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El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra la diputada señora María Pía Guzmán.
La señora GUZMÁN (doña María Pía).-
Señor Presidente, creo que debemos felicitarnos, porque hemos llegado a un gran acuerdo, posterior al de 1989.
Quiero decir al diputado señor Leal que estoy consciente de que faltan muchas cosas, pero respecto de todas las observaciones que acaba de señalar, referidas a regionalización, autonomía de las comunas y otras, estaba absolutamente dispuesta para que su señoría hubiera presentado todas las indicaciones del caso en la Comisión de Constitución.
El señor LEAL.-
¡Fueron presentadas, pero se rechazaron!
El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Ruego a la diputada señora María Pía Guzmán dirigirse a la Mesa, para evitar debates.
Puede continuar con el uso de la palabra su señoría.
La señora GUZMÁN (doña María Pía).-
Señor Presidente, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia trató de hacer un trabajo serio y en el menor tiempo posible. Es importante dejar constancia de que mientras este proyecto estuvo cinco años en el Senado, la Comisión de Constitución ha tenido que trabajar en dos meses. De hecho, hace una hora atrás todavía estábamos dando los último toques para lograr este acuerdo.
Lo primero que debo señalar es que hemos trabajado sobre la base del acuerdo político del Senado, y lo más importante es mantenerlo, porque terminar con la institución de los senadores designados y vitalicios ha sido el anhelo de muchos militantes de Renovación Nacional, desde hace muchos años.
Por otro lado, es un avance la remoción de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas por el Presidente de la República. Como se dijo, es propio de un sistema democrático.
También hemos avanzado en materia de nacionalidad y ciudadanía.
La diputada Allende señaló que no se había avanzado en cuanto a otorgar derecho a voto a los chilenos residentes en el extranjero. Quiero decirle que el hecho de que no estar de acuerdo con ella no significa que sea menos democrática.
Considero que cada persona tiene derecho a elegir a sus autoridades. Las personas son las que se benefician o perjudican con la elección de determinado Presidente de la República, senador o diputado. Somos quienes vivimos en Chile los que vamos a beneficiarnos o a perjudicarnos si elegimos a una buena o a una mala autoridad. Por lo tanto, es a nosotros a quienes nos corresponde decidir. Ésa es mi posición y la de muchas personas. En realidad, es una opinión bastante transversal.
Es importante dejar constancia de la norma transitoria propuesta por el ministro Insulza , relativa a que todo lo que tenga que ver con el sistema electoral y con el número de circunscripciones y de senadores se traslade de la Constitución Política a una ley orgánica constitucional, sin perjuicio de que se aumenta el quórum para aprobar determinadas materias. Creo que es un avance.
En estos momentos, no pediría cambiar el sistema electoral. Es posible revisarlo y llegar a un acuerdo, pero considero que en vísperas de una campaña presidencial y parlamentaria, resulta absolutamente irresponsable plantearlo, porque vamos a aprobar normas que tendrán que ver más con lo político contingente que con una Constitución Política que deberá regirnos por muchos años.
Quiero referirme a dos aspectos de la reforma que no se han destacado suficientemente.
En primer lugar, al artículo 8º, nuevo, que dispone que son públicos los actos de Gobierno y que sólo una ley de quórum calificado podrá establecer su secreto o reserva.
Hoy los problemas generados por la aplicación de la ley de probidad relacionados con la transparencia de los actos de Gobierno se deben a que cada servicio, incluso mediante un reglamento, puede decretar el secreto y la confidencialidad de los actos propios de sus funciones. Eso, obviamente, lleva a que nada sea transparente.
Ahora, queda establecido en términos muy amplios el principio de publicidad de los actos de los órganos del Estado.
En segundo lugar, respecto de los pueblos indígenas, estoy de acuerdo en que se debe proteger todo lo relacionado con sus tradiciones culturales. El Diccionario de la Lengua Española, más allá de lo que cada uno quiera entender, señala que pueblo es un grupo humano que se gobierna con autonomía. La palabra apropiada es etnia, que tiene que ver con una raza originaria. El diputado Francisco Bayo repuso una indicación para que sea ésta la palabra utilizada. De esa manera, estamos ciento por ciento de acuerdo con aprobar dicha norma. No queremos tener problemas a futuro respecto de la divisibilidad o unidad de la nación chilena.
Otro asunto que deseo plantear se refiere a la residencia de dos años en una región para ser diputado o senador.
Si queremos fortalecer la regionalización, como lo establece el artículo 3º, no podemos borrar con el codo lo que hemos escrito con la mano, porque lo que importa cada vez me doy más cuenta de ello para representar bien a un distrito o región es vivir ahí y estar cerca de la gente. Los cargos no sólo se ganan, también se sirven, y para servirlos bien hay que vivir en el distrito que uno representa.
También quiero destacar que hemos dado lugar a un gran segundo acuerdo político que tiene por objeto otorgar a la Cámara de Diputados ciertas facultades que siempre debió tener, de manera que no esté sometida al excesivo presidencialismo de nuestro sistema de gobierno que consagra la Constitución. Es así como el Presidente de la Cámara de Diputados formará parte del Consejo de Seguridad Nacional; la Cámara de Diputados será informada sobre la remoción de los comandantes en jefe; el Presidente de la Cámara subirá en la prelación de vacancia del Presidente de la República, y, quizás lo más importante, en el sistema de fiscalización se incorporará la obligación del Presidente de la República de responder, por la vía del ministro correspondiente, dentro de un plazo fatal de treinta días, todas las observaciones o acuerdos formulados por uno o más diputados. Más aún, podremos citar a los ministros, con el acuerdo si no me equivoco de un tercio de los diputados en ejercicio, todas las veces que sea necesario, con el objeto de que nos informen sobre algún problema contingente; no para pronunciar grandes discursos, como ocurre en las sesiones especiales, sino para que respondan preguntas sobre asuntos concretos que se indicarán en la convocatoria correspondiente y otras consultas que surjan durante la sesión. No más discursos, sino una “interpelación” aunque no al estilo inglés a los ministros para que respondan sobre los problemas contingentes más graves.
Por último, respecto de las urgencias, quiero dejar en claro que a Renovación Nacional le interesa muchísimo trabajar bien en la Cámara de Diputados, pero con el actual uso que se da a las urgencias no es posible hacerlo. Hay comisiones atiborradas de proyectos con urgencia y no se sabe por dónde comenzar, lo que genera gran desorden.
Corresponde, entonces se presentó una indicación en ese sentido que después fue modificada, pero aún hay problemas para llegar a un acuerdo, que si el Presidente de la República considera que un proyecto debe tramitarse con determinada urgencia, se lo haga saber a la Cámara, para que ésta lo califique y se llegue a un acuerdo. Es decir, se trata de que el sistema de urgencias opere a través de acuerdos entre la Cámara de Diputados y el Ejecutivo.
Tal como se lo señalé al ministro Insulza , esperamos que se nos den a conocer los proyectos de discusión inmediata. Lo que queremos es lograr acuerdos en materia de urgencias, de manera que las comisiones trabajen en forma ordenada y efectiva.
Se podrían decir muchas otras cosas más sobre esta reforma constitucional. Hemos trabajado arduamente y habríamos preferido tener más tiempo para su estudio. Aquí no ha habido una discusión de ideas; debemos recalcarlo. En dos meses aunque tuvimos tres largas sesiones cada semana no se puede hacer una discusión de fondo. Por ejemplo, sobre el Tribunal Constitucional, cuestión que no vamos a poder votar hoy, porque debemos llegar a acuerdo con el Senado; de lo contrario, cualquiera referencia al Tribunal Constitucional se nos caerá y quedaremos con lo que existe hoy día en que, incluso, hay miembros nombrados por el Cosena, y es obvio que no queremos eso. Por lo tanto, esa materia se sacó y habrá un informe complementario de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia respecto de ella.
Pero el problema más grave no dice relación sólo con su integración, sino con sus facultades. Una de ellas es la cuestión de constitucionalidad y la otra, el amparo extraordinario, temas respecto de los cuales no hemos discutido a fondo. Me alegro que vuelva a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y de que lo podamos revisar con los senadores, porque eso nos permitirá discutirlo con expertos y constitucionalistas, a fin de encontrar la mejor forma de que el Tribunal Constitucional, máxima instancia interpretativa de la Constitución, realice sus funciones en forma efectiva.
He dicho.
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