REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 352ª, EXTRAORDINARIA Sesión 28ª, en jueves 2 de diciembre de 2004 (Ordinaria, de 10.37 a 13.50 horas) Presidencia de los señores Lorenzini Basso, don Pablo, y Leal Labrín, don Antonio. Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. ÍNDICE I.-ASISTENCIA II.-APERTURA DE LA SESIÓN III.-ACTAS IV.-CUENTA V.-ORDEN DEL DÍA VI.-PROYECTOS DE ACUERDO VII.-INCIDENTES VIII.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA IX.-OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL Pág. I.Asistencia6 II.Apertura de la sesión9 III.Actas9 IV.Cuenta9 -Minuto de silencio en memoria de trabajadores fallecidos en accidente de Las Condes9 -Votación de renuncia del Primer Vicepresidente10 -Permiso constitucional10 V.Orden del Día. -Convenio entre Chile y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos a la renta y a las ganancias de capital. Primer trámite constitucional. -Convenio entre Chile y Croacia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos a la renta. Primer trámite constitucional. -Convenio entre Chile y Dinamarca para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos a la renta y al patrimonio. Primer trámite constitucional10 -o- -Pareos14 -o- -Pago de horas extraordinarias y de saldo de remuneraciones de trabajadores temporeros. Modificación del Código del Trabajo. Tercer trámite constitucional14 -Precisión sobre pago de cotizaciones previsionales morosas. Interpretación del artículo 162 del Código del Trabajo. Primer trámite constitucional24 VI.Proyectos de acuerdo. -Subsidio a medicamentos o su entrega a adultos mayores para el tratamiento de hipertensión arterial y diabetes27 -Mayores exigencias para instalación y mantención de extintores de incendio30 Pág. VII.Incidentes. -Resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre exoneración de académico de la Universidad de Chile. Oficio36 -Antecedentes relacionados con empresa constructora Trío Limitada. Oficios36 -Problemas de acceso a autopista en sector Las Acacias, comuna de San Bernardo. Oficio37 -Retribución económica a vocales de mesa. Oficio38 -Urgencia a proyecto de ley sobre instalación de antenas de telefonía móvil. Oficios39 -Razones de retiro de la empresa Motorola de la Quinta Región y antecedentes relativos a subsidios. Oficio40 -Alcances sobre desafuero parlamentario40 -Reconocimiento a muestras de afecto en reincorporación a la Cámara41 -Declaraciones de autoridades de las Fuerzas Armadas y de Investigaciones de Chile sobre informe Valech. Oficios42 -Informe de la Comisión Nacional sobre prisión política y tortura y creación de Instituto Nacional de los Derechos Humanos43 -Preservación de las dunas de Viña del Mar y Concón. Oficios44 -Salvaguardias a la importación de harina subsidiada desde Argentina45 -Inspección técnica a puentes de Osorno. Oficios46 -Pesar por fallecimiento de don Roberto Zacarías Silva Pinilla. Nota de condolencia47 VIII.Documentos de la Cuenta. 1.Oficio de S. E. el Presidente de la República por el cual comunica que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 70 de la Constitución Política de la República respecto del proyecto que crea asignación de estímulo y desempeño y proporciona normas sobre carrera funcionaria para los trabajadores de la Dirección del Trabajo. (boletín N° 3729-13)48 2.Oficio del honorable Senado por el cual comunica que ha aprobado en los mismos términos el proyecto que Establece facultades para la Tesorería General de la República y modifica la ley N° 19.848, sobre reprogramación de deudas a los fondos de crédito solidario (boletín N° 3712-04)48 IX.Otros documentos de la Cuenta. 1.Comunicación: -Del diputado señor Salas quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 7 de diciembre en curso. 2.Oficios: -De la Comisión Investigadora encargada de analizar la situación de los derechos de los trabajadores como consecuencia de las modificaciones introducidas por la ley N° 19.759, por el cual solicita el acuerdo de la Sala de la Corporación para sesionar el día 02 de diciembre en curso, de 12 a 13 horas. Contraloría General de la República -Señora Caraball, información sobre publicación de propaganda electoral en diarios de la Región Metropolitana. Ministerio del Interior -Señora Cristi, situaciones de violencia en nuestro país. Ministerio de Educación -Señor Navarro, condiciones de funcionamiento del Hogar Indígena de la Conadi en la Región Metropolitana. -Señor Quintana, información sobre jardines infantiles. -Señor Burgos, contratación de abogados externos. Ministerio de Justicia -Señor Araya, investigación de quiebra de la constructora del señor Eric Rovira. Ministerio de Agricultura -Señor Monckeberg, defensa de agricultores. Ministerio de Vivienda y Urbanismo -Señor Hales, disposiciones sobre antenas de telecomunicaciones. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones -Señor Navarro, subsidio para transporte de pasajeros de los habitantes de la Isla Santa María de Coronel. -Señor Saffirio, situación de estación ferroviaria de Padre Las Casas. Servicio Electoral -Señor Burgos, donaciones para campaña electoral. I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: (101) --Accorsi Opazo, Enrique --Aguiló Melo, Sergio --Alvarado Andrade, Claudio --Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro --Álvarez Zenteno, Rodrigo --Allende Bussi, Isabel --Araya Guerrero, Pedro --Ascencio Mansilla, Gabriel --Barros Montero, Ramón --Bayo Veloso, Francisco --Becker Alvear, Germán --Bertolino Rendic, Mario --Burgos Varela, Jorge --Bustos Ramírez, Juan --Caraball Martínez, Eliana --Ceroni Fuentes, Guillermo --Correa De la Cerda, Sergio --Cristi Marfil, María Angélica --Díaz Del Río, Eduardo --Dittborn Cordua, Julio --Egaña Respaldiza, Andrés --Encina Moriamez, Francisco --Errázuriz Eguiguren, Maximiano --Escalona Medina, Camilo --Espinoza Sandoval, Fidel --Forni Lobos, Marcelo --Galilea Carrillo, Pablo --Galilea Vidaurre, José Antonio --García García, René Manuel --Girardi Lavín, Guido --González Román, Rosa --González Torres, Rodrigo --Guzmán Mena, Pía --Hernández Hernández, Javier --Hidalgo González, Carlos --Ibáñez Santa María, Gonzalo --Jaramillo Becker, Enrique --Jarpa Wevar, Carlos Abel --Jeame Barrueto, Víctor --Kast Rist, José Antonio --Kuschel Silva, Carlos Ignacio --Leal Labrín, Antonio --Leay Morán, Cristián --Letelier Morel, Juan Pablo --Letelier Norambuena, Felipe --Longton Guerrero, Arturo --Lorenzini Basso, Pablo --Luksic Sandoval, Zarko --Martínez Labbé, Rosauro --Masferrer Pellizzari, Juan --Melero Abaroa, Patricio --Mella Gajardo, María Eugenia --Meza Moncada, Fernando --Molina Sanhueza, Darío --Monckeberg Díaz, Nicolás --Montes Cisternas, Carlos --Moreira Barros, Iván --Mulet Martínez, Jaime --Muñoz Aburto, Pedro --Muñoz D'Albora, Adriana --Navarro Brain, Alejandro --Norambuena Farías, Iván --Ojeda Uribe, Sergio --Olivares Zepeda, Carlos --Ortiz Novoa, José Miguel --Palma Flores, Osvaldo --Paya Mira, Darío --Pérez Arriagada, José --Pérez Lobos, Aníbal --Pérez Opazo, Ramón --Pérez San Martín, Lily --Prieto Lorca, Pablo --Quintana Leal, Jaime --Riveros Marín, Edgardo --Robles Pantoja, Alberto --Rojas Molina, Manuel --Rossi Ciocca, Fulvio --Saa Díaz, María Antonieta --Saffirio Suárez, Eduardo --Salaberry Soto, Felipe --Salas De la Fuente, Edmundo --Seguel Molina, Rodolfo --Sepúlveda Orbenes, Alejandra --Silva Ortiz, Exequiel --Soto González, Laura --Tapia Martínez, Boris --Tarud Daccarett, Jorge --Tohá Morales, Carolina --Tuma Zedan, Eugenio --Ulloa Aguillón, Jorge --Uriarte Herrera, Gonzalo --Urrutia Bonilla, Ignacio --Valenzuela Van Treek, Esteban --Varela Herrera, Mario --Vargas Lyng, Alfonso --Venegas Rubio, Samuel --Vidal Lázaro, Ximena --Vilches Guzmán, Carlos --Villouta Concha, Edmundo --Von Mühlenbrock Zamora, Gastón --Walker Prieto, Patricio -Con permiso constitucional no estuvo presente el diputado don Roberto Delmastro.- II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 10.37 horas. El señor LORENZINI (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor LORENZINI (Presidente).- El acta de la sesión 22ª se declara aprobada. El acta de la sesión 23ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor LORENZINI (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. -El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta. El señor LORENZINI (Presidente).- Señores diputados, quiero pedirles que le brindemos un aplauso de bienvenida al colega Rosauro Martínez, quien se reincorpora al trabajo parlamentario después de una larga enfermedad. -Aplausos. El señor LORENZINI (Presidente).- Si le parece a la Sala se accederá a la petición de la Comisión investigadora encargada de analizar la situación de los derechos de los trabajadores como consecuencia de las modificaciones introducidas por la ley Nº 19.759, para sesionar simultáneamente con la Sala, hoy, de 12.00 a 13.00 horas. No hay acuerdo. Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende. La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, le pido que recabe nuevamente el acuerdo y les pido a los colegas de la Oposición que recapaciten. No entiendo por qué se oponen a que sesione una comisión que está realizando una tarea tan importante en favor de los trabajadores. Todos sabemos que la ausencia de los miembros de esa comisión no afectará en absoluto el desarrollo de esta sesión. En vez de oponerse sin ninguna justificación, me gustaría que dieran argumentos. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Recabo nuevamente el acuerdo de la Sala para que dicha Comisión investigadora pueda sesionar simultáneamente con la Sala, entre las 12.00 y 13.00 horas. El señor DITTBORN.- No, señor Presidente. El señor LORENZINI (Presidente).- No hay acuerdo. MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE TRABAJADORES FALLECIDOS EN ACCIDENTE DE LAS CONDES. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Seguel. El señor SEGUEL.- Señor Presidente, ayer ocurrió un accidente muy grave en la comuna de Las Condes, a consecuencia del cual fallecieron varios trabajadores de la construcción. Por lo tanto, quiero solicitar que guardemos un minuto de silencio en su memoria. El señor LORENZINI (Presidente).- Me parece bien, señor diputado. Ruego a los señores diputados que guardemos un minuto de silencio, con nuestro sentimiento, por lo ocurrido ayer. -Las señoras diputadas y los señores diputados, funcionarios y asistentes a las tribunas guardan, de pie, un minuto de silencio. El señor LORENZINI (Presidente).- Muchas gracias. VOTACIÓN DE RENUNCIA DEL PRIMER VICEPRESIDENTE. El señor LORENZINI (Presidente).- Corresponde pronunciarse sobre la renuncia presentada por el Primer Vicepresidente de nuestra Corporación, diputado señor Antonio Leal. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor LORENZINI (Presidente).- No hay quórum. Se va a repetir la votación. -Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor LORENZINI (Presidente).- Nuevamente no hay quórum. Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos. -Transcurrido el tiempo reglamentario: El señor LORENZINI (Presidente).- En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor LORENZINI (Presidente).- No hay quórum. Por no lograrse nuevamente el quórum requerido, la votación queda pendiente para la próxima sesión. PERMISO CONSTITUCIONAL. El señor LORENZINI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá al permiso constitucional solicitado por el diputado señor Edmundo Salas para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 7 de diciembre. Acordado. V. ORDEN DEL DÍA CONVENIO ENTRE CHILE Y EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN RELACIÓN CON LOS IMPUESTOS A LA RENTA Y A LAS GANANCIAS DE CAPITAL. Primer trámite constitucional. CONVENIO ENTRE CHILE Y CROACIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN RELACIÓN CON LOS IMPUESTOS A LA RENTA. Primer trámite constitucional. CONVENIO ENTRE CHILE Y DINAMARCA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN RELACIÓN CON LOS IMPUESTOS A LA RENTA Y AL PATRIMONIO. Primer trámite constitucional. El señor LORENZINI (Presidente).- Hay tres proyectos de acuerdo, en primer trámite constitucional, prácticamente similares, que aprueban los convenios suscritos entre nuestro país y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República de Croacia y el Reino de Dinamarca para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en relación a los impuestos a la renta y al patrimonio y a las ganancias de capital. Además, los tres deben ser informados por los señores Jarpa y Dittborn en representación de las comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana y de Hacienda, respectivamente. Por lo tanto, propongo a la Sala que los respectivos diputados informantes realicen un solo informe para los tres proyectos de acuerdo, para que luego los votemos también en forma conjunta. ¿Habría acuerdo? Acordado. En consecuencia, corresponde ocuparse de los proyectos de acuerdo aprobatorios de los convenios para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos a la renta y sus protocolos o notas intercambiadas al respecto, suscritos por Chile con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República de Croacia y el Reino de Dinamarca, respectivamente. Diputados informantes de las comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana y de Hacienda son los señores Carlos Abel Jarpa y Julio Dittborn, respectivamente. Antecedentes: -Mensajes, boletines Nºs 3723-10, 3724-10 y 3725-10, sesión 19ª, en 15 de noviembre de 2004. Documentos de la Cuenta Nºs 3, 4 y 5, respectivamente. -Informes de las Comisiones de RR.EE., y de la de Hacienda, sesión 27ª, en 1º de diciembre de 2004. Documentos de la Cuenta Nºs 2 y 3, respectivamente. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana. El señor JARPA.- Señor Presidente, paso a informar los proyectos de acuerdo aprobatorios de los tratados internacionales celebrados por Chile con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República de Croacia y el Reino de Dinamarca, en los tres casos para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos a la renta, excepto en el convenio suscrito con el Reino Unido, en el que se amplían las medidas preventivas de la evasión al impuesto a las ganancias de capital, y en el firmado con Dinamarca, relativo a la evasión del impuesto al patrimonio a la renta. Los contenidos y objetivos de los tres proyectos son similares, razón por la cual, por economía procedimental, la Comisión estimó conveniente, tal como lo acordó la Sala, informarlos en un solo contexto. Estos convenios han sido celebrados conforme al modelo elaborado en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Ocde, y fueron suscritos en las ciudades y fechas que se pasan a indicar: con el Reino Unido e Irlanda del Norte, en Londres, el 12 de julio de 2003; con la República de Croacia, en Zagreb, el 24 de junio de 2003, y con el Reino de Dinamarca, en Copenhague, el 20 de septiembre de 2002. La Cámara ya ha conocido acuerdos aprobatorios en este sentido, como los suscritos por Chile con México, Canadá, Ecuador, Polonia, Brasil, Perú, Noruega y Corea. Con los convenios que nos ocupan se busca lograr tres grandes objetivos. En primer lugar, incentivar -especialmente hoy, ya que nuestro país está inserto en una economía abierta- un mayor flujo de capitales. Y lo más importante, este flujo de capitales deberá destinarse especialmente a inversiones en actividades terciarias, es decir, en tecnología y servicios. En segundo lugar, se pretende que Chile se convierta en una plataforma de negocios para empresas extranjeras que quieran operar en otros países de la región, lo que quedó claramente demostrado luego del excelente resultado del Foro de la Apec, que reúne a 21 economías del Asia-Pacífico. En tercer lugar, estos convenios serán de gran importancia para los empresarios chilenos, ya que tendrán la posibilidad de contar con las mismas garantías en sus actividades económicas desarrolladas en el Reino Unido, en Croacia y en el Reino de Dinamarca. Seguramente el diputado Dittborn se extenderá al respecto, pero según el informe del Ministerio de Hacienda, en primera instancia, habría una reducción de los ingresos económicos para nuestro erario. Sin embargo, por las mayores ganancias al bajar el impuesto a la renta, se aumentaría el impuesto de primera categoría, con lo cual esos menores ingresos serían resarcidos posteriormente. En el caso del Reino Unido, serían 4.906 millones de pesos en moneda de 2004; en el de Croacia, no habría inconvenientes, y en el del Reino de Dinamarca, de 14,9 millones de pesos en moneda de 2004. Los tres convenios fortalecerán la actividad económica en nuestro país, evitarán la doble tributación y prevendrán la evasión tributaria. Asimismo, en el caso del Reino Unido, también estará contemplado el impuesto a las ganancias, y en el caso de Dinamarca, el impuesto al patrimonio. Por este motivo, los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, en la sesión del 30 de noviembre, bajo la presidencia de nuestra colega Isabel Allende y con la asistencia de las diputadas señoras Rosa González, Lily Pérez y Laura Soto y de los diputados señores Francisco Bayo, Cristián Leay, Juan Masferrer, Waldo Mora, Edgardo Riveros, Jorge Tarud, Edmundo Villouta, los aprobaron por unanimidad, aun cuando la Sala pueda votar en forma separada cada proyecto de acuerdo. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda. El señor DITTBORN.- Señor Presidente, los tres convenios son de carácter tributario y se insertan dentro de lo que ha sido, desde hace bastantes años, la política de varios gobiernos chilenos, en el sentido de incorporar la economía nacional al mundo. A través de ellos se pretende evitar la doble tributación y, por ende, facilitar los flujos de inversión y de comercio. Así, en representación de la Comisión de Hacienda y en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, informo los tres proyectos de acuerdo, originados en mensajes de su excelencia el Presidente de la República con tratamiento de “suma urgencia”. Asistieron a la Comisión, durante su estudio, la señora Lisselot Kana y el señor José Madariaga, abogado, ambos asesores del Servicio de Impuestos Internos. Los objetivos de estos Convenios son evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal con relación a los impuestos a la renta. En general, se persigue reducir la carga tributaria total a la que estén afectos los contribuyentes que desarrollan actividades transnacionales entre los estados contratantes, en el ámbito del comercio, de los servicios o de los capitales, con lo cual se aumentan sustancialmente las oportunidades de inversión e intercambio económico y, al mismo tiempo, se les otorga estabilidad y certeza respecto de su carga tributaria y de la interpretación y aplicación de la legislación. El Convenio celebrado con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte consta de veintisiete artículos; el suscrito con Croacia, de veintiocho artículos, y el firmado con el Reino de Dinamarca de treinta artículos. En síntesis, los principales capítulos regulan el ámbito de aplicación del Convenio, las definiciones de términos y expresiones técnicas empleadas en estos instrumentos, la imposición de las rentas; los métodos para evitar la doble tributación, y sus disposiciones especiales y finales. En el caso del Convenio celebrado con Dinamarca se contempla un capítulo especial referido al impuesto al patrimonio. Por él Dinamarca acepta suprimir dicho gravamen a los chilenos; sin embargo, nosotros no podemos hacer lo mismo, porque aquí no existe el impuesto al patrimonio. En el caso del Reino Unido se hace presente que la ejecución del Convenio respectivo tendrá un impacto negativo en las finanzas públicas, que alcanzaría, aproximadamente, a 5 mil millones de pesos anuales, en moneda de 2004. Esta carga fiscal puede ser compensada, parcialmente, mediante un mayor impuesto de primera categoría que se aplicará a las empresas chilenas que tengan inversiones en el país respecto del cual se propone este Convenio, originado en una mayor renta por menor pago de impuestos, y un estímulo a la inversión extranjera, con el consecuente incremento en la actividad económica, que redundará en mayor recaudación tributaria. Sin embargo, en mi opinión, será muy difícil que esas dos medidas compensaran los 5 mil millones de pesos anuales que representará la medida y lo más probable es que, finalmente, el fisco deba absorber parte de ese costo. En el caso de Croacia se señala que el Convenio no tendrá impacto sobre las finanzas públicas y que ello se produce porque la inversión y el comercio con esa nación es insignificante. En el caso de Dinamarca se afirma que el impacto será menor para las finanzas públicas, pues alcanzaría, aproximadamente, a 15 millones de pesos anuales, en moneda de 2004. Se habla, nuevamente, de una posible compensación de este costo, pero lo más probable es que no se produzca. En el debate de la Comisión los representantes del Ejecutivo pusieron énfasis en las bondades de este tipo de convenios que constituyen una segunda etapa en el proceso de insertar a Chile en la economía mundial, removiéndose trabas que constituyen un freno a la fluida circulación de capitales y servicios. Teniendo presente los antecedentes de las iniciativas, la Comisión de Hacienda acordó, por unanimidad, proponer a la Sala la aprobación de los textos sustitutivos de los proyectos de acuerdo propuestos por la Comisión técnica en su informe. Es todo cuanto puedo informar. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Masferrer. El señor MASFERRER.- Señor Presidente, estos convenios son positivos, pues apuntan a los objetivos que el país se ha trazado a lo largo de dos décadas. Hoy -como expresaron los diputados informantes- nos preocupan los protocolos de acuerdo suscritos por Chile con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República de Croacia y el Reino de Dinamarca. El objetivo central de los proyectos de acuerdo en discusión -como se dijo- es la reducción de la carga tributaria total a la que estén afectos los contribuyentes que desarrollan actividades transnacionales entre los estados contratantes, lo que les otorgará, a su vez, estabilidad y certeza respecto de su carga tributaria y de la interpretación y aplicación de la legislación vigente. Además, establece mecanismos que ayudarán a prevenir la evasión fiscal mediante la cooperación entre las administraciones tributarias de los estados contratantes. Estos convenios nos parecen convenientes pues su propósito es evitar la doble tributación de las rentas y proporcionar mayor seguridad jurídica y certeza en cuanto al régimen tributario aplicable a las inversiones. Por último, cabe destacar que sus normas no sólo beneficiarán a los extranjeros que mantienen inversiones en el país, sino también a los chilenos que reciben algún tipo de renta de fuente extranjera. Su señoría, como economista e integrante de la Comisión de Hacienda, quien siempre se refiere al exceso de impuestos que pagamos todos los chilenos, comprenderá la importancia que reviste este tipo de Convenios. En consecuencia, le anuncio que los diputados de la Unión Demócrata Independiente, una vez más, votarán favorablemente, pues van en la línea correcta. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Cerrado el debate. En votación los proyectos de acuerdo. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor LORENZINI (Presidente).- Aprobados. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló, Allende (doña Isabel), Araya, Ceroni, Cristi (doña María Angélica), Dittborn, Egaña, Encina, Errázuriz, Escalona, Espinoza, García (don René Manuel), Hernández, Jaramillo, Kuschel, Leal, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Lorenzini, Martínez, Masferrer, Meza, Montes, Moreira, Norambuena, Ortiz, Palma, Prieto, Robles, Salaberry, Salas, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Soto (doña Laura), Tapia, Tuma, Ulloa, Urrutia, Valenzuela, Vilches, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker. PAREOS. El señor LORENZINI (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a los pareos presentados en Secretaría para la votación de los dos proyectos restantes de la tabla. El señor LOYOLA (Secretario).- Señor Presidente, se ha registrado en la Secretaría el pareo del diputado Alberto Cardemil con el diputado Patricio Cornejo. PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y DE SALDO DE REMUNERACIONES DE TRABAJADORES TEMPOREROS. Modificación del Código del Trabajo. Tercer trámite constitucional. El señor LORENZINI (Presidente).- Corresponde tratar, en tercer trámite constitucional, las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materia de remuneraciones por jornada extraordinaria y de trabajadores temporeros agrícolas. Antecedentes: -Modificaciones del Senado, boletín Nº 3696-13, sesión 26ª, en 1º de diciembre de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 8. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Rodolfo Seguel. El señor SEGUEL.- Señor Presidente, esta iniciativa, que modifica el Código del Trabajo en materia de remuneraciones por jornada extraordinaria y de trabajadores temporeros agrícolas, fue aprobada por la unanimidad de esta Cámara, en el primer trámite constitucional. El Senado, en el segundo trámite constitucional, después de un estudio exhaustivo, le introdujo una modificación que lo mejora y favorece a los trabajadores agrícolas, especialmente, que son los que tienen más problemas en relación con sus remuneraciones o con el tiempo que dejan pasar sin cobrar sus últimos cinco o diez días de sueldo. Normalmente -estoy haciendo un recuerdo-, esos dineros se pierden o quedan en poder del dueño del predio donde se desempeñaron durante la temporada. En la Cámara de Diputados concluimos que los saldos de dineros adeudados deben depositarse en la cuenta individual del seguro de desempleo. El Senado, a su vez, introdujo la siguiente modificación -muy importante para los trabajadores agrícolas-: “En el caso de existir saldos de remuneración que no hayan sido pagados al trabajador, los empleadores deberán depositarlos, dentro del plazo de 60 días, contado desde la fecha de término de la relación laboral, en la cuenta individual del seguro de desempleo creado por la ley Nº 19.728,...” Hasta ahí concuerda con el texto de la Cámara de Diputados. Y agregó: “...salvo que el trabajador disponga por escrito de otra forma. O sea, manifieste, por ejemplo, que dichos saldos puedan ser depositados en otra cuenta, trasladados a otro lugar o que los cobre otra persona. Los dineros depositados conforme a este inciso serán siempre de libre disposición para el trabajador. Los mandantes responderán de estos pagos de conformidad a lo establecido en los artículos 64 y 64 bis.” Esto quiere decir que si el empleador deposita ese dinero en la cuenta individual del seguro de desempleo, creada por la ley Nº 19.728, el trabajador no podrá retirarlo hasta estar desempleado. Ahora -reitero-, el trabajador podrá decidir que se pague a otra persona o se deposite en otra cuenta; será de libre disposición de éste. El Senado, con esta modificación, otorga mayor facilidad para que el trabajador acceda a los dineros que no cobró en el momento oportuno. Los miembros de la Comisión de Trabajo, de la Concertación, estimamos que esas modificaciones son bastante buenas, mejoran el proyecto y, por lo tanto, llamamos a su aprobación. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Cito a reunión de Comités. Tiene la palabra el diputado Felipe Salaberry. El señor SALABERRY.- Señor Presidente, como lo expresó el diputado señor Seguel, cuando el proyecto se debatió en esta Sala, señalamos que cumple con dos grandes objetivos. En primer lugar, como se establece desde hace muchos años en la legislación laboral, se reconoce que el pago de horas extraordinarias debe ser calculado siempre a partir del ingreso mínimo mensual, con un recargo de 50 por ciento sobre el valor de la hora. En segundo lugar, a los trabajadores temporeros agrícolas se les soluciona el inconveniente de tener que trasladarse de faenas para recuperar los saldos de remuneraciones que se les adeudaba, lo cual, además, les ocasiona gastos. El mensaje del Ejecutivo, aprobado por esta Cámara, señala que esos saldos de remuneración deben depositarse en la cuenta del seguro de desempleo. Las modificaciones del Senado perfeccionan esta norma a través de tres disposiciones de suyo importantes. En primer lugar, se establece un plazo para que el empleador deposite los saldos de remuneración en la cuenta individual del seguro de desempleo del trabajador, plazo que no consideró el mensaje del Ejecutivo ni la Cámara de Diputados cuando lo aprobó en segundo trámite. En segundo lugar, se permite que el saldo de remuneración pueda no ser depositado en la cuenta del seguro de desempleo, sino en una cuenta de ahorro o en otro instrumento que indique el trabajador. Por último, los fondos serán de libre disposición para el trabajador, independientemente del hecho que esté depositado en la cuenta del seguro de desempleo o en su cuenta personal. Así lo planteamos en la Sala cuando le correspondió a la Cámara conocer este proyecto de ley. Coincido con el diputado Seguel en cuanto a votar a favor de estas modificaciones, pues apuntan en el sentido correcto. He dicho. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra la honorable diputada Alejandra Sepúlveda. La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, las modificaciones del Senado mejoran el articulado del proyecto por cuanto amplían las posibilidades que tienen los trabajadores temporeros agrícolas para disponer de sus saldos de remuneración originales por cambio de empleo o término de faenas. Estos saldos debían incorporarse, según la fórmula de la Cámara, a la cuenta del seguro de desempleo. Sin embargo, el Senado amplió la gama de posibilidades al permitirle al trabajador, previa manifestación por escrito, depositar esos saldos en una cuenta de ahorro o en otro instrumento, además de consagrar que esos dineros serán siempre de libre disposición del trabajador. Lo más importante es que estos dineros, que pertenecen al trabajador, no se pierdan. Conociendo muy bien la idiosincrasia de los trabajadores temporeros, lo más probable es que estos fondos ingresen en las cuentas de seguro de cesantía, cosa que a nosotros nos interesa mucho, porque si bien el empleo agrícola ha aumentado a raíz de los tratados internacionales, la tecnificación de las labores de exportación va a redundar en una disminución del empleo en el sector, aspecto respecto del cual manifestamos nuestra preocupación al señor ministro del Trabajo. Por último, llamo a votar favorablemente las modificaciones del Senado. He dicho. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente, la protección laboral de los trabajadores temporeros adolece de una serie de deficiencias, tal como quedó establecido en esta Sala durante el primer trámite constitucional de esta iniciativa. Una de ellas es que no cuentan con contratos de trabajo definidos, porque siempre se relacionan laboralmente con contratistas, subcontratistas o intermediarios distintos. Esto ocurre en mi distrito, a donde llegan muchas personas del sur buscando “pega”. Suben por los caminos de Tierra Amarilla hasta los distintos campos en cuyas faenas se emplean sin contrato definido. Son los subcontratistas los que hacen de patrones y los trasladan de un fundo a otro. En verdad, este proyecto tiende a dar un cierto resguardo a las remuneraciones de los trabajadores temporeros, a quienes se les paga por caja de uva empacada, por racimo de uva cortado, y muchos de ellos son estafados en los pagos. Se desea evitar este problema, y el Senado, como lo plantearon algunos diputados, ha mejorado lo que aprobó la Cámara. En todo caso, los legisladores tendremos que estar atentos y las autoridades del Ministerio del Trabajo fiscalizar muy bien, por cuanto al permitir que el trabajador pueda libremente pedir que se le depositen los saldos de remuneración en una cuenta distinta de la del seguro de desempleo, se corre el riesgo de que el empleador -no el empleador serio, no el dueño de fundo, sino los bastante menos serios, como son los subcontratistas de subcontratistas- utilice esta posibilidad para ingresar los recursos en cuentas que no necesariamente sean de los trabajadores. Por eso digo que debemos estar atentos a la aplicación de la ley, a fin de perfeccionarla, en caso de ser necesario. A nuestro juicio, las modificaciones del Senado debieran ser aprobadas por unanimidad para hacer pronto de este proyecto una ley de la República. He dicho. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Aníbal Pérez. El señor PÉREZ (don Aníbal).- Señor Presidente, el proyecto constituye un tímido avance para resolver la precaria situación laboral y social en que se encuentran los trabajadores temporeros agrícolas. Los diputados de las zonas agrícolas, en nuestro recorrido por los campos, hemos constatado en el sector una precariedad laboral y social que no corresponde al siglo XXI y a la economía espectacular que, al menos en cifras, muestra nuestro país. Así es que no nos alegremos tanto. Los temporeros ya no sólo trabajan en la Sexta Región. Desde la Tercera a la Novena regiones son más de 700 mil personas las que laboran durante la temporada agrícola. Sin embargo, se da un hecho muy singular: se contratan más mujeres que hombres. No hay otro sector de la economía productiva que tenga más mujeres trabajando que el de los trabajadores temporeros agrícolas. Las modificaciones del Senado vienen a reconocer un hecho que era obvio, porque se trata de resguardar recursos de los temporeros que estaban quedando en manos de los empleadores. Si las platas son ganadas por los trabajadores, tienen que ir a sus bolsillos y no, como ha estado ocurriendo en algunos casos, a los de los empleadores agrícolas. Es necesario que el Congreso Nacional estudie un estatuto especial para el trabajador temporero agrícola. Se trata de una actividad muy particular, en la que laboran muchas mujeres, como digo, incluso menores de edad que ayudan a sus madres a recolectar manzanas, peras, kiwis, uvas, etcétera. Pero, además, Chile ha firmado tratados de libre comercio que nos obligan a cumplir en forma rigurosa con nuestra legislación laboral, que es lo que no estamos haciendo. Varios diputados hemos firmado una carta dirigida a la Organización Internacional del Trabajo, en la cual denunciamos la precariedad laboral en que se encuentran nuestros trabajadores de temporada agrícola, debido a que no se respetan las normas laborales. No pedimos nada nuevo, sólo pedimos respeto por nuestra legislación. Otra deficiencia es la falta de salas cuna. La ley obliga al empleador que tiene veinte o más trabajadoras de cualquier edad o estado civil a tener guarderías o a pagar a directamente a la sala cuna que recibe a los hijos menores de dos años de la trabajadora. ¿Cuántos empleadores cumplen esta norma? Un mínimo porcentaje. A tal extremo que en la temporada de verano, las municipalidades deben habilitar guarderías para suplir una obligación que le corresponde al empleador. Días atrás, en la Séptima Región, 50 trabajadoras temporeras se quemaron cosechando habas, como consecuencia de los plaguicidas que se utilizaron para desinfectar el terreno. ¡Cincuenta mujeres quemadas al desarrollar una labor agrícola de temporada! Anteayer, tras recorrer un predio agrícola con el Presidente de la República, en la Sexta Región, preguntamos al empleador cuánto ganaban los trabajadores temporeros. Todos ganaban el salario mínimo, pero algunos recibían menos de esa cantidad. Por lo tanto, pienso que este proyecto -reitero- es un tímido avance para terminar con la precariedad laboral y social de los trabajadores agrícolas. Ojalá que exista conciencia en el Congreso y en el Ejecutivo para que podamos tener una legislación que realmente dé cuenta de la importante labor que realizan las más de 600 mil personas que trabajan en esta actividad. No existe otro sector de la economía que haya crecido más con los tratados de libre comercio que el agroexportador. Ni el comercio, ni la industria, ni el sector financiero han crecido tanto. Sin embargo, a pesar de ser altamente exitoso y competitivo, tenemos a los trabajadores en condiciones deplorables, laboral y socialmente. Eso tiene que terminar. Ojalá que esta discusión sirva para iniciar un debate mucho más amplio que tienda a mejorar definitivamente la situación de los trabajadores temporeros del país. He dicho. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier. El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, durante el primer debate de este proyecto, algunos de nosotros dijimos que era una vergüenza tener que legislar sobre algo tan esencial y obvio, que por obvio se olvida, como es calcular el pago de las horas extras. Son decenas de miles de trabajadores a quienes no se les respeta lo obvio, es decir, que se les paguen las horas extraordinarias calculadas sobre la base del ingreso real que perciben, aumentado en cierto porcentaje. Lo que ocurre es que en diferentes sectores de la economía, -situación que hemos constatado en la Comisión investigadora del incumplimiento de las leyes laborales- como en el comercio y la banca- que son los más dinámicos y los que han obtenido las mayores utilidades en los últimos años-, se produce el vergonzoso hecho de que calculan el pago de las horas extraordinarias tomando en consideración sólo el ingreso base, en lugar del ingreso real, que generalmente es mixto, es decir, compuesto por un sueldo base más comisiones. Hay casos en los que el sueldo base declarado asciende a un peso, situación consignada en los documentos en poder de la Comisión investigadora. Resulta una vergüenza pensar que algunos empleadores utilizan como base de cálculo el ingreso de un peso y medio al momento de pagar las horas extraordinarias. Otro hecho similar fue noticia ayer y hoy. (Algunos han tratado de justificar lo injustificable). En la construcción de un gran edificio de la comuna de Las Condes, en Santiago, no se tomaron las medidas de seguridad mínimas para evitar el desplome de los mecanismos de circulación que usan los trabajadores. Eso produjo un accidente que tuvo como saldo seis trabajadores muertos y varios heridos, motivo por el que esta mañana la Cámara rindió un minuto de silencio en memoria de los fallecidos. Lamentablemente, estas graves situaciones se producen a diario. El proyecto da un paso tibio en la dirección correcta, pues establece que la base para calcular las horas extras será el sueldo mínimo. Sin embargo, el sistema no resultará justo en todos los casos, porque debieran considerarse la productividad de los trabajadores a la hora de efectuar ese cálculo. Eso sucederá, por ejemplo, con los trabajadores del comercio, a quienes sólo se toma en cuenta su sueldo base para realizar este cálculo, en circunstancias de que son polifuncionales, es decir, no siempre cumplen sus horas extraordinarias en su función principal, que es la venta, sino reponiendo productos, haciendo inventarios o en otras labores, como lo declararon quienes asistieron a la Comisión investigadora que estudia la situación de los derechos de los trabajadores. Debido a su estructura de ingreso, que se compone de un sueldo base más comisiones, muchos vendedores deben trabajar horas extraordinarias, porque laborar las cuarenta y ocho horas semanales no les asegura el ingreso mínimo mensual, situación que resulta absurda. Vivimos una situación peculiar, porque la ley dispone que en el caso de esos trabajadores se debiera pagar el ingreso mínimo mensual, de manera que se sobrentiende que las horas extraordinarias se debieran calcular sobre la base de dicho ingreso. Por desgracia, debemos reiterar dicha disposición en el texto de la iniciativa, porque muchos empresarios no lo han entendido así, especialmente los de los dos sectores más dinámicos de nuestra economía, como el comercio y la banca, tal como consta en la gran cantidad de denuncias que hemos recibido. En el sector agrícola es cada vez más notoria la masificación del pago a trato -algo similar ocurre, pero en menor escala, en el área de la construcción, donde el cálculo de las horas extraordinarias también es muy complejo-, como sucede con las temporeras y con los temporeros, situación que nos hace recordar tiempos que la literatura del siglo XIX relata, en que se exprimía a los trabajadores para aumentar las utilidades de las empresas. El segundo punto del proyecto, mencionado por varios señores diputados, dice relación con asegurar el pago de los saldos de remuneraciones insolutos a los trabajadores agrícolas de temporada. Esto es particularmente beneficioso para las temporeras y temporeros que trabajan en las regiones Tercera y Cuarta, donde existen largas distancias entre una faena y otra. Lo peculiar es que la ley presume dos cosas al respecto, lo que no siempre es así: primero, que existe un contrato de trabajo y, segundo, que se enteran los dineros en la cuenta del seguro de desempleo. Reitero, estas dos presunciones son muy bonitas, pero no reales, porque la generalidad de los temporeros son contratados por empresas contratistas que, en su gran mayoría, no están debidamente registradas en la Dirección del Trabajo, que no siempre tienen el capital de respaldo que corresponde, que no siempre escrituran los contratos y que, muchas veces, con o sin acuerdo de los trabajadores, no pagan las imposiciones ni el seguro de cesantía. Aquí hacemos una declaración de voluntad, pero no necesariamente va a ser del todo efectiva. Esta iniciativa representa un paso en la dirección correcta, ya que establece una obligación del empleador para pagar los saldos de remuneraciones insolutos. Sin embargo, me pregunto: si un contratista de Coronel engancha a personas de las regiones Octava y Novena para trabajar en Copiapó, y él, no el mandante, no les paga los saldos de sueldos insolutos, a pesar de que éste pudo haber pagado la totalidad que correspondía por ese servicio, ¿el texto es claro para garantizar a esos trabajadores que alguien va a depositar esos dineros en sus cuentas individuales del seguro de desempleo? Aquí se establece la responsabilidad subsidiaria del mandante, pero esta norma debe complementarse con lo que se está planteando en las Comisiones de Trabajo y de Constitución, Legislación y Justicia en cuanto al establecimiento de un procedimiento expedito para estos casos, con el objeto de que cuando no existan las presunciones señaladas, es decir, un contrato y los pagos del seguro de desempleo, las sanciones sean más severas. Es un tremendo avance que se dé una nueva posibilidad además de las cuentas individuales del seguro de desempleo y, más aún, que se establezca que los depósitos de saldos de remuneraciones insolutos son de libre disposición del trabajador. Esta modernización de los sistemas y formas de pago de los sueldos puede asegurar una mayor transparencia en las relaciones laborales. He dicho. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia. El señor URRUTIA.- Señor Presidente, el diputado señor Juan Pablo Letelier me ahorró muchas de las palabras que quería pronunciar. Quiero hacer dos precisiones. En primer lugar, cuando los señores diputados hablan de temporeros, se refieren a los temporeros agrícolas; pero debo aclarar que también existe esta clase de trabajadores en la industria, en el comercio, en la minería, etcétera. En segundo lugar, no me gusta que se generalice, ya que algunos diputados hablan de que todos los temporeros agrícolas están en situación menoscabada o con problemas. En verdad, no es así. Como en todos los rubros de la economía nacional, hay empresarios buenos y malos. Por lo tanto, les ruego que cuando intervengamos en este tipo de materias, hablemos de que existen algunos empresarios buenos y otros malos, pero no generalicemos, porque no es así. Ésa no es la realidad que se vive en el sector agrícola, industrial, minero o en otras actividades productivas. He dicho. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora María Eugenia Mella. La señora MELLA (doña María Eugenia).- Señor Presidente, respecto del proyecto, uno podría citar en forma simplista el viejo adagio popular que dice: “No temas ir despacio; sólo teme no avanzar”. Pero en este caso vamos demasiado despacio, y creo que los trabajadores de temporada no pueden esperar tanto para conseguir soluciones tan parciales. Entre los trabajadores de temporada también debemos considerar a los del turismo, como algunos señalaron, aunque ellos están en mejores condiciones que los del sector agrícola. Coincido con los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra en que se ha recorrido un largo camino en la búsqueda legítima de soluciones para los trabajadores de este sector, cuyas vivencias y experiencias hemos compartido, que apuntan a su incorporación con equidad al campo laboral. Lamentablemente, el proyecto no consigue eso, aunque trata de resolver los problemas de un grupo específico de trabajadores, que quizás tiene contrato, a quienes podemos aplicar algunos resquicios legales y ayudarles en casos muy puntuales. Pero ello se ha logrado con una lucha enorme y con inspecciones del Trabajo que, espero, a raíz del proyecto que aprobamos ayer, que les otorga mayores beneficios y mejores remuneraciones, realicen su labor inspectiva en mejores condiciones. No podemos desconocer que la mayoría de los empleos de temporada del sector agrícola los realizan mujeres jefas de hogar, las cuales en algunos casos son las únicas proveedoras del sustento económico de sus familias. En su oportunidad, el Servicio Nacional de la Mujer dispuso la creación de centros de atención a hijos de mujeres temporeras agrícolas para solucionarles un problema enorme. Hoy, esa labor la han asumido algunos municipios, no todos; pero es una solución de parche, aunque constituye para ellas la única forma de poder trabajar tranquilas y no tener a sus hijos en las calles. Si analizamos la delincuencia juvenil, si nos fijamos en los niños que pierden tiempo parados en las esquinas, que rompen ampolletas o que inician en las calles el camino a la delincuencia, podremos comprobar que muchos de ellos son hijos de trabajadoras temporeras, que se quedan en las calles mientras sus madres trabajan, porque ellas no disponen de recursos para pagar a alguien que los cuide. La solución que se brinda a este sector de trabajadores es demasiado insuficiente. Se han mencionado otras normas que se están tramitando en comisiones; pero, a mi juicio, seguimos con una visión de política social antigua, que no está acorde con los tiempos que vivimos ni con los convenios y tratados comerciales internacionales, que es mirar la política desde una perspectiva vertical. Si uno de los problemas de las temporeras tiene que ver con materias relacionadas con la Dirección del Trabajo, se estudia en la Comisión de ese nombre, pero ocurre que este tipo de problemas no son verticales, sino horizontales, ya que se cruzan con otras situaciones sociales: con incumplimiento de leyes laborales, con deficiencias de salud y de educación, porque los hijos de estas trabajadoras no pueden incorporarse al colegio. Hay problemas de guarderías infantiles, etcétera. Por lo tanto, mientras no tramitemos un proyecto integral, que realmente responda a las necesidades de este sector, nos estaremos conformando con ir dando pasitos que no van a solucionar el problema. Reconozco que hay empresarios y trabajadores que están en condiciones mejores, pero son los menos. En mi distrito, con el cultivo de las paltas y de otros productos a los que se les abrió la oportunidad de exportación, los empleadores lograron enorme ganancias. Entonces, no sólo deben quedarse con la explicación de que están ocupando a más gente porque igual la necesitan para aumentar su producción. Por eso hago un llamado a los empresarios para que mejoren las condiciones laborales, los accesos a becas; instalen guarderías, según establece la ley, y de que no busquen resquicios que les permitan escapar de esas obligaciones. Hay que poner el acento en que la Dirección del Trabajo haga que los empresarios cumplan la ley. Hace algún tiempo hablamos del pacto social. Se trataba de que los trabajadores de temporada, que están en desventaja respecto de otros, tuvieran la posibilidad de negociar sus condiciones de trabajo, de que empresarios y trabajadores pudieran encontrarse y lograr acuerdos con el apoyo del gobierno. Por lo tanto, quiero terminar mis palabras diciendo que vamos a apoyar este proyecto, como lo hicimos en el primer trámite, porque, aunque es un pequeñísimo avance, es de máxima justicia. He dicho. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Maximiano Errázuriz. El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, el proyecto de ley en discusión se refiere concretamente a los casos en que, no existiendo un sueldo convenido entre el empleador y el trabajador, las horas extraordinarias se calculen sobre la base del ingreso mínimo mensual que determine la ley y no de la remuneración fijada por el empleador. Comparto lo que se señalaba el diputado Urrutia, en el sentido de que no hay sólo trabajadores temporeros agrícolas, sino también otros que pueden encontrarse en una situación similar. También comparto lo señalado por la diputada señora María Eugenia Mella, en el sentido de que el proyecto no resuelve el problema de fondo de los trabajadores temporeros, que sólo trabajan durante la cosecha y en el resto del año tienen que sustentarse con los ahorros que han hecho. Conozco el tema, porque soy diputado por una zona que tiene sectores agrícolas, como Pirque y San José de Maipo, y fui diputado por la provincia de Colchagua, que es agrícola por excelencia. Eso les trae diversos problemas; entre otros, previsionales. Cuando por razones de edad o de enfermedad no pueden seguir trabajando, no tienen protección que les permita seguir subsistiendo y deben hacerlo a costa de la caridad de sus hijos o de su familia. Así como hay buenos y malos patrones, también hay buenos y malos trabajadores. El Cid decía: “Qué buen vasallo si oviesse buen señor”. Hay buenos trabajadores cuando hay buenos patrones. En ciertas actividades agrícolas, como la cosecha de determinadas frutas, por ejemplo, paltas y cerezas, el cuidado que se debe tener es extraordinariamente importante, sobre todo cuando se trata de fruta de exportación; si los temporeros no trabajan con la debida preparación, podrían arruinar parte de la cosecha. Por lo tanto, van adquiriendo un cierto grado de profesionalismo muy importante para ellos y sus patrones. En ese sentido, la iniciativa, si bien no soluciona el problema, lo disminuye. En la medida en que los empleadores entiendan que el éxito de sus empresas depende, en gran medida, de las condiciones laborales, del profesionalismo, de la confianza de sus trabajadores y de que tengan la camiseta puesta, el beneficio será para ambas partes. A lo mejor, para ellos una iniciativa como ésta es absolutamente innecesaria. Del mismo modo, creo que en ella no se resuelve definitivamente el problema creado por quienes buscan burlar las remuneraciones o los beneficios de los trabajadores. Sin embargo, hay una norma muy importante, que dice lo siguiente: “En el caso de existir saldos de remuneración que no hayan sido pagados al trabajador, los empleadores deberán depositarlos, dentro del plazo de 60 días, contado desde la fecha de término de la relación laboral, en la cuenta individual del seguro de desempleo creado por la ley Nº 19.728, salvo que el trabajador disponga por escrito de otra forma. Los dineros depositados conforme a este inciso serán siempre de libre disposición para el trabajador.” En mi opinión, ello constituye un gran avance. Espero que este proyecto de ley sea aprobado en forma unánime por todas las bancadas y, mucho más que eso, que cada día la relación entre trabajadores y empleadores sea mejor no sólo para mejorar las cosechas y aumentar los ingresos de los empresarios y de los trabajadores, sino fundamentalmente para propiciar un mejor clima de convivencia en la sociedad chilena. He dicho. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Guillermo Ceroni. El señor CERONI.- Señor Presidente, valoro enormemente el proyecto, porque protege cada vez más los derechos de los trabajadores. Es increíble el abuso en que incurren muchos empleadores cuando calculan las horas extraordinarias sobre la base de sueldos inferiores al ingreso mínimo mensual. Por eso, el proyecto de ley está en la dirección correcta: evitar dichos abusos e impedir que el empleador se quede con saldos de remuneración que pertenecen a los trabajadores. Son muchos los casos de trabajadores temporeros que, por buscar mejores oportunidades, se van de un lugar a otro en las temporadas agrícolas y dejan pequeños saldos de remuneraciones sin cobrar, pero si éstos se suman, constituyen algo muy importante para ellos. Por lo tanto, el hecho de que se depositen estos dineros en la cuenta individual del seguro de desempleo me parece muy acertado; obviamente, lo otro es injusto. No me cabe la menor duda de que quienes más abusan de los trabajadores temporeros agrícolas son los subcontratistas, quienes hacen un negocio criminal al explotar y no cumplir los derechos de los trabajadores. Es desde el punto de vista legislativo donde tenemos que poner nuestra atención para evitar ese tipo de abusos. Por mi experiencia me doy cuenta que los mayores abusos en las zonas agrícolas los cometen los grandes empresarios. Pero no tenemos que demonizarlos a todos. Hay pequeños y medianos que están haciendo grandes esfuerzos por obtener ganancias legítimas desde el ámbito de lo que es el mercado y desde un punto de vista ético. Y en esto es fundamental para ellos tener a sus trabajadores en condiciones dignas y con ingresos adecuados. Reitero: donde he visto el mayor abuso es en los subcontratistas y en las grandes empresas. Éstas tienen toda la cadena productiva: producen y exportan sus productos, con lo cual generan ganancias realmente cuantiosas. En cambio, los pequeños y medianos empresarios solamente producen; después intervienen los intermediarios y los exportadores, que se llevan la mayor ganancia. Los empresarios pequeños y medianos hacen grandes esfuerzos por cumplir la normativa. En general, lo hacen, por eso, tenemos que ser más estrictos respecto de los otros. Creo que contamos con normas suficientes para el adecuado respeto de los derechos de los trabajadores. Lo que falta es que se cumplan. No sacamos nada con llenarnos de nuevas disposiciones si no se respetan: hay que ser estrictos en el cumplimiento de lo que tenemos, para así dar los pasos posteriores. En suma, tenemos que ir cambiando la mentalidad en nuestro país. Es legítimo por supuesto obtener ganancias, pero eso no puede ser a costa de atropellar los derechos de las personas que contribuyen a generarlas: los trabajadores. Tenemos que avanzar, pero entre todos. En consecuencia, creo que esta norma va por el camino correcto. He dicho. El señor LEAL (Vicepresidente).- Finalmente, Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier. El señor LETELIER (don Felipe).- Señor Presidente, creo necesario valorar el proyecto aprobado por la Cámara y las modificaciones introducidas por el Senado. Desde que asumimos, en 1990, hemos venido insistiendo en los instrumentos de fiscalización, de manera que exista una relación medianamente justa entre los dueños de la fuerza de trabajo, que son muy débiles, y los dueños de los medios de producción. Algunos colegas se han referido al artículo 64 bis del Código del Trabajo. Efectivamente, esa norma no se cumple, sobre todo en zonas donde la silvicultura y la forestación son muy importantes. Por ejemplo, a esas zonas llega un subcontratista, quien lleva en un par de camiones a veinte, treinta, cincuenta o cien trabajadores para que laboren en la faena de que se trate. Pero, después del primer mes, les dice que el empresario no le ha pagado y que, por lo tanto, él tampoco podrá hacerlo, y les da sólo algunas chauchas. En el segundo mes ocurre algo parecido, en circunstancias de que el empresario o dueño del predio le ha pagado. En el tercer mes, cuando la faena está prácticamente terminada, a ese subcontratista no se le ve por ninguna parte. El artículo 64 bis del Código del Trabajo hace responsable al empresario o dueño del predio. Sin embargo, no se cumple. Lo digo con conocimiento de causa, porque en la Octava Región, especialmente en la provincia de Ñuble, las quejas sobre este punto son cotidianas. Respecto del tema puntual y concreto, valoro las modificaciones del Senado. Aprecio altamente todo lo que facilite y ayude al trabajador al momento de su despido, y se le permita la opción de pedir que el remanente de su remuneración sea depositada en tal o cual cuenta o de recibir el dinero constante y sonante. Ésta es una muy buena proposición. En el texto se habla de horas extraordinarias. Con todo respeto, quiero decir que estos temas parecen ultra modernos, porque la realidad de las temporeras en nuestra economía agrícola tradicional, de subsistencia, es muy distinta. Me pregunto cuántas de estas trabajadoras tienen contratos. Ninguna. ¿Cuántas de ellas saben lo que son las horas extraordinarias? Muy pocas. De manera que tenemos que avanzar a pasos más firmes y rápidos en esta materia, porque entiendo que los mismos tratados de libre comercio que hemos firmado con distintos países, especialmente con Estados Unidos y con la Unión Europea, nos exigen una legislación laboral más equitativa y justa. Pero, los empresarios tienen una voz muy fuerte y piden flexibilidad laboral, porque consideran que nuestras leyes son “perjudiciales” para ellos. Al respecto, siempre hemos tenido dos miradas. Todo lo que aprobemos en la Cámara de Diputados y en el Congreso Nacional en favor de relaciones laborales más justas es bienvenido. Por supuesto, respaldaremos el proyecto, porque es bueno para los trabajadores del país. He dicho. -Aplausos. El señor LEAL (Vicepresidente).- Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos: El señor LORENZINI (Presidente).- Corresponde votar la modificación del Senado al proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materia de remuneraciones por jornada extraordinaria y de trabajadores temporeros y agrícolas. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor LORENZINI (Presidente).- Aprobado. Despachado el proyecto. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi, Aguiló, Allende (doña Isabel), Bayo, Becker, Ceroni, Cristi (doña María Angélica), Dittborn, Egaña, Encina, Escalona, Forni, Girardi, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hernández, Jaramillo, Jarpa, Kuschel, Leal, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Lorenzini, Luksic, Martínez, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Montes, Muñoz (don Pedro), Olivares, Ortiz, Palma, Pérez (don José), Prieto, Quintana, Riveros, Robles, Saffirio, Salaberry, Seguel, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tuma, Ulloa, Urrutia, Valenzuela, Venegas, Vidal (doña Ximena), Villouta, Von Mühlenbrock y Walker. PRECISIÓN SOBRE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MOROSAS. Interpretación del artículo 162 del Código del Trabajo. Primer trámite constitucional. El señor LEAL (Vicepresidente).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de ley, originado en moción, que interpreta lo preceptuado en el incido tercero del artículo 162 del Código del Trabajo, para efectos de precisar el monto de lo que corresponde pagar por concepto de cotizaciones previsionales morosas, en la situación que indica. Diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social es el señor Rodolfo Seguel. Antecedentes: Segundo informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, boletín Nº 3506-13, sesión 18ª, en 11 de noviembre de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 5. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor SEGUEL.- Señor Presidente, en representación de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, me corresponde informar, en segundo trámite reglamentario, sobre el proyecto que interpreta lo preceptuado en el incido tercero del artículo 162 del Código del Trabajo, para efectos de precisar el monto de lo que corresponde pagar por concepto de cotizaciones previsionales morosas, en la situación que explicaré más adelante. Este proyecto fue ampliamente discutido durante dos o tres horas en la Cámara de Diputados, hace aproximadamente dos meses, y fue aprobado en general por la unanimidad de los señores diputados. Pero los diputados Julio Dittborn, Felipe Salaberry y quien habla presentamos una indicación para incorporar un artículo 2º, nuevo. Antes de explicar este nuevo artículo, es necesario aclarar qué sentido tiene el proyecto, que es lo que la gente espera de un diputado informante. Estamos ante un proyecto interpretativo dirigido hacia la Corte Suprema debido a que, en dos fallos, ésta ya ha interpretado mal, según opinión del legislador, la posición que tuvimos respecto del artículo 162 del Código del Trabajo, del cual soy autor junto con el ex diputado Manuel Bustos, la famosa ley Bustos-Seguel. Este artículo dice que para proceder al despido de un trabajador, el empleador deberá tener pagadas todas las cotizaciones previsionales, el seguro de desempleo y las cotizaciones de salud. De lo contrario, el despido será nulo. Este tema ha sido muy discutido y la norma tiene una aplicación bastante amplia e interesante. Pero, a nuestro juicio, tuvo un error en el sentido de no tomar las providencias necesarias en relación a quienes autorizan un despido. Como todos sabemos, el despido se ratifica en la inspección del Trabajo o ante un notario público. Pero sucede que el notario no estaba obligado a requerir del empleador los certificados que acreditaban el pago de las cotizaciones y otras prestaciones. A raíz de esto, junto con otros diputados presentamos un proyecto para modificar esa parte. Ahora, tanto la inspección del Trabajo como los notarios deberán revisar que la documentación esté al día cuando autoricen el despido de un trabajador, esto es, que se encuentren pagadas las cotizaciones previsionales, de salud y el seguro de desempleo. Ante esto, la Corte Suprema, en dos fallos, fundado en el artículo 480 del Código del Trabajo, ha dictaminado que el empleador está obligado a pagar al trabajador sólo un máximo de seis remuneraciones del total devengado con posterioridad al despido. Ese no es el espíritu de la ley. Como ya lo expliqué, lo que se debe pagar al trabajador es todo el lapso que se le adeuda. Esta es la idea matriz del proyecto interpretativo. El diputado señor Julio Dittborn tiene razón al señalar que hay empleadores que no pueden pagar inmediatamente, dentro de los quince días o al mes siguiente, las cotizaciones legales para el despido. Pero en ese caso estamos hablando de un empleador que no es deudor permanente, sino casual, por un problema económico que está viviendo. En la Comisión le encontramos razón, y lo apoyé en una indicación que dice lo siguiente: “No será exigible esta obligación del empleador cuando el monto adeudado por concepto de imposiciones morosas no exceda de la cantidad menor entre el 10% del total de la deuda previsional ó 2 UTM, y siempre que dicho monto sea pagado por el empleador dentro del plazo de quince días, hábiles contado desde la notificación de la respectiva demanda.” Dos UTM significan, aproximadamente, 60 mil pesos. No es una gran deuda. Además, no estamos hablando de un deudor permanente, sino de un empleador pagador, que no ha podido cumplir por diversos motivos, razonables, entendibles y justificables. Incluso, se le está dando un plazo de quince días contado desde la notificación de la respectiva demanda. Creo que con la indicación del diputado señor Dittborn el proyecto queda en condiciones de ser aprobado, de modo que la Corte Suprema no podrá seguir sosteniendo la tesis del máximo de seis meses. No es eso lo que dice la ley. Esto no es una deuda por los sueldos o por las horas extraordinarias, sino que es una deuda previsional, de salud y del seguro de desempleo. Por lo tanto, el tiempo que el trabajador esté fuera de su trabajo deberá reconocérsele. Creo que es un buen proyecto, pues agilizará los procesos, contribuirá a que los trabajadores reciban lo adeudado y que los empleadores paguen en forma más oportuna. En fin, los trabajadores tendrán mayor cantidad de dinero en sus cuentas individuales al momento de jubilar, para no seguir siendo carga del Estado, cualquiera sea el gobierno de turno. Llamo a los señores diputados a votar favorablemente, porque el proyecto es positivo. Además, la indicación corresponde a lo conversado y acordado con el diputado señor Julio Dittborn. He dicho. El señor LEAL (Vicepresidente).- En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn. El señor DITTBORN.- Señor Presidente, la indicación que la Comisión aceptó introducir es para precisar la norma propuesta en el proyecto en debate. Tal como lo dijo el diputado señor Seguel, la ley Bustos-Seguel declara nulo el término del contrato de trabajo si el empleador no ha pagado la totalidad de las cotizaciones previsionales, de salud, el seguro de desempleo, etcétera. Está muy bien que así sea y estamos todos de acuerdo. El punto radica, y por eso la Corte Suprema debió intervenir a través de sus fallos, en que había algunos malos trabajadores, por así decirlo, que abusaban un poco de la norma y que luego del despido esperaban el plazo máximo de seis meses para argumentar que se les debía alguna pequeña parte de las imposiciones, por ejemplo, por concepto de horas extraordinarias, y con ello lograban que se les pagaran seis meses de sueldo, no de cotizaciones. Entonces, era un poco como ganarse el Loto, es decir, había un incentivo perverso. En el fondo, con la indicación mantuvimos la ley Bustos-Seguel en toda su amplitud y fuerza, pero agregamos que no será exigible la obligación del empleador cuando el monto adeudado por concepto de imposiciones morosas no exceda de la cantidad menor entre el 10 por ciento del total de la deuda previsional ó 2 UTM, es decir, alrededor de 50 mil pesos. Eso lo hicimos con el objeto de evitar los abusos que se puedan cometer para ganarse seis meses de sueldo en forma fácil. Con ello se mantiene la letra y el espíritu de la ley Bustos-Seguel y se evita que se cometan abusos. He dicho. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Boris Tapia. El señor TAPIA.- Señor Presidente, en la presente iniciativa es posible observar con claridad la mano de nuestro colega Rodolfo Seguel, quien no abandona, y con seguridad nunca abandonará, la defensa de los derechos de los trabajadores. En esta oportunidad ha sabido conciliar este loable propósito con una disposición aprobada por la mayoría de los miembros de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de esta Corporación, que es del todo positiva y apunta en el sentido correcto de la defensa de los derechos previsionales de nuestros trabajadores. Sin embargo, no me quedaría tranquilo si no reconociera, además, el particular interés que ha demostrado el diputado señor Dittborn por esta iniciativa. Su juicio ponderado ha permitido consensuar con el diputado señor Rodolfo Seguel y otros colegas una indicación para evitar abusos, sin perder el norte de la defensa de los derechos previsionales de los trabajadores. Dicha indicación establece un límite en el monto mínimo de la deuda a la hora de iniciar acciones para dejar sin efecto el despido por no pago de las cotizaciones previsionales, garantizando que el deudor eventual, esto es aquel que debe, probablemente, por razones coyunturales o por un error excusable, cumpla su obligación. Por ello, llamo a mis colegas parlamentarios a votar favorablemente esta iniciativa, que en su oportunidad contó con el apoyo unánime de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. He dicho. El señor LEAL (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos: El señor LORENZINI (Presidente).- Corresponde votar el proyecto de ley que interpreta lo preceptuado en el inciso tercero del artículo 162 del Código del Trabajo, para efectos de precisar el monto de lo que corresponde pagar por concepto de cotizaciones previsionales morosas. Por no haber sido objeto de indicaciones ni de modificaciones, se declara aprobado el artículo 1º. En votación el artículo 2º. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor LORENZINI (Presidente).- Aprobado. Despachado el proyecto. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi, Aguiló, Allende (doña Isabel), Bayo, Becker, Ceroni, Cristi (doña María Angélica), Dittborn, Egaña, Encina, Escalona, Forni, Girardi, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hernández, Jaramillo, Jarpa, Kuschel, Leal, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Lorenzini, Luksic, Martínez, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Montes, Muñoz (don Pedro), Olivares, Ortiz, Palma, Pérez (don José), Prieto, Quintana, Riveros, Robles, Salaberry, Seguel, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tuma, Ulloa, Urrutia, Valenzuela, Venegas, Vidal (doña Ximena), Villouta, Von Mühlenbrock y Walker. VI. PROYECTOS DE ACUERDO SUBSIDIO A MEDICAMENTOS O SU ENTREGA A ADULTOS MAYORES PARA EL TRATAMIENTO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES. El señor LORENZINI (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 505. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 505, de las señoras Vidal, doña Ximena; Soto, doña Laura; Muñoz, doña Adriana; Guzmán, doña María Pía; Mella, doña María Eugenia, y de los señores Álvarez-Salamanca, Silva, Barros y Vilches: “Considerando: Que el aumento sostenido de las patologías en los adultos mayores, como producto de distintas afecciones y dolencias que en esta etapa de la vida se manifiestan, debe ser objeto, a corto plazo, de políticas públicas elaboradas con el fin de que las primeras sean paliadas, si no en su totalidad, al menos en sus aspectos más relevantes y de mayor urgencia. Que el perfil epidemiológico en Chile ha sufrido mutaciones importantes en los últimos años, dando paso a estadísticas en algunos casos alarmantes respecto al incremento constante de algunas enfermedades relacionadas con el aparato cardiovascular, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, entre otras. Que, por esto, es dable sustentar que, frente al actual sistema de pensiones y, además, ante la enorme cantidad de mujeres que, por no haber realizado un trabajo regulado por un contrato, sino labores de casa, para quienes no existe ninguna retribución directa dada por la Seguridad Social hasta el día de hoy, resulta indispensable analizar esta materia con mayor detenimiento. Que, conjuntamente, es necesario señalar que el Supremo Gobierno se ha empeñado en dar un protagonismo actual y contingente al tema del adulto mayor en las diversas instancias en que éste se ha presentado, tanto a través de la iniciativa legal mediante la creación de órganos administrativos como por medio de la aplicación de programas que mejoren la calidad de vida de los ancianos, todo lo cual siempre tendrá un impacto positivo en la precaria existencia de los más pobres. Que, dadas las características de lo expuesto, y, en atención a los muchos problemas que ese sector ofrece desde siempre, es menester proporcionar los aportes para iniciar una pronta solución que signifique alguna forma de entrega o subsidio de los medicamentos que sean prescritos para el control y terapia de las patologías de hipertensión arterial y diabetes. Dichas enfermedades tienen una tremenda incidencia en la vida habitual de la tercera edad, haciéndose difícil para una gran parte de sus pacientes costear la totalidad de los valores de dichos medicamentos. La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a S.E. el Presidente de la República que, en uso de sus facultades privativas, tenga a bien ordenar al Ministro Secretario General de la Presidencia para que, por su intermedio, el director del Servicio Nacional del Adulto Mayor, conjuntamente con el ministro de Salud, se aboquen al estudio de medidas reglamentarias e iniciativas legales para elaborar programas de entrega de medicamentos o subsidios al precio de los mismos, prescritos para el tratamiento de las patologías de hipertensión arterial y diabetes, en los casos que proceda.” El señor LORENZINI (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal. La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente, el 10 por ciento de la población del país está envejecida. El tema nos preocupa. En nuestros distritos tenemos un contacto cotidiano con los adultos mayores y nos preocupan sus enfermedades y problemas, que son de distinta índole, como los relacionados con la previsión. Este proyecto apunta específicamente a coordinar los esfuerzos del Gobierno para atender enfermedades crónicas, como la diabetes y la hipertensión, que afectan a los adultos mayores. Porque a pesar de los esfuerzos desplegados, no ha sido factible contar con políticas eficientes sobre la materia. El Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) en virtud de las facultades de que está investido, debiera ser el ente coordinador entre el Gobierno y el Ministerio de Salud en materias relativas a ese grupo etáreo, especialmente aquellos referidos a la salud. No quiero extenderme más en explicar el sentido del proyecto. Sólo pido a mis colegas que respalden la idea de generar políticas de acción coordinada en todos los niveles. Para ello, invito a los señores diputados a votarlo favorablemente. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Patricio Melero. El señor MELERO.- Señor Presidente, los objetivos perseguidos por el proyecto de acuerdo son muy loables, ya que busca beneficiar a la población adulta mayor, la cual aumenta cada día más. La población adulta es de 1 millón 600 mil chilenos mayores de 60 años, pero considerando el factor de la sobrevida, estimada en 76 años y con proyección a los 80 para los próximos 10 años, sumada la disminución de la tasa de natalidad de 1,6 a 1,2 por ciento, las proyecciones del censo de 2000 nos permiten estimar una población adulta mayor en 3 millones para 2010. Por consiguiente, es un problema emergente de importancia. El problema planteado no es nuevo; está presente hace muchos años. Probablemente se deba a los recursos disponibles en el país para solucionarlo. Existe un proyecto de acuerdo -se verá en los próximos días; ojalá sea aprobado-, que se relaciona con la posibilidad de aumentar las pensiones asistenciales -el Pasis, que beneficia a más de 180 mil personas-, de un promedio de 39 mil a 49 mil pesos en un plazo de dos años, lo cual, de acuerdo con los cálculos correspondientes, tendría un costo aproximado de 59 mil millones de pesos, en plena aplicación. Si se incrementan las pensiones asistenciales de los grupos más pobres de la tercera edad y buscamos los medios para apoyarlos en los términos que propone el proyecto de acuerdo, se podrá generar un cuadro de mejor atención de salud. Ahora bien, no sé si los autores del proyecto habrán avanzado conversaciones con el Gobierno, pero creo que este tipo de situaciones también podrían ser canalizadas vía Ministerio de Salud, específicamente a través del Fondo Nacional de Salud. Las enfermedades mencionadas -si mal no recuerdo- están consideradas en el plan Auge. Por eso, si les parece a los autores, se podría enviar no sólo a la Secretaría General de la Presidencia y al Servicio Nacional del Adulto Mayor, sino también al Ministerio de Salud, para complementar esto, a través del Fonasa, de la atención primaria de salud o, en su defecto, del plan Auge. Quienes están facultados para entregar este tipo de ayuda son los municipios, los cuales, vía subsidios o aportes, pueden implementar los programas de atención de salud primaria. Es lo que hizo Joaquín Lavín en la comuna de Santiago. Estas acciones de salud en beneficio de la tercera edad fueron exitosas. Por eso, la población de adultos mayores de Santiago recibe mejor atención que la de otras comunas. Lo anterior, como una forma de sumarme al proyecto de acuerdo. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora María Eugenia Mella. La señora MELLA (doña María Eugenia).- Señor Presidente, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes son una de las tres primeras causas de muerte de los chilenos. Sabemos que con un tratamiento adecuado se puede mejorar la calidad de vida de los adultos mayores aquejados por esas dolencias y así prolongar sus expectativas de vida. En mi distrito muchos municipios, como el caso de Quillota, han tomado medidas respecto de esas personas y han obtenido resultados muy importantes. Sin embargo -los colegas médicos presentes me podrán acompañar en este punto-, los medicamentos para la hipertensión y la diabetes son muy caros y los que entregan los municipios u otras instancias no siempre son los adecuados para cada persona, ya que muchas veces producen efectos secundarios o un mismo remedio no sirve para todos. Por eso, es importante que el Gobierno implemente, a través de los distintos servicios, programas, subsidios o amplíe los que actualmente están funcionando para proporcionar medicamentos a los adultos mayores afectos por la diabetes y la hipertensión. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Pía Guzmán. La señora GUZMÁN (doña Pía).- Señor Presidente, en el futuro, uno de los grandes problemas que tendremos como sociedad será el geriátrico. Hoy, nuestros adultos mayores suman 1 millón 600 mil, y su número está aumentando en forma importante. Una de las dificultades que uno conoce en todos los clubes y centros del adulto mayor dicen relación con la falta de acceso a los remedios contra la hipertensión y la diabetes, por su alto costo. Es efectivo que los municipios otorgan subvenciones, pero éstas son escasas, sobre todo considerando que este tipo de problemas de salud son permanentes, de por vida. Por consiguiente, los subsidios deben ser superiores a los que actualmente se otorgan. Por tanto, coincido con el diputado Melero en cuanto a la necesidad de enviar este proyecto de acuerdo al Ministerio de Salud. Además, espero que sea aprobado por unanimidad. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. El señor MELERO.- Señor Presidente, pido la palabra para plantear un punto de Reglamento. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra su señoría. El señor MELERO.- Señor Presidente, le recuerdo que hice una petición, en el sentido de que si la Sala aprueba el proyecto en forma unánime, se envíe -además de las instituciones planteadas por sus autores- al ministro de Salud. El señor LORENZINI (Presidente).- Si les parece, se accederá a lo solicitado por el diputado señor Melero. Acordado. Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto de acuerdo. Aprobado. MAYORES EXIGENCIAS PARA INSTALACIÓN Y MANTENCIÓN DE EXTINTORES DE INCENDIO. El señor LORENZINI (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 506, de los diputados señores Navarro, Olivares, Girardi, Muñoz, don Pedro; Aguiló, Pérez, don José; Jaramillo, Tapia, Sánchez y de la diputada señora Vidal, doña Ximena. “Considerando: Que ante el alto número de muertos y heridos, el mal uso de recursos y millonarios gastos en hospitales (personal médico, insumos, entre otros) y una contaminación casi incontrolable originada por incendios ocurridos en empresas públicas y privadas, edificios, buses y automóviles, el Ministerio de Salud creó el D/S 745 en 1992, para regular de alguna forma la calidad de los extintores existentes, ya que había una cantidad impresionante de equipos que no apagaban el fuego por no cumplir con estándares mínimos de calidad. A pesar de la existencia de ese decreto, los incendios continuaron y los extintores seguían sin apagar el fuego. Que frente a esta situación, el Ministerio de Transportes creó el D/S 212/92, en el que se exigió el cumplimiento de todas las normas chilenas de calidad sobre extintores en los equipos de los vehículos de transporte de pasajeros y cargas peligrosas. Con esto se redujo en gran cantidad el número de muertes y pérdidas debidas a incendios. Inexplicablemente, el mismo ministerio, entre 1995 y 1996, sin razón alguna, rebajó por resolución la exigencia de las normas, dejando sólo las de rotulación, con lo que desapareció la exigencia de extintores seguros, pues se eliminaron las normas de ensayos, que son las únicas que garantizan la seguridad y durabilidad de los extintores. Que en 1996 el Ministerio de Economía reglamentó que todos los extintores debían cumplir como mínimo con las normas de rotulación, ya que los equipos que habían en vehículos particulares, empresas y edificios no apabagan el fuego, basándose en una investigación publicada por el Sernac el año anterior. Que en 1999 se reemplaza el D/S 745/92 del Ministerio de Salud por el D/S 594, y en el 2001, se crea el D/S 201 del mismo ministerio. Dentro de éstos se incluyó el cumplimiento del D/S 369/96 de Economía, que exigía la certificación de las normas de rotulación, aumentaba el número de metros cuadrados que separa un extintor de otro, eliminó la carga combustible y rebajó el potencial mínimo de extinción, por petición del Departamento de Prevención de Riesgos de la Asociación Chilena de Seguridad y la Asociación Gremial de Fabricantes, Importadores y Servicios Técnicos de Extintores. El argumento fue que, un extintor 10 A tenía un costo muy elevado comparado con uno de potencial 4 A, ya que valía $ 2.000 más, sin considerar que el potencial mínimo para apagar un principio de incendio es de 10 A. Lo anterior, amerita que se explique esta situación, porque ocurrió y cuando se modifica y corrige. Que la importancia de distribuir correctamente los equipos, que éstos posean el potencial adecuado al riesgo a proteger y que estén cerca de una persona idónea para manipularlos, considerando las condiciones que conllevan a una inflamación, que debe ser controlada antes de los 2 minutos del inicio del fuego, es que todo esto marca la diferencia entre la vida y la muerte, pues después de esos 2 minutos el fuego ya se ha transformado en un incendio que sólo puede ser apagado por personal de bomberos. Está calculado que entre que se realiza la llamada y se llega al lugar del incendio. Bomberos se demoran más de 5 minutos, sin tomar en cuenta el tráfico y considerando que la distancia que separa la estación de bomberos y el lugar del incendio son 5 cuadras. Es por ello que un extintor es lo único que se tiene a mano que puede evitar una desgracia. Debemos seguir el ejemplo de países desarrollados, que han tomado conciencia de las consecuencias que trae el fuego, y por eso tienen distribuidos extintores en las iglesias, casas, la cocina, el garaje y cualquier parte en que haya peligro de incendio, tienen interiorizado el concepto de la “Prevención”. Que en uno de los artículos de los D/S 594/99 y 201/01, ambos del Ministerio de Salud, se estableció que, en el área Metropolitana, la fiscalización del cumplimiento de los decretos mencionados estaría en manos del Sesma, y en provincias de los Servicios de Salud. Que por todo lo anteriormente expuesto el Sema, siendo una entidad de salud respetada, que es respaldada por decretos creados por el Ministerio de Salud, hasta la presentación del proyecto de acuerdo a la Cámara de Diputados, no ha podido regularizar la situación de los extintores en el Metro, Banco Estado, Banco de Chile, Banco Edwards, Entel, Almacenes París y Falabella, entre otras grandes empresas, lo que sí se ha podido hacer en pymes, almacenes, restaurantes y bazares. Es destacable que, existiendo la ley Nº 16.744, ni las mutualidades ni prevencionistas de riesgo hayan hecho valer sus atribuciones y conocimientos para hacer que estas empresas cambien sus extintores, que originan grandes gastos, por equipos que realmente les sirven y permiten ahorrar importantes sumas de dinero. Que este organismo tampoco ha podido hacer que reemplacen los extintores de Halon por equipos con dióxido de carbono, a pesar de estar prohibidos de acuerdo al protocolo de Montreal, aceptando y avalando que en el mercado se comercialicen extintores halogenados bajo la marca Haloclean, los que dicen ser Halon Limpio, que no daña la capa de Ozono, pero en realidad es el mismo producto tóxico, el que sigue siendo utilizado y es aprobado por entidades de salud. El halon, a pesar del daño que provoca, es preferido sólo por ser más liviano que el dióxido de carbono, por lo que podría ser manipulado por mujeres. Que lo anterior tiene una sola razón. El negocio millonario que existe basado en recargas innecesarias a los extintores, abusando de la falta de información de los consumidores sobre este tema, que están siendo manipulados, pues a los comerciantes de extintores les conviene que sigan habiendo extintores de baja calidad, ya que se gana mucho más recargándolos que vendiendo equipos durables y seguros, que no necesitan recarga, salvo que sean utilizados, lo que deja menos dividendos. Para estos comerciantes es altamente rentable recargar extintores una y otra vez, no así fabricarlos, incluso si éstos son de mala calidad. Que estos mismos comerciantes y “empresarios” han convencido por muchos años a los consumidores en general para que mantengan sus extintores antiguos, y que lo único que deben hacer es recargarlos anualmente, porque es más económico que comprar extintores nuevos y certificados. Además, en caso que decidan cambiar sus equipos, les venden extintores que cumplen sólo rotulación, que son más baratos que los que cumplen ensayos y rotulación, pues con el valor de 3 recargas ($ 3 mil cada una) pueden comprar un extintor de regular calidad (sólo con rotulación), pero si se quiere comprar un equipo mejor (que cumple todas las normas), el valor equivale a 5 recargas. ¿Porqué es más rentable? Porque al recargar un extintor regular se gana más dinero que fabricando equipos de calidad, porque la recarga da un 500% de utilidad, mientras que al fabricar un extintor con todas las normas sólo se gana un 30%. Que las gerencias y/o direcciones de empresas públicas y privadas confían en sus empleados expertos en prevención de riesgos y del departamento de adquisiciones y también en las indicaciones de las mutualidades y no investigan ni se preocupan mayormente del tema de los extintores, pero los prevencionistas, por comodidad y falta de conocimiento adecuado, no han informado que hay equipos más seguros y más durables, que significan mayor seguridad para las personas y pueden proteger las propiedades del fuego, debido a que los equipos que tienen las empresas debieron reemplazarse años atrás y para proteger sus trabajos no explican a los gerentes que hay extintores mejores y que ya no es necesario mantener esos equipos que deben recargarse cada año, porque los extintores de mejor calidad sólo necesitan recarga en caso de uso. Por otro lado, las mutuales no exigen a las empresas cambiar sus extintores, porque si comienzan a hacer muchos cambios los gerentes prefieren afiliarse a otra mutual que haga menos demandas, fomentando el negocio de las recargas innecesarias. Además los prevencionistas de riesgo que hay en las mutuales omiten los errores que sus colegas han cometido en las empresas. Que este mismo grado de desinformación que existe a nivel gerencial en las empresas, ocurre dentro de los ministerios, ya que misnitros, subsecretarios y seremis tampoco saben lo que realmente pasa, porque algunos de sus colaboradores no tienen el conocimiento técnico necesario para captar las irregularidades e informarlas a sus superiores. Incluso hay oportunidades en que la información simplemente es ocultada para que el negocio fraudulento continúe. Que es por todo esto que comerciantes deshonestos siguen manteniéndose en este negocio, aprovechan que nadie se atreve a denunciar estas irregularidades y que nadie está dispuesto a arriesgarse por asumir un error, y ese error cuesta vidas y miles de millones de pesos anuales en atención y tratamientos. Lamentablemente ninguno de los culpables responde por la muerte de niños, jóvenes, adultos y ancianos ni por las personas que han quedado gravemente heridas y desfiguradas a raíz de un incendio, quienes deben enfrentar dolorosos tratamientos, que nunca van a borrar cicatrices ni malos recuerdos, nadie se hace responsable de que familias enteras queden en la calle sólo con la ropa que llevaban puesta porque un incendio quemó todo lo que poseían. Que de acuerdo a la investigación realizada, sólo en la V Región se generaron aproximadamente 7.300 incendios el año 2002, pero esta situación pasa sin repercusiones por la prensa en general. En los periódicos, si es que cubren alguno de esos siniestros, lo hacen en pequeños espacios, sin darle mucha importancia. Que Defensa Primaria es aquella que involucra la prevención y la intervención inmediata contra el fuego, es decir, determinar el riesgo, selección de los equipos e implementos necesarios para sofocar principios de incendios, como los extintores. Esta es responsabilidad de las empresas, según el artículo 3º del decreto Nº 594 de 1999, de los administradores de seguro de accidentes del trabajo, como son las mutuales, Servicio Nacional de Salud y empresas que tengan la capacidad autónoma para hacerlo, según ley Nº 16.744. (Art. 8º, 11, 12, 16, 65, 66, 68, 72). Que el Estado, como lo obliga la Constitución, es responsable de velar por la seguridad de los ciudadanos, mediante la aplicación de sus facultades (ley Nº 16.744 Código Sanitario y D.S. 594/99 Minsal, principalmente). Es por ello que este diputado desea cambiar la situación actual, debido a que atenta contra la seguridad de la ciudadanía. Que la falta de reglas claras permite, que una serie de “pseudo empresarios” se mezclen en el negocio. Es imposible que los clientes sepan cuál es el trabajo que se realiza en sus equipos de extinción de fuego, manteniéndose un círculo vicioso de engaño amparado en leyes y normas que no son controladas ni por el Estado ni nadie. Que el presente proyecto de acuerdo no pretende dejar atrás la legislación vigente, sólo complementarla, potenciarla y ordenarla para que se cumpla con la protección del bien común y que el Estado ejerza su rol de fiscalizador. Que la forma de asegurar que estas medidas sean respetadas, es la fiscalización de quienes tienen esta responsabilidad. Sólo deben cumplir con su trabajo los inspectores de la Dirección del Trabajo, Mutuales de Seguridad, Inspectores de Tránsito del Ministerio de Transportes, inspectores de los municipios, Carabineros de Chile, Sesma y los Servicios de Salud. Todos conocen sus responsabilidades, la pregunta es por qué no hacen nada para cambiar la situación, sabiendo las consecuencias que acarrea un incendio. Tienen sobre sus hombros la responsabilidad de las estafas continuas, el peligro y muchas muertes y siguen sin hacer nada. Cabe preguntarse el nivel de compromiso social de las entidades fiscalizadoras, que lo primero que hacen es argumentar falta de recursos, cuando sólo se necesita tener conocimientos básicos para realizar una fiscalización adecuada. Que es un deber que el Estado no gaste mayores recursos, debiendo evitar que alguien pierda su empleo o que se contrate perseonal no especializado, sólo que se organice un trabajo que debería realizarse desde hace varios años y que puede ser subsanado con voluntad política y conciencia de quienes tienen responsabilidad en temas de seguridad. Que es un compromiso proteger a la ciudadanía, lo que es responsabilidad del Estado y de la Constitución de Chile. Esto va a repercutir en profesionalismo y seriedad, lo que la gente verá como una preocupación del Estado y dará confianza en un gobierno, que más allá de la contingencia noticiosa, realiza un trabajo serio para proteger su vida. Todo ciudadano tiene el deber de denunciar a quienes estén cometiendo estos abusos para que de una vez por todas se acabe el lucro basado en engaños y la ignorancia, con un único fin: Evitar que los incendios sigan matando gente porque no tienen un elemento de seguridad adecuado. La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar al señor ministro de Salud, que en virtud de los argumentos antes esgrimidos, considere la modificación del D/S 594-99 de su ministerio, para que se organice la situación actual de vacío legal, que permite que estas irregularidades vayan en detrimento de la vida de los ciudadanos. Las siguientes medidas que deben ser incluidas dentro de la actualización del Decreto 594 de su ministerio, respecto a todos los extintores que se encuentren en los lugares de trabajo a lo largo del territorio nacional. Todos los extintores portátiles y rodantes deben cumplir normas de ensayos y rotulación, cualquiera sea su procedencia u origen. Los extintores existentes deben adecuarse a la legislación, y de no ser posible deben ser reemplazados. Los servicios técnicos para realizar trabajos en los extintores deben tener la autorización del fabricante o importador y deben cumplir con lo indicado en la NCh 2056. Los laboratorios deberán certificar que los extintores cumplan todas las normas chilenas oficiales a través de marcas, rótulos y etiquetas. La concordancia entre la información proporcionada en los extintores por fabricantes o importadores, y sus características, será certificada por organismos de certificación, previo ensayo de calidad. Para esto deben ser acreditados por el Instituto Nacional de Normalización. El proceso para certificar los extintores deberá efectuarse conforme a los procedimientos establecidos en las normas chilenas oficiales. Si se cumple lo indicado en las normas se certificará con un rótulo. En caso contrario se negará la certificación. El rótulo entregado por el laboratorio, deberá indicar el cumplimiento del D/S 594-99 del Ministerio de Salud y la cantidad y número de normas de ensayo que el extintor cumple, para que sea fácil de identificar por el fiscalizador. En caso que, fabricantes, importadores o servicios técnicos, comercialicen o distribuyan extintores sin certificación, serán condenados al pago de una multa entre 20 y 100 UTM. Se deberá prohibir la comercialización y utilización de extintores halogenados, portátiles y rodantes, de acuerdo a lo comprometido en el Protocolo de Montreal. Además deben ser retirados de lugares donde haya un trabajador. Los laboratorios no podrán rotular ni certificar ninguna clase de extintores halogenados. Se deberá exigir que el extintor de polvo químico seco ABC tenga un potencial mínimo de 10 A. En caso de un equipo de CO2, debe ser de 2 B y en los de agua presurizada, 2 A. deberá considerarse la carga combustible real, dependiendo del riesgo a proteger. Los trabajadores, sin excepción, deberán tener el conocimiento y entrenamiento en el modo de uso del extintor, que idealmente debe ser impartido por las mutualidades y bomberos. Calificar el incumplimiento respecto de los extintores, como una falta grave. Que como el mismo ministerio, entre 1995 y 1996, sin razón alguna, rebajó por resolución la exigencia de las normas, dejando sólo las de rotulación, con lo que desapareció la exigencia de extintores seguros. Se informe en detalle los fundamentos para dicha determinación, entregando copia fiel de los antecedentes tenidos a la vista para adoptar dicha resolución”. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo. Tiene la palabra el diputado Jorge Burgos. El señor BURGOS.- Señor Presidente, no obstante que no pude concurrir con mi firma al proyecto de acuerdo presentado por el diputado Navarro, él me pidió que lo defendiera. En particular, hay que preocuparse específicamente de la letra i), que señala que se deberá exigir que el extintor de polvo químico seco ABC, que es el más común, tenga un potencial mínimo de 10 amperes. En el mercado, incluso, hay algunos que tienen menos de cinco amperes. En el caso de que el equipo CO2 deba ser 2B y en los de agua presurizada 2A -también se da mucho que no sean 2A- deberá considerarse la carga de combustible real, dependiendo del riesgo a proteger. Solicito a la Sala aprobar de manera unánime el proyecto, dado los antecedentes latamente señalados en los considerandos y la petición hecha a la autoridad para que vuelva a la histórica clasificación que no sé por qué razón se dejó de utilizar. Hoy todas las fichas están puestas en la rotulación que, según me señala el diputado Luksic, no es lo esencial en materia de extintores. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal. La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente, hoy recordamos con un minuto de silencio a las víctimas del accidente laboral ocurrido ayer. Este proyecto de acuerdo apunta a prevenir los numerosos accidentes provocados por incendios en edificios. Es deber del Estado prevenirlos y exigir que se cumplan las medidas de seguridad básicas. El proyecto protege a la ciudadanía y declara que es obligación de todo ciudadano denunciar a quienes cometen el engaño de no contar con las medidas de seguridad tendientes a resguardar la vida de las personas. El proyecto significa un avance en materia de seguridad, pues mejora la fiscalización y entrega más herramientas de seguridad. Por lo tanto, solicito a los señores diputados votarlo favorablemente. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Por haber terminado el tiempo, la votación de este proyecto de acuerdo queda pendiente para la próxima sesión. VII. INCIDENTES RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS SOBRE EXONERACIÓN DE ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Demócrata Cristiano. Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Villouta. El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, hace algunos meses la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, de la que formo parte, recibió al destacado profesor universitario, señor Ricardo Israel, para conocer antecedentes sobre su exoneración de la Universidad de Chile. En este momento, tengo en mi poder un documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que declaró admisible su caso, de acuerdo con los antecedentes que él entregó. Por lo tanto, el proceso continúa. Me parece muy importante esta resolución, porque, indudablemente, crea una mala imagen de Chile en el exterior en relación con el respeto de los derechos humanos, de los que siempre hemos sido defensores y respecto de los cuales no deseamos tener problemas ante los organismos internacionales. A pesar de que no tenemos injerencias en las resoluciones de las universidades, en este caso de la Universidad de Chile, pido que se oficie al ministro de Educación para que nos informe de qué manera va a reaccionar ese ministerio en relación con esta situación, ya que es un tema que no solamente compete a la Universidad de Chile y al señor Israel, sino también al Gobierno, por el daño al prestigio de nuestro país en materia de respeto de los derechos humanos. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, al cual se adjuntará copia integra de su intervención. ANTECEDENTES RELACIONADOS CON EMPRESA CONSTRUCTORA TRÍO LIMITADA. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Rodolfo Seguel. El señor SEGUEL.- Señor Presidente, en nombre de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, especialmente de los colegas que me acompañan en la Sala, deseo expresar nuestro sentimiento de dolor, pena y congoja, por lo ocurrido ayer y anteayer a los trabajadores de la empresa constructora Trío Limitada en la comuna de Las Condes. Como parlamentarios cristianos, no deja de preocuparnos que nuestra economía siga creciendo sin que se tome ningún resguardo por la vida de las personas ni por los derechos de los trabajadores y de sus familias. Como dije, expresamos públicamente nuestro pesar a los familiares de esos trabajadores malogrados, haciéndoles presente nuestro dolor. Junto con ello, quiero pedir que se oficie a la Contraloría General de la República, a fin de que verifique si la Dirección de Obras de la Municipalidad de Las Condes ha respetado las normas de urbanismo y construcción al otorgar los permisos de construcción a la empresa Trío Limitada y todos los concedidos en los últimos cinco años. Asimismo, que se oficie a la Dirección del Trabajo para que determine si la mutual de seguridad a la cual se encuentra afiliada la empresa Trío Limitada fiscalizó, si supervigiló la seguridad en las obras, si dio su conformidad al respecto y si impartió los cursos de prevención de riesgos correspondientes y si alguno de sus funcionarios ha estado presente durante las faenas. Por último, que se oficie a la Inspección del Trabajo para que nos informe sobre lo siguiente: número de trabajadores de la empresa Trío Limitada que laboraban en la obra en donde ocurrió el accidente, contratos de trabajo vigentes, sueldos y sobresueldos, cotizaciones previsionales, seguro de desempleo, libro de asistencia, horario de trabajo y si existían seguros contra accidentes. Hacemos todo esto convencidos, una vez más, de que estas grandes empresas, ejemplo típico de las surgidas en esta etapa de crecimiento, no toman medidas que resguarden y protejan a los trabajadores. Eso lo afirmamos después de escuchar los escalofriantes relatos de los familiares y de los trabajadores, quienes dijeron que en las faenas no tenían cinturones de seguridad ni cascos ni zapatos de seguridad, que los sistemas de seguridad eran los peores y que ni siquiera les hablaban de prevención. Como el día anterior había muerto un trabajador, pidieron un lugar y hora para hacerle un responso, petición que fue rechazada argumentándose y les dijeron que había que privilegiar el trabajo al responso a un compañero fallecido. Entonces, tuvieron que hacerlo en un andamio, armazón que cedió y se vino abajo, con los resultados conocidos. Todo esto revela falta de sentimientos y de aprecio por la persona humana. Los democratacristianos expresamos nuestro pesar a los familiares de las víctimas, y nuestro malestar a la empresa por no contar con un sistema de seguridad adecuado. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia del texto de su intervención para mejor comprensión del problema, con la adhesión de las diputadas señoras Eliana Caraball, María Eugenia Mella, Rosa González y de los diputados señores Villouta, Riveros, Ascencio, Burgos, Jaramillo, Luksic, Felipe Letelier, Escalona, Hernández, Masferrer, Molina, Von Muhlenbrock, Montes, Kuschel, Bustos, Aníbal Pérez y de quien habla. PROBLEMAS DE ACCESO A AUTOPISTA EN SECTOR LAS ACACIAS, COMUNA DE SAN BERNARDO. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros. El señor RIVEROS.- Señor Presidente, quiero referirme a un tema que preocupa a la opinión pública durante estos días y que dice relación con el cobro de peaje en las carreteras concesionadas, en particular, en la Autopista Central. Por problemas de tiempo, no me referiré al hecho de que se cobre peaje en una vía no terminada. Me voy a referir a un caso que se presenta en obras que se dan por concluidas, pero que dejan partes sin terminar, con grave perjuicio para sectores industriales y poblacionales y la comunidad en general. Se trata del sector de Las Acacias, del distrito que represento en la Cámara, ubicado al norte de la comuna de San Bernardo, que tiene villas como Los Nocedales, Artes y Letras y el Parque Industrial, muy importante en la zona, que ha quedado con un problema de conectividad evidente con motivo de la construcción de la carretera longitudinal sur. No tiene salidas ni accesos seguros y eficientes, lo que no sólo perjudica a los automovilistas, sino que también a los peatones que deben acceder a la locomoción colectiva y a otros medios de movilización. Me refiero al problema relacionado con el paso superior La Vara, que es el único que comunica el sector poniente con el oriente de Las Acacias. Desde hace más de un año, al advertirse los problemas que provocaría para el sector la construcción de esa obra, se iniciaron conversaciones con representantes del Departamento de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas. La propia Comisión de Obras Públicas y Transportes de la Cámara, se constituyó en el lugar y celebró una reunión con la comunidad, hace ya algunas semanas, a la cual asistió el inspector fiscal de la obra. Sin embargo, ha comenzado el cobro de peaje en ese sector y el problema continúa sin solución. Cualquiera persona que hoy quiera visitar ese lugar se va a encontrar con que, no obstante estarse cobrando peaje por el uso de la carretera, en el paso que se habilitó en el sector de La Vara funciona lo que podríamos llamar un semáforo humano porque, en compensación por algún dinero que recibe, una persona ofrece sus servicios, ayudando a los conductores a salir de ese paso sin correr el riesgo de un choque, por cuanto éste cruza abruptamente la calle principal del sector poniente. Y luego, cuando tienen que dar la vuelta, también se encuentran con otro problema que prácticamente los obliga a infringir las normas del tránsito. Se trata de un sector densamente poblado y que, además, cuenta con una cantidad de industrias que sirven de fuentes de trabajo a muchas personas, las cuales, para llegar a ellas deben hacer uso de la locomoción pública. Toda esta situación me obliga a pedir que se oficie al ministro de Obras Públicas adjuntando el texto de mi intervención para que adopte las medidas tendientes a solucionar un problema tan evidente y que en mi calidad de representante de dicho distrito, me he permitido denunciar. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de la diputada señora Eliana Caraball y de los diputados señores Rodolfo Seguel, Felipe Letelier, Gabriel Ascencio, Jorge Burgos, Camilo Escalona, Pedro Muñoz, Juan Bustos, Enrique Jaramillo y de quien habla. RETRIBUCIÓN ECONÓMICA A VOCALES DE MESA. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- El turno siguiente corresponde al Comité del Partido por la Democracia. Tiene la palabra el honorable diputado Felipe Letelier. El señor LETELIER (don Felipe).- Señor Presidente, hace pocos días intervine en esta Sala, con el objeto de hacer un reconocimiento a la impecable labor realizada en la última elección municipal por el Servicio Electoral. Creo que es justo reconocer la labor de las entidades del Estado que son permanentemente criticadas. Hoy intervengo porque me comprometí en mi distrito a plantear el caso de los vocales y apoderados de mesa. El día de la elección los saludamos. Ahora les damos las gracias por los servicios que prestaron en esa justa electoral. Estoy convencido de que la mayor parte de los colegas conoce la situación que voy a exponer. Los vocales me han dicho que están encantadísimos de cumplir con un deber cívico tan importante. La mayoría lo valora en alta medida. Sin embargo, consideran que el Estado debiera incentivar de una u otra manera su participación. En verdad, no es una cosa del otro mundo que pidan una colación o algún incentivo por cumplir con su deber cívico. Es de justicia que el Estado atienda su petición. Tal vez resulte duro decir que es su obligación, pero el Estado debiera considerar una colación o algún incentivo a quienes cumplen un deber cívico. De esta manera, pido al Gobierno que estudie la factibilidad de esto, que -repito- no es nada del otro mundo. Además, gracias a Dios, la economía está en franco crecimiento y sería una buena señal para la democracia. Por eso, pido oficiar al ministro del Interior para que, en base a las experiencias vividas en los últimos años, en las distintas justas electorales, se posibilite que estas personas, generalmente elegidas por sorteo y por varios años, que llegan muy temprano a los recintos de votación -hay que recordar que las mesas se constituyen a las siete de la mañana y deben permanecer en ellos todo el día-, reciban una colación o algún incentivo monetario. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores Camilo Escalona, Juan Bustos, Enrique Jaramillo, Rodrigo González, Rosauro Martínez, Javier Hernández, Gastón Von Mühlenbrock, de la diputada señora Rosa González y de quien habla. URGENCIA A PROYECTO DE LEY SOBRE INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González. El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, quiero plantear dos temas de interés para la comuna de Viña del Mar y la región de Valparaíso. En días pasados, se presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones por la instalación de una antena de 30 metros, en el sector Miraflores, Viña del Mar. Es absolutamente ilegal, puesto que no cumple con los mínimos requisitos de distanciamiento y de rasante establecidos en la ley de Telecomunicaciones, con la agravante de que está ubicada en el sitio contiguo al nuevo consultorio de Miraflores, cuya construcción significó una gran inversión del gobierno regional para satisfacer las necesidades de salud de un vasto sector de la población. Las empresas que solicitan autorización para instalar antenas no respetan los derechos de los vecinos, aparte de que utilizan una legislación absolutamente insuficiente para contener intereses reñidos con la calidad de vida la población. Por lo anterior, pido que se oficie a los ministros de Transportes y de Telecomunicaciones y de Vivienda y Urbanismo, a fin de que se le asigne la mayor urgencia al proyecto de ley sobre instalación de antenas de telefonía móvil, que se estudia en las respectivas comisiones de la Cámara de Diputados. El Gobierno no puede seguir eludiendo la necesidad de contar con una normativa que proteja a la ciudadanía de la actitud depredadora e irrespetuosa de las empresas de telefonía móvil, a las que no les importa la salud, el medio ambiente ni la calidad de vida de los barrios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención. RAZONES DE RETIRO DE LA EMPRESA MOTOROLA DE LA QUINTA REGIÓN Y ANTECEDENTES RELATIVOS A SUBSIDIOS. Oficio. El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, en segundo lugar, me preocupan los proyectos de inversión que se llevan a cabo en la Quinta Región. Recientemente, la empresa Motorola, a la cual se subvencionó con un millón de dólares, a través de un programa de subvenciones de la Corfo, con el objeto de que se instalara en la Quinta Región, ha anunciado su retiro de ella, lo que significará la pérdida de los recursos que se le entregaron y, al mismo tiempo, de las generaciones de empleos a que se comprometió con la ciudadanía y el gobierno regional. Pido que se oficie al ministro de Economía para que el vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción envíe todos los antecedentes que se tuvieron a la vista para otorgar el referido subsidio a la empresa Motorola, así como los que motivan su retiro y los relativos a otros programas de subsidio que se han desarrollado en los últimos dos años, con el objeto de tener pleno conocimiento de cuáles son los compromisos contraidos, del monto de los aportes estatales al fomento productivo y de qué manera se fiscalizará que estos recursos públicos lleguen realmente a sus destinatarios y cumplan los objetivos propuestos en los programas de gobierno. Se requiere conocer estos antecedentes, por cuanto las organizaciones de micro y pequeños empresarios me han pedido insistir, como presidente de la Comisión de las Pymes, en la necesidad de que la prioridad de la inversión de recursos de fomento productivo debe ser para la micro y pequeña empresa, además de evitar que caiga en manos de grandes empresas que, como ocurrió en el caso de Motorola, dejan de cumplir su compromiso con la región, en especial en el ámbito productivo. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores Enrique Jaramillo, Carlos Hidalgo, Rosauro Martínez, Carlos Vilches, Gonzalo Ibáñez, Javier Hernández, José Antonio Kast, Mario Varela y Gastón Von Mühlenbrock. ALCANCES SOBRE DESAFUERO PARLAMENTARIO. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Carlos Hidalgo. El señor HIDALGO.- Señor Presidente, como es de público conocimiento, el lunes o el martes recién pasado la Corte Suprema de Justicia acogió el desafuero solicitado en mi contra, procedente de la Corte de Apelaciones de San Miguel con fecha 1º de septiembre de 2004. Todos los fallos, en especial los de la Corte Suprema, deben ser respetados y acogidos; no comentados. Sin embargo, resulta prudente e interesante aclarar lo que significa un desafuero, porque incluso en la propia Cámara de Diputados mucha gente no lo entiende. El desafuero no tiene otra intención que poner en igualdad de condiciones a un diputado o a un senador en relación a un juicio con quien lo demande, para no tener ventajas sobre él. Al respecto, dado el extenso fallo emitido por la Corte de Apelaciones de San Miguel con fecha 1º de septiembre, voy a leer sólo su considerando número 16, el cual expresa: “Que de acuerdo a lo señalado precedentemente, la resolución que autoriza formar causa no constituye una declaración anticipada en relación a la concurrencia de todos y cada uno de los elementos que lleven a configurar el o los ilícitos atribuidos ni sobre la responsabilidad penal del imputado, sino que sólo tienen el alcance de permitir que se sustancie un proceso en que las partes puedan hacer valer sus derechos y en que el juez de la causa, habiendo llevado a cabo la investigación y el procedimiento que corresponda, resuelva conforme al mérito de todos los antecedentes reunidos, que en este orden de ideas y teniendo presente la naturaleza del procedimiento relativo a las personas que tienen fuero constitucional, no corresponde a este Tribunal Pleno -el de la Corte de Apelaciones de San Miguel- pronunciarse sobre las particulares alegaciones de fondo hechas valer por las partes.”. En este sentido, quiero manifestar a esta honorable Sala, a la ciudadanía en general y en especial a la gente del distrito Nº 15, que comprende las comunas de Casablanca, San Antonio, Cartagena, El Tabo, El Quisco, Algarrobo y Santo Domingo, que justamente esos son los derechos que voy a hacer valer, porque no tengo ninguna responsabilidad penal sobre los documentos de la empresa Egas S.A., la cual fue declarada en quiebra el 31 de octubre del año pasado. Por lo tanto, los haré valer ante el tribunal y espero volver lo antes posible, como corresponde, a la Cámara, para seguir siendo, como lo he demostrado en los dos años y medio que llevo como diputado, un aporte y no una carga a la tarea de representación popular, legislativa y fiscalizadora. Al terminar mi intervención, quiero hacer presente mis agradecimientos por las muestras de solidaridad que he recibido de toda la gente, especialmente de colegas de la Cámara y de los habitantes del distrito que represento, quienes lo han hacho a través de correos electrónicos, de llamadas telefónicas, por la situación que estoy viviendo. Para mí y mi familia es mucho mejor demostrar mi inocencia en los tribunales que pagar un documento como éste, aun cuando tuviese los recursos necesarios. He dicho. RECONOCIMIENTO A MUESTRAS DE AFECTO EN REINCORPORACIÓN A LA CÁMARA. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra, por nueve minutos y 46 segundos, el diputado señor Rosauro Martínez. El señor MARTINEZ.- Señor Presidente, deseo manifestar el sentimiento de emoción que me embarga, desde el momento en que traspasé las puertas de esta Cámara, al volver a la vida pública, luego de una obligada ausencia, motivada por un grave accidente automovilístico que sufrí, hace cuatro meses, en las proximidades de Yungay, sector de mi distrito electoral, cuando me dirigía a cumplir con obligaciones de mi condición de diputado de la República. Este sentimiento inicial se ha ido profundizando al comenzar el proceso de reencuentro, primero, con los funcionarios; posteriormente, con mis colegas y con las palabras conceptuosas, de bienvenida que expresara el Presidente en nombre de la Corporación, que sé sinceras y que reflejan, contrariamente a lo que muchos puedan creer, que en este lugar, por sobre cualquier diferencia, somos capaces de mirar la vida desde una perspectiva más amplia y unirnos en momentos en que se presentan las dificultades que el destino nos impone. Lamentablemente, estas cualidades que constituyen parte sustantiva de nuestras potencialidades, no se conocen porque no se difunden o porque realmente no hacen noticia. El accidente que tuve no fue por ir de viaje de placer ni a visitar amigos o familiares, sino por tratar de cumplir de la mejor forma posible con mi responsabilidad como diputado. Esto no se dice; sólo se informa que el diputado Rosauro Martínez sufrió un accidente cuando se trasladaba a tal o cual parte. La opinión pública, a partir de ello, puede tener cualquier opinión, pero nadie se detiene a señalar que nuestras funciones nos obligan, como ocurrió terminada la sesión de ese fatídico jueves de agosto que me obligó a trasladarme durante la noche a mi distrito para atender a la gente en mi oficina parlamentaria el viernes a primera hora y, posteriormente, regularmente, los sábados y domingos acostumbro a recorrer el distrito. Los riesgos en esta actividad son permanentes y no faltará quien diga que dichos riesgos no son exclusivos de los parlamentarios. Es verdad. Nadie está libre de situaciones como ésta, pero la diferencia es que la naturaleza de nuestra función y el compromiso de llegar a todos los lugares donde requiere nuestra presencia, nos predisponen a vivirlas cotidianamente. Estas son reflexiones que surgen como consecuencia de esos eventos. Especialmente, uno piensa en la familia, en los seres queridos, y se plantea interrogantes, como éstas: ¿Valdrá la pena estar a un paso de quedar confinado en una silla de ruedas? ¿Valdrá la pena desestimar todo lo hermoso que la vida ofrece para entregarse al servicio público? ¿Valdrá la pena quitarle a la familia tiempo importante para estar en esta sesión o concurrir a reunirse con tal o cual organización, o recorrer los más recónditos lugares, que es parte de nuestra responsabilidad parlamentaria? Seguramente, varios de mis colegas se habrán planteado estas interrogantes. La respuesta es una sola: Si estamos aquí y somos fieles en el cumplimiento de nuestras obligaciones, es porque estamos dispuestos a asumir todos los riesgos que el servicio público nos demanda, incluidas las injusticias e incomprensiones. Vuelvo con el mismo espíritu, con el mismo estilo, a retomar la actividad de servicio público que la comunidad ñublensina me ha encomendado. El sufrimiento deja una huella; las horas de angustia e incertidumbre quedan atrás y empiezo a ver luz en el horizonte. Doy gracias a Dios por darme esta oportunidad nuevamente y por la fortaleza para superar los dolores que jamás en mi vida había sentido; a mi familia, por sus desvelos y apoyo; a mi comunidad ñublensina, por su cariño, afecto e incondicional respaldo; a los funcionarios de esta Corporación, por su preocupación, y a mis estimados colegas y amigos de Renovación Nacional -especialmente a Carlos Abel Jarpa- quienes, en las horas y días de dolor, actuaron con espíritu de cuerpo, me respaldaron y tuvieron buenos deseos para que saliera adelante. Doy gracias a todos y espero tener la posibilidad de devolver, aunque sea en parte, el afecto que he recibido. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Señor diputado, toda la Cámara se alegra de que su señoría se integre, con su salud totalmente recuperada, a las actividades del hemiciclo. DECLARACIONES DE AUTORIDADES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE INVESTIGACIONES DE CHILE SOBRE INFORME VALECH. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité del Partido Socialista y Radical Socialdemócrata, tiene la palabra, por nueve minutos, el diputado señor Camilo Escalona. El señor ESCALONA.- Señor Presidente, en el curso de esta semana, con la comprensión del Comité de mi bancada pude hacer uso de la palabra en dos ocasiones en relación a un acontecimiento que difícilmente podemos dimensionar en su real trascendencia y profundidad. Me refiero al informe de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech. Durante esta semana ha habido variadas reacciones sobre las verdades que esa Comisión dio a conocer al país. Dentro de éstas es justo apreciar la respuesta de las instituciones de la Defensa Nacional que aparecen mencionadas en dicho informe, sea por la acción de algunos de sus efectivos, sea por el uso de instalaciones institucionales o por acontecimientos posteriores al 11 de septiembre de 1973. Me he permitido valorar las reacciones del comandante en jefe del ejército y del comandante en jefe de la Armada. Lo mismo hago -y al respecto solicito que se le envíe un oficio, a través del ministro de Defensa Nacional- con el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, por sus expresiones que, en nombre de su institución, hizo públicas ayer, en el sentido de que el alto mando asume esta dolorosa verdad y reitera su compromiso para que actos de esta naturaleza nunca más vuelvan a repetirse. Esa declaración institucional forma parte, como muchas otras, de una convicción de país -no sólo de un acuerdo- en relación con hechos tan difíciles de nuestra historia reciente y, lo más importante -reitero-, del compromiso de que nunca más vuelvan a ocurrir. Además, pido que se oficie al ministro de Defensa Nacional para que, por su intermedio, el director general de la Policía de Investigaciones de Chile reciba también mi reconocimiento por sus expresiones en cuanto a solicitar perdón, en lo que corresponde a su institución, por los sufrimientos que hubiese podido provocar a las víctimas de tormentos que la Comisión Valech ha dado a conocer al país y que ha provocado estremecimiento en millones de chilenos y chilenas. Entiendo que es imposible que exista unanimidad. Ha habido expresiones individuales que así lo indican; algunas desafortunadas y apartadas de la convicción nacional. Pero, más allá de ellas, difícilmente podría ocurrir un acontecimiento tan macizo como el que se ha registrado en los últimos días a partir de la intervención del Presidente Ricardo Lagos. Las declaraciones de las instituciones de la Defensa Nacional, de los partidos políticos con representación parlamentaria, de figuras del acontecer nacional, del mundo de la cultura, del ámbito del periodismo, de los medios de comunicación social, de los más variados sectores y de miles de humildes ciudadanos y ciudadanas indican que existe conciencia nacional de que hechos tan terribles nunca más vuelvan a ocurrir. Solicito el envío de oficios a los altos mandos de las instituciones mencionadas, dándoles a conocer que valoro sus declaraciones por el aporte que significan en la formación de las nuevas generaciones y en el afianzamiento de la convicción de que la dignidad de la persona humana es sagrada y que no existe circunstancia alguna que permita que los derechos humanos puedan ser violados. He dicho El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado señor Carlos Abel Jarpa y de quien habla, y se adjuntará copia del texto de su intervención. INFORME DE LA COMISIÓN NACIONAL SOBRE PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA Y CREACIÓN DE INSTITUTO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra, por cuatro minutos 25 segundos, el diputado señor Carlos Abel Jarpa. El señor JARPA.- Señor Presidente, quiero expresar, en primer lugar, nuestra satisfacción por la presentación del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura que hizo el Presidente de la República y la madurez que hoy existe en la sociedad chilena para asumir con mucha entereza los hechos tan dolorosos acaecidos en el país. En segundo lugar, por la creación del Instituto Nacional de los Derechos Humanos, precisamente para consolidar en nuestra sociedad, especialmente en los jóvenes, la importancia de los derechos humanos y el respeto que nos debemos entre las personas. En tercer lugar, la correspondiente reparación que se contempla para quienes sufrieron los vejámenes durante el período indicado. También quiero hacer notar que el presidente de nuestro Partido Radical Social Demócrata, don Enrique Silva Cimma, en una declaración escrita dijo: “Aún la justicia no basta.” Los hechos que se describen en ese informe son tan dolorosos e impactantes como, por ejemplo, que ochenta y ocho menores de doce años de edad sufrieron vejámenes. No hay nada que pueda justificar la crueldad de esos hechos y en ese sentido, especialmente en mi condición de médico, quiero insistir en que nunca más deben suceder en el país. Deseo señalar también, con mucha fuerza -como recién lo expresó el diputado Escalona- que la ciudadanía y las instituciones se enaltecen, se honran, al asumir la situación. Creo que de esa forma vamos a cerrar nuestras heridas en forma real para poder consolidar en profundidad nuestra sociedad. Expresamos con mucha fuerza que la justicia no basta, pero esa misma fuerza nos da optimismo, para pensar que la casi totalidad de los chilenos y chilenas vamos a asumir estos hechos para enseñarle a nuestros jóvenes que episodios tan dolorosos como los acaecidos no pueden volver a ocurrir nunca más y que debemos construir una sociedad cada día más respetuosa de los derechos humanos. Por último, desde este hemiciclo rindo homenaje a los integrantes de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. He dicho. PRESERVACIÓN DE LAS DUNAS DE VIÑA DEL MAR Y CONCÓN. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Ibáñez. El señor IBÁÑEZ.- Señor Presidente, quiero referirme a un hecho de la máxima importancia que afecta al campo dunar ubicado entre Viña del Mar y Concón. En Chile, casi todos conocen las dunas de Concón, ubicadas en el sector de Cochoa y la caleta de Higuerillas. Deben ser muy pocas las personas que no las han visitado y han pasado un rato agradable. Constituyen un recuerdo muy grato y placentero para las personas, especialmente para quienes fuimos niños y para los que ahora lo son, que jugamos o juegan en sus arenas. Es una extensión de 45 hectáreas realmente privilegiada; un campo dunar único en el país -diría que es uno de los pocos que existen en el mundo- rodeado de mucha vegetación, con cauces de agua y colindante al río Aconcagua. Ellas han constituido un sector emblemático de Viña del Mar y de Concón y, en general, de la Quinta Región. Por eso, me preocupa enormemente el futuro de este campo dunar, que está siendo amenazado por los grandes complejos inmobiliarios que se construyen por todas partes en Viña del Mar y Concón, especialmente en los sectores aledaños de Reñaca alto y de Cochoa. Está a la vista cómo han ido proliferando esas construcciones. Es inminente el desbordamiento de edificios -que tienen más bien un destino turístico- hacia el campo dunar del sector de Concón, lo cual lamentaría mucho que ello se produjera. Concón es una comuna pequeña. Sólo tiene ocho años. Todavía es frágil y no tiene potencial económico. Sin embargo, ha asumido la defensa de ese campo dunar como un compromiso de carácter nacional. Hay dunas en Concón, es cierto, pero no están sólo en esa comuna, sino de la región y, aun más, de todo Chile. Éso es lo que, a través de mis palabras, quiero que comprendan todos. No es propio que, para la construcción inmobiliaria se sacrifique un lugar tan único en nuestra geografía como el campo dunar de Concón, aunque la zona tenga una ubicación privilegiada: sobre el mar y con una vista realmente espectacular. Tal vez esa característica sea el aliciente para su parcelación y, después, para la construcción de proyectos inmobiliarios. Estoy totalmente de acuerdo con que en nuestras comunas haya proyectos inmobiliarios que den trabajo y muevan la economía local y regional, pero eso no puede hacerse a costa de sacrificar un lugar único como las dunas de Concón. En estos momentos, el Consejo de Monumentos Nacionales tiene en sus manos la decisión de declarar a todo ese sector como santuario de la naturaleza y, por lo tanto, preservarlo de un uso inmobiliario. En consecuencia, pido que se oficie a su excelencia el Presidente de la República para que tome conciencia de lo que en este momento está en juego en la comuna de Concón y arbitre las medidas necesarias a fin de preservar el campo dunar como tal, de modo que pueda servir, como ha sido hasta ahora, como un lugar de expansión, de sano esparcimiento y de unión familiar para todos los que visitan ese sector, tanto gente de esta región como de otras o bien del extranjero. Asimismo, solicito que se oficie al ministro de Educación, en su calidad de presidente del Consejo de Monumentos Nacionales, para que se sirva tener en cuenta todas las razones entregadas, que son de mucho peso, contenido y raigambre -además muy evidentes-, y así evitar que ese sector deje de ser el gran campo dunar que ha sido hasta ahora. Pido que el texto de mi intervención sea remitido al alcalde de Concón, a la alcaldesa electa de la Municipalidad de Viña del Mar -quien ya se encontrará plenamente en funciones cuando reciba este texto- y al nuevo alcalde de Valparaíso, porque son tres comunas profundamente relacionadas con esta situación. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores Hernández y Von Mühlenbrock. SALVAGUARDIAS A LA IMPORTACIÓN DE HARINA SUBSIDIADA DESDE ARGENTINA. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández. El señor HERNÄNDEZ.- Señor Presidente, mañana se reunirá la Comisión de Distorsiones para analizar la presentación que hicieron agricultores y entidades gremiales por la entrada a nuestro país de mezcla de harina desde Argentina. Me siento orgulloso de haber sido uno de los primeros parlamentarios, junto con el colega Von Mühlenbrock, que pusieron la voz de alerta por el ingreso de harina subsidiada desde Argentina producto de un aumento artificial de los impuestos al trigo, lo que puede terminar generando un caos. La Comisión de Distorsiones, integrada por los ministros de Hacienda, de Economía y Energía y de Agricultura y por otros representantes de importantes organismos del país, es la institucionalidad que estudia las diferencias económicas que puedan producirse entre países. El ministro de Agricultura tiene la oportunidad única de reivindicarse ante los agricultores del sur al colocar las correspondientes salvaguardias para que los trigueros no sufran una crisis económica durante la próxima cosecha. Tiene la oportunidad única de “abuenarse”, porque las políticas aplicadas durante las últimas décadas los han perjudicado. Los agricultores trigueros tienen una incertidumbre muy grande respecto del precio final del trigo de cosecha. En cierta medida, las salvaguardias pueden transformar esa inquietud en confianza para el desarrollo de este cultivo. INSPECCIÓN TÉCNICA A PUENTES DE OSORNO. Oficios. El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presidente, solicito oficiar a los ministros de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones y de la Vivienda, Urbanismo y Bienes Nacionales sobre un tema que está muy de moda: las caídas de los puentes. A propósito de la caída del puente Loncomilla, se ha generado una inquietud razonable en Osorno, ciudad en la que existen varios puentes que cruzan los ríos Damas y Rahue, emblemáticos en la provincia. Por tal motivo, pido que se les realicen inspecciones técnicas respectivas. En el caso del puente San Pedro, se denunció que, desde hace varios años presenta problemas técnicos, pero, al parecer, aún no se ha atendido la denuncia. Me gustaría saber si se le hizo alguna inspección técnica, y si no se efectuó en la oportunidad en que se solicitó, pido que se haga ahora, para determinar la factibilidad de seguir usándolo. De no ser posible la inspección, que se le haga mantención, porque por él pasan miles de vehículos particulares y de la locomoción colectiva, y de no estar en condiciones de transitabilidad podría generar graves problemas para Osorno. También está el caso del puente Bulnes, que tiene alrededor de sesenta años y, por ende, necesita una inspección técnica, porque también es muy transitado. En este caso, existe la posibilidad de construir un puente nuevo -el Portales-, pero esa alternativa ha quedado postergada entre los proyectos del Ministerio de Obras Públicas. Por lo tanto, si no se va a construir un nuevo puente con la prontitud que la ciudad de Osorno requiere, pido que, por lo menos, el de Bulnes sea sometido a una inspección técnica y se hagan las reparaciones que necesita. Para qué decir el estado en que se encuentra el puente Los Notros, de madera, que une la población Los Notros con el resto de la ciudad, en el que, cada cierto tiempo, ocurren accidentes. Hace poco, una estudiante universitaria de Osorno que transitaba por él, alrededor de las 23.00 horas, cayó al río Damas. Afortunadamente, bomberos de la cercanía lograron rescatarla. Por lo tanto, necesitamos con urgencia, ya no mantención o inspección técnica, sino construir un puente nuevo, acorde a las necesidades de la ciudad. El puente Damas, que une a Osorno con la población Francke -que cada vez crece más-, se encuentra en muy malas condiciones. Es un puente antiguo y angosto, por el que también circulan locomoción colectiva y toda la población de Francke -que asciende a alrededor de 22 mil habitantes-, que también requiere de trabajos de mantención e inspección técnica. He pedido oficiar a los ministerios de Obras Públicas y de la Vivienda, porque nunca se sabe a quién pertenecen estos puentes. Si alguno de estos dos ministerios es responsable de uno, dos o tres puentes, que realice las inspecciones técnicas y la mantención. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado señor Gastón Von Mühlenbrock. PESAR POR FALLECIMIENTO DE DON ROBERTO ZACARÍAS SILVA PINILLA. Nota de condolencia. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Von Mühlenbrock. El señor VON MÜHLENBROCK.- Señor Presidente, en nombre de miles trabajadores que tienen que emigrar de sus regiones a Santiago para buscar trabajo y mantener a sus familias con mucho sacrificio, quiero expresar mi pesar y solidaridad con las familias de los siete trabajadores fallecidos en Las Condes. Roberto Zacarías Silva Pinilla, de 42 años, uno de los siete obreros muertos en el accidente de Las Condes, pertenecía a una familia oriunda de La Unión, domiciliada en Cancha de Población Foitzick. Casado con Verónica del Carmen Briones Corona, era padre de cuatro hijos: Roberto, de 22 años; Henry, de 19 años; Carolina, de 17 años, y Gisela, de 15 años. Hace cuatro años que Roberto Zacarías Silva Pinilla había decidido, como obrero faenero de la construcción, ir en busca de mejor suerte y fortuna a Santiago. Esta decisión los mantenía separados, aunque el teléfono los mantenía unidos o su esposa viajaba a Rancagua, donde reside el hijo mayor del matrimonio, quien también trabaja como obrero de la construcción en esa ciudad. Se enteraron del triste hecho por las noticias de la televisión y, posteriormente, estuvieron informados por Roberto, hijo mayor del matrimonio, quien viajó a Santiago para constatar el lamentable accidente que había sufrido su padre. Los restos de Roberto Zacarías Silva Pinilla serán trasladados hoy a La Unión, después de un responso que se realizará en Santiago por el deceso de los siete obreros. Sus restos llegarán aproximadamente a las 23.00 horas a la casa de la familia Silva Silva, en Población Foitzick, donde serán velados. Sus funerales se realizarán el viernes en la tarde en el cementerio municipal de La Unión. Desde este hemiciclo, vaya para la familia Silva Silva de La Unión mis mayores condolencias, pesar y apoyo en estas difíciles horas de sufrimiento y dolor. Solicito que copia del texto de mi intervención se haga llegar a tan distinguida familia, en la ciudad de La Unión. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia del texto de su intervención, con la adhesión del diputado Javier Hernández y de quien habla. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 13.50 horas. JORGE VERDUGO NARANJO, Jefe de la Redacción de Sesiones.