o manifieste su opinión el día que corresponda. Por lo tanto, aquí empieza a pesar el concepto que cada cual tenga respecto de la obligación del ciudadano de ejercer o no un derecho que es básico para la democracia.
En nuestro caso, la madurez ciudadana aún no es suficiente para el voto voluntario. Hay mucha gente que ha manifestado su disposición a inscribirse siempre que el voto sea voluntario. Sin duda, esa postura es muy atendible y respetable, pero, desde el punto de vista de la ética social, el derecho que tienen todos los ciudadanos a expresar su opinión en algún momento se vería seriamente vulnerado.
En ese sentido, cuando corresponda, debería votarse en forma separada la parte que elimina las multas y los castigos que la ley dispone para aquellos que no ejerzan su derecho a voto aun cuando estén inscritos en los registros electorales, porque, de aprobarse el proyecto, ello sería en forma automática.
Otro punto interesante dice relación con la fecha en que empezará a regir esta reforma, porque si es a partir de la próxima elección, estará cruzada por distintos temores o intereses, lo que no es conveniente para una materia tan importante para la sociedad. Creo que debe haber el tiempo suficiente para discutirla sin el apuro que significaría su aplicación en la próxima elección. Tal vez debamos pedir al Ejecutivo una indicación en ese sentido, para que empiece a regir en la elección subsiguiente -siempre ha sido así-, puesto que habrá elección de parlamentarios próximamente. Sin duda, con ello estaríamos legislando con más libertad.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Esteban Valenzuela.
El señor VALENZUELA .-
Señor Presidente , sin duda, este es un proyecto relevante, máxime que no se ha logrado perfeccionar la democracia, ni siquiera un consenso para eliminar el sistema binominal o establecer uno mayoritario corregido. No tenemos revocatoria de los cargos de elección popular y estamos anclados en lo que se estableció en los años ochenta.
No hay que tener miedo a los jóvenes.
Según una información, en Rancagua, en las últimas mesas de votación, que por primera vez fueron escrutadas en la pasada elección municipal, donde se inscribieron los votantes más jóvenes, ganó el candidato a alcalde de la UDI.
Los diputados de la Concertación que patrocinamos este proyecto, en particular del PPD, no hemos sacado cifras con calculadora. Somos consecuentes con lo manifestado una y otra vez.
Voy a leer lo que se dijo a propósito de un proyecto de 1998: “Es razonable que se imponga a las personas la obligación de inscribirse en los registros electorales -inscripción automática-. La inscripción en los registros se puede imponer, porque efectivamente de ella deriva un beneficio social”. ¿Quiénes lo firmaban? Los diputados señores Pablo Longueira , Darío Paya , Víctor Pérez, Iván Moreira , Patricio Melero , Juan Masferrer , Cristián Leay , Sergio Correa, entre otros parlamentarios de la UDI, los mismos que hoy están en contra del proyecto en discusión, que manifiestan que se puede prestar para manipulaciones por parte del Registro Civil y que es malo legislar sobre la materia antes de una elección.
En el caso de Renovación Nacional, el 8 de junio de 2004 se presentó una moción al respecto en el Senado por los senadores Romero , Horvath , Espina , entre otros, que en una de sus partes dice que lo que otrora fuera una conquista para el pueblo -los registros electorales-, fundamentalmente para aquellas personas de estratos económicos más humildes, hoy constituye una pesada carga que, paradójicamente, afecta con mayor rigor a los ciudadanos de ingresos más modestos y termina abogando por consagrar en esta indicación el sufragio como un derecho de los ciudadanos y su inscripción automática en los registros electorales.
El problema de nuestra democracia es grave. Según la Flacso, de las dieciocho democracias de América Latina, sólo dos tienen un sistema de inscripción en registros electorales que no es automática: Chile y Colombia.
Juan Ignacio García , director del Servicio Electoral -a quien no podemos acusar de ser proclive a la Concertación-, dijo que estamos en una situación dramática, ya que el padrón electoral chileno es el más envejecido de todas las democracias del mundo.
Durante una década se han presentado indicaciones para corregir esta situación, pero ad portas de una elección aparecen miedos inconfesables. Se argumenta que se despenalizarán las multas por no asistir a votar. ¡Por favor! Salvo la Municipalidad de Las Condes en la elección municipal de 1992 -terminemos con la hipocresía-, ningún municipio del país cobró las multas por no acudir a votar.
Se sostiene que esta iniciativa terminaría con las multas y al ser voluntario el sufragio votarían menos personas. ¡Otra mentira! Si analizamos los datos veremos que por primera vez en la historia contemporánea de Chile, desde que se logró ampliar el sufragio y terminar con la discriminación a las mujeres y a los pobres por la vía del voto censitario, votó menos del 50 por ciento de las personas potencialmente electoras, es decir, los mayores de dieciocho años. ¡Menos del 50 por ciento marcó una preferencia! A saber, el 27 por ciento no estaba inscrito, es decir, 2 millones y medio de personas, de las cuales 2 millones son menores de treinta años, esto es, tres generaciones de jóvenes; el 20 por ciento se excusó o abstuvo de ir a votar y el 18 por ciento marcó nulo o blanco. En los sistemas de inscripción automática y de voto voluntario nadie comete la ridiculez de hacer una cola para luego votar nulo o blanco. La gente que acude a votar marca su preferencia en un 99,99 por ciento.
Por lo tanto, la participación electoral es menos del 50 por ciento.
Estamos frente a un drama que también se refleja en otro aspecto. Junto con la diputada Carolina Tohá y el diputado Fulvio Rossi , en la Comisión Especial de la Juventud de la Cámara de Diputados hemos comprobado que existe un problema de políticas públicas, puesto que los jóvenes no son sujetos políticos electorales relevantes.
Una investigación hecha por la fundación Ebert señala que el ciento por ciento de los municipios -en buena hora- tienen proyectos para el adulto mayor. Sin embargo, sólo el 8 por ciento de ellos desarrollan proyectos para los jóvenes que finalizan la educación secundaria. Por ejemplo, un centro de desarrollo juvenil o de soportes permanentes para que los jóvenes no caigan en la delincuencia, la que no se resuelve sólo con mano dura y más policías, un banco de emprendedores jóvenes, un sistema de becas pos secundaria, etcétera. La distorsión de las políticas públicas provocará que en la agenda de la próxima elección presidencial quizás lo más relevante sea el aumento de las pensiones.
La preocupación por el empleo, por dar oportunidades a los jóvenes, por alternativas al servicio militar obligatorio y por la agenda de las nuevas generaciones no impacta al Ejecutivo , a nivel nacional y regional, ni al Congreso. Por eso, hay que cambiar esta regla de juego perversa.
Se pueden buscar explicaciones y asumir responsabilidades por la mala calidad de la política, porque los partidos políticos no movilizan ni encantan a los jóvenes. Quizás los mismos dirigentes estudiantiles no se han politizado y no ven la relevancia de participar en la democracia, no obstante todas sus imperfecciones.
El fenómeno es ése: el 72 por ciento de los menores de treinta años no están inscritos en los registros electorales. Entonces, impulsemos este perfeccionamiento. Tengamos menos miedo.
Una encuesta nacional, realizada por el Instituto Nacional de la Juventud, que consideró 5.500 casos, demuestra que los jóvenes tienen, relativamente, las mismas preferencias de los adultos. No hay grandes sesgos en uno u otro sentido; pero nos veremos obligados a mejorar nuestras ofertas, a ser más competitivos.
Es la lucha que han estado dando algunas agrupaciones juveniles relevantes, como la juventud de mi partido -a través de su presidente Juan Eduardo Faúndez -, la Juventud Socialista y también la Juventud Demócrata Cristiana. El presidente de esta última agrupación se expresó, en la Comisión de Gobierno Interior, a favor de este proyecto por considerarlo esencial para el perfeccionamiento democrático.
Aprovecho la oportunidad para hacer un reconocimiento al diputado Arturo Longton por su gran colaboración en esta materia.
La Juventud de Renovación Nacional también se manifestó a favor del proyecto. Asimismo, Joaquín Lavín , quien quiere presidir Chile y pretende demostrar gobernabilidad, les ha pedido a sus partidos que aprueben la inscripción automática; que no le tengan miedo a los jóvenes, que cumplan con las mociones que han presentado; que seamos coherentes y que, por favor, no legislemos para que esto sea realidad en 2010. ¿Qué temor hay a que sea ahora? Todas las dudas respecto al control del Registro Civil e Identificación, como que lo maneja el gobierno de turno, son leseras. Hoy, con el actual sistema de registro electoral, es el Servicio de Registro Civil e Identificación el que informa al Servicio Electoral respecto de las personas que han sido condenadas a pena aflictiva o de las que han fallecido, y dicho servicio sigue siendo un ente controlador.
En el nuevo sistema, cuando a los ocho millones doscientos mil inscritos se sumen los dos millones y medio de personas mayores de dieciocho años que no están inscritas, el Servicio Electoral seguirá siendo el ente supervisor. Se dieron todas las garantías, como que los listados van a ser públicos y se van a conocer con anterioridad.
Andrés Tagle , columnista de “El Mercurio”, escribió, a propósito del problema ocurrido en Talcahuano, que esto podía prestarse para fraudes. Al respecto, se puede seguir el control, porque el intento de fraude en Talcahuano se pudo descubrir, aunque aún no sabemos quiénes son sus autores, gracias a que se comprobaron irregularidades en el registro electoral. El sistema que se propone también considera un libro, la firma de las personas que votan en cada mesa y se incluye su foto.
No hay nada que pueda excusarnos de que Chile, el país de la modernidad, paradigmático de América Latina, no tenga un sistema de inscripción automática y voto voluntario a la altura del siglo XXI. Hoy, declarativamente, el voto es obligatorio, pero, en la práctica, las multas no se aplican. En el nuevo proyecto se despenaliza para terminar con una de nuestras hipocresías.
Leí los comentarios que llegaron a la página web del movimiento Atina Chile, en el que participan muchos jóvenes. Conversé con Jorge Domínguez y Camilo Herrera , sus coordinadores, y, si bien tienen diversas posturas, la gran mayoría está a favor de la inscripción automática.
Le digo, con mucho respeto, a la colega Eliana Caraball -por su intermedio, señor Presidente - que en un amplio cabildo juvenil en Rancagua se discutió acerca del voto voluntario y del obligatorio, y la mayoría de ellos se manifestaron a favor del voluntario. Ellos dicen que hay interés, que es posible participar, pero que debemos mejorar nuestra oferta, enriquecer nuestra agenda y mirar más hacia su mundo.
Lo hacemos por amor a la patria, porque es importante incluir a las nuevas generaciones. Pertenecemos a un Congreso que no está bien evaluado y debemos mostrar generosidad, amplitud y ser capaces de hacer un gesto que demuestre que nuestra democracia se renovará con la incorporación de dos millones y medio de jóvenes.
Ojalá que, como Cámara, no tengamos miedo y estemos a la altura de las circunstancias. En particular, hago un llamado a nuestros amigos de la Alianza por Chile para que honren sus ideas y podamos alcanzar un acuerdo para hacer factible este proceso, hoy, durante enero. No sigamos dando mensajes equívocos, porque si este proyecto fracasa, tengamos las cosas claras. En marzo, los mismos estaremos encabezando una movilización ciudadana para lograr que muchos jóvenes se inscriban, pero aclaremos las cosas acá. No sigamos buscando argumentos superfluos, subalternos, para quitarle el bulto a lo esencial. ¿Hay miedo o no hay miedo para ampliar la democracia? ¿Se tiene miedo a los jóvenes? Esas son las consideraciones que debe tener presente esta Cámara en su votación.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fulvio Rossi.
El señor ROSSI.-
Señor Presidente , es difícil intervenir después del diputado Esteban Valenzuela , quien ha dado la mayoría de los argumentos que fundamentan la necesidad de Chile de contar con un sistema electoral distinto que permita incluir a quienes han estado, de alguna manera, marginados o excluidos del sistema político representativo.
Es muy fácil y cómodo para la clase política seguir excusando a los jóvenes de su baja participación en dicho sistema con el argumento de que “no están ni ahí”, pero todos sabemos -quiero ser muy claro y enfático en ese sentido-, que esa afirmación es absolutamente falsa. Los jóvenes sí participan, sí valoran la democracia. Ejemplo de ello -ya lo decía el diputado Valenzuela - es que hoy, más del 75 u 80 por ciento de ellos participan en instancias como organizaciones sociales, culturales, virtuales, juntas de vecinos, movimientos religiosos o de iglesias de los más amplios credos, scouts, etcétera; sin embargo, no han sido convocados ni seducidos a participar y a ejercer realmente la ciudadanía para fortalecer nuestra democracia. ¿Y por qué no? Porque, claramente, hoy, los jóvenes constituyen sólo el 4 por ciento de nuestro padrón electoral.
Faltan políticas públicas con respecto a ellos. Hoy, no hay interés de los candidatos en incluir en su agenda programática los temas de los jóvenes. Sabemos cuales son: el empleo juvenil, la capacitación y la enseñanza y la igualdad de oportunidades.
Que importante es hacer notar, a aquellos que dicen que los jóvenes “no están ni ahí” con la democracia, que la encuesta del Instituto Nacional de la Juventud señala que sobre el 80 por ciento de los jóvenes sí están con la democracia y la valoran. No es que me guste señalar cifras en forma reiterada, pero cuando digo sobre el 80 por ciento es que prácticamente todos los jóvenes en Chile valoran la democracia, pero le hacen observaciones. La encuentran poco participativa, poco meritocrática; no hay igualdad de oportunidades. En el fondo, tenemos una serie de derechos constitucionales que están sólo consagrados en el papel; no se plasman en la vida cotidiana. No hay espacio ni plataforma para dialogar con los jóvenes.
Por eso, me sorprende tremendamente que, cuando tenemos una herramienta potente que fomenta la participación en el sistema electoral, en la vida política, un grupo importante de la sociedad esté en contra de ella. Más aún, cuando su representante máximo -lo decía el diputado Valenzuela -, el candidato a Presidente de la República de la Alianza por Chile, Joaquín Lavín , fue uno de los primeros en reconocer que este proyecto de ley era muy importante porque iba a favorecer la incorporación de los jóvenes en el sistema democrático, a través del ejercicio de la ciudadanía. Pero, lamentablemente, en vez de ser coherentes, algunos sacaron la calculadora y empezaron a preguntar a quién pertenecen esos jóvenes, de quién serán sus votos, a quién apoyarán. Estos jóvenes no son patrimonio de ningún sector político y el verdadero desafío de este sistema es contar con un gran universo de chilenos y chilenas, de potenciales electores, que obligue al régimen político en su conjunto, a todos los conglomerados, a todos los candidatos a la presidencia de la República y al Congreso a convocarlos, seducirlos, reencantarlos, para que voten.
Por eso, cuando se dice aquí que este proyecto de ley estaría imponiéndoles una obligación a los jóvenes en el sentido de votar es totalmente falso, porque ellos quedarán inscritos en forma automática, pero si no se sienten convocados, seducidos, o, por último, si les da lata votar, no lo harán y no pasará nada.
Entonces, cortémosla con el cuento de la UDI de decir que ésta es una inscripción forzosa. No tiene ninguna implicancia, porque nadie obliga a nadie a votar. El que quiere vota. Este tema debemos zanjarlo de una vez por todas porque se presta para mucha confusión.
Además, también es falso el argumento de que si el voto es obligatorio se debilitaría la democracia, porque un número alto de inscritos podría no votar y, por tanto, bajaría la participación. Ya se dijo aquí que, hoy, sobre el 50 por ciento de las personas no vota, no participa. Es cuestión de contar a quienes estando inscritas en los registros electorales, se excusaron y -¡ojo!- todavía ningún municipio ha cobrado multa alguna. En la práctica, el voto obligatorio es absolutamente voluntario porque no hay sanción y nunca la ha habido, a menos que se aplique. Si sumamos los votos blancos, los nulos y los no inscritos, llegamos a ese 50 por ciento de las personas que no participan.
Entonces, lo que ocurrió en España hace pocos meses, puede ocurrir también en Chile. Los jóvenes, cuando saben que cuentan para la democracia, que su voto vale y puede cambiar la historia del país, se sienten llamados a votar y se levantan con ese fin. En España, cuando los jóvenes se dieron cuenta de que el Partido Popular o Mariano Rajoy no representaba sus intereses, que habían sido “sumergidos” en una gran mentira, se pronunciaron y dieron vuelta los resultados de las elecciones.
Entonces, me hace mucha fuerza y reitero lo de que ojalá ningún parlamentario o candidato le tenga miedo a los jóvenes. Ellos y su voto no son patrimonio de ningún sector político. Hagamos el esfuerzo de seducirlos con nuestras propuestas y programas para que se interesen y participen ahora en este sistema político representativo.
Tenemos un sistema electoral binominal que produce per se la automarginación de los jóvenes, la exclusión de posturas más definidas. No fomenta precisamente la inclusión y la participación. Ahora, tenemos una herramienta que permitiría aquello.
Por eso, llamo a aquellos que en un momento plantearon su beneplácito con este proyecto que sean coherentes. A la gente hay que escucharla siempre; no sólo cuando conviene; más aún cuando siento que la clase política chilena tiene una deuda tremenda con los jóvenes y a través de este proyecto, precisamente, se esmera en saldarla.
He dicho.
-Aplausos y manifestaciones en las tribunas.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Por favor, ruego a los asistentes en las tribunas guardar silencio y escuchar a los demás diputados.
-Manifestaciones en tribunas.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Reitero mi petición a las personas que se encuentran en las tribunas.
Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Saffirio.
El señor SAFFIRIO .-
Señor Presidente , respecto de la inscripción automática tengo poco que agregar a lo ya expresado por otros diputados de la Concertación. Sin embargo, sí tengo mis reparos respecto del voto voluntario.
Como dijo el diputado Estaban Valenzuela, esta no es una discusión baladí; no estamos en presencia de un debate sin importancia, desde el punto de vista de la marcha de la democracia.
Por formación profesional -tengo estudios de ciencia política- conozco bastante el tema, desde el punto de vista de lo que significa la alternativa del voto voluntario u obligatorio para la legitimidad de una democracia y el impacto que eso tiene, como dijo el colega Estaban Valenzuela, a propósito de la exclusión de ciertos sectores de los destinatarios de las políticas públicas.
Uno de los argumentos más doctrinarios lo dio el entonces director del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Manuel Antonio Carretón . Creo que aquí hay un debate legítimo, desde el punto de vista de las opciones de las distintas corrientes ideológicas.
Para quienes tienen una aproximación al régimen democrática desde una perspectiva más bien liberal individualista, este tema no les plantea mayor problema y lo lógico es que estimen que el voto debe ser voluntario.
Pero dentro de la teoría democrática hay otra concepción, a la cual me siento mucho más cercano. Me refiero a la corriente republicana, para la cual el voto, a diferencia de la aproximación ideológicamente más liberal, no sólo es un derecho, sino también un deber. Desde ese punto de vista, ser miembro de una sociedad, de una polis, según los términos que planteó el profesor Garretón, implica derechos y deberes, tal como existen otras cargas, que en una concepción republicana de la ciudadanía, estamos obligados a cumplir.
Pero el tema más delicado es lo que nos muestran la experiencia y el análisis empírico de la no participación de potenciales ciudadanos en el régimen democrático.
No conozco ningún estudio de ciencia política -si el diputado Valenzuela me puede corregir, con gusto le concedo una interrupción en el momento que lo pida- que no esté conteste en que la no participación política afecta principalmente a los sectores más débiles, más pobres y menos educados.
Hay un viejo debate en teoría democrática. Unos sostienen que la no participación significa que un sistema político tiene alta legitimidad; que la gente no participa porque está de acuerdo con el sistema. Otros dicen lo contrario. No es que los que no participan estén de acuerdo con el sistema, sino que están completamente alienados y fuera del mismo. Y precisamente, la información empírica que conozco, me demuestra que los sectores más reacios a la participación política, normalmente son los pobres, los menos educados y, por ende, los más débiles. Ejemplo de ello son los afroamericanos y los sectores marginados desde el punto de vista socioeconómico en el caso norteamericano.
Desde el punto de vista de la teoría democrática, lo anterior nos plantea un problema de la mayor importancia, porque estamos obligados a defender instituciones que incentiven la participación. En caso contrario, podríamos llegar a lo que nos señalaba el diputado Valenzuela a propósito de la no inscripción.
Creo que además de la multa y la coerción puede haber otra opción. No me parece razonable que una persona con potencialidad para ser ciudadano y que ha decidido no inscribirse o no votar, pueda pedir créditos subsidiados al Estado o quiera ser beneficiario de políticas públicas. Es decir, el Estado podría defender la inscripción automática y el voto obligatorio por la vía de establecer que aquellos que no voten no pueden ser beneficiarios de políticas públicas.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Señor diputado . ha terminado el Orden del Día, de manera que su señoría puede continuar en la próxima sesión.
Tiene la palabra el ministro del Interior, señor José Miguel Insulza.
El señor INSULZA ( ministro del Interior ).-
Señor Presidente , quiero hacer hincapié en un aspecto que ha sido tocado en el informe y que, a mi juicio, resulta central en esta discusión.
La primitiva Constitución Política de 1925 establecía que para ser ciudadano había que tener 21 años de edad, no haber sido condenado por delito que mereciera pena aflictiva y estar inscrito en los registros electorales. Sin embargo, la actual Constitución señala que lo son los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva y -por alguna razón que sería bueno indagar- en ninguna parte señala que hay que estar inscrito en un registro.
En todas las democracias del mundo, del pasado y del presente, la ciudadanía tiene algunos atributos fundamentales, el principal de los cuales es, precisamente, el derecho a votar y a ser elegido; pero el sistema actual de la nuestra le niega, de hecho, a más de 2 millones 500 mil chilenos la condición de ciudadano, al imponerles una obligación que no está consignada en nuestra Carta Fundamental.
Alguien podría decir que hay que formar el registro; pero ocurre que en Chile tenemos un listado de todos los ciudadanos. El Registro Civil lo tiene, y es legítimo, claro, transparente y abierto. En consecuencia, este proyecto es obvio, y no requiere mucha reflexión decir que si existe un listado de todos los ciudadanos, que consigna las edades de todos, para garantizar la ciudadanía basta con sacar de esa nómina a todos los mayores de 18 años. Ese es el proyecto que se está proponiendo.
Ya en los años 1977 y l978, en las discusiones de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, que formara el gobierno militar, se decía que el padrón electoral era innecesario, ya que, técnicamente, se podía reemplazar por uno que consignara los datos de todos los ciudadanos chilenos. Entonces, uno se pregunta por qué, si ello era posible en 1978, no lo es en 2004, en circunstancias de que ese padrón electoral se puede configurar con un simple programa computacional que le permita al Registro Civil tener de inmediato un listado con todos los ciudadanos mayores de dieciocho años.
Aquí se ha hablado mucho de inscripción automática, pero no es eso. Al proyecto se le llamó así, pero en realidad es de no inscripción. Se trata de un registro automático, mediante el cual el Estado, con los recursos tecnológicos disponibles, configura un padrón de todos los ciudadanos, independientemente de que el ciudadano quiera o no ejercer su derecho a voto. Este sistema no es novedad, pues en la mayoría de las democracias europeas existe.
Todos estamos disponibles para examinar cualquier medida que se quiera adoptar con el objeto de asegurar la plena transparencia del padrón, la cual actualmente se da. Es decir, si alguien quiere establecer una comisión electoral, algún mecanismo de supervisión u otro sistema, estamos dispuestos a hacerlo. Pero lo que queremos es alcanzar un objetivo obvio: tener un listado de ciudadanos -lo cual es absolutamente posible- y garantizar a todos los chilenos la posibilidad de votar si así lo desean, sin importar si están o no inscritos, porque gracias a la base de datos que tiene el Registro Civil la inscripción electoral no es necesaria.
¿Por qué se debería imponer a todos los chilenos, en especial a los jóvenes, un requisito para ser ciudadano que no está preceptuado en la Constitución Política? Ésa es la pregunta que debemos hacernos.
Si se desea estudiar en detalle el funcionamiento del sistema, qué comisión se puede crear, de qué manera los partidos pueden tener acceso al padrón y cómo chequearlo y rechequearlo, hagámoslo; por nuestra parte no habrá ninguna oposición en tal sentido; pero el principio básico es que todos los ciudadanos chilenos tengan derecho a voto, y eso es posible facilitarlo hoy día.
Muchas gracias.
-Aplausos.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Ruego a las tribunas guardar silencio para continuar con la sesión.
Informo a la Sala que el debate del proyecto continuará en la sesión que se dará a conocer oportunamente y que los diputados que deseen agregarse en la lista de inscritos para hacer uso de la palabra lo podrán hacer en la próxima sesión.
El señor HALES.-
Señor Presidente, pido la palabra para referirme al primer proyecto.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor MASFERRER .-
¡Desaloje las tribunas, señor Presidente!
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Reitero a las tribunas que deben mantener silencio.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Continúa la sesión.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Hago presente a quienes ocupan las tribunas que no deben continuar con sus manifestaciones. De lo contrario, ordenaré su desalojo.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Continúa la sesión.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor ALVAREZ .-
¡Censuramos a la Mesa!
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Se suspende la sesión por 10 minutos. Si después de ese lapso continúan las manifestaciones, haré desalojar las tribunas.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Continúa la sesión.
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales para plantear una cuestión de Reglamento.
El señor HALES .-
Señor Presidente , para que no haya malentendidos, su señoría dijo que el debate quedaba abierto para la próxima sesión y que era posible inscribirse.
Me pregunto ¿su señoría se refirió a los que estaban inscritos, hay que inscribirse en este instante o será posible inscribirse después?
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Los señores diputados podrán inscribirse en la próxima sesión.
El señor HALES .-
Señor Presidente , por lo tanto, está abierta la inscripción.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Señor diputado, eso está claro; ya lo dije.
Tiene la palabra el diputado señor Forni.
El señor FORNI.-
Señor Presidente , hemos planteado la censura por la falta absoluta de pantalones de su señoría para conducir esta sesión.
Acabamos de salir de un problema a que nos hemos visto expuestos ante la opinión pública, porque no hemos sido capaces de conducir esta Cámara de Diputados. Ahora la Mesa nos somete al griterío de unos jóvenes militantes de los partidos de la Concertación y no ha sido capaz de dar garantía a todos los partidos en esta sesión.
(Manifestaciones en las tribunas).
Le pido que desaloje las tribunas, de acuerdo con lo que señala el Reglamento.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Cito a reunión de Comités.
Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Continúa la sesión.
Informo a la Sala -también a los jóvenes que se encuentran en tribunas, quienes nos merecen un gran respeto, pero también pedimos que nos respeten a nosotros-, que la discusión del proyecto sobre sistema de inscripción electoral continuará la próxima sesión, debido a que ha terminado el Orden del Día.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
-Manifestaciones en las tribunas.
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