REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 352ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 35ª, en miércoles 5 de enero de 2005
(Ordinaria, de 10.40 a 14.28 horas)
Presidencia de los señores Lorenzini Basso, don Pablo, Letelier Norambuena, don Felipe, y Ojeda Uribe, don Sergio.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.


ÍNDICE

I.-ASISTENCIA
II.-APERTURA DE LA SESIÓN
III.-ACTAS
IV.-CUENTA
V.-ORDEN DEL DÍA
VI.-PROYECTOS DE ACUERDO
VII.-INCIDENTES
VIII.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.-OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
 
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia7
II.Apertura de la sesión11
III.Actas11
IV.Cuenta11
-Integraciones de Comisiones Mixtas11
V.Orden del Día. 
-Modificación del Código de Aguas. Tercer trámite constitucional12
VI.Proyectos de acuerdo. 
-Proyecto Astro Chile y suscripción de acuerdo entre los Gobiernos de Chile y de la Federación Rusa. (Votación)37
-Investigación de denuncias en contra de organismos de capacitación visados por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo38
-Modificación del reglamento del Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo con el fin de evitar prácticas irregulares41
VII.Incidentes. 
-Agilización de juicio por desvío de fondos públicos. Oficio44
-Recursos para mantención de paneles fotovoltaicos en la Región de 
Coquimbo. Oficios45
-Remodelación de Feria Modelo de Ovalle. Oficio45
-Condonación de deudas de asignatarios de viviendas básicas. Oficio45
-Respeto a independencia de poderes del Estado46
-Información sobre nuevo sistema de inscripción electoral. Oficio47
-Evaluación del cumplimiento de la rebaja de jornada laboral en trabajadores de empresas contratistas del sector minero y temporeros. Oficio48
-Información sobre investigaciones relativas a efectos en la salud humana de hormonas usadas en la crianza de cerdos y de pollos. Oficios49
-Información sobre proyecto de construcción de casetas sanitarias en Tralcao y Pufudi, de la Décima Región. Oficios49
-Investigación sobre denuncias de proselitismo político en colegio de Valdivia. Oficio50
-Reiteración de oficio sobre antecedentes de quiebra de cooperativa de la 
vivienda de Valdivia50
-Información sobre construcción de ductos de agua lluvias en barrios bajos de Valdivia. Oficio50
Pág.
-Morosidad de deudores de viviendas básicas en la Octava Región. Oficio50
-Información sobre continuidad de planes de empleo y cifras de cesantía en Penco y Tomé. Oficios52
-Antecedentes sobre remate de bien raíz en acceso a playa de Dichato. 
Oficios52
-Felicitaciones a los alcaldes de Viña del Mar y de Valparaíso y a Carabineros de Chile por espectáculo pirotécnico de año nuevo. Nota de condolencia al alcalde de Valparaíso. Oficios53
-Información sobre normas de seguridad relativas a choferes de buses interurbanos. Oficio54
-Comentarios sobre cambio de ministro de Obras Públicas55
-Alcances sobre designación de defensor público de comunas de Viña del Mar, Valparaíso y Concón. Oficios55
VIII.Documentos de la Cuenta. 
1.Oficio de S. E. el Presidente de la República por el cual comunica que ha resuelto incluir en la Convocatoria a la actual 352ª Legislatura Extraordinaria de Sesiones del honorable Congreso Nacional, las mociones ingresadas a tramitación entre el 15 de septiembre de 2004 y el 05 de enero de 200558
2.Oficio de S. E. el Presidente de la República por el cual hace presente la 
urgencia, con calificación de “suma”, para el despacho del proyecto que establece un impuesto específico a la actividad minera. (boletín N° 3772-08)58
-Oficios del honorable Senado por los cuales comunica que ha rechazado algunas de las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados a los siguientes proyectos, por lo que corresponde la formación de la Comisión Mixta para resolver las discrepancias producidas: 
3.Modifica la ley N° 17.288, con el objeto de crear una nueva figura penal y sustituir la unidad en que se expresan las multas. (boletín N° 2726-07)58
4.Modifica el Código Orgánico de Tribunales en lo relativo a la designación de notario alterno o adjunto. (boletín N° 3259-07)59
5.Modifica el Código Civil en lo relativo a la exigencia de presentación de 
antecedentes para dar curso a la demanda de reclamación sobre el particular, y a la valoración de los medios de prueba sobre el particular. (boletín 
N° 3043-07)59
6.Oficio del honorable Senado por el cual comunica que tomó conocimiento del rechazo de la Cámara de Diputados a la enmienda recaída en el número 3, letra b) del artículo único, al proyecto sobre modificación de la ley General de Urbanismo y Construcciones, en materia de contratos de promesa de compraventa de determinados bienes raíces sin recepción definitiva. (boletín N° 3574-14)60
 
Pág.
7.Moción de las diputadas señoras Caraball, doña Eliana; Muñoz, doña Adriana; Saa, doña María Antonieta; Sepúlveda, doña Alejandra; Tohá, doña Carolina; Vidal, doña Ximena, y de los diputados señores Girardi y Leal, que establece procedimiento destinado a facilitar el cobro de las pensiones alimenticias. (boletín N° 3774-18)60
8.Moción de los diputados señores Burgos y Ascencio que incorpora a funcionarios que indica en modificación al artículo 523, del Código Orgánico de Tribunales. (boletín N° 3775-07)62
9.Moción de las diputadas señoras Tohá, doña Carolina; Muñoz, doña Adriana, y de los diputados señores Navarro; Rossi y Saffirio, que establece que son 
accidentes del trabajo los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre un lugar de empleo y otro. (boletín N° 3776-13)63
10.Moción de las diputadas señoras Saa, doña María Antonieta; Mella, doña María Eugenia; Muñoz, doña Adriana, y de los diputados señores Burgos; Bustos; Ceroni; Galilea, don José Antonio; Navarro; Palma y Quintana, que tipifica el delito de tráfico de niños y personas adultas y establece normas para su prevención y mas efectiva persecución criminal. (boletín N° 3778-18)64


IX.Otros documentos de la Cuenta. 

Contraloría General de la República
-Señor Von Mühlenbrock, antecedentes de sumario administrativo contra 
Director Regional de Serviu de la Décima Región. 
Ministerio del Interior
-Señor Jaramillo, reparación de los caminos dañados por los últimos temporales y lluvias en las ciudades de Panguipulli y de Lago Ranco. 
-Señor Jaramillo, medidas ante alta cesantía en Lago Ranco, Panguipulli y La Unión. 
-Señor Robles, evaluación de proyectos sociales en región de Atacama. 
-Señor Kuschel, aumento de pensiones asistenciales en las comunas de la Décima Región. 
-Señor Meza, regularización de fichas CAS vencidas en la comuna de Gorbea. 
-Señor Ramón Pérez, inclusión de comunas de la provincia de Iquique en Programas para el Desarrollo de Zonas Extremas. 
-Señor Ramón Pérez, robo de automóviles en las zonas fronterizas. 
-Señor Valenzuela, reposición de campo deportivo en Peumo. 
-Señor Muñoz, medición sismológica en la provincia de Ultima Esperanza por parte de la Onemi. 
-Señor Masferrer, pavimentación de caminos y la construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas en el sector Santa Inés de la comuna de Las Cabras. 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
-Señor Muñoz, estudios para dotar de fibra óptica a la Región de Magallanes. 
 
Ministerio de Hacienda
-Complementa respuesta a proyecto de acuerdo 469- B, legislación para transparentar aún más la función pública. 
-Señor Ramón Pérez, consideración de la realidad económica de Iquique en proceso de reavalúos de bienes raíces. 
-Señor Ramón Pérez, información sobre pequeños empresarios que adeudan impuestos fiscales. 
Ministerio de Justicia
-Señor Walker, categoría de asiento de corte a tribunales de Coquimbo. 
Ministerio de Defensa
-Señor Espinoza, procedimiento policial que se habría adoptado en la comuna de Frutillar.
-Señor Hernández, estadística de accidentes de tránsito en arteria que indica.
Ministerio de Minería
-Señor Leal, antecedentes sobre causas del fallecimiento de la menor Melisa Carrizo J. 
Ministerio de Vivienda
-Señor Meza, antecedentes sobre Sociedad centro de Capacitación y Desarrollo Cecade Ltda. 
Ministerio de Planificación y Cooperación
-Señor Meza, problema que afecta a comunidad indígena Rayen. 
Ministerio Público
-Señor Robles, investigación por atentado en contra de los bienes de simpatizantes de candidata de la Concertación. (Alto del Carmen).
-Señor García, investigación de denuncia de pedofilia e información sobre medidas adoptadas al respecto por el Servicio Nacional de Menores de la Novena Región.


I. ASISTENCIA

-Asistieron los siguientes señores diputados: (109)
--Accorsi Opazo, Enrique
--Aguiló Melo, Sergio
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Barros Montero, Ramón
--Bauer Jouanne, Eugenio
--Bayo Veloso, Francisco
--Becker Alvear, Germán
--Bertolino Rendic, Mario
--Burgos Varela, Jorge
--Bustos Ramírez, Juan
--Caraball Martínez, Eliana
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Cornejo Vidaurrazaga, Patricio
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Cubillos Sigall, Marcela
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Egaña Respaldiza, Andrés
--Encina Moriamez, Francisco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Escalona Medina, Camilo
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Forni Lobos, Marcelo
--Galilea Carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--González Román, Rosa
--González Torres, Rodrigo
--Guzmán Mena, Pía
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Hernández, Javier
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Ibáñez Soto, Carmen
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jeame Barrueto, Víctor
--Kast Rist, José Antonio
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Leal Labrín, Antonio
--Leay Morán, Cristián
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Letelier Norambuena, Felipe
--Longton Guerrero, Arturo
--Lorenzini Basso, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Martínez Labbé, Rosauro
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Mella Gajardo, María Eugenia
--Molina Sanhueza, Darío
--Monckeberg Díaz, Nicolás
--Montes Cisternas, Carlos
--Mora Longa, Waldo
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Norambuena Farías, Iván
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Palma Flores, Osvaldo
--Paredes Fierro, Iván
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Pérez Lobos, Aníbal
--Pérez Opazo, Ramón
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Prieto Lorca, Pablo
--Quintana Leal, Jaime
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Riveros Marín, Edgardo
--Robles Pantoja, Alberto
--Rojas Molina, Manuel
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Saa Díaz, María Antonieta
--Saffirio Suárez, Eduardo
--Salaberry Soto, Felipe
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Sánchez Grunert, Leopoldo
--Seguel Molina, Rodolfo
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Silva Ortiz, Exequiel
--Tapia Martínez, Boris
--Tarud Daccarett, Jorge
--Tohá Morales, Carolina
--Tuma Zedan, Eugenio
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Urrutia Bonilla, Ignacio
--Valenzuela Van Treek, Esteban
--Varela Herrera, Mario
--Vargas Lyng, Alfonso
--Venegas Rubio, Samuel
--Vidal Lázaro, Ximena
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
--Walker Prieto, Patricio
-Con permiso constitucional no estuvo presente la diputada señora Lauro Soto.
-Concurrieron, también, los senadores señores Juan Antonio Coloma y Hernán Larraín.-
-Asistió, además, el ministro del Trabajo y Previsión Social, señor Ricardo Solari.


II. APERTURA DE LA SESIÓN

-Se abrió la sesión a las 10.40 horas.
El señor LORENZINI (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.


III. ACTAS

El señor LORENZINI (Presidente).- El acta de la sesión 29 se declara aprobada.
El acta de la sesión 30ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.


IV. CUENTA

El señor LORENZINI (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
El señor LORENZINI (Presidente).- Para un asunto de reglamento, tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS.- Señor Presidente, pido a la Mesa que agilice el conocimiento por la Sala de los informes de dos Comisiones investigadoras que han terminado su cometido. La que investigó el tema de la basura tiene listo el informe hace casi un año; la que investigó eventuales irregularidades en la Casa de Moneda, lo tiene listo hace más de un mes y medio.
Una de las críticas que se les hace a las Comisiones investigadoras es la demora de sus informes. Sin embargo, en este caso hay dos conclusiones terminadas y aún no se da cuenta de ellas en la Sala, más allá del pronunciamiento del pleno sobre la respectiva materia.
El señor LORENZINI (Presidente).- Señor diputado, en reunión de Comités, el diputado Carlos Montes hizo un alcance similar sobre el informe de las eventuales irregularidades en la Casa de Moneda, y se acordó darlo a conocer en la sesión del jueves 6. Respecto del informe sobre el tema de la basura, veremos si es posible darlo a conocer en la sesión del jueves 13 del presente.
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, en la sesión de ayer se dio cuenta del inicio de la tramitación de un proyecto que establece un impuesto específico a la actividad minera. 
El proyecto fue enviado a las Comisiones de Minería y Energía y de Hacienda. Sin embargo, pido recabar la unanimidad para que estas comisiones funcionen unidas en este estudio, para evitar la repetición de audiencias y de otras situaciones.
El señor LORENZINI (Presidente).- Señor diputado, en cinco minutos más voy a citar a reunión de Comités para tratar ese tema y otros.


INTEGRACIÓN DE COMISIONES MIXTAS.

El señor LORENZINI (Presidente).- Señores diputados, propongo integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas durante la tramitación del proyecto que modifica la ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales, con el objeto de crear una nueva figura penal y sustituir la unidad en que se expresan sus multas, con los diputados señores Gonzalo Uriarte, Pedro Araya, Guillermo Ceroni, Nicolás Monckeberg y Fernando Meza.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
En segundo término, propongo integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas durante la tramitación del proyecto que modifica el Código Orgánico de Tribunales, en lo relativo a la designación de notario alterno o adjunto, con los diputados señores Víctor Pérez, Pedro Araya, Aníbal Pérez, Nicolás Monckeberg y Juan Bustos.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Finalmente, propongo integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que modifica el Código Civil, en lo relativo a la exigencia de presentación de antecedentes para dar curso a la demanda de reclamación de maternidad o paternidad, con las diputadas señoras María Angélica Cristi y María Antonieta Saa, y los diputados señores Jorge Burgos, Maximiano Errázuriz y Juan Pablo Letelier.
¿Habría acuerdo?
Acordado.


V. ORDEN DEL DÍA


MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE AGUAS. Tercer trámite constitucional.

El señor LORENZINI (Presidente).- Corresponde tratar las modificaciones del Senado al proyecto que modifica el Código de Aguas.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín Nº 876-09, sesión 29ª, en 14 de diciembre de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 29.
El señor LORENZINI (Presidente).- Quiero recordar que ayer los Comités acordaron destinar tres horas para la discusión de las modificaciones del Senado, distribuidas proporcionalmente en la siguiente forma: Comité Unión Demócrata Independiente, 54 minutos; Comité Demócrata Cristiano, 36 minutos; Comité Partido por la Democracia, 31 y medio minutos; Comité Renovación Nacional, 31 y medio minutos, y Comité Socialista y Radical, 27 minutos.
La discusión continuará el próximo miércoles y las solicitudes de votación separada se recibirán hasta las 12 horas del 11 del presente.
En primer lugar, tiene la palabra el diputado señor Eduardo Saffirio.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, la tramitación de este proyecto ha sido extremadamente larga. Comenzó en 1992, cuando se discutió el proyecto original enviado por el entonces Presidente de la República, don Patricio Aylwin, que buscaba básicamente provocar la caducidad de los derechos de aguas no utilizados, y regresa ahora en tercer trámite constitucional, prácticamente doce o trece años después.
Esta iniciativa es de extrema importancia para producir, de una vez por todas, lo que podríamos llamar “la democratización de los derechos de aguas”. ¿Por qué digo esto? Porque la actual legislación, dictada en tiempos de autoritarismo político y de destrucción de las organizaciones sociales, en general, y de campesinos y agricultores, en especial, permitió a una minoría de particulares vinculados a grandes empresas, incluso, muchas de ellas extranjeras, obtener derechos gratuitos sin justificar cantidad y sin obligación de uso. Entonces, en un país en que durante 30 años ha sido la racionalidad económica la que ha ordenado las políticas públicas, a veces, incluso con una lógica economicista, nos encontramos con la siguiente realidad: que a este recurso no se le pone un precio ni una patente, sino que se otorga gratuitamente.
Señor Presidente, el diputado Montes me solicita una interrupción y, por su intermedio, se la concedo.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la interrupción el diputado señor Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, sólo para solicitar que pida el acuerdo de los señores diputados para que pueda ingresar a ella el Subsecretario de Obras Públicas, a fin de que responda nuestras consultas.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para que ingrese a la Sala don Clemente Pérez, Subsecretario de Obras Públicas?
El señor DITTBORN.- No, señor Presidente.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- No hay acuerdo.
Puede continuar con la palabra su señoría.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, entonces, nos encontramos con que, como consecuencia de esa legislación dictada en un momento en que no era posible abrir un debate público sobre la materia ni había transparencia, hoy día se han constituido derechos de aguas no consuntivos por 13 mil metros cúbicos por segundo, de los cuales sólo se utilizan 2.500 metros cúbicos por segundo, o sea, el 19 por ciento. De manera que esa legislación provocó un gigantesco proceso de especulación en torno a un recurso escaso -incluso, se ha dicho que los recursos hídricos podrían ser motivo de conflictos bélicos en el mundo, a tal punto llega su importancia-, debido a que fueron entregados gratuitamente.
Hay algunas personas que son “dueñas” de los recursos hídricos de todo un río, pero no los ocupan. A modo de ejemplo, si se constituyeran los derechos solicitados por la Endesa, esta empresa controlaría más del 80 por ciento del potencial utilizable en todo el país, equivalente a catorce veces los derechos usados actualmente en generación hidroeléctrica.
De manera que la inscripción de derechos de agua con fines especulativos, en razón de que este recurso será cada vez más escaso, necesario y, por tanto, más caro, ha traído como consecuencia que decenas miles de pequeños agricultores y mineros -a eso se referirán parlamentarios que representan a zonas mineras, como el diputado Carlos Vilches- han sido privados de tales derechos.
En la región de La Araucanía, a pesar de que tuvimos una primavera extremadamente lluviosa y con una pluviometría bien repartida, nos encontramos con que hay seis comunas, entre ellas la de Padre Las Casas, perteneciente al distrito por el cual soy diputado, que están en una situación de enorme déficit hídrico para uso humano: bebida, cocina, aseo.
Por otro lado, unas pocas empresas manejan los derechos de agua, de los cuales hace 20 ó 25 años se “adueñaron” mediante un procedimiento que nadie conoció, y que hoy día no usan porque están especulando para venderlos al precio más alto posible.
¿Qué busca este proyecto? Primero, que las aguas estén disponibles para quienes quieran desarrollar proyectos, favoreciendo la competencia y eliminando la especulación y el acaparamiento; segundo, que los derechos de agua se constituyan por los caudales que efectivamente se necesitan; tercero, avanzar en el registro de los derechos de agua existentes; cuarto, avanzar en la protección del medio ambiente asociado a recursos hídricos; quinto, dotar a la autoridad de atribuciones para realizar una mejor gestión respecto de las aguas, y sexto, fortalecer las organizaciones de usuarios.
Quienes tienen derechos de agua y no los ocupen deberán pagar una patente. De esa forma se terminará con la especulación y se liberarán derechos de agua que no se han ocupado durante décadas, lo que permitirá que pequeños agricultores y mineros usen este recurso al que hoy no pueden acceder. En ese sentido, el proyecto es de la máxima importancia.
Por eso, pido a los Comités de los partidos de la Concertación que aprueben las modificaciones del Senado -salvo las relativas al agua potable rural, tema al cual se referirá el Presidente de la Comisión de Obras Públicas, diputado Zarko Luksic-, porque democratizan los derechos de agua, sobre todo en beneficio de los pequeños y medianos agricultores y mineros.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, lamento que estemos debatiendo en forma un tanto precipitada un proyecto que la Cámara despachó hace muchos años y que el Senado tardó mucho tiempo en conocer. Ahora nos encontramos discutiendo sin el tiempo necesario la gran cantidad de modificaciones introducidas en el segundo trámite, y espero que nos demos el tiempo suficiente para analizarlas, porque dicen relación con el recurso natural más vital para la humanidad: el agua.
En general, el proyecto tiene efectos limitados, por cuanto en el pasado se entregó una gran cantidad de derechos de uso de agua. Por ende, la iniciativa tiene un doble objetivo: por un lado, regular de mejor forma la entrega de nuevos derechos de agua y, por otro, frenar la brutal especulación que se hace con este recurso.
La situación planteada por el diputado que me antecedió en el uso de la palabra refleja la dramática realidad existente en la Novena y Décima regiones, donde la especulación por los derechos de uso de agua es brutal. En una zona donde hay muchos recursos hídricos, la mayoría de los cuales corresponden a ríos y terminan perdidos en el mar, evidentemente, no se justifica tal especulación. El proyecto apunta a corregir ese, entre otros problemas.
En general, la iniciativa es un avance importante, puesto que entrega nuevos instrumentos al Estado para que pueda cautelar de mejor forma el uso de un recurso natural de tremenda importancia y que es de todos los chilenos. Sin embargo, existen algunos puntos respecto de los cuales es necesario determinar si deben ir a comisión mixta.
Quiero partir por el último que le planteamos al Ejecutivo en estos días y que dice relación con un tema secundario: la regularización de los derechos de uso de agua potable rural de todos los comités y cooperativas. Se trata de no establecer límites -el artículo 4º transitorio del Senado fija un caudal de hasta dos litros por segundo- para el consumo del recurso. Es necesario reglamentar la tenencia de los derechos de uso de agua, pues hoy garantizan el acceso al recurso hídrico a cerca de dos millones de familias. Por eso, vamos a pedir votación separada para ese artículo, a fin de rechazarlo y permitir que vaya a comisión mixta.
Por otra parte, debo reconocer el aporte del senador Ominami al momento de definir los criterios que se utilizarán para regularizar la captación del recurso por norias o pozos. Se trata de que haya una especie de “ley del mono” que regularice los derechos de uso de agua de muchos pequeños propietarios. Sin embargo, tenemos una aprensión respecto de las fechas límites establecidas. Se dice que podrán acogerse todas las norias o pozos construidos antes de determinada fecha. Nosotros somos partidarios de que sean todos los construidos a la fecha de publicación de la ley, con el límite de captación indicado. Estamos hablando de pequeños consumos. Creemos que es importante precisar los plazos.
Es el segundo aspecto que queremos llevar a comisión mixta. Entendemos que son dos temas menores, que pueden ser de fácil solución y que no retrasarán el despacho del proyecto.
En cuanto a otras materias que son el corazón del proyecto, tenemos dos o tres aprensiones que quiero destacar.
La primera dice relación con el mecanismo del remate, contemplado en el libro segundo, título I y siguientes del Código de Aguas. Es decir, cuando las personas que piden derechos de aprovechamiento entran en un conflicto por no haber agua suficiente y tiene que dirimir el Presidente de la República. Con respecto al mecanismo del remate, lo primero que hay que señalar es que el Senado lo amplió a las aguas subterráneas. Es decir, modificó el artículo 60 del Código de Aguas, y en torno a ese punto tenemos ciertas reservas, por no estar convencidos, en primer término, de que tal mecanismo deba ser ampliado.
En segundo término, respecto del remate, queremos que no se modifique la facultad del Presidente de la República para mediar cuando haya un interés superior de por medio. No puede ser que solamente mande el dinero y que a una central termoeléctrica que requiere recursos acuíferos para enfriar sus turbinas y que compite con una asociación de canalistas que solicita los mismos recursos para pequeños agricultores, le sean asignados los derechos de uso en un remate porque puso más sobre la mesa, perjudicando las posibilidades de desarrollo rural.
En este sentido, el artículo 148 del Código de Aguas faculta al Presidente de la República para dirimir, constituyendo directamente el derecho de aprovechamiento.
Sin embargo, existe un cambio entre lo aprobado por la Cámara y lo establecido por el Senado, porque éste pretende acotar la facultad presidencial en situaciones de interés público. Además de un conflicto por proyectos productivos, por ejemplo, podría haber de otro tipo en el futuro, que no se pueden prever en la actualidad, porque estamos hablando del recurso natural más apreciado por la humanidad, cual es el agua dulce. Por eso, debiéramos centrarnos en el mecanismo del remate.
Por otra parte, los plazos tampoco están claros.
Sería muy bueno que la Oposición autorizara el ingreso a la Sala del subsecretario de Obras Públicas y del director general de Aguas para que pudiesen precisar estas materias. Es importante saber si los remates tienen que realizarse dentro de ciertos plazos, porque, a mi juicio, eso no se establece con claridad. Además, queremos saber qué criterios primarán. ¿Será sólo el monto de dinero? Ahora, en el caso de proyectos productivos ¿se considerará su impacto en empleo y desarrollo territorial? ¿El Presidente de la República tendrá la facultad de defenderlos?
Me interesa que esto quede en la historia de la ley, porque algunos sectores políticos, en particular vinculados a la UDI, en el Senado quisieron eliminar el artículo 148 del Código de Aguas, que faculta al Presidente de la República para constituir directamente el derecho de aprovechamiento en caso de dos o más solicitudes sobre las mismas aguas.
Este tema no es menor, porque, en una situación extrema, una gran empresa podría comprar una cuenca completa, inscribir los derechos, generar obras y no pagar patente por no usar el agua o para no pagarla, tiene que hacer inversiones mínimas. Esto es, estaría dispuesta a especular -hecho que también debe ser motivo de un posterior debate-, sin importarle la generación de conflictos.
En caso de dos solicitudes de derecho de uso de un recurso escaso, el remate puede ser un buen mecanismo de solución, pero, cuando hay de por medio un interés público superior, ¿cómo se resuelve el conflicto?
Por lo tanto, para resguardar el interés público, la facultad del Presidente de la República no debe ser limitada. El Senado la acota en algunos casos. Por eso, esta materia también debiera ir a comisión mixta.
Por otra parte, las asociaciones de canalistas y algunas juntas de vigilancia han manifestado inquietud respecto de las modificaciones al artículo 185 bis, que contempla el árbitro con el carácter de arbitrador para dirimir conflictos en materia de aprovechamiento de aguas, pero no establece una instancia para que resuelva un recurso ulterior, y eso me preocupa. 
Me parece bien que los árbitros arbitradores existan como un mecanismo de resolución de conflictos por recursos hídricos, pero, como lo hemos conversado con el diputado Juan Bustos, sería muy importante que el Ejecutivo dijera si esa norma es suficiente. En principio, nosotros no tenemos esa convicción. Por tanto, somos partidarios de que el artículo 185 bis también se vote en forma separada y se remita a comisión mixta, para asegurar que existan los mecanismos de apelación.
Asimismo, tanto en la Cámara como en el Senado, las patentes fueron aprobadas como un mecanismo para frenar la especulación. Incluso, algunos, en lugar de establecerlas, fuimos partidarios de que caducaran de hecho los derechos entregados si no se utilizan las aguas. El Estado debería tener la facultad de hacerlo cuando han sido adquiridos con fines especulativos, sin tener que recurrir al cobro de una patente, por cuanto así se privilegiaría el interés colectivo. Eso nos gustaría a quienes pensamos que tiene roles muy importantes que cumplir, en particular en estas materias, pero no hubo voluntad política para llegar a ese contexto.
No es la opción óptima, pero entendemos que la patente no se cobrará cuando, por ejemplo, en el caso de riego, se hayan construido obras de captación y conducción de agua. Sin embargo, tenemos dudas de si eso será suficiente para desestimular la especulación. Nos gustaría profundizar sobre este punto, ya que, quizás, sería conveniente precisar la redacción. 
Pido nuevamente, por su intermedio, señor Presidente, que la Oposición permita a que estén presentes en este debate el director general de Aguas y el subsecretario de Obras Públicas, para que respondan nuestras inquietudes.
En general, en la Cámara hay un alto consenso en lo relativo al agua potable rural, a la “ley del mono” para las pequeñas captaciones, a los plazos claros en el mecanismo de remate, al establecimiento de criterios de manera que no sea solamente el dinero el que mande frente a otros parámetros, como el desarrollo rural, la ocupación territorial o fines de empleo. 
Por lo tanto, solicito que recabe nuevamente el acuerdo para que ingresen dichas autoridades, y que la Secretaría tome nota de los cinco artículos sobre los cuales pedí votación separada.
Por último, en materia de agua potable rural tenemos un texto para proponerle al Ejecutivo. Sé que no es algo regular, pero me gustaría que se sometiera al conocimiento de la Sala para que, de antemano, diéramos una señal clara en el sentido que la Cámara de Diputados quiere defender los servicios de agua potable rural y que en virtud de la futura ley se inscribirán de hecho todos los derechos que tienen los comités y cooperativas.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Señor diputado, le recuerdo que no hubo acuerdo para el ingreso del subsecretario y el director general de Aguas a la Sala.
 La Mesa espera el documento a que se refirió. 
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, coincido absolutamente con la última parte de la intervención del diputado Juan Pablo Letelier, sobre el agua potable rural, porque dos litros por segundo son insuficientes para las poblaciones que se construyen día a día. Por lo menos, ese flujo debería aumentarse de 2 a 5 litros.
Como se ha mencionado la participación en el proyecto del senador Ominami, no puedo dejar de rendir un público homenaje de reconocimiento a la labor que realizó en esta materia mi gran amigo, que en paz descanse, señor Octavio Jara, con quien presentamos la primera moción para modificar el Código de Aguas. Es justo hacerlo.
Ese hecho me ocasionó dolores de cabeza, porque la gente de mi partido consideraba que el agua era un derecho de propiedad, lo cual es absolutamente cierto -nadie lo discute-, pero no especulativo. 
Me interesa que se establezca que el agua que no se ocupe quedará a disposición de los agricultores o de los empresarios que realmente la necesiten para regar sus campos o para hacer obras de gran tamaño. Hoy, por ejemplo, el 90 ó 95 por ciento de los derechos de agua de la Novena Región están pedidos por empresas que no ocupan ese recurso, entre las cuales está Endesa. 
Asimismo, en la región se han instalado cuarenta pisciculturas, entre las cuales se encuentra la más grande de Sudamérica, de propiedad de mi gran amigo Gonzalo Vial, ubicada en Melipeuco. Eso me parece muy bien, porque gracias a la disponibilidad y compra de derechos de agua se ha generado mucho trabajado en la zona. Cabe señalar que hay 160 solicitudes de nuevas pisciculturas en la Novena Región. La mayoría de ellas topa en que los derechos de agua están en poder de la gente que se dedicó a pedirlos y quiere especular con su uso. 
Por lo tanto, si no se ocupa el agua dentro de un plazo de ocho o diez años, me parece justo que quede a disposición para distribuirla entre la gente que realmente la necesita. Ese es el fondo del proyecto.
Además, se establece que la persona que no ocupe el agua deberá pagar una patente. Yo la voy a aprobar, porque creo que se trata de algo justo. Me interesa que el agua quede a disposición de la gente que realmente la necesita.
Por ejemplo, en un campo la hectárea vale cien mil pesos, pero al lado, la que tiene agua, cuesta 3 millones de pesos. En consecuencia, lo que realmente le da valor a la tierra es el agua. Por eso es importante este proyecto.
Sin embargo, estoy convencido de que estas enmiendas serán prácticamente letra muerta porque el 90 por ciento de los derechos de agua ya han sido otorgados. La protección sólo surtirá efectos desde la Décima Región al sur, donde serán menos caro, porque el recurso no es tan escaso como en el resto del país.
Por lo tanto, es importante precisar el uso del agua potable rural y de regadío. Si una persona tiene 200 litros de agua, pero sólo ocupa 20 litros -puso riego tecnificado, con lo cual ocupa 0,3 litros de agua por hectárea y no un litro por hectárea-, ¿qué puede hacer con el resto de ella? Tiene dos alternativas: justificarlo con proyectos -una piscicultura por ejemplo-, o bien arrendarlo. Es decir, hacer negocio con él. Lo fundamental es ocupar el agua.
También es interesante saber si una acción corresponde a un litro de agua, porque, a lo mejor, equivale a 0,01 litro, lo que casi no tiene valor. Lo digo porque como con el riego tecnificado se ocupa menos agua, pueden subir las acciones y establecerse que una corresponde a medio litro de agua. De manera que queremos claridad al respecto, porque se trata de un bien preciado y muy escaso. En consecuencia, quienes lo tienen y quieren usarlo deben tener absoluta claridad sobre cuál será el parámetro de uso.
En resumen, estoy absolutamente de acuerdo con el proyecto. Me parece justo. Ojalá que las aguas que hoy están en poder de la gente que no las ocupan queden a disposición de aquellos que realmente las necesitan.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Exequiel Silva.
El señor SILVA.- Señor Presidente, quiero manifestar mi satisfacción por discutir nuevamente este tema en la Cámara de Diputados después de varios años.
Recuerdo que la Cámara de Diputados actuó con mucha seriedad y conformó una Comisión especial, de la cual tuve el honor de formar parte, para estudiar detalladamente este proyecto.
A mi juicio es el mejor proyecto que pudimos lograr. No es el óptimo, porque, como señaló el diputado Juan Pablo Letelier, hubiera preferido tener la posibilidad de caducar los derechos sobre las aguas que por muchos años no han sido utilizadas y que, todos sabemos, fueron solicitados con fines especulativos, con la intención de impedir el acceso a empresas competidoras. Por ejemplo, hay situaciones dramáticas en el sur, como la de la Undécima Región, donde la disponibilidad de agua es muy significativa para su futuro.
Aquí nuevamente el debate se centra -como en el caso del royalty- entre el interés particular y el bien común. En el primer caso, algunos diputados defienden a brazo partido el derecho de propiedad. Otros, como el diputado Saffirio, plantean la posibilidad de que las aguas, un bien siempre escaso, puedan ser utilizadas para todos los fines que se expusieron. Ahí radica el punto central del debate.
Reitero, no es el mejor proyecto, sino la mejor solución intermedia que hemos encontrado entre el bien particular y el bien común, que algunos defendimos en la Comisión Especial de Aguas y, posteriormente, en la Sala.
De alguna manera con el pago de patentes, cuyo valor va aumentando con los años, se obliga a la utilización de estos derechos de aguas en proyectos de bien común, ya sea de riego, hidroeléctricos u otro, o, por el contrario, que se liberen para su buen uso.
Reitero, aquí está el centro del debate y la solución que hemos encontrado es a través del pago de patentes. En adelante, un proyecto de solicitud de derechos de aguas deberá contemplar, en un plazo determinado, sus formas de uso, etcétera, y que el permiso caducará transcurrido ese plazo, porque si ese proyecto no se ejecuta -insisto-, las aguas, ese bien escaso, deberán utilizarse en otro proyecto que, en definitiva, impacte favorablemente a la comunidad del lugar o al país en general.
Este debate es muy importante, porque no sólo dice relación con el agua, sino también con la forma cómo somos capaces de mirar el país, de compatibilizar el resguardo del bien privado con el bien común. Yo siempre estaré por privilegiar el bien común por sobre los intereses particulares o privados, por muy importante que sea el derecho de propiedad en nuestro marco jurídico o legal.
Hemos encontrado una solución que me parece aceptable, ponderada y lógica. Hay algunos puntos en que tiendo a concordar 
-respecto de los cuales no me voy a explayar, puesto que ya los señaló el diputado Juan Pablo Letelier- relacionados con la protección de los derechos del agua potable rural, APR, con el resguardo en el tiempo de las necesidades de agua, con la no reducción o limitación de los derechos de agua y, en particular, con el remate.
Me parece oportuno que la Cámara de Diputados, dado que está abocada a analizar las modificaciones del Senado, acote aquellas materias que estamos dispuestos a llevar a consideración de la Comisión Mixta. Me parece que el diputado Letelier las ha resumido bien y son bastante concordantes con mi parecer.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Víctor Pérez.
El señor PÉREZ (don Víctor).- Señor Presidente, esta es un discusión relevante. Recuerdo a la Sala que la Cámara de Diputados debatió, durante dos o tres años, en una comisión especial, las modificaciones al Código de Aguas, normativa que tiene implicancias económicas y sociales relevantes. El primer trámite concluyó en 1997 ó 1998. Ahora tratamos las modificaciones del Senado, que, en términos generales, mejoran sustancialmente el texto que aprobó la Cámara, por lo que podría decirse que éste es un nuevo proyecto de Código de Aguas.
Por eso, a pesar de reconocer que el tratamiento legislativo es reglamentario, adecuado, considero que hubiera sido adecuado que una de nuestras Comisiones especializadas, como la de Obras Públicas, de Agricultura o una especial, hubiera analizado en detalle las modificaciones e informado a la Sala. Como eso no fue posible, necesariamente deberemos realizar un debate parcial. Puede ser que, por razones especiales, algunos señores diputados o señoras diputadas tenga una visión global de las modificaciones del Senado, pero, en general, no ocurre lo mismo con el resto de los diputados. En consecuencia, estamos autolimitando nuestras facultades en una discusión sobre una materia fundamental.
Las enmiendas al Código de Aguas son de importancia fundamental para el desarrollo económico del país, porque se trata de solucionar -a nuestro juicio- la excesiva pasividad ante el manejo y conservación del recurso agua, que es escaso y finito. Por ello, el principal objetivo de la iniciativa es resolver situaciones abusivas, como la acumulación de derechos de agua en forma desmesurada sin que exista un uso actual o futuro previsible, sino únicamente la posibilidad de lucrar con ellos. Se trata de crear un sistema justo que garantice la utilización racional y la conservación del recurso. Para lograr ese objetivo debemos determinar qué caminos tomar.
El diputado que me antecedió en el uso de la palabra, Exequiel Silva, puso el acento en determinar la preeminencia de los intereses privados o de los públicos, lo cual, sin duda, es una perspectiva adecuada; pero no podemos dejar de observar con atención que, para alcanzar un objetivo, se establezcan procedimientos, mecanismos o instrumentos que otorguen a la autoridad una discrecionalidad superior o más allá de lo razonable. Después de revisar el proyecto, no hay duda -aunque, reconozco, en menor medida de lo que salió de esta Cámara- de que se fortalece excesivamente la autoridad administrativa; pero no a través de normas objetivas y claras, sino de facultades discrecionales que pueden generar incertidumbre respecto de los usuarios y de la necesidad de tomar resoluciones técnicas que preserven el objetivo original del proyecto, cual es evitar la acumulación de derechos de agua absolutamente desmesurada, sin que exista un uso actual o futuro previsible, sólo con el propósito de lucrar.
Es ahí donde debemos centrar el debate, porque el proyecto contiene diversas disposiciones que, debiendo ser resueltas a través de parámetros técnicos y objetivos, han sido entregadas a la Dirección General de Aguas en circunstancias mal definidas, lo que sólo producirán desconcierto en los titulares de derecho de aprovechamiento y en quienes quieran acceder a las aguas, debido a que en muchos casos será la administración la que decidirá cuestiones de carácter fundamental, como la determinación de si se están utilizando o no. Un ejemplo claro de esto es lo que establece el artículo 129 bis 9, que regula las obras de captación.
Un punto relevante es lo que dispone el artículo 147 bis, nuevo, que entrega a la Dirección General de Aguas una verdadera carta blanca, ya que ésta podrá limitar, por su propia voluntad, el caudal de una solicitud de derechos de aprovechamiento de aguas si es que no se ajusta a la tabla que establece óptimos de utilización de este recurso, la que será fijada mediante decreto supremo. Esta facultad, de carácter ilimitado, podría compararse con el hecho de otorgar al director del Servicio de Impuestos Internos la facultad de establecer tributos a través de un simple decreto. Por lo tanto, es fundamental que esta facultad sea reducida o, al menos, establecer que la tabla de óptimo sea determinada por ley y no por decreto. A mi juicio, en esta norma debemos tener especial cuidado.
Estamos de acuerdo con la modificación del Código de Aguas, pero establezcamos parámetros técnicos y no entreguemos a una autoridad administrativa facultades discrecionales e ilimitadas que, a la larga, van causar incertidumbre y dificultades mayores.
Como, lamentablemente, no vamos a poder tener un debate general sobre las modificaciones del Senado y, por consiguiente, deberemos circunscribirnos a aquellas normas referidas a los artículos que nos interesa que vayan a comisión mixta, y como, reglamentariamente, tenemos plazo hasta las 12 horas del próximo martes 11 de enero para pedir votación separada, quiero centrarme en cuatro disposiciones que están en esa situación y que no parece fundamental que sean analizadas en dicha instancia. Creo que existe bastante consenso respecto de ellos.
Solicito de la Mesa tomar debida nota de mi petición formal de votación separada, sin perjuicio de las que podamos hacer presente hasta la fecha indicada.
La primera disposición es la contenida en el artículo 185 bis que crea un arbitro con el carácter de arbitrador. El rol de este árbitro será la resolución de los conflictos que se produzcan en el ejercicio de derechos de aprovechamiento de aguas entre los usuarios y podrá ser nombrados de común acuerdo por las partes en conflicto y, en subsidio, por el juez de letras en lo civil respectivo, pero siempre de entre los nombres que figuren en la nómina que formarán las cortes de apelaciones. Contra sus resoluciones no procederá recurso alguno.
Los comentarios que nos produce este artículo, el cual solicitamos que se vote en forma separada, de modo que sea visto en comisión mixta, son los siguientes:
En la práctica, esta nueva disposición significa un grave deterioro de las facultades que hoy tienen las organizaciones de usuarios respecto de sus propios comuneros. En efecto, el artículo 244 del Código de Aguas actual entrega a las comunidades, que son las asociaciones de canalistas y las juntas de vigilancia, las facultades de árbitro arbitrador respecto de los conflictos entre sus comuneros y entre éstos y la comunidad. Son muchas las situaciones que se pueden producir, pero lo concreto es que por más de cien años las organizaciones las han resuelto considerando siempre como principal el bien de la organización, es decir, el de la mayoría de sus comuneros. Más aún, quienes consideren que las resoluciones del directorio de la comunidad no se ajustan a derecho, pueden reclamar a los tribunales ordinarios de justicia, además de las gestiones administrativas ante la Dirección General de Aguas.
La fórmula propuesta por el proyecto modificatorio entrega una facultad exclusiva a una persona externa a las organizaciones de usuarios y cuya resolución es definitiva.
Además, incorpora un componente de costos, cuales son los honorarios del árbitro arbitrador, cuya actuación es hoy absolutamente gratuita para las comunidades, sean asociaciones de canalistas o juntas de vigilancia, teniendo presente que cualquier conflicto al interior de una comunidad genera la oposición del interés particular al interés general de ésta, representada por su directorio. 
Por lo tanto, creo conveniente votar en contra el artículo 185 bis, de modo que pase a comisión mixta.
Asimismo, pido que el artículo 122 bis se vote separadamente y se rechace, de suerte que también vaya a comisión mixta, pues obliga a las organizaciones de usuarios a remitir anualmente a la Dirección General de Aguas la información actualizada que consta en sus registros, especialmente la referida a las mutaciones en el dominio de los derechos de aprovechamiento de aguas y a la incorporación de nuevos derechos. El no cumplimiento de esta obligación traería como consecuencia la no recepción ni tramitación de solicitudes que la organización efectúe ante la Dirección General de Aguas y la aplicación de una multa a la organización. Creemos que esta obligación y las sanciones que se establecen para el caso de su no cumplimiento generan un poder extraordinariamente fuerte de la autoridad administrativa ante los legítimos representantes de las organizaciones.
Además, el artículo 122 bis no tiene sentido, porque en Chile la propiedad se acredita mediante la inscripción respectiva en el Registro de Aguas de los conservadores de bienes raíces. La información de la organización de usuarios no acredita su propiedad.
Señor Presidente, el diputado señor Juan Pablo Letelier me solicita una interrupción. Con su venia, se la concedo.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Con cargo al tiempo asignado al diputado señor Víctor Pérez, tiene la palabra el diputado Juan Pablo 
Letelier.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, considero -quizás esté equivocado- que el objetivo de la obligación que se impone a la organización de usuarios es asegurar que no haya personas acumulando derechos que no usan, lo que va en directo perjuicio de otros asociados que quieran pedir esos derechos. Entiendo que no tiene nada que ver con el Registro de Propiedad, sino que con cómo controlar el uso del agua, que es el principal objetivo de la norma.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Recupera el uso de la palabra el diputado señor Víctor Pérez.
El señor PÉREZ (don Víctor).- Señor Presidente, el sentido real del artículo 122 bis es claro y preciso. 
Las organizaciones de las comunidades, sean las juntas de vigilancia o las asociaciones de canalistas, deben informar acerca de la propiedad de cada usuario, y no de si usa el agua o no. El artículo señala que deben entregar información sobre las mutaciones y traspasos de propiedad.
Por lo tanto, como dije, no tiene ningún sentido, puesto que el dominio de la propiedad se prueba a través de la inscripción en el Registro de Aguas de los conservadores de bienes de raíces.
La información que entregan las organizaciones de estas comunidades no garantiza ni acredita ningún tipo de propiedad. Más aún, este proyecto obliga a los conservadores y notarios a informar a la Dirección General de Aguas de todas las transferencias y transmisiones de dominio de los derechos de aprovechamiento de aguas. Si es así, ¿para qué se les endosa esa obligación a las organizaciones comunitarias, cuyo no cumplimiento genera sanciones que pueden ser durísimas?
De acogerse este artículo, el día de mañana una junta de vigilancia o una asociación de canalistas no va a poder solicitar nada de la autoridad, por no haber informado lo que los conservadores de bienes raíces y notarios tienen la obligación de entregar a la Dirección General de Aguas.
Por lo tanto, este artículo debe ser votado en contra.
Es importante tener presente que existe una serie de prácticas en el uso de las aguas, como el arrendamiento, las facilitaciones y los turnos, que son esencialmente transitorias. A mi juicio, informar de ellas a la Dirección General de Aguas sólo provocará dificultades.
Por otra parte, el artículo 129 bis, que impone una patente por el no uso de los derechos consuntivos permanentes, a nuestro juicio es el más conflictivo y debe ser votado separadamente. 
La intención de fondo de esta iniciativa es evitar la especulación en la posesión de los derechos de agua y gravar la tenencia de la que no se usa para regar o para la generación eléctrica. Ahí está el problema central. Ya lo analizamos en la Cámara cuando discutimos el Código de Aguas en 1995, 1996 y 1997. ¿Cuál era el problema? La acumulación de los derechos de agua para la generación hidroeléctrica. Por lo tanto, para los derechos de los regantes hay que descartarlo absolutamente. 
Queremos dejar fuera, en forma definitiva, los derechos consuntivos asociados al riego, por cuanto en el hecho en el cobro de contribuciones de bienes raíces se incluye el de los derechos de agua, atendido a que el monto a pagar por el suelo de riego es significativamente mayor que el de secano. Además, los regantes que forman parte de asociaciones, de juntas de vigilancia o de comunidades, deben pagar sus cuotas independientemente de si usan las aguas o no.
Si se quiere insistir en esta materia, debiéramos incorporar la presunción de que se usa el agua si la organización a que pertenecen los usuarios cuenta con una obra de captación con capacidad acorde con los derechos de aprovechamiento de todos sus asociados y no se califica individualmente a cada regante. 
Creemos que eso puede resolver el tema de fondo que plantea esta disposición que, a mi juicio, no está en el espíritu del legislador.
Aún cuando hay otros temas que quisiera abordar, en consideración a que otros diputados de mi bancada desean hacer uso de la palabra, dejaré hasta aquí mi intervención, habiendo dejado constancia de los artículos que queremos que se voten por separado y que deberían ir a comisión mixta.
Este es un proyecto complejo, que ha tenido modificaciones sustantivas en el Senado, y no me parece correcto ni adecuado, para un tratamiento legislativo eficaz, la forma como lo estamos haciendo.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente, el proyecto de ley en debate, que inicia su tramitación en esta Cámara de Diputados el 2 de diciembre de 1992, ha sido latamente estudiado. En su pasó por el Senado ha sido objeto de una serie de modificaciones que lo hacen muy distinto del que aprobó ésta Cámara.
El debate en la cámara alta ha enriquecido su contenido, ha logrado definir un conjunto de nuevas disposiciones que nos hace prever una más eficiente legislación en un tema tan trascendente como el manejo y el uso adecuado del agua, recurso que no sólo en Chile sino es el mundo entero se hace cada vez más escaso y adquiere usos diversos.
No obstante, en mi opinión y en la de mi colega José Miguel Ortiz, existen ciertas disposiciones que pueden generar efectos no deseados y que -estoy cierto que no han estado en el espíritu de los senadores- merecen ser analizadas y corregidas para tener una legislación de aguas eficiente.
El Senado nos propone la figura del árbitro arbitrador para resolver los conflictos entre los usuarios de derechos de aprovechamiento de aguas, el que podrá ser nombrado de común acuerdo y en subsidio, por el juez de letras que corresponda, el que deberá recaer en una persona que figure en una nómina que al efecto formarán las Cortes de Apelaciones. Contra las resoluciones del arbitro no procederá recurso alguno. 
Cabe señalar que históricamente la facultad de árbitro arbitrador ha estado delegada a los directorios de las organizaciones de usuarios: juntas de vigilancia, asociaciones de canalistas y comunidades de aguas. Estas organizaciones han resuelto durante más de 150 años la gran mayoría de estos conflictos. Tanto es así que, históricamente, los conflictos por el uso de aguas que han trascendido a la comunidad nacional son escasos, hecho que habla muy bien del sistema vigente, toda vez que se trata de la administración de un bien, como es el agua, trascendental para la sobrevivencia y el desarrollo de las comunidades.
La creación de la figura de árbitro arbitrador debilitará las organizaciones de usuarios, pues cualquier conflicto entre sus miembros saldrá de su ámbito de acción y será resuelto por un tercero, que lo hará sólo en mérito de los intereses de las partes, sin considerar el impacto que su resolución pueda tener en los demás integrantes de la mencionada organización, y lo que es más grave aún, dicha resolución será definitiva y sin opción de recurso para quienes sean eventualmente afectados. 
Hoy, dichas situaciones se resuelven a través de las juntas de vigilancia en los cauces naturales y por las asociaciones de canalistas y comunidades de agua en los sistemas internos. Si en dichas instancias no se obrara con justicia o apego a derecho, sus resoluciones pueden ser recusadas administrativamente ante la Dirección General de Aguas o legalmente ante los tribunales de justicia.
El artículo 122 bis obliga a las organizaciones de usuarios a remitir anualmente a la Dirección General de Aguas la información relacionada con los usuarios, especialmente la referida a las mutaciones en el dominio de los derechos. El incumplimiento de esta obligación será sancionado con la no recepción de solicitudes de cualquier naturaleza de la organización presentadas ante la Dirección General de Aguas y con la aplicación de eventuales multas. 
¿Cuál es el sentido de esta norma? En nuestro país, la acreditación de propiedad de los derechos de aprovechamiento de aguas sólo corresponde a los conservadores de bienes raíces respectivos. Aun más, la modificación del artículo 122 del Código de Aguas contempla que el mismo proyecto obliga a los conservadores de bienes raíces y a las notarías a informar, mediante carta certificada a la Dirección General de Aguas, las transferencias y las transmisiones del dominio de los derechos de aprovechamiento de aguas.
Entonces, ¿para qué requerir la información a las organizaciones de usuarios, en circunstancias de que, en la práctica, existe una serie de situaciones, como arrendamiento, facilitaciones de aguas, etcétera, que son esencialmente circunstanciales y que responden a decisiones de los propietarios, todo lo cual vendría a hacer más engorroso el sistema?
Por lo tanto, soy partidario de que el proyecto pase a comisión mixta, para zanjar las dificultades que plantea.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Carlos Vilches.
El señor VILCHES.- Señor Presidente, como han dicho varios diputados, el proyecto que modifica el Código de Aguas lleva muchos años en el Congreso Nacional. Su primer trámite se realizó en la Cámara y, posteriormente, pasó al Senado, donde permaneció más de diez años antes de que éste evacuara el informe del que ahora tomamos conocimiento. 
Quiero resaltar esta situación, porque éste es un tema de alta complejidad, muy técnico y que requiere el debido tratamiento para lograr la modernización del Código de Aguas, de manera que sea aplicable en todo el país. Lo digo, porque entre Arica y Punta Arenas existen distintas situaciones, y la iniciativa legal regirá para todo el territorio nacional.
¿Cuál es la diferencia? Que se han otorgado derechos de aguas superficiales y subterráneas, pero el Código da el mismo tratamiento a ambos, a pesar de que presentan distintas complejidades, porque las aguas de los ríos son fáciles de medir para establecer un criterio de asignación, el que puede ser bastante justo para las necesidades existentes, lo que no ocurre en el caso de las aguas subterráneas. Además, existen derechos de agua históricos que en algunos casos se ocupan en porcentajes mínimos. 
La necesidad de modificar y modernizar el Código de Aguas se debe a que esos derechos de agua puedan ser utilizados por otros regantes u otros proyectos. 
Como los colegas recordarán, una materia en la cual hubo discrepancias en el debate anterior dice relación con la mecánica o forma de asignar el recurso. Está el caso de los derechos de agua otorgados a las empresas generadoras hidroeléctricas, las que cuentan con grandes cantidades del recurso y que, por años, no han pagado ningún centavo al Estado chileno, porque los derechos de agua son gratuitos. Esto, que parece una cosa tan obvia, tiene una enorme importancia, porque si comparamos éstos con otros derechos que el Estado asigna, como ocurre con las concesiones mineras, podemos advertir que en el caso de estos últimos se debe pagar una patente. 
Reitero, no se pagan los derechos de agua. No obstante, ocurre un fenómeno bastante habitual: cuando se pide un derecho de agua en zonas donde el recurso es escaso, después de ser asignado, alcanza un enorme valor, porque es requerido por la industria minera, la agricultura o, lisa y llanamente, por las empresas sanitarias que suministran agua potable a la población.
Esto, que parece muy simple, se hace difícil, porque el proyecto contiene artículos que permiten el remate de los derechos de agua cuando hay más de un interesado. Puede ocurrir, entonces, que un derecho asignado para agua potable alcance una cantidad mínima, y algunos proyectos, como los mineros, puedan realizarse sólo en forma transitoria.
Pero aquí se da otra situación. Si los derechos de agua asignados para la población quedan reducidos a un mínimo y se requiere una mayor cantidad de recursos hídricos, la autoridad tendrá la facultad para asignar lo que falta. Sin embargo, eso podría significar un freno para el desarrollo de la respectiva región. Eso ocurre porque a veces son desconocidos los caudales de agua de las napas subterráneas. Se conocen los recursos y los caudales superficiales, sobre todo en la zona norte, pero no existen mecanismos ni recursos para evaluar los caudales a 50, 100, 200 ó 300 metros de profundidad.
Para terminar, señalo que es necesario -y ésta es la propuesta que deseo presentar- que los Comités revisen la situación para que esto se pueda debatir en detalle en las Comisiones unidas de Agricultura y Obras Públicas, antes de votarlo en la Sala, para que participe la mayor cantidad de diputados interesados en el tema y para verificar si los cambios realizados por el Senado son adecuados para la modernización del Código de Aguas o si, por el contrario, van a producir serias dificultades en el futuro.
He dicho. 
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- La Mesa espera que la propuesta planteada por el diputado Vilches se haga llegar por escrito.
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, lamento esta discusión. Si bien ésta es consecuencia de un acuerdo de Comités, me parece que la modificación al Código de Aguas es de mucha relevancia, no sólo para los sectores agrícolas, sino para los sectores urbanos y para todo el país. Es un error discutir con apresuramiento este tema.
Cada una de las intervenciones ha tocado temas bastante importantes, dignos de ser analizados al interior de una Comisión, sea la de Obras Públicas -en la de Agricultura también nos interesa verlo con especial atención- u otra nueva Comisión especial, con tiempos acotados, tal como se hizo en su momento, que nos permitiera revisar en profundidad este importante tema.
Además, lamento la tozudez de la oposición, que no permitió el ingreso a la Sala del subsecretario de Obras Públicas y de sus asesores. Es necesario que los funcionarios del Gobierno que han estudiado este tema nos puedan ilustrar sobre algunos aspectos que nos merecen dudas.
El tema de fondo del proyecto, que ha estado más de diez años en tramitación -se originó en mensaje del entonces Presidente Aylwin-, es cómo liberar el agua que se encuentra capturada por algunos intereses económicos y por algunas personas.
Una de las interrogantes que me gustaría dilucidar con el subsecretario de Obras Públicas es el tema de las patentes. Quiero tener una simulación del costo de esas patentes. Me interesa que el subsecretario de Obras Públicas, que se encuentra en las tribunas, me aclare qué significa esto en términos de dinero. A lo mejor legislaremos de una forma que inducirá a quienes tienen los derechos de agua a seguir pagando la patente que corresponda, lo que nos impedirá liberar los recursos hídricos que se necesitan. 
Entonces, pido que se entregue esta simulación a la comisión mixta, en donde se producirá la discusión en profundidad, porque los nuevos diputados no hemos podido interiorizarnos como quisiéramos de todas las modificaciones, para saber, por ejemplo, cuánto costará la patente que pagará Endesa. A lo mejor, para ella es más conveniente pagar la patente y no liberar estos recursos hídricos.
Además, me interesa la regularización asimilada a la llamada “ley del mono”. Preferiría que en este caso se recurriera a otro nombre, porque aquél se refiere a la normativa que permite la regularización de la construcción de viviendas. En 1998, Chile sufrió una sequía muy grande, específicamente en la Sexta Región. El distrito Nº 35 se buscaron muchas soluciones alternativas, como la construcción de más de 1.500 norias para disponer de agua para los animales. En el distrito que representa quien preside esta sesión también se implementaron muchas iniciativas de ese estilo. Sin embargo, esas norias son relativamente productivas en la actualidad, y no sociales, como afirman algunos. Lamentablemente no han podido regularizar sus derechos de agua. Por eso, creo que no deberían establecerse restricciones en cuanto a su regularización, porque lo que hoy necesitamos es ampliar este sistema y no restringirlo, como lo propone el proyecto. 
Por otra parte, cuando existe una discrepancia, no creo que deba ser el Presidente de la República quién tenga la facultad exclusiva para dirimir la situación. Pienso que el procedimiento debe ser mucho más expedito, y que el Ministerio del ramo o la Dirección General de Aguas deben estar facultados para solucionar estos problemas. El Presidente de la República puede delegar esta facultad para que en las regiones se dirima la situación cuando así se amerite.
El tema del agua potable rural es de máxima importancia. Se han hecho grandes esfuerzos por la Cámara de Diputados y por la Subsecretaría de Obras Públicas para regularizar todo lo que tiene que ver con la propiedad del recurso y con el fortalecimiento de los comités de agua potable rural. Lo que estamos haciendo es incorporar una restricción en una materia que nos ha tomado diez años modificar.
Creo que lo relativo a la disponibilidad de litros por segundo debería quedar mucho más abierta y, a la vez, concordarlo con lo que está ocurriendo con el APR -Agua Potable Rural- no sólo en términos de su propia estructura, sino de lo que estamos haciendo en vivienda. El aumento de la construcción de viviendas en nuestro país es realmente impresionante. Sin embargo, uno puede ver que hay comités de viviendas que tienen el subsidio aprobado, pero que no pueden construir sus viviendas, porque no existe la factibilidad de contar con agua potable. Hay una incoherencia que los usuarios no pueden entender cuando les decimos que es el Gobierno el que entrega el subsidio, pero no tenemos la capacidad de ampliar el agua potable rural, ya sea por el financiamiento de la ampliación o porque no están regularizados los derechos de agua. Creo que debemos analizar este punto, y ahora es la oportunidad de dejar, al menos, más abierta esta alternativa. Si estudiamos bien lo que tiene que ver con las patentes, podremos ampliar y liberar estos derechos de agua. 
En cuanto al fortalecimiento de las organizaciones de usuarios, creo que en la medida en que facilitemos la conformación de los comités o asociaciones, sobre todo las asociaciones de canalistas, podremos agilizar los procedimientos relacionados con el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios. 
Me alegro de participar en el estudio de esta iniciativa, pero me inquieta la forma como se está llevando a cabo su tramitación. Ésta no es una Cámara revisora. Deberíamos tener la posibilidad de un diálogo más fluido para analizar con mayor detalle lo que está ocurriendo, porque, este Código de Aguas es vital para los distritos que representamos.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ramón Pérez.
El señor PÉREZ (don Ramón).- Señor Presidente, la modificación del Código de Aguas tiene por objeto solucionar la excesiva pasividad frente a la administración y conservación del recurso agua que, como sabemos, es escaso y finito. Por ello, el principal objetivo es modificar normas que permitan regular situaciones abusivas, como la acumulación de derechos de agua en forma desmesurada sin que exista un uso actual o futuro previsible, sino únicamente la posibilidad de lucrar con ellos. Lo que se quiere es crear un sistema justo que garantice la utilización racional y la conservación del recurso agua.
En el norte, como es sabido, se sufre permanentemente por la escasez de agua, pues su obtención es muy difícil, y se debe emplear un sistema de pozos profundos para sacarla de las napas subterráneas. Por lo mismo, el residente de Iquique y de casi todo el norte paga el agua más cara de Chile.
Por diversas razones, últimamente se ha notado que el caudal ha disminuido en forma considerable. Pica reclama, porque su agricultura se ve afectada por esta situación. Algunos especialistas manifiestan que en la Pampa del Tamarugal se está produciendo una sequía por falta del recurso. Lo peligroso es que en algún momento se pueda llegar a un racionamiento de agua para el consumo humano, como ya lo sufrió la ciudad de Iquique en décadas pasadas. A ello debemos sumar la gran cantidad de nuevos pobladores que han llegado a la Primera Región. Las razones que se aducen para la ocurrencia de esta problemática es, lógicamente, la falta de lluvias, pero cuando llueve en el invierno altiplánico se producen avalanchas que barren con todo en las quebradas donde hay una incipiente agricultura. Además, estas aguas se pierden en el desierto por la falta de tranques que las acumulen.
La opinión mayoritaria es que este problema se ha acentuado por el crecimiento explosivo de la minería. Aducen que su capacidad de captación ha hecho disminuir el caudal de la laguna de Huasco, cercana a Pica. Sorprendí a una empresa haciendo exploraciones y captaciones en la zona turística de los géiseres de Puchuldiza, los que han perdido gran parte de su potencia debido a ello.
Hace poco tiempo, publicaciones de prensa daban cuenta de que la empresa minera Escondida, de Antofagasta, había instalado una planta desalinizadora de agua de mar y que ahora estaba construyendo otra. Creo que por ahí pasa, en parte, la solución del problema: exigir a las empresas mineras el aprovechamiento del agua de mar. El Gobierno debe conversar con dichas empresas, con el fin de agilizar la instalación de estas plantas, sea con fondos propios o con algún incentivo, y así proteger a la ciudadanía y a la incipiente agricultura del norte, medidas que estimo son de suma urgencia de aplicar antes de que nos lamentemos por ser demasiado tarde.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni.
El señor CERONI.- Señor Presidente, no cabe la menor duda de que es muy necesaria esta modificación al Código de Aguas. Lo que estamos haciendo es dar un gran paso para mejorar el acceso al agua tanto a particulares como a pequeños y medianos empresarios que requieren de este vital elemento para producir.
Con el actual sistema se han originado muchos abusos por parte de personas y empresarios que se han apoderado del agua en forma gratuita y simplemente para especular. Nadie puede criticar el acceso a la propiedad del agua, a través de los derechos de aprovechamiento, en la medida en que se use para regar, producir o generar energía eléctrica, pues eso significa un avance importante para el país, riqueza y trabajo. Aquí, lo que tratamos de evitar es que algunos se sigan apoderando del agua en forma gratuita y sólo para especular. La tienen acumulada, no la utilizan y especulan con ella. Eso perjudica al país y priva a muchos pequeños y medianos agricultores y empresarios de acceder al recurso.
Según informaciones dadas por el Gobierno, se han constituido derechos de aprovechamiento no consuntivos -los que se utilizan, por ejemplo, para generar energía eléctrica, y que se devuelven cuando son usados- por 13 mil metros cúbicos por segundo, de los cuales sólo se utilizan 2.500 metros cúbicos por segundo. Es decir, de los derechos otorgados, sólo el 19 por ciento realmente se ha utilizado, probablemente para actividades productivas que benefician al país. El resto está acumulado en algunas manos con fines especulativos. También se han solicitado derechos de aprovechamiento no consuntivos por 50 mil metros cúbicos por segundo, que equivalen a casi cinco veces el caudal de todos los ríos entre Arica y Puerto Montt. Según el informe del Gobierno, una sola petición compromete la totalidad de los recursos existentes en un área de 3 millones de hectáreas. En la Décima Región, sólo el 1 por ciento de los derechos de aprovechamiento consuntivos -que normalmente se utilizan para la agricultura- se encuentra en uso. En el río Biobío, dos personas han solicitado 132 metros cúbicos por segundo, y existen 108 solicitudes de otras personas por 38 metros cúbicos por segundo. El panorama es tremendamente grave y abusivo.
Por lo tanto, las modificaciones al Código de Aguas van en el camino correcto, por cuanto se cobrará una patente por el no uso de las aguas, cuyo derecho de aprovechamiento le fue otorgado a determinadas personas o empresas.
Esta modificación genera algunas dudas, que es bueno aclarar. Lamento profundamente que la Oposición no haya permitido el ingreso a la Sala del subsecretario de Obras Públicas, porque él podría haber aclarado muchas de esas dudas. Ahora tendremos que plantearlas aquí y después aclararlas con el subsecretario fuera de la Sala. ¡Qué absurda la postura de la Oposición! No sé cómo quieren hacer un debate serio si no permiten que ingresen a la Sala el subsecretario y sus asesores.
No me queda claro lo dispuesto en el artículo 129 bis 9. Si no se explica lo suficiente, debería ir a comisión mixta. Se dice que no pagarán patente quienes hayan ejecutado las obras de captación de las aguas. En este caso, no se trata de eximir del pago de la patente a aquellas personas que se comprueba que usan el agua. Eso lo acepto, porque es muy difícil, sobre todo en el ámbito de la agricultura, que conozco muy bien, fiscalizar todas las propiedades para comprobar si sus dueños usan o no el agua. Por ello, se establece que basta con que existan las obras de captación de las aguas para que el titular del derecho de aprovechamiento no deba pagar la patente. De esa manera, podrá hacer con el recurso lo que quiera: utilizarlo en forma personal o, incluso, arrendarlo. Está bien, aceptemos eso. Pero una persona perfectamente puede hacer una obra de captación de agua en un río, y nada más. Por ejemplo, puede construir allí una compuerta, una pequeña entrada del agua o un canal de algunas cuadras. Pero puede ser que la propiedad quede a kilómetros del río, y eso ocurre. Por ello, me parece mucho más claro lo que estableció la Cámara, pues hablaba de que debían existir las obras de captación y de conducción adecuadas de las aguas sobre las que se tenía derecho de aprovechamiento. Si no nos dan las respuestas suficientes, este punto deberemos aclararlo en comisión mixta.
Por otra parte, me preocupa el sistema del remate, pues hace peligrar los derechos que tienen los pequeños y medianos productores de acceder a las aguas. No podemos enfrentar en un remate a una empresa poderosa con un agricultor o un grupo de ellos. Tenemos que partir de la base de que si el país es dueño de las aguas, el Estado puede intervenir para lograr que su distribución sea más justa, lo que en último término resulta un mecanismo muy valioso para abordar la injusta distribución del ingreso, de la que tanto hablamos. Hay formas para lograr que las personas más débiles en recursos accedan a bienes que son de todo el país, en este caso, a las aguas. Si no regulamos mejor el remate, cuando existan dos oponentes, el pequeño agricultor nunca podrá acceder a las aguas. Ese tema también tenemos que aclararlo suficientemente; de lo contrario debe ser resuelto en comisión mixta.
Por otra parte, creo que la Cámara estaba en lo correcto cuando estableció que, frente a derechos de aprovechamiento de aguas, el Presidente podía denegar las solicitudes fundado en la existencia de una razón de interés público. El Senado dispuso que eso era posible sólo por necesidades de uso doméstico. A mi juicio, tenemos que devolver la facultad al Presidente para denegar el acceso a las aguas cuando haya razones de interés público. Ese tema también lo deberíamos discutir en comisión mixta.
Por último, tenemos que mejorar el tema del agua potable rural, garantizar la protección de todos sus derechos y otorgar la cantidad de acciones suficientes para que muchas poblaciones tengan acceso al recurso.
Evidentemente, tenemos que estudiar todo lo que dice relación con las organizaciones relacionadas con el agua que han manifestado su preocupación y ver en qué forma podemos fortalecerlas, pues cumplen un gran papel en la distribución de las aguas.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg.
El señor MONCKEBERG.- Señor Presidente, en términos generales, el proyecto pone fin a un gran abuso relacionado con los derechos no consuntivos. Todos sabemos que el 80 por ciento de ellos está en manos de una sola empresa que no tiene ningún incentivo para explotar, producir o realizar los proyectos por los cuales los constituyó. Este proyecto pone fin a esa situación, que, en definitiva, perjudica todo un proyecto país de crecimiento y de desarrollo de obras hidráulicas.
El artículo 4º transitorio, que es de vital importancia, establece: “La Dirección General de Aguas constituirá derechos de aprovechamiento permanente sobre aguas subterráneas por un caudal de hasta dos litros por segundo sobre captaciones que hayan sido construidas antes del 1 de enero de 2000”. Esto afecta a los comités de agua potable rural. Ellos, a partir de esta propuesta, podrán regularizar, al fin, sus derechos de aguas, que benefician directamente a las familias campesinas. Sin embargo, como está redactada la disposición, alrededor del 50 por ciento de los comités de agua potable quedarán sin posibilidades de regularizar su situación, sea por el año de construcción de la obra de captación o por la capacidad del caudal. Debemos pensar que la capacidad del caudal de 2 litros por segundo beneficiaría a comités de hasta 250 casas, y la mayoría de ellos está compuesto por 500 ó 600 casas, que quedarían excluidas de la posibilidad de regularizar sus derechos de agua.
Por lo tanto, anuncio que en la Comisión Mixta vamos a defender con fuerza la idea de que no se establezcan límites a la posibilidad de que los comités de agua potable rural regularicen sus derechos de aprovechamiento de aguas de acuerdo con el artículo 4º transitorio.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA.- Señor Presidente, el proyecto a cuyo estudio estamos abocados es de especial importancia porque, como señalaron los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra -después de su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados y de permanecer varios años en el Senado-, contiene significativas modificaciones al Código de Aguas que cumplirán un rol fundamental para lograr los objetivos que se persiguen.
Efectivamente, lo más importante es contar con un buen control sobre los cauces de agua dulce, porque uno de los grandes problemas es la escasez de ese recurso hídrico y el aumento de sus requerimientos en los distintos ámbitos.
En una provincia como la que represento, la de Ñuble, contar con derechos de agua para su actividad agroindustrial es fundamental. Esto se hace patente en dos obras de importancia: el canal Laja-Diguillín, en construcción, y el embalse La Punilla.
Las modificaciones al proyecto van en el sentido correcto, porque entregan una instancia ejecutiva para la buena disposición y distribución de los recursos hídricos y fortalecen a las organizaciones relacionadas con la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas.
Por lo tanto, pediremos votación separada de tres o cuatro artículos, ya que, a nuestro juicio, deben ser rechazados a fin de que sean objeto de un estudio más profundo en comisión mixta, especialmente en lo que se refiere a las organizaciones de regantes, su constitución y sus deberes.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Sánchez.
El señor SÁNCHEZ.- Señor Presidente, el proyecto de ley que modifica el Código de Aguas, que estuvo diez años en el Senado, no resulta adecuado despacharlo ahora, no obstante las presiones que ha habido para reactivarlo. 
Se trata de un tema complejo -bien lo señaló el diputado Vilches- que requiere un estudio profundo. Lo peor que podríamos hacer es acelerarnos y aprobar, de la noche a la mañana, una materia que en varias partes a muchos no nos convence.
A lo largo de Chile, la situación en esta materia es distinta, no son aplicables los mismos criterios de asignación. En la zona norte -lo decía el diputado Ramón Pérez- la disponibilidad de recursos y las presiones sobre ellos son absolutamente distintas a lo que sucede en otras regiones. Por ejemplo, la colisión entre la minería, la pequeña agricultura en el altiplano o la zona pre-altiplánica y el uso doméstico revelan situaciones dramáticas. Por otro lado, los proyectos de desalinización del agua de mar apuntan en la dirección correcta. Quizás ahí habría que crear incentivos a la aplicación de esa tecnología para masificarla. 
En el sur la situación es diferente. Incluso se decía que cómo era posible que, por ejemplo, en las Novena, Décima y Undécima Regiones -soy representante de esta última- casi el ciento por ciento de las aguas ya estuvieran solicitadas y sin uso. Sabemos que el 80 por ciento está en manos extranjeras y, quizás, en una sola.
Me pregunto qué dicen al respecto quienes se preocupan mucho de la soberanía, muchas veces enfocándola sólo desde un punto de vista sin darse cuenta de cuánto hemos perdido como país al entregar a intereses extranjeros cuestiones tan vitales para el desarrollo como el agua. El proyecto no recoge esa materia, pero es bueno comentarla.
Por otra parte, la gratuidad de los derechos de aprovechamiento de aguas ha permitido a empresas hidroeléctricas realizar enormes especulaciones. Ello provoca un desincentivo para otras actividades.
¿No sería bueno estudiar en profundidad una suerte de royalty para el uso del agua? Ello se ha planteado en otras áreas. 
El artículo 129 bis 9 exime del pago de patentes por derechos de aprovechamientos de aguas a quienes posean obras de captación y a quienes alguna vez hayan sido objeto de distribución turnal. En la práctica, todos los ríos de Chile entre la Primera y la Novena Región han sido declarados agotados de hecho o de derecho. Por lo tanto, la aclaración se refiere a que en algún momento estuvieron sujetos a una distribución. Entonces, surge la pregunta, ¿para qué se quiere establecer la patente por no uso de derechos consuntivos en una extensa zona del país, si se sabe de antemano que nunca podrá aplicarse? Hay que despejar esas dudas. 
Como lo plantearon la diputada Alejandra Sepúlveda y otros colegas, eso hay que discutirlo profundamente en una comisión mixta. Creo que lo más razonable y responsable sería tener esa predisposición en esta Cámara.
Asimismo, tenemos una serie de dudas respecto de los artículos 122 y 185 bis. Por lo tanto, lo más adecuado sería enviar el proyecto a comisión mixta.
Lamento que, de la noche a la mañana, se hayan dado cuenta de que era importante acelerar el trámite del proyecto, que dormía desde hace tantos años en el Senado, y que no haya pasado a las Comisiones de Agricultura y de Recursos Naturales, de las cuales, a mi juicio, se habría obtenido una importante opinión basada en argumentos técnicos. Todavía es posible revisar esa situación, para que finalmente podamos tener un proyecto mejor que el que hoy estamos discutiendo.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, como es de público conocimiento, el tema de las aguas es básicamente económico. En algunas empresas sanitarias el costo del agua es aproximadamente de un 4 a un 5 por ciento del total de la tarifa y en otras superior al 50 por ciento de la misma.
En nuestra legislación, el derecho de agua es el único derecho de propiedad cuya mantención no implica costo alguno para su titular; es decir, le reporta una gran utilidad. 
Los informes de la Cepal han sido categóricos en señalar que el 25 de noviembre de 1996, es decir, hace ocho años, la Comisión Preventiva Antimopolios recomendó a la Dirección General de Aguas abstenerse de aprobar nuevos derechos no consuntivos, mientras no esté vigente un mecanismo legal como el que estamos discutiendo. En principio, la medida sólo se aplicó a Endesa, pero luego se extendió al resto de las empresas.
Este proyecto, después de casi 12 años de tramitación, sólo me produce dudas respecto de su intencionalidad, no sólo por el tema del remate, ya que si el fisco no inscribe esos derechos, si el Presidente de la República no instruye al ministro de Bienes Nacionales para que los inscriba, cualquier ciudadano puede estampar la renuncia y nuevamente pueden quedar a disposición de quien los quiera solicitar. Es decir, la manga ancha que se deja en este proyecto sólo se equipara con la escasísima información que tenemos sobre cómo va a operar la patente por la no utilización del agua. Si es cierto que Endesa va a pagar un millón de dólares al año por las aguas que no utiliza, verdaderamente estamos frente a un chiste respecto del pago de patente. He solicitado esa información al Ministerio, para saber cuánto dinero recaudará el fisco por concepto de patentes, y si eso significa algo. Les recuerdo que sólo el proyecto Ralco, de Endesa, costó más de 540 millones de dólares. Pero si me dicen que ella sólo va a pagar un millón de dólares anuales en relación con el costo de la patente, estamos frente a un verdadero chiste y a una tomadura de pelo para la Cámara de Diputados.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Zarko Luksic.
El señor LUKSIC.- Señor Presidente, quiero llamar la atención de esta honorable Cámara en cuanto a que este proyecto prácticamente ha estado dormido en el Senado por más de cinco años, y el Ejecutivo quiere que lo tramitemos en un par de semanas. 
Como señaló el diputado Navarro, ésta es una materia tremendamente técnica y de una importancia económica enorme. Hay cifras que ilustran lo que ha significado en la práctica el otorgamiento de los derechos de agua, tanto consuntivos como no consuntivos. Ellos han quedado concentrados en algunas personas o empresas que, aprovechándose de la legislación, tienen la propiedad de éstos, pero no los usan, lo cual genera una injusticia respecto de otras personas que desean desarrollar una actividad económica o productiva, pero no lo pueden hacer porque los derechos de agua los tienen personas que no los explotan.
De acuerdo con el Código Civil, los derechos de agua pertenecen a todos los chilenos y, en esa calidad, el Estado los otorga a terceros, sean éstos personas naturales o jurídicas. Lo lógico es cobrar por el uso de los derechos de agua tal como se cobra por la eventual explotación de la pertenencia minera por parte de un particular o del Estado. Los derechos de agua deberían tener el mismo estatus jurídico.
En esta materia hay enormes intereses en juego, y es bueno que la ciudadanía sepa cuáles son esos intereses. Se habla de empresas hidroeléctricas, de Endesa, del ex senador Errázuriz. Por ello, sería bueno que el Ejecutivo diera a conocer cuáles son esos intereses. Además, sería bueno saber el nombre de los senadores que se opusieron al establecimiento de una patente, similar a la que existe respecto de la pertenencia minera. Sería bueno saber a quien representan y defienden esos senadores y qué intereses son apoderados, porque si hay un tema relacionado con el tráfico de influencias y con el lobby es éste. Por eso, sería bueno que el Ejecutivo dijera que no pudo establecer una patente a un derecho que tiene un valor económico porque tal o cual senador o diputado se opuso.
Además, lo lógico es que cuando no se usa ese derecho se produzca la caducidad del mismo, tal como se ha establecido en materia minera. Es exactamente igual al derecho que pueden tener los particulares respecto de la explotación y producción de una mina. Los chilenos tenemos el derecho de preguntar ¿por qué en esta materia no se aplica el mismo estatus jurídico que se aplica para los derechos mineros si su origen es el mismo? Los recursos mineros y las aguas son del fisco como entidad jurídica y patrimonial.
El Ejecutivo debe entender que éste también es un Poder del Estado, aun cuando hay autoridades que están realizando esfuerzos para darnos órdenes, y ahora hasta califican a un diputado de bueno o de malo. Quiero hacer presente que el único que puede calificar a un diputado si es bueno o malo es el pueblo. La democracia se funda en la soberanía popular, y la separación de los Poderes existe, principalmente, porque el poder radica en el pueblo.
Creo que este proyecto debe ir a comisión mixta, porque hay materias en las que, por lo menos, me gustaría que los senadores dijeran por qué no están de acuerdo con establecer una patente; por qué no están de acuerdo con establecer la caducidad. Por lo menos quiero escucharlos defender esa posición.
Considero que también debe establecerse un tratamiento especial para aquellos usuarios de agua potable rural. Debe protegerse a esas personas para que puedan seguir explotando ese recurso; debe dárseles una suerte de preferencia. Éste no es un derecho como cualquier otro. Reitero: las aguas son de todos los chilenos y, por lo tanto, debe darse preferencia a su uso para fines cotidianos, hogareños.
En segundo lugar, se podría considerar una preferencia para la agricultura o para la generación de electricidad. No lo sé, pero me parece que debe haber una opción preferente para aquellos que ocupan el agua para sobrevivir, en especial cuando se trata de agua potable rural. Encuentro muy exiguo que la Dirección General de Aguas sólo pueda comprometer o garantizar dos litros por segundo para constituir derechos de aprovechamiento permanentes en favor de los sistemas de agua potable rural.
Hay otras materias, que fueron mencionadas por los diputados Juan Pablo Letelier y Guillermo Ceroni, que me imagino también serán tema de debate en la comisión mixta.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, veo con mucho agrado este proyecto, porque si hay un recurso que es escaso y que en el futuro va a ser causa de los más graves conflictos, no sólo en nuestro país sino en muchos otros, como los del Medio Oriente, es precisamente el agua.
Hace algunos años, cuando era presidente don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, un señor solicitó derechos de aprovechamiento de agua en San José de Maipo. Pretendía construir un gigantesco tranque. Me dirigí al Ministerio de Obras Públicas, específicamente a la Dirección General de Aguas, donde me dijeron que este caballero había presentado dieciocho solicitudes de derechos de aprovechamiento de agua. De acuerdo con el Código de Aguas, si una solicitud está bien hecha, había agua disponible y no hay oposición, se debe otorgar el derecho de aprovechamiento de agua. Por eso, hay personas que cuentan con este derecho aun cuando no lo aprovechan las aguas. Lo mantienen en su poder simplemente para lucrarse.
Cuando hay oposición, de acuerdo con lo que dispone el mismo Código, se puede proceder al remate. Por esta razón, según me explicaron en la Dirección General de Aguas, en ocasiones ellos se han opuesto a diversas solicitudes, de manera de evitar que se asignen derechos a quienes no van a hacer uso de ellos. Pero también señalaron que si hay un remate, esa Dirección no cuenta con los recursos suficientes para competir con privados.
El artículo 148 del Código de Aguas establece que el Presidente de la República podrá, con informe de la Dirección General de Aguas y por circunstancias excepcionales y de interés general, constituir directamente el derecho de aprovechamiento. Es decir, saltarse el remate. Cuando fui a hablar con el entonces Presidente Frei Ruiz-Tagle le propuse que se estableciera un sistema en virtud del cual las personas que tuvieran derechos de aprovechamiento de agua y no los utilizaran, empezaran a pagar un impuesto progresivo, de modo que en determinado momento optaran por entregarlos o aprovecharlos. Entonces, me respondió que lo iba a estudiar y que me iba a avisar. 
Al día siguiente, me llamó don Mario Papi y me pidió, por encargo del Presidente, que redactara el texto de la reforma. Le dije que no era experto en la materia, y que si había recurrido al Presidente de la República era para que el Gobierno, a través de sus equipos técnicos, viera la forma de resolver el problema. 
Llamé a un asesor, don Luis Simón Figueroa, para que me ayudara, y casi me crucificó. Me dijo que cómo se me ocurría ponerle patente a las aguas; que cómo pretendía que quienes tienen derechos de aprovechamiento de agua pagaran una patente si no las aprovechaban, y que estaba atentando contra el derecho de propiedad. Sin embargo, creo que esta fórmula soluciona el problema de que haya personas que tienen derechos de agua y que no los aprovechan. 
Por eso, veo este proyecto con especial interés, lo comparto en lo sustancial y lo voy a votar favorablemente. 
He dicho. 
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Tiene la palabra, hasta por seis minutos, el diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL.- Señor Presidente, recientemente la empresa minera La Escondida compró a la compañía minera Zaldívar, en 100 millones de dólares, aguas que ésta no utilizaba y por las cuales nunca ha pagado. Se trata de un recurso natural escaso y que no paga royalty; es decir, no se paga absolutamente nada por su usufructo. 
En el marco de las observaciones formuladas respecto de este proyecto de ley hay un importante paso adelante, porque debo decirle al diputado señor Tuma que lo que establece es el cobro de patente, a partir de ahora y con efecto retroactivo, por aguas entregadas y no utilizadas.
Sin embargo, comparto el criterio del diputado Zarko Luksic, en cuanto a que el proyecto debería establecer no sólo el pago de una patente por las aguas no utilizadas, sino que, además, la caducidad del derecho otorgado cuando las aguas no han sido utilizadas durante determinado período. Además, debería ser una patente más permanente, similar a la que se aplica a los derechos de explotación minera, independientemente de que éstos se lleven a cabo. 
Es cierto que el proyecto establece una patente que se duplicará el año 2006 y que se volverá a duplicar el año 2011 y que eso puede significar un mecanismo de estímulo para que quien haya acumulado grandes cantidades de agua las ponga a disposición de los sectores que la necesiten, pero lo que debemos entender es que el vacío legal existente ha permitido entregar estos derechos sin ningún mecanismo de control, que detrás de este afán especulativo se han constituido grandes monopolios en los sectores eléctrico y minero y que a través del mecanismo de preservación de los derechos de agua se impiden nuevos ingresos al sector. Son innumerables las peticiones para participar en el sector hidroeléctrico, pero el hecho de que determinadas empresas hayan acumulado los derechos de agua cierra la posibilidad de que nuevos sectores ingresen al mercado eléctrico, en particular al hidroeléctrico. Desde este punto de vista, este proyecto de ley es un estímulo, pero limitado respecto de las necesidades del país. 
También es positivo que se establezca la necesidad de presentar una memoria, que justifique el caudal que se solicita, cosa que hoy no ocurre y que, por tanto, restringe la solicitud al estudio del caudal requerido por parte de la Dirección General de Aguas. También es importante que el Presidente de la República tenga facultades para reservar caudales que contribuyan al desarrollo de las regiones, sobre todo del sector eléctrico, así como también los derechos relacionados con el agua potable. 
Al respecto, debo señalar que esto reviste gran importancia para las regiones mineras. Por ejemplo, en Domeyco -lo dijo el Presidente Lagos hace un tiempo- los derechos de agua estaban a pesar de no existir agua potable en la zona. En el caso de Chañaral ocurre lo mismo, pues, no obstante no haber el agua potable en la cantidad que requieren los usuarios, las grandes mineras tienen acumulados derechos que fácilmente podrían suplir el déficit.
Por lo tanto, estos dos aspectos que están incorporadas en el proyecto son importantes; pero insisto en que se requiere un mayor debate, porque no es posible que después de tantos años que la iniciativa ha estado en el Senado, que le ha introducido una serie de modificaciones, se pretenda que la Cámara la despache en 24 horas. Esta materia requiere un análisis mucho más a fondo en comisiones y en la Sala; debemos darnos más tiempo, porque será muy difícil que volvamos a legislar en el corto tiempo respecto de un instrumento tan importante como son los derechos de aprovechamiento de agua y lo que deben pagar al fisco quienes los utilicen.
Hoy comenzamos la discusión de la aplicación de un royalty a la gran minería. Es importante destacar que en este caso no se paga ningún tipo de royalty ni de patente por mantener estas concesiones de agua que se piden a destajo, más allá de las necesidades, y que se acumulan y se mantienen como un mecanismo para generar prácticas monopólicas, ya sea en el sector minero y eléctrico, como en el propio sector de las aguas. 
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Rosauro Martínez.
El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, resulta evidente que el crecimiento económico y el desarrollo social del país está provocando un impacto en las diferentes estructuras. Sobre la base de tal razonamiento nadie podría restar importancia al hecho de que es necesario ir modernizando nuestra legislación, con el objeto de responder a los requerimientos del Chile de hoy y, con mayor razón, de que se proyecte en el tiempo de manera que se garantice su existencia.
En ese orden de ideas y pensando en el bien del país, debo decir muy francamente que las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto que aprobamos en primer trámite hace ya muchos años no son muy felices -por decirlo de alguna manera-, toda vez que no fortalecen la legislación existente sino que, por el contrario, la debilitan.
En primer lugar, si bien el remate como mecanismo de asignación para las solicitudes pendientes, contemplado en el artículo 142 del proyecto, podría considerarse un avance por cuanto permite agilizar el procedimiento administrativo, su redacción resulta trunca al no establecer un plazo para que la Dirección General de Aguas las asigne, toda vez que uno de los grandes problemas radica en que ese organismo estatal, en la práctica, ha retrasado por más de 10 años el otorgamiento de los derechos de agua. 
El punto es que al no establecerse un plazo para las asignaciones, el objetivo que se persigue será en la práctica letra muerta. Por otra parte, el hecho de ampliar a seis meses el plazo para los oferentes participantes en el remate puede traer como consecuencia que cualquier persona o empresa podría apoderarse paulatinamente de las aguas y aumentar la especulación, debido a que en ese lapso tendrán el tiempo suficiente para analizar sus posibilidades de inversión futura, situación muy diferente a los intereses de quienes tienen necesidades inmediatas.
El pago de una patente por el no uso del recurso tampoco es un buen mecanismo para incentivar su uso eficiente, pues no asegura que los derechos de agua se asignen, finalmente, a quienes más los valoran. Así no se logra el objetivo, cual es evitar el acaparamiento y especulación del recurso. Por ejemplo, la patente por el no uso de los derechos consuntivos entre la Primera y Octava regiones resulta extemporánea, por cuanto en la realidad la Dirección General de Aguas no otorga nuevos derechos consuntivos, en razón de que los ríos ya se encuentran agotados. De modo que carece de toda lógica la aplicación de patentes en esas regiones, salvo que se tengan en mente otras materias que no hemos conocido en la Cámara, como es el caso de las cuencas.
Respecto de las aguas subterráneas, me preocupa lo que dispone el artículo 63, que otorga la posibilidad a la Dirección General de Aguas, DGA, para que declare de oficio como área de restricción un determinado acuífero. Esta nueva facultad que se le otorga a la DGA perfectamente puede ser utilizada en forma discrecional y, con ello, encarecer el recurso en forma artificial, lo que mucho me temo que podría afectar, incluso, al agua potable. Es oportuno precisar que no está claramente establecido cuándo un acuífero está saturado.
Por su parte, el artículo 134 faculta a la Dirección General de Aguas, una vez declarada la zona de escasez, para autorizar extracciones de aguas superficiales o subterráneas desde cualquier punto del cauce o del acuífero. Pues bien, tal facultad puede transformarse en una herramienta discrecional y discriminatoria, toda vez que el artículo 185 considera la creación de un registro de árbitros arbitradores que diriman los conflictos que se produzcan en el ejercicio de los derechos de aguas, en los términos en que está establecido. Específicamente, respecto de las resoluciones y de la nula posibilidad de recursos se está produciendo un peligroso debilitamiento de las atribuciones y de la autoridad de las organizaciones de usuarios, debido a que, según el texto vigente, sólo estas últimas tienen tal función.
El artículo 122 bis del proyecto obliga a la DGA a informar a las organizaciones de usuarios dos veces al año sobre los cambios de la propiedad de los derechos de agua de sus usuarios, de acuerdo con las inscripciones que se efectúen en el Registro de Aguas del Conservador de Bienes Raíces.
Si analizamos el citado artículo 185 a la luz de lo establecido en el artículo 122 bis del proyecto, que obliga a los usuarios a remitir a la DGA la información actualizada, podemos concluir que estamos en presencia de una gravísima discriminación, toda vez que el incumplimiento de dicha obligación sólo es sancionable respecto de los usuarios. Pero, ¿qué ocurre con la Dirección General de Aguas? Nada, aunque la experiencia nos demuestra que ésta no ha sido muy diligente en su proceder durante, por lo menos, los últimos diez años.
El principal punto de divergencia radica en la facultad que se le otorga a la DGA para limitar el derecho de aprovechamiento solicitado o para concederlo en condiciones diferentes, si no existe acuerdo entre la cantidad de agua solicitada, lo cual deberá dejarse explícito en la memoria explicativa al momento de solicitar los derechos de agua y el uso que se les dará.
Esta atribución puede transformarse en permanente, en desmedro del mecanismo de remate contemplado en el artículo 142 que, al ser discrecional, no impide el acaparamiento que era, precisamente, uno de los propósitos centrales de la iniciativa.
En síntesis, analizados los alcances de las modificaciones del Senado, se puede afirmar de modo fehaciente que ellas atentan contra el derecho de propiedad, desmotivan la participación de los dirigentes, al coartarles su libertad con exigencias, controles, sanciones pecuniarias y, lo más grave, al despojarlos de su autoridad.
Convencido de la importancia que tiene el hecho de ir adecuando nuestra legislación a los tiempos, pero consciente de los alcances y de las consecuencias de las normas a las que me he referido, anuncio que voy a votar en contra de las modificaciones del Senado.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia.
El señor URRUTIA.- Señor Presidente, no me cabe duda alguna de que el Senado hizo un gran esfuerzo, en particular la senadora Evelyn Matthei, por perfeccionar este proyecto de ley.
Sin embargo, considero que cambió casi por completo el texto aprobado por la Cámara. Me habría gustado tener más tiempo para estudiarlo bien, sobre todo con la Asociación de Canalistas. Pero ya que no es posible y en el entendido de que lo que se pretende es rechazar algunos artículos para que vayan a comisión mixta, espero que sean numerosas las modificaciones que se rechacen, porque con las modificaciones se presentan varias dudas, en especial en relación con el pago de una patente, que me preocupa sobremanera.
Durante años la gente ha inscrito derechos de aguas. En ocasiones ha registrado los de ríos completos con la única finalidad de especular al venderlos más caros. Si jamás en su vida los ha ocupado, me parece razonable que pague una patente lo más alta posible, a fin de evitar que ese tipo de maniobras se repitan.
Sin embargo, me preocupa su aplicación en la agricultura. Por ejemplo, si un agricultor decide no usar su agua durante un año, ¿por qué tendría que pagar patente? No me parece lógico. 
Me gustaría que se analizara bien esa parte del proyecto, aunque tengo entendido que ya se pidió votarla separadamente, con el propósito de que pase a comisión mixta.
Otro problema se refiere a las asociaciones de canalistas. En general, éstas han funcionado muy bien, de modo que, a mi juicio, deberían mantener las mismas atribuciones que han tenido hasta la fecha. No me parece razonable que sean traspasadas a la Dirección General de Aguas, por cuanto ello implicaría quitarles participación en el manejo de las aguas.
En resumen, quiero que pase el máximo de artículos posible a la comisión mixta 
-varios fueron mencionados por el diputado Víctor Pérez y otros parlamentarios- para que allí se estudie el proyecto en profundidad. No quiero que después nos encontremos con sorpresas y no tengamos oportunidad de corregirlas.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Uriarte.
El señor URIARTE.- Señor Presidente, no es mucho lo que queda por agregar con respecto al poco tiempo de que dispone la Sala para discutir las modificaciones.
En 1992 ingresó el proyecto a la Cámara para su tramitación. Se creó una comisión especial de estudio del régimen jurídico de las aguas, a fin de que se abocara a su análisis. En 1993, el Presidente de la República envió una primera indicación sustitutiva; en 1996, otra, de la misma naturaleza, pero esta vez no sólo estaba firmada por el Presidente de aquel entonces, sino que, además, por el actual Primer Mandatario, en esa época Ministro de Obras Públicas; y, en 1997, una tercera indicación sustitutiva. 
Ese mismo año se despachó el proyecto al Senado; o sea, la Cámara dejó de conocerlo en 1997, pero, a partir de entonces, ha renovado dos veces sus integrantes. No es posible, entonces, que no podamos conocer con la detención que requieren las modificaciones del Senado que llegaron con informes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, de 112 páginas; de la Comisión de Hacienda, de más de 100 páginas, y de la Comisión de Obras Públicas, también de 100 páginas. Incluso, en octubre de 1997, el Tribunal Constitucional dicta una sentencia sobre la materia, a requerimiento de un grupo de senadores. 
Sin embargo, tenemos que pronunciarnos al respecto ahora. Como gran cosa, se nos da un plazo muy breve -de aquí a la próxima semana- para hacer nuestras objeciones. Me parece que ésta es una mala práctica. No es bueno que la Sala desperdicie la oportunidad de discutir proyectos tan de fondo como éste. 
Lamentablemente, no es primera vez. La ley de matrimonio civil, por ejemplo, la discutimos en tercer trámite en la misma forma. También la primera ley de defensa de los consumidores y las normas adecuatorias de la reforma procesal penal. Son buenos ejemplos que justifican la impresión de pocos prolijos en nuestro trabajo. 
Protesto formalmente, como lo han hecho los diputados Víctor Pérez e Ignacio Urrutia, por la forma en que se está legislando.
Por último, quiero expresar mi mayor interés de que, al menos, los artículos 65, 122 bis, 129 bis, 147 bis y 185 bis pasen a comisión mixta.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Ha terminado el Orden del Día.


VI. PROYECTOS DE ACUERDO


PROYECTO ASTRO CHILE Y SUSCRIPCIÓN DE ACUERDO ENTRE LOS GOBIERNOS DE CHILE Y DE LA FEDERACIÓN RUSA. (Votación).

El señor LORENZINI (Presidente).- En votación, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 510.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor LORENZINI (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi, Alvarado, Allende (doña Isabel), Araya, Bauer, Becker, Bustos, 
Cardemil, Cornejo, Dittborn, Escalona, Espinoza, García-Huidobro, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Lorenzini, Masferrer, Montes, Mora, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Ojeda, Palma, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don 
Aníbal), Pérez (doña Lily), Rossi, Saa (doña María Antonieta), Sepúlveda (doña Alejandra), Tarud, Tohá (doña Carolina), Uriarte, Valenzuela,Venegas, Vidal (doña Ximena), Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Melero y Molina.
El señor LORENZINI (Presidente).- Saludamos y damos la bienvenida al diputado señor Enrique Jaramillo, quien hace pocos días se sometió a una intervención quirúrgica de sus caderas.
(Aplausos).
Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente, me sumo al saludo al colega Enrique Jaramillo.
Además, quiero destacar que nuestra Sala no cuenta con acceso universal y, en este caso, el diputado Jaramillo no ha podido acceder a su escritorio.
Sería importante que la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, y la Presidencia, asumieran la tarea de facilitar el acceso a este hemiciclo a todos los parlamentarios que estén discapacitados.
He dicho.
-Aplausos.
El señor LORENZINI (Presidente).- Me parece muy atendible la observación y tomaremos nota de ella. Veremos cómo facilitamos el acceso -a lo mejor habilitamos un lugar no en el mismo sector de su bancada- a nuestros diputados y diputadas, y quizás a algún ministro o autoridad que tuviera problemas para desplazarse.


INVESTIGACIÓN DE DENUNCIAS EN CONTRA DE ORGANISMOS DE CAPACITACIÓN VISADOS POR EL SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO.-

El señor LORENZINI (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 514, de los señores Pérez, don Ramón; Rojas, Bertolino, Norambuena; de la señora González, doña Rosa, y de los señores Tuma y Vilches:
“Considerando:
Que la ley Nº 19.518 tiene como propósito fundamental promover la capacitación de la fuerza laboral, especialmente de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y de los sectores más modestos de la población.
Que, actualmente, la consecución de este objetivo se encuentra entorpecida por la concurrencia de diversas irregularidades detectadas a lo largo del país, que se deben, en gran medida, a la falta de fiscalización de su cumplimiento por los organismos técnicos de capacitación (Otec) y por los organismos intermedios de capacitación (Otic), visados por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).
Que, por una parte, diversos organismos técnicos de capacitación (Otec) y otros intermedios de capacitación (Otic), acreditados y visados por el Sence e instalados en ciudades como Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Tocopilla, Copiapó, La Serena, Coquimbo, Santiago y Temuco, en algunos casos, según consta en las denuncias efectuadas a los Tribunales de Justicia, han falsificado instrumentos públicos, engañando a los estudiantes y a sus familias, tras lo cual han desaparecido de las ciudades en donde se ubicaban, dejando en el desamparo a los estudiantes que habían pagado su matrícula y firmado letras para el pago de las mensualidades que debían ser cobradas por los bancos.
Que, además, algunas Otic han inscrito a futuros beneficiarios para que realicen cursos de capacitación sin señalarles expresamente los requisitos que debían cumplir para acceder a los beneficios del Sence, como son los de estar al día en los pagos previsionales, si se es independiente, y declarante de renta presunta, en el caso de los taxistas, provocando con ello la imposibilidad de pagar a los bancos los costos de los cursos avalados por estas entidades. Esto ha ocasionado que, al no cumplirse con lo exigido en la ley Nº 19.518, sobre el Estatuto de Capacitación y Empleo, y al no tratarse de beneficiarios de la franquicia del Sence, el Servicio de Impuestos Internos no haya aprobado la deducción del curso como crédito contra el impuesto de primera categoría.
La Cámara de Diputados acuerda:
Mandatar a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Corporación para que, en el plazo de noventa días, efectúe una investigación acerca de las denuncias referentes a las irregularidades cometidas por organismos de capacitación visados por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), llámense Otec u Otic, y que han afectado a diversas personas naturales y jurídicas a lo largo del país, situación que les ha impedido acceder a los beneficios establecidos en la ley Nº 19. 518, sobre la franquicia tributaria del Sence.
En el mismo tenor, que aclare las eventuales responsabilidades que sobre la materia recaigan en el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.”
El señor OJEDA (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Ramón Pérez.
El señor PÉREZ (don Ramón).- Señor Presidente, el considerando del proyecto de acuerdo en discusión señala que el propósito fundamental de la ley Nº 19.518 es promover la capacitación de la fuerza laboral, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, y de los sectores más modestos de la población.
La consecución de este objetivo se encuentra actualmente entorpecida por la ocurrencia de diversas irregularidades detectadas a lo largo del país, que se deben, en gran medida, a la falta de fiscalización y al incumplimiento de sus objetivos por algunos organismos técnicos de capacitación, Otec, y organismos intermedios de capacitación, Otic, visados por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence.
Según consta de las denuncias efectuadas en los tribunales de justicia, diversos Otec y Otic han falsificado instrumentos públicos, engañando a trabajadores y pequeños empresarios, tras lo cual han desaparecido de las ciudades donde se ubicaban, dejando en el desamparo a estudiantes que pagaron su matrícula y firmaron letras por el pago de las mensualidades.
Además, algunas Otic han inscrito a futuros beneficiarios para que realicen cursos de capacitación sin señalarles expresamente los requisitos que debían cumplir para acceder a los beneficios del Sence, como estar al día en los pagos provisionales, si se es independiente y declarante de renta presunta -en el caso de los taxistas-, lo que ha provocado la imposibilidad de pagar a los bancos los costos de los cursos avalados por estas entidades, puesto que el Servicio de Impuestos Internos no les ha aprobado la deducción del crédito contra el impuesto de primera categoría.
Por lo anterior, es necesario que la Sala mandate a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para que, en un plazo de noventa días, efectúe una investigación acerca de las denuncias realizadas y referidas a las irregularidades cometidas por esos organismos de capacitación que han afectado a cerca de catorce mil personas naturales y jurídicas en el país.
En el mismo tenor, pido que se aclaren las eventuales responsabilidades que sobre la materia recaigan en el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.
He dicho. 
El señor OJEDA (Vicepresidente).- Quedan dos minutos y cuarenta segundos para que algún otro señor diputado quiera apoyar el proyecto de acuerdo.
El diputado Sergio Correa ha pedido la palabra, pero, como su señoría pertenece al mismo Comité de su colega que intervino recién, debo pedir el acuerdo unánime de la Sala para ofrecérsela.
¿Habría acuerdo de la Sala para proceder en ese sentido?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Correa.
El señor CORREA.- Gracias señor Presidente. Unos días atrás, en diciembre, denuncié lo que está ocurriendo con las franquicias tributarias que otorga el Sence a los pequeños empresarios o microempresarios. Cuando hablamos de microempresarios nos referimos, por ejemplo, al dueño de una cocinería o de un transporte escolar, a quienes se les ofreció ayuda, a través del Sence, consistente en alrededor de 350 mil pesos, otorgados directamente por la banca privada a los Otec u Otic que se encargan de hacer la capacitación pertinente. Pero una Otic, denominada Proem, Proyecto Empresarial, ha tenido muchos problemas con el Servicio de Impuestos Internos y, en este momento, la banca privada está ejecutando a todos los microempresarios atendidos por el Proem, en circunstancias de que -reitero- la banca le pasó la plata a la Otic.
Hoy la buena intención de capacitar a los pequeños empresarios se está complicando seriamente, porque los están ejecutando, mandando a la lista de deudores de Dicom, lo que los perjudica, ya que corren el riesgo de perder sus haberes. 
El proyecto de acuerdo es muy oportuno y espero que la Comisión de Trabajo y Seguridad Social se encargue de investigar esta situación que está afectando a tantos microempresarios.
He dicho.
-Aplausos.
El señor OJEDA (Vicepresidente).- Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero hacer notar a la Sala que este tema ya cuenta con un informe emitido por una comisión investigadora. No sé si se trató en la Sala, pero hubo una indagación al respecto.
Solicito que los firmantes del proyecto de acuerdo posterguen su votación a fin de poder revisar dicho informe y verificar en qué estado está, a qué conclusiones se llegó y si éstas se aplicaron o no.
Quizás haya que focalizar mucho más la investigación, porque el Servicio de Impuestos Internos, desde hace tres años, tiene en la mira a muchas personas por los pagarés que le firmaron a las empresas que hicieron mal uso de la franquicia tributaria. Creo que la investigación hay que focalizarla mucho más, porque -insisto- el tema que se plantea ya fue investigado.
Por eso, solicito que los firmantes del proyecto posterguen la votación. No estoy por aprobar lo que ya se hizo.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Manuel Rojas.
El señor ROJAS.- Señor Presidente, como autor del proyecto, sugiero que la información que dio a conocer el diputado Carlos Montes se haga llegar a la comisión investigadora y que ésta continúe su trabajo.
He dicho.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor OJEDA (Vicepresidente).- No hay unanimidad para suspender la votación.
Ofrezco la palabra a otro señor diputado o señora diputada que quiera impugnar el proyecto.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos; por la negativa, 10 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor OJEDA (Vicepresidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló, Alvarado, Araya, Bauer, Bertolino, Cardemil, Correa, Cubillos (doña 
Marcela), Delmastro, Dittborn, Forni, García-Huidobro, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Kast, Kuschel, Leay, Martínez, Masferrer, Melero, Molina, Muñoz (doña Adriana), Norambuena, Ojeda, Palma, Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salaberry, Sánchez, Tarud, Tuma, Uriarte, Urrutia, Vilches, Villouta y Von Mühlenbrock.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Allende (doña Isabel), Bustos, Escalona, Espinoza, Hales, Montes, Muñoz (don Pedro), Ortiz, Rossi y Walker.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Letelier (don Juan Pablo), y Navarro.


MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO CON EL FIN DE EVITAR PRÁCTICAS IRREGULARES.

El señor OJEDA (Vicepresidente).- El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 515, de los diputados señores Pérez, don Ramón; Bertolino, Rojas, Norambuena; de la diputada señora González, doña Rosa, y de los diputados señores Tuma y Vilches:
“Considerando:
Que, a través de la prensa, se han efectuado una serie de denuncias respecto de eventuales fraudes que habrían afectado al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), cometidos, presuntamente, por organismos técnicos de capacitación, lo que habría perjudicado a diversas personas y pequeños empresarios de varias regiones del país, entre ellas, la Primera Región, de Tarapacá; la Segunda Región, de Antofagasta; la Cuarta Región, de Coquimbo; la Novena Región, de La Araucanía, y la Región Metropolitana, de Santiago.
Que, de acuerdo con las cifras proporcionadas por el Sence, durante el año pasado la cifra de trabajadores inscritos en programas de capacitación aumentó en el 24,9 por ciento, lo que equivale a un incremento de ciento veintiséis mil personas. Los planes enunciados por la autoridad pretenden que, en el año 2005, un millón de trabajadores participe en ellos, con lo que se espera dar un impulso a la economía.
Que el número de empresas que utilizaron las franquicias laborales para capacitación se elevó a 97 por ciento, llegando a un total de treinta y cuatro mil de ellas, muy inferior al universo de más de quinientas mil.
Que, en la medida en que se den mayores oportunidades y subsidios a las empresas para que mejoren la calidad laboral de sus trabajadores, es lógico pensar que los empleadores harán un esfuerzo por invertir en esa área.
Que, con el fin de perfeccionar la norma existente y evitar prácticas irregulares en el uso de la franquicia del Sence, el Congreso Nacional aprobó el proyecto de ley que modificó la ley Nº 19.518, para establecer, entre otros puntos, que los organismos técnicos de capacitación (Otic) cuenten con personalidad jurídica y que su único objeto social sea la prestación de servicios de capacitación, acreditando para el efecto de que disponen de la certificación bajo la norma NCh 2728, determinada como norma oficial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Que, por otra parte, la nueva ley establece que el Sence ha de llevar un registro nacional de cursos en el que se inscribirán, previa aprobación del Servicio, los cursos de capacitación que los organismos ofrezcan a las empresas, con cargo a la franquicia tributaria mencionada. 
Que esta inscripción tendrá una vigencia de cuatro años, contados desde la fecha de su autorización. Transcurrido el plazo, los organismos técnicos de capacitación podrán solicitar una nueva inscripción para cada curso. El Sence estará facultado para cobrar por la inscripción y la actualización de cada uno de ellos, suma que se fijará cada año por resolución exenta de su director nacional.
Que, cabe tener presentes las diversas modificaciones efectuadas a la ley 
Nº 19.518, por la ley Nº 19.967, publicada en el Diario Oficial de 4 de septiembre de 2004, y que ésta es una materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al ministro del Trabajo y Previsión Social que tenga a bien estudiar las modificaciones necesarias del Reglamento del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), para establecer que los organismos técnicos de capacitación, además de contar con personalidad jurídica y certificación del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, conforme lo señala la ley Nº 19.518, con sus ulteriores modificaciones, deban, previa realización de algún curso de capacitación, presentar una boleta de garantía, a fin de evitar los fraudes de que ha sido objeto el Servicio antedicho en diversas regiones del país.
Asimismo, que analice cualquier modificación legal que permita perfeccionar la norma vigente en dicha materia.”
El señor OJEDA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra a algún señor diputado que quiera hablar a favor del proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor 
Ramón Pérez.
El señor PÉREZ (don Ramón).- Señor Presidente, este proyecto apunta en el mismo sentido que el anterior, pero la diferencia está en que es necesario modificar la ley y el reglamento correspondiente.
Por los diversos hechos denunciados, es indispensable que el Ministerio del Trabajo y Previsión Social estudie las modificaciones necesarias a la ley y al respectivo Reglamento Sence para establecer que los organismos técnicos de capacitación, además de contar con personalidad jurídica y certificación del Ministerio de Economía, conforme lo señala la ley Nº 19.518 y sus ulteriores modificaciones, deban presentar, previamente a la realización de algún curso de capacitación, una boleta de garantía que respalde y asegure la gestión del curso que se realiza.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto, tiene la palabra el diputado Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, está muy claro que existe plena voluntad para corregir las deficiencias, irregularidades y detectar todo aquello que ha sido condenable dentro del accionar de la capacitación. Lo que expresa el diputado Ramón Pérez nos parece muy apropiado; sin embargo, quiero advertir que la comisión investigadora, recientemente aprobada, no solamente investigará las irregularidades, sino que también planteará propuestas de corrección, a fin de hacer más transparente el trabajo de capacitación que es insustituible.
Lamentablemente, como consecuencia de la fiscalización que hemos realizado, la oferta de cursos de capacitación está disminuyendo. Por lo tanto, urge corregir, de modo de no desincentivar.
La exigencia que se establece a través del proyecto de acuerdo me parece apropiada y la voy a votar a favor; pero, reitero, se requiere de una propuesta más integral y espero que ésta sea fruto de la comisión investigadora que recién aprobamos, de manera de dar cuenta al Gobierno de todo el fenómeno y, particularmente, de las irregularidades que queremos corregir para que no se repitan nunca jamás.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra a algún señor diputado o señora diputada que quiera impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor OJEDA (Vicepresidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló, Alvarado, Allende (doña Isabel), Bauer, Bertolino, Bustos, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Correa, Cubillos (doña Marcela), Delmastro, Dittborn, Escalona, Forni, García-Huidobro, González (doña Rosa), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Kast, Kuschel, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Martínez, Masferrer, Melero, Montes, Muñoz (don Pedro), 
Muñoz (doña Adriana), Navarro, Norambuena, Ojeda, Ortiz, Paredes, Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prieto, Rojas, Rossi, Salaberry, Sánchez, Sepúlveda (doña Alejandra), Tapia, Tarud, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Vilches, Von Mühlenbrock y Walker.


VII. INCIDENTES


AGILIZACIÓN DE JUICIO POR DESVÍO DE FONDOS PÚBLICOS. Oficio.

El señor OJEDA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Boris Tapia.
El señor TAPIA.- Señor Presidente, con la reforma procesal penal se pretende acercar la administración de justicia a la gente. Transparencia, prontitud y garantía para las víctimas y para los imputados son algunos de los principios que hacen de este esfuerzo una tarea importante para el Gobierno de la Concertación.
El antiguo sistema nos daba y nos da a diario los argumentos para perseverar en esa reforma. Por ejemplo, antes de las elecciones municipales, con escándalo fue de conocimiento público un hecho que enlodaba a las autoridades de la Séptima Región, a la que pertenece el distrito que represento. Se acusaba a varios personeros de haber desviado dolosamente fondos regionales, que estaban destinados al financiamiento de programas de empleo de emergencia, a financiar campañas políticas. Dichos personeros fueron citados a declarar. Un ex intendente, a la sazón candidato a alcalde, se vio fuertemente cuestionado porque esos presuntos desvíos de fondos se habrían producido cuando él ejercía como intendente de la Séptima Región. Junto a él fueron citados a declarar jefes de servicios, consejeros regionales y contratistas de entidades públicas. Todo ese ajetreo judicial, ampliamente cubierto por los medios de comunicación, tuvo como marco de fondo las campañas municipales de 2004. 
Pasaron las campañas y, misteriosamente, nadie habló más del escándalo político judicial. Pareciera que mano mora le ha echado tierra al tema. Estos hechos vienen a corroborar que es absolutamente necesario que el viejo sistema judicial sea reemplazado por un sistema más acorde con la realidad del siglo XXI. 
Es posible que ayer, con opiniones públicas menos letradas y más desinformadas, el tema pasara al olvido. Es posible que ayer fuera un mecanismo usual archivar las causas y que nunca se supiera si hubo delito y, menos, culpables. Pero hoy eso es imposible.
La gente se sigue preguntando qué pasó con los 10 millones 400 mil pesos desviados al financiamiento de campañas políticas. Hoy, las personas, a quienes representamos en el Congreso Nacional, se siguen preguntando dónde están los culpables, quiénes son y a qué sanciones fueron condenados por el ilícito cometido. Lo peor es que queda en la retina de la gente honesta de mi región que todos los políticos somos deshonestos. Esto es inadmisible.
No me cabe la menor duda que las personalidades que tuvieron que comparecer ante el tribunal son incapaces de cometer un ilícito; pero a los ojos de la opinión pública, por el solo hecho de haber sido citadas a declarar, ya han sido condenadas, olvidándose con ello la presunción de inocencia.
Por ello, abogamos por que se sigan haciendo los máximos esfuerzos para que se implemente en todo el país la reforma procesal penal y para que, con valentía y oportunidad, se le hagan las correcciones que sean necesarias.
Por lo expuesto, pido que se oficie a la Corte de Apelaciones de Talca para que se continúe con la investigación hasta establecer si hubo o no desvío de fondos públicos, y a los culpables, si es que los hay, se le apliquen las penas que correspondan.
La corrupción no se combate con instituciones obsecuentes, ni con conductas que demuestran complicidad con servidores públicos que han malentendido su actuar, que se aprovechan del público y que perjudican a los que menos tienen.
Hay gente honesta, injustamente involucrada en el escándalo, que merece justicia. Hay gente modesta que no accedió a empleos de emergencia, porque los fondos fueron desviados dolosamente, y que merece una explicación. Y hay sinvergüenzas disfrazados de servidores públicos, que deben ser castigados de la manera más ejemplar.
He dicho.
-Aplausos.
El señor OJEDA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.


RECURSOS PARA MANTENCIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS EN LA REGIÓN DE COQUIMBO. Oficios.

El señor OJEDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Walker.
El señor WALKER.- Señor Presidente, el Gobierno se encuentra desarrollando un programa de electrificación rural en la región de Coquimbo, financiado en parte por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, consistente en la instalación de tres mil paneles fotovoltaicos, que beneficiará a sectores muy aislados, a gente que no tiene ninguna posibilidad de conectarse con los sistemas de electrificación tradicional, lo que naturalmente les cambiará la vida. Lamentablemente, nos hemos encontrado con que los sistemas ya instalados están en desuso por falta de mantención, ya que la gente no tiene los recursos para hacerla.
Por ello, pido que se oficie a los ministros del Interior y de Economía para que, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y de la Comisión Nacional de Energía, respectivamente, se nos informe sobre los criterios de selección para asignar esos recursos a los beneficiarios y los montos que se destinarán para la mantención de los paneles fotovoltaicos.
El señor OJEDA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.


REMODELACIÓN DE FERIA MODELO DE OVALLE. Oficio.

El señor WALKER.- Señor Presidente, el Consejo Regional de Coquimbo aprobó invertir 1.005 millones de pesos -que se entregarán en el lapso de dos o tres años- en la remodelación de la Feria Modelo de 
Ovalle, que concentra la mayor producción agrícola de la zona, especialmente de la provincia de Limarí, que genera el 68 por ciento del producto de la región, descontando lo que aporta la minera Los Pelambres, y que da mucha vida a la región. Por ende, nos interesa mucho que esos recursos sean bien utilizados.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro del Interior para que, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, se nos diga cómo se van a invertir esos dineros; cuál va a ser su destino; en qué va a consistir la remodelación de la feria, y cuáles van a ser los beneficios para el feriante y el usuario, quienes concurren día a día y semana a semana a vender y comprar.
El señor OJEDA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.


CONDONACIÓN DE DEUDAS DE ASIGNATARIOS DE VIVIENDAS BÁSICAS. Oficio.

El señor WALKER.- Señor Presidente, por último pido que se oficie a la ministra de Vivienda y Bienes Nacionales, señora Sonia Tschorne, para que nos informe acerca de las propuestas de solución para los deudores de viviendas básicas, que hoy están francamente con la soga al cuello, a propósito de que se han anunciado algunas medidas con el objeto de aliviarles la situación. 
Para tal efecto, algunos parlamentarios, en conjunto con los comités de viviendas de nuestra región, hemos propuesto algunas medidas un poco más ambiciosas para la gente que pueda acreditar, a través de la nueva ficha CAS, una situación económica deficiente que no le permite pagar dividendos de 18 mil ó 22 mil pesos mensuales ni reprogramar sus deudas con Inverca. Para esa gente hemos propuesto derechamente la condonación de la deuda. Se nos ha dicho que cuando se condona, no se es solidario porque no se permite que otras familias puedan postular a los subsidios. Pero, en este caso, la situación socioeconómica de muchos asignatarios de viviendas básicas es tan dramática, que no pueden pagar. Estoy seguro que con el alza del precio del cobre y con la reactivación de la economía se pueden encontrar recursos para seguir construyendo viviendas.
Además, ésa es la lógica que se ha aplicado para las nuevas viviendas del Programa Vivienda Social Dinámica sin Deuda, que son equivalentes a las viviendas básicas. Si se aplica ese criterio para un caso, ¿por qué no condonar las deudas a los asignatarios de viviendas básicas que no puede pagar sus dividendos, habida consideración que donde existe la misma razón debe existir la misma disposición?
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de las diputadas señoras Eliana Caraball y Alejandra Sepúlveda, y de los diputados señores Eduardo Díaz, Roberto Delmastro, José Miguel Ortiz, Zarko Luksic, Alejandro Navarro y Esteban Valenzuela.


RESPETO A INDEPENDENCIA DE PODERES DEL ESTADO.

El señor OJEDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Rodolfo Seguel.
El señor SEGUEL.- Señor Presidente, hace poco, a propósito de la intervención en esta Sala, durante Incidentes, del Presidente de la Corporación, diputado señor Pablo Lorenzini, los democratacristianos fuimos los primeros en entregar una opinión sobre el particular a través de una declaración pública, aprobada por la mayoría de los parlamentarios de la bancada, en la que rechazamos su forma de proceder. Fuimos los primeros en hacerlo; por eso tenemos moral para intervenir nuevamente.
A raíz de la intervención del diputado señor Lorenzini, nos hemos encontrado con una cantidad impresionante de opiniones del Presidente de la República, contenidas en noticias de prensa bajo titulares tales como: “Lagos cierra las puertas de los ministerios a Pablo Lorenzini”; “Lagos no da tregua a Pablo Lorenzini”; “Lagos veta ingreso de Lorenzini a despachos ministeriales”; “Lagos hace velada crítica a Zaldívar en vísperas de la junta de la DC”; “Lagos volvió a arremeter contra Lorenzini”; “El enojo presidencial: lo único que pido es respeto para todos”; “La Moneda cierra puertas a Lorenzini”, etcétera.
He sido muy crítico de Pablo Lorenzini respecto de su actuar, pero no así de su persona.
A raíz de lo anterior, quiero expresar que el Presidente de la República no puede ni debe cometer el error en que ha caído. No puede pretender, como se ha hecho público a través de los medios de comunicación, encauzar a este poder del Estado. La Constitución Política establece con claridad que los poderes son tres y que están separados. No puede tener parlamentarios de primera, segunda o tercera categoría a su gusto.
Nosotros somos elegidos por voto popular, y fue éste el que eligió al señor Pablo Lorenzini. Y cada vez que el Presidente de la República, erróneamente, ha criticado al señor Lorenzini, critica a la Cámara de Diputados y, en particular, a los democratacristianos. Internamente, tendremos nuestros problemas, pero son nuestros, como partido. 
No podemos aceptar que el Presidente de la República quiera dirigir a este poder del Estado. Seguramente, mañana pensará en dirigir al poder Judicial. Prefiero que dirija el poder que le corresponde: el Ejecutivo, para que los ministros, los subsecretarios y los funcionarios de Gobierno hagan bien sus tareas. Pero no se meta con nosotros.
Feo habría sido que el Presidente de la Cámara prohibiera el ingreso a la Sala o a las comisiones a los ministros de Estado y con ello comenzar una guerra entre ambos poderes.
Lamentablemente, el Presidente de la República se ha equivocado. Si el diputado señor Pablo Lorenzini se equivocó ayer, el Presidente de la República no puede seguir equivocándose permanentemente. No queremos -lo digo como democratacristiano- esta persecución individual. Somos un colectivo político. El Presidente de la República sabe cómo actuamos. Por eso, le pido con todo respeto que deje a la Cámara de Diputados tranquila, que deje al diputado Pablo Lorenzini tranquilo; es nuestro camarada y no vamos a permitir que se le siga ofendiendo y dañando.
Ya tendremos a un nuevo Presidente de la Corporación y esperamos que las relaciones se reabran y que el señor Lorenzini pueda seguir cumpliendo la labor parlamentaria para la cual fue elegido.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Esteban Valenzuela.
El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero comentar las palabras de mi amigo y colega Rodolfo 
Seguel.
No exageremos tampoco. La separación de los poderes de Estado no significa una autonomía intangible, intocable. El Ejecutivo, el Presidente y los ministros tienen derecho a manifestar sus molestias por dichos o actitudes de representantes de otros poderes. Distinto es si el día de mañana el Ejecutivo no contestara oficios, requerimientos o peticiones de información hechas por un diputado de acuerdo con las potestades constitucionales de esta Cámara. Esto es distinto de las graves imputaciones que se han formulado en contra de un ministro de Estado, sin presentar pruebas hasta el día de hoy. Además, los conflictos que se originan por los dichos de un diputado no involucran a toda la Cámara de Diputados. No obstante, hay que evitar sobrerreacciones de todo tipo. El ex presidente socialista de Francia, Francois Mitterrand, hablaba de la “fuerza serena” en su primera campaña, un juicio importante de recordar.


INFORMACIÓN SOBRE NUEVO SISTEMA DE INSCRIPCIÓN ELECTORAL. Oficio.

El señor VALENZUELA.- En segundo lugar, la próxima semana se votará en esta Cámara el proyecto de ley sobre inscripción automática y voto voluntario.
Ayer leí en “El Mercurio” un artículo de un señor Tagle, quien señala algunos datos, a mi juicio, inexactos. Es bueno que la Sala cuente con esta información antes de la votación.
El señor Tagle expresa que el nuevo sistema de inscripción, que obligará al Registro Civil a entregar al Servicio Electoral los dos millones y medio de datos de las nuevas personas a inscribir automáticamente, será muy vulnerable y no va tener control.
El director del Servicio Electoral, señor Juan Ignacio García, explicó largamente en la Comisión de Gobierno Interior que sí tendrá control, que los nuevos registros contarán con la fotografía y la firma de los inscritos y que se publicarán previamente los listados; es decir, habrá más control que en el sistema tradicional.
Por lo tanto, solicito oficiar al director del Servicio Electoral, señor Juan Ignacio García, para que nos explique cómo se va a informar previamente el listado de los inscritos y cómo se van a imprimir los nuevos registros, para despejar toda duda.
Por otra parte, el señor Tagle comete un grave error al decir que la inscripción automática puede generar que vote menos gente. Lo mismo hace respecto de las cifras, al señalar que en las elecciones actuales sólo falta que marque su preferencia el 17 por ciento de personas que se abstienen.
Sobre el particular, debo manifestar que, por primera vez en Chile, menos del 50 por ciento del universo electoral marcó su preferencia en la última elección municipal, ya que el 27 por ciento no estaba inscrito, el 17 por ciento se abstuvo y el 20 por ciento votó nulo o blanco. O sea, las personas se vieron compelidas a votar debido al sistema “supuestamente obligatorio” -nadie cobra las multas-, pero no marcaron preferencia.
En el sistema de inscripción automática y voto voluntario, la participación fluctúa entre el 55 y el 60 por ciento de personas que marcan su preferencia. No será menor de lo que ocurre con el actual sistema, en que dos generaciones de jóvenes menores de treinta años no están inscritos.
Por lo tanto, esperamos que la Cámara vote favorablemente el proyecto la próxima semana.
El señor OJEDA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Rosa González y de los diputados señores Alejandro Navarro, Roberto Delmastro, Alejandro García-Huidobro y Juan Masferrer.


EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA REBAJA DE JORNADA LABORAL EN TRABAJADORES DE EMPRESAS CONTRATISTAS DEL SECTOR MINERO Y TEMPOREROS. Oficio.

El señor VALENZUELA.- En tercer lugar, respecto de la entrada en vigencia de la jornada de trabajo de 45 horas, hemos sido informados de que los trabajadores permanentes de Codelco Chile han suscrito acuerdos sobre nuevas jornadas de trabajo con los sindicatos de las divisiones Chuquicamata, El Salvador, Andina y El Teniente. Sin embargo, desconocemos si Codelco está realizando un seguimiento para asegurarse de que las empresas contratistas han recortado la jornada laboral de sus trabajadores a 45 horas semanales, respetan los dos domingos de descanso al mes, pagan las horas adicionales como corresponde y acatan el dictamen de la Inspección del Trabajo, que fue explícito en señalar que la rebaja de jornada no implicaba una reducción salarial.
Está claro que se trata de una responsabilidad de la empresa privada, pero es indispensable que el Ministerio del Trabajo y Codelco nos informen si existe un plan específico de monitoreo y una evaluación, respaldado con trabajo adicional de los inspectores del trabajo, en relación con el cumplimiento de esa ley.
En cuanto al Ministerio del Trabajo, hacemos la misma petición para el sector agrícola y los trabajadores temporeros de la fruta de las regiones Quinta, Sexta y Séptima.
La Inspección del Trabajo desclasificó un documento bastante tétrico sobre las novecientas inspecciones realizadas el último año en la región que represento, la mitad de las cuales concluyeron con graves sanciones a los empresarios. No me refiero a todos los empresarios, porque también los hay muy buenos, pero algunos no cumplen las normas laborales. 
Esta Cámara aprobó este nuevo derecho, para que las personas tengan jornadas laborales decentes, no agotadoras ni de catorce horas, con descanso adecuado y con equilibrio entre el trabajo y la vida, a fin de mejorar la productividad y que haya una mejor organización del trabajo. Esto también debe traspasarse al sector agrícola. 
Según un comentario de un empresario agrícola, a veces se abusa del sistema de trato para, por ejemplo, cosechar un huerto, realizar labores de packing o trabajar en un frutal, lo que obliga a la gente a esforzarse en jornadas laborales de 12 ó 14 horas. En consecuencia, hay que tomar en serio este beneficio. Las leyes deben tener vida y no ser letra muerta. Nuestro Congreso Nacional no hace lo que otros parlamentos, que destinan una parte importante de sus presupuestos para evaluar las leyes que aprueban. Nosotros no monitoreamos las leyes que aprobamos. 
Como estamos a un mes de la puesta en vigencia de una de las leyes más importantes que el Congreso ha dictado en la década, que es la jornada de trabajo de 45 horas, solicito oficiar al ministro del Trabajo, señor Ricardo Solari, a fin de que disponga la realización de una tarea eficaz y focalizada de estos dos segmentos de trabajadores, los contratistas de la gran minería y del sector agrícola, para que, a fines de enero o comienzos de marzo, tengamos una evaluación eficiente y precisada territorialmente de cómo se ha dado cumplimiento de esta materia.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Rosa González y de los diputados señores Alejandro Navarro, Roberto Delmastro, Alejandro 
García-Huidobro y Juan Masferrer.


INFORMACIÓN SOBRE INVESTIGACIONES RELATIVAS A EFECTOS EN LA SALUD HUMANA DE HORMONAS USADAS EN LA CRIANZA DE CERDOS Y DE POLLOS. Oficios.

El señor OJEDA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Roberto Delmastro.
El señor DELMASTRO.- Señor Presidente, en los últimos años, muchos médicos pediatras han recomendado a las madres evitar alimentar a sus hijas con carnes de pollo y de cerdo, debido a que se sospecha que el uso de hormonas en la crianza y engorda de estos animales tendría efectos nocivos en la salud humana. Se trata de un secreto a voces entre los pediatras. Todo el país tiene acceso a la carne de pollo, por lo que las niñas están sufriendo una serie de trastornos hormonales, cuyo origen se sospecha es el consumo de carne de pollo y, en los últimos años, de cerdo.
En consecuencia, solicito oficiar al ministro de Salud, señor Pedro García, para que informe sobre las investigaciones que ha realizado el ministerio que encabeza, respecto de los efectos en la salud humana del uso de hormonas en la crianza de estos animales, cuyas carnes son de consumo masivo por su bajo costo.
El señor OJEDA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.


INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CASETAS SANITARIAS EN TRALCAO Y PUFUDI, DE LA DÉCIMA REGIÓN. Oficios.

El señor DELMASTRO.- En segundo lugar, solicito oficiar a la ministra de Planificación y Cooperación (Mideplán), señora Yasna Provoste y al intendente de la Décima Región, señor Ricardo Celis, para que informen sobre el estado de los proyectos de casetas sanitarias para las localidades de Tralcao y Pufudi, en la comuna de Mariquina, provincia de Valdivia. Desde el 2000 existe un proyecto para construir 76 casetas sanitarias en Tralcao y 96 en Pufudi, pero hasta el momento no ha habido respuestas de parte de la autoridad.
El señor OJEDA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.


INVESTIGACIÓN SOBRE DENUNCIAS DE PROSELITISMO POLÍTICO EN COLEGIO DE VALDIVIA. Oficio.

El señor DELMASTRO.- En tercer lugar, solicito oficiar al ministro de Educación, señor Sergio Bitar, para que investigue los reclamos y denuncias realizadas por padres y apoderados del colegio Helvecia, de Valdivia, porque se estaría realizando propaganda y proselitismo político entre los estudiantes de dicha escuela.
El señor OJEDA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.


REITERACIÓN DE OFICIO SOBRE ANTECEDENTES DE QUIEBRA DE COOPERATIVA DE LA VIVIENDA DE VALDIVIA.

El señor DELMASTRO.- En cuarto lugar, pido oficiar al ministro de Economía, señor Jorge Rodríguez, para que reitere un oficio enviado a la comisión liquidadora de la Cooperativa de la Vivienda Cardenal Silva Henríquez, con fecha 6 de agosto de 2004, respecto a la quiebra de esta cooperativa, que hasta el momento no ha tenido respuesta.
El señor OJEDA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.


INFORMACIÓN SOBRE CONSTRUCCIÓN DE DUCTOS DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIOS BAJOS DE VALDIVIA. Oficio.

El señor DELMASTRO.- Finalmente, solicito oficiar al ministro de Obras Públicas, señor Jaime Est para que informe sobre el estudio de los ductos de aguas lluvias que se construirán en los próximos años en las calles Philippi y Gonzalo Bustamante con Santa María, ubicadas en los barrios bajos de Valdivia, estudios se iniciaron tras el terremoto de 1960, que recordamos en estos días a propósito de lo ocurrido en las costas del sudeste asiático.
Chile está en deuda con la población de ese sector, que alberga a más de 15 mil familias, que todavía deben soportar inundaciones en invierno debido a la carencia de ductos de aguas lluvias.
Por otra parte, la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas debe fijar los límites de la laguna de alivio que recibe los excesos de aguas lluvias de los barrios bajos, que son indispensables para la sobrevivencia de sus habitantes, especialmente en invierno.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.


MOROSIDAD DE DEUDORES DE VIVIENDAS BÁSICAS EN LA OCTAVA REGIÓN. Oficio.

El señor OJEDA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, solicito que se oficie a la ministra de Vivienda y Urbanismo, Sonia Tschorne, a fin de que nos envíe un informe exacto respeto del pago de dividendos en las poblaciones Loma Larga, en Tomé, y Ríos de Chile, en Lirquén, comuna de Penco.
De manera reiterada he planteado el problema del monto del dividendo que pagan aquellas familias afectadas por la cesantía y que ya han renegociado sus deudas o del monto de los dividendos que se paga por viviendas básicas asignadas a personas que lograron acreditar algún ingreso. Para ser muy francos, en ese momento era la única opción que tenían, porque no había programas especiales como el de las viviendas dinámicas sin deuda, destinado a personas cesantes o jubilados con pensiones de muy bajo monto. Ellos acreditaron algún tipo de ingreso porque tuvieron un trabajo transitorio que hoy no poseen.
Quiero que se nos informe cuál es el estado de morosidad de dichas deudas en cada una de las poblaciones que haya construido o financiado el Serviu en la Octava Región, en especial en la provincia de Concepción, en las comunas de Tomé y Penco. Además, que se nos informe si existe o se está evaluando la posibilidad de reducir el pago de dividendos a través del aumento de los años de la deuda. La gente quiere pagar, pero no le alcanza para pagar 35 mil pesos, pero sí 20 ó 16 mil pesos, sin importar que aumente el número de años.
Al no pagar sus dividendos, esta gente cae en morosidad y se produce otro problema respecto del cual también pido que se nos informe, cuál es el número de departamentos rematados o adjudicados a terceras personas producto del abandono, del no pago, o por cualquier otra causa, como el incumplimiento del destino del inmueble, esto es, a la vivienda, u otro tipo de situaciones.
Hemos planteado al Ministerio de Vivienda que nos informe si se justifica que Inverca S.A., que es la empresa encargada de la cobranza judicial de los dividendos atrasados, accione en contra de aquellos deudores que mantienen deudas pequeñas, que oscilan entre veinte mil y doscientos mil pesos. Durante la discusión presupuestaria habida en esta Sala pedí que se incorporara una indicación, que fue aprobada, para que el Ministerio de Vivienda nos informara cuánto cuesta el cobro de los dividendos hipotecarios, toda vez que en el proyecto de presupuestos aparecía una cifra que, si mal no recuerdo, superaba los cinco mil millones de pesos. Si se gasta esa cantidad en cobrar, la recuperabilidad debe ser muy grande.
Insisto: el Ministerio debe informarnos si, tal como se hizo al comienzo del gobierno del Presidente Patricio Aylwin, existe la factibilidad de que a los deudores que adquirieron viviendas en poblaciones que hoy tienen 25, 30 o más años de antigüedad y cuyo promedio de deuda no supere los cien mil, ciento veinte mil o ciento cincuenta mil pesos, se les dé un tratamiento especial, de manera que puedan pagar un número determinado de cuotas y con ello saldar definitivamente la deuda.
Hay casos muy especiales en Coronel y en la población Lord Cochrane, en Penco, donde se están pagando dividendos desde 1973 y aún les restan seis, siete u ocho años para terminar de pagar la deuda. Se trata de dividendos pequeños.
Me pregunto si es rentable para Inverca y para el Ministerio de Vivienda seguir cobrando dividendos pequeños, cuando todo indica que, al parecer, resulta más cara la cobranza que lo recibido. Esta es una información que está incorporada como exigencia en el proyecto de ley de Presupuestos de la nación. 
Por lo anterior, y debido a la urgencia que diversos sectores de mi distrito han manifestado sobre el particular, solicito que la ministra de la Vivienda haga llegar esa información a la brevedad, en especial respecto de la situación de los deudores de dividendos. 
El señor OJEDA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión del diputado señor 
Gonzalo Ibáñez. 


INFORMACIÓN SOBRE CONTINUIDAD DE PLANES DE EMPLEO Y CIFRAS DE CESANTÍA EN PENCO Y TOMÉ. Oficios.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, pido que se oficie a los ministros de Hacienda y del Trabajo, Nicolás Eyzaguirre y Ricardo Solari, respectivamente, a fin de que informen sobre la continuidad de los planes de empleo en las comunas de Penco y Tomé.
Dirigentes sindicales y el alcalde de 
Penco, señor Guillermo Cáceres, me informaron que en esa comuna se han disminuido 47 cupos de empleos. Un número similar de cupos han disminuido en la comuna de 
Tomé, según lo dicho por su alcalde, señor Eduardo Aguilera. 
Pido que los ministros informen si se seguirán disminuyendo los cupos de empleos en ambas comunas, donde las cifras de cesantía superan el 18 ó 20 por ciento. En especial, les solicito que hagan todo lo que esté al alcance del Gobierno para reponer esos puestos de empleo. 
Hemos realizado un trabajo voluntario con los cesantes de Penco para limpiar las playas, como la playa de Penco -recibe más de 12 mil personas cada fin de semana- que sólo cuenta con seis trabajadores destinados a su limpieza. No es posible mantener un balneario popular como ése con un número reducido de trabajadores. Se requiere empleo; hay cesantía. Por lo tanto, pedimos que dichos puestos de trabajo sean incorporados en las comunas de Penco y de Tomé, en especial para limpieza de las playas durante los meses de verano.
Señor Presidente, además solicito que se oficie al director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y al intendente de la Octava Región, señores Máximo Aguilera y Jaime Tohá, respectivamente, con el objeto de que hagan las gestiones pertinentes para que las comunas de Penco y Tomé se desagreguen de las cifras oficiales de las estadísticas del INE. En la actualidad, sólo 33 comunas tienen cifras de cesantía particularizas. Como en el caso de Penco y Tomé no existen, se produce el eterno debate de cuál es la cesantía real. Ambas reúnen las condiciones para ello, por tratarse de comunas urbanas con una población superior a los 45 mil habitantes.
Hemos insistido ante el INE para que realice un esfuerzo y desagregue las cifras de cesantía en aquellas comunas que así lo acrediten, porque 45 ó 50 mil habitantes en zonas urbanas me parece una condición adecuada para tener las cifras exactas de cesantía.
El señor OJEDA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado señor Gonzalo Ibáñez. 


ANTECEDENTES SOBRE REMATE DE BIEN RAÍZ EN ACCESO A PLAYA DE DICHATO. Oficios.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, solicito que se oficie al director de la Directemar, vicealmirante Francisco Martínez; al subsecretario de Marina, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, señor Carlos Mackenney y al intendente de la Octava Región, señor Jaime Tohá, para que nos informen sobre la situación producida en Dichato, comuna de Tomé.
Se trata de un hecho cuya legalidad está en evaluación. Un vecino adquirió un terreno ubicado en el acceso a la playa de Dichato, rematado por el Servicio de Impuestos Internos porque su propietario no pagó las contribuciones. El nuevo propietario está levantando un muro que impide el acceso directo a la playa a una importante colonia de niños de la comuna de Bulnes y a todos los vecinos del sector. 
Llama la atención que el Servicio de Impuestos Internos remate bienes por el no pago de contribuciones sin consultar al municipio ni al gobierno regional, en este caso Bienes Nacionales, y sin considerar el desarrollo turístico de la zona. 
Quiero saber si es una política permanente de Impuestos Internos rematar terrenos que impiden el acceso a bienes nacionales de uso público como playas, ríos y esteros. Si es así, estamos en problemas, porque lo que queremos es facilitar el acceso a las playas, es decir, evitar que construcciones particulares impidan el acceso no sólo de pescadores, como dice la ley, sino también de los ciudadanos que quieren disfrutar de ellas. 
El caso de Dichato, en la comuna de Tomé, está en pleno conocimiento del municipio. Hemos enviado una carta al intendente regional, don Jaime Tohá, solicitándole que haga una evaluación de la situación para que estos hechos no se vuelvan a repetir. No se preguntó a la comunidad de Tomé ni al gobierno regional si valía la pena rematar un terreno de 40 a 60 metros de frente, en 2 millones y tanto de pesos, o si era preferible dejarlo en manos del municipio para que ese acceso libre y expedito a la playa se mantuviera como un beneficio a toda la comunidad. 
Por lo tanto, pido que se oficie a la Municipalidad de Tomé para que informe si el vecino que adquirió el terreno cuenta con los permisos de construcción pertinentes, porque, al parecer, el procedimiento fue ilegal.
También solicito que se oficie al director Servicio de Impuestos Internos, señor Juan Toro, para que nos informe cuál fue el procedimiento que se siguió para rematar el bien raíz mencionado y si hay otros terrenos de playa en la Octava Región que se encuentren en igual situación.
Además, pido oficiar a la ministra de Bienes Nacionales, señora Sonia Tschorne, para que nos dé a conocer el rol de inscripción de dicho terreno, pues al parecer estaba en cuestión, más un completo y detallado informe de todo el sector costero de Dichato, a fin de identificar el rol de las propiedades para el pago de contribuciones de bienes raíces y el nombre del respectivo propietario. 
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.


FELICITACIONES A LOS ALCALDES DE VIÑA DEL MAR Y DE VALPARAÍSO Y A CARABINEROS DE CHILE POR ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO DE AÑO NUEVO. NOTA DE CONDOLENCIA AL ALCALDE VALPARAÍSO. Oficios.

El señor OJEDA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, solicito que se oficie a la nueva alcaldesa de Viña del Mar, doña 
Virginia Reginato, felicitándola muy sinceramente por los espectaculares fuegos artificiales lanzados en el mar la noche de Año Nuevo, los que pasaron a ser, según los medios de comunicación, uno de los mejores de Latinoamérica. Eso permitió que los residentes y visitantes de Viña del Mar -más de un millón de personas- pudieran gozar de una noche de Año Nuevo espectacular. Tuve la oportunidad de disfrutarlos y ver cómo un acto que es símbolo de fiesta y alegría puede unir a toda una comunidad. Con ello Viña colapsó mucho más que el día de San 
Expedito, según dijo en su oportunidad el padre Opaso. En verdad, fue una fiesta espectacular.
Aun cuando no represento un distrito de la Quinta Región, he querido tomar esta iniciativa para hacerle llegar una nota de felicitación en mi nombre y en el del diputado Gonzalo Ibáñez, quien sí pertenece a esta Región.
También aprovecho esta oportunidad para solicitar que se haga llegar un saludo muy afectuoso al nuevo alcalde de Valparaíso, don Aldo Cornejo, quien fue nuestro colega, y felicitarlo por el excelente espectáculo de Año Nuevo en Valparaíso.
Tuve la oportunidad de ver de lejos los fuegos artificiales de Valparaíso y muy de cerca los de Viña del Mar.
Además, solicito que se le hagan llegar nuestras más sinceras condolencias y sentimientos de cariño, afecto y solidaridad por la situación personal que le afecta, debido al reciente fallecimiento de su hijo Jorge.
Señor Presidente, en toda esta gran fiesta de fin de año hubo otros actos destacados, en una labor que no es desconocida en nuestro país. Me refiero a la labor realizada por Carabineros.
Solicito que se envíe una nota de felicitaciones al general director de Carabineros por el eficiente servicio que el personal de esa institución prestó esa noche. Estaban en todas las esquinas de la ciudad para mantener el orden y evitar que la ciudad colpaosara. Tarea que cumpliendo siempre con buen ánimo, espíritu de cooperación y mucho respeto.
Fue una noche muy linda por la gran cantidad de visitantes; la gente se acercaba a carabineros y los abrazaba para desearles un feliz año. 
Debemos recordar que ellos cumplen habitualmente esta función, dejando a sus familias de lado mientras los demás tenemos la oportunidad de compartir y de estar en una verdadera fiesta.
Al respecto, pido que se oficie al ministro de Defensa Nacional, señor Jaime Ravinet, para que informe sobre la cantidad de horas extraordinarias que Carabineros dedica al cuidado y servicio de la población; además, si existe algún plan para regularizarlas, en el entendido de que su dotación nunca es suficiente para cumplir la grana tarea que la ley le asigna.
Además, bajo la premisa de que se necesitan más carabineros y mejorar sus remuneraciones, pido que nos comunique si el ministerio tiene en sus planes utilizar los excedentes del precio del cobre para beneficiar a Carabineros de Chile.
El señor OJEDA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados Rosa González y Gonzalo Ibáñez.


INFORMACIÓN SOBRE NORMAS DE SEGURIDAD RELATIVAS A CHOFERES DE BUSES INTERURBANOS. Oficio.

La señora CRISTI (doña María Angélica).- Por otra parte, pido que se envíe oficio al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, señor Jaime Estévez, a fin de que nos informe acerca de las medidas o disposiciones existentes que velen por el buen estado de salud y condiciones de manejo de los choferes de la locomoción colectiva, en especial la interurbana.
Esta preocupación se debe a que hemos sabido de un nuevo accidente, que se suma a muchos otros que han ocurrido en los últimos días. Hoy, en San Fernando murieron 16 personas a raíz de que el conductor, aparentemente, se habría quedado dormido.
Ha habido menos accidentes, pero más personas fallecidas, lo que indica que han aumentado las colisiones de buses de pasajeros.
Quiero saber cuáles son las normas de seguridad que permiten que esos choferes estén en condiciones de manejar, especialmente físicas, para estar lo suficientemente despiertos y no quedarse dormidos en la carretera. Repito: no es la primera vez que sucede un accidente como el ocurrido hoy. En los últimos días se han repetido dramáticamente, por lo que se deben tomar medidas urgentes.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.


COMENTARIOS SOBRE CAMBIO DE MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS.

El señor OJEDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Rosa González.
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).- Señor Presidente, creo que el reciente cambio de ministro realizado por el Presidente Ricardo Lagos, mediante el cual se premia a un ministro cuestionado por gestión y se le traslada a la presidencia del Banco del Estado, es, por decir lo menos, una vergüenza nacional.
Hasta el momento, nadie ha asumido la real responsabilidad política que se debe adoptar en el grave caso de la caída del puente Loncomilla y de tantas otras situaciones que involucran al ministerio de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, como el cobro de peajes en autopistas concesionadas aún no terminadas o instalaciones de antenas de telefonía celular en zonas residenciales, sólo por mencionar algunas.
Las palabras del presidente de la Cámara de Diputados provocaron, tanto su renuncia como la dimisión del ex ministro de Obras Públicas.
Lo anecdótico de esto es, precisamente, que el Presidente de la cámara baja abandonará su cargo asumiendo el costo político de sus comentarios; en cambio, el ex ministro de Obras Públicas dejará esa cartera para trasladarse a un par de cuadras del centro de Santiago y asumir como la máxima autoridad del Banco de Estado con el doble de remuneración.
Sin duda, lo ocurrido es una muestra más de lo que los chilenos no queremos ver en la clase política del país, pero que hemos presenciado constantemente en los últimos años.
¿Cómo se explica que un ministro presente la renuncia a su cargo y, acto seguido, el Presidente de la República la acepta y la rechaza a la vez? Es decir, acepta la renuncia, pero, al mismo tiempo, lo traslada a un cargo superior en el servicio público. Esto es algo que ningún chileno puede entender, lo cual -reitero- constituye una vergüenza nacional.
Espero sinceramente que en el Banco de Estado no existan puentes que se caigan ni cajeros automáticos que fallen, aunque sabemos que de ocurrir algo así, tampoco habrá problemas, porque el actual presidente del Banco podrá ocupar otro cargo público, como lo han hecho otros funcionarios que han dejado sus cargos, como, por ejemplo, el ministro García, quien ahora es embajador en Suecia. O sea, cometen un error tremendo, Chile entero queda abismado y ¿dónde los vemos después? En otros cargos públicos, como embajadores en Suecia o en otros países.
He dicho.


ALCANCES A DESIGNACIÓN DE DEFENSOR PÚBLICO DE COMUNAS DE VIÑA DEL MAR, VALPARAÍSO Y CONCÓN. Oficios.

El señor OJEDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Ibáñez.
El señor IBÁÑEZ.- Señor Presidente, quiero referirme a un hecho que ha sorprendido a la ciudadanía de Viña del Mar, 
Concón y Quintero: la designación del ex alcalde de Valparaíso, señor Hernán Pinto Miranda, como defensor público de las mencionadas comunas dentro del nuevo sistema procesal penal.
Sorprende esta nominación, porque al señor Pinto no se le conoce habilidad profesional alguna para ejercer la delicada y difícil misión de un defensor público. Es abogado, por cierto, pero durante los últimos quince años ha estado totalmente alejado del ejercicio de la profesión. Los habitantes de estas ciudades entienden ahora que en los últimos meses de su período alcaldicio este señor hizo un curso bastante superficial sobre el tema. Nadie sabía la razón de que entrara a estudiar. Creíamos de buena fe que lo hacía para después ejercer libremente la profesión, pero, al parecer, fue para quedar en condiciones de asumir este cargo. Es lamentable que sucedan estos hechos, pues aparecen como un exceso en el uso de las facultades propias de la defensoría pública, regional en este caso. 
Cabe recordar, además, que el señor Hernán Pinto Miranda se hizo famoso por la muy mala gestión como alcalde de Valparaíso, lo cual significó, en definitiva, que la municipalidad tenga un déficit superior a 8 millones de dólares y, la corporación municipal, sobre los 13 millones de dólares. Ello se ha traducido en un mal servicio municipal, tanto en educación, como en salud, en servicio de aseo domiciliario o en controles mínimos. La ciudad está inundada de perros vagos. Debido al poco cuidado y dedicación, Valparaíso podría perder su condición de patrimonio de la humanidad. 
Por ello, aparece totalmente extraña esta designación directa, sin concurso público, y por un período de seis meses. Mucho se habla, por ejemplo, de que el señor Hernán Pinto Miranda sería candidato a diputado en las próximas elecciones. Y, precisamente, este período de seis meses termina en la fecha en que debe inscribirse una candidatura de esa índole. Por eso, convendría que el señor Pinto aclarara que no tiene ningún interés en este tipo de candidatura, sino va a quedar la impresión de que es un nombramiento “puente”, es decir, se desempeña en ese cargo público hasta que pueda postularse a diputado.
Por lo tanto, pido que se oficie al Defensor Público Nacional, señor Guillermo Piedrabuena, a fin de que explique las razones o motivos de la Defensoría Pública 
Regional para designar a don Hernán Pinto como defensor público de las comunas de Viña del Mar, Concón y Quintero.
Asimismo, pido que se oficie al ministro de Justicia, señor Luis Bates, a fin de que explique esta nominación y las condiciones que deben reunir los candidatos. Lamento que esto haya sucedido. Hay muchos profesionales jóvenes en nuestras ciudades que aspiraban legítimamente a ejercer ese cargo y han sido dejados de lado en una situación que puedo calificar de, al menos, confusa.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de las diputadas Rosa González y María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor OJEDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra su señoría. 
La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, entiendo que la designación del señor Pinto fue producto de un concurso. Sería interesante que, además de lo solicitado por el diputado Ibáñez, nos enviaran las bases del concurso, la nómina de los postulantes y todos los antecedentes del concurso en cuestión, dónde se publicitó, sus resultados y posterior análisis, etcétera.
El señor OJEDA (Vicepresidente).- Con el acuerdo del diputado Gonzalo 
Ibáñez, se enviarán los oficios en la forma solicitada, con lo indicado por la señora Cristi.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.

-Se levantó la sesión a las 14.28 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.