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El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, los temas de la reforma constitucional son muchos, y me hubiera gustado pronunciarme respecto de varios. Lamentablemente, las limitaciones de tiempo me lo impiden, por lo que sólo me referiré a uno: la modificación que introduce la letra b) al artículo 1º de la Constitución, que ha sido ampliamente debatida.
La reforma constitucional que otorga reconocimiento a los pueblos indígenas transgrede lo dispuesto en el artículo 34 de la denominada ley indígena, que señala en forma clara que no se pueden realizar reformas que tengan injerencia o relación con nuestros indígenas sin consulta a las organizaciones de dichos pueblos.
Por su parte, el artículo 7º del convenio 169 de la OIT señala que no es posible, sin consentimiento previo e informado de los pueblos, establecer reformas a la Constitución Política. Eso no lo hemos cumplido o lo hemos cumplido a medias.
Hemos recorrido un largo camino desde la aprobación de la llamada ley indígena para devolver a los pueblos originarios lo que siempre les perteneció.
Nos hemos empeñado en que el Estado les otorgue pan, pero con una sistemática negación de libertad. Le hemos entregado el programa Orígenes, la Conadi, el Mideplán, recursos del BID y del Fondo Indígena, pero no les hemos reconocido derechos especiales que les permitan llevar su propia forma de vida; tampoco hemos reconocido que usurpamos sus tierras. El informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato así lo establece, al igual que la devolución de las tierras, que ha sido importante, ha develado que nuestro Estado las había usurpado, por lo que tienen derecho a que les sean restituidas.
En materia de derechos políticos, aún falta reconocer que las autoridades de los pueblos indígenas, en los ámbitos de su competencia, puedan decidir situaciones de manera rápida y sencilla, de acuerdo con su cultura. La verdad es que hay una distancia entre esa cultura y la legislación a la que día a día intentamos que ellos adhieran.
Quiero señalar que el Poder Judicial ha sido cuestionado incluso por el relator de las Naciones Unidas, señor Rodolfo Stavenhagen , por el caso de los loncos Aniceto Norín y Pascual Pichún. Eso, desgraciadamente, continúa vigente. Ellos están detenidos, y el Ministerio Público y la reforma judicial han demostrado que hoy se discrimina a los indígenas. El Ministerio Público no logra dar plenas garantías dentro del estado de derecho para que ellos tengan justicia.
Muchos reclamamos sobre el sistema binominal; decimos que margina a los partidos políticos minoritarios. Sin embargo, con las minorías étnicas o llamados pueblos originarios ocurre lo mismo.
Hemos intentado hacer una propuesta mucho más completa, desde ya, muy diferente a la que ha planteado el diputado señor Eduardo Díaz , quien insiste, de manera majadera, en eliminar el concepto pueblo y reemplazarlo por etnia.
Esa discusión la hemos tenido con las propias comunidades. Es importante recordar que hemos intentado un texto, no autoritario ni retórico como son las mayorías de las Constituciones de América Latina, que son letra muerta, dentro de la prudencia, apelando a la conciencia en particular de los parlamentarios, que permita recoger ampliamente lo que hoy muchas comunidades han planteado o que las organizaciones con vida propia han señalado.
El reconocimiento del derecho a la tierra, al idioma propio o al multilingüismo, el establecimiento de normas sobre patrimonio cultural, el reconocimiento del carácter multicultural de la nación chilena, el reconocimiento a la generación de sus propias autoridades y el derecho de la participación son elementos clave.
Teniendo presente la generación de esta reforma y reconociendo que el concepto pueblo permite un avance, anuncio mi abstención sobre este artículo.
He dicho.
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