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El señor OJEDA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, cuando comencé mi primer período como diputado, junto a quien preside esta sesión y al diputado Villouta , por mi calidad de profesor, sentí la obligación participar en la Comisión de Educación, Ciencias, Tecnología, Deportes y Recreación. Durante ocho años consecutivos conté con el respaldo de mi bancada para coordinar todo el trabajo legislativo de esa Comisión.
Uno de los primeros trabajos que realizamos fue una evaluación del proceso educativo en nuestro país, tarea en la cual nos encontramos con desagradables sorpresas.
En abril de 1990, alrededor de 25 mil profesores de la educación particular subvencionada tenían un sueldo promedio de 25 mil pesos mensuales. El deterioro de las rentas de nuestros colegas había llegado a términos increíbles. Además, se habían perdido todos los logros obtenidos por efecto del trabajo de grandes grupos de dirigentes, como de la Unión de Profesores de Chile, de la Sociedad Nacional de Profesores, de la Asteco y del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación.
Cuando el actual Presidente de la República, señor Ricardo Lagos Escobar , asumió como ministro de Educación, tanto los siete diputados titulares de la Comisión de Educación de la Cámara como los tres senadores titulares de la del Senado, en coordinación con las bancadas de la Concertación, empezamos a analizar la posibilidad de tomar una gran decisión política, cual era presentar el primer cuerpo legal para el gremio del magisterio chileno. Esa decisión fue tomada por el entonces Presidente de la República y gran estadista, señor Patricio Aylwin Azócar , con los ministros de Educación y de Hacienda de la época, señores Ricardo Lagos Escobar y Alejandro Foxley Rioseco , respectivamente.
Estuvimos presentes en todas las reuniones y seminarios, lo que finalmente significó la creación de la ley Nº 19.070, sobre Estatuto Docente. Con ello, fijamos un piso de remuneración y restituimos la asignación directiva docente, la asignación por desempeño difícil y la relativa al derecho al perfeccionamiento al magisterio chileno. Asimismo, hubo aumentos muy importantes desde los puntos de vista presupuestario y financiero para incrementar los ingresos de nuestros profesores.
En la década de 1980, por un lado, la educación chilena fue objeto de un traspaso inconsulto desde el nivel central -Ministerio de Educación- a los municipios y, por otro, estaban los colegios particulares subvencionados y particulares propiamente tales.
Por otra parte, a través del decreto ley Nº 3.166, de 1980, el Estado chileno consideró conveniente para el bien de esos alumnos que 75 establecimientos educacionales técnicos profesionales del país fueran traspasados en comodato a corporaciones privadas sin fines de lucro, en especial de origen empresarial, lo cual significó una gran inversión del erario nacional.
En 1990 analizamos esa situación y llegamos a la conclusión de que no estábamos en contra del mejoramiento, de la modernización y del perfeccionamiento de la educación técnico profesional. Al contrario, sabíamos que esa educación era cara, porque significaba hacer una inversión bastante grande en talleres, motores y otras tecnologías para contar con buenos técnicos profesionales en nuestro país.
Una vez analizado el decreto ley Nº 3.166, se constató que había que hacer dos cosas fundamentales: primero, aumentar la subvención educacional de esos colegios al doble de los del resto del país, especialmente de nivel municipal. Sin embargo, ello traería consigo hacer mayores inversiones y que esas corporaciones privadas, sin fines de lucro, de origen empresarial, le dieran la seguridad a los alumnos de poder realizar sus prácticas profesionales en empresas asociadas a estas corporaciones y cuando se titularan tener la posibilidad de acceder a un empleo. Era un gran objetivo; pienso que iba en el camino correcto.
Reconozco que muchas corporaciones cumplen con ese objetivo. Por ejemplo, la Corporación de la Cámara de Producción y Comercio de Concepción, que administra varios colegios, entrega una educación dual y posibilidades reales de perfeccionamiento. La mayor parte de los alumnos del Instituto
Superior de Comercio, del Instituto Comercial Femenino y del Liceo Industrial de Concepción tienen la posibilidad de un empleo digno para realizarse como profesionales.
Siempre fui partidario de aumentar la unidad de subvención escolar en la educación técnico profesional, igualando la de los establecimientos contemplados en el decreto ley Nº 3.166. Por ningún motivo se debe disminuir, ya que eso no corresponde cuando se quiere el bien del país.
¿Qué ha pasado? En 1990 estaba a punto de terminar el plazo de administración de cinco años. En 1991 se renovaron todos los contratos, pero comenzaron los problemas con Corpride, cuya sede está en Curicó y que a lo largo del país administra nueve establecimientos educacionales con un total de 10 mil alumnos y un personal de mil docentes y no docentes.
En primer lugar, los alumnos no tuvieron la posibilidad de hacer prácticas profesionales en empresas. En segundo lugar, las posibilidades de que accedieran a un empleo eran mínimas. Pero lo más grave es que no estaban cumpliendo con el espíritu de ese comodato: rentas dignas para el personal docente y no docente.
Más grave aún: en 1996 ó 1997 la Cámara de Diputados aprobó la entrega de una asignación al magisterio. Los dineros se entregaron a esas corporaciones, pero Corpride no los empleó para distribuirlos entre el personal.
Debido a esa situación, un grupo de parlamentarios propusimos una indicación que obligaba a traspasar esos fondos del erario a los docentes y no docentes de esas corporaciones. El resto ha cumplido en todo.
Nuevamente tenemos problemas. En 2003 se ponía término a sus cinco años de comodato. Estaban complicados por la evaluación anual a los establecimientos. En esa ocasión pagaron las asignaciones atrasadas de los tres años anteriores, para las cuales les habían entregado los dineros.
Se les renovó por cinco años más: hasta 2008. Pero este año nos encontramos con la sorpresa de que la negociación colectiva concluyó con un paro legal de los trabajadores, lo que complica el fin del año escolar de los alumnos pertenecientes a los establecimientos de Corpride.
El gerente general de Corpride, señor Nelson Villagrán , realizó una nueva propuesta en la que quita beneficios a los trabajadores. Es decir, trata de presionar para que se vayan retirando de los sindicatos y de la federación que los agrupa.
Debido a eso, ayer nos reunimos con ellos en la Comisión de Educación, y por unanimidad acordamos constituirnos como Comisión en Corpride, junto a un representante del Ministerio de Educación, del cual depende. Ya se envió un oficio a dicho ministerio para que nombre al representante.
Cuando se transgrede la ley de esta forma se perjudica a todo el sector. En consecuencia, solicito que se oficie al ministro de Educación a objeto de que designe a un representante del ministerio para que se constituya con nosotros, los diputados de la Comisión de Educación, en la sede de la gerencia general de Corpride, en Curicó, y analicemos en terreno sus problemas presupuestarios.
Asimismo, solicito públicamente a Corpride que haga una proposición digna y justa a su personal, que comience por respetar los derechos adquiridos, para que se reintegren a sus labores.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia integra de su intervención y con la adhesión de los diputados señores Accorsi , Quintana , Letelier, don Felipe , y del que habla.
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