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El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Bustos.
El señor BUSTOS.-
Señor Presidente, esta reforma es ciertamente la más trascendental que ha vivido el país en las últimas décadas. Tiene por objeto claramente una nueva Constitución y configura al Congreso Nacional como un poder constituyente, tal como lo señaló el diputado Zarko Luksic. Es decir, implica un cambio radical de un modelo político autoritario, producto de una mentalidad dictatorial que gobernó Chile durante su época más trágica y horrorosa. Por consiguiente, es un cambio hacia la democratización, con el objeto de que no quede dentro de nuestro sistema ningún enclave autoritario ni atisbo de lo que pensó el dictador para el país.
Reitero: esta reforma es la más profunda que se ha llevado a cabo en el último tiempo, sin perjuicio de que todavía quedan algunos aspectos importantes que deberían desarrollarse en el futuro.
En primer lugar, se hace un conjunto de reformas democratizadoras fundamentales. Se eliminan a los senadores designados y vitalicios, con el objeto de que sea el pueblo quien elija a todos los diputados y senadores y, por tanto, que no haya personas nombradas a espalda de la ciudadanía.
Se establece la facultad del Presidente de la República para remover a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y al general director de Carabineros. Las autoridades militares están al servicio y bajo las autoridades de carácter civil. Es decir, se dispone la subordinación de las autoridades militares, como debe ser en cualquier estado de derecho y país democrático.
Se reduce el Consejo Nacional de Seguridad a un órgano simplemente consultivo, porque no puede haber ningún organismo más allá de la voluntad soberana de la ciudadanía.
Lamentablemente, ha quedado fuera de la Constitución el sistema binominal y los temas electorales han quedado entregados a la ley orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios. Para nosotros era indispensable que en la Constitución se estableciera el marco fundamental al que debe referirse dicha ley, esto es, la instalación de un sistema de carácter proporcional, con el objeto de que todas las fuerzas sociales y políticas existentes en el país pudiesen tener la representación que les corresponde, y no de un sistema binominal que restringe la democracia al no permitir la expresión de todas las fuerzas políticas en el Congreso.
Por eso aprobamos una disposición para que en las elecciones de diputados y de senadores se emplee un procedimiento que dé como resultado una efectiva proporcionalidad en la representación popular. De esa manera, estimamos que dentro de la Constitución queda establecido el marco en el que debe moverse la ley orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios. Lamentablemente, sabemos que esto fue aprobado por todos los miembros de la Concertación que integran la Comisión, con los votos en contra de los de la Alianza, y que no tendremos el quórum necesario, porque este conglomerado político no quiere la efectiva democratización del país; no quiere que todas las fuerzas políticas estén representadas en el Congreso.
En ese mismo sentido hemos planteado la convocatoria a plebiscito, de modo que el Presidente de la República podrá consultar a la ciudadanía mediante ese mecanismo en caso de que una de las cámaras rechazare en general un proyecto de reforma constitucional, iniciado en mensaje y que la otra hubiere aprobado, como es lo propio en un estado de derecho.
También, desde una perspectiva democratizadora y de la pluralidad de un sistema democrático, hemos aprobado, por la mayoría de la Comisión, con los votos en contra de los diputados de la Alianza que la integran, el reconocimiento de los pueblos indígenas, con todos sus derechos. Sabemos que la Alianza no quiere la diversidad en nuestra nación; no quiere la pluralidad de culturas; no quiere el reconocimiento de las diferentes etnias y de los pueblos originarios. Pero denunciamos a la Alianza, tal como lo hicimos respecto del sistema binominal y de la democratización efectiva del sistema político.
Por otra parte, ha habido profundas reformas que implican la modernización institucional del país. La labor fiscalizadora de la Cámara de Diputados ha sido fundamental. Pero hasta el momento, esta función ha sido una simple práctica y, muchas veces, perniciosa para su prestigio, porque no está regulada. Por eso, mediante la reforma, en la Constitución Política se establecen en forma clara y precisa las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados, la conformación de las comisiones investigadoras y la interpelación a los ministros respecto de temas específicos.
Igualmente importante es lo referido a la modernización del Tribunal Constitucional, de manera que tenga las facultades propias de este tipo de institución existente en todos los estados de derecho, tanto latinoamericanos como europeos, entre ellas, pronunciarse sobre la inaplicabilidad de la ley, facultad que ahora recae en la Corte Suprema, erga omnes, es decir, como un recurso de inconstitucionalidad. En forma clara hemos establecido que el tribunal conocerá estos asuntos en sala, la cual adoptará sus acuerdos por simple mayoría.
Por otro lado, desde el punto de vista de su conformación, dicho tribunal estará constituido sobre la base de la decisión de los tres poderes del Estado en forma equilibrada. De esa manera, sólo podrán ser miembros del Tribunal Constitucional abogados, con la calificación correspondiente, nombrados por la Corte Suprema, por el Presidente de la República y por el Congreso Nacional, pero en forma equitativa entre ambas cámaras, porque ambas conforman el Poder Legislativo y, por tanto, las dos deben participar en el nombramiento de sus integrantes.
También se ha introducido una serie de reformas fundamentales en relación con los derechos establecidos en el artículo 19 de la Constitución posteriormente, el diputado Carlos Montes se referirá a ellas en forma expresa, como el recurso de protección respecto del derecho a la educación, la derogación del delito de difamación en lo relativo a la vida privada y el establecimiento por ley de una protección efectiva a la vida privada.
Se ha fortalecido el rol de la Cámara de Diputados. Su presidente integrará el Cosena y, en caso de vacancia del cargo de Presidente de la República, tendrá preferencia en el orden de prelación respecto del presidente de la Corte Suprema.
Por último, se ha hecho una serie de reformas formales para sustituir términos que todavía se contemplan en la Constitución, como “procesado”, ahora obsoleto, que no están de acuerdo con la reforma procesal penal.
En definitiva, se ha realizado una reforma integral de las disposiciones de la Carta Fundamental. Por lo tanto, tenemos pleno derecho a decir que hoy contamos con una nueva Constitución y que ha desaparecido para siempre la de 1980, del dictador Augusto Pinochet.
He dicho.
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