REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 352ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 79ª, en miércoles 18 de mayo de 2005
(Ordinaria, de 15.13 a 22.17 horas)
Presidencia del los señores Ascencio Mansilla, don Gabriel;Letelier Norambuena, don Felipe, y Ojeda Uribe, don Sergio.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.


ÍNDICE

I.ASISTENCIA
II.APERTURA DE LA SESIÓN
III.ACTAS
IV.CUENTA
V.ORDEN DEL DÍA
VI.DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VII.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia5
II.Apertura de la sesión9
III.Actas9
IV.Cuenta9
Permiso constitucional9
Envío de proyectos a Comisiones9
V.Orden del Día.
Reformas a la Constitución Política. Segundo trámite constitucional10
Impuesto específico a la actividad minera. Tercer trámite constitucional77
VI.Documentos de la Cuenta.
1.Mensaje de S. E. el Presidente de la República por el cual da inicio a la tramitación de un proyecto que modifica la ley N° 19.284, que establece normas para la plena integración social de personas con discapacidad. (boletín N° 387511)86
2.Oficio del honorable Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, el proyecto que fusiona los escalafones femenino y masculino de oficiales de Carabineros de Chile. 
(boletín N° 369402)95
3.Oficio del honorable Senado por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto que modifica la ley N° 18.502, en relación con el impuesto al gas, y establece regulaciones complementarias para la utilización del gas como combustible en vehículos. (boletín N° 270115)96
4.Oficio del honorable Senado por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto que establece un impuesto específico a la actividad minera. (boletín N° 377208)100
5.Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto que establece una reforma constitucional que modifica la composición y atribuciones del Congreso Nacional, la aprobación de los tratados internacionales, la integración y funciones del Tribunal Constitucional y otras materias que indica. (boletín N° 252607)104
6.Moción del diputado señor Errázuriz que exige firma de ambos padres para girar sobre libreta de ahorros de hijos. (boletín N° 387618)139
7.Moción de los diputados señores Errázuriz e Hidalgo, que afecta producto de venta de bienes al fin que indica. (boletín N° 386907)139
8.Moción del diputado señor Walker que establece como agravante el hecho de actuar en represalia a denuncias delictuales. (boletín N° 387407)140
Pág.
9.Moción de la diputada señora Vidal, doña Ximena y de los diputados señores Araya; González; Jarpa y Olivares, y de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra, que regula los parques de entretención y establece responsabilidad por los defectos y negligencias en su operación. (boletín N° 387706)141


VII.Otros documentos de la Cuenta.

1.Comunicación:
Del diputado señor Quintana quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 18 de mayo en curso para dirigirse a Brasil. 
Del diputado señor Quintana quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 18 de mayo en curso para dirigirse a Brasil. 
2.Oficios:
Contraloría General de la República:
Diputado Kuschel, información sobre consumo de combustible en la Municipalidad de Osorno.
Ministerio del Interior:
Diputado Hernández, información en relación a personas que han sido declaradas exonerados políticos, en cada una de las comunas de la Provincia de Osorno. 
Proyecto de Acuerdo Nº 533, gestiones realizadas por el Gobierno para traer y juzgar en Chile a Galvarino Apablaza. 
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo:
Diputado Bayo, mejoramiento de acceso a puente en construcción sobre el río Malleco en el sector denominado Vado Buenos Aires.


I. ASISTENCIA

Asistieron los siguientes señores diputados: (109)
NOMBRE
--Accorsi Opazo, Enrique
--Aguiló Melo, Sergio
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Barros Montero, Ramón
--Bauer Jouanne, Eugenio
--Bayo Veloso, Francisco
--Becker Alvear, Germán
--Bertolino Rendic, Mario
--Burgos Varela, Jorge
--Bustos Ramírez, Juan
--Caraball Martínez, Eliana
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Cornejo Vidaurrazaga, Patricio
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Cubillos Sigall, Marcela
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Egaña Respaldiza, Andrés
--Encina Moriamez, Francisco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Escalona Medina, Camilo
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Forni Lobos, Marcelo
--Galilea Carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--González Román, Rosa
--González Torres, Rodrigo
--Guzmán Mena, Pía
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Hernández, Javier
--Hidalgo González, Carlos
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Ibáñez Soto, Carmen
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jeame Barrueto, Víctor
--Kast Rist, José Antonio
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Leal Labrín, Antonio
--Leay Morán, Cristián
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Letelier Norambuena, Felipe
--Longton Guerrero, Arturo
--Longueira Montes, Pablo
--Lorenzini Basso, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Martínez Labbé, Rosauro
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Mella Gajardo, María Eugenia
--Meza Moncada, Fernando
--Molina Sanhueza, Darío
--Monckeberg Díaz, Nicolás
--Montes Cisternas, Carlos
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Norambuena Farías, Iván
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Palma Flores, Osvaldo
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Pérez Lobos, Aníbal
--Pérez Opazo, Ramón
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Prieto Lorca, Pablo
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Riveros Marín, Edgardo
--Robles Pantoja, Alberto
--Rojas Molina, Manuel
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Saa Díaz, María Antonieta
--Salaberry Soto, Felipe
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Sánchez Grunert, Leopoldo
--Seguel Molina, Rodolfo
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Silva Ortiz, Exequiel
--Soto González, Laura
--Tapia Martínez, Boris
--Tarud Daccarett, Jorge
--Tohá Morales, Carolina
--Tuma Zedan, Eugenio
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Urrutia Bonilla, Ignacio
--Valenzuela Van Treek, Esteban
--Varela Herrera, Mario
--Vargas Lyng, Alfonso
--Venegas Rubio, Samuel
--Vidal Lázaro, Ximena
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
--Walker Prieto, Patricio
Con permiso constitucional no estuvieron presentes los diputados señores Waldo Mora, Iván Paredes, Jaime Quintana y Eduardo Saffirio.
Asistieron, además, los ministros del Interior, don José Miguel Insulza; de Relaciones Exteriores, don Ignacio Walker; de Hacienda, don Nicolás Eyzaguirre; de Minería, don Alfonso Dulanto, y de la Secretaría General de la Presidencia, don Eduardo Dockendorff.


II. APERTURA DE LA SESIÓN

Se abrió la sesión a las 15.13 horas.
El señor ASCENCIO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.


III. ACTAS

El señor ASCENCIO (Presidente).- El acta de la sesión 73ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 74ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.


IV. CUENTA

El señor ASCENCIO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Ofrezco la palabra sobre la Cuenta.
Tiene la palabra el diputado señor 
Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, hay un error en el punto 4 de la Cuenta, porque el proyecto de ley que en él se menciona fue presentado por los diputados Carlos Hidalgo y quien habla, y no por el diputado Víctor Barrueto. Por ello, pido que se haga la corrección.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Se tendrá presente lo dicho por su señoría y se hará la corrección, si así correspondiere.


PERMISO CONSTITUCIONAL.

El señor ASCENCIO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá al permiso constitucional solicitado por el diputado señor Esteban Valenzuela para ausentarse del país, por un plazo superior a treinta días, a contar del 19 de mayo de 2005, para dirigirse a Brasil.
¿Habría acuerdo?
Acordado.


ENVÍO DE PROYECTOS A COMISIONES.

El señor ASCENCIO (Presidente).- Informo a los señores diputados que se ha solicitado enviar a la Comisión de Minería y Energía el proyecto que rebaja el impuesto al gas, por cuanto fue objeto de algunas modificaciones en el Senado, y ponerlo en tabla la tercera semana de junio próximo. 
Tiene la palabra el diputado señor Leay.
El señor LEAY.- Señor Presidente, el proyecto fue despachado hace mucho tiempo por la Cámara de Diputados y, si bien es cierto tiene gran urgencia, es recomendable enviarlo a comisión para un exhaustivo estudio, porque a las personas que invirtieron para cambiar su vehículo de bencina a gas, fundamentalmente propietarios de taxis o de taxis colectivos, se les prometió una disminución del impuesto. La rebaja que establece la iniciativa es sustancial, pues el impuesto bajará de 45 UTM a 19,26 UTM al año, medida que favorecerá a todos los propietarios de dichos vehículos, salvo a los de la Duodécima Región.
Muchas personas no han sacado el permiso de circulación de sus vehículos en espera de la aplicación de la ley porque no dispone de los recursos para hacerlo. Existe bastante premura para aprobar el proyecto, ya que, de acuerdo con lo que establece la ley de Tránsito, a las personas que por segunda vez no obtengan su permiso de circulación se les caducará su licencia.
Estoy dispuesto a acceder a la proposición de su señoría, en el sentido de enviar el proyecto a la Comisión de Minería y Energía, siempre que exista el compromiso de que luego de las dos semanas distritales sea visto con urgencia, a fin de despacharlo y así corregir la situación que afectará a la Duodécima Región.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, adhiero a lo planteado por el diputado señor Leay, en el sentido de que una vez conocido por la Comisión de Minería y Energía esta Sala, a fin de no postergarlo nuevamente, lo trate hasta su total despacho.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).- ¿Habría acuerdo para enviar el proyecto a la Comisión de Minería y Energía, con el compromiso de que a la vuelta de las semanas distritales sea tratado por la Sala hasta su total despacho?
Acordado.
Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente, solicito que el proyecto iniciado en moción, que regula los parques de entretención y establece responsabilidad por los defectos y negligencias en su operación, que presenté junto a otros diputados, se envíe a la Comisión de Gobierno Interior en vez de la Comisión de Familia.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Si le parece a la Sala, así se procederá.
Acordado.
Cito a reunión de jefes de comités parlamentarios.
Se suspende la sesión. 
Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor ASCENCIO (Presidente).- Continúa la sesión.
Informo a la Sala que la discusión de las reformas constitucionales comenzará después de las 16.00 horas, cuando todos los señores diputados tengan el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara.
En cuanto a los otros dos proyectos, tanto el que rebaja el impuesto al gas como el de royalty minero, no podemos estudiarlos todavía, porque tienen que ser despachados por el Senado, que recién comenzó a discutirlos.
Tiene la palabra el diputado señor Aguiló.
El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, hay una sugerencia para tratar en Fácil Despacho un proyecto de ley de un solo artículo, aprobado en la Comisión de Derechos Humanos.
El señor ASCENCIO (Presidente).- No hubo unanimidad de parte de los jefes de los comités parlamentarios para ello, señor diputado.
Se suspende la sesión.
Transcurrido el tiempo de suspensión:


V. ORDEN DEL DÍA


REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Segundo trámite constitucional.

El señor ASCENCIO (Presidente).- Continúa la sesión.
Corresponde tratar, en segundo trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de reforma constitucional, originado en moción, que modifica la aprobación de los tratados internacionales, la integración y funciones del Tribunal Constitucional y otras materias que indica.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Guillermo Ceroni.
Antecedentes:
Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, boletín Nº 252607 (S). Documentos de la cuenta 
Nº 5, de esta sesión.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ceroni.
El señor CERONI.- Señor Presidente, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, paso a informar, en segundo trámite constitucional y segundo reglamentario, sobre el proyecto de ley de reformas a la Constitución Política.
Después de una ardua discusión y de un intenso estudio de la Comisión, que duró casi tres meses, se ha llegado al siguiente informe que se presenta a esta Sala.
En el Capítulo I de la Constitución Política, “Bases de la Institucionalidad”, se modifica el artículo 1º en los siguientes términos:
Se intercala el siguiente inciso tercero, nuevo: “La Nación chilena es una e indivisible.”.
Luego, se sustituye el inciso sexto, que pasa a ser séptimo, por el siguiente: “Es deber del Estado resguardar la seguridad de la Nación, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Especialmente, la ley garantizará el derecho a conservar, desarrollar y fortalecer la identidad, idiomas, instituciones y tradiciones espirituales, sociales y culturales de los pueblos indígenas que forman parte de la Nación chilena.”.
De esta forma, la Comisión quiso satisfacer la inquietud existente respecto de los pueblos indígenas, estableciendo dicho inciso en la Constitución de manera muy clara.
Por otra parte, considerando la importancia de la regionalización y la necesidad de promoverla y fomentarla, se sustituye el artículo 3º por el siguiente: “La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada, o desconcentrada en su caso, de conformidad a la ley.
“Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional.”.
Cabe señalar que los incisos introducidos en los artículos 1º y 3º, no corresponden a modificaciones del Senado, sino a indicaciones hechas por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados.
Posteriormente, se incorpora el siguiente artículo 8º, nuevo, que consagra y fortalece el principio de probidad:
“Artículo 8º.- El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. 
“Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.”.
La publicidad es básica en todos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, igual que la probidad de quienes participan en el ejercicio de la función pública.
En el Capítulo II, “Nacionalidad y Ciudadanía”, se sustituye el número 3º del artículo 10, por el siguiente: “Los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio extranjero. Con todo, se requerirá que alguno de sus ascendientes en línea recta de primer o segundo grado haya adquirido la nacionalidad chilena en virtud de lo establecido en los números 1º,4º y 5º.” Es decir, casos de quienes obtienen en el actual texto de nacionalidad en conformidad a la ley.
Asimismo, se reemplaza el número 4º, eliminándose la exigencia de renunciar a la nacionalidad anterior para adquirir la chilena. Ahora, no se exigirá a los extranjeros que renuncien a la suya para obtener la carta de nacionalización en conformidad a la ley.
Respecto del artículo 11, que se refiere a las causas por las cuales se pierde la nacionalidad chilena, se establece claramente que se pierde: “Por renuncia voluntaria manifestada ante autoridad chilena competente. Esta renuncia sólo producirá efectos si la persona, previamente, se ha nacionalizado en país extranjero;”. De esta manera, no se deja a nadie sin nacionalidad.
En relación con quienes tienen la calidad de ciudadanos, a que se refiere el artículo 13, se agregó el siguiente inciso tercero, nuevo: “Tratándose de los chilenos a que se refiere los números 3º y 5º del artículo 10, el ejercicio de los derechos que les confiere la ciudadanía estará sujeto a que hubieren estado avecindados en Chile por más de un año.”. Es decir, los hijos de padre o madre chilenos nacidos en territorio extranjero y los que obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley deben haber estado avecindados en Chile por más de un año.
Por otra parte, los nacionalizados en conformidad al número 4º, es decir, los extranjeros que obtuvieren la carta de nacionalización en conformidad a la ley, pueden optar a cargos públicos de elección popular sólo después de cinco años de estar en posesión de ella.
Con respecto a la suspensión del derecho de sufragio a que se refiere el artículo 16, en el número 2º se restituye la expresión “procesada” por “sujeta a prisión preventiva”, a fin de adecuar la Constitución a la reforma procesal penal.
A continuación, se agregó un inciso tercero al artículo 18 que no se encuentra entre las proposiciones del Senado, y que se refiere al sistema proporcional, tema muy importante que ha salido a la discusión pública y que también se ha tratado en la Cámara de Diputados. Tal inciso dispone: “En las elecciones de diputados y de senadores se empleará un procedimiento que dé por resultado una efectiva proporcionalidad en la representación popular, así como una adecuada representación de las regiones del país.”.
Quienes presentamos la indicación consideramos que no contraviene el espíritu del acuerdo político con el Senado, y señala claramente que será una ley orgánica constitucional la que establecerá el procedimiento para la elección de los senadores. Es un principio que se consagra en la Constitución, que se refiere a la proporcionalidad que debe existir en la elección de los parlamentarios y a la adecuada representación de las regiones.
En el número 2º del artículo 19, capítulo III, “De los Derechos y Deberes Constitucionales”, se agrega el siguiente párrafo final: “La ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”.
Este texto, que no estaba en el proyecto aprobado por el Senado, fue propuesto íntegramente por la Comisión.
Por otra parte, se sustituye el párrafo segundo del número 4º del artículo 19. Recordemos que dicho número consagra el respeto y la protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia. Su inciso segundo, establece: “La infracción de este precepto, cometida a través de un medio de comunicación social, y que consistiere en la imputación de un hecho o acto falso, o que cause injustificadamente daño o descrédito a una persona o a su familia, será constitutiva de delito....”, etcétera.
Pues bien, este párrafo fue derogado expresamente por el Senado. Por su parte, nuestra Comisión sustituyó dicho párrafo por el siguiente: “La ley establecerá un sistema integral y efectivo de protección de estos derechos. Dicha ley podrá establecer la responsabilidad solidaria de los dueños de los medios de comunicación por las indemnizaciones que procedan.”.
La norma se refiere al respeto y protección a la vida privada del artículo 19
A continuación, en la letra f) del número 7º, se reemplaza la expresión “inculpado” por “imputado o acusado”, para adecuarla a la reforma procesal penal.
En el número 16º del mismo precepto se incluye un inciso nuevo relativo a los colegios profesionales, en los siguientes términos: “Los colegios profesionales constituidos en conformidad a la ley y que digan relación a tales profesiones, estarán facultados para conocer de las reclamaciones que se interpongan sobre la conducta ética de sus miembros. Contra sus resoluciones podrá apelarse ante la Corte de Apelaciones respectiva. Los profesionales no asociados serán juzgados por los tribunales especiales establecidos en la ley.”.
Recordemos que esto no estaba considerado en el actual texto constitucional, razón por la cual siempre se ha hecho notar la carencia de facultades de los colegios profesionales para sancionar las faltas a la ética de sus asociados. Por eso incorporamos esta disposición, sin perjuicio de los reclamos que se puedan hacer ante las cortes de apelaciones.
En el artículo 25 del Capítulo IV, “Gobierno”, se sustituyen sus incisos primero y segundo. El primero dispone: “Para ser elegido Presidente de la República se requiere tener la nacionalidad chilena de acuerdo a lo dispuesto en los números 1º, 2º y 3º del artículo 10, tener cumplidos treinta y cinco años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio.”.
Esto es interesante, porque hoy la Constitución exige haber nacido en el territorio nacional. Ahora ya no será necesario haber nacido en el territorio nacional; bastará tener la nacionalidad chilena de acuerdo con lo dispuesto en los números 1º, 2º y 3º del artículo 10. Es decir, puede ser hijo de padre o madre chilenos nacido en el extranjero. 
El nuevo inciso segundo dispone: “El Presidente de la República durará en el ejercicio de sus funciones por el término de cuatro años y no podrá ser reelegido para el período siguiente.” Éste es uno de los acuerdos más importantes logrados con el Senado. 
En el inciso primero del artículo 26 se agrega la oración siguiente:
“La elección se efectuará conjuntamente con la de parlamentarios, en la forma en que lo determine la ley orgánica constitucional respectiva, noventa días antes de aquél en que deba cesar en el cargo el que esté en funciones.”.
Luego se agregan los incisos cuarto y quinto, relacionados con el procedimiento a seguir en caso de muerte de un candidato a la presidencia. 
El inciso cuarto dispone: “En caso de muerte de uno o de ambos candidatos a que se refiere el inciso segundo, el Presidente de la República convocará a una nueva elección en el plazo de treinta días, contado desde la fecha del deceso. La elección se celebrará el domingo más cercano al nonagésimo día posterior a la convocatoria.”.
Por su parte el inciso quinto establece: “Si expirase el mandato del Presidente de la República en ejercicio antes de la fecha de asunción del Presidente que se elija en conformidad al inciso anterior, se aplicará, en lo pertinente, la norma contenida en el inciso primero del artículo 28.”. 
En el artículo 28 se sustituye el inciso primero por el siguiente: “Si el Presidente electo se hallare impedido para tomar posesión del cargo, asumirá, mientras tanto, con el título de Vicepresidente de la República, el Presidente del Senado; a falta de éste, el Presidente de la Cámara de Diputados, y la falta de éste, el Presidente de la Corte Suprema.”. 
La diferencia con el texto aprobado por el Senado, el de la Comisión agrega al Presidente de la Cámara de Diputados, que no estaba considerado. 
El artículo 29, que fue sustituido, establece que el Presidente de la República, en caso de impedimento temporal, será subrogado, con el título de Vicepresidente de la República, por el ministro titular a quien corresponda de acuerdo con el orden de precedencia legal; a falta de éste, por el ministro titular que siga en ese orden de precedencia y, a falta de todos ellos, por Presidente del Senado, el Presidente de la Cámara de Diputados y el Presidente de la Corte Suprema, cuestión que tampoco estaba establecida en el texto aprobado por el Senado. 
En cuanto a la vacancia del cargo de Presidente de la República, el nuevo artículo 29 dispone en el inciso tercero lo siguiente: “Si la vacancia se produjere faltando menos de dos años para la próxima elección presidencial, el Presidente será elegido por el Congreso Pleno por la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio. La elección por el Congreso será hecha dentro de los diez días siguientes a la fecha de la vacancia y el elegido asumirá su cargo dentro de los treinta días siguientes.”.
Continúa el inciso cuarto: “Si la vacancia se produjere faltando dos años o más para la próxima elección presidencial, el Vicepresidente, dentro de los diez primeros días de su mandato, convocará a los ciudadanos a elección presidencial para el sexagésimo día después de la convocatoria. El Presidente que resulte elegido asumirá su cargo el décimo día después de su proclamación.”. 
Por otra parte, se elimina la atribución del Presidente de convocar a legislaturas extraordinaria y ordinaria, puesto que ahora habrá un solo tipo de legislatura. Esto se enmarca en las atribuciones especiales del Presidente de la República a que se refiere el artículo 32. Asimismo, se suprime toda mención a los senadores vitalicios y a los senadores designados, en virtud de la supresión del inciso cuarto del artículo 30. 
En lo relativo a los ministros de Estado, se agrega un inciso segundo al artículo 37 que dispone lo siguiente: “Sin perjuicio de lo anterior, los Ministros deberán concurrir personalmente a las sesiones especiales que la Cámara de Diputados o el Senado convoquen para informarse sobre asuntos que, perteneciendo al ámbito de atribuciones de las correspondientes Secretarías de Estado, acuerden tratar.”. 
En relación con los estados de excepción, se sustituyen los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución, de modo de proteger mejor y debidamente los derechos y garantías constitucionales durante los estados de asamblea, de sitio, de catástrofe y de emergencia.
Se establece que una ley orgánica constitucional regulará los estados de excepción, así como su declaración y la aplicación de las medidas legales y administrativas que proceda adoptar al amparo de cualquiera de ellos.
En relación con el capítulo V, “Congreso Nacional”, en el artículo 44, entre los requisitos para la elección de diputado, se elimina el de residencia.
En la parte pertinente al Senado, se reemplaza el artículo 45, por el siguiente: “El Senado se compone de miembros elegidos en votación directa por circunscripciones senatoriales, en consideración a las regiones del país. La ley orgánica constitucional respectiva determinará el número de senadores, las circunscripciones senatoriales y la forma de su elección.
“Los senadores durarán ocho años en su cargo y se renovarán alternadamente cada cuatro años, correspondiendo hacerlo en un período a los representantes de las regiones de número impar y en el siguiente a las regiones de número par y de la Región Metropolitana.”.
En esta parte se eliminan los senadores vitalicios y designados, uno de los grandes avances en esta reforma constitucional y consecuencia de los acuerdos políticos más relevantes que se han logrado en el Congreso Nacional.
Para ser elegido senador se rebaja la edad de cuarenta a treinta y cinco años. 
En materia de vacancia de parlamentarios, se establece que las vacantes de diputados y las de senadores se proveerán por el ciudadano que señale el partido político al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante en el momento de ser elegido, lo cual es diferente a lo que existe, ya que el compañero de lista es el que reemplaza al que deja la vacante. 
Los parlamentarios elegidos como independientes no serán reemplazados.
Los parlamentarios elegidos como independientes que hubieren postulado integrando lista en conjunto con uno o más partidos políticos, serán reemplazados por el ciudadano que señale el partido indicado por el respectivo parlamentario en el momento de presentar su declaración de candidatura.
El reemplazante deberá reunir los requisitos para ser elegido diputado o senador, según sea el caso.
En esta parte, la Comisión agregó una disposición interesante, al señalar que un diputado podrá ser nominado para llenar el puesto de senador, debiendo aplicarse, en este caso, las normas de los incisos anteriores para llenar la vacante que deja el diputado, el que cesará en su cargo al asumir como senador. 
Este es un punto que debemos afinar con el Senado.
La Cámara quedó a cargo de definir la fiscalización y la Comisión acordó, en forma unánime, todo lo relativo a su facultad.
Se sustituye el número 1) del artículo 48 de la Constitución por el siguiente: “1) Fiscalizar los actos del Gobierno. Para ejercer esta atribución la Cámara puede:
a)Adoptar acuerdos o sugerir observaciones, con el voto de la mayoría de los diputados presentes, los que se transmitirán por escrito al Presidente de la República, quien deberá dar respuesta fundada por medio del Ministro de Estado que corresponda, dentro de treinta días.”.
Es decir, hay un plazo perentorio dentro del cual el ministro debe dar respuesta a cuestiones que requiera la Cámara.
El inciso segundo de la nueva letra a) dispone:
“Sin perjuicio de lo anterior, cualquier diputado con el voto favorable de un tercio de los miembros presentes de la Cámara, podrá solicitar determinados antecedentes al Gobierno. El Presidente de la República contestará fundadamente por intermedio del Ministro de Estado que corresponda, dentro del mismo plazo señalado en el párrafo anterior.
Es decir, dentro de los mismos treinta días, plazo que no existe hoy.
Y, por último, de manera similar a lo que hoy existe, se establece en el inciso tercero:
“En ningún caso los acuerdos, observaciones o solicitudes de antecedentes afectarán la responsabilidad política de los Ministros de Estado.”.
La letra b) del número 1) del artículo 48 dispone:
“b) Citar a un Ministro de Estado, a petición de a lo menos un tercio de los diputados en ejercicio, a fin de formularle preguntas en relación con materias vinculadas al ejercicio de su cargo. Con todo, un mismo Ministro no podrá ser citado para este efecto más de tres veces dentro de un año calendario, sin previo acuerdo de la mayoría de los diputados en ejercicio.”.
Esto es algo extremadamente importante y novedoso, dentro de las facultades fiscalizadoras.
“La asistencia del Ministro será obligatoria y deberá responder a las preguntas y consultas que motiven su citación.
La letra c), nueva, del número 1) del artículo 48 establece:
“c) Crear comisiones especiales investigadoras a petición de a lo menos dos quinto de los diputados en ejercicio, con el objeto de reunir informaciones relativas a determinados actos de Gobierno.”.
Esto no existe. Las comisiones investigadoras no están en la Constitución, sino en el Reglamento de la Cámara.
“Las comisiones investigadoras, a petición de un tercio de sus miembros, podrán despachar citaciones y solicitar antecedentes. Los Ministros de Estado, los demás funcionarios de la Administración y el personal de las empresas del Estado o de aquéllas en que éste tenga participación mayoritaria, que sean citados por estas comisiones, estarán obligados a comparecer y a suministrar los antecedentes y las informaciones que se les soliciten.
“La ley orgánica constitucional del Congreso regulará el funcionamiento y las atribuciones de las comisiones investigadoras y la forma de proteger los derechos de las personas citadas o mencionadas en ellas.”.
Se modifican las atribuciones del Congreso Nacional, a fin de regular mejor sus facultades para la tramitación de los tratados.
Por otra parte, se establece que no podrán ser candidatos a diputado y senador los subsecretarios.
Se suprime el número 7 del artículo 54. Por eso, en adelante podrán ser candidatos a diputado y senador los dirigentes gremiales y vecinales.
Se agrega al mismo artículo 54 el siguiente número 10: “Los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, el General Director de Carabineros, el Director Nacional de la Policía de Investigaciones y los oficiales pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.”.
Así, no podrán ser candidatos a diputado o senador. Su inhabilidad dura un año después de cesar en el cargo.
El artículo 56 dispone: “Ningún diputado o senador, desde el momento de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones, puede ser nombrado para un empleo, función o comisión de los referidos en el artículo anterior.
“En el caso de ser nombrado Ministro de Estado o agente diplomático durante el ejercicio de su función parlamentaria, el partido político al que pertenezca o, en el caso de ser independiente, aquel que lo hubiere postulado integrando una lista conjunta, deberá proponer a la Cámara respectiva, una terna para que ésta elija al suplente, mientras dure el impedimento temporal producido por los respectivos nombramientos. Terminados éstos, reasumirá sus funciones en plenitud y quedará sin efecto la subrogancia por el solo ministerio de la ley.
“No obstante lo anterior, no podrá reasumir la función parlamentaria aquel diputado o senador que, siendo Ministro de Estado, fuere destituido como consecuencia de una acusación constitucional en su contra.”. 
Sin lugar a dudas, este tema dará lugar a debate en la Sala. 
Mediante el inciso final que se agrega al artículo 57 se establece la posibilidad que los diputados o senadores renuncien a los cargos cuando les afecte una enfermedad grave que les impida desempeñarlos y así lo califique el Tribunal Constitucional.
En virtud del inciso final que se agrega al artículo 64, una comisión especial, integrada por igual número de diputados y senadores, deberá informar periódicamente a la Sala de cada Cámara en relación con la ejecución de la ley de presupuestos del sector público. La comisión podrá citar a todo funcionario público para informar acerca de la ejecución presupuestaria, sin perjuicio de estar facultada para requerir informes acerca de dicha materia. 
Esto es consecuencia de una indicación de la Cámara y tiene por objeto una mayor participación en la vigilancia del manejo presupuestario.
En el artículo 79 quedó claramente establecido que la Corte Suprema tendrá igualmente la superintendencia directiva, correccional y económica de los tribunales militares en tiempo de guerra. Por lo tanto, ellos estarán sujetos a la Corte Suprema en este aspecto.
Luego se deroga la facultad de la Corte Suprema de declarar la inaplicabilidad para casos específicos todo precepto legal contrario a la Constitución. Con la supresión del artículo 80, esta materia pasa al Tribunal Constitucional.
En cuanto al Ministerio Público, a raíz de una proposición de la Cámara de Diputados, con la cual está de acuerdo el Senado, se modifica el artículo 80 C para establecer que el fiscal nacional durará ocho años en su cargo, en vez diez, y cesará en funciones a los 75 años. 
A petición del Senado y de la Cámara de Diputados, se bajó de cuatro séptimos a mayoría el quórum para remover al fiscal nacional y a los fiscales regionales por parte de la Corte Suprema.
En los artículos 81, 82 y siguientes se establecen una serie de normas relativas al Tribunal Constitucional. Estará integrado por diez miembros que serán designados de la siguiente forma: 
a)Tres abogados por el Presidente de la República;
b)Cuatro abogados elegidos por el Congreso Nacional y 
c)Tres abogados elegidos por la Corte Suprema en una votación secreta que se celebrará en sesión convocada para tal efecto.
Las personas referidas en las letras anteriores durarán nueve años en sus cargos y se renovarán por parcialidades cada tres. Deberán tener a lo menos quince años de título de abogado, haberse destacado en la actividad profesional, universitaria o pública, no podrán tener impedimento alguno que las inhabilite para desempeñar el cargo de juez, etcétera.
Los abogados que corresponden al Congreso Nacional serán nombrados, a razón de dos por cada una de las ramas del Congreso Nacional, por los dos tercios de sus miembros en ejercicio.
Los miembros del Tribunal Constitucional serán inamovibles y no podrán ser reelegidos, salvo lo dispuesto en el inciso siguiente. Cesarán en sus funciones al cumplir 75 años de edad.
En caso que un miembro del Tribunal Constitucional cese en su cargo, se procederá a su reemplazo por quien corresponda, de acuerdo con el inciso primero de este artículo y por el tiempo que falte para completar el período del reemplazado.
El Tribunal podrá funcionar en pleno o en salas, de acuerdo a lo que disponga la ley orgánica constitucional. El quórum para sesionar será de, a lo menos, cuatro quintos de sus respectivos miembros. El Tribunal adoptará sus acuerdos por simple mayoría, salvo los casos en que se exija un quórum diferente y fallará de acuerdo a derecho.
Una ley orgánica constitucional determinará la planta, remuneraciones y estatuto del personal del Tribunal Constitucional.
Se establece que son atribuciones del Tribunal Constitucional, entre otras:
Ejercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas, antes de su promulgación.
Resolver sobre las cuestiones de constitucionalidad de los auto acordados dictados por la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y el Tribunal Calificador de Elecciones.
Resolver sobre las cuestiones de constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley o de reforma constitucional y de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso.
Resolver las cuestiones que se susciten sobre la constitucionalidad de un decreto con fuerza de ley.”
Decidir la inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable en conformidad a lo dispuesto en el número anterior.
En definitiva, se dispone una serie de otras atribuciones, las cuales, en aras del tiempo, sugiero a los señores diputados leer en el informe.
El artículo 83 establece: “Contra las resoluciones del Tribunal Constitucional no procederá recurso alguno, sin perjuicio de que puede, el mismo Tribunal, conforme a la ley, rectificar los errores de hecho en que hubiere incurrido.
“Las disposiciones que el Tribunal declare inconstitucionales no podrán convertirse en ley en el proyecto o decreto con fuerza de ley de que se trate, o en auto acordado, en su caso.
“Las sentencias que declaren la inconstitucionalidad respecto del todo o parte de una ley o de un decreto con fuerza de ley del cual la Contraloría hubiera tomado razón, se publicarán en el Diario Oficial dentro de los tres días siguientes a su dictación y la norma declarada inconstitucional se entenderá derogada desde dicha publicación.
“En el caso de los números 7.º y 14.º del artículo 82 el todo o parte del decreto supremo impugnado se entenderá derogado desde la publicación en el Diario Oficial de la sentencia que acoja el reclamo.”.
Estos números se refieren a las atribuciones del Tribunal Constitucional, de decidir la inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable en conformidad a lo dispuesto en el número anterior y de pronunciarse sobre las inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación en el cargo de los parlamentarios, respectivamente.
Esta materia, referida al Tribunal Constitucional, está pendiente, a fin de someterlo a un análisis conjunto con el Senado, para lo cual se ha acordado no votarlo hoy, sino con posterioridad.
Por el número 49 se sustituye el inciso final del artículo 87 para establecer que: “El Contralor General de la República será designado por el Presidente de la República con acuerdo del Senado, adoptado por los tres quintos de sus miembros en ejercicio, por un período de ocho años y no podrá ser designado para el período siguiente. Con todo, al cumplir 75 años de edad, cesará en su cargo. Recordemos que hoy no hay un período determinado para que cese en el cargo.
El artículo 90 establece que las Fuerzas Armadas dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional. Por lo tanto, se deja fuera a Carabineros e Investigaciones que en la actualidad dependen del Ministerio de Defensa.
Su inciso segundo dice: “Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones. Constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas. Dependen del Ministerio encargado de la seguridad pública.”. Eso significa que van a depender del ministerio que se cree en su oportunidad sobre la seguridad pública.
Por el número 51 se sustituye el inciso segundo del artículo 93 por el siguiente: “El Presidente de la República, mediante decreto fundado e informado previamente a la Cámara de Diputados y al Senado, podrá llamar a retiro a los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, y al General Director de Carabineros, en su caso, antes de completar su respectivo período.”.
El nuevo artículo 95 cambia el sentido del Consejo de Seguridad Nacional y a quiénes lo pueden convocar, de una forma totalmente distinta a como hoy dispone la Constitución. Dice: “Habrá un Consejo de Seguridad Nacional encargado de asesorar al Presidente de la República en las materias vinculadas a la seguridad nacional y de ejercer las demás funciones que esta Constitución le encomienda. Será presidido por el Jefe de Estado y estará integrado por los Presidentes del Senado aquí agregamos, de la Cámara de Diputados y de la Corte Suprema, por los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, por el General Director de Carabineros y por el Contralor General de la República.
“En los casos que el Presidente de la República lo determine, podrán estar presentes en sus sesiones los ministros encargados del gobierno interior, de la defensa nacional, de la seguridad pública, de las relaciones exteriores y de economía y finanzas del país.”.
El artículo 96 indica: “El Consejo de Seguridad Nacional se reunirá cuando sea convocado por el Presidente de la República y requerirá como quórum para sesionar el de la mayoría absoluta de sus integrantes. El Presidente del Senado, el Presidente de la Cámara de Diputados o el Presidente de la Corte Suprema podrán solicitar fundadamente al Presidente de la República que lo convoque, debiendo éste hacerlo para dentro de los treinta días siguientes.”.
Recordemos que en la actual Constitución dos integrantes pueden solicitarlo. 
Luego, el inciso tercero del nuevo artículo 96 dispone:
“Las actas del Consejo serán públicas, a menos que la mayoría de sus miembros determine lo contrario.”. 
Se reemplaza el inciso segundo del artículo 99 por el siguiente: “La creación, supresión y denominación de regiones, provincias y comunas; la modificación de sus límites, así como la fijación de las capitales de las regiones y provincias, serán materia de ley orgánica constitucional.”. Según la actual Constitución Política, son materia de ley de quórum calificado.
En el artículo 120 presentamos una indicación referida al plebiscito. Este tema será muy debatido por la Sala. 
Dice: “El Presidente de la República podrá consultar también a la ciudadanía mediante plebiscito en caso de que una de las Cámaras rechazare en general un proyecto de reforma constitucional iniciado por mensaje que la otra hubiere aprobado.
“La convocatoria a plebiscito, en este caso, se efectuará dentro de los treinta días siguientes a aquel en que la cámara de origen tome conocimiento del rechazo del proyecto que ella hubiere aprobado y se ordenará mediante decreto supremo que fijará la fecha de la votación plebiscitaria, la que no podrá tener lugar antes de treinta ni después de sesenta días contados desde la publicación de dicho decreto.
“El decreto de convocatoria contendrá el proyecto aprobado por la cámara de origen, con la indicación de haber sido rechazado por la cámara revisora.
“En lo demás, se aplicará lo previsto en los incisos tercero y cuarto del artículo precedente.”.
Por el número 58 se deroga una serie de disposiciones transitorias.
Por el número 59 se incorporan las siguientes disposiciones transitorias:
“Cuadragésima primera.- En tanto no se creen los tribunales especiales a que alude el párrafo cuarto del Nº 16º del artículo 19, las reclamaciones motivadas por la conducta ética de los profesionales que no pertenezcan a colegios profesionales serán conocidas por los tribunales ordinarios”.
“Cuadragésima segunda.- El mandato del Presidente de la República en ejercicio será de seis años, no pudiendo ser reelegido para el período siguiente”.
“Cuadragésima tercera.- El Senado estará integrado únicamente por senadores electos en conformidad con el artículo 45 de la Constitución Política de la República y la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios actualmente vigentes.
“Las modificaciones a la referida Ley Orgánica sobre Votaciones Populares y Escrutinios que digan relación con el número de senadores, las circunscripciones existentes y el sistema electoral vigente, requerirán del voto conforme de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio.
“Los senadores en actual ejercicio incorporados o designados en conformidad a las letras a), b), c), d), e) y f) del artículo 45 que se derogan, continuarán desempeñando sus funciones hasta el 10 de marzo de 2006”.
“Cuadragésima cuarta.- Las modificaciones al artículo 47, en lo concerniente a la provisión de vacancias de cargos parlamentarios, comenzarán a regir con ocasión de la próxima elección de diputados y senadores”.
“Cuadragésima quinta.- Los actuales Ministros del Tribunal Constitucional cesan en su cargo por el solo ministerio de esta reforma constitucional, con fecha 31 de diciembre de 2005.”.
“Cuadragésima sexta.- Se entenderá que los tratados internacionales aprobados por el Congreso Nacional con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de las enmiendas al Capítulo VII, que versen sobre materias que conforme a esta Constitución deben ser aprobadas por la mayoría absoluta o las cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio, cumplen con estos requisitos.”.
“Cuadragésima séptima.- Las reformas introducidas al Capítulo VII entrarán en vigor dentro de seis meses contados desde la publicación de la presente reforma constitucional”.
“Cuadragésima octava.- Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública seguirán siendo dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional hasta que se dicte la nueva ley que cree el Ministerio encargado de la Seguridad Pública.”. Es decir, mientras no se dicte dicha ley, Carabineros e Investigaciones seguirán dependiendo del Ministerio de Defensa Nacional.
“Cuadragésima novena.- El Estado chileno podrá reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional de acuerdo a las condiciones previstas por el tratado aprobado en la ciudad de Roma, el 17 de julio de 1998, por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional.”.
Recordemos que faltaba una reforma a la Constitución para que nuestro Estado reconozca la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Eso es lo que mencionó un fallo del Tribunal Constitucional a raíz de nuestro intento por aprobar la jurisdicción de la Corte.
“Quincuagésima. Las modificaciones dispuestas en el artículo 54, Nº 2, comenzarán a regir después de la próxima elección general de parlamentarios”.
El artículo 2º establece: “Autorízase al Presidente de la República para que, mediante decreto supremo, pueda dictar un texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República dentro del plazo de un año desde la aprobación de la presente reforma.”.
Es cuanto puedo informar sobre los aspectos fundamentales de esta reforma constitucional.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).- En discusión el proyecto.
Hago presente que los comités parlamentarios dispondrán de cuatro horas para el debate, distribuidas proporcionalmente de acuerdo con los siguientes tiempos: Unión Demócrata Independiente 70 minutos, Democracia Cristiana 50 minutos, Partido por la Democracia 42 minutos, Renovación Nacional 42 minutos y Comité Socialista y Radical 36 minutos.
Por acuerdo de los jefes de los comités parlamentarios, sólo hasta una hora antes del tiempo señalado para la votación se podrán renovar indicaciones y pedir votaciones separadas.
El partido Demócrata Cristiano, el Partido por la Democracia y el partido Socialista y Radical Social Demócrata hicieron llegar a la Mesa los nombres de los diputados que intervendrán. Lo mismo pido a la Unión Demócrata Independiente y a Renovación Nacional, si lo estiman oportuno.
En el tiempo de la Democracia Cristiana, y hasta por veinte minutos, tiene la palabra el diputado señor Zarko Luksic.
El señor LUKSIC.- Señor Presidente, esta reforma constitucional es histórica.
Desde el comienzo de la República, desde 1830 en adelante, encontramos tres grandes constituciones: la de 1833, la de 1925 y la de 1980.
Los tres textos constitucionales, dictados en un período de casi 200 años, han tenido importantes modificaciones. La de 1833, en 1874; la de 1925, en 1971, y la de 1980, en dos ocasiones: en 1989 y ahora. Históricamente se han modificado a través del Congreso. La de 1833 fue estudiada por un grupo de notables; la de 1925 también, pero además, fue ratificada mediante un plebiscito, y la de 1980, es de orígenes espurios y de contenido antidemocrático. Sin embargo, en 1989 fue legitimida al ser ratificada por el plebiscito y, ahora, lo es desde el momento que es conocida por los órganos que han sido constitucionalmente ungidos a través de la soberanía popular.
En Chile nunca ha habido asamblea constituyente. Sólo ha existido la figura de las comisiones constituyentes, y la que hoy tenemos reitero a través del procedimiento normal del ejercicio constituyente que tiene esta Cámara de Diputados.
La actual Constitución, que nació espuria en su origen y autoritaria en su contenido, es parte de la transición del régimen autoritario a un régimen plenamente democrático. 
Don Patricio Aylwin, en 1993 dijo: “Se terminó la transición”. Lo decía en términos de la estabilidad y de la gobernabilidad. Estábamos en un Estado en forma, con una Constitución y con órganos elegidos. Se terminó la transición, desde el punto de vista de la estabilidad y la gobernabilidad. Sin embargo, quedó pendiente la transición institucional y eso es lo que hoy estamos debatiendo. Me atrevería a decir, con justa razón, que con la reforma de importantes instituciones, estaríamos terminando la transición institucional de un régimen autoritario a uno auténticamente democrático. 
Las reformas que hoy estamos conociendo terminan con los enclaves autoritarios, con los resabios de la Carta Fundamental de 1980, la carta autoritaria, como el Consejo de Seguridad Nacional, la inamovilidad de los comandantes en jefe, los senadores designados y la integración anómala del Tribunal Constitucional. Fortalecen la descentralización del Estado, dando inicio a un camino de democratización de las autoridades regionales; fortalecen la participación y la función fiscalizadora de la Cámara de Diputados, y constituyen un nuevo Tribunal Constitucional, integrado por abogados designados y elegidos por órganos legítimamente constituidos, como son el Presidente de la República, la Cámara de Diputados, el Senado y la Corte Suprema.
Hace décadas que hemos entrado a formar parte de los países que van en camino al desarrollo económico, pero estaban pendientes la modernización y la búsqueda del desarrollo institucional.
Pasemos a analizar los institutos que vamos a modificar.
La carta fundamental de 1980 contemplaba un Consejo de Seguridad Nacional, que fue reformado en 1989. Dicho Consejo tenía la atribución de representar a todas las autoridades las materias que, a su juicio, eran contrarias a la seguridad nacional. Incluso podía acusarnos de dictar leyes que atentaban contra la seguridad nacional. Además, que estaba integrado mayoritariamente por los comandantes en jefe. Es cuestión de recordar cuantas veces fue convocado por el general Pinochet en la década del 90. 
Hoy, con estas modificaciones, el Consejo de Seguridad Nacional pasa a ser exclusivamente un órgano asesor, y es lo lógico que así lo sea, y entre sus integrantes se incluye al Presidente de la Cámara de Diputados.
También se termina con la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y del general director de Carabineros. Chile era uno de los pocos países en que el Presidente de la República podía nombrarlos, pero no removeros. Con la reforma podrá nombrar y remover.
Otra institución que se reforma es la de los senadores designados. Se termina con la distorsión del principio de representatividad. Como todos sabemos, el Senado está integrado no sólo por personeros elegidos directamente por el pueblo, sino también por senadores que, como lo indica su nombre, son designados en virtud de su experiencia, como ex rectores y ex ministros, pero que claramente constituyen una distorsión al principio de representación, base de la democracia.
No quiero abundar más sobre esta materia, porque, desde los inicios de los gobiernos democráticos, es vastamente conocida nuestra denuncia y nuestra posición de eliminar dicha institución, al igual que la de los senadores vitalicios.
Respecto de la integración del Tribunal Constitucional, materia que se dejará pendiente, se pedirá informe complementario. Sin embargo, quiero llamar la atención de la honorable Sala, en el sentido de que el proyecto que nos envió el Senado no contempla que la Cámara de Diputados pueda designar abogados integrantes del Tribunal Constitucional, lo que nos parece gravísimo, porque atenta contra nuestras potestades. 
Deseo recordar que la reforma de 1971 a la Constitución de 1925 sí contemplaba que la Cámara de Diputados podía designar un integrante del Tribunal Constitucional, al igual que el Senado. Pero hoy, la cámara alta, utilizando un argumento erróneo, a mi juicio, nos dice: “El Senado está para nombrar, y la Cámara, para fiscalizar”. Sostengo que no es así. No hay ningún tratadista que señale que el Senado tenga alguna atribución exclusiva para nombrar. La cámara alta se ha atribuido o arrogado, como bien dice el diputado Walker algunas potestades, no para nombrar, sino para ratificar el nombramiento de determinados funcionarios, como los ministros de la Corte Suprema y el Fiscal Nacional. Por lo tanto, nadie podría decir que dicha cámara tiene la facultad exclusiva e inalienable de nombrar autoridades. Reitero: es un tema que quedará pendiente, a la espera de un informe complementario.
Habíamos dicho que uno de los objetivos de esta reforma era fortalecer la función fiscalizadora de la Cámara de Diputados. Para ello, es necesario perfeccionar una serie de instrumentos que utilizamos los diputados, pero que son de dudosa constitucionalidad. 
Se mantienen las atribuciones de la Cámara para adoptar acuerdos o sugerir observaciones, con el voto de la mayoría de los diputados presentes, y con el voto favorable de un tercio de los miembros presentes para pedir antecedentes al Ejecutivo. Pero agregamos la atribución de la interpelación. Es decir, podremos citar a los ministros a este hemiciclo para hacerles preguntas y contrapreguntas sobre alguna materia que nos interese fiscalizar, y será obligación del secretario de Estado asistir y contestarlas. Lógicamente, el ministro podrá pedir que se declare la sesión como reservada o secreta.
Para que esta atribución no se preste para una politización u obstaculización del trabajo del Ejecutivo, hemos limitado las citaciones a tres veces en el año, pero se podrá aumentar con el voto favorable de la mayoría absoluta de los diputados en ejercicio.
Siguiendo con la función fiscalizadora, consagramos la creación de comisiones investigadoras a petición de a lo menos dos quintos de los diputados en ejercicio. A su vez, las comisiones investigadoras, a petición de un tercio de sus miembros, podrán despachar citaciones y solicitar antecedentes.
Éste es un gran logro, porque, por un lado, se consagra la comisión investigadora, pero también se le establecen ciertos límites. Muchas de las comisiones investigadoras han resultado un fracaso y han devenido en un desprestigio a esta honorable Corporación. ¡Bienvenidas las comisiones investigadoras, pero bien hechas y con un objetivo muy bien determinado!
Otra materia de gran interés es la consagración del principio de probidad. 
Quiero llamar la atención sobre un gran peligro que notamos algunos diputados y que fue motivo de discusión en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Desde el momento en que desaparecen los enclaves autoritarios o se transforman en órganos constitucionales con legitimidad en su integración y en sus facultades, observamos el peligro de que sean integrados o subsumidos por el Presidente de la República y por el Senado. Por eso es tan importante para la Cámara su exigencia de integrar el Tribunal Constitucional o el Consejo de Seguridad Nacional. El peligro de terminar con los enclaves autoritarios es el traspaso del poder que representan. El Senado quiere que se lo traspasemos a ellos. 
Es importante insisto en este punto que, además de fortalecer nuestras facultades fiscalizadoras, también seamos capaces de participar en la integración de esos organismos que eran autoritarios, pero que serán democratizados, como ocurrirá con el Consejo de Seguridad Nacional y con el Tribunal Constitucional.
También hago presente que estamos por un sistema electoral proporcional. Se ha presentado una indicación en la que abogamos por la proporcionalidad de la representación. Sin embargo, no queremos llamar a engaño. La fórmula para alcanzar un sistema electoral proporcional la hemos dejado a la ley orgánica sobre votaciones populares y escrutinios, cuyas modificaciones requerirán el voto conforme de las tres quintas partes de los diputados y senadores; es decir, tendrá un quórum de reforma constitucional. No obstante, en primer lugar, dejamos abierta la posibilidad de consagrar la proporcionalidad y, en segundo lugar, establecemos la obligación de dictar para ello una ley orgánica. De este modo abrimos la posibilidad de que el país se democratice completamente al elegir un Congreso con representación proporcional.
Reitero: éste es un día histórico, ya que son pocas las veces en que el Congreso Nacional se transforma en constituyente. Sus funciones son legislativas, fiscalizadoras y, la más importante, la más excelsa desde el punto de vista institucional, es la constituyente. Hoy lo estamos cumpliendo, y es importante para la historia de la Cámara y para el país.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, referirnos en cinco horas a toda una reforma constitucional que implica modificaciones sustanciales a la Constitución, es poco tiempo; más aún, si esas cinco horas se tienen que dividir entre los distintos Comités, ya que a la mayoría les toca menos de una hora.
Pienso renovar algunas indicaciones. Por ejemplo, se establece que la nacionalidad chilena se pierde “Por renuncia voluntaria manifestada ante autoridad competente. Esta renuncia sólo producirá efectos si la persona, previamente, se ha nacionalizado en país extranjero.”. 
Presentamos indicación para que la nacionalidad chilena no se pierda aunque se renuncie a ella y se adquiera la de otro país, si ello es requisito necesario para que esa persona pueda trabajar en el extranjero. Con la redacción del proyecto, el señor Claudio Arrau no hubiera sido chileno, porque tuvo que renunciar a la nacionalidad chilena y adquirir la estadounidense para trabajar en Estados Unidos. Considero que si una a persona se le exige que renuncie a la nacionalidad chilena y adquiera la del país en que vive para poder trabajar, se la está presionando verdaderamente para que lo haga, por lo que, jurídicamente, no debiera perderla.
Otro punto que me preocupa, y que se relaciona con casos que veo a diario en las comunas de La Pintana y Puente Alto, se refiere a los colegios profesionales. El proyecto contiene una norma que dice: “Los colegios profesionales constituidos en conformidad a la ley y que digan relación a tales profesiones, estarán facultados para conocer de las reclamaciones que se interpongan sobre la conducta ética de sus miembros.”. Más adelante agrega: “Los profesionales no asociados serán juzgados por los tribunales especiales establecidos en la ley.”. Pero es muy difícil que una persona, que se siente estafada por un abogado, contrate a otro para que lo patrocine en una demanda a un colega ante los tribunales de justicia si es que no está asociado al colegio profesional. Y que cada día son menos los profesionales que se inscriben en los colegios, pues les exigen pagar cuotas y su afiliación no les representa ninguna ventaja. En consecuencia, soy partidario de establecer que los colegios profesionales conocerán y sancionarán las conductas éticas de sus respectivos profesionales, estén o no asociados, para evitar que se tenga que recurrir al patrocinio de abogados para reclamar ante los tribunales cuando se trata de un profesional que no está asociado.
También me preocupa que el artículo 57 de la Constitución no aparezca modificado, por lo que quiero pedir el apoyo a mis colegas para hacerlo. Tiempo atrás conversé con el entonces diputado Aldo Cornejo, la diputada Laura Soto y otros parlamentarios la situación planteada por el inciso tercero del artículo 57, que dice que cesará en el cargo el diputado o senador que actuare “como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo,...”. El Ministerio de Justicia no aceptó mi patrocinio de solicitudes de personalidad jurídica en favor de corporaciones y fundaciones, que era gratuito, so pretexto de que se trataba de gestiones administrativas de carácter particular. Cuando reclamé al Ministerio de Justicia, me respondieron que eran instrucciones del Consejo de Defensa del Estado. Fui al Consejo de Defensa del Estado, donde me respondieron que ellos emitían opinión, pero quien resolvía en definitiva era el Ministerio de Justicia. Interpuse un recurso de protección contra las señoras Clara Szczaranski y Soledad Alvear, en ese momento ministra de Justicia. Perdí en la corte de apelaciones respectiva por dos votos a uno, pero gané en la Corte Suprema cinco votos a cero.
Por lo tanto, necesitamos precisar qué se entiende por gestiones administrativas de carácter particular. Diría que las gestiones de ese tipo que están prohibidas realizar a los diputados y senadores son las de carácter remunerado. De lo contrario, el día de mañana mi colega Juan Bustos podría interceder por una pensión atrasada para una señora de Quilpué, y algún funcionario del INP podría decirle: “Mire, vamos a estudiar el asunto.” Pero después es perfectamente posible que alguien podría denunciar que la del colega es una gestión administrativa de carácter particular y éste podría perder el cargo.
En consecuencia, soy partidario de precisar el inciso tercero del artículo 57 para evitar que esta materia quede en la indefinición. Si estamos haciendo reformas constitucionales profundas, abordemos temas como éste, para evitar situaciones complejas en el futuro.
Podría hablar sobre muchas otras materias, pero quiero dejar tiempo a mis colegas. Por lo demás, es mejor reservarse algunos minutos para la discusión del resto de la tarde.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).- Señor Presidente, tras 25 años, con la discusión en la Sala de este conjunto de reformas sustantivas a la Carta Fundamental, comienza a sellarse la suerte definitiva de un modelo de sociedad política y de institucionalidad pública que, ideado en medio de la guerra fría, pretendió ir contra la historia, transformando a Chile en una especie de ínsula neoconservadora, marcada por el pensamiento tomista del más viejo cuño, y anclada en las lógicas de poder del siglo XIX, en lugar de mirar y proyectarse al siglo XXI.
Chile, a diferencia de todos los países que han realizado procesos de transición desde regímenes autoritarios, no elaboró una nueva Constitución. En Argentina, Uruguay, Brasil, en América Latina; en España, Italia y Alemania, en Europa, el retorno a la democracia fue acompañado de la búsqueda y el logro de un gran consenso constitucional. En Chile, en cambio, optamos por un camino distinto, el de transitar por los estrechos senderos diseñados con mano ingenieril por los arquitectos y mentores del régimen autoritario.
Las reformas que conocemos hoy hay que reconocerlo son el fruto de un acuerdo político que valoramos, pero que nos impide avanzar, como una especie de camisa de fuerza, más de lo que aquí se expresa.
En realidad, como dijo el diputado señor Zarco Luksic, a pesar de esta limitación, al menos hay cuestiones que dan cuenta de otro Chile hoy día. Hemos barrido con los enclaves autoritarios, cuestión que hay que celebrar, porque llevamos mucho tiempo detrás de esto. Hoy lo hemos conseguido. Se termina la tutela militar y la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y del general director de Carabineros; se consagra la generación democrática de las cámaras legislativas; se perfecciona el estatuto de los derechos y garantías constitucionales, punto en el cual cobra especial importancia el reconocimiento quiero decirlo aquí con fuerza, pues hay mucha gente que está tras esta cuestión tan justa de nuestros pueblos originarios, que hoy aprobaremos; se perfecciona el sistema de control político, para evitar excesos del poder de un gobierno que sigue siendo extremadamente autónomo y poderoso; terminamos con el oprobio de que los hijos de chilenos nacidos en el extranjero no son chilenos. En la actualidad, hay una nueva mirada, se hace justicia con ellos. Además, se deja en claro la naturaleza y alcances del Consejo de Seguridad Nacional.
Sin embargo, hay algo que nos duele profundamente, porque desde la vuelta a la democracia se ha enarbolado como un símbolo de una democracia verdadera: terminar con el sistema electoral binominal. Es un tema pendiente que eclipsa los avances realizados. Ese sistema impide la representación de todas las fuerzas políticas en los hemiciclos del Congreso Nacional. Chile no logrará superar el test de la blancura democrática mientras partidos políticos que obtienen más de medio millón de votos a nivel nacional no puedan tener un escaño en esta Sala, que el pueblo legítimamente les ha dado, pero que el conservadurismo de unos pocos les niega. La Derecha no quiere y se opone, porque, como ha dicho muchas veces el Presidente Lagos, para ella es lo mismo 33 que 66. Más que una cuestión doctrinaria, se trata de un sistema electoral que permite a algunos seguir conservando privilegios que, a nuestro juicio, son ilegítimos.
Chile quiere más democracia. La sociedad avanza con más rapidez y decisión que las elites políticas, en orden a construir un sistema de vida más justo, en el que no haya discriminación ni exclusión, sino participación. Ello sólo será posible cuando, entre otras cosas, tengamos un régimen político más abierto y más legitimado, donde el poder se reparta entre más personas a lo largo y ancho del territorio nacional.
Por lo menos, hemos avanzado en materia de regionalismo, y podemos decir que el Presidente de la República tiene la facultad de convocar a un plebiscito cuando existan discrepancias entre ambas cámaras del Congreso Nacional respecto de un proyecto de reforma constitucional. Sin embargo, lo anterior no es suficiente. Pensando en eso, he presentado a la consideración de la Cámara de Diputados un conjunto de indicaciones tendientes a reformar el régimen político del país. Lo hice a sabiendas de que no había ni interés, ni voluntad de enfrentar un proceso de reforma radical y profunda de nuestra forma de gobernarnos y de relacionarnos con la sociedad. Ese será el debate del mañana.
Acabada la transición política y abiertas las puertas a todos nuestros compatriotas, tendremos que sentarnos a pensar con calma si realmente tenemos el mejor sistema de gobierno para asegurar la sustentabilidad de una democracia pluralista, moderna y más dinámica.
La sociedad chilena está ad portas de cambios paradigmáticos. El poder presidencial, heredero de la oligarquía decimonónica y del poder real de la época de la Colonia, comienza a ser cuestionado. El Congreso Nacional aparece como una asamblea necesaria, pero no suficiente para absorber la demanda de participación y de decisión colectiva del pueblo. También ha entrado en cuestión el modelo de control político y jurídico de los actos de los órganos públicos. Las regiones comienzan a asomarse con fuerza como el nuevo espacio de desarrollo de la civilidad y de la democracia, con autonomía y libertad para asumir nuevos rumbos. El Congreso Nacional y sus procedimientos legislativos se convierten, a veces, en un obstáculo para el desarrollo de un país. En ese sentido, un sistema unicameral, siguiendo la experiencia de la política comparada, aparece como una alternativa digna de estudio. En fin, son nuevas formas de ver el mundo y de concebir la sociedad y sus anhelos de cambio.
Antes de terminar, quiero expresar, en nombre de los diputados de la Comisión, nuestra molestia por haber tenido que trabajar de un modo realmente inaceptable. Tuvimos muy poco tiempo, con lo cual también contribuimos a presionar a la Secretaría.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan 
Bustos.
El señor BUSTOS.- Señor Presidente, esta reforma es ciertamente la más trascendental que ha vivido el país en las últimas décadas. Tiene por objeto claramente una nueva Constitución y configura al Congreso Nacional como un poder constituyente, tal como lo señaló el diputado Zarko Luksic. Es decir, implica un cambio radical de un modelo político autoritario, producto de una mentalidad dictatorial que gobernó Chile durante su época más trágica y horrorosa. Por consiguiente, es un cambio hacia la democratización, con el objeto de que no quede dentro de nuestro sistema ningún enclave autoritario ni atisbo de lo que pensó el dictador para el país.
Reitero: esta reforma es la más profunda que se ha llevado a cabo en el último tiempo, sin perjuicio de que todavía quedan algunos aspectos importantes que deberían desarrollarse en el futuro.
En primer lugar, se hace un conjunto de reformas democratizadoras fundamentales. Se eliminan a los senadores designados y vitalicios, con el objeto de que sea el pueblo quien elija a todos los diputados y senadores y, por tanto, que no haya personas nombradas a espalda de la ciudadanía.
Se establece la facultad del Presidente de la República para remover a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y al general director de Carabineros. Las autoridades militares están al servicio y bajo las autoridades de carácter civil. Es decir, se dispone la subordinación de las autoridades militares, como debe ser en cualquier estado de derecho y país democrático.
Se reduce el Consejo Nacional de Seguridad a un órgano simplemente consultivo, porque no puede haber ningún organismo más allá de la voluntad soberana de la ciudadanía.
Lamentablemente, ha quedado fuera de la Constitución el sistema binominal y los temas electorales han quedado entregados a la ley orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios. Para nosotros era indispensable que en la Constitución se estableciera el marco fundamental al que debe referirse dicha ley, esto es, la instalación de un sistema de carácter proporcional, con el objeto de que todas las fuerzas sociales y políticas existentes en el país pudiesen tener la representación que les corresponde, y no de un sistema binominal que restringe la democracia al no permitir la expresión de todas las fuerzas políticas en el Congreso.
Por eso aprobamos una disposición para que en las elecciones de diputados y de senadores se emplee un procedimiento que dé como resultado una efectiva proporcionalidad en la representación popular. De esa manera, estimamos que dentro de la Constitución queda establecido el marco en el que debe moverse la ley orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios. Lamentablemente, sabemos que esto fue aprobado por todos los miembros de la Concertación que integran la Comisión, con los votos en contra de los de la Alianza, y que no tendremos el quórum necesario, porque este conglomerado político no quiere la efectiva democratización del país; no quiere que todas las fuerzas políticas estén representadas en el Congreso.
En ese mismo sentido hemos planteado la convocatoria a plebiscito, de modo que el Presidente de la República podrá consultar a la ciudadanía mediante ese mecanismo en caso de que una de las cámaras rechazare en general un proyecto de reforma constitucional, iniciado en mensaje y que la otra hubiere aprobado, como es lo propio en un estado de derecho.
También, desde una perspectiva democratizadora y de la pluralidad de un sistema democrático, hemos aprobado, por la mayoría de la Comisión, con los votos en contra de los diputados de la Alianza que la integran, el reconocimiento de los pueblos indígenas, con todos sus derechos. Sabemos que la Alianza no quiere la diversidad en nuestra nación; no quiere la pluralidad de culturas; no quiere el reconocimiento de las diferentes etnias y de los pueblos originarios. Pero denunciamos a la Alianza, tal como lo hicimos respecto del sistema binominal y de la democratización efectiva del sistema político.
Por otra parte, ha habido profundas reformas que implican la modernización institucional del país. La labor fiscalizadora de la Cámara de Diputados ha sido fundamental. Pero hasta el momento, esta función ha sido una simple práctica y, muchas veces, perniciosa para su prestigio, porque no está regulada. Por eso, mediante la reforma, en la Constitución Política se establecen en forma clara y precisa las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados, la conformación de las comisiones investigadoras y la interpelación a los ministros respecto de temas específicos.
Igualmente importante es lo referido a la modernización del Tribunal Constitucional, de manera que tenga las facultades propias de este tipo de institución existente en todos los estados de derecho, tanto latinoamericanos como europeos, entre ellas, pronunciarse sobre la inaplicabilidad de la ley, facultad que ahora recae en la Corte Suprema, erga omnes, es decir, como un recurso de inconstitucionalidad. En forma clara hemos establecido que el tribunal conocerá estos asuntos en sala, la cual adoptará sus acuerdos por simple mayoría.
Por otro lado, desde el punto de vista de su conformación, dicho tribunal estará constituido sobre la base de la decisión de los tres poderes del Estado en forma equilibrada. De esa manera, sólo podrán ser miembros del Tribunal Constitucional abogados, con la calificación correspondiente, nombrados por la Corte Suprema, por el Presidente de la República y por el Congreso Nacional, pero en forma equitativa entre ambas cámaras, porque ambas conforman el Poder Legislativo y, por tanto, las dos deben participar en el nombramiento de sus integrantes.
También se ha introducido una serie de reformas fundamentales en relación con los derechos establecidos en el artículo 19 de la Constitución posteriormente, el diputado Carlos Montes se referirá a ellas en forma expresa, como el recurso de protección respecto del derecho a la educación, la derogación del delito de difamación en lo relativo a la vida privada y el establecimiento por ley de una protección efectiva a la vida privada.
Se ha fortalecido el rol de la Cámara de Diputados. Su presidente integrará el Cosena y, en caso de vacancia del cargo de Presidente de la República, tendrá preferencia en el orden de prelación respecto del presidente de la Corte Suprema.
Por último, se ha hecho una serie de reformas formales para sustituir términos que todavía se contemplan en la Constitución, como “procesado”, ahora obsoleto, que no están de acuerdo con la reforma procesal penal.
En definitiva, se ha realizado una reforma integral de las disposiciones de la Carta Fundamental. Por lo tanto, tenemos pleno derecho a decir que hoy contamos con una nueva Constitución y que ha desaparecido para siempre la de 1980, del dictador Augusto Pinochet.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros.
El señor RIVEROS.- Señor Presidente, comparto lo señalado por quienes me antecedieron en el uso de la palabra, en el sentido de que hay algunos aspectos que quedan pendientes, aun cuando esta reforma avanza significativamente en el perfeccionamiento de nuestra Carta Fundamental.
Una de las tareas pendientes consiste en hacer más representativo nuestro sistema de elección de diputados y senadores, es decir, terminar con el sistema binominal. Ello queda entregado a una norma legal de carácter orgánico constitucional. Si queremos perfeccionar la Constitución de manera adecuada, debemos abocarnos a esta materia.
Me referiré a tres temas específicos, que han sido objeto de reforma: la nacionalidad, el perfeccionamiento en materia de aprobación de los tratados internacionales, como facultad del Congreso Nacional, y una norma transitoria que habilita para que nuestro país ratifique el estatuto de la Corte Penal Internacional.
Respecto de la nacionalidad, resulta significativa la modificación al número 3º del artículo 10 de la Constitución, que elimina el requisito de avecindamiento por más de un año en Chile para los hijos de chilenos nacidos en el extranjero. Con esto se hace justicia a muchos hijos de compatriotas, que también son nuestros compatriotas, que por el solo hecho de no poder avecindarse en nuestro país por más de un año, no tienen la nacionalidad chilena ni la del país en que nacieron, porque en esos países existe el principio del jus sanguinis y no el del jus solis y, en definitiva, quedan como apátridas. Eso es lo que soluciona esta modificación.
La enmienda al número 1º del artículo 50 salva una omisión del texto actual: el quórum con que deben aprobarse los tratados internacionales. Se dice en la Constitución que deben someterse a los trámites propios de una ley, pero sin establecer el quórum exigido para aprobarlos, los que pueden incidir en una ley orgánica constitucional, de quórum calificado o de quórum simple. En esto se actuó de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Incluso, hay un informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado sobre la materia, pero no habíamos tenido ocasión de modificar el texto constitucional. Ahora se establece que la aprobación de un tratado requerirá, en cada cámara, de los quórum que corresponda, en conformidad al artículo 63 de la propia Carta Fundamental.
Otro aspecto que cabe destacar es que por primera vez se aborda lo relativo a las reservas a los tratados internacionales, sobre todo cuando son planteadas por el Congreso como condición para aprobarlos. Desde ese punto de vista, hay todo un tratamiento constitucional establecido en el número 1º del artículo 50, al cual no me referiré en particular, como también al retiro de la reserva y a la denuncia de los tratados por el Presidente de la República.
En síntesis, las modificaciones introducidas al número 1º del artículo 50 van en una línea adecuada y de lógico y completo perfeccionamiento de las normas de aprobación de los tratados por el Congreso Nacional, partiendo de la base que la facultad para negociarlos y ratificarlos, por imperio de la propia norma constitucional, está radicada en el Presidente de la República, en virtud del número 17º del artículo 32 de nuestro texto constitucional.
El último punto al cual me quiero referir dice relación con la norma habilitante para que nuestro país pueda, de una vez por todas, ratificar el estatuto de la Corte Penal Internacional, la cual está encargada de juzgar situaciones muy específicas que tienen que ver con el derecho humanitario afectado por situaciones relacionadas con estados de guerra, como son los crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión. Ese es el punto específico al cual se refiere el estatuto de la Corte Penal Internacional. Lo digo porque muchas veces esto no se entiende y se confunden los términos, lo cual quedó de manifiesto en la discusión que tuvimos en su momento sobre el particular.
La Corte Penal Internacional funciona en virtud del principio de universalidad. Situaciones de la magnitud que hemos señalado obligan a que la comunidad internacional, en su conjunto, pueda actuar frente a ellas a través de un tribunal permanente, como la Corte Penal Internacional, y no de tribunales adhoc, los cuales han actuado, pero con la precariedad jurídica de haber sido creados después de ocurridos los hechos. Los tribunales de Nuremberg y Tokio, después de la segunda guerra mundial, son un ejemplo de ello.
En nuestros días, tenemos a los tribunales que juzgan la situación de Ruanda y de la ex Yugoslavia. La Corte Penal Internacional corrige esta situación al constituirse como tribunal permanente. En sus estatutos está claramente consagrado el principio de la irretroactividad, esencial en materia penal, y el requisito de la complementariedad, que debemos tener presente, sobre todo si respetamos y creemos en nuestro estado de derecho, porque la jurisdicción de la Corte sólo operará en caso de que nuestro Estado no esté en condiciones de remediar la situación. Tendríamos muy poca credibilidad en nuestro sistema jurídico si pensáramos que el principio de la complementariedad no va a actuar de manera clara y eficiente en nuestro caso.
Los países latinoamericanos, en particular nuestros vecinos, ratificaron el estatuto de la Corte Penal Internacional. Argentina, además, tiene un fiscal en esa corte; Bolivia y Perú ya lo ratificaron. Pero nosotros aún no lo hacemos, porque un fallo del Tribunal Constitucional señaló que era necesario que su reconocimiento estuviera permitido por la Constitución. Ahora, estamos utilizando el mismo método al que recurrió Francia, Portugal e Irlanda, entre otros estados, es decir, establecer una norma constitucional habilitante en los términos en que está la disposición cuadragésima novena transitoria.
Por último, en esta materia hay un hecho palmario. La globalización no es sólo económica, también tiene contenido humano. Por lo tanto, este tipo de tribunales lo que busca es resguardar el imperio de los derechos fundamentales de la persona, particularmente en los tipos penales que he señalado.
He planteado todos estos argumentos para convocar, ojalá a la totalidad de la Sala, a votar favorablemente dicha disposición y evitar que después alguien diga que no lo sabía, y que de haberlo sabido la hubiese aprobado.
Coloqué énfasis en toda esta argumentación para entregar antecedentes precisos, jurídicos y políticos, con el objeto de que la disposición sea aprobada.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Francisco Bayo.
El señor BAYO.- Señor Presidente, coincido plenamente con lo dicho por quienes me precedieron en el uso de la palabra, en el sentido de que las proposiciones de reforma a nuestra Carta Fundamental significan un gran avance.
Sin embargo, me preocupa lo relacionado con el artículo 1º, que incorpora el concepto de pueblos indígenas.
Quiero recordar que cuando se estudió el proyecto de ley indígena fue acompañado de una reforma constitucional que incorporaba este concepto. La comisión especializada que redactó la ley indígena, presidida por el señor Francisco Huenchumilla, actual alcalde de Temuco, rechazó de inmediato esa presentación por estimar que existía un hecho básico, elemental: en nuestra Constitución, el concepto de pueblo es cuantitativo, no étnico. Todas las referencias que se hacen en los diferentes artículos de la Carta Fundamental apuntan a cantidad, el plebiscito lo define el pueblo. Reitero: el concepto es cuantitativo, no étnico. Por lo tanto, en esa oportunidad se estimó que no era conveniente aprobar ese proyecto de reforma entregado a nuestra decisión, reitero, hace casi diez años.
Por otro lado, en el derecho internacional el concepto de pueblo tiene una connotación ligada a la autonomía de los Estados.
En mi opinión, esto tiende más hacia la desintegración que a la integración. Creo que debemos preservar el criterio de integración y perfeccionar lo que tenemos. Por eso he repuesto una de las indicaciones rechazadas en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Además, pienso que ello es consecuente con lo que demostró el excelente trabajo que se desarrolló durante la presidencia de don Eduardo Frei RuizTagle: los diálogos regionales, en los cuales quedó demostrado claramente que la inmensa mayoría de los indígenas no avala las discriminaciones entre las diferentes etnias.
Por lo tanto, hay que ampliar el concepto de integración a todas las etnias.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Aníbal Pérez.
El señor PÉREZ (don Aníbal).- Señor Presidente, estamos llegando al final de un proceso político-legislativo que ha sido emblemático para todos los gobiernos de la Concertación. Si uno revisa sus programas de gobierno comprobará que este tema, las reformas constitucionales, siempre ha sido un elemento sustancial, valórico y ético de lo que entendemos por democracia.
En cambio, la Oposición, toda la Derecha, sin distinción, siempre negó los votos para aprobar reformas constitucionales, porque está en su esencia y siempre ha querido mantener el actual sistema, basado en el autoritarismo y en la exclusión. Así lo demuestra la historia de estos más de quince años de democracia.
En relación con este tema, voy a leer un fragmento de un artículo escrito hace cuarenta y tres años por un joven chileno. Dice: “En 1936 la misión del Caudillo fue salvar a España del comunismo. En 1942 su misión era crear un órgano legislativo que preservara fielmente al pueblo. Hoy su misión final es consolidar el estado corporativo, para garantizar que, a su muerte, todo se desarrolle por los cauces normales.”.
El caudillo al que se refiere la cita es, por cierto, el general Francisco Franco; el joven idealista que le escribió esas loas era Jaime Guzmán Errázuriz y el artículo es el ensayo “¡Viva Franco, arriba España!”, que llenó buena parte de la revista escolar de 1962 del Colegio de los Sagrados Corazones.
Creo que ahí está, probablemente, la semilla que germinó casi veinte años después en la Constitución de 1980. Digámoslo claramente: ha existido una profunda animadversión por la democracia y la creencia de que se requiere un gobierno fuerte, autoritario y dictatorial para que imponga disciplina en la sociedad. 
Hoy, después de veinte años, los diputados del PPD estamos relativamente contentos y alegres. En primer lugar, porque, de alguna manera, hemos convencido a la Derecha de que estaba equivocada en lo que planteó. 
Diría que le hemos doblado la mano, hemos hecho un “gallito” y hoy los tenemos bastante derrotados, porque si vamos a las actas de las discusiones legislativas de hace quince años, el discurso de la Derecha era totalmente distinto del de hoy. Hemos logrado convencerla de que estaba equivocada en sus planteamientos respecto del estado de derecho que quiere el país. 
Es verdad que a partir de esta reforma tendremos una democracia de mejor calidad, habrá mejores instituciones políticas para canalizar los anhelos de progreso y cambios de la sociedad. 
Hemos terminado, con el apoyo de los colegas de la Derecha, con las instituciones de los senadores designados y vitalicios. Me alegro y estoy contento porque se convencieron de que mantener ese enclave de la dictadura era inadecuado y atentaba contra la soberanía popular. 
En segundo lugar, hemos terminado con la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, y agradezco el apoyo de la Oposición, que hasta hace un tiempo, siempre nos negó los votos para aprobar esta reforma a la Constitución. 
En tercer lugar, hemos reformulado el Consejo de Seguridad Nacional. También hemos dado categoría constitucional a los pueblos indígenas. Además, hemos aumentado las facultades de fiscalización de la Cámara de Diputados. 
Por cierto, hemos avanzado una enormidad, pero, pese a lo anterior, no estamos plenamente satisfechos porque falta enfrentar un tema fundamental para tener un sistema democrático en esencia. 
No hemos querido abordar la modificación del sistema electoral binominal, que excluye a muchas fuerzas políticas del país, no porque no tengamos los deseos de hacerlo, sino porque esta vez los estimados colegas de la Derecha no nos han dado la mayoría. 
Hasta hace uno o dos años la gente no entendía lo que era el sistema binominal, pero ha sido tanto lo que hemos martillado, que hoy sí lo entiende. Por eso, no comprenden que un 33 por ciento sea igual a un 66 por ciento, cuestión que las personas rechazan, repudian y reprueban. 
Ojalá que en un tiempo más, así como se han convencido de las ventajas de reformar la Constitución en los aspectos mencionados, los colegas de la Derecha asuman que están equivocados y nos den los votos para aprobar una reforma al sistema electoral. 
El PPD hoy quiere hacer un emplazamiento a esta nueva Derecha democrática que ha surgido en el país, para ver si es cierto que es democrática. El nuevo líder en la centro derecha, Sebastián Piñera, que dice que él es esencialmente democrático, planteó que el sustento de su candidatura presidencial está en que los ciudadanos tienen todo el derecho a optar entre varios candidatos, no sólo de la Derecha o la de Izquierda. 
Pues bien, queremos que Sebastián Piñera haga ese planteamiento ante todo el país e instruya a sus parlamentarios, a los diputados y senadores de RN, para que voten a favor del cambio del sistema electoral binominal. De lo contrario, el suyo sería un liderazgo de papel, sin valor alguno. ¿Cómo un líder, con el 70 por ciento de apoyo del consejo general de su partido no va a ser capaz de instruir a sus diputados para que voten de determinada forma en el Congreso Nacional? Queremos comprobar si efectivamente existe un espíritu democrático de esta nueva Derecha, o es la misma de siempre, que dice una cosa pero hace otra.
Por eso, en el PPD queremos que al día siguiente de aprobada esta reforma constitucional no el próximo año ni en algunos meses más los diputados que estemos de acuerdo presentemos una moción para reformar el sistema electoral con el fin de que la soberanía popular se exprese en toda su magnitud, no como ocurre hoy, que queda amarrada a lo que pueden opinar dos bloques políticos por muy importantes que sean.
De esa manera caminaremos hacia una verdadera democracia.
El PPD va a apoyar esta reforma, pero quiero agregar, y lo digo responsablemente, que si no podemos cambiar el sistema electoral en este Gobierno, no les quepa la menor duda de que en el próximo gobierno de la Concertación nuevamente lo intentaremos, pues ahí se reunirán los votos para hacerlo.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Arturo Longton.
El señor LONGTON.- Señor Presidente, quiero pedirle al colega Aníbal Pérez que no se ponga nervioso, porque después de tantos años ya estamos aprobando las reformas constitucionales más duras. ¡Aguántese un poquito!
Le recuerdo al colega que hace seis o siete años, la bancada de Renovación Nacional aprobó las reformas constitucionales que hoy estamos discutiendo, pero posteriormente fueron rechazadas en el Senado. Por tanto, tenemos autoridad moral para sostener lo que estamos diciendo.
En todo caso, me quiero referir a una indicación, que vamos a reponer, relacionada con las garantías constitucionales que para mí, por lo menos, y para muchos abogados, es uno de los capítulos más importantes de nuestra Constitución.
La letra i) del número 7º, del artículo 19 habla del derecho a la indemnización por error judicial. Sin embargo, en la práctica, la Corte Suprema, en virtud de lo establecido en un auto acordado, reiteradamente ha rechazado peticiones de indemnización por error judicial. Cientos de personas han sido privadas de libertad y condenadas injustamente, pero cuando se reconoce ese error, ya han perdido su familia, sus bienes, y el Estado no ha sido capaz de indemnizarlos. En verdad, no sólo se trata de la voluntad que no ha tenido la Corte Suprema, sino también de la forma en que está redactada la norma. Al no ser escuchadas estas personas por nuestros tribunales de justicia, han recurrido a tribunales internacional, a la OEA, a la Comisión de Derechos Humanos que han acogido sus demandas y le han ordenado al Estado de Chile no sólo a indemnizar, sino a pedir perdón a quienes han sido condenados injustamente. Eso ha sido una vergüenza para el país.
Por tanto, vamos a reponer la indicación que propone eliminar en la letra i) del número 7º del artículo 19, la palabra “injustificadamente” antes de “errónea o arbitraria”, con el fin de que se señale: “la resolución que la Corte Suprema declare errónea o arbitraria”, la cual fue rechazada en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Con su aprobación haremos posible el pago de indemnización a tantas personas que injustamente han sido condenadas.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, soy de las personas que cree, como ya lo han mencionado mis colegas, que estamos dando un paso muy importante.
No ha sido fácil. Han pasado muchos años. Alguien habló una vez de una “transición casi interminable”, y comparto un poco esa idea. Ha sido difícil esperar 16 años para terminar con temas que jamás habían sido parte de la Constitución y nunca formaron parte de nuestra tradición. Hoy tenemos la posibilidad histórica de acabar con todo aquello que se ha conocido como los elementos autoritarios que introdujo esta Constitución. Se ha dicho con toda claridad que esta carta fundamental fue hecha a espaldas del pueblo chileno, en un momento en que no había libertad de asociación, de opinión, de funcionamiento de partidos políticos y que ha sido muy difícil para nosotros introducirle los cambios necesarios.
Celebro que, después de muchos años, en el Senado hayan logrado entrar en la senda del acuerdo. Reconozco la participación de los senadores señores Viera-Gallo, Andrés Zaldívar y de otros que tuvieron la capacidad de lograrlo.
Hay muchos temas a los cuales me quiero referir, pero es imposible desarrollarlos en seis minutos. Por eso, mencionaré sólo tres. Primero, celebro profundamente que, ¡por fin!, los hijos de los ciudadanos chilenos y chilenas nacidos en el extranjero no van a necesitar el año de avecindamiento para adquirir la nacionalidad. Es lo mismo que debió haberse hecho hace muchos años, si no hubiera existido el cálculo menor o la ausencia de generosidad en no pensar en la calidad de vida de esas personas. Lo puedo decir como testimonio personal, porque ese caso se vivió respecto de miembros de mi familia.
En segundo lugar, quiero hacer constar un hecho para la historia fidedigna de la ley. Presenté una indicación que posibilita el derecho a voto de los chilenos en el extranjero. En un mundo globalizado, como el actual, donde se supone que vamos avanzando en la profundización de la democracia, no logro entender que por mero cálculo político, de ingeniería electoral, no seamos capaces de hacer un gesto para permitir que voten los chilenos radicados en el exterior. En mis viajes al extranjero se me han acercado ciudadanos chilenos a preguntarme cuándo serán considerados.
Aun cuando no es parte del acuerdo, quiero que quede constancia de mi indicación, que fue rechazada. Por ese rechazo implica mirar la política con pequeñez, lo que nos hace daño y no hace confiables a los políticos ni a los partidos políticos. Espero que el costo político quede claro. Aquí hay una oposición cerrada de los partidos de la Alianza, que sólo miran esta reforma desde el punto de vista del cálculo electoral. Es decir, para ellos no tiene importancia alguna que los chilenos radicados en el exterior se sientan parte del país y quieran ser partícipes de un proceso democrático, cual es elegir a la más alta autoridad. Lo lamento, pero seguiré luchando por eso.
Otro tema pendiente y significativo, aunque algunos no piensen igual, es cambiar el sistema binominal por uno más proporcional, que permita que todas las expresiones ciudadanas tengan la posibilidad de acceder a este Congreso Nacional. Me gustaría ver en estos escaños a representantes de organizaciones partidarias, quienes tendrían ese derecho si se tomara en serio la palabra pluralidad o pluralismo.
Para terminar, quiero destacar dos aspectos. No se ha dicho lo suficiente respecto de que hemos puesto fin a una de las muchas arbitrariedades que contiene esta Constitución, como son las restricciones para que dirigentes gremiales o sindicales puedan postularse al Congreso. Con ello, hemos avanzado un paso más hacia la democratización, lo cual me alegra.
Por último, si reconocemos que no hay nada más importante que la persona humana y sus derechos esenciales, no puedo entender que hoy no seamos capaces de aprobar la reforma constitucional que permita la ratificación de la Corte Penal Internacional. El colega Riveros también se refirió al tema. Ese tribunal constituye una instancia eficaz para evitar la impunidad en los casos más graves y donde no funcione la justicia nacional.
De los 139 países signatarios, noventa han ratificado el reconocimiento de la Corte Penal Internacional, entre ellos, países vecinos como Argentina, Bolivia y Perú. Además, quiero decir a diputados de la Alianza que presentaron en su oportunidad un requerimiento al Tribunal Constitucional, órgano que falló sobre la necesidad de reformar la Constitución para este reconocimiento, que ahora tienen la oportunidad de concurrir con sus votos a la aprobación de esta reforma y permitir, como Congreso Nacional, ratificar este reconocimiento. Con ello darán una señal a nuestra sociedad de que no sólo les interesa un país con el cual comerciar y no se trata de ceder soberanía cuando se trata de tratados comerciales, sino, como dije al inicio de mi intervención, de demostrar que los derechos de las personas son esenciales. 
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL.- Señor Presidente, es indudable que estamos dando un paso importante en la democratización de nuestra carta fundamental. Una de las bases esenciales de toda sociedad es disponer de un marco constitucional que reúna el consenso en el cual se sientan representados todos los ciudadanos y las ciudadanas de este país.
Así ocurrió con la Constitución de 1925. Más allá de las diferencias que se plantearon en grandes debates nacionales respecto del derecho de propiedad consagrado en su artículo 10 y de las modificaciones introducidas en los años ‘60 a la ley general de elecciones, marcó un hito en el desarrollo institucional de este país, porque el conjunto de las fuerzas políticas y de los sectores representados de la sociedad chilena se sentían parte de ese texto constitucional. 
Pero no ha sido así a partir de los años 80 en adelante, pues una inmensa mayoría de chilenos hemos sentido que la actual Constitución no nos representa y que ha sido impuesta por voluntad de la dictadura de Pinochet, e incluso en los años de democracia, cuando se ha reelecto el Congreso Nacional, se ha mantenido como una Constitución que viola la voluntad soberana de la mayoría de los chilenos y no los representa. 
Hoy damos un paso para elaborar un texto constitucional que servirá de base para una convivencia democrática, con un conjunto de normas institucionales que sentimos que nos representan a todos, en la medida en que consagra un estado de derecho democrático.
Me parece relevante que, a partir de ahora, los parlamentarios sean elegidos por el pueblo y no tengamos un Senado con senadores vitalicios y con senadores designados, situación que durante todos estos años ha tergiversado la voluntad soberana de los chilenos.
Me parece importante la eliminación del carácter de garante, completamente anómalo, que las Fuerzas Armadas han tenido durante todos estos años de la institucionalidad en nuestro país. ¡Fin a la tutoría militar! Es lo que estamos consagrando al eliminar las funciones del Consejo de Seguridad Nacional o al otorgar al Presidente de la República facultad para remover a los comandantes en jefe de las instituciones militares. ¡Fin a la seguridad nacional!, idea que persiguió la Constitución de Pinochet e hizo que los militares tuvieran la tutoría respecto de nuestras instituciones democráticas.
Conjuntamente con desmontar la carta fundamental que heredamos del régimen militar y que la Derecha se negó a modificar durante muchos años, hoy avanzamos en aspectos que me parecen significativos. Aun cuando me habría gustado que la mención a los pueblos indígenas hubiera sido directamente a sus derechos, me parece que damos un paso importante al hablar de la consagración de los pueblos indígenas.
Si mi amigo y colega el diputado Bayo, lee “La Tercera” de hoy, encontrará una foto bellísima de la Reina Isabel de Inglaterra, quien se reunió con el presidente de la federación de pueblos indígenas de Naciones Unidas. Hago presente lo anterior porque el pueblo araucano ya existía antes que el pueblo chileno por supuesto, cientos de años antes que el diputado señor Bayo y de quien habla, tal como los diaguitas y los alacalufes. Hay pueblos indígenas cuya cultura y tradición han subsistido. En el norte, los aimaras y los collas pertenecen a pueblos indígenas que se reconocen constitucionalmente con estas enmiendas.
Me parece importante la mención que se hace al plebiscito, pero tengo una profunda frustración, ya que sólo está referido a las reformas constitucionales. Es decir, otros temas que estén en la Constitución Política no pueden ser plebiscitados. Sólo está referido al desacuerdo en una reforma constitucional que requiere de un determinado quórum en ambas ramas del Congreso, oportunidad en que el Presidente de la República puede llamar a un plebiscito.
Sin embargo, me parece importante que se consagre en la Constitución Política un principio a la no discriminación. Lo digo porque en la mañana me reuní con el padre del joven Ángelo Pozo Ramírez, asesinado por grupos neonazis hace pocos días, en Quillota. Junto a los diputados señores Eduardo Díaz, Felipe Salaberry y otros colegas de Renovación Nacional, de la Democracia Cristiana y del Partido Socialista, aprobamos esta mañana bajo la sabia presidencia del diputado señor Aguiló, en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, el proyecto de ley que establece normas para estatuir la no discriminación, la tolerancia y el respeto a la diversidad. Me parece muy importante que ello quede consagrado en la Constitución Política.
Por último, considero lamentable que no hayamos sido capaces de modificar el sistema electoral binominal mayoritario, el cual dispone subsidios a determinado sectores minoritarios y exclusiones odiosas, las que no hacen que este sistema político sea plenamente representativo. Es una lástima que no podamos elegir a los intendentes y a los presidentes de los consejos regionales, lo que hace que en estas normas constitucionales no haya una verdadera regionalización. Avanzamos a un paso demasiado tímido respecto de lo que quieren las regiones.
Asimismo, es una lástima que no tengamos una región décimo cuarta, porque en un mundo globalizado los cientos de miles de chilenos que viven en el extranjero debieran ser parte de una gran región, de una gran visión de un país que camina hacia el bicentenario, el que también tendría que estar integrado por aquellos chilenos que en la actualidad viven en el extranjero y que lo harán a futuro, muchos de los cuales viajan a Chile en forma constante, porque reitero vivimos en un mundo globalizado, característica que han asumido los textos constitucionales de otros países, pero que no ha sido incluida en esta reforma constitucional.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra la diputada señora María Pía Guzmán.
La señora GUZMÁN (doña María Pía).- Señor Presidente, creo que debemos felicitarnos, porque hemos llegado a un gran acuerdo, posterior al de 1989.
Quiero decir al diputado señor Leal que estoy consciente de que faltan muchas cosas, pero respecto de todas las observaciones que acaba de señalar, referidas a regionalización, autonomía de las comunas y otras, estaba absolutamente dispuesta para que su señoría hubiera presentado todas las indicaciones del caso en la Comisión de Constitución.
El señor LEAL.- ¡Fueron presentadas, pero se rechazaron!
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Ruego a la diputada señora María Pía Guzmán dirigirse a la Mesa, para evitar debates.
Puede continuar con el uso de la palabra su señoría.
La señora GUZMÁN (doña María Pía).- Señor Presidente, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia trató de hacer un trabajo serio y en el menor tiempo posible. Es importante dejar constancia de que mientras este proyecto estuvo cinco años en el Senado, la Comisión de Constitución ha tenido que trabajar en dos meses. De hecho, hace una hora atrás todavía estábamos dando los último toques para lograr este acuerdo.
Lo primero que debo señalar es que hemos trabajado sobre la base del acuerdo político del Senado, y lo más importante es mantenerlo, porque terminar con la institución de los senadores designados y vitalicios ha sido el anhelo de muchos militantes de Renovación Nacional, desde hace muchos años.
Por otro lado, es un avance la remoción de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas por el Presidente de la República. Como se dijo, es propio de un sistema democrático. 
También hemos avanzado en materia de nacionalidad y ciudadanía.
La diputada Allende señaló que no se había avanzado en cuanto a otorgar derecho a voto a los chilenos residentes en el extranjero. Quiero decirle que el hecho de que no estar de acuerdo con ella no significa que sea menos democrática.
Considero que cada persona tiene derecho a elegir a sus autoridades. Las personas son las que se benefician o perjudican con la elección de determinado Presidente de la República, senador o diputado. Somos quienes vivimos en Chile los que vamos a beneficiarnos o a perjudicarnos si elegimos a una buena o a una mala autoridad. Por lo tanto, es a nosotros a quienes nos corresponde decidir. Ésa es mi posición y la de muchas personas. En realidad, es una opinión bastante transversal.
Es importante dejar constancia de la norma transitoria propuesta por el ministro Insulza, relativa a que todo lo que tenga que ver con el sistema electoral y con el número de circunscripciones y de senadores se traslade de la Constitución Política a una ley orgánica constitucional, sin perjuicio de que se aumenta el quórum para aprobar determinadas materias. Creo que es un avance. 
En estos momentos, no pediría cambiar el sistema electoral. Es posible revisarlo y llegar a un acuerdo, pero considero que en vísperas de una campaña presidencial y parlamentaria, resulta absolutamente irresponsable plantearlo, porque vamos a aprobar normas que tendrán que ver más con lo político contingente que con una Constitución Política que deberá regirnos por muchos años.
Quiero referirme a dos aspectos de la reforma que no se han destacado suficientemente. 
En primer lugar, al artículo 8º, nuevo, que dispone que son públicos los actos de Gobierno y que sólo una ley de quórum calificado podrá establecer su secreto o reserva.
Hoy los problemas generados por la aplicación de la ley de probidad relacionados con la transparencia de los actos de Gobierno se deben a que cada servicio, incluso mediante un reglamento, puede decretar el secreto y la confidencialidad de los actos propios de sus funciones. Eso, obviamente, lleva a que nada sea transparente.
Ahora, queda establecido en términos muy amplios el principio de publicidad de los actos de los órganos del Estado.
En segundo lugar, respecto de los pueblos indígenas, estoy de acuerdo en que se debe proteger todo lo relacionado con sus tradiciones culturales. El Diccionario de la Lengua Española, más allá de lo que cada uno quiera entender, señala que pueblo es un grupo humano que se gobierna con autonomía. La palabra apropiada es etnia, que tiene que ver con una raza originaria. El diputado Francisco Bayo repuso una indicación para que sea ésta la palabra utilizada. De esa manera, estamos ciento por ciento de acuerdo con aprobar dicha norma. No queremos tener problemas a futuro respecto de la divisibilidad o unidad de la nación chilena.
Otro asunto que deseo plantear se refiere a la residencia de dos años en una región para ser diputado o senador.
Si queremos fortalecer la regionalización, como lo establece el artículo 3º, no podemos borrar con el codo lo que hemos escrito con la mano, porque lo que importa cada vez me doy más cuenta de ello para representar bien a un distrito o región es vivir ahí y estar cerca de la gente. Los cargos no sólo se ganan, también se sirven, y para servirlos bien hay que vivir en el distrito que uno representa.
También quiero destacar que hemos dado lugar a un gran segundo acuerdo político que tiene por objeto otorgar a la Cámara de Diputados ciertas facultades que siempre debió tener, de manera que no esté sometida al excesivo presidencialismo de nuestro sistema de gobierno que consagra la Constitución. Es así como el Presidente de la Cámara de Diputados formará parte del Consejo de Seguridad Nacional; la Cámara de Diputados será informada sobre la remoción de los comandantes en jefe; el Presidente de la Cámara subirá en la prelación de vacancia del Presidente de la República, y, quizás lo más importante, en el sistema de fiscalización se incorporará la obligación del Presidente de la República de responder, por la vía del ministro correspondiente, dentro de un plazo fatal de treinta días, todas las observaciones o acuerdos formulados por uno o más diputados. Más aún, podremos citar a los ministros, con el acuerdo si no me equivoco de un tercio de los diputados en ejercicio, todas las veces que sea necesario, con el objeto de que nos informen sobre algún problema contingente; no para pronunciar grandes discursos, como ocurre en las sesiones especiales, sino para que respondan preguntas sobre asuntos concretos que se indicarán en la convocatoria correspondiente y otras consultas que surjan durante la sesión. No más discursos, sino una “interpelación” aunque no al estilo inglés a los ministros para que respondan sobre los problemas contingentes más graves.
Por último, respecto de las urgencias, quiero dejar en claro que a Renovación Nacional le interesa muchísimo trabajar bien en la Cámara de Diputados, pero con el actual uso que se da a las urgencias no es posible hacerlo. Hay comisiones atiborradas de proyectos con urgencia y no se sabe por dónde comenzar, lo que genera gran desorden.
Corresponde, entonces se presentó una indicación en ese sentido que después fue modificada, pero aún hay problemas para llegar a un acuerdo, que si el Presidente de la República considera que un proyecto debe tramitarse con determinada urgencia, se lo haga saber a la Cámara, para que ésta lo califique y se llegue a un acuerdo. Es decir, se trata de que el sistema de urgencias opere a través de acuerdos entre la Cámara de Diputados y el Ejecutivo.
Tal como se lo señalé al ministro Insulza, esperamos que se nos den a conocer los proyectos de discusión inmediata. Lo que queremos es lograr acuerdos en materia de urgencias, de manera que las comisiones trabajen en forma ordenada y efectiva.
Se podrían decir muchas otras cosas más sobre esta reforma constitucional. Hemos trabajado arduamente y habríamos preferido tener más tiempo para su estudio. Aquí no ha habido una discusión de ideas; debemos recalcarlo. En dos meses aunque tuvimos tres largas sesiones cada semana no se puede hacer una discusión de fondo. Por ejemplo, sobre el Tribunal Constitucional, cuestión que no vamos a poder votar hoy, porque debemos llegar a acuerdo con el Senado; de lo contrario, cualquiera referencia al Tribunal Constitucional se nos caerá y quedaremos con lo que existe hoy día en que, incluso, hay miembros nombrados por el Cosena, y es obvio que no queremos eso. Por lo tanto, esa materia se sacó y habrá un informe complementario de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia respecto de ella. 
Pero el problema más grave no dice relación sólo con su integración, sino con sus facultades. Una de ellas es la cuestión de constitucionalidad y la otra, el amparo extraordinario, temas respecto de los cuales no hemos discutido a fondo. Me alegro que vuelva a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y de que lo podamos revisar con los senadores, porque eso nos permitirá discutirlo con expertos y constitucionalistas, a fin de encontrar la mejor forma de que el Tribunal Constitucional, máxima instancia interpretativa de la Constitución, realice sus funciones en forma efectiva. 
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Camilo Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, en esta reforma constitucional, la bancada socialista me encomendó la tarea de referirme al tema relacionado con los pueblos indígenas. 
No comparto la opinión de que no hemos tenido tiempo suficiente para tener este debate. En verdad, lleva por lo menos 15 años, desde que se reinstaló el Congreso Nacional en marzo de 1990, cuando comenzó la transición democrática. Se han hecho diversos esfuerzos, algunos limitados y con un éxito parcial, otros sin éxito. Pero, sería faltar a la verdad insistir en que no ha habido debate, porque ha sido larguísimo. 
De pronto los ciudadanos se preguntan cómo gastamos tanto tiempo en estos debates, pero lo que ocurre es que ahora se han creado las condiciones para llegar a acuerdos que nos permitirán aprobar estas reformas constitucionales. De hecho, muchos de nosotros llegamos en 1990 con la idea de que en ese primer período legislativo íbamos a aprobarlas, pero no fue posible. Yo no tenía las canas de ahora, como tampoco las tenía el colega que preside la sesión; otros tenían abundante cabellera que ahora ya no tienen. En realidad, pasó mucho tiempo para que, finalmente, pudiéramos crear las condiciones y llegar a este acuerdo constitucional, que permitirá depurar a nuestra Constitución de aquellos aspectos más antidemocráticos, propios de la mentalidad autoritaria con que fue concebida. En ese sentido, la eliminación de los senadores designados y de la inamovilidad de los comandantes en jefe constituyen una base muy significativa.
Ahora bien, entrando en materia, quiero pedir a la Sala que apruebe la redacción del último párrafo del inciso sexto que ha pasado a ser séptimo del artículo 1º que dice en su parte final: “Especialmente, la ley garantizará el derecho a conservar, desarrollar y fortalecer la identidad, idiomas, instituciones y tradiciones espirituales, sociales y culturales de los pueblos indígenas que forman parte de la Nación chilena.”. Ésta fue la redacción que aprobó la Comisión. Y me preocupa el anuncio que hizo la diputada señora Pía Guzmán, en cuanto a que habría una indicación del diputado Bayo para reemplazar las palabras “pueblos indígenas” por el término “etnias”, porque no es concordante con los avances que afortunadamente hemos logrado en esta materia.
Todo el sentido de la reforma en este aspecto es reconocer a los pueblos originarios, de norte a sur, incluso, a aquellos que desafortunadamente ya no existen a causa del desarrollo histórico y porque el Estado no fue capaz de asegurar su conservación a lo largo del tiempo. 
El sentido es reconocer, como dice este párrafo, que la nación chilena está constituida por diferentes pueblos indígenas y que es deber del Estado conservar, desarrollar y fortalecer su identidad, idiomas, instituciones y tradiciones espirituales, sociales y culturales.
Si alguien tuviera la preocupación de que esto pudiera ser atentatorio contra la nación chilena, ello está perfectamente resuelto con la incorporación en el mismo artículo del párrafo siguiente: “La Nación chilena es una e indivisible.”.
Es decir, ha habido un esfuerzo serio y de fondo por resolver ambas cosas. En el mundo globalizado en que vivimos es esencial tener una nación. Es parte de la aspiración de los pueblos. En esta vorágine de consumo y de pérdida de identidad, la nación constituye parte del patrimonio cultural esencial de cada persona. El sentirse chileno es propio de la identidad cultural de la que formamos parte y es lógico defender y preservar el sentido nacional. Eso está cautelado por esta redacción: “La Nación chilena es una e indivisible.”.
Al mismo tiempo, el derecho internacional ha avanzado al reconocer que en una nación, en su diversidad y pluralismo, existen pueblos indígenas que deben ser reconocidos y respetados.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero resaltar la importancia de este proceso de reformas constitucionales, que ha sido largo y dificultoso. Como decía con razón el diputado Camilo Escalona, muchos esperábamos que se hubiera dado en los primeros años de la democracia naciente, en 1990, pero no ocurrió así. Pasaron varios años, hubo muchos hechos, cayeron directivas de partidos políticos porque tenían una tesis distinta de la que parecía ser la mayoritaria en sus bancadas, en fin. 
Hemos logrado un buen acuerdo político como dijimos en la discusión general que pone término a lo que, con razón, se denomina el trípode conservador de la Constitución de 1980, en sus orígenes, fundamentalmente radicada en el Tribunal Constitucional, en la Corte Suprema y en el Consejo de Seguridad Nacional. Éste, en buena parte, se desarma. Probablemente en varios aspectos, para algunos faltan materias, faltan cosas, pero debemos estar contentos con lo que se ha hecho.
En general, la Constitución se puso al día con la reforma procesal penal. Aunque parezca increíble, estaba atrasada, tenía una serie de conceptos que daban cuenta de un sistema judicial que está perdido en el tiempo.
Como se ha resaltado, hemos logrado que se reconozca de mejor manera la potestad exclusiva y excluyente de fiscalización de la Cámara de Diputados. Para eso, hay una serie de artículos no los voy a mencionar, pero el solo hecho de poner las comisiones investigadoras en sede constitucional es un avance notable. Ello obliga a actuar con mucha responsabilidad. 
Cuando se toma la decisión de que una minoría sustancial, pero minoría, pueda conseguir crear comisiones investigadoras, por cierto, es una buena cosa, desde el punto de vista del desarrollo democrático, mas es una obligación actuar con ecuanimidad y de manera rigurosa. De lo contrario, se puede prestar espero que no sea así para objetivos que no son los buscados.
Hay una serie de avances muy importantes respecto de la Cámara de Diputados. Se hace mayor claridad en el orden sucesorio de su Presidente y se respeta lo que debe ser, en fin.
Quiero hacer algunas consideraciones sobre un capítulo que, a mi juicio, es muy importante. Viene del Senado y vamos a proponer votarlo con el quórum necesario entre las normas que no fueron objeto de indicaciones. Me refiero al relativo a los estados de excepción, muy bien logrado e importante para la ciudadanía.
Como principio esencial, creo que la forma en que está redactada esa norma termina con la lógica de la seguridad nacional y todo el mal recuerdo incluso dramático en algunos casos que ella implica para la inmensa mayoría de los chilenos. En lugar de esa lógica, que tuvo un costo tan grande, se incorpora la de la democracia en los estados de excepción. Lo digo porque, desde luego, desaparece toda función del Consejo de Seguridad Nacional en relación con la declaración de los estados de excepción y, en su reemplazo, entra a tallar el Congreso Nacional el Senado y la Cámara de Diputados, que asumirá un rol preponderante en la materia.
Quiero recordar algunas normas constitucionales. 
En el artículo 40, número 2º, inciso tercero, se establece que: “... el Presidente de la República, previo acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, podrá aplicar el estado de sitio de inmediato, mientras el Congreso se pronuncia sobre la declaración.”. Esa norma está vigente. Por fortuna, en estos 15 años de democracia jamás ha habido que declarar ese estado, pero, de haberse hecho, podía concurrir el Consejo de Seguridad Nacional, órgano constitucional que no representa la soberanía, al cual, en la reforma, lo ponemos en su exacta dimensión, pues lo liberamos, entre otras cosas, de su participación en la declaración de los estados de excepción. 
Creo que ése es un aspecto medular que debemos valorar.
También, a la hora de la lógica de la democracia en los estados de excepción aspecto muy importante, se establecen garantías judiciales respecto de las medidas administrativas no menores en relación con derechos sustanciales que pueden afectarse o conculcarse a raíz de dicho estado. En la reforma constitucional se establecen garantías judiciales expresas y explícitas. Así, en el artículo 41 D se dispone que: “Los tribunales de justicia no podrán calificar los fundamentos ni las circunstancias de hecho a mi juicio, sí los hechos, pero no dichas circunstancias invocados por la autoridad para decretar los estados de excepción,...”. “No obstante, respecto de las medidas particulares que afecten derechos constitucionales, siempre existirá la garantía de recurrir ante las autoridades judiciales a través de los recursos que corresponda.”.
La norma vigente, contenida en el artículo 41, número 3º, de la Constitución Política del Estado, establece que: “Los tribunales de justicia no podrán, en caso alguno, entrar a calificar los fundamentos ni las circunstancias de hecho invocadas por la autoridad para adoptar las medidas en el ejercicio de las facultades excepcionales que le confiere esta Constitución. La interposición y tramitación de los recursos de amparo y de protección que conozcan los tribunales se entiende que durante los estados de excepción no suspenderán los efectos de las medidas decretadas, sin perjuicio de lo que resuelvan en definitiva respecto de tales recursos.”. Ésa es la norma constitucional vigente, y la misma o una muy parecida de las actas constitucionales 1, 2 y 3, fue la que permitió que presidentes de la Corte Suprema, al inaugurar los años judiciales, dijeran que jurídicamente no estaban habilitados para conocer recursos de amparo y de protección. Esa norma permitió, desde el punto de vista jurídico, cometer una serie de brutalidades o, digámoslo de frentón, de delitos gravísimos en aras de la supuesta seguridad nacional. 
Con la norma que se incorpora, nunca más podrá haber jueces que se amparen en esa argumentación. Ese solo avance constituye, a mi juicio, un elemento central que permite aplaudir y fuerte la reforma constitucional en estudio.
Creo que buena parte de los diputados que hemos participado en la discusión de la iniciativa, hemos presentado indicaciones. Muchos hubiéramos querido avanzar más, en particular, por ejemplo, respecto del glosario de los derechos esenciales o de las garantías constitucionales. En relación con muchas de esas garantías, nuestra Constitución no está a la par de los derechos denominados de tercera generación. Sin embargo, hubo que deponer cuestiones que nos parecían lógicas, en el ánimo de que la reforma constitucional avanzara. Se obtuvo un buen compromiso político de todas las bancadas, como pude comprobar en la Comisión de Constitución. 
En lo personal, no me fue fácil retirar una indicación, presentada con otros diputados de la Democracia Cristiana, cuyo objeto era poner fin a la posibilidad de que, a través de la Constitución o por ley de quórum calificado, se estableciera la pena de muerte. Por mis convicciones religiosas, más que por mi posición política, creo que la pena de muerte no procede nunca. ¡Nunca! Cuando se suprimió, desde el punto de vista del Código Penal, se avanzó en Chile en esta materia, pero no es bueno que se mantenga en la Constitución la posibilidad de aplicarla por ley de quórum calificado.
Hubo muchas renuncias como las señaladas. Probablemente, en materia de pueblos indígenas, algunos diputados querían modificaciones más concretas, pero todos tuvimos que ceder un poco. Así se debe actuar en política para avanzar en un asunto muy importante, básico y esencial.
Los poderes Ejecutivo y Legislativo y la gente que ha trabajado en la reforma puede sentirse orgullosa de lo que hemos desarrollado. Le va a servir a nuestra democracia y al país.
He dicho. 
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi.
El señor ACCORSI.- Señor Presidente, como diputado que sólo tiene la experiencia de un período legislativo, quiero decir que éste es un día histórico para Chile. Después de esta sesión, el país será más democrático. 
¿Por qué nos hemos demorado quince años para realizar estas reformas? Por el sistema binominal y por los senadores designados y vitalicios. En el Congreso Nacional no está reflejada la voluntad popular y por eso hemos tenido que negociar. Si en la Cámara de Diputados y en el Senado se expresara la voluntad popular, hace mucho tiempo que habríamos realizado las reformas constitucionales necesarias para que Chile fuera democrático.
¡Cómo no vamos a sentir vergüenza de tener senadores designados y vitalicios! ¿Qué les contestamos a nuestros hijos cuando nos preguntan por la forma en que se eligen esos senadores?
Además, he querido intervenir porque considero que tenemos una deuda con los chilenos que viven en el extranjero. Ellos deben gozar del derecho de votar, porque son tan chilenos como todos nosotros.
El sistema binominal enferma el alma nacional, a las personas y a los partidos, y produce segregación. Es como si en una familia los hermanos pelearan contra los hermanos. En las elecciones parlamentarias debemos enfrentarnos con nuestros correligionarios, con nuestros aliados y con personas con las cuales hemos trabajado juntos. Este sistema es perverso, y por eso es necesario cambiarlo. También es muy importante que adquiramos el compromiso de luchar por que a la brevedad posible se envíe un proyecto de reforma al sistema electoral que permita realmente que la voluntad popular se exprese en el Congreso Nacional.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, primero quiero aclarar, con mucha fuerza, para que no quede ninguna duda porque, al parecer, cualquiera sea la forma en que uno vote, en la Sala todo siempre pasa a ser parte de un paquete, que votaré favorablemente el inciso referente a los pueblos indígenas, porque creo que es un justo reconocimiento. Veremos lo que acontece más adelante, porque algunos quieren realizar cambios mucho más progresistas. Sin embargo, considero que ha quedado bien expresado en el texto de esta reforma.
Respecto de lo que señaló mi amigo y colega Enrique Accorsi, debo aclarar que esta tarde el país no será más democrático; sólo lo será en un 50 por ciento, porque aún falta que se apruebe en el Senado. En consecuencia, esperemos que eso ocurra y después podremos hablar de una democracia plena, cuando se apruebe en el Senado.
El inciso segundo del artículo 3º del proyecto dice: “Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional.”.
Por su parte, el inciso tercero, nuevo, que se agrega al artículo 18 señala: “En las elecciones de diputados y de senadores se empleará un procedimiento que dé por resultado una efectiva proporcionalidad en la representación popular, así como una adecuada representación de las regiones del país.”. 
Aquí hablamos de proporcionalidad, de un sistema que favorece a las regiones, de la última defensa que tenemos quienes pertenecemos a ellas y que queremos mantener inalterable.
Pero, además, se quiere modificar el artículo 44 en el sentido de suprimir el plazo de dos años de residencia en la región que requiere un ciudadano para ser elegido diputado. Pregunto, por ejemplo, si los habitantes de Concepción, más de un millón, son tan ignorantes que tienen que llevarles un candidato de Santiago. O si en Antofagasta no hay nadie capaz de ser candidato a diputado, a senador o a Presidente de la República. No, tiene que ser un señor de Santiago para sacar la presión de esa olla que tienen los partidos, donde están los eternos candidatos que quieren emigrar a regiones. ¿Ésa es la explicación que tenemos para aprobar esto?
Entonces, cuando hablamos de regionalización, una región fuerte como lo hemos dicho en todas partes, seamos consecuentes. Confío en la gente de mi región: en los alcaldes, concejales, senadores, diputados e intendentes.
Me da mucha pena cuando las regiones son invadidas por gente que no las conoce. Sobre todo, cuando representa a distritos o circunscripciones agrícolas y no son capaces de distinguir un toro de una vaca y hablan de agricultura y de lo que nunca han visto en su vida.
En consecuencia, pido que la modificación al artículo 44 se vote separadamente, no quiero que se vote como el resto de la reforma. Ésta es la oportunidad de defender a la gente de las regiones. Estamos consolidando una reforma. ¡Claro que todos queremos un Chile más democrático, que el Presidente tenga facultades, que los senadores sean elegidos y que haya un reconocimiento a los pueblos indígenas! Todos estamos de acuerdo. Pero también hay que tener dignidad. No podría pasearme por mi región después de aprobar un artículo para llenar cargos con gente que no es de ahí. Creo que las regiones merecen ser representadas por gente que ha nacido en ellas y que tiene intereses propios. ¿O acaso es más digno arrendar una casa por un mes o comprar un sitio de 5 mil metros cuadrados y decir que pertenece a ella cuando la visita quince días al año y no sabe lo que pasa allí?. 
En consecuencia, señor Presidente, perdónenme que lo diga tan duramente mientras Dios me dé fuerzas para estar aquí, voy a defender a las regiones. No necesito vestirme de negro y hacerme llamar federal con ese fin. Las defiendo porque creo en ellas. Mis ancestros, mis tatarabuelos han sido regionalistas. Nadie de mi familia ha vivido en Santiago o en otras partes. No estoy diciendo que sea malo vivir en Santiago ni tampoco que allí no haya gente capaz; pero, también la gente de regiones se ha educado, ha vivido, ha vibrado y las ha hecho crecer. 
Quiero reafirmar aquí nuestro compromiso de hacer un Chile mejor y más regionalista. No pensemos en las regiones sólo para aumentar los cupos de senadores y que gente de Santiago los ocupe. 
Reitero mi petición para que este artículo se vote en forma separada y hago un llamado a los diputados de regiones para que no atiendan órdenes de partido en ese sentido, no se dejen influenciar y se den cuenta de que lo importante es que las regiones estén representadas por gente que realmente viva allí y vibre con ellas. 
Por eso, me siento orgulloso de representar a la región de La Araucanía y de tener la voz de las personas que creen en su gente.
He dicho. 
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza.
El señor MEZA.- Señor Presidente, estamos construyendo la historia de nuestra patria y, desde luego, todo lo que aquí se dice tiene incidencia en el futuro de nuestros hijos y de los que hoy habitamos este lindo Chile.
Espero que aprobemos este conjunto de reformas a la Constitución de 1980 que, desde luego, democratizará algo más la vida de todos nosotros.
Quiero hacer referencia a dos temas en particular.
El primero es la injusticia del sistema binominal, donde vastos sectores de la vida nacional se encuentran absolutamente excluidos y no pueden ejercer, en forma proporcional a sus fuerzas electorales, el legítimo derecho de ser representados en este Poder Legislativo.
La ley electoral binominal exceptúa injustamente a esos sectores, los cuales no tienen por qué dar, en estos momentos, pruebas de vocación democrática para estar en el Congreso. Por lo tanto, sería bueno que entre todos exigiéramos cambiarlo por otro que dé garantías a todas las chilenas y chilenos y que, en forma proporcional, entregue la representación parlamentaria.
El segundo tema dice relación con los pueblos indígenas.
Quiero recordar a las diputadas y diputados que, según el Censo de 2002, en Chile viven alrededor de setecientos mil indígenas, quienes representan al 5 por ciento de la población, y que en la ley Nº 19.253, denominada ley indígena, hay ocho pueblos reconocidos: mapuche, aymara, rapa nui, quechua, kawashkar, colla, yagán y atacameño, distribuidos entre Putre y Puerto Williams, incluyendo el territorio insular. En todos los países latinoamericanos son reconocidos constitucionalmente y no existe ninguna división; por el contrario, se ha conseguido su integración plena a la sociedad. Sólo Chile y Uruguay no practican este reconocimiento democrático. Países sajones, como Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, tienen exitosas experiencias al respecto. En Suiza reconocen su multiculturalidad con sus pueblos alpinos, franceses, alemanes, italianos, que han resistido hasta guerras mundiales.
Chile nació como una sociedad multicultural y pluriétnica y, sin embargo, su estado se construyó sobre la base de una sola cultura: la occidental. Hoy es de toda justicia reconocer en la Constitución el pacto social fundamental de que somos una sociedad multicultural. En este reconocimiento debe considerarse el carácter de pueblo de las agrupaciones indígenas primigenias del país. “Pueblos indígenas” es la mejor denominación, no sólo porque sociológicamente corresponde, sino porque los indígenas se llaman a sí mismos como pueblos.
El Gobierno ha insistido durante una década y media para que el Congreso Nacional dé este reconocimiento, pero éste se ha negado insistentemente. Creo que deberíamos ir más allá aún de lo que nos propone el texto que estamos debatiendo y reconocer también a nuestros pueblos indígenas los derechos políticos y territoriales que les son tan sentidos. No debemos tener miedo, porque la soberanía no se alterará de ningún modo.
Tal vez, el texto que se ha propuesto para la aprobación de la Sala no es el mejor, pero, indudablemente, es un avance importante. Por lo tanto, invito a todas las diputadas y diputados y, en especial, a los de Oposición, a votar favorablemente, como lo haremos los diputados radicales, el reconocimiento constitucional de todos los pueblos originarios. No hay duda de que los avances democráticos, como los partos, son complejos, pero en esta oportunidad dependen fundamentalmente de la grandeza de cada una y cada uno de nosotros, en cuanto seamos capaces de entregar este reconocimiento que permitirá que extranjeros y otros países del mundo miren de forma distinta nuestra nación.
Debemos ponernos a la altura de la modernidad y de los derechos que corresponden a cada una y a cada uno de los chilenos que vivimos en este suelo y bajo este cielo.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado señor Gonzalo Uriarte.
El señor URIARTE.- Señor Presidente, hemos escuchado largas intervenciones y de todas se desprende que la reforma constitucional ha llegado a buen término. Con ella mejora aún más el estado de derecho del país.
Principios básicos como la subsidiariedad del Estado, esto es, que el Estado esté al servicio de la persona y no la persona al servicio del Estado; la autonomía de los cuerpos intermedios y el derecho de propiedad, entre otros, no sólo quedan incólumes, sino, además, se fortalecen con la reforma.
Se mejoran sustancialmente las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados, requisito fundamental, además, para el equilibrio de los poderes. No es consistente con una democracia verdadera el decir una cosa y hacer otra. Por ejemplo, que una autoridad hable de democracia y no conteste oficios de fiscalización, o que un ministro diga que se responden todas las consultas o los antecedentes que pide la Oposición y que, en los hechos, eso no ocurra dentro de plazo ni de forma.
Con las reformas en discusión se fortalecen facultades que hoy tiene la Cámara de Diputados. Una, por ejemplo, es la de poder formar comisiones investigadoras con el acuerdo de los dos quintos de los diputados; no como ahora en que se requiere de la mayoría simple que impide a la minoría de turno conocer los antecedentes. Habrá más democracia porque habrá más equilibrio de poderes.
Se perfecciona el sistema de citación a los ministros y se otorga a los diputados la posibilidad de conseguir información no sólo a través de oficios de fiscalización, sino también de solicitación de antecedentes. Todos sabemos que muchos de los oficios de fiscalización que se piden, particularmente desde este lado del hemiciclo, no son respondidos en tiempo y forma por las autoridades de gobierno.
Además, se perfecciona nuestra Carta Fundamental en el capítulo tal vez, el más importante referido al Tribunal Constitucional. No sólo se uniforma la jurisprudencia, pues se radica en una misma sede la inaplicabilidad y los requerimientos por inconstitucionalidad, sino también se faculta al Tribunal Constitucional para derogar normas inconstitucionales.
Otra reforma, respecto de la cual ningún señor diputado ha hecho alusión, es aquella que fortalece las facultades de la Cámara de Diputados puesto que le permite participar en el proceso de aprobación de los tratados internacionales, particularmente en el caso de las reservas. Ahora podremos fiscalizar, tal vez no como quisiéramos, pero sí de mejor manera.
Con el diputado Darío Paya hemos renovado una indicación en cuanto a establecer una inhabilidad muy sana, cual es que quienes ocupen jefaturas de servicio con gran actividad fiscalizadora, o que se desempeñen en funciones de alta exposición pública, no puedan ser candidatos a diputados o senadores. Con ello se pretende dar mayor transparencia al ejercicio de determinadas funciones públicas que, ocupadas como trampolín político, normalmente se desvirtúan.
En resumen, apoyamos un conjunto de reformas que fortalecen los derechos individuales y los capítulos más importantes de nuestra Constitución, que van a permitir, sin duda, utilizar este instrumento como un pilar fundamental para proyectar nuestro país a una nueva era: la de la igualdad de oportunidades.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente, en relación con las indicaciones al artículo 1º de la Constitución, y en el contexto de las demandas de los chilenos de origen indígena, éstos señalaron claramente que el tema del reconocimiento constitucional no estaba dentro de sus prioridades, sin perjuicio de lo cual, en caso de abordarse, debe hacerse correctamente, sin discriminar a nadie y a partir de los hechos históricos.
Respaldo y hago propia la política indígena del gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que se materializó en los diálogos comunales de Mideplán de 1999. Esta fue la más participativa encuesta en terreno, con los interesados en forma directa, sin intermediarios. Es el instrumento válido para hacer un correcto diagnóstico del tema y actuar en consecuencia.
El universo seleccionado para este estudio incluyó 658 comunidades, lo que implicó la participación de 3.599 dirigentes. Allí se expresaron las demandas principales de los campesinos chilenos de origen araucano, las que se agrupan en los siguientes ámbitos y orden de prioridades:
Infraestructura y servicios, 39 por ciento; económico productivo, 30,32 por ciento; tierras, 10,85 por ciento; sociopolítico, 6,91 por ciento; rescate cultural, 1,50 por ciento.
Hago propia dicha forma de actuar del Presidente Frei, porque escuchando a los destinatarios y sus prioridades es como hay que diseñar las políticas públicas para que sean exitosas. Herencia de esos diálogos y de esa política es, por ejemplo, el programa “Orígenes”, que ataca el problema de la pobreza de los chilenos de origen araucano en su real dimensión, atiende la demanda principal de pobreza para entregar a las comunidades la oportunidad de cuidar la cultura ancestral: desarrollo con identidad.
Hay que pagar la deuda que la nación tiene con los compatriotas de origen indígena, que son los más pobres, más excluidos, más discriminados y más marginados del bienestar y de los beneficios del desarrollo.
La política pública en materia indígena debe trazarse escuchando a los que participaron en los diálogos y actuar según el orden de prelación de sus demandas. La reforma constitucional se enmarca en el 6,91 por ciento del ámbito sociopolítico antes visto.
Sobre el reconocimiento constitucional, hay que tener presente la historia de algunos de sus elementos. Desde el siglo XV, la corona de Castilla consideró que los primeros ocupantes que poblaban América, a su llegada, eran seres humanos con alma, igual a los castellanos que conquistaban, y encomendó y exigió su respeto y evangelización. Podemos ver las historias de Francisco de Vittoria, Fray Bartolomé de Las Casas y los trabajos de los jesuitas, dominicos y franciscanos. De esta forma, se indujo a un profundo mestizaje y aculturamiento que se plasmó en la formación de un pueblo chileno esencialmente mestizo.
Los araucanos siempre vivieron en estado tribal, es decir, conformando tribus que no luchaban por su soberanía territorial. Éstos llegaron a ser fieles leales de la corona de Castilla hasta después de la Independencia de Chile y avanzada la República. De tal modo, los principales conflictos durante el Chile monárquico se produjeron por el trueque y el robo de mujeres y caballos, teniendo entre sus protagonistas a mestizos de todos los bandos en conflicto.
Los araucanos, junto a los castellanos, pasaron a conformar la matriz en que se forjó el pueblo chileno, y defendieron a Chile, como el que más, en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana y en la del Pacífico. Un gran ejemplo es Juan Lorenzo Colipí, héroe de las batallas del puente Buin y del puente Llaclla.
El pueblo chileno recibió, además, el aporte étnico, durante los siglos XIX y XX, de croatas, chinos, italianos, árabes, palestinos, judíos, alemanes, coreanos, japoneses y muchos otros, y considero francamente injusto ignorarlos y discriminarlos en cualquier texto constitucional. Nunca Chile ha manifestado asomos de xenofobia.
Dejando establecido que no es prioridad de los chilenos de origen indígena un reconocimiento, estamos dispuestos a hacerlo, pero de manera integradora, no discriminatoria, considerando el rico mestizaje del país. Lo contrario, sería traicionar nuestra historia al construir artificialmente grupos étnicos antagónicos entre sí y distintos al pueblo chileno. El camino debe ser de mayor unidad e integración, en lugar de centrarse en la división y discriminación.
Un ejemplo de cómo puede hacerse bien este reconocimiento lo encontramos en el derecho comparado, artículo 7º de la nueva Constitución colombiana, cuyo texto señala: “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana.”.
La indicación que propuse, que fue rechazada en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, pero que hoy se repone, cumple todos esos objetivos. Por eso, hago un llamado a los diputados para aprobarla.
La actual propuesta del Ejecutivo no reconoce la multietnicidad de Chile que es lo que queremos, porque excluye a los descendientes de otras etnias, que han hecho un importante aporte a la nación chilena. Por eso, propongo mejorarla sustituyendo la frase “los pueblos indígenas de dicha propuesta”, por “todas las etnias”. De esta forma, se reconoce a todos los grupos humanos que contribuyeron a la formación de Chile, incluidas las etnias indígenas.
Por lo tanto, si ello no es posible, anuncio mi abstención.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, estoy sorprendido con la intervención del diputado señor Díaz, cuando nos habla de la ninguna importancia que puede tener una Constitución para los pueblos.
Desde luego, han sido los historiadores quienes le han dado su real importancia a las Cartas Fundamentales de 1833, de 1925, y también a la de 1980, que tanto defendió el señor diputado Díaz.
En una encuesta ciudadana no necesariamente debiera estar, en el primer lugar de las prioridades, la reforma constitucional. Lo que realmente debiera importarnos es tener una Carta Fundamental que sea el marco de una legislación justa y que reconozca la realidad del país.
Con la indicación del diputado señor Díaz, para reemplazar la palabra “pueblos” por “etnias”, estaríamos volviendo atrás. Nosotros planteamos la necesidad de reconocer a los pueblos originarios para que dejen de tener el carácter de invisibles. Así fueron consagrados en todas las constituciones, porque nunca han sido considerados. Por primera vez, en este Congreso Nacional, esperamos votar favorablemente el reconocimiento constitucional de la etnia, con existencia real, pero como pueblo.
El diputado señor Díaz dice que hay que darle el mismo tratamiento que se da a las etnias. Eso es distinto. Yo soy descendiente de palestinos, como otros lo serán de españoles, alemanes, ingleses, que llegaron voluntariamente, como inmigrantes, a participar en los destinos del país. En tanto, los pueblos originarios participaron obligadamente. Nunca participaron voluntariamente en el diseño del Estado. Todas las políticas y programas, toda la legislación orientada a los pueblos indígenas sólo han logrado reducir su población; en algunos casos se ha llegado hasta eliminarlos. Incluso se les han disminuido sus espacios territoriales. Les recuerdo que, a la fecha de creación del estado de Chile, poseían 33 millones de hectáreas; sin embargo, al año 1990, sólo tenían 300 mil hectáreas. Pero hoy, gracias a las políticas públicas de los gobiernos de la Concertación, tienen 750 mil hectáreas.
Esta reforma es un avance en ese sentido. Es cierto que no me satisface la redacción de la norma, que sólo reconoce a los pueblos indígenas, sin precisar cuál será la forma de hacerlo: si vamos a darles la posibilidad de tener representación en los distintos niveles de la sociedad; en el nivel municipal, en los consejos regionales de aquellas regiones en las que hay presencia indígena; en fin, que tengan representación nacional, equivalente al número de su población, que asciende a un millón de personas, esto es, 10 por ciento de los ciudadanos inscritos. Incluso, en la Cámara de Diputados podrían tener 12 diputados, elegidos mediante un registro especial para los indígenas. 
Por qué no implementar si se aprueba la reforma y se les reconoce como pueblo políticas o instrumentos que permitan discriminar en favor de los pueblos indígenas de una manera distinta de las otras etnias. No podemos plantear que los pueblos originarios están en la misma condición que las etnias de inmigrantes.
La norma no sólo debió contemplar el reconocimiento de los pueblos indígenas, sino también los mecanismos de participación social, de reconocimiento territorial, de privilegio para la explotación de los recursos naturales, de privilegio de patentes para el uso de plantas medicinales y de todo lo proveniente del suelo y del subsuelo. Sin embargo, no lo hace. 
No obstante, el hecho de que la Cámara de Diputados reconozca, al menos, la existencia de los pueblos indígenas. constituye un gran avance, el que nos permitirá, en el futuro, legislar para discriminar. Discriminar también significa igualar, es decir, discriminar positivamente; y ellos no están en igualdad de condiciones con el resto de la población: han perdido tierras, han perdido muchas veces su dignidad, han perdido oportunidades, porque la sociedad, del modo como hemos construido el Estado, no ha dado a los pueblos originarios las mismas oportunidades que han tenido los inmigrantes o los mestizos. 
Reitero: no me satisface completamente esta reforma, pues tiene contenidos que la diluyen, como la frase propuesta al final del inciso séptimo del artículo 1º, que establece que la “Nación chilena” sigue siendo una sola nación, como si atentáramos contra el Estado unitario. Todos los países de América Latina con presencia indígena tienen un reconocimiento constitucional de sus pueblos originarios y ello no amenaza el estado unitario. Creo que ése es un temor a la democracia, a la verdad y a la realidad, absolutamente infundado. 
Por lo tanto, planteo algo distinto de lo propuesto por el diputado Díaz, y digo que debemos reconocer la existencia de los pueblos indígenas de esta tierra. No son, como se ha dicho, campesinos pobres, no son legatarios privilegiados de los pacificadores de La Araucanía. Son pueblos dignos, con una historia de lucha, que hace mucho tiempo tomaron la decisión de hacerse cargo de la construcción de su propio futuro.
Es hora de que consagremos esa posibilidad en la Constitución; es hora de que reconozcamos la dignidad de los pueblos originarios. Esta Constitución debe reconocerlo, respaldarlo y fomentarlo. 
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, he escuchado atentamente todas las intervenciones y tengo algo que decir a los chilenos que escuchan este debate. 
Es obvio que las reformas constitucionales son tremendamente importantes para los países. El cambio más esencial que se puede hacer a nuestras leyes está en la Carta Constitucional. Por lo tanto, lo que hoy debatimos, trascenderá en el futuro del país. 
No crean los chilenos que estos cambios constitucionales van a resolver sus problemas. Las reformas constitucionales no terminan con la delincuencia, la cesantía y la pobreza, ni tampoco mejoran la salud, que es lo que verdaderamente importa a los chilenos. En las encuestas, la reforma constitucional o el sistema binominal aparecen con un pequeño porcentaje de interés por parte de la población.
No obstante, no puedo dejar de referirme a una materia en particular. 
Terminar con la inamovilidad de los comandantes en jefe es tremendamente grave y sólo nos llevará a politizar las Fuerzas Armadas. Actualmente, el Presidente de la República puede y tiene formas de removerlos, por lo que establecerlo de manera explícita en la Constitución, sólo acarreará el peligro de que ellos sean absolutamente dependientes y serviles del jefe del Estado de turno y se politicen, ya que surgirá la posibilidad de que sean nombrados por un nuevo período; además, estarán subordinados totalmente a él, que es lo que algunos desean. Considero tremendamente peligroso y nefasto que el Presidente de la República decida, por cualquier motivo, no sólo remover a un comandante en jefe, sino a cualquier otro miembro de las Fuerzas Armadas. Con esta modificación se politiza a las Fuerzas Armadas y se les quita una tremenda preponderancia en el país, lo cual es inconveniente, para dejarlas absolutamente subordinadas al poder civil. Los militares aún pueden ayudar, por ejemplo, en la administración de defensa y en muchas materias relativas a las ramas de las Fuerzas Armadas. Lo que se pretende aquí es terminar con la influencia del poder militar en cualquier área del país y dejarlas bajo la dependencia del Presidente de la República.
Por lo tanto, sé que hay acuerdo para que esta modificación sea aprobada, pero la considero innecesaria y altamente peligrosa para el futuro de nuestro país, debido a la posible politización de las Fuerzas Armadas, lo cual podríamos lamentar.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente, se están introduciendo 59 modificaciones a la Constitución Política. Sin embargo, me referiré sólo a una en especial, porque ya hablé sobre otra durante la discusión en general.
Quiero apoyar la modificación de la letra b) al artículo 1º de la Constitución, que sustituye el inciso sexto, que ha pasado a ser séptimo, que señala que la ley garantizará “la identidad, idiomas, instituciones y tradiciones espirituales, sociales y culturales de los pueblos indígenas que forman parte de la Nación chilena.” De alguna manera, se adopta el concepto de pueblos indígenas, que tanto hemos intentado introducir en la Constitución Política del Estado. Con ello se da cumplimiento en gran parte, aunque no del todo, al compromiso de Nueva Imperial, de 1989, acordado por el entonces Presidente de la República, don Patricio Aylwin. Por primera vez queda establecido en nuestra Carta Fundamental el término “pueblos indígenas”. Durante muchos años se trabajó para su reconocimiento constitucional, porque es deber del Estado reconocerlos. Los intentos fracasaron en dos oportunidades por falta de quórum: una en la Cámara de Diputados y otra, en el Senado.
Sin embargo, esta modificación no tendría sentido si no se aprobara también el proyecto aprobatorio del Convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, cuya tramitación está inconclusa, pues no ha sido despachado por el Congreso Nacional. No obstante, contamos con la ley Nº 19.253, sobre fomento, protección y desarrollo de las comunidades indígenas, que creó la Conadi.
Por lo tanto, estamos en deuda con dichas comunidades; hay una institucionalidad insuficiente, egoísta e incompleta. Queremos llegar a lo óptimo, lo justo y lo necesario, con equidad y justicia. En consecuencia, con esta modificación damos un gran paso.
El reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas es una aspiración y una necesidad, como también un atributo y un merecimiento. ¿Cuál es el temor a incorporar este concepto en la Carta Fundamental? ¿Queda salvaguardada la integridad del Estado? Es una aprensión errada de quienes pretenden ver en este concepto una concepción de independencia y autonomía del Estado chileno, ya que si bien la modificación constitucional utiliza el concepto “pueblos”, a la vez enfatiza que “forman parte de la Nación chilena”, para evitar cualquiera duda y suspicacia de separación o de independencia. Pueblo es un concepto sociológico, y no implica, por ningún motivo, la idea de grupos que tiendan a la independencia del Estado en que habitan. De hecho, eso no ha ocurrido en los países en que en sus constituciones incluyen en forma expresa a los pueblos indígenas, como Canadá, Colombia, México, Nicaragua, Paraguay y Venezuela. La autonomía es un argumento repetido y sin consistencia, pues no ocurre en ninguno de los países que utilizan ese concepto.
La Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato ha hecho un esfuerzo valioso por analizar, concluir y proponer materias que impliquen renovar o rectificar el trato y la situación de las comunidades indígenas. Propone como elemento vital el reconocimiento constitucional de esos pueblos. Nuevo trato significa nuevo enfoque. La Comisión recomienda las bases sobre las que debe sustentarse una política de Estado hacia los pueblos indígenas. Allí se formó la convicción de la necesidad de un nuevo trato hacia los pueblos indígenas, pero no puede haber nuevo trato sin reconocimiento constitucional, y no puede haber reconocimiento sin valorar a esas etnias, que implican una cultura, una historia, una tradición y un gran aporte al país.
Esos pueblos son la gente que habita su tierra, son sufridos y emprendedores; viven en el norte y en el sur del país, en Temuco y en San Juan de la Costa, y requieren un trato acorde a su dignidad e historia, para darles la consideración que se merecen como culturas y como etnias.
No busquemos pretextos ni argumentos que frenen este avance y progreso que le estamos dando a esta concepción. La fuerza de la razón unida al sentimiento es más fuerte.
Anuncio mi voto favorable la reforma, en especial al inciso que señalé.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.- Señor Presidente, después de escuchar distintas intervenciones, me parece muy importante señalar que no hay que olvidar que el sistema electoral obedece a la necesidad de estructurar el Estado de acuerdo con el bien que se desea cuidar.
El constituyente de 1980 privilegió la unidad nacional, y desde esa perspectiva hay que entender su definición por el sistema binominal, que no es antidemocrático. De hecho, cualquier persona que estudie ciencias políticas sabe que es una muestra de profunda ignorancia señalar que un sistema es más democrático que otro. Si se califica de antidemocrático al sistema binominal, qué cabe esperar del sistema uninominal de Inglaterra o de otros sistemas que no corresponden a un sistema proporcional, el que, desde luego, tiene ventajas, pero también severas limitaciones.
En ese sentido, hay una colisión de intereses entre los sectores políticos que desean mantener su cuota de poder, los cuales siempre van a buscar la proporcionalidad, y el país en general, cuyos intereses están mejor resguardados con un sistema que permite que los grandes bloques operen hacia el centro, que no con un mecanismo que, en la práctica, tiende a la fragmentación, como ocurrió en Chile, y que, de alguna manera, explica la grave crisis que vivió el país.
Por otra parte, quiero señalar mi discrepancia respecto de otras materias.
Entiendo que la argumentación política hace aconsejable llegar a algunos acuerdos en determinados momentos, pero no puedo dejar de manifestar mi discrepancia respecto de la eliminación de dos temas.
El primero es la eliminación del requisito de residencia, que ya se ha señalado.
Sin embargo, no quiero profundizar en ese tema, porque muchos se han referido a él, sino que lo haré en relación con dos materias que se han eliminado en el artículo 90, referido a las Fuerzas Armadas.
Por una parte, se eliminó su condición de garantes del orden institucional. Francamente, me parece un error que las Fuerzas Armadas dejen de estar presentes en el proceso democrático. Por el contrario, pienso que debieran estar incorporadas en el modelo democrático. De hecho, la ley que crea la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones reconoce que las labores de inteligencia realizadas por las Fuerzas Armadas y policiales garantizan la estabilidad de la democracia. Desde esa perspectiva, reitero que constituye un error suprimir tal disposición, aunque comprendo que haya posturas distintas.
Por otra parte, a mi juicio también constituye un error y un paso atrás pensar que la inmovilidad de los comandantes en jefe, como está planteada hoy, deja sin posibilidades de operar al Presidente de la República. Ello no es así, porque los hechos han demostrado que el Presidente de la República puede remover a un comandante en jefe con las actuales disposiciones constitucionales.
Esta modificación me parece una especie de manipulación de las Fuerzas Armadas, cosa que considero altamente negativa. Lo digo en los mismos términos que lo hicieron hace algunos años, si no me equivoco, en 1970, Patricio Aylwin y Eduardo Frei Montalva, quienes señalaron como altamente inconveniente la intervención del mundo político en las Fuerzas Armadas.
Siento que este es un paso equivocado, por lo que, por lo menos, manifiesto mi discrepancia con esta modificación que se pretende introducir a la Constitución.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, los temas de la reforma constitucional son muchos, y me hubiera gustado pronunciarme respecto de varios. Lamentablemente, las limitaciones de tiempo me lo impiden, por lo que sólo me referiré a uno: la modificación que introduce la letra b) al artículo 1º de la Constitución, que ha sido ampliamente debatida.
La reforma constitucional que otorga reconocimiento a los pueblos indígenas transgrede lo dispuesto en el artículo 34 de la denominada ley indígena, que señala en forma clara que no se pueden realizar reformas que tengan injerencia o relación con nuestros indígenas sin consulta a las organizaciones de dichos pueblos.
Por su parte, el artículo 7º del convenio 169 de la OIT señala que no es posible, sin consentimiento previo e informado de los pueblos, establecer reformas a la Constitución Política. Eso no lo hemos cumplido o lo hemos cumplido a medias.
Hemos recorrido un largo camino desde la aprobación de la llamada ley indígena para devolver a los pueblos originarios lo que siempre les perteneció.
Nos hemos empeñado en que el Estado les otorgue pan, pero con una sistemática negación de libertad. Le hemos entregado el programa Orígenes, la Conadi, el Mideplán, recursos del BID y del Fondo Indígena, pero no les hemos reconocido derechos especiales que les permitan llevar su propia forma de vida; tampoco hemos reconocido que usurpamos sus tierras. El informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato así lo establece, al igual que la devolución de las tierras, que ha sido importante, ha develado que nuestro Estado las había usurpado, por lo que tienen derecho a que les sean restituidas.
En materia de derechos políticos, aún falta reconocer que las autoridades de los pueblos indígenas, en los ámbitos de su competencia, puedan decidir situaciones de manera rápida y sencilla, de acuerdo con su cultura. La verdad es que hay una distancia entre esa cultura y la legislación a la que día a día intentamos que ellos adhieran. 
Quiero señalar que el Poder Judicial ha sido cuestionado incluso por el relator de las Naciones Unidas, señor Rodolfo Stavenhagen, por el caso de los loncos Aniceto Norín y Pascual Pichún. Eso, desgraciadamente, continúa vigente. Ellos están detenidos, y el Ministerio Público y la reforma judicial han demostrado que hoy se discrimina a los indígenas. El Ministerio Público no logra dar plenas garantías dentro del estado de derecho para que ellos tengan justicia. 
Muchos reclamamos sobre el sistema binominal; decimos que margina a los partidos políticos minoritarios. Sin embargo, con las minorías étnicas o llamados pueblos originarios ocurre lo mismo. 
Hemos intentado hacer una propuesta mucho más completa, desde ya, muy diferente a la que ha planteado el diputado señor Eduardo Díaz, quien insiste, de manera majadera, en eliminar el concepto pueblo y reemplazarlo por etnia. 
Esa discusión la hemos tenido con las propias comunidades. Es importante recordar que hemos intentado un texto, no autoritario ni retórico como son las mayorías de las Constituciones de América Latina, que son letra muerta, dentro de la prudencia, apelando a la conciencia en particular de los parlamentarios, que permita recoger ampliamente lo que hoy muchas comunidades han planteado o que las organizaciones con vida propia han señalado. 
El reconocimiento del derecho a la tierra, al idioma propio o al multilingüismo, el establecimiento de normas sobre patrimonio cultural, el reconocimiento del carácter multicultural de la nación chilena, el reconocimiento a la generación de sus propias autoridades y el derecho de la participación son elementos clave. 
Teniendo presente la generación de esta reforma y reconociendo que el concepto pueblo permite un avance, anuncio mi abstención sobre este artículo. 
He dicho. 
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente, estamos ante una de las reformas más importantes en la vida del país. La reforma de la Constitución Política de la Republica es, tal vez, una de las cosas más serias que hacemos los parlamentarios. 
Lo cierto es que cuando discutimos en esta Sala los representantes del pueblo y nos tenemos que abocar a dar nuestra mirada a los cambios tan importantes en la Constitución en tres o cuatro minutos, lo que podemos hacer es prácticamente nada. 
Que nosotros mismos nos neguemos la posibilidad de explicar a nuestra gente lo que pensamos, me parece poco adecuado. Por lo tanto, voy a referirme sólo a dos o tres de las materias que se van a cambiar. 
En primer lugar, me parece fundamental que aprobemos la indicación que agrega un inciso tercero, nuevo, en el artículo 18 de la Constitución, que dice: “En las elecciones de diputados y senadores se empleará un procedimiento que dé por resultado una efectiva proporcionalidad en la representación popular,...”. 
Hay un sector muy importante de chilenos que no están representados en el Congreso y que tienen expresión real en las urnas, por ejemplo, en la elección de concejales, porque, evidentemente, el sistema binominal impide que se represente a toda la ciudadanía como corresponde desde el punto de vista de las distintas visiones de la realidad que se concretan en acciones diversas. 
Me parece que nuestro país no llegará a ser democrático si todas las expresiones no están representadas en este Congreso. Que se quede afuera cerca de un 10 por ciento de la población que piensa de manera distinta a los que aquí estamos es impresentable. 
Por eso, incluir esta norma en la Constitución es básica para después reformar la ley de elecciones y cambiar el sistema binominal. Hacia allá tenemos que conducir nuestros pasos. 
Además, es muy importante que la ciudadanía esté atenta a la forma en que votan sus parlamentarios en este sentido. 
También me parece básico que estemos entregando de nuevo la tuición ética a los colegios profesionales, como ocurre al cambiar el numeral 16 del artículo 18 de la Constitución.
Los colegios profesionales siempre tuvieron el control ético de sus afiliados. Quitárselo fue un acto que atentó contra los profesionales; volver a entregárselo permite avanzar.
Aun cuando me quedan tan pocos minutos, no puedo dejar de referirme a la indicación, que en el artículo 44 de la Constitución suprime la exigencia de tener residencia en la región o distrito electoral a que postula. Creo que ello obedece a intereses de parlamentarios centralistas de Santiago, porque no me cabe otra explicación respecto de incorporar este tipo de modificación a la Constitución.
Por tanto, pido que esta indicación se vote en forma separada. No es posible que una persona que representará a quienes votarán por ella no viva en el mismo lugar que sus electores. ¿Cómo es posible que alguien pretenda representar a los ciudadanos de Vallenar o de Atacama si nunca ha vivido ahí? Tampoco es posible que un parlamentario represente a un ciudadano a la distancia, sin vivir en el lugar donde pueda ser elegido.
En verdad, aquellos que plantearon suprimir en el artículo 44 la exigencia de tener residencia en la región a que pertenezca el distrito electoral correspondiente tienen una visión demasiado centralista de lo que debe ser la representación del pueblo.
Resulta evidente que este tema se ha tratado en forma errónea. Estoy absolutamente seguro de que quienes representamos a regiones no podemos aceptar que en ellas no haya una persona capaz y de méritos para llegar al Congreso y representar a la gente de su región.
En verdad, cuando uno lee la Constitución y observa los cambios que se han hecho, se da cuenta de que algunos son bastante importantes; otros, solamente un barniz. 
Digo con toda franqueza al señor Presidente que discutir la Constitución Política de la República en este Congreso en sólo cuatro minutos que me han asignado, me parece una insolencia ante las atribuciones que tenemos como representantes del pueblo. Considero que la Mesa no ha estado acertada, porque todos tenemos derecho a expresar nuestros planteamientos, sobre todo en representación de la gente que ha votado por nosotros.
He dicho.
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Egaña.
El señor EGAÑA.- Señor Presidente, me voy a referir puntualmente, por lo escaso del tiempo, a un caso muy discutido: al sistema binominal.
Aquí se ha descalificado reiteradamente el sistema electoral binominal, tildándolo de antidemocrático. Creo que todos los sistemas electorales vigentes en distintas naciones tienen ventaja y desventajas, cada uno con sus características. Recomendaría a los colegas que lo han impugnado no descalificarlo sin contar con mayores antecedentes.
Quiero traer a la memoria de la Sala que en las elecciones municipales se han utilizado cuatro sistemas de votación. No sé si eso es antidemocrático o no democrático. Sólo voy a dar una cifra, porque sería muy largo hacer una relación en detalle del actual sistema electoral. En la última elección municipal, la Concertación, con el 49 por ciento de los votos, obtuvo el 78 por ciento de los alcaldes. ¿Alguien podría decir que ese sistema es antidemocrático? No; corresponde a las características del sistema que se estableció para la elección de alcaldes, que es distinto al que se aplicó para los concejales.
Por lo tanto, no acepto que en forma tan liviana se descalifique un sistema electoral, como el binominal, que ha dado estabilidad al país. Sin duda, puede ser que haya pequeñas minorías que no estén representadas, pero si analizamos las cifras en el caso parlamentario, veremos que siempre han estado bordeando alrededor del 5 por ciento. En otros sistemas electorales, aquel que no llega a esa cifra no participa en la próxima elección.
Por lo tanto, a muchos de los colegas que han intervenido respecto de este tema les recomiendo revisar en la Biblioteca del Congreso Nacional la abundante literatura acerca de los distintos sistemas electorales y sus particularidades, a fin de que no descalifiquen y digan de buenas a primeras que el sistema binominal es antidemocrático.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ceroni.
El señor CERONI.- Señor Presidente, sin duda, esta reforma a la Carta Fundamental constituye un paso muy importante y significativo hacia la democracia.
Obviamente, la ampliación de la facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados, la eliminación de los senadores vitalicios y designados, el cambio en el Consejo de Seguridad Nacional y en el Tribunal Constitucional, la sujeción de los comandantes en jefe del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, del general director de Carabineros y del director nacional de la Policía de Investigaciones al Presidente de la República, fortalecen nuestro sistema democrático.
A muchos parlamentarios, en especial de la Concertación, nos habría gustado tener un texto mejor y más claro para haber cambiado el sistema binominal, pero no se pudo hacer debido a los acuerdos políticos en virtud de los cuales estamos concretando esta reforma.
Cabe reconocer que la Comisión trabajó en un ambiente de muy alto nivel. Tanto los parlamentarios de Gobierno como de Oposición hemos trabajado en forma muy seria en el tema de las reformas constitucionales.
También quiero referirme a algo que dijo una honorable diputada en el sentido de que este tema no es interesante para la gente. Creo que ése es un grave error. Con seguridad se afirmó que no es de interés para la gente, porque no tiene que ver con la seguridad ciudadana o con el desempleo.
A mi juicio, eso es no entender lo que son las reformas constitucionales y no hacer que un Estado sea más democrático. En la medida en que un Estado es más democrático, con un parlamento integrado en forma democrática, por supuesto que las leyes van a ser mucho más democráticas y van a representar adecuadamente los intereses de la gente. Además, darán mejor respuesta en materia de seguridad ciudadana, de desempleo y se podrán hacer muchas cosas de modo más eficiente.
Por ello, creo que la reforma a la Constitución tiene un gran sentido y es importante para la gente, pero hay que explicársela bien.
Por último, quiero poner énfasis en la importancia de la disposición cuadragésima novena mediante la cual el Estado chileno podrá reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Debido a su importancia, debemos aprobar ese punto. En la práctica, todos los países de América Latina y de la Unión Europea reconocen a la Corte Penal Internacional. Sería muy lamentable que rechazáramos esa norma y nos quedásemos marginados del reconocimiento de su jurisdicción, que es de extrema importancia, sobre todo para muchos delitos que no son debidamente juzgados.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Para terminar la discusión de las reformas constitucionales, tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero valorar lo que significa esta reforma constitucional. La superación de los enclaves autoritarios es un tremendo paso hacia el fortalecimiento de la democracia. Se hizo un gran trabajo en el Senado y está claro que, con la excepción del sistema binominal, hemos dado un paso muy importante respecto de dichos enclaves. Es una buena noticia para el país.
La pregunta que cabe es si esto es suficiente para hablar de una nueva Constitución. No soy abogado ni constitucionalista, pero hay principios y conceptos fundamentales que no están considerados, lo cual obliga a pensar en una nueva Constitución, sobre la base de estos acuerdos. 
Por ejemplo, el hecho de que en ninguna parte se mencione la ciudad, lugar donde vivimos y compartimos los seres humanos; que no se trate el tema de la equidad y de la igualdad y la necesidad de enfrentar la desigualdad; que se siga consagrando el carácter subsidiario del Estado en una sociedad con las complejidades de la nuestra, plantea la convicción de que en estas enmiendas no se consideraron algunos conceptos y principios esenciales.
Quizás lo más fundamental y que aún sigue pendiente es que esto no ha sido suficientemente discutido por la sociedad. La Constitución supone que hay una voluntad colectiva, que se constituye un proyectopaís en cierta visión de las reglas fundamentales que nos unen como sociedad. Si bien la reforma en estudio significa un paso importante, porque sienta las bases de un acuerdo, se necesita avanzar hacia una nueva Constitución que el pueblo chileno haga propia, que abra un gran debate y refleje la voluntad nacional.
Quiero focalizar mi intervención en tres aspectos muy puntuales. En primer lugar, valoro que se haya establecido el recurso de protección en relación con el derecho de la educación, porque en este ámbito se producen muchos abusos. Es fundamental que quienes sientan esa discriminación, abuso, exclusión, segregación, etcétera, tengan la posibilidad de hacer uso de ese recurso.
Hay un fallo del Tribunal Constitucional sobre la acreditación para concursar como directores de colegios. En verdad, ese debió ser motivo de un recurso de protección o, al menos, de un debate mucho mayor, porque no tiene fundamento alguno y no está considerado que los niños tienen derecho a una educación de mejor calidad. 
No tengo tiempo para profundizar en esta materia, pero llamo a la Derecha a votar a favor esta norma entiendo que lo harán en contra para establecer el recurso de protección respecto del derecho a la educación.
En segundo lugar, la reforma no modifica el sistema binominal, lo cual constituye una gran limitación se trata de un aspecto muy importante del sistema político pues rigidiza la institucionalidad, que pierde dinamismo y limita la capacidad de cambios e innovaciones. En la medida en que las nuevas corrientes, pensamientos y opiniones de distinto tipo, no tengan posibilidades de expresarse ni de influir, limita la institucionalidad democrática, distancia a la política de la dinámica concreta de un país, reproduce a las autoridades dos tercios son reelectos en cada elección, tiende a mantener un marco de ideas y cuesta incorporar los nuevos impulsos que existen en la sociedad.
La competencia al momento de optar y la circulación de ideas son conceptos muy importantes y esenciales de la democracia, no los bloques rígidos. 
Sabemos que la Derecha quiere mantener los privilegios que tiene con el sistema binominal. Lo lamentamos y esperamos que en algún momento reflexione y se dé cuenta de que esto tiene que ver con la calidad de la democracia. Hemos planteado que esto se aplique en una próxima elección, pero hay que reflexionar al respecto.
Sebastián Piñera debe definirse acerca de esta materia. Antes dijo que no estaba de acuerdo con el sistema binominal; hoy le cobramos la palabra y queremos saber qué dice al respecto, ya que él era partidario de modificar. Hay que profundizar la democracia en este aspecto.
En tercer lugar, quiero referirme al Estado subsidiario, a esta rigidez ideológica de tener tan circunscritas las facultades y las limitaciones del Estado, lo que resta capacidad a los municipios para actuar en ciertas materias. Es tremendamente limitante ese concepto, pero no tengo tiempo para desarrollar la idea. En todo caso, creo que deberíamos flexibilizar la capacidad del Estado y de los municipios para unirse con empresas o con instituciones de otro tipo. Lamento que la reforma constitucional no enfrente este aspecto, tan fundamental para el desarrollo de las comunas y para solucionar problemas.
Repito: se trata de un gran paso, pero hay conceptos y principios fundamentales que ojalá podamos incorporar más adelante en una nueva reforma constitucional.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Cerrado el debate.
Con posterioridad la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor ASCENCIO (Presidente).-Corresponde votar la reforma constitucional, originada en moción, que modifica la composición y atribuciones del Congreso Nacional, la aprobación de los tratados internacionales, la integración y funciones del Tribunal Constitucional y otras materias que indica, el que se encuentra en segundo trámite constitucional.
Se votarán en primer lugar las siguientes disposiciones que no fueron objetos de indicaciones ni modificaciones:
En el artículo 1º los números 3, que requiere de 74 votos para su aprobación; 6 letra b), que requiere 67 votos para su aprobación; 7, que requiere 67 votos para su aprobación; 10, que requiere 67 votos para su aprobación; 14, que requiere 67 votos para su aprobación; 19, que requiere 67 votos para su aprobación; 20, que requiere 67 votos para su aprobación; 37, que requiere 67 votos para su aprobación; 41, que requiere 67 votos para su aprobación; 42, que requiere 67 votos para su aprobación; 50, que requiere 74 votos para su aprobación; 54, que requiere 67 votos para su aprobación; 56, que requiere 74 votos para su aprobación; y 59 Nºs. 2, 6 y 7, que requiere 67 votos para su aprobación. 
El señor INSULZA (ministro del Interior).- Pido la palabra.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra el ministro del Interior, señor José Miguel Insulza.
El señor INSULZA (ministro del Interior).- Señor Presidente, tengo entendido que los números 5, letra b), y 7 del artículo 1º se someterán a un informe complementario. 
El señor ASCENCIO (Presidente).- Señor ministro, los números 2 y 5 del artículo 1º están para el informe complementario.
El señor INSULZA (ministro del Interior).- Señor Presidente, quiero explicar brevemente esta situación.
El número 7 del artículo 1º dice: Agrégase al artículo 13, el siguiente inciso tercero, nuevo: 
“Tratándose de los chilenos a que se refieren los números 3º y 5º del artículo 10, el ejercicio de los derechos que les confiere la ciudadanía estará sujeto a que hubieren estado avecindados en Chile por más de un año.”.
Eso es parte del acuerdo político. Por lo tanto, llamo a votarlo a favor. Pero en la Comisión se planteó la posibilidad, a través del número 5, letra b), de sustituir el número 3º, del artículo 10 por el siguiente: 
“3º Los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio extranjero. Con todo se requerirá que alguno de sus ascendientes en línea recta de primero o segundo grado haya adquirido la nacionalidad chilena en virtud de lo establecido en los números 1º, 4º y 5º.”.
El Ejecutivo hizo presente que el número 3º que acabo de leer no estaba en el acuerdo político, pero que estábamos disponibles para aceptar uno de los dos. Es decir, o se acepta la ascendencia de dos grados o el avecindamiento de los hijos de chilenos para los efectos de ejercer la ciudadanía, pero señalamos taxativamente que no estábamos dispuestos a aceptar ambos números.
Por lo tanto, me parece procedente votar los números 5 y 7 en conjunto. Hemos dicho que es uno u otro, pero en ningún caso aprobar uno ahora y dejar el otro para después.
Gracias, señor Presidente.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Darío Paya.
El señor PAYA.- Señor Presidente, es sobre un planteamiento hecho hoy por el Ejecutivo, en el sentido de incorporar entre las materias que quedarán sujetas a un informe complementario exclusivamente lo que está consignado en el número 5. Ahora, en el fondo, está vinculado con el número 7 y, en ese sentido, el ministro tiene razón.
Lo que no cuestionamos es la posibilidad de eliminar el requisito de avecindamiento en Chile por más de un año. Si al ministro le parece razonable, no tenemos inconveniente en que el número 7 también se incluya en el informe complementario, si ello implica abrir la puerta a que también sea modificado. Pero nosotros lo dábamos por despachado por ser parte del acuerdo político.
En consecuencia, no hay oposición para incluirlo, aunque me parece contradictorio con el acuerdo político.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Entonces, ¿habría acuerdo de la Sala para incluir el número 7 en el informe complementario?
Acordado.
En votación los números 3, 6, 10, 14, 19, 20, 37, 41, 42, 50, 54, 56 y 59, números 2, 6 y 7, del artículo 1º.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 105 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Aprobados.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Bayo, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Díaz, Dittborn, Egaña, Encina, Errázuriz, Escalona, Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), GarcíaHuidobro, Girardi, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kast, Kuschel, Leal, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Longueira, Lorenzini, Luksic, Martínez, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Meza, Molina, Monckeberg, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Salaberry, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tohá (doña 
Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Varela, Venegas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Corresponde votar las siguientes disposiciones contenidas en el acuerdo político que se alcanzó en el Senado por los distintos partidos: números 5, letras a) y c); 6, letra a); 24, 51 y 59, número 3. Todos requieren de 67 votos afirmativos, salvo el número 51 que requiere de 74 votos afirmativos para su aprobación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 103 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Aprobados.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Bayo, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Correa, Cubillos (doña Marcela), Díaz, Dittborn, Egaña, Encina, Errázuriz, Escalona, Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, Girardi, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kast, Kuschel, Leal, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Longueira, Lorenzini, Luksic, Martínez, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Meza, Molina, Monckeberg, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Salaberry, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tohá (doña Carolina), Tuma, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Varela, Venegas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.
El señor ASCENCIO (Presidente).- En votación las siguientes disposiciones que forman parte de los acuerdos alcanzados por senadores y diputados: números 4, 8, 9, 12, letras b) y d); 13, letra b); 15, 16, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 32, letras a), c), d) y e); 33, 34, 35, 38, 40, 43, 44, 45, 49, 52, 53, 57 bis, 58 y 59, número 4.
La señora GUZMÁN (doña Pía).- Señor Presidente, pido la palabra para hacer una precisión.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra su señoría.
La señora GUZMÁN (doña Pía).- En el número 34, son parte del acuerdo los incisos primero y cuarto, y en el número 59, sólo el numeral 4.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Así lo señalé, señora diputada, pero lo voy a reiterar. En el número 34, los incisos primero y cuarto, y en el número 59, el número 4.
Todos estos numerales requieren 67 votos afirmativos para su aprobación, salvo los números 4, 12, 13, 52 y 53, que requieren 74 votos.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 105 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Aprobados.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Bayo, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Díaz, Dittborn, Egaña, Encina, Errázuriz, 
Escalona, Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), GarcíaHuidobro, Girardi, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kast, Kuschel, Leal, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Longueira, Lorenzini, Luksic, Martínez, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Meza, Molina, Monckeberg, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Salaberry, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Varela, Venegas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.
El señor ASCENCIO (Presidente).- A continuación, corresponde votar los números para los cuales se pidió votación separada.
En votación el número 1, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 74 señores diputados.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente, pido la palabra.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra su señoría.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente, ¿hay una indicación renovada respecto de ese artículo?
El señor ASCENCIO (Presidente).- Señor diputado, la indicación será leída en el momento oportuno.
Tiene la palabra la diputada señora Pía Guzmán.
La señora GUZMÁN (doña Pía).- Señor Presidente, si se rechaza el número 1, no tendría sentido alguno la indicación de los diputados señores Bayo, Vargas y Palma y de la señora Lily Pérez. Por lo tanto, habría que votar primero la indicación y, posteriormente, el número 1, letra b).
El señor LUKSIC.- Señor Presidente, pido la palabra.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra su señoría.
El señor LUKSIC.- Señor Presidente, la relación está dada entre la letra a) del número 1 que señala: “La Nación chilena es una e indivisible”, y el número 2, mediante el cual se sustituye el artículo 3º, que dispone: “El Estado de Chile es unitario. Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional.”.
Si aprobamos el número 2, relacionado con la regionalización, estaríamos aprobando también el número 1, letra b), que establece que la Nación chilena es una e indivisible, porque el Estado es unitario.
Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan 
Bustos.
El señor BUSTOS.- Señor Presidente, el número 1 tiene dos aspectos que están estrechamente unidos: la letra a), que dice que la nación chilena es una e indivisible, y la letra b), que en el fondo hace un reconocimiento 
a los pueblos originarios. Por lo tanto, las letras a) y b) están absolutamente relacionadas.
Gracias, señor Presidente.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora María Pía Guzmán.
La señora GUZMÁN (doña María Pía).- Señor Presidente, sólo para reiterar lo que ya señalé.
La indicación repuesta se refiere a que el Estado reconoce a todas las etnias que integran la nación chilena. Por lo tanto, está directamente relacionada con el número 1 letra b), que se refiere a los pueblos indígenas. De manera que tenemos que votar primero la indicación repuesta y posteriormente el número 1.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Señora diputada, la Mesa no lo entiende así y, por lo tanto, voy a poner en votación, primero, el número 1 y luego la indicación señalada.
En votación el número 1, para cuya aprobación se requiere del voto afirmativo de 74 señores diputados.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos; por la negativa, 25 votos. Hubo 25 abstenciones.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Rechazado, porque no se alcanzó el quórum requerido de 74 votos afirmativos.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi, Aguiló, Allende (doña Isabel), Ascencio, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Encina, Escalona, Espinoza, Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), Girardi, González (don Rodrigo), Hales, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Leal, Letelier (don Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Luksic, Mella (doña María Eugenia), Meza, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Riveros, Robles, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tohá (doña Carolina), Tuma, Valenzuela, Venegas, Vidal (doña Ximena), Villouta y Walker.
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados.
Bayo, Bertolino, Cardemil, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Forni, Galilea (don Pablo), García-Huidobro, Guzmán (doña Pía), Kast, Kuschel, Martínez, Molina, Monckeberg, Palma, Paya, Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela y Vilches.
Se abstuvieron los diputados señores:
Alvarado, Álvarez, Araya, Barros, Bauer, Díaz, Dittborn, Egaña, González (doña Rosa), Hernández, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Leay, Longueira, Lorenzini, Masferrer, Melero, Navarro, Norambuena, Pérez (don Ramón), Recondo, Rojas, Rossi, Salaberry y Von Mühlenbrock.
El señor TUMA.- Pido copia de la votación, señor Presidente.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros.
El señor RIVEROS.- Señor Presidente, quiero que la Mesa explicite las consecuencias de la votación que se ha producido, pues queda la sensación de que se rechazó todo el artículo, lo que sería extremadamente grave.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Bayo.
El señor BAYO.- Señor Presidente, concordando con lo que dice el diputado señor Riveros, vuelvo a plantear lo que ya se dijo, en cuanto a que votemos primero la indicación, porque su resultado seguramente cambiará la votación del número 1.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Cito a reunión a los jefes de los comités parlamentarios.
Se suspende la sesión.
Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor ASCENCIO (Presidente).- Continúa la sesión.
Se va a votar la indicación renovada de los diputados Bayo, Vargas, Palma; Pérez, doña Lily, y Díaz, para intercalar un inciso cuarto al artículo 1º de la Constitución Política, cuya aprobación requiere el voto afirmativo de 74 señores diputados.
El señor Secretario le va a dar lectura.
El señor LOYOLA (Secretario).- “El Estado reconoce a todas las etnias, las cuales integran la nación chilena. La ley promoverá el respeto y desarrollo de sus culturas, lenguas, organización social y costumbres, y garantizará a sus integrantes la participación que les corresponde en iguales términos que a todos los demás chilenos.”.
El señor ASCENCIO (Presidente).- En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 19 votos; por la negativa, 58 votos. Hubo 21 abstenciones.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Rechazada.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alvarado, Bayo, Cardemil, Cornejo, Díaz, Galilea (don Pablo), Guzmán (doña Pía), Hernández, Hidalgo, Ibáñez (doña Carmen), Longton, Martínez, Masferrer, Palma, Pérez (doña Lily), Tapia, Vilches, Villouta y Walker.
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi, Aguiló, Allende (doña Isabel), Ascencio, Barros, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Encina, Espinoza, Forni, García (don René Manuel), Girardi, González (don Rodrigo), Hales, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kast, Leal, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Luksic, Mella (doña María Eugenia), Meza, Molina, Monckeberg, Montes, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Ojeda, Ortiz, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Víctor), Recondo, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Silva, Soto (doña Laura), Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Varela, Venegas y Vidal (doña Ximena).
Se abstuvieron los diputados señores:
Álvarez, Araya, Bauer, Bertolino, 
Dittborn, Egaña, Galilea (don José 
Antonio), García-Huidobro, Ibáñez (don Gonzalo), Longueira, Lorenzini, Melero, Norambuena, Olivares, Pérez (don Ramón), Prieto, Rojas, Salaberry, Sepúlveda (doña Alejandra), Urrutia y Von Mühlenbrock.
El señor ASCENCIO (Presidente).- En votación el número 11 del artículo 1º, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 67 señores diputados. 
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 44 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Rechazado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi, Aguiló, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Díaz, Encina, Escalona, Espinoza, Girardi, González (don Rodrigo), Hales, Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Lorenzini, Luksic, Mella (doña María eugenia), Meza, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Ojeda, Olivares, Ortiz, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Marcela), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tohá (doña Carolina), Tuma, Vidal (doña Ximena) y Walker.
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alvarado, Álvarez, Barros, Bauer, Bayo, Bertolino, Cardemil, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Dittborn, Egaña, Forni, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), GarcíaHuidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hernández, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Leay, Longueira, Martínez, Masferrer, Melero, Molina, Monckeberg, Norambuena, Palma, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Rojas, Salaberry, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela, Venegas, Vilches y Von Mühlenbrock.
Se abstuvieron los diputados señores:
Galilea (don José Antonio) y Pérez (doña Lily).
El señor ASCENCIO (Presidente).- En votación la letra a) del número 12 del artículo 1º, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 74 señores diputados.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 42 votos. No hubo abstenciones.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Rechazada.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi, Aguiló, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Díaz, Encina, Escalona, Espinoza, Girardi, González (don Rodrigo), Hales, Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Lorenzini, Mella (doña María Eugenia), Meza, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Ojeda, Olivares, Ortiz, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tohá (doña Carolina), Tuma, Venegas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Villouta y Walker.
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alvarado, Álvarez, Barros, Bauer, Bayo, Bertolino, Cardemil, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Dittborn, Egaña, Errázuriz, Forni, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), GarcíaHuidobro, González (doña Rosa), Hernández, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Leay, Longueira, Martínez, Masferrer, Melero, Molina, Norambuena, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Rojas, Salaberry, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela y Von Mühlenbrock.
El señor ASCENCIO (Presidente).- En votación el inciso primero de la letra c) del número 12 del artículo 1º, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 74 señores diputados.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 100 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Bayo, Burgos, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Díaz, Dittborn, Egaña, Encina, Errázuriz, Escalona, Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), GarcíaHuidobro, Girardi, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Hales, Hernández, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kast, Leal, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Longueira, Lorenzini, Luksic, Martínez, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Meza, Molina, Monckeberg, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Salaberry, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela, Venegas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.
Votó por la negativa la diputada señora Guzmán (doña Pía).
Se abstuvo el diputado señor Bertolino.
El señor ASCENCIO (Presidente).- En votación el inciso segundo de la letra c) del número 12 del artículo 1º, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 74 señores diputados.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 96 votos; por la negativa, 5 votos. No hubo abstenciones.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Burgos, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Díaz, Dittborn, Egaña, Encina, Errázuriz, Escalona, Forni, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), GarcíaHuidobro, Girardi, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kast, Leal, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Longueira, Lorenzini, Luksic, Martínez, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Meza, Molina, Monckeberg, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Salaberry, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela, Venegas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Bayo, Bertolino, Hidalgo, Kuschel y Palma.
El señor ASCENCIO (Presidente).- En votación la letra e) del número 12 del artículo 1º, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 74 señores diputados.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos; por la negativa, 36 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Rechazada.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi, Aguiló, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Díaz, Encina, Escalona, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), Girardi, González (don Rodrigo), Hales, Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kuschel, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Lorenzini, Martínez, Mella (doña María Eugenia), Meza, Monckeberg, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tohá (doña Carolina), Tuma, Venegas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Villouta y Walker.
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alvarado, Álvarez, Barros, Bayo, Bertolino, Correa, Cristi (doña María 
Angélica), Cubillos (doña Marcela), Dittborn, Egaña, Forni, Galilea (don José Antonio), GarcíaHuidobro, González (doña Rosa), Hernández, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Leay, Longueira, Masferrer, Melero, Molina, Norambuena, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Rojas, Salaberry, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela y Von Mühlenbrock.
Se abstuvieron los diputados señores:
Errázuriz y Guzmán (doña Pía).
El señor ASCENCIO (Presidente).- En votación la indicación renovada de los diputados señores Longton, Palma y Vargas y de la diputada señora Guzmán, doña Pía, para suprimir la palabra “injustificadamente” en la letra i) del número 7 del artículo 19 de la Constitución, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 74 señores diputados.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 14 votos; por la negativa, 84 votos. Hubo 1 abstención.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Rechazada.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Bayo, Bertolino, Bustos, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), Guzmán (doña Pía), Hidalgo, Ibáñez (doña Carmen), Kuschel, Longton, Palma, Pérez (doña Lily), Recondo y Vilches.
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Burgos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Díaz, Dittborn, Egaña, Encina, Errázuriz, Escalona, Espinoza, Forni, García (don René Manuel), GarcíaHuidobro, Girardi, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Hales, Hernández, Jaramillo, Jeame Barrueto, Kast, Leal, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longueira, Lorenzini, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Meza, Molina, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don 
Ramón), Pérez (don Víctor), Prieto, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Salaberry, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela, Venegas, Vidal (doña Ximena), Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.
Se abstuvo el diputado señor Ibáñez (don Gonzalo).
El señor ASCENCIO (Presidente).- En votación el número 13, letra a), del 
artículo 1º, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 74 señores diputados.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 45 votos. No hubo abstenciones.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Rechazado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Díaz, Encina, Escalona, Espinoza, Girardi, González (don Rodrigo), Hales, Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Lorenzini, Luksic, Mella (doña María Eugenia), Meza, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Ojeda, Olivares, Ortiz, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tohá (doña Carolina), Tuma, Venegas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Villouta y Walker.
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alvarado, Álvarez, Barros, Bauer, Bayo, Bertolino, Cardemil, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Dittborn, Egaña, Errázuriz, Forni, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hernández, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Kuschel, Leay, Longueira, Martínez, Masferrer, Melero, Molina, Monckeberg, Norambuena, Palma, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (don 
Víctor), Prieto, Recondo, Rojas, Salaberry, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela y Von Mühlenbrock.
El señor ASCENCIO (Presidente).- En votación el número 23 del artículo 1º, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 67 señores diputados.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 39 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Rechazado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alvarado, Álvarez, Allende (doña Isabel), Barros, Bauer, Burgos, Bustos, Cardemil, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), 
Dittborn, Egaña, Escalona, Forni, GarcíaHuidobro, Girardi, González (doña Rosa), Hales, Hernández, Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Kast, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Longton, Longueira, Luksic, Masferrer, Melero, Molina, Montes, Mulet, Muñoz (doña Adriana), Norambuena, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Riveros, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salaberry, Salas, Sánchez, Seguel, Silva, Tohá (doña Carolina), Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela, Von Mühlenbrock y Walker.
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi, Aguiló, Araya, Ascencio, Bayo, Bertolino, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Díaz, Encina, Errázuriz, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), Hidalgo, Jarpa, Kuschel, Letelier (don Felipe), Lorenzini, Martínez, Mella (doña María Eugenia), Meza, Muñoz (don Pedro), Navarro, Ojeda, Ortiz, Palma, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Robles, Rossi, Sepúlveda (doña Alejandra), Soto (doña Laura), Tapia, Venegas, Vilches y Villouta.
Se abstuvieron los diputados señores:
Jeame Barrueto, Leal, Olivares y Vidal (doña Ximena).
El señor ASCENCIO (Presidente).- En votación el número 25 del artículo 1º, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 67 señores diputados.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 86 votos; por la negativa, 10 votos. Hubo 1 abstención.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi, Alvarado, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Barros, Bauer, Bayo, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Díaz, Dittborn, Egaña, Encina, Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), GarcíaHuidobro, Girardi, González (doña Rosa), Hales, Hernández, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kast, Leal, Leay, Longton, Longueira, Luksic, Martínez, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Meza, Molina, Monckeberg, Muñoz (doña Adriana), Navarro, Norambuena, Olivares, Ortiz, Palma, Paya, Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Salaberry, Salas, Sánchez, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela, Venegas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aguiló, Ascencio, Errázuriz, Guzmán (doña Pía), Kuschel, Letelier (don Felipe), Mulet, Muñoz (don Pedro), Ojeda y Seguel.
Se abstuvo el diputado señor Martínez.
El señor ASCENCIO (Presidente).- En votación el número 31 del artículo 1º, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 67 señores diputados.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 99 votos. No hubo votos por la negativa, ni abstenciones.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, 
Barros, Bauer, Bayo, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Dittborn, Egaña, Encina, Errázuriz, Escalona, Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, Girardi, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kast, Kuschel, Leal, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Longueira, Lorenzini, Martínez, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Meza, Molina, Monckeberg, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Salaberry, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Soto (doña Laura), Tapia, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela, Venegas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.
El señor ASCENCIO (Presidente).- En votación el número 32, letra b), del artículo 1º, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 67 señores diputados.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos; por la negativa, 43 votos. Hubo 1 abstención.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Rechazado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi, Aguiló, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Díaz, Encina, Escalona, Espinoza, Girardi, González (don Rodrigo), Hales, Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don 
Felipe), Longton, Lorenzini, Mella (doña María Eugenia), Meza, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tohá (doña 
Carolina), Tuma, Venegas, Vidal (doña Ximena), Villouta y Walker.
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alvarado, Barros, Bauer, Bayo, Bertolino, Cardemil, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Dittborn, Egaña, Forni, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), GarcíaHuidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hernández, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Kuschel, Leay, Longueira, Martínez, Masferrer, Melero, Molina, Monckeberg, Norambuena, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prieto, 
Recondo, Rojas, Salaberry, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela, Vilches y Von Mühlenbrock.
Se abstuvo el diputado señor Galilea (don José Antonio).
El señor ASCENCIO (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a la indicación de los diputados señores Paya, Uriarte, Salaberry y Alvarado para agregar la siguiente letra e), nueva, en el artículo 54 de la Constitución, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 67 señores diputados.
El señor LOYOLA (Secretario).- “Letra e).- Agrégase el siguiente Nº 11, nuevo: 
“Los funcionarios que puedan valerse de la naturaleza pública de su cargo para utilizarlo con fines de promoción política, una ley orgánica determinará nominativamente los cargos públicos que darán lugar a esta inhabilidad.”.
El señor ASCENCIO (Presidente).- En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos; por la negativa, 48 votos. No hubo abstenciones.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Rechazada.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alvarado, Álvarez, Barros, Bauer, Bayo, Bertolino, Cardemil, Ceroni, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Dittborn, Egaña, Errázuriz, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hernández, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Kuschel, Leay, Longueira, Martínez, Masferrer, Melero, Molina, Monckeberg, Norambuena, Palma, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Rojas, Salaberry, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela, Vilches, Villouta y Von Mühlenbrock.
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi, Aguiló, Allende (doña Isabel), Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Cornejo, Díaz, Encina, Espinoza, Girardi, González (don Rodrigo), Hales, Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Luksic, Mella (doña María Eugenia), Meza, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Ojeda, Olivares, Ortiz, Pérez (don José), Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tohá (doña 
Carolina), Tuma, Venegas y Vidal (doña Ximena).
El señor ASCENCIO (Presidente).- En votación el número 34, incisos segundo y tercero del artículo 1º, para cuya aprobación se requiere del voto afirmativo de sesenta y siete señores diputados.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos; por la negativa, 40 votos. No hubo abstenciones.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Rechazado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi, Aguiló, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Bertolino, Burgos, 
Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Encina, Escalona, Espinoza, Galilea (don José Antonio), Girardi, González (don Rodrigo), Hales, Hidalgo, Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jeame Barrueto, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Lorenzini, Luksic, Martínez, Mella (doña María Eugenia), Meza, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tohá (doña Carolina), Tuma, Venegas, Vidal (doña Ximena), Villouta y Walker.
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alvarado, Álvarez, Barros, Bauer, Bayo, Cardemil, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Dittborn, Egaña, Forni, Galilea (don Pablo), GarcíaHuidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Kuschel, Leay, Longueira, Masferrer, Melero, Molina, Monckeberg, Norambuena, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Rojas, Salaberry, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela, Vilches, y Von Mühlenbrock.
El señor ASCENCIO (Presidente).- En votación el número 36 del artículo 1º. Para su aprobación se requiere del voto afirmativo de sesenta y siete señoras diputadas y señores diputados.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 46 votos. No hubo abstenciones.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Rechazado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi, Aguiló, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Díaz, Encina, Escalona, Espinoza, Girardi, González (don Rodrigo), Hales, Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don 
Felipe), Longton, Lorenzini, Luksic, Mella (doña María Eugenia), Meza, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Ojeda, Olivares, Ortiz, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tohá (doña Carolina), Tuma, Venegas, Vidal (doña Ximena), Villouta y Walker.
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alvarado, Álvarez, Barros, Bauer, Bayo, Bertolino, Cardemil, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Dittborn, Egaña, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), GarcíaHuidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hernández, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Kuschel, Leay, Longueira, Martínez, Masferrer, Melero, Molina, Monckeberg, Norambuena, Palma, Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Rojas, Salaberry, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela, Vilches y Von Mühlenbrock.
El señor ASCENCIO (Presidente).- En votación el número 39 del artículo 1º, para cuya aprobación se requiere de sesenta y siete votos afirmativos.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 100 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Bayo, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Díaz, Dittborn, Egaña, Encina, Espinoza, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), GarcíaHuidobro, Girardi, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Longueira, Lorenzini, Luksic, Martínez, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Meza, Monckeberg, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Salaberry, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela, Venegas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.
El señor ASCENCIO (Presidente).- En votación el número 55 del artículo 1º. Para su aprobación se requiere del voto afirmativo de setenta y cuatro señoras diputadas y señores diputados.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos; por la negativa, 42 votos. Hubo 1 abstención.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Rechazado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi, Aguiló, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Díaz, Encina, Escalona, Espinoza, Girardi, González (don Rodrigo), Hales, Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Lorenzini, Mella (doña María Eugenia), Meza, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tohá (doña Carolina), Tuma, Venegas, Vidal (doña Ximena), Villouta y Walker.
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alvarado, Álvarez, Barros, Bauer, Bertolino, Correa, Cristi (doña María 
Angélica), Cubillos (doña Marcela), Dittborn, Egaña, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), GarcíaHuidobro, González (doña Rosa), Hernández, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Kuschel, Leay, Longueira, Luksic, Martínez, Masferrer, Melero, Molina, Monckeberg, Norambuena, Paya, Pérez (don Víctor), prieto, Recondo, Rojas, Salaberry, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela, Vilches y Von Mühlenbrock.
Se abstuvo el diputado señor Bayo.
El señor ASCENCIO (Presidente).- En votación el número 57 del artículo 1º, para cuya aprobación se requiere del voto afirmativo de setenta y cuatro señoras diputadas y señores diputados.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 46 votos. Hubo 1 abstención.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Rechazado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi, Aguiló, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Burgos, Bustos, Ceroni, Cornejo, Díaz, Encina, Errázuriz, Escalona, Espinoza, Galilea (don José Antonio), Girardi, González (don Rodrigo), Hales, Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Lorenzini, Luksic, Mella (doña María 
Eugenia), Meza, Montes, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tohá (doña Carolina), Tuma, Venegas, Vidal (doña Ximena) y Villouta.
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alvarado, Álvarez, Barros, Bauer, Bayo, Bertolino, Caraball (doña Eliana), Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Dittborn, Egaña, Forni, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), GarcíaHuidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hernández, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Kuschel, Leay, Longueira, Martínez, 
Masferrer, Melero, Molina, Monckeberg, Norambuena, Palma, Paya, Pérez (don 
Ramón), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Salaberry, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela, Vilches, Von Mühlenbrock y Walker.
Se abstuvo el diputado señor Tapia.
El señor ASCENCIO (Presidente).- En votación el número 59, número 1, del artículo 1º, para cuya aprobación se requiere del voto afirmativo de sesenta y siete señoras diputadas y señores diputados.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos; por la negativa, 43 votos. No hubo abstenciones.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Rechazado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi, Aguiló, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Díaz, Encina, Escalona, Espinoza, Girardi, González (don Rodrigo), Hales, Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Lorenzini, Luksic, Mella (doña María Eugenia), Meza, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tohá (doña 
Carolina), Venegas, Vidal (doña Ximena), Villouta y Walker.
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alvarado, Álvarez, Barros, Bauer, Bayo, Bertolino, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Dittborn, Egaña, Forni, Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hernández, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Kuschel, Leay, Longueira, Martínez, Masferrer, Melero, Molina, Monckeberg, Norambuena, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Rojas, Salaberry, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela, Vilches y Von Mühlenbrock.
El señor ASCENCIO (Presidente).- En votación el número 59, número 9, del artículo 1º. Se requiere para su aprobación del voto afirmativo de sesenta y siete señoras diputadas y señores diputados.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 46 votos. No hubo abstenciones.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Rechazado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi, Aguiló, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Encina, Escalona, Girardi, González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Lorenzini, Mella (doña María Eugenia), Meza, Montes, 
Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Ojeda, Olivares, Ortiz, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tohá (doña 
Carolina), Tuma, Venegas, Vidal (doña Ximena), Villouta y Walker.
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alvarado, Álvarez, Barros, Bauer, Bayo, Bertolino, Cardemil, Correa, Cristi (doña María Eugenia), Cubillos (doña Marcela), Dittborn, Egaña, Errázuriz, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), GarcíaHuidobro, González (doña Rosa), Hernández, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Kuschel, Leay, Longueira, Martínez, Masferrer, Melero, Molina, Monckeberg, Norambuena, Palma, Paya, Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Rojas, Salaberry, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela, Vilches y Von Mühlenbrock.
El señor ASCENCIO (Presidente).- En votación el número 10 del número 59 del artículo 1º del proyecto, que contiene la disposición transitoria quincuagésima, para cuya aprobación se requieren 67 votos.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 103 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez, Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Bayo, 
Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Díaz, Dittborn, Egaña, Encina, Errázuriz, Escalona, Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), GarcíaHuidobro, Girardi, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kast, Kuschel, Leal, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Longueira, Lorenzini, Luksic, Martínez, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Meza, Molina, Monckeberg, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Salaberry, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela, Venegas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.
El señor ASCENCIO (Presidente).- En votación el artículo 2º permanente del proyecto.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos; por la negativa, 13 votos. No hubo abstenciones.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Dittborn, Egaña, Encina, Errázuriz, Escalona, Espinoza, Forni, García (don René Manuel), GarcíaHuidobro, Girardi, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kast, Leal, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longueira, Lorenzini, Luksic, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Meza, Molina, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Salaberry, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela, Venegas, Vidal (doña Ximena), Villouta y Walker.
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Bayo, Bertolino, Cardemil, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), Hidalgo, Kuschel, Martínez, Monckeberg, Palma, Pérez (doña Lily), Vilches y Von Mühlenbrock.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Hemos terminado la votación de las reformas constitucionales.
Hago presente a al Sala que vamos remitir el proyecto a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para que emita un informe complementario acerca de los números 2, 5, letra b); 7, 46, 47, 48 y 59, números 5 y 8.
El diputado señor Pablo Longueira me ha pedido hacer uso de la palabra.
Tiene la palabra, su señoría.
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, en nombre de la UDI, y creo que de todas las bancadas de esta Cámara, por ser ésta la última sesión en que nos acompaña el ministro del Interior, queremos desearle el más grande de los éxitos en su nuevo desafío que acometerá como Secretario General de la OEA.
No queremos dejar pasar esta oportunidad para agradecerle todos los encuentros que ha habido entre la Concertación y la Alianza, entre el Gobierno y la Oposición, porque, sin duda, debido a su gestión se han materializado muchos proyectos.
He dicho.
Aplausos.
El señor ASCECNIO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS.- Señor Presidente, en nombre de los diputados y diputadas de la bancada de la Democracia Cristiana, quiero agradecer al ministro del Interior sus servicios prestados al país durante estos últimos años. Asimismo, le deseamos éxito y suerte en la labor que asumirá en los próximos días en la Secretaría General de la OEA. Estamos ciertos de que en su nueva función seguirá representando a todo el país.
Creemos que su aporte a la democracia y a la gobernabilidad ha sido muy notable y se lo agradecemos.
He dicho.
Aplausos.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Aníbal Pérez.
El señor PÉREZ (don Aníbal).- Señor Presidente, en igual sentido que los diputados Longueira y Burgos, para la bancada del PPD constituye un orgullo que nuestro querido amigo, el ministro José Miguel Insulza, haya logrado ese importante cargo que prestigia a él, como persona, y al país. 
Le deseamos todo tipo de éxito. Sabemos de su gran capacidad y estamos ciertos de que dejará muy bien puesto el nombre de Chile. 
Gracias, señor ministro, y que le vaya bien.
Aplausos. 
El señor ASCENCIO (Presidente).- Puede hacer uso de la palabra el diputado señor Osvaldo Palma.
El señor PALMA.- Señor Presidente, Renovación Nacional también se suma a los parabienes al ministro Insulza por su misión que recién empieza, y la asume como un triunfo del país. 
Le deseamos buena suerte. Estamos seguros que lo hará bien y que representará a Chile en la mejor de las formas.
Aplausos.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza.
El señor MEZA.- Señor Presidente, en nombre de la bancada del Partido Radical, nuestros respetos, admiración y agradecimiento al señor ministro José Miguel Insulza por su tolerancia, fraternidad y espíritu latinoamericanista. Tenemos absoluta confianza en que va a cumplir de forma excelente su nuevo rol a la cabeza de la Organización de Estados Americanos. Desde luego, éste es un triunfo de Chile y nos debemos felicitar todos. 
Muchas gracias por su amistad, ministro.
Aplausos.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan 
Pablo Letelier.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, como socialistas, queremos agradecer al ministro Insulza por su brillante gestión tanto como canciller y, en este último tiempo, como ministro del Interior.
Es el ministro con quien este Congreso más ha trabajado desde que recuperamos la democracia. Ha sido un orgullo para nosotros contar con un ministro como José Miguel. Ésta es su bancada y queremos destacar no sólo su capacidad de acompañarnos, excepcional en los ministros, sino también reconocer su tremendo logro en promover y sacar adelante esta reforma constitucional, histórica respecto del cual demoró tanto generar las condiciones para aprobarla.
De la misma forma, le deseamos un tremendo éxito a la cabeza de la OEA. No tenemos la menor duda de que seguirá dejando muy en alto el nombre de Chile, reiterando su tremenda gestión como político y como representante de las fuerzas progresistas en América Latina. 
Muchas gracias, ministro.
Aplausos.
El señor ASCENCIO (Presidente).- A continuación, voy a ofrecer la palabra al ministro del Interior, señor José Miguel Insulza. Pero antes, la Mesa quiere expresarle que se suma a las opiniones vertidas por los señores diputados.
Para nosotros ha sido un orgullo trabajar con usted y le deseamos que le vaya muy bien como secretario general de la OEA, y quedamos siempre a su disposición. 
Tiene la palabra, señor ministro.
El señor INSULZA (ministro del Interior).- Señor Presidente, como corresponde al término de la discusión de un proyecto importante, solicité la palabra para agradecer a la Cámara por el esfuerzo realizado y esperar que el trabajo que falta, donde todavía se puede mejorar más esta reforma constitucional, se haga pronto y de la manera más adecuada. Sin embargo, las palabras de ustedes me impiden seguir refiriéndome a la reforma. 
Sólo quiero decir que para mí ha sido un orgullo trabajar con cada una de las señoras diputadas y de los señores diputados durante estos años. 
El Congreso es, por definición, la institución fundamental de la democracia. En todo gobierno debe existir un poder ejecutivo y una judicatura que dirima los problemas entre las personas y entre las instituciones, pero sólo en el gobierno democrático existe un parlamento libre, representativo de las corrientes políticas, en el cual se llevan adelante los debates fundamentales de la democracia. 
Por eso es tan importante para engrandecer cada vez más la función del parlamento chileno. Si en algo contribuí a eso, es gracias al esfuerzo de todos ustedes, y estoy dispuesto a seguir haciéndolo.
Nuestro Congreso ha brindado a Chile grandes satisfacciones y grandes hitos legislativos, y estoy seguro de que lo seguirá haciendo.
En cuanto a mí, como ya lo he dicho, siento que mi partida es sólo transitoria. Espero retornar a Chile para seguir en la política, que es lo que siempre he hecho, orientado siempre por la idea de que los políticos estamos para resolver los problemas de la gente y no para creárselos, porque la política es una actividad eminentemente constructiva y noble, desinteresada, esforzada e indispensable en todo país. Sé que estamos todos juntos en esto. 
Por ello, esta noche, en que hemos aprobado cosas tan importantes y, como corresponde a una democracia, también discrepado, agradezco su colaboración y les deseo de corazón el mayor de los éxitos a todos los diputados y diputadas. 
Que Dios los bendiga, y que tengan siempre mucho éxito en todas las empresas y tareas que emprendan.
Muchas gracias.
Aplausos.


IMPUESTO ESPECÍFICO A LA ACTIVIDAD MINERA. Tercer trámite constitucional.

El señor ASCENCIO (Presidente).- Corresponde conocer las modificaciones del Senado al proyecto, originado en mensaje, que establece un impuesto específico a la actividad minera, con urgencia calificada de “discusión inmediata”.
Antecedentes:
Modificaciones del Senado, boletín Nº 377208. Documentos de la Cuenta Nº 4, de esta sesión.
El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, pido la palabra.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra su señoría.
El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, pido votación separada de la modificación introducida al artículo 2º.
El señor ASCENCIO (Presidente).- La Mesa ha tomado nota de su petición, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado señor Cristián Leay.
El señor LEAY.- Señor Presidente, quiero destacar cuatro puntos fundamentales del proyecto.
En primer lugar, deseo manifestar mi beneplácito por el tratamiento que da a la pequeña y mediana minería, aspecto largamente discutido en la Cámara de Diputados. De hecho, la mayoría de los integrantes de la Comisión de Minería presentamos indicaciones sobre esta materia, pero, lamentablemente, no hubo disposición del Ejecutivo ni los diputados de la Concertación hicieron el esfuerzo necesario para lograr un acuerdo que beneficiara directamente a los pequeños y medianos mineros, mediante una mayor exención del pago del impuesto minero.
Me parece bien lo que ha hecho el Senado, pues ratifica lo pedido por la Cámara, de manera que apoyaremos dicha fórmula.
En segundo lugar, me parece bien la modificación al artículo 11 ter, sobre una nueva invariabilidad tributaria, en la cual se incluyen las regalías, porque con ello se otorga seguridad jurídica en cuanto a que a futuro no habrá un cambio en las reglas del juego, lo que permitirá dar una señal clara a los inversionistas de que están en un país serio, en el que se respetan los compromisos. De esa manera estamos invitando a los inversionistas, porque las reglas del juego no son cambiadas de la noche a la mañana.
El proyecto señala una invariabilidad para los inversionistas por quince años, en virtud de lo que acordamos.
Sin embargo, no estoy de acuerdo con el tratamiento igualitario que se da a la minería metálica y no metálica, porque son dos minerías absolutamente distintas.
En el Senado se presentó una buena indicación, que fue aprobada en su Comisión de Minería, pero que, lamentablemente, se rechazó en la Sala. Se pretendía dejar para otro proyecto, y no incluir a la minería no metálica en el tratamiento de esta regalía minera. Me parece lamentable la actitud del Ejecutivo en esta materia, pues no hay un tratamiento igualitario y se está discriminando en contra de la minería no metálica, lo cual, en definitiva, puede ser de alto costo para el país. Lamento que los ministerios de Minería y de Hacienda no hayan acogido la opinión mayoritaria del Congreso Nacional en esta materia.
Quiero reiterar el planteamiento que he hecho desde que tratamos el primer proyecto hasta la fecha: no se señala el destino de los recursos que se recauden, los que irán a fondos generales de la nación. El Ejecutivo se comprometió a crear el Fondo de Innovación Tecnológica para destinarlo a ese objetivo.
Nuevamente quiero hacer presente el clamor de las zonas mineras, en el sentido de que parte de esos recursos no digo el ciento por ciento, pero sí un 15 ó 20 por ciento quede en las regiones mineras, con el objeto de desarrollar obras de infraestructura, no sólo para suplir el déficit en esta área, sino también para mirar hacia el futuro. 
Estamos hablando de recursos no renovables. Si bien no existen minerales en extinción, cualquier yacimiento minero tiene una fecha de vencimiento. Debemos hacer inversiones en los nuevos polos de desarrollo de las regiones. 
En la Segunda Región, por ejemplo, se debe invertir en turismo y comercio exterior; mirar hacia el Asia Pacífico, los clusters mineros y los corredores bioceánicos. Para todo eso se necesita infraestructura, medios y energía.
Lamentablemente, el Gobierno sigue con su postura de crear el Fondo de Innovación Tecnológica. No discrepo de que exista, pero voy a insistir en que se destinen más recursos a las regiones para suplir sus carencias y en que haya un buen manejo de los recursos.
Estoy en absoluto desacuerdo con la inequidad que hay respecto de tierras con gran riqueza, pero donde se vive con gran pobreza. Debemos romper esa inequidad en la distribución de los recursos y este proyecto nos da una buena oportunidad de hacerlo, pues permitiría focalizar los recursos y hacer las cosas correctamente.
El Gobierno no sólo se debe preocupar de terminar la construcción de súper carreteras en Santiago y de las líneas 15 ó 20 del Metro en el futuro, sino de impulsar el desarrollo de las regiones y de ciudades como Calama, donde se encuentra el principal yacimiento minero de cobre del mundo, pero que tiene más del 50 por ciento de sus calles sin pavimentar. Eso es muestra de la inequidad que ha existido en la distribución de los recursos. 
Por lo tanto, seguiré insistiendo, en forma categórica, que no estaré dispuesto a aprobar la creación del Fondo de Innovación Tecnológica si no se otorgan recursos frescos para infraestructura y así romper la inequidad con las regiones.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero subrayar la importancia de aprobar la reforma tributaria que tiene una connotación de royalty por tratarse de un impuesto a las utilidades operacionales de las empresas, que busca gravar la explotación de los recursos naturales no renovables. Me parece muy importante que el proyecto mantenga el concepto de que las empresas tengan que pagar por la utilización de la materia prima no renovable, porque si no se cobra, no le estamos dando valor económico. Con la concesión se entrega la explotación de los recursos naturales no renovables, pero y quedó zanjado en el debate constitucional en el Senado y en la propia Comisión de Minería de la Cámara de Diputados en su momento, con la presencia de dos constitucionalistas de dos sectores distintos, que coincidieron respecto del tema, se le está dando valor económico, por ejemplo, al cobre, al oro y a la plata que se entregan en concesión y no en dominio. Hay que tener presente que esos recursos no se reponen, y cuando se agotan los habitantes de la zona donde se ubicaban son los afectados.
En segundo lugar, veo con beneplácito el acuerdo logrado y sobre el cual trabajamos intensamente respecto de la mediana minería.
Junto con los diputados señores Cristián Leay y Carlos Vilches, propusimos una indicación para que la mediana minería quedara integralmente fuera, sobre la base de que la empresa que produjera 60 mil toneladas de cobre fino no quedaría afecta a este impuesto. Quiero manifestar a los señores diputados porque no siempre se conocen las cifras que se facturan en la minería que cuando hablamos de 60 mil toneladas de cobre fino, nos referimos a 180 millones de dólares de facturación, es decir, no se trata de pequeñas sino que de grandes empresas.
Hemos llegado a un acuerdo satisfactorio, pues por la producción de entre 12 y 15 mil toneladas de cobre fino no se paga, y de ahí en adelante se paga escalonadamente. El 10 por ciento que paga una empresa que produce hasta 30 mil toneladas métricas de cobre fino, constituye un porcentaje razonable, y el escalonamiento margina del pago a gran parte de las medianas empresas. En el alegato que sostuvimos dijimos dos cosas fundamentales: primero, las medianas empresas pagan el impuesto a la renta y, segundo, generan empleo en las regiones mineras.
En tercer lugar, no me parece adecuada la manera en que se ha incorporado la palabra “regalía” dentro de las condiciones de invariabilidad tributaria. En la Cámara de Diputados aprobamos algo distinto, y si se vota separadamente me voy a abstener o voy a votar en contra, pero no daré mi aprobación a la incorporación del término “regalía”.
Quiero señalar, con mucha claridad, que eso tiene que ver con los viejos proyectos, pero es posible que a futuro el Congreso Nacional abra debate respecto de una regalía para los nuevos proyectos mineros, es decir, este artículo amarra a los proyectos que hoy ingresen en esta invariabilidad tributaria de 12 años y no a los nuevos proyectos. En eso quiero ser muy claro, para que en la historia fidedigna de la ley quede constancia de este planteamiento.
Debo señalar que una condición para aprobar este proyecto ha sido que parte de los fondos se destinen a las regiones, en particular las mineras. Existe el compromiso del ministro de Hacienda de mandar la indicación a la iniciativa sobre fondos de innovación tecnológica, para dejar 10 por ciento en regiones, 20 por ciento en las regiones mineras y distribuir equitativamente el 70 por ciento del fondo nacional para las comunas más pobres del país, que más innovación tecnológica, más desarrollo científico y más formación de profesionales requieran.
El Partido por la Democracia votará favorablemente el proyecto. De alguna manera, éste es un momento histórico, porque, por primera vez en la historia de Chile, país minero, vamos a tener un tipo de regalía que no es el royalty tradicional que hubiéramos querido, pero que, sin duda, constituye un paso adelante en la obtención de mayor participación en el negocio minero en beneficio de la mayoría de los chilenos.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES.- Señor Presidente, la modificación a la ley de impuesto a la renta fue el camino que eligió el Ejecutivo para cobrar una compensación por la explotación de los recursos naturales no renovables, iniciativa que debe ser aprobada por la Sala de la Cámara de Diputados. Es una forma para que la explotación del recurso minero compense, en primer lugar, a las regiones mineras y, en segundo lugar, al resto del país.
Sin duda, el impuesto específico a la renta operacional de la actividad minera es un aporte. Con su recaudación se creará un fondo de innovación tecnológica, proyecto que está en el Senado, y espero que los señores ministros presentes se comprometan a que, en breve plazo, no más allá de un par de meses, pueda ser aprobado con las indicaciones ya conversadas. 
De esos recursos, un 20 por ciento irá a las regiones mineras para innovación tecnológica. Las regiones, con la participación de las universidades y corporaciones locales, públicas y privadas decidirán en qué proyectos se invertirán.
El monto de lo recaudado será de entre 180 a 200 millones de dólares si se considera el actual nivel de precios. El impuesto específico se aplicará a toda la minería, tanto a la metálica, a la no metálica, como a la ferrosa.
Las modificaciones introducidas en el Senado son buenas, mejoran el proyecto, pero quiero señalar una vez más que la Cámara de Diputados se ha transformado en un buzón. Trabajamos, obtenemos los proyectos y después las negociaciones y arreglos se hacen en el Senado. Me parece muy injusto. En la Cámara de Diputados y específicamente en la Comisión, propusimos un nivel más alto de línea de corte para las empresas afectadas. Con el diputado Mario Bertolino planteamos escalar entre 12 mil y 50 mil toneladas de cobre fino.
Esa escala permite que las empresas medianas paguen un mínimo. Siete u ocho no quedan afectas a éste gravamen y aquellas cuyas ventas anuales sean iguales o inferiores a 50 mil toneladas métricas de cobre fino y superiores al valor equivalente a 12 mil toneladas métricas de cobre fino van a pagar escalonadamente entre el 0,5 y 4,5 por ciento.
No se hizo diferencia entre la minería metálica y la no metálica. El diputado Cristián Leay muy bien señaló que esperábamos que quedara establecido en la ley el porcentaje del impuesto específico para la minería no metálica.
El Ejecutivo ha explicado que se va a pagar menos, un quinto, porque el negocio de la minería no metálica es de menor rentabilidad. En el proyecto original del royalty se hablaba de un tercio. Como lo es en el pago de las patentes: las metálicas pagan uno y las otras un tercio del valor por las mismas hectáreas.
Recomiendo aprobar el proyecto. Creo que si así fuere, será un día histórico para el país, pues la explotación de los recursos naturales no renovables será más digna.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet hasta por cinco minutos.
El señor MULET.- Señor Presidente, estamos en la etapa final de la tramitación del proyecto de ley que establece un impuesto específico a la renta operacional de la actividad minera obtenida por un explotador minero, que veníamos discutiendo desde el año pasado. Es un gran avance para quienes hemos luchado durante muchos años por captar más rentas, fundamentalmente de la gran minería. La obligación tributaria que se establece para las empresas mineras que producen más de 50 mil toneladas métricas de cobre fino al año asciende al 5 por ciento, en algunas circunstancias al 4 por ciento, según explicita en el proyecto.
La fórmula que está en discusión era el único camino posible para avanzar, dado el actual marco de los acuerdos políticos.
Sin duda, es un progreso captar 200 millones de dólares más desde la gran minería. A muchos nos habría gustado un porcentaje mayor, un royalty puro, una obligación al dueño o propietario de la concesión minera, pero la política es el arte de lo posible y hoy se ha logrado un avance sustantivo. 
La negociación que se hizo y que recoge este tercer trámite constitucional excluye del pago de royalty a algunos medianos mineros y para otros establece el royalty escalonado, mucho más pequeño, lo que va en el sentido correcto.
Cuando discutimos el proyecto hace algunas semanas más de cuarenta diputados presentamos una indicación para excluir del pago del royalty a la mediana minería. Nos interesaba no dejar afectos a dicho pago a quienes estaban dando cumplimiento estricto, como cualquier empresa minera, al entero de sus tributos. Queríamos apuntar a las grandes empresas que, acogiéndose a una serie de instrumentos legales que le otorga nuestra institucionalidad, prácticamente no han pagado impuestos, y si lo han hecho, su monto ha sido muy bajo.
La exclusión de la mediana minería del pago del impuesto en la forma que se establece, hace más justo el proyecto. La iniciativa busca captar más renta de la gran minería, especialmente de aquellos que no han contribuido suficientemente al país.
La explotación de recursos naturales, en este caso, mineros no renovables, indudablemente justifica el establecimiento de este impuesto específico en esta área de la economía, en esta actividad y no en otra. No se trata de establecer impuestos por establecerlos, sino que de una u otra forma se pague por un recurso no renovable que pertenece a todos los chilenos, como lo son los que están en yacimientos mineros en nuestro país. 
La aprobación de este proyecto no va a ser obstáculo para que se establezca un verdadero royalty a nuevos proyectos mineros, para captar más renta, especialmente de los nuevos proyectos. En el futuro, no será obstáculo discutir en el Congreso Nacional distintas iniciativas, como lo hicimos durante 2004 y en el presente año, como las que terminan hoy en este proyecto.
Creo que es un buen acuerdo el compromiso del Ejecutivo, en el sentido de establecer que aproximadamente un 30 por ciento de esos recursos vayan a regiones, en particular a las mineras. Es un paso importante para regiones como la de Atacama, que tengo el honor de representar en la Cámara de Diputados.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Para finalizar la discusión, tiene la palabra el diputado señor Camilo Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, no podemos sino expresar nuestra satisfacción por la tramitación de este proyecto. Sin embargo, creo necesario recordar que la iniciativa es el resultado de un esfuerzo realizado para su consecución. En ese sentido, deseo subrayar el empeño que pusieron quienes la gestaron, en el caso de nuestra bancada, los diputados señores Juan Pablo Letelier y Francisco Encina. 
Asimismo, independientemente de las vicisitudes judiciales en que se encuentra involucrado, considero pertinente reconocer el esfuerzo que en esta materia jugó el senador Lavandero, así como la senadora Carmen Frei y el senador Ricardo Núñez, quienes propusieron las primeras iniciativas legales en este sentido. 
Cuando estamos a punto de coronar este objetivo con la aprobación de las modificaciones del Senado, no es malo recordar que el proyecto recorrió un camino en el que hubo gente que, con mucho esfuerzo, perseverancia y tenacidad, abrió paso finalmente al acuerdo nacional que hoy existe en relación con la materia. En el caso de la Cámara de Diputados, es necesario destacar el rol que jugaron los diputados Vilches y Leal, quienes, no obstante pertenecer a distintas bancadas e, incluso más, actuando por sobre los alineamientos entre Gobierno y Oposición, fueron actores muy importantes para abrir paso en materia de formar conciencia en relación con que los recursos naturales, en especial el cobre, son de propiedad de todos los chilenos. Así lo estableció la nacionalización del cobre, en 1971, e incluso la propia Constitución de 1980. En efecto, al interior del propio régimen militar se produjo una discusión sobre la materia y se actuó en la forma indicada. En ese sentido, debemos recordar que personeros del régimen militar, como los generales Gastón Frez y Luis Danus, jugaron un rol muy importante a la hora de establecer que los recursos del subsuelo son de propiedad de todos los chilenos, lo que determinó que quedaran como propiedad del Estado de Chile, el que ahora, por la vía de este proyecto de ley, podrá hacer uso del derecho de cobrar un impuesto específico por la explotación de esos recursos no renovables.
En consecuencia, la bancada socialista va a votar a favor, independientemente de expresar su reserva en relación con la modificación del Senado al artículo 2º, específicamente por la inclusión de la última frase, luego del término “nuevo tributo,”. 
Cedo el resto de mi tiempo al diputado señor Alberto Robles.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Robles por el tiempo que resta al Comité Socialista y Radical.
El señor ROBLES.- Señor Presidente, estamos satisfechos de que en las modificaciones del Senado, tal como lo solicitamos en la Cámara, se haya incorporado un impuesto variable para la mediana minería, en particular para los explotadores mineros cuyas ventas anuales sean superiores al valor equivalente a 12 mil e iguales o inferiores 50 mil toneladas métricas de cobre fino.
En verdad, eso nos complace, porque de una u otra manera, se hace fuerza donde los empresarios mineros chilenos que representan a la mediana minería siempre han estado pagando sus impuestos.
También quiero dejar en claro que nuestra bancada no está de acuerdo con la modificación al artículo 2º que incorpora la frase “incluidas las regalías...”, porque eso es lo que hace mucho tiempo hemos estado buscando como país. Los chilenos debemos y podemos tener regalías para nuestros minerales, porque en palabras castizas, eso es el royalty. Por lo tanto, si eliminamos la posibilidad de cobrar regalías en el futuro, como Estado, no vamos a poder cobrar royalty. En ese sentido, la bancada radical se opone a que, posteriormente, nuestro país no pueda tener regalías para su cobre y, en general, para sus minerales.
Para terminar, sólo quiero agregar que el Partido Redical seguirá trabajando y luchando para que no exista concesionabilidad del cobre, es decir, para que el cobre sea chileno, para que las empresas de la gran minería del cobre no evadan tributos y para fortalecer la fiscalización y regulación que Cochilco debe realizar en estas materias.
He dicho. 
El señor ASCENCIO (Presidente).- Cerrado el debate.
Corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que establece un impuesto específico a la actividad minera, con excepción de las recaídas en el artículo 2º, respecto de las cuales se ha pedido votación separada.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 98 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención. 
El señor ASCENCIO (Presidente).- Aprobadas.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Bayo, Burgos, Bustos, 
Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Díaz, Dittborn, Egaña, Encina, Errázuriz, Escalona, Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), GarcíaHuidobro, Girardi, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kast, Leal, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Longueira, Lorenzini, Martínez, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Meza, Molina, Monckeberg, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Salaberry, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Varela, Venegas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.
Votó por la negativa la diputada señora Ibáñez (doña Carmen).
Se abstuvo el diputado señor Bertolino.
El señor ASCENCIO (Presidente).- En votación las enmiendas al artículo 2º.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 92 votos; por la negativa, 10 votos. Hubo 2 abstenciones. 
El señor ASCENCIO (Presidente).- Aprobadas.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi, Alvarado, Álvarez, Allende (doña Isabel), Ascencio, Barros, Bauer, 
Bayo, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi (doña María Angélica), 
Cubillos (doña Marcela), Díaz, Dittborn, Egaña, Encina, Errázuriz, Escalona, Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), GarcíaHuidobro, Girardi, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, 
Hernández, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jeama Barrueto, Kast, Kuschel, Leay, Letelier (don Felipe), Longton, Longueira, Luksic, Martínez, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Molina, Monckeberg, Montes, Muñoz (don Pedro), Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Riveros, Rojas, Rossi, Saa (doña María 
Antonieta), Salaberry, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Varela, Vidal (doña Ximena), Vilches, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aguiló, Jarpa, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Meza, Mulet, Muñoz (doña 
Adriana), Navarro, Robles y Venegas.
Se abstuvieron los diputados señores:
Araya y Lorenzini.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Despachado el proyecto.
(Aplausos).
Tiene la palabra el ministro de Hacienda, señor Nicolás Eyzaguirre.
El señor EYZAGUIRRE (ministro de Hacienda).- Señor Presidente, simplemente quiero expresar el agradecimiento del Gobierno.
Este proyecto ha sido largamente debatido y sobre él hemos tenido coincidencias y disidencias. Pero, al final, el resultado ha sido mejor, porque un respaldo tan masivo presenta una cara unida del país ante los inversionistas internacionales, lo que ecuaciona mejor la necesidad de recursos que tenemos para mejorar la igualdad de oportunidades de los chilenos con la atracción de esos inversionistas.
Aplausos.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra el ministro de Minería, señor Alfonso Dulanto.
El señor DULANTO (ministro de Minería).- Señor Presidente, me sumo a las palabras del ministro de Hacienda.
Sólo quiero recalcar que el aporte de la Cámara de Diputados en la aprobación del proyecto fue fundamental. Es importante destacar que las indicaciones respecto de las posibles excepciones que pudiera haber habido a raíz del tema de la mediana minería se presentaron en esta Cámara, por lo que su aporte fue trascendental en la elaboración y en la aprobación del proyecto.
En consecuencia, quiero entregarles mi agradecimiento, como minero y como ministro de Minería.
Muchas gracias.
Aplausos.
El señor ASCENCIO (Presidente).- Si le parece a la Sala, suspendemos el tiempo de proyectos de acuerdo e Incidentes.
Acordado.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.

Se levantó la sesión a las 22.17 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.