REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 352ª, EXTRAORDINARIA Sesión 24ª, en martes 30 de noviembre de 2004 (Ordinaria, de 11.13 a 15.25 horas) Presidencia de los señores Lorenzini Basso, don Pablo; Leal Labrín, don Antonio, y Ojeda Uribe, don Sergio. Presidencia accidental del señor Villouta Concha, don Edmundo. Secretario el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. ÍNDICE I.ASISTENCIA II.APERTURA DE LA SESIÓN III.ACTAS IV.CUENTA V.ACUERDOS DE COMITÉS VI.HOMENAJE VII.ORDEN DEL DÍA VIII.PROYECTOS DE ACUERDO IX.INCIDENTES X.DOCUMENTOS DE LA CUENTA XI.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL Pág. I.Asistencia8 II.Apertura de la sesión11 III.Actas11 IV.Cuenta11 V.Acuerdos de Comités11 Votación de renuncia de Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados12 VI.Homenaje. Homenaje en memoria del ex diputado y ex senador don Ramón Silva Ulloa12 Autorización a las Comisiones Unidas de Trabajo y Hacienda21 VII.Orden del Día. Adecuación de las comunas de Alto Hospicio, Hualpén, Alto Biobío, Cholchol, San Pedro de la Paz y Chiguayante a los territorios jurisdiccionales respectivos. Tercer trámite constitucional21 Facultades a las universidades estatales en materias financieras. Primer trámite constitucional23 VIII.Proyectos de acuerdo. Mandato a Comisión de Obras Públicas para investigar las causas del colapso y caída del puente Loncomilla. Preferencia47 Exención de derechos de importación a donaciones de insumos médicos y aparatos de apoyo a discapacitados y cambio en la normativa aplicable a establecimientos públicos de salud49 Cambio en norma que determina la edad pediátrica51 Evaluación periódica de conocimiento y utilización de la tecnología informática53 IX.Incidentes. Información sobre otorgamiento de visa de residencia a colombiano requerido por la justicia de su país. Aplicación del artículo 48 N° 1 de la Constitución. Oficio54 Aumento de funcionarios de Investigaciones y de Carabineros en la provincia de Biobío. Oficios56 Denuncia por solicitud de alcalde de Puerto Varas. Oficios56 Pág. Irregularidades en organismo técnico intermediario para capacitación. Oficios58 Medidas para solucionar eventual crisis energética. Oficio59 Modificación de la ley que establece normas para la plena integración social de personas con discapacidad. Oficio60 Construcción de acceso en población Ovejería Alto, Osorno. Oficio61 Desmalezamiento y cesión de predios de Corfo. Oficio62 Investigación de denuncia de pedofilia e información sobre medidas adoptadas al respecto por el Servicio Nacional de Menores de la Novena Región. Oficios62 Situación de la pequeña minería. Oficios63 X.Documentos de la Cuenta. Oficios de S. E. el Presidente de la República por los cuales hace presente la urgencia, con calificación de “suma”, para el despacho de los siguientes proyectos: 1.Convenio entre la República de Chile y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación a los impuestos a la renta y a las ganancias de capital, suscrito el 12 de julio de 2003, y las notas intercambiadas, en igual fecha y lugar relativas a dicho Convenio. (boletín N° 372310)65 2.Convenio entre las Repúblicas de Chile y de Croacia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación a los impuestos a la renta y su Protocolo, suscritos en el 24 de junio de 2003. (boletín N° 372410)65 3.Convenio entre la República de Chile y el Reino de Dinamarca para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación a los impuestos a la renta y al patrimonio, y su Protocolo, suscritos el 20 de septiembre de 2002, y las correcciones introducidas al párrafo 4°, del artículo 24, acordada por intercambio de notas de fechas 5 y 20 de noviembre de 2003. (boletín N° 372510)66 4.Oficio de S. E. el Presidente de la República por el cual hace presente la urgencia, con calificación de “discusión inmediata”, para el despacho el proyecto que crea asignación de estímulo y desempeño y proporciona normas sobre carrera funcionaria para los trabajadores de la Dirección del Trabajo. (boletín N° 372913)66 5.Oficio del honorable Senado por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto que modifica el Código Orgánico de Tribunales y la ley N° 18.776, incorporando las comunas de Alto Hospicio, Hualpén, Alto Bíobío, San Pedro de la Paz y Chiguayante a los territorios jurisdiccionales de los tribunales que indica. (boletín N° 370807)66 Pág. Oficios del honorable Senado mediante los cuales comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, los siguientes proyectos: 6.Otorga un reajuste de remuneraciones a las asignaciones familiar y maternal, del subsidio familiar y concede otros beneficios que indica. (boletín N° 372705)67 7.Acuerdo aprobatorio del Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los Estados Miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio, y sus Anexos, Apéndices, Protocolos y Notas, y los Acuerdos Complementarios sobre Comercio de Mercancías Agrícolas entre la República de Chile y la Confederación Suiza, el Reino de Noruega y la República de Islandia, y su Anexos y Apéndices, respectivamente. (boletín N° 357310)68 Oficios honorable Senado por los cuales comunica que ha aprobado la proposición de la Comisión constituida para resolver las divergencias producidas en la tramitación de los siguientes proyectos: 8.Modifica los decretos leyes números 2.460 y 1.487, con el objeto de establecer requisitos para el nombramiento del cargo de Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, de fijar la duración del mismo y de eliminar requisitos del cargo de Subsecretario de Investigaciones. (boletines N°s 264302; 326602; y 328802, refundidos)69 9.Sustituye la ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. (boletín N° 243920)69 10.Segundo informe de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana recaído en el proyecto, iniciado en moción, que precisa que la prohibición de asistir a espectáculos de fútbol profesional regirá desde la notificación de la respectiva sentencia. (boletín N° 352707)70 Informes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana recaídos en los siguientes proyectos de acuerdo: 11.Acuerdo básico de Cooperación Técnica, Científica y Tecnológica entre la República de Chile y el Gobierno de Rumania, suscrito en Santiago el 20 de noviembre de 1998. (boletín N° 369310)72 12.Acuerdo sobre Conservación de Albatros y Petreles, y sus Anexos 1 y 2, adoptados el 19 de junio de 2001, en Canberra, Australia. (boletín N° 365410)76 XI.Otros documentos de la Cuenta. 1.Comunicaciones: De los diputados señores Aguiló y Delmastro y de la Diputada señorita Saa quienes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicitan autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 20, 26 y 28 de noviembre en curso para dirigirse a Bélgica, Estados Unidos y Brasil, respectivamente. Contraloría General de la República Señor Recondo, investigación de los recursos usados en programa Apoyo a Fundación “Friedrich Ebert”. Señor Barros, procedencia consejero regional pueda realizar asesorías, obras y consultorías a través de licitaciones privadas. Señor Meza, contratos celebrados entre la municipalidad de Hualaihué y don Marcos Velásquez Mecías. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción Señor Navarro, condición actual del mercado de cecinas en los supermercados. Señor Ramón Pérez, modificación estatutos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Detallista Ltda. Ministerio de Hacienda Respuesta a proyecto de acuerdo 351, remuneraciones choferes de la salud pública de Chile. Señor Hidalgo, acceso puerto San Antonio. Señora Pérez, información sobre la negativa de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para investigar posibles ilícitos. Señor Monckeberg, información sobre la negativa de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para investigar posibles ilícitos. Ministerio de Educación Señor Navarro, monto de recursos destinados para el programa de becas indígenas. Señor Navarro, estadísticas de los últimos diez años en materia de denuncias sobre agresiones a profesores. Señor Bertolino, denuncias por abusos deshonestos en algún colegio de la provincia de Elqui. Señor Navarro, balances y memorias de las universidades privadas. Ministerio de Defensa Nacional Señor Villouta, requisitos exigidos a postulantes a escuelas de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. Señor Walker, aplicación de las leyes sobre abusos sexuales a menores. Ministerio del Trabajo y Previsión Social Señor Ramón Pérez, montos utilizados en capacitación en todo el país. Señor Mulet, pensión administrativa por gracia a don Juan Carvajal Miranda. Respuesta a proyecto de acuerdo 464A, solicitar al Ejecutivo perfeccionar los sistemas de asistencia jurídica gratuita de los trabajadores. Ministerio de Salud Señor Muñoz, veracidad de denuncia en relación con certificados de esterilidad exigido por aserradero de Paillaco. Señor Muñoz, porcentaje del personal en regiones extremas del país que haya hecho uso del derecho adicional de cinco días adicionales de feriado anual. Ministerio de Vivienda y Urbanismo Respuesta a proyecto de acuerdo 411, subsidio especial para infraestructuras sanitarias. Señor Navarro, informe sobre Plan Regional de Desarrollo Urbano y Territorial de la Octava Región. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Señor Muñoz, revisión técnica de vehículos en localidades de la Duodécima Región. Ministerio Secretaría General de la Presidencia Señor Muñoz, factibilidad de celebrar un convenio entre el Senama y el Sernac. Servicio Electoral Señor Alvarado, creación de junta inscriptora en localidad de Chumeldén, Décima Región. I. ASISTENCIA Asistieron los siguientes señores diputados: (97) --Accorsi Opazo, Enrique --Aguiló Melo, Sergio --Alvarado Andrade, Claudio --Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro --Álvarez Zenteno, Rodrigo --Allende Bussi, Isabel --Araya Guerrero, Pedro --Barros Montero, Ramón --Bayo Veloso, Francisco --Becker Alvear, Germán --Bertolino Rendic, Mario --Burgos Varela, Jorge --Bustos Ramírez, Juan --Caraball Martínez, Eliana --Cardemil Herrera, Alberto --Ceroni Fuentes, Guillermo --Cornejo Vidaurrazaga, Patricio --Correa De la Cerda, Sergio --Cristi Marfil, María Angélica --Cubillos Sigall, Marcela --Díaz Del Río, Eduardo --Dittborn Cordua, Julio --Egaña Respaldiza, Andrés --Encina Moriamez, Francisco --Errázuriz Eguiguren, Maximiano --Escalona Medina, Camilo --Espinoza Sandoval, Fidel --Forni Lobos, Marcelo --Galilea Carrillo, Pablo --Galilea Vidaurre, José Antonio --García García, René Manuel --García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro --Girardi Lavín, Guido --González Román, Rosa --González Torres, Rodrigo --Guzmán Mena, Pía --Hernández Hernández, Javier --Ibáñez Santa María, Gonzalo --Ibáñez Soto, Carmen --Jaramillo Becker, Enrique --Jarpa Wevar, Carlos Abel --Jeame Barrueto, Víctor --Kast Rist, José Antonio --Kuschel Silva, Carlos Ignacio --Leal Labrín, Antonio --Leay Morán, Cristián --Longton Guerrero, Arturo --Longueira Montes, Pablo --Lorenzini Basso, Pablo --Luksic Sandoval, Zarko --Melero Abaroa, Patricio --Mella Gajardo, María Eugenia --Meza Moncada, Fernando --Molina Sanhueza, Darío --Montes Cisternas, Carlos --Mora Longa, Waldo --Moreira Barros, Iván --Mulet Martínez, Jaime --Muñoz Aburto, Pedro --Muñoz D'Albora, Adriana --Ojeda Uribe, Sergio --Olivares Zepeda, Carlos --Ortiz Novoa, José Miguel --Paredes Fierro, Iván --Pérez Arriagada, José --Pérez Opazo, Ramón --Pérez San Martín, Lily --Pérez Varela, Víctor --Prieto Lorca, Pablo --Quintana Leal, Jaime --Recondo Lavanderos, Carlos --Riveros Marín, Edgardo --Robles Pantoja, Alberto --Rojas Molina, Manuel --Rossi Ciocca, Fulvio --Saffirio Suárez, Eduardo --Salaberry Soto, Felipe --Salas De la Fuente, Edmundo --Seguel Molina, Rodolfo --Silva Ortiz, Exequiel --Soto González, Laura --Tapia Martínez, Boris --Tarud Daccarett, Jorge --Tohá Morales, Carolina --Tuma Zedan, Eugenio --Ulloa Aguillón, Jorge --Uriarte Herrera, Gonzalo --Urrutia Bonilla, Ignacio --Valenzuela Van Treek, Esteban --Varela Herrera, Mario --Vargas Lyng, Alfonso --Venegas Rubio, Samuel --Vidal Lázaro, Ximena --Vilches Guzmán, Carlos --Villouta Concha, Edmundo --Von Mühlenbrock Zamora, Gastón --Walker Prieto, Patricio Con permiso constitucional no estuvieron presente los diputados, doña María Antonieta Saa y don Roberto Delmastro. Asistieron, además, los ministros de Relaciones Exteriores, don Ignacio Walker, y de Educación Pública, don Sergio Bitar. II. APERTURA DE LA SESIÓN Se abrió la sesión a las 11.13 horas. El señor LORENZINI (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. Saludamos al Secretario de la Corporación, quien, después de un breve período de ausencia por razones de salud, ha reasumido sus funciones. Bienvenido, don Carlos Loyola. Aplausos. III. ACTAS El señor LORENZINI (Presidente).- El acta de la sesión 18ª se declara aprobada. El acta de la sesión 19ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor LORENZINI (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a la Cuenta. El señor LOYOLA (Secretario) da lectura a la Cuenta. V. ACUERDOS DE COMITÉS El señor LORENZINI (Presidente).- Reunidos los jefes de los Comités parlamentarios, adoptaron los siguientes acuerdos: 1.Efectuar hoy, de 17.00 a 18.30 horas, la sesión programada para el jueves 2 de diciembre, de 14.30 a 17.00 horas. En ella se tratará el proyecto que precisa que la prohibición de asistir a espectáculos de fútbol profesional regirá desde la notificación de la respectiva sentencia; 2.Autorizar a las comisiones para que en esa ocasión sesionen simultáneamente con la Sala, y 3.Tratar en la sesión ordinaria del día miércoles 1º de diciembre el proyecto que regula el lobby. El cambio se acordó con el objeto de que asistan los ministros correspondientes, ya que en la tarde no disponían de tiempo. Recuerdo a los señores diputados que en la sesión especial del mismo día, citada de 21.00 a 23.00 horas, pedida por 41 señores diputados, se analizará “la situación de crisis por la que atraviesa la pesca artesanal a lo largo del país.” A esta sesión han sido invitados el ministro de Economía y el ministro secretario general de la Presidencia. También han sido invitados el subsecretario de Pesca, la directora ejecutiva de la Conama y el director ejecutivo del Ifop. El Presidente señor Lorenzini, saluda y da la bienvenida a los siguientes jóvenes seleccionados regionales del Concurso Nacional de Pintura “Chile, yo también participo”, realizado por la Cámara de Diputados y por el Ministerio de Educación: Jennifer Challapa, de Colchane; Cristián Ramírez Orozco, de Arica; Manuel Ignacio Orellana Pizarro, de Antofagasta; César Fernando Araya Alvarado, de María Elena; Felipe Andrés Acevedo Hermosilla, de Copiapó; Nataly Macarena Godoy Paredes, de Vallenar; Catalina Isabel Codoceo Alfaro, de Ovalle; Alberto Nicolás Alfaro Alcayaga, de La Serena; Manuel Navia Esquivel, de Valparaíso; Camila Gálvez Pulgar, de Villa Alemana; Michel Castro Zárate y Estefanía Arroyo Chacón, de Rengo; Héctor Eduardo Bravo Soto, de Linares; Victoria Paz Cuadra Orellana, de Curicó; Gonzalo Mora Núñez, de San Pedro de La Paz; Álvaro Ávila González, de Tomé; Oriela Alejandra Mellado Aguilera, de Traiguén; Marcelo Arturo Álvarez Abello, de Temuco; Constanza Matamala Bravo, de Osorno; José Octavio Zúñiga Núñez, de Puyuhuapi; Karina Bravo, de Coihaique; Felipe Hernández Lucero, de Puerto Natales; Victoria Elizabeth Otay Ríos, de Punta Arenas y Constanza del Rosario Piñones Silva y María Francisca González García, ambas de Ñuñoa, Santiago. Aplausos. VOTACIÓN DE RENUNCIA DE PRIMER VICEPRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. El señor LORENZINI (Presidente).- Corresponde pronunciarse sobre la renuncia presentada por el Primer Vicepresidente de esta Corporación, diputado señor Antonio Leal. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 29 votos; por la negativa, 6 votos. No hubo abstenciones. El señor LORENZINI (Presidente).- No hay quórum. Se va a repetir la votación. Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 32 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor LORENZINI (Presidente).- Nuevamente no hay quórum. Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos. Transcurrido el tiempo reglamentario: Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 25 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor LORENZINI (Presidente).- No se alcanzó el quórum requerido. Queda pendiente la votación. VI. HOMENAJE HOMENAJE EN MEMORIA DEL EX DIPUTADO Y EX SENADOR DON RAMÓN SILVA ULLOA. El señor LORENZINI (Presidente).- A continuación, corresponde rendir homenaje en memoria del ex diputado, ex senador y dirigente del cobre señor Ramón Silva Ulloa. En las tribunas nos acompañan sus hijas, Liliana y María Eugenia Silva Araníbar; la señora Carmen Lazo y los señores José Monares, Luciano Vásquez y Alfredo Hernández, en representación del Círculo de ex Parlamentarios de Chile; el vicepresidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, señor Bismarck Robles; la presidenta del Sindicato de Profesionales de Empleados Nº 1 de Codelco Norte, Chuquicamata, señora Mirta Moreno; familiares y amigos. En nombre del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Pedro Muñoz. El señor MUÑOZ (de pie).- Señor Presidente, señoras Liliana y María Eugenia Silva Araníbar, hijas de don Ramón Silva Ulloa; dirigentes de la Federación de Trabajadores del Cobre, ex parlamentarios y amigos de don Ramón Silva Ulloa, honorables colegas: Los partidos políticos y las instituciones cuentan en su historia con figuras señeras, hombres y mujeres que han dejado una huella imborrable por su carisma, capacidad y aporte a la colectividad y a la vida pública. Son personajes relevantes, líderes que marcan una impronta, que conducen a diversas generaciones, que aglutinan esfuerzos, que vencen obstáculos, que destacan por su aporte, cualquiera sea la tribuna o posición que detenten. Son personalidades fuertes, no exentas de polémica y de los avatares de la coyuntura, que generan gran adhesión y no pocas veces también cuotas de disidencia, pero respecto de los cuales la historia se encarga, acertadamente, de aquilatar sus logros, de reconocer su valía y de minimizar aquello poco relevante y que sólo queda a nivel de anécdota. La figura de estos hombres y mujeres suele agigantarse con el paso del tiempo y se van de entre nosotros en medio de un gran pesar y de un reconocimiento generalizado. Ramón Silva Ulloa fue uno de ellos, de esos hombres imprescindibles, de aquellos líderes de las causas urgentes, de los que postergan el yo por el nosotros, de los que aman entrañablemente a su tierra y a su gente al punto de entregar una vida a su servicio, sin buscar retribución alguna y sin mirar jamás la posición del otro. Tenaz, consecuente, luchador incansable y con una vocación de servicio público a toda prueba. Su trayectoria está ligada profundamente al socialismo chileno, a la dirigencia estudiantil y sindical, a la minería del cobre y sus trabajadores y a la labor parlamentaria. Nació en San Francisco de Limache, el 31 de agosto de 1914. Cursó sus estudios en el Instituto Superior de Comercio de Valparaíso, y en 1931 recibió el título de contador general. Es allí donde realiza sus primeras armas como dirigente, al ser elegido integrante del Centro de Alumnos. Son los años del primer gobierno del general Ibáñez, cuando en todo el país los estudiantes encabezaban la oposición al régimen. Siguiendo el ejemplo de la capital, en esta ciudad puerto se constituye la Federación de Estudiantes de Valparaíso, que agrupa a la sede local de la Universidad de Chile, al Instituto Superior de Comercio y a los dos liceos existentes. Silva Ulloa recordaría más tarde, respecto de esta época, que sus primeros discursos los pronunció en los cerros de Valparaíso y, más aún, que en mayo de 1931, en medio de ese fragor fue invitado a participar de las reuniones de la Juventud de la Nueva Acción Pública, NAP, una de las vertientes que en abril de 1933 confluiría en la fundación del Partido Socialista de Chile. “Fui socialista antes de que naciera el Partido”, le gustaba precisar. Con el mismo esfuerzo que demostraría toda su vida, al tiempo de estudiar y realizar actividades dirigenciales, a los 16 años iniciaba su vida laboral en una oficina de legislación tributaria para ayudar al sustento de su familia. Posteriormente, tan pronto culmina sus estudios busca obtener un trabajo más estable, el que consigue en la compañía minera Disputada de Las Condes. Allí se empieza a familiarizar con el esfuerzo y sacrificio de los mineros. Por ello, tras cuatro años en dicha empresa renuncia y se dirige al norte de Chile con la intención de conocer el país y, especialmente, las actividades extractivas, decisión que cambiaría radicalmente su vida. En Chuquicamata encuentra su tercer empleo en la Chile Exploration Company, empresa en la cual se incorporará, también, a la actividad gremial como miembro del Sindicato Profesional de Empleados. Estando allí, formará su familia y también recibirá el cariño, aprecio y adhesión de miles y miles de trabajadores como su representante en este Congreso Nacional. Don Ramón Silva Ulloa recuerda que la vida en el mineral era muy difícil, de mucho esfuerzo y remuneraciones muy bajas, sólo compensada, en parte, con el sistema de racionamiento de los productos de primera necesidad. Su innata condición de líder, su conciencia social y su vocación de servicio lo llevaron a trabajar en la organización de aquellos hombres para mejorar sus mínimas condiciones de vida y defender incansablemente sus derechos. Dicha labor comenzó de un modo modesto y acaso ingenuo, con la creación de un Círculo de Ajedrez en el Sindicato Profesional de Empleados. Con esa actividad de entretención, importante para hacer más llevadera la vida de tantos hombres cuya remuneración no alcanzaba para viajar habitualmente a Antofagasta o a otros centros poblados, fue ganando la confianza de sus compañeros. Sin embargo, vendrían desafíos mayores. Junto a otros profesionales consiguió información y se abocó a estudiar costos y a comparar las remuneraciones de los trabajadores chilenos con la de los funcionarios de la misma empresa en Estados Unidos, labor que culminó en la solicitud de un sueldo vital justo para todos y que terminó con la antigua escala de empleados y obreros. Fue el primer triunfo, al que se sumarían muchos más, ya que el señor Silva Ulloa fue dirigente durante 12 años. Primero fue secretario y luego presidente del Sindicato de Empleados, período en el cual, además del señalado, obtendría otro logro de gran importancia: la indemnización por años de servicio. Además, desempeñó el cargo de presidente del Comando Sindical de Trabajadores del Cobre de Chuquicamata y participó en la redacción de los estatutos de la Confederación Nacional de Trabajadores del Cobre de la que fue uno de sus fundadores. “Siempre he sostenido que si tuviera que comenzar de nuevo, no vacilaría ni un momento en ser dirigente sindical” escribió, al recordar esos años de arduo trabajo, pero también de muchos éxitos y satisfacciones. Su vida sindical en Chuquicamata culmina con su detención, en 1951, a raíz de una huelga de los paleros, cuando le fue aplicada la ley de Defensa de la Democracia. Tras permanecer privado de libertad en Iquique durante 46 días, es dejado en libertad, pero no es reincorporado a la empresa. La actividad sindical le dará gran prestigio entre sus compañeros de trabajo, la población del mineral y de la pampa nortina quienes, en 1950, lo elegirán regidor por Calama, y luego, siempre con las primeras mayorías, por cuatro períodos consecutivos, desde 1953 hasta 1969, como diputado por la provincia de Antofagasta. Posteriormente, ese mismo año, será elegido senador por la Primera Agrupación Provincial de Tarapacá y Antofagasta. Como parlamentario, don Ramón Silva Ulloa trabajó permanentemente en las comisiones de Hacienda y Mixta de Presupuesto, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Además, participó ocasionalmente en las comisiones de Asistencia MédicoSocial e Higiene, de Economía y Comercio, de Defensa Nacional, de Constitución, Legislación y Justicia; de Policía Interior y Reglamento y de Gobierno Interior del Senado de la República. Fue autor de numerosos proyectos que se convirtieron en leyes, como el de descanso dominical para empleados y obreros y el que estableció rebajas de pasajes en giras de estudios para estudiantes y docentes de establecimientos fiscales de zonas apartadas. De igual manera, intervino decididamente en la redacción de muchas otras normas que hasta hoy favorecen a los trabajadores, y en disposiciones tributarias y financieras destinadas a dejar en las regiones parte de los ingresos que produce la gran minería. Ello está contenido en los textos y en las bitácoras de este Congreso Nacional. Sin embargo incluso más importante que eso está aquella otra historia, la que no figura en esos documentos y que habla del sincero aprecio que se ganó entre sus colegas y los funcionarios de esta Corporación, por su amistad y camaradería. Se recuerda que su elección como senador motivó, al mismo tiempo, un gran regocijo por su éxito personal y una sincera expresión de gratitud y nostalgia por su partida a la cámara alta. Algunos de los funcionarios de la Cámara me han pedido testimoniar hoy este hecho, realzando su sencillez y sincera preocupación por sus problemas e inquietudes. Desde su escaño parlamentario, Ramón Silva Ulloa fue uno de los impulsores de la nacionalización del cobre. Ya desde la década de los 50, junto a otros legisladores y fuerzas sociales, promovió el traspaso a la soberanía nacional de la riqueza minera del país. Si bien ello no prosperó en dichos años, sí tuvo éxito en aquella memorable sesión del Congreso Pleno del 11 de Julio de 1971. Silva Ulloa fue ese día uno de los oradores. En uno de sus pasajes más destacados, señaló: “La nacionalización permitirá que queden en Chile los capitales que actualmente exportamos y posibilitará al Gobierno planificar y movilizar todos los bienes humanos y materiales disponibles, a fin de dar al pueblo salud, cultura, trabajo, vivienda y bienestar.”. En su exposición se refleja toda su trayectoria, la consecuencia para hacer práctica los ideales de toda una vida, el tesón y la perseverancia para luchar hasta materializarlos y la lealtad para no olvidar, en ese instante, a los trabajadores y provincias mineras que representaba, al procurar disposiciones especiales en su favor. Esta última es una de las cualidades más notables de este destacado socialista y servidor público: no olvidar jamás su rol e ideales. Ramón Silva Ulloa fue dirigente político y gremial, un trabajador de la minería y parlamentario. Pero no entendió el ejercicio de esos cargos como un período finito de su vida, con comienzo y término, sino que los hizo suyos y siguió ejerciendo dichas responsabilidades aun cuando no detentaba ya formalmente esas investiduras. En una actitud notable, que le valió el cariño y el aprecio de cientos de compatriotas, entendió que el encontrarse cerrado el Congreso Nacional no le privaba ni impedía llevar adelante la labor de servicio que sentía tan propia y necesaria en esos días. Fue así como a partir de 1973 se dedicó a gestionar documentos, a realizar trámites e instar por las pensiones de muchos compatriotas que permanecían marginados y en el exilio. Ramón Silva Ulloa no dejó de representar a los suyos, de defenderlos de las injusticias y de hacer oír su voz para reclamar por sus derechos, sin mirar jamás ideas, confesiones religiosas u origen social. Todo ello, al tiempo de participar en todas las instancias destinadas a procurar el retorno del país a la democracia. No debemos olvidar que también formó parte, junto al ex Presidente Aylwin, del Grupo de los 24. Así como fue un socialista desde antes de la existencia del Partido Socialista, también siguió siendo parlamentario cuando esta institución se encontraba formalmente clausurada. Sin duda, es un ejemplo notable de amor al prójimo, consecuencia, dedicación y espíritu cívico que cabe destacar y valorar. Ramón Silva Ulloa fue un chileno ejemplar, un demócrata de excepción y un socialista de toda la vida. Brilló en todas las actividades que emprendió: en su profesión, como un contador de gran capacidad y preparación; en su eficaz y esforzada labor como dirigente sindical y en su gestión parlamentaria comprometida y valiente. Pero más que eso, se destacó como ser humano por su sencillez, por su calidez, por su sincera preocupación por los problemas de los demás, por su amor a la patria y, especialmente, a ese norte minero y a su gente, por la que tanto hizo y por la que tanto luchó. Por eso, desde estos escaños, los mismos que algún día le tuvieran como uno de sus más ilustres integrantes, en nombre de la bancada Socialista, expreso el inmenso pesar que nos asiste por la partida de tan destacado servidor público, nuestra solidaridad y fraterno sentimiento de pesar por su partida a sus hijas, nietos, familiares y amigos y, fundamentalmente, nuestra profunda convicción de estar rindiendo homenaje a uno de los chilenos más destacados que haya pasado por este hemiciclo, a un hombre que prestigió la labor sindical y el trabajo parlamentario y que encarnó con coraje y decisión las ideas socialistas, luchando siempre por la dignidad de esta tierra y de sus trabajadores. He dicho. Aplausos. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra la honorable diputada Rosa González, en representación de la bancada de la Unión Demócrata Independiente. La señora GONZÁLEZ, doña Rosa (de pie).- Señor Presidente, distinguidos colegas, familiares de don Ramón Silva Ulloa, la bancada de parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente desea rendir un sensible homenaje al ex diputado y ex senador Ramón Silva Ulloa. Don Ramón nace un 31 de agosto de 1914 en la hermosa ciudad de San Francisco de Limache. En su adolescencia, y respondiendo a sus habilidades naturales y a su vocación profesional, decide ingresar al Instituto Superior de Comercio de Valparaíso, donde se titula como contador auditor en 1932. Sin embargo, a pesar de haber ejercido la profesión en una compañía minera, su vocación por el servicio público y su sensibilidad social lo hacen optar definitivamente por la actividad política. Don Ramón fue, en su juventud, dirigente de la Federación de Estudiantes de Valparaíso. Luego, se integra al Partido Socialista Popular, ejerciendo, además, diversos cargos, como el de secretario ejecutivo nacional del comité central de ese partido. La vida llevó a don Ramón hacia el norte de nuestro país, y entre 1950 y 1953 se desempeñó como regidor de la comuna de Calama. Inicia su actividad parlamentaria como representante de las comunas de Antofagasta, Tocopilla, El Loa y Taltal, incorporándose inmediatamente, entre otras, a las comisiones de Trabajo y de Hacienda de nuestra Corporación. Durante su actividad como diputado, se destacó por velar incansablemente por los derechos de los mineros y de las personas de más escasos recursos de nuestra zona norte. Su sensibilidad social quedó reflejada en dos leyes de su autoría: la que establecía el descanso dominical para empleados y obreros y la que rebaja los pasajes en giras de estudios para alumnos y profesores de liceos y colegios secundarios de la educación pública. Su destacada labor en el ámbito social y parlamentario lo llevaron a ser elegido senador entre 1969 y 1973. Distinguidos colegas, estimada familia de don Ramón, después de la brillante intervención de mi colega Pedro Muñoz, es muy poco lo que me queda por decir. La huella dejada por este parlamentario en el plano humano y su carisma, sencillez y fuerza de espíritu lo harán figurar en los anales de la historia del Congreso Nacional como uno de sus grandes representantes. He dicho. Aplausos. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el honorable diputado Esteban Valenzuela, en representación del Partido por la Democracia. El señor VALENZUELA (de pie).- Señor Presidente, colegas parlamentarios, familiares de don Ramón Silva, amigos de la Federación de Trabajadores del Cobre, ex parlamentarios que fueron sus colegas. En nombre de las diputadas y diputados del Partido por la Democracia y de la comunidad minera de Rancagua y de Codelco, en general, rindo un solemne homenaje en memoria del gran ex regidor, ex diputado y ex senador, don Ramón Silva Ulloa. En primer lugar, agradezco las palabras del ex diputado y dirigente sindical, señor Héctor Olivares, y la breve reseña realizada por don Luis Andrés Tapia sobre don Ramón Silva, pues con su ayuda contribuyeron a la realización de este homenaje. Para mí, es especialmente importante rendir este homenaje, por cuanto don Ramón jugó un rol fundamental en la fundación de la Confederación de Trabajadores del Cobre, en la creación de la Alianza Democrática y en la organización de la campaña del Plebiscito de 1988, que permitió con el triunfo del No abrir las puertas a la democracia. Como ya se ha dicho, don Ramón fue un limachino precoz y entusiasta, criado en un hogar en el cual su padre, don Augusto Silva Montenegro, entregaba el ejemplo de una vida de preocupación por los asuntos sociales. Fue testigo de la fundación de la Sociedad de Artesanos de Limache, a la cual más tarde, al concluir sus estudios de contabilidad, en Valparaíso, se integró como dirigente. Como lo reseñó el diputado Muñoz, en 1930 se integró a la juventud de la Nueva Acción Pública, conocida como la NAP, en donde cultivó con romanticismo los valores de un incipiente movimiento político revolucionario, que pretendía intervenir en un país que se movía lentamente hacia un proceso de modernización, de aperturas democráticas y sociales, que pretendían dejar atrás el Chile oligárquico, rural y feudal del siglo XIX. Entre 1931 y 1932, don Ramón participó en la agitación social que se levantaba como respuesta ante los graves errores del gobierno de la época. Ramón Silva era el conductor de la juventud de la NAP, junto a Eugenio Matte Hurtado, joven abogado, quien lideraba la agrupación que más tarde, el 4 de junio de 1932, logró establecer en Chile un breve gobierno socialista, encabezado por el comodoro del aire Marmaduke Grove Vallejos. Bajo el lema “Pan, techo y abrigo para el pueblo” se constituyó un gobierno revolucionario de 12 días, que terminó con la intervención militar que condujo a sus instigadores a un largo destierro en Isla de Pascua y en otros confines del territorio nacional. Es larga la trayectoria política de don Ramón. Fue líder de los socialistas populares. Uno de sus dirigentes de mi ciudad de Rancagua, el señor Daniel Silva Martínez, recientemente fallecido, recordaba a don Ramón como un hombre afable, inteligente y luchador en esa época de socialista popular. Es a partir de la NAP que se constituye, el 19 de abril de 1933, el Partido Socialista de Chile. Don Ramón adhiere a él a los 19 años y promete dedicar su vida a la defensa de los derechos del pueblo y por más de 70 años, hasta su muerte, a los 90 años, se mantuvo vinculado al socialismo chileno. Al concluir sus estudios contables, el joven Ramón se traslada al norte del país y comienza su periplo en las luchas sociales. A mediados de los años 30, se radica en Chuquicamata como empleado contable de la empresa Chile Exploration Company. Al poco tiempo, asume como director del sindicato de empleados del mineral, con una gran misión: conseguir la unidad entre empleados y obreros en la lucha de los trabajadores del cobre. En 1940, es electo como presidente del sindicato, cargo que ocupará hasta 1951. El 23 de marzo de ese año, en el famoso congreso de Machalí, Rancagua, participó en la fundación de la Confederación de Trabajadores del Cobre, lo que le valió la exoneración de la empresa a instancias del gobierno de la época. En esa verdadera gesta sindical, lo acompañaron dirigentes de la talla de Carlos Correa, Armando Garrido y de muchos que aún viven, tales como Luis Guzmán, Orlando Meneses y Albino Moscoso. Hay un hecho sobre el que debo llamar la atención una y otra vez. Como lo recordó el diputado señor Muñoz, en el primer congreso de la Confederación de Trabajadores del Cobre don Ramón Silva ya abogaba por que el cobre se nacionalizara y fuera de los chilenos. Si hoy nuestro país puede contar con las riquezas que año tras año le entrega Codelco este año superaron los tres mil millones de dólares, es gracias a políticos y trabajadores visionarios, como Ramón Silva Ulloa, quien pudo celebrar en el hemiciclo del Senado la nacionalización del cobre durante el Gobierno del Presidente Salvador Allende. ¡Gracias don Ramón por haber ayudado a hacer nuestro el cobre, “el sueldo de Chile”, tanto ayer como hoy! En el plano político, nuestro homenajeado ocupó importantes cargos en la dirección del Partido Socialista de Chile y en el aparato público del Estado. Fue un municipalista: regidor por la Municipalidad de Calama entre 1949 y 1953 y, además, como recordó la colega Rosa González, fue diputado por el norte durante cuatro períodos, entre 1953 y 1969, y senador entre 1969 y 1973, el año de la debacle de la democracia. Hoy, el Partido Socialista de Chile, la Federación de Trabajadores del Cobre y todos quienes supimos de su obra y legado político estamos de duelo. Ha partido uno de los grandes, tal vez uno de los últimos grandes líderes sociales y políticos del siglo XX, quien hasta sus últimos años demostró el mismo entusiasmo con que setenta años antes, cuando era casi un adolescente, se sumó a la revuelta que exigía un Chile más justo y más digno para todos sus hijos. En nombre de mi bancada y del Partido por la Democracia, en general, esta mañana saludo a todos los integrantes de su familia que nos acompañan en las tribunas, a quienes les enviamos nuestro abrazo cariñoso y fraterno y les digo que no puede haber pena cuando en esta asamblea de la democracia, la Cámara de Diputados, don Ramón Silva Ulloa recibe el homenaje que se merece, luego de haber batallado una vida entera por los derechos de su pueblo. Y menos aún, si consideramos que si no fuera por hombres como él, el Congreso Nacional no habría podido reabrir sus puertas en 1990. Gracias don Ramón Silva Ulloa. Mantendremos viva su memoria. He dicho. Aplausos. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el honorable diputado Carlos Vilches, en representación de la bancada de Renovación Nacional. El señor VILCHES (de pie).- Señor Presidente, honorables colegas diputadas y estimados colegas diputados: Ante todo, envío un afectuoso saludo a las hijas de don Ramón Silva Ulloa, señoras Liliana y María Eugenia Silva, a sus familiares, a los dirigentes de la Confederación Minera de Chile y de la Federación de Trabajadores del Cobre y a los invitados especiales. En esta oportunidad, he sido honrado por la bancada de Renovación Nacional para representarla en este merecido homenaje póstumo que rinde la honorable Cámara de Diputados al ex diputado y ex senador don Ramón Augusto Silva Ulloa. Nos detenemos para recordar a un hombre de la política nacional que ha quedado registrado en nuestra historia como un fiel exponente de la coherencia política, de la dignificación de la luchas más allá de los avatares y de las adversidades que enfrentó en su vida personal, que supo testimoniar y mantener en alto las banderas y convicciones de ese socialismo que abrazó, amó y transmitió a tantos hombres y mujeres. Don Ramón Silva Ulloa ha legado a la historia política de la República y a la lucha de los derechos humanos un claro testimonio de consistencia y ejemplo de vida. Su vocación política superó la de contador general y sus estudios de legislación tributaria, por haber vislumbrado que en la acción política puede hacerse el bien en forma mucho más amplia. Son los políticos quienes llevan sobre sus hombros la construcción del destino de los pueblos, y don Ramón Silva Ulloa, como hombre de partido, fue un referente, un chileno con una acendrada vocación por la política como acción de servicio social. Se destacó en la acción parlamentaria y política por su inteligencia, su capacidad, su honradez y su modestia. Fue un hombre que luchó con altura por los ideales que impregnaban su alma y su accionar. Tuve ocasión de revisar sus intervenciones, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. En ellas, su impronta quedó reflejada. Fue líder de un partido político, el Socialista. Seguramente, muchas veces se enfrentó en duros debates con los hombres de mi pensamiento político de Derecha, en su época; pero hoy nos unimos en este homenaje por encima de las diferencias o de las circunstancias, ya que merece el reconocimiento de los chilenos, en particular de los habitantes de la región minera, a quienes representó en el Congreso. Su quehacer político daría para hablar largamente. Pero, con estas breves palabras, quisiera subrayar uno de los aspectos que más me ha impactado. Ramón Silva Ulloa fue un hombre de ideales; un hombre de izquierda, socialista; orgullosamente socialista, que abrazó la justicia y la defensa de los trabajadores como valores fundamentales. Supo trascender en la vida pública por sus proyectos y convicciones políticas fuertes, como buen visionario de lo que Chile necesitaba en materia de dignificación de los trabajadores. No podemos evocar a una figura de la dimensión de don Ramón Silva Ulloa sin decir que su siembra fue fecunda como dirigente sindical en el sector minero. Preocupado especialmente por la unidad de los obreros y empleados, trabajó para constituir los comandos sindicales, precursores de la actual Confederación de Trabajadores del Cobre. En suma, fue un hombre que vivió con entereza, con integridad, convencido de lo que hacía, y en este accionar estaba marcado a fuego. Esto es necesario reconocerlo, porque hablar de Silva Ulloa sin referirnos a sus ideales y a su conducta, es no brindar una imagen de su figura ni entender las lecciones de vida que él dejó. Reciba su familia, presente en las tribunas, mi sincero homenaje a este hombre que es parte de la historia política de Chile. Son pocos los que se juegan por lo que realmente piensan y creen, con tanta convicción, como lo hizo el ex diputado y ex senador don Ramón Silva Ulloa. Hago extensivo este sincero homenaje a los miembros de su partido, el Partido Socialista de Chile. He dicho. Aplausos. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Villouta, en representación de la bancada de la Democracia Cristiana. El señor VILLOUTA (de pie).- Señor Presidente, honorable Cámara, familiares de don Ramón Silva Ulloa: Nuestro homenajeado, ex diputado y ex senador, don Ramón Silva Ulloa, nació en Limache. Se incorporó a la juventud de la Nueva Acción Pública, en donde vivió su etapa revolucionaria y romántica de esa edad, junto a una pléyade de jóvenes que soñaban con un Chile libre, sin atadura ni represión y con una democrática vida civil, respecto de lo que establecía la Constitución. Estaban impresionados por los avatares políticos del momento, en que los gobiernos se sucedían uno tras otro sin estabilidad gubernamental y política, no sólo en Chile, sino en otros países del continente. En 1931, se fortalecieron pequeños grupos revolucionarios orientados por tendencias socialistas que estudiaban e investigaban la realidad nacional y sus problemas más característicos. Llevaron a cabo un fuerte ataque al sistema imperante, con rezagos feudales e imperialistas. Entre 1931 y 1932, se organizaron y promovieron una fuerte agitación social ante los graves errores del gobierno de Montero. Ramón Silva era el conductor de la juventud de la Nueva Acción Pública, y junto con Eugenio Matte Hurtado un joven abogado lideraba a la agrupación que más tarde, un 4 de junio de 1932, culminaría con la revolución socialista, en cuya acción participó el comodoro del aire coronel Marmaduque Grove Vallejos, bajo el lema “pan, techo y abrigo para el pueblo”. Se constituyen en un gobierno de escasos doce días. Una conspiración depone al gobierno socialista y son relegados a la Isla de Pascua. La organización a la que pertenecían Ramón Silva y Eugenio Matte, junto a todas las organizaciones populares que habían participado en el gobierno recientemente depuesto, constituyen, el 19 de abril de 1933, el Partido Socialista, al que Ramón Silva con sus 19 años de edad adhiere y promete luchar por este pueblo que había sido sometido por un buen tiempo a las inconsecuencias de un sistema represivo e inestable. Culmina su etapa de estudiante en el Instituto Superior de Comercio de Valparaíso al recibirse de contador general. Luego, profundiza sus estudios en auditoría y legislación tributaria. En dicha época asume como dirigente de los estudiantes secundarios. Posteriormente, en 1939, es director del sindicato de empleados de la Chile Exploration Company, en Chuquicamata. En 1940 es elegido presidente de dicha institución sindical hasta 1951, año en que fue exonerado por el gobierno de Gabriel González Videla y por la compañía norteamericana. Como dirigente sindical, fue permanente su preocupación por la unidad de los empleados y obreros. Contribuyó a la constitución de los comandos sindicales, precursores de la Confederación de Trabajadores del Cobre. Para unir a los trabajadores, recorrió cada sección, cada mineral. Primero, se contactó con los de Potrerillos e inició la organización de un comando de obreros y empleados. Ramón Silva Ulloa, a su vez, en 1947, organizó el primer congreso de empleados del hierro y del cobre, en La Serena. Con los sindicatos de los empleados particulares de la zona norte, constituyeron la gran confederación de estos gremios, la cual pasó a presidir hasta la fundación de la Confederación de Empleados Particulares de Chile, cuyo primer directorio integró. El 23 de marzo de 1951, en Machalí, junto a diversos dirigentes sindicales, aportó a la constitución de la Confederación de Trabajadores del Cobre. Su primera proposición aprobada por la unanimidad de los asistentes fue luchar por la nacionalización del cobre, meta que se cumplió en 1971. En lo político, el ex diputado y ex senador Ramón Silva Ulloa ocupó todos los cargos importantes que existían en el Partido Socialista. Pero también los trabajadores del cobre y de Chile, en general, le brindaron su apoyo y lo eligieron regidor por la comuna de Calama, durante el período 19491953. Asimismo, fue electo diputado desde 1953 hasta 1969, es decir, cuatro períodos. Con posterioridad, fue elegido senador de la República, desde el 2 de marzo de 1969 hasta el 21 de septiembre de 1973, fecha en que fue disuelto el Congreso Nacional. Tuvo una importante participación en diversas comisiones permanentes, investigadoras del cobre y otras de la Cámara de Diputados. Trabajó en forma activa por recuperar la democracia y volvió a ocupar importantes cargos en su partido. Pero siguió asesorando a las organizaciones sindicales hasta el instante en que se sintió gravemente enfermo, motivo por el cual se vio en la obligación de internarse en la asistencia pública. Hoy, con la pena de ver que los sindicalistas han perdido a un gran luchador social de toda una vida, entregamos nuestras condolencias a sus familiares, presentes en las tribunas, y al Partido Socialista, su partido de siempre. A los partidos Demócrata Cristiano y Radical Social Demócrata nos asiste la más profunda esperanza de que su vida gremial y política, de tan destacada y dilatada figuración, será el padrón y ejemplo a seguir por los jóvenes luchadores de nuestro país. He dicho. Aplausos. El señor LEAL (Vicepresidente).- La Mesa se adhiere a cada uno de los conceptos emitidos por los representantes de las distintas bancadas para rendir homenaje a quien fuera diputado, senador y dirigente del cobre, don Ramón Silva Ulloa. Además, como diputado de una zona minera, quiero decir que este es un día de duelo para la minería chilena. Agradezco la presencia de sus hijas Liliana y María, de sus familiares y amigos, de los ex parlamentarios y parlamentarias y de los dirigentes sindicales del cobre. De esta manera, la Cámara de Diputados ha rendido este emotivo homenaje. Aplausos. AUTORIZACIÓN A LAS COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y DE HACIENDA. El señor LEAL (Vicepresidente).- Pido la autorización de la Sala para que las Comisiones Unidas de Trabajo y de Hacienda puedan sesionar hoy, a contar de las 16 horas, con el objeto de trata el proyecto calificado de “discusión inmediata”, sobre la Dirección del Trabajo. ¿Habría acuerdo? Acordado. VII. ORDEN DEL DÍA ADECUACIÓN DE LAS COMUNAS DE ALTO HOSPICIO, HUALPÉN, ALTO BIOBÍO, CHOLCHOL, SAN PEDRO DE LA PAZ Y CHIGUAYANTE A LOS TERRITORIOS JUDISDICCIONALES RESPECTIVOS. Tercer trámite constitucional. El señor LEAL (Vicepresidente).- En el Orden del Día, corresponde conocer las modificaciones del Senado al proyecto de ley, originado en mensaje, que modifica el Código Orgánico de Tribunales y la ley Nº 18.776, incorporando las comunas de Alto Hospicio, Hualpén, Alto Biobío, Cholchol, San Pedro de la Paz y Chiguayante a los territorios jurisdiccionales de los tribunales que indica. Las modificaciones del Senado son más bien de forma y, por lo tanto, la Mesa propone no abrir debate respecto de ellas y votarlas al término del Orden del Día. Antecedentes: Modificaciones del Senado, boletín Nº 370807. Documentos de la Cuenta Nº 5, de esta sesión. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Víctor Pérez. El señor PÉREZ (don Víctor).- Señor Presidente, si le parece, podríamos aprobarlas de inmediato, pues, como su señoría dijo, se trata de modificaciones exclusivamente adecuatorias. El señor LEAL (Vicepresidente).- Así es. Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ (don José Miguel).- Señor Presidente, me parece conveniente proceder de esa manera. El proyecto tiene que ver con dos comunas de mi distrito, San Pedro de la Paz y Chiguayante, y todos esperamos que sea rápidamente ley de la República. El señor LEAL (Vicepresidente).- La votación del proyecto se efectuará al término del Orden del Día. Con posterioridad la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos: El señor LORENZINI (Presidente).- Corresponde votar las modificaciones del Senado al proyecto que modifica el Código Orgánico de Tribunales y la ley Nº 18.776, incorporando las comunas de Alto Hospicio, Hualpén, Alto Biobío, Cholchol, San Pedro de la Paz y Chiguayante a los territorios jurisdiccionales de los tribunales que indica. Para su aprobación, se requiere el voto afirmativo de 65 señores diputados. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 90 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor LORENZINI (Presidente).- Aprobadas las modificaciones del Senado. Despachado el proyecto en su tercer trámite constitucional. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez, Allende (doña Isabel), Barros, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Correa, Cubillos (doña Marcela), Díaz, Dittborn, Egaña, Errázuriz, Escalona, Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), GarcíaHuidobro, Girardi, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kast, Kuschel, Leal, Leay, Longton, Longueira, Lorenzini, Luksic, Melero, Mella (doña María Eugenia), Meza, Molina, Montes, Mora, Moreira, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Ojeda, Ortiz, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Quintana, Recondo, Robles, Rossi, Saffirio, Salaberry, Salas, Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Varela, Vargas, Venegas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker. FACULTADES A LAS UNIVERSIDADES ESTATALES EN MATERIAS FINANCIERAS. Primer trámite constitucional. El señor LEAL (Vicepresidente).- Corresponde pronunciarse respecto del proyecto de ley, originado en mensaje, que establece facultades en materias financieras para las universidades estatales. Diputados informantes de la Comisiones de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, y de Hacienda son los señores Paredes y Von Mühlenbrock, respectivamente. Antecedentes: Segundos informes de las Comisiones de Educación, y de la de Hacienda, boletín Nº 350204, sesión 19ª, en 15 de noviembre de 2004. Documentos de la Cuenta Nºs 9 y 10, respectivamente. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Iván Paredes, informante de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación. El señor PAREDES.- Señor Presidente, la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación informa, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, sobre el proyecto de ley, originado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, que establece facultades en materias financieras para las universidades estatales. En el debate de la Comisión participaron el señor Sergio Bitar, ministro de Educación: la señora Pilar Armanet, jefa de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación; el señor Rodrigo González, jefe del Departamento Jurídico de ese ministerio, y el señor José Espinoza, asesor de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. De conformidad con lo establecido en el artículo 130 del Reglamento, este informe recae sobre el proyecto aprobado en general por la Cámara en su sesión 9ª, de 19 de octubre recién pasado. De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 288 del mismo Reglamento, se reseñan a continuación las menciones que debe contener este segundo informe. Artículos que no fueron objeto de indicaciones durante la discusión del primer informe ni de modificaciones durante la elaboración del segundo informe, y que no requieren de aprobación con quórum especial. En esta situación se encuentra el artículo 4º. De acuerdo con el inciso segundo del artículo 131 del Reglamento, este artículo debe ser aprobado sin votación, y así debería ser declarado por el Presidente de la Corporación al entrar en la discusión en particular. Disposiciones que tienen rango de ley orgánica constitucional o que deben aprobarse con quórum calificado: El artículo 1º, en cuanto modifica la ley orgánica constitucional de la Contraloría General de la República en lo relativo a sus funciones, debe ser aprobado por las cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 63, en relación con el inciso primero del artículo 87 e inciso final del artículo 88, ambos de la Constitución Política de la República. Se deja constancia, además, que el artículo 2º del proyecto en informe, de acuerdo con el Nº 7) del artículo 60, en relación con el inciso tercero del artículo 63 de la Constitución Política de la República, requiere para su aprobación de la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio, por tratarse de una norma de quórum calificado que autoriza la contratación de empréstitos cuyo vencimiento excede del término de duración del respectivo período presidencial. Artículos nuevos introducidos en este segundo informe: El artículo 5º, nuevo, fue introducido por indicación del Ejecutivo y tiene por objeto establecer una bonificación por el retiro voluntario de los funcionarios de carrera o a contrata de las universidades estatales que tengan al menos 65 y 60 años de edad, según se trate de hombres o de mujeres, respectivamente. La referida bonificación asciende a un máximo de once meses de remuneración imponible y se calculará según el promedio de los últimos doce meses anteriores a la publicación de la presente ley, actualizados según el IPC determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas. Su costo será de cargo de la universidad empleadora, no será imponible ni constituirá renta para ningún efecto legal y será incompatible con toda otra indemnización establecida por término de la relación laboral, especialmente con la dispuesta en el artículo 148 de la ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo. Se establece que los funcionarios que la reciban no podrán prestar servicios bajo ninguna calidad durante los cinco años siguientes al término de su relación laboral en la universidad que prestaban servicios, a menos que devuelvan la bonificación percibida más el interés corriente para operaciones reajustables. Esta indicación fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes. No hubo artículos suprimidos por la Comisión. Relación de los artículos modificados: El artículo 1º fue objeto de una indicación del Ejecutivo, presentada y aprobada en la Comisión de Hacienda, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 1º. Las universidades estatales serán fiscalizadas por la Contraloría General de la República, de acuerdo con su ley orgánica. Con todo, sólo estarán afectas al trámite de toma de razón las materias que a continuación se señalan: a)Aprobación del presupuesto y de sus modificaciones; b)Enajenación de bienes raíces; c)Reglamentos de carreras funcionarias y sus modificaciones; d)Medidas que impliquen la supresión de empleo o la eliminación o destitución de algún miembro de la institución, y e)Otras materias esenciales que señale el respectivo Estatuto. Las materias no comprendidas en el inciso anterior quedaran exentas del trámite de toma de razón, sin perjuicio del cumplimiento de otras medidas de control posterior que disponga el Contralor General de la República en el ejercicio de sus atribuciones, con el objeto de asegurar la legalidad de los actos de las Universidades Estatales y hacer efectiva las responsabilidades que procedan.” La indicación tiene por finalidad limitar los términos amplios en que se había aprobado esta norma en el primer informe y recoge la preocupación manifestada por algunos señores diputados en la Comisión respecto de la redacción original. Asimismo, otorga mayor claridad respecto de cuáles actos deben seguir sujetos a la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República. En concepto del señor ministro, la indicación resguarda la facultad de la Contraloría General de la República, en cuanto a la toma de razón exante, a la vez que da un margen de libertad a las universidades estatales. Tal como lo expresa la indicación aprobada reitero, las materias no comprendidas en la enumeración mencionada quedarán exentas del trámite de toma de razón, lo que no obsta a que el contralor general de la República disponga otras medidas de control posterior, en el ejercicio de sus atribuciones, para asegurar la legalidad de los actos y hacer efectivas las responsabilidades que procedan. Cabe hacer presente que la indicación en comento no recogió algunas sugerencias de la Contraloría General de la República con el propósito de someter igualmente al trámite de toma de razón materias sobre nombramientos, encasillamientos, permutas, reincorporaciones, ascensos, cesación de funciones, fijación de plantas y de remuneraciones; aplicación de medidas disciplinarias, sobreseimientos y absoluciones en investigaciones sumarias y sumarios administrativos, contratos de personal, contratación de personas a honorarios y término de servicios. Tampoco comprende la indicación la fijación de un plazo de siete días hábiles para la tramitación de determinados actos administrativos de urgencia, propuesta por la Contraloría. Fue aprobada por mayoría de votos, cinco por la afirmativa y dos por la negativa. El artículo 2º fue objeto de una indicación de las diputadas señoras Saa, Cubillos y Tohá, y de los diputados señores González, Becker y Kast, para agregar, al final de su inciso primero, la siguiente oración: “El monto de tales pasivos será establecido en un decreto del Ministerio de Educación que, además, llevará la firma del Ministro de Hacienda.” La indicación tiene por objeto definir el monto de los pasivos financieros de las universidades estatales existente al 31 de diciembre de 2003, para lo cual se establece que deberá dictarse un decreto del Ministerio de Educación que los determine, el que, además, llevará la firma del ministro de Hacienda. Fue aprobada por unanimidad. El artículo 3º fue objeto de una indicación de los diputados señores Kast y Becker, y de la diputada señora Cubillos, en el sentido de agregarle la siguiente frase final: “No será aplicable, para estos efectos, lo dispuesto en la artículo 3º, inciso cuarto, de la ley Nº 18.045.” El artículo 3º dispone que el contenido y oportunidad de la publicación de los estados financieros serán idénticos a los que se exigen a las sociedades anónimas abiertas. La ley Nº 18.045, en su artículo 3º, inciso cuarto, faculta a la Superintendencia de Valores y Seguros para eximir, mediante resolución fundada, a aquellas entidades cuyas finalidades se relacionen exclusivamente con actividades educacionales, de la obligación de información o de los sistemas de control contables. La indicación tiene por objeto precisar que la disposición del proyecto en informe, precedentemente reseñada, no podrá aplicarse para el caso consultado en esta norma respecto de la universidades estatales. Fue aprobada por unanimidad. Artículos que deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda: La Comisión de Hacienda, en razón de lo dispuesto en el artículo 220 del Reglamento, deberá conocer la totalidad del articulado. Indicaciones rechazadas por la Comisión: De los diputados señores Becker, Correa, Kast y Rojas, para eliminar el inciso segundo del artículo 1º del primer informe. Del diputado señor Navarro, para eliminar el artículo 4º. Por las razones expuestas, la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación recomienda aprobar el proyecto cuyo texto tienen en su poder las señoras diputadas y señores diputados. Es cuanto puedo informar. He dicho. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gastón Von Muhlenbrock, informante de la Comisión de Hacienda. El señor VON MUHLENBROCK.- Señor Presidente, paso a informar el segundo informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que establece facultades en materias financieras para las universidades estatales. Constancias previas: En este trámite, la totalidad de los artículos que aprobó la Comisión técnica, en su segundo informe, fueron puestos en conocimiento de esta Comisión. No obstante, como los artículos 1º y 4º se aprobaron en los mismos términos en que lo hizo esta Comisión, en su primer informe, el estudio sólo se circunscribió a los artículos 2º, 3º y 5º. La indicación de los diputados señores Alvarado, Álvarez, Cardemil, Dittborn y Von Muhlenbrock al artículo 3, fue rechazada. El artículo 2º se aprobó por mayoría de votos y los artículos 3º y 5º se aprobaron por unanimidad. Durante el estudio en la Comisión fueron escuchados el señor Sergio Bitar, ministro de Educación; la señora Pilar Armanet, jefa de la División de Educación Superior; los señores Rodrigo González, jefe del Departamento Jurídico de dicha Cartera, y José Espinoza, asesor de la Dirección de Presupuestos. El señor Sergio Bitar, ministro de Educación, resumió las principales modificaciones introducidas al proyecto por la Comisión Técnica. En tal sentido, expresó que se agrega un artículo 5º, nuevo, que dice relación con la atribución que se entrega a las universidades estatales para que paguen indemnizaciones hasta por 11 meses con cargo a su presupuesto, permitiendo el retiro de los funcionarios y académicos que tengan 65 años o más, en el caso de los hombres, y 60 años o más, en el caso de las mujeres, lo cual responde a una solicitud formulada por las universidades estatales desde hace bastante tiempo. Con esta norma, aseveró, se podrá contratar nuevo personal académico, más joven y calificado, que permitirá reforzar la calidad de la investigación y de la docencia. Por otra parte, recordó que el proyecto faculta a las universidades estatales del Consejo de Rectores para renegociar sus deudas existentes al 31 de diciembre de 2003, por una sola vez y hasta por un período máximo de 20 años, y que ascienden, de acuerdo con la información entregada por éstas, a 105 mil millones de pesos. Con esta renegociación se producen dos efectos: por un lado, disminuir la presión que existe actualmente sobre ellas, que las obliga a una constante renegociación a corto plazo de sus pasivos con la banca privada y, por el otro, bajar las tasas de interés, permitiendo a las universidades un ahorro importante de recursos. En el artículo 2º se incorpora una frase final al inciso primero, que dispone: “El monto de tales pasivos será establecido en un decreto del Ministerio de Educación que además llevará la firma del ministro de Hacienda.” La modificación tiene por objeto definir con precisión el monto de los pasivos financieros de las universidades estatales existente al 31 de diciembre de 2003. En el artículo 3º se agrega una frase final que señala: “No será aplicable, para estos efectos, lo dispuesto en el artículo 3º, inciso cuarto, de la ley 18.045.”. Dicho inciso faculta a la Superintendencia de Valores y Seguros para eximir, mediante resolución fundada, a aquellas entidades cuyas finalidades se relacionen exclusivamente con actividades educacionales, de la obligación de información o de los sistemas de control contable. En la Comisión se debatió ampliamente la proposición de los diputados señores Dittborn y Cardemil para introducir un factor que haga más exigente la gestión financiera de las universidades estatales, incorporando la clasificación de riesgo triple B+ para acceder a la renegociación con la banca privada o darle mayor transparencia a dicha gestión. En tal sentido, se estimó necesario establecer para las universidades la restricción de pertenecer al nivel mínimo de riesgo indicado para acceder a la renegociación con la banca privada. No obstante, se argumentó que la propuesta parlamentaria tendría sentido sólo si la renegociación a largo plazo de las deudas fuera un proceso permanente, no siendo éste el caso. Además, se sostuvo que actualmente los bancos han otorgado créditos a las universidades estatales tomando los resguardos necesarios con las garantías que afectan los bienes embargables de éstas. Finalmente, la propuesta antes reseñada se materializó en una indicación parlamentaria al artículo 3º. En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo siguiente: En el artículo 2º se autoriza a las universidades estatales, por el plazo de dos años a contar de la fecha de entrada en vigencia del proyecto, para contratar uno o más empréstitos u otras obligaciones financieras, con el objeto de reestructurar sus pasivos financieros existentes al 31 de diciembre de 2003. El monto de tales pasivos será establecido en un decreto del Ministerio de Educación que, además, llevará la firma del ministro de Hacienda. En el inciso segundo se establece que el servicio de la deuda derivada de los empréstitos que se autorizan contraer por el proyecto deberá hacerse con cargo al patrimonio de la universidad respectiva y no podrá exceder del plazo de 20 años. En el inciso tercero se contempla que esta autorización no comprometerá en forma directa o indirecta el crédito o la responsabilidad financiera del fisco. En el inciso cuarto se señala que las universidades deberán llamar a propuesta pública para seleccionar la o las entidades financieras que les concederán el o los empréstitos. Puesto en votación este artículo fue aprobado por 7 votos a favor y 4 abstenciones. En el artículo 3º se dispone que a contar del 1º de enero del año 2005, las universidades estatales deberán publicar sus balances generales y demás estados financieros debidamente auditados. La forma, contenido y oportunidad de publicación de los estados financieros serán idénticos a los que se exijan a las sociedades anónimas abiertas. No será aplicable, para estos efectos, lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 3º de la ley Nº 18.045. Los diputados señores Alvarado, Álvarez, Cardemil, Dittborn y Von Mühlenbrock formularon indicación para agregar a continuación del punto seguido (.), después de la palabra “abiertas”, la frase: “Además, las universidades estatales deberán contratar un informe de clasificación de riesgo anualmente.”. Puesta en votación fue rechazada por 5 votos a favor y 6 votos en contra. Sometido a votación el artículo 3º, se aprobó por unanimidad. En el artículo 5º, se señala que las universidades estatales podrán establecer una bonificación por retiro voluntario para los funcionarios de carrera o a contrata que prestan servicios en ellas, que a la fecha de la publicación del proyecto tengan 65 años o más, si son hombres, y 60 años o más, si son mujeres, y comuniquen su decisión de renunciar voluntariamente como funcionarios de la universidad, respecto del total de horas de sus contratos. En el inciso segundo se dispone que los beneficiarios de dicha bonificación tendrán derecho a percibir el equivalente a un mes de remuneración imponible por cada año y fracción superior a seis meses de servicios prestados a la universidad, con un máximo de once meses. La remuneración que servirá de base para el cálculo de la bonificación será la que resulte del promedio de las remuneraciones mensuales imponibles que le hayan correspondido al funcionario durante los doce meses inmediatamente anteriores a la publicación del proyecto, actualizados según el índice de precios al consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas. En el inciso tercero se contempla que la bonificación será de cargo de la universidad empleadora y no será imponible ni constituirá renta para ningún efecto legal. Además, la bonificación será incompatible con toda indemnización que, por concepto de término de la relación laboral, pudiere corresponder al funcionario, en especial la establecida en el artículo 148 de la ley Nº 18.834. En el inciso cuarto se establece que los funcionarios que cesen en sus empleos por aplicación de lo dispuesto en este artículo, no podrán ser nombrados ni contratados bajo ninguna calidad en la universidad en que prestaban servicios, sea ésta de contrata o sobre la base de honorarios, durante los cinco años siguientes al término de su relación laboral, a menos que previamente devuelvan la totalidad de la bonificación percibida, expresada en unidades de fomento, más el interés corriente para operaciones reajustables. Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad. Esto fue acordado en sesión de fecha 9 de noviembre de 2004, con la asistencia de los diputados señores Escalona, don Camilo (Presidente), Alvarado, don Claudio; Álvarez, don Rodrigo; Cardemil, don Alberto; Dittborn, don Julio; Jaramillo, don Enrique; Ortiz, don José Miguel; Pérez, don José; Saffirio, don Eduardo; Silva, don Exequiel, y Von Mühlenbrock, don Gastón. He dicho. El señor LEAL (Vicepresidente).- Para iniciar el debate, tiene la palabra la diputada señora Marcela Cubillos. La señora CUBILLOS (doña Marcela).- Señor Presidente, deseo referirme sólo a tres aspectos específicos del proyecto. En primer lugar, no comparto las restricciones que se establecen en el artículo 1º al rol fiscalizador de la Contraloría General de la República. Es cierto que en el texto del mensaje se establecía la supresión total del trámite de toma de razón, y hoy, en el nuevo artículo 1º, modificado por indicación del Ejecutivo, solamente se restringe dicho trámite a determinadas materias. Pero aun así, a mi juicio, habría sido preferible que la situación se hubiera mantenido regulada como ahora, es decir, sin excepciones en este aspecto. El control previo de legalidad efectuado por la Contraloría General de la República es necesario y conveniente, y a la luz de lo señalado durante el debate en la Comisión por los rectores de las universidades y el contralor, no parece ser este trámite el que esté afectando la eficiencia o gestión en las universidades estatales, ni aumentando la burocracia. Las casas de estudios superiores estatales tienen mayores recursos fiscales que el resto de las universidades, y, como contrapartida, tienen que soportar una mayor fiscalización en su calidad de servicios públicos. La bancada de la UDI votará en contra de este artículo que, por tener rango de quórum orgánico constitucional, se votará por separado, ya que una cosa es otorgar a las universidades estatales mayores atribuciones para reestructurar sus pasivos y otra muy distinta es contribuir con nuestro voto a eliminar controles previos de legalidad. Lo que el país y, en particular, la administración del Estado necesitan hoy, a la luz de todos los hechos ocurridos durante los últimos años y por todos conocidos, es más control. En segundo lugar, en relación con el artículo 2º, que autoriza a las universidades estatales a reestructurar sus pasivos, lamentamos que durante la tramitación del proyecto no se hayan acogido las propuestas para restringir o limitar dicha facultad. Asumiendo que hoy las universidades estatales no pueden pagar las deudas financieras, parece razonable que puedan y quieran postergarlas; pero ¿cómo asegurar que las que hoy posterguen puedan pagarlas a futuro? Sé que en la Comisión de Hacienda se presentaron indicaciones para restringir y limitar esta autorización, pero no fueron acogidas. Por último, en relación con aspectos positivos del proyecto, quiero señalar dos: En primer lugar, la obligación establecida en el artículo 3º para las universidades estatales, en orden a publicar sus balances generales y sus estados financieros debidamente auditados, con las mismas exigencias que las establecidas para las sociedades anónimas abiertas. Este me parece un artículo esencial para aumentar el control y generar mayor transparencia. En segundo lugar, lo establecido en el artículo 4º, en orden a que sólo por ley podrá autorizarse la transferencia de recursos del fisco a las universidades estatales. Si bien esto es así y, por lo tanto, aparentemente no sería necesario establecerlo, parece importante consagrarlo, considerando las amplias atribuciones que tiene el Ministerio de Hacienda para efectuar reasignaciones presupuestarias mediante decreto, y así evitar el traspaso a las universidades estatales de recursos fiscales mediante actos administrativos. En definitiva, el proyecto tiene aspectos positivos, soluciona algunos de los problemas que hoy afectan a las universidades estatales, pero sigue pendiente un tema esencial: las universidades estatales, es cierto, compiten con las privadas y hoy se sienten perjudicadas por no tener la misma flexibilidad en su gestión. Pero, al mismo tiempo, las universidades estatales, al reclamar mayor flexibilidad, se mantienen empeñadas en conservar los beneficios que su calidad de servicio público les otorga. El proyecto no se hace cargo del problema, sino que mantiene y consagra las discriminaciones actualmente existentes entre universidades públicas y privadas. Si los recursos públicos destinados a la educación superior se distribuyeran sólo mediante un mecanismo de aporte fiscal indirecto u otro equivalente que asegurara la competitividad, no existiría el problema, porque no habría mayor inconveniente en dotar a las universidades estatales de mayor flexibilidad y capacidad de gestión. Por último, discrepo de lo planteado en el mensaje del Ejecutivo, al establecer en los fundamentos del proyecto el objetivo de que las universidades estatales requieren de instrumentos jurídicos más flexibles para competir con mayor eficiencia con las universidades privadas. Si se quiere competencia en igualdad de condiciones, hay que corregir todas las discriminaciones existentes. El hecho de que el Estado otorgue aporte fiscal directo solamente a algunas universidades y no a todas, ya constituye una discriminación. Por lo tanto, si efectivamente se quiere la igualdad de condiciones para que compitan las universidades estatales y las privadas y así se consagra en el mensaje, aún hay muchas tareas pendientes. Esa igualdad no existe, no sólo por la menor flexibilidad de gestión de las universidades estatales, que pretende corregir el proyecto, sino también por la existencia de muchas discriminaciones que van en perjuicio de las universidades privadas, especialmente en lo que dice relación con la asignación directa o indirecta de recursos fiscales, que es urgente abordar. He dicho. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, estamos discutiendo en particular los segundos informes de las Comisiones de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, la Comisión técnica, y de Hacienda, recaídos en un proyecto de ley que será vital para las dieciséis universidades estatales que participan en el Consejo de Rectores, ya que establece en su favor facultades en materias financieras. ¿Cuál es la realidad actual de nuestra educación superior? Veinticinco universidades conforman el Consejo de Rectores, de las cuales dieciséis son estatales. El proyecto está focalizado hacia estas instituciones. Además, existen más de cuarenta universidades privadas, las cuales, por estar en ese ámbito, obviamente tienen la posibilidad de contraer todos los créditos necesarios para infraestructura y para mejorar su nivel académico. No están sujetas a la fiscalización de la Contraloría General de la República. En el caso de las universidades estatales, tenemos una situación bastante complicada, que siempre se ha planteado en el seno del Consejo de Rectores, cual es el tema del endeudamiento. Es cierto que, al día de hoy, las universidades estatales arrastran una deuda de alrededor de 105 mil millones de pesos, especialmente dos o tres de ellas, que tienen pasivos bastante altos. Pero también, en defensa de las universidades estatales y de las veinticinco que participan en el Consejo de Rectores, es necesario considerar en forma seria y objetiva que no sólo se dedican a la docencia, a los estudios de pre y posgrado, magister y doctorado, sino que también emplean una parte importante de su presupuesto anual en investigación y extensión cultural, actividades que, muchas veces, las universidades privadas no realizan, porque privilegian la enseñanza propiamente tal. Mediante el proyecto facultamos a esas dieciséis universidades para que puedan renegociar sus pasivos, aprovechando algo que es importante destacar. Hace casi dos semanas terminó el encuentro del Apec. Todos nos sentimos orgullosos de que este encuentro internacional que convocó a veintiuna “economías miembros” se efectuara en Chile, donde estuvieron presentes los hombres de negocios más importantes de esos países. Aquí se tomaron resoluciones muy claras y precisas, que permiten considerar a Chile como un país serio, con una inflación controlada y con un sistema financiero absolutamente sólido. Los tratados y acuerdos comerciales que ha firmado nuestro país permitirán aumentar de forma importantísima el ingreso per cápita de nuestros habitantes. Para lograrlo, es vital la calidad de la educación, en especial de la superior. Este cuerpo legal va a ayudar a las universidades estatales a renegociar, por una sola vez, a no más de veinte años y sin comprometer la garantía estatal, todos sus pasivos a tasas de interés mucho más bajas que las que se comprometió a pagar al momento de adquirir la deuda. Creo que es algo importante que los colegas parlamentarios sopesen esto al momento de la votación. Por otro lado, todas las universidades estatales han solicitado autorización para poder pagar indemnizaciones, hasta por 11 meses y con cargo a sus presupuestos, en caso de retiro voluntario de funcionarios de carrera o a contrata que tengan 65 o más años de edad, si son hombres, y 60 años o más, si son mujeres. Esta petición fue hecha hace bastante tiempo, antes de que ocupara el cargo de ministro de Educación el señor Sergio Bitar. En verdad, esto va a permitir el llamado “tiraje de la chimenea”; posibilitará la contratación de nuevo personal académico, más joven y calificado, así como reforzará efectivamente la calidad de la investigación y la docencia en nuestros planteles universitarios. Además, está el tema del trámite de toma de razón por parte de la Contraloría, ampliamente debatido en la Comisión de Hacienda. Como siempre, participé activamente en el estudio del proyecto. Soy partidario de simplificar el control de la Contraloría General de la República sobre las dieciséis universidades estatales, porque tenemos que dar las herramientas para que éstas no tengan trabas en su afán de desarrollarse en mejor forma y con mejor calidad, más aun cuando en unos ocho o diez años más, va a ser prácticamente obligatoria la educación terciaria, es decir, el magíster y el doctorado. Por otro lado, el proyecto de ley va a impedir la posibilidad de equívocos, porque todos los decretos que tengan que ver con la determinación de los montos de los pasivos financieros de las universidades deberán referirse a las deudas existentes al 31 de diciembre de 2003, es decir, no hay ninguna posibilidad de que no se trate de las cifras reales. Más aún, esos decretos deberán tener además la firma del ministro de Hacienda. También es importante dar a conocer ante la opinión pública, y dejar establecido en la historia fidedigna de la ley que, de aquí en adelante, todos los balances de todas las universidades estatales tendrán que enviarse a la Superintendencia de Valores y Seguros, como si fueran una sociedad anónima más. ¡Qué más claridad y transparencia queremos! Nuestras universidades estatales, que es cierto que reciben aporte fiscal directo e indirecto, deberán presentar sus balances ante esa Superintendencia, para una mayor transparencia. En consecuencia, en nombre de la bancada del Partido Demócrata Cristiano, anuncio que votaremos a favor todos los artículos, pues el proyecto pone en igualdad de condiciones a todas las universidades del país; en este caso, a las estatales respecto de las privadas. He dicho. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, me da mucha fuerza para intervenir en el debate la vehemente defensa del proyecto que ha hecho el diputado señor Ortiz. Respaldaré las modificaciones introducidas en el segundo informe reglamentario, que se refiere a las facultades que se entregan a las universidades del Consejo de Rectores para renegociar sus deudas existentes al 31 de diciembre de 2003. Cuando se dice que no es un buen proyecto o que a lo mejor no se debiera otorgar esta facultad, pregunto: ¿quién no trata de resolver sus problemas económicos? Se trata, nada más y nada menos, de las 24 universidades más importantes del país, las cuales están con problemas económicos con motivo de las acciones que emprenden día a día en favor de tantos jóvenes chilenos que hoy cursan estudios superiores. Las renegociaciones con la banca y el término de las operaciones de corto plazo las liberará en el pago de las obligaciones, sobre todo por las altas tasas de interés de los créditos. Si no abordamos el tema en forma seria y responsable, como muy bien dijo el diputado señor Ortiz, estaremos haciendo un daño a la educación chilena. Es sobre todo importante bajar las tasas de interés en la renegociación. En un momento determinado estuve en desacuerdo con el artículo 1º, pero las adecuadas y sólidas indicaciones y modificaciones que se le formularon a uno de sus incisos me han hecho recapacitar. Dicho artículo señala: “Las materias no comprendidas en el inciso anterior quedarán exentas del trámite de toma de razón,” que era lo que no me gustaba, pero luego agrega “sin perjuicio del cumplimiento de otras medidas de control posterior que disponga el Contralor General de la República en el ejercicio de sus atribuciones, con el objeto de asegurar la legalidad de los actos de las Universidades Estatales y hacer efectiva las responsabilidades que procedan.” La indicación introducida al artículo 1º me da mucha fuerza para solucionar una interrogante. El artículo 5º, introducido por indicación del Ejecutivo, busca establecer una bonificación por el retiro voluntario de los funcionarios de carrera o a contrata de las universidades estatales que tengan al menos 65 ó 60 años de edad, según se trate de hombres o mujeres respectivamente. Esta indicación va en la línea de otras normas similares aprobadas por el Congreso Nacional, como la que incorporó un artículo primero transitorio a la ley sobre autoridad sanitaria, con el objeto de estimular que trabajadores de cierta edad inicien los trámites de jubilación. Muchos de ellos no habían querido hacerlo debido a las fuertes mermas que experimentan sus remuneraciones al pasar al sector pasivo. Con ello impiden, a su vez, que haya “tiraje en la chimenea”. La referida bonificación asciende a un máximo de once meses de remuneración imponible y se calculará según el promedio de los últimos doce meses anteriores a la publicación de la ley. Cabe destacar que el costo de la bonificación será de cargo de la universidad empleadora y no del fisco. Lo mismo ocurre en el caso de la ley sobre autoridad sanitaria a que hice referencia. El Gobierno ha abordado ciertos temas con una mirada generosa. Reconociendo los errores cometidos por administraciones anteriores, asume la responsabilidad que le cabe en cada materia. Así, el Estado debe asumir responsabilidad en el daño físico y psicológico que padecen quienes cayeron en manos de sus agentes y fueron sometidos a torturas y apremios ilegítimos. Los daños económicos y sociales, que se prolongan en el tiempo, deben ser abordados en algún minuto. Entre ellos, cabe señalar la solución al daño previsional, que siempre deberían tener presente los legisladores y el Ejecutivo. La iniciativa entrega la responsabilidad económica de su costo a las universidades empleadoras. Debería ser el Estado el que participe de dicho costo. No obstante, el proyecto ha sido elaborado seria y responsablemente. Por lo expuesto, anuncio el voto favorable de la bancada del Partido por la Democracia a esta iniciativa. He dicho. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Correa. El señor CORREA.- Señor Presidente, una vez más estamos discutiendo un proyecto que va en el camino correcto para solucionar problemas que afectan a la educación. A través de un matutino, se ha dado a conocer la opinión de prestigiosos economistas sobre la manera de terminar con la inequidad y con la falta de crecimiento. Todos de diferentes ideologías coinciden en que la única forma de lograrlo es mejorando sustancialmente el sistema educacional en las enseñanzas prebásica, básica, media y superior. Hoy estamos discutiendo un proyecto que aborda un tema que se viene debatiendo desde hace mucho tiempo en la Cámara de Diputados y que dice relación con la forma de solucionar el problema de endeudamiento que afecta a las universidades estatales. Creemos y coincidimos en la necesidad de solucionar este problema a las universidades estatales, que tienen una deuda que suma 105 mil millones de pesos, lo que equivale aproximadamente a 17 millones de dólares. Es bueno permitirles endeudarse en el exterior, pero con el debido control. En este punto ponemos acento principalmente en la opinión que el contralor general de la República manifestó en la Comisión de Educación durante el primer informe. Fue categórico en señalar que terminar con la toma de razón en el tema del endeudamiento, que es lo que pretende el proyecto, era peligroso, pues se llegó a tal pasivo porque la gestión de las universidades estatales no ha sido la mejor. Por ello, terminar con este trámite constituye un riesgo aún mayor si se permite el endeudamiento externo sin las debidas precauciones. En la Comisión de Hacienda se introdujeron una serie de modificaciones que apuntaban en el sentido que indicó el contralor; no fueron aprobadas en la Sala y debieron ir a la Comisión técnica, en este caso, la de Educación, donde volvimos a debatir el tema. Hoy lo discutimos nuevamente en la Sala. Si bien es cierto que el proyecto ha mejorado sustancialmente, porque se corrigieron una serie de situaciones hechas por el contralor subsisten deficiencias. Por ejemplo en el artículo 1º se han dejado fuera del trámite de toma de razón una serie de situaciones relacionadas con los nombramientos, los encasillamientos, las permutas, las reincorporaciones, los ascensos, la cesación de funciones, la fijación de plantas y remuneraciones, la aplicación de medidas disciplinarias y sobreseimiento. Por ello, no obstante considerar que es un buen proyecto pues da a las universidades estatales la posibilidad de solucionar sus problemas de endeudamiento, estimamos que todavía es posible mejorarlo si resolvemos en el artículo 1º las deficiencias hechas presentes. He dicho. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora María Eugenia Mella. La señora MELLA (doña María Eugenia).- Señor Presidente, en primer lugar, quiero referirme a la problemática de algunas universidades que pretende resolver este proyecto, exhaustivamente debatido en la Comisión de Educación, de la cual formo parte. En ella, donde escuchamos a todos los rectores de las universidades, quedó claramente demostrado que no existe igualdad de oportunidades crediticias entre las universidades estatales y las privadas. Si nos situamos en una competencia de mercado, sin desconocer el hecho de que pueden haber múltiples aspectos relacionados con la gestión de las estatales, hay una diferencia fundamental entre las tasas y condiciones de pago en los préstamos que obtienen unas y otras. Por las limitaciones que les impone la ley, las universidades estatales deben pagar tasas muy altas y, por otro lado, no pueden negociar como las privadas. Aunque creemos que si bien el recurso económico es necesario y que debe existir un buen manejo presupuestario y crediticio, la gestión de las universidades debe ir de la mano con la modernización, las buenas ideas y la consecución de objetivos en favor de los alumnos. Por lo tanto, el proyecto pretende dar solución a parte de la difícil situación financiera dada a conocer por los rectores de las distintas universidades. En segundo lugar, a diferencia de lo que han planteado algunos parlamentarios, estoy de acuerdo con el artículo 1º, relacionado con el trámite de toma de razón por la Contraloría. Tenemos claro que hay trámites de toma de razón muy engorrosos, y a pesar de que se ha hablado de una demora promedio de catorce días, al examinar la realidad de algunas universidades, nos percatamos de que hay materias que requieren de un tratamiento distinto por la Contraloría. El contralor puso como ejemplo a los municipios, respecto de los cuales se esperaba que hubiera más materias sometidas al trámite de toma razón para evitar conflictos. Pero, como no se cumplen los plazos establecidos por la ley, se paralizan gestiones municipales. Por lo demás, es difícil atribuir responsabilidad en las demoras a un poder tan importante como es la Contraloría. Ésa es la realidad. En todo caso, es indudable que debemos procurar que la Contraloría siga velando por que los actos administrativos revistan la legalidad que corresponde. En la Comisión se planteó la idea de que el trámite de toma de razón fuera ex ante, durante y ex post, pero nunca recibimos respuesta del contralor cuando le pedimos que nos señalara casos concretos donde esto había fallado. Porque, por ejemplo, en el caso de los contratos con la Universidad de Chile, hubo toma de razón y no se evitó la ilegalidad que la misma Contraloría señaló posteriormente. Pregunto, ¿es la toma de razón realmente el único mecanismo para controlar la legalidad? ¿No existen materias que deban ser sometidas al trámite durante el proceso y otras que deban ser sometidas expost, como se hace en el caso de las municipalidades? Lamento no haber obtenido respuesta de la Contraloría General de la República, la cual se comprometió a entregarnos los estudios que demostraban cuáles eran los casos fuera de los que conocemos por la prensa en los que la situación de los municipios en que se hizo un control ex post hubiera sido muy diferente. Por eso, si el objetivo final es la legalidad de los actos, debemos plantearnos el tema de fondo, cual es la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República, y no dejarnos llevar por cuestiones emocionales o valóricas respecto de su función. No se trata de minimizarla, sino de modernizarla y determinar las instancias y las materias en que debe actuar exante, durante, expost o en las tres oportunidades. Por lo tanto, manifiesto mi voluntad y la de mi bancada de aprobar el artículo 1º, porque salvaguarda estas dos cuestiones y deja exentas de toma de razón determinadas materias, para dar agilidad a este trámite, sin perjuicio de que las acciones quedarán sujetas a las medidas de control posterior que disponga el titular de la Contraloría General de la República para perseguir irregularidades y hacer efectivas las responsabilidades que procedan. Ese aspecto se protege en forma adecuada. Un problema que también afecta a la gestión se relaciona con las trabas existentes para que en las universidades, al igual que en otras entidades, se produzca lo que llamamos “el tiraje de la chimenea”. Hay gente que ya cumplió su ciclo, que quiere retirarse y que sufre las mismas dificultades que tienen funcionarios de otras instituciones. El proyecto da a las universidades la opción de cambiar sus cuadros académicos, mejorar su nivel y modernizar la gestión. Por eso, me parece muy importante la eliminación de ciertas trabas para dar oportunidades a nuevos docentes. Manifiesto mi apoyo al proyecto, que fue objeto de una larga discusión. Centré el tema en la toma de razón, porque es el que produjo mayor debate y no se zanja sólo con este debate sobre educación, ya que deberíamos tratar en forma más profunda a futuro el rol de la Contraloría General de la República, sin disminuirlo, sino modernizarlo y diferenciar las distintas materias en las cuales es efectiva. Nos interesa que todo se haga dentro del marco de la ley y que, cuando ello no ocurra, se puedan perseguir las responsabilidades. Estamos dispuestos a aprobar todas las reformas que vayan en pos de ese objetivo, lo cual no significa quitarle atribuciones a la Contraloría General de la República. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn. El señor DITTBORN.- Señor Presidente, el proyecto en discusión, que se refiere a la administración por parte del Estado de las universidades que pertenecen al Consejo de Rectores, tiene aspectos positivos y negativos. Me referiré a ellos artículo por artículo. Entiendo que tanto la Comisión de Educación como la de Hacienda, la cual integro, recibieron la visita del contralor general de la República, quien fue tremendamente crítico del artículo 1º. La labor de la Contraloría tiene dos etapas: las que el contralor llamó de control previo o ex ante y la de control posterior o ex post. Lo que pretende el Gobierno es limitar el control previo con el argumento de que no permite a las universidades estatales competir exitosamente con las privadas pues el mercado se ha vuelto muy competitivo y, por ende, es necesario que ese control previo se limite o desaparezca, y se mantenga el control posterior o ex post. El contralor discutió y combatió dicha argumentación con mucha fuerza y señaló que no era posible hacer un control posterior o ex post efectivo si no existía un control previo o ex ante también efectivo y completo; que no era posible desvincular el control posterior del previo, que había un cordón umbilical entre ambos que era necesario mantener. Me hace mucha fuerza este argumento. Por ello, me atrevo a afirmar que la gran mayoría de los diputados de la UDI, sino todos, votarán en contra el artículo 1º, por ser contrario a lo deseado por la Contraloría, nuestro órgano fiscalizador por excelencia. Como lo manifestó el contralor, dicha institución está en contra del artículo 1º tal como está redactado. Respecto del artículo 2º, se requiere la autorización de esta Cámara para que las universidades estatales puedan contratar créditos más allá del período presidencial. Este artículo tiene mucho sentido, porque hoy las tasas de interés son muy convenientes y, por lo tanto, las universidades pueden prepagar deuda cara con deuda barata. Sin embargo, fue tan penosa la intervención del rector de la Universidad de Santiago y de sus asesores en la Comisión de Hacienda perdonen el adjetivo, pero, en verdad, fue una vergüenza la explicación financiera que nos dieron, que quisimos aprovechar nuestro poder, porque el artículo 2º contiene disposiciones de quórum calificado, para que el Ministerio de Educación obligara a las universidades a contratar informes sobre clasificación de riesgos con empresas privadas. Así lo hicimos ver al ministro del ramo, quien nos dijo que le parecía bien, pero que era mejor considerar a todas las universidades y no sólo las pertenecientes al Consejo de Rectores. Luego, nos encontramos con el hecho de que había pocas empresas clasificadoras de riesgos y que se nos podía acusar de estar favoreciendo por ley a una determinada actividad. Finalmente, el Ministerio no fue partidario de obligar a las universidades estatales a entregar informes serios sobre clasificación de riesgos y no como el que se nos presentó en la Comisión de Hacienda que, repito, fue una vergüenza. Debemos defender a los contribuyentes. Estas universidades reciben cientos de miles de millones de pesos todos los años a través de la ley de Presupuestos. Estoy seguro de que el Ministerio de Educación no tiene ninguna capacidad de fiscalizar el buen uso o la buena gestión de esa enorme cantidad de recursos. Por lo tanto, es razonable pedir información al respecto. Lamentablemente, el Ejecutivo no ha accedido a esta petición, razón por la cual me encuentro en una situación inconfortable, porque, por un lado, dicho artículo es necesario para que las universidades estatales puedan reemplazar deuda cara por deuda barata y, por otro, al no exigirles mayor transparencia, estamos contribuyendo a que sean una especie de caja negra, puesto que no existe control de parte del Ministerio sobre el buen uso de los recursos públicos que los contribuyentes les traspasamos cada año a través de la ley de Presupuestos. De manera que lamento que el Ejecutivo no haya accedido a lo solicitado. El artículo 3º es muy positivo. Lo votaremos a favor, porque va en el mismo sentido de lo que queríamos lograr en el artículo anterior: que las universidades estatales, a partir de enero de 2005, publiquen sus balances generales y demás estados financieros debidamente auditados. Esta información será presentada en forma idéntica a la que se exige a las sociedades anónimas abiertas, lo cual nos parece muy positivo, porque contribuye a la transparencia y a que de una vez por todas empecemos a saber qué se hace con los recursos que los contribuyentes traspasan a las universidades estatales. El artículo 4º también nos parece muy positivo y va en el mismo sentido, al establecer que sólo por ley podrá autorizarse la transferencia de recursos del fisco a las universidades estatales. El artículo 5º permite que las universidades incentiven a los funcionarios de mayor edad para retirarse de las mismas. Sin embargo, falta un gran tema que el Gobierno no asume: el crédito fiscal. Recuerdo que cuando asumió el Presidente Lagos prometió, en el Salón de Honor del Congreso Nacional, que durante su gobierno no habría jóvenes idóneos y capaces que se quedaran sin estudiar en las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, por no poseer los recursos económicos necesarios. Señaló que se instauraría un sistema de créditos destinado a evitar que jóvenes capacitados intelectualmente, pero sin recursos económicos, se quedaran sin estudiar. Pero, a un año del término del gobierno del Presidente Lagos no se ha hecho nada en esta materia. Han pasado cinco años del gobierno del Presidente Lagos y 14 de la Concertación y en este tema no hay nada, ¡absolutamente nada! Cerca del 90 por ciento del apoyo en créditos y becas está orientado a los alumnos de las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores, lo que constituye una tremenda injusticia. Para los alumnos de las universidades privadas, de los institutos profesionales y de los centros de formación técnica, muchas veces de menores recursos que los de las universidades del Consejo de Rectores, hoy no existe ninguna ayuda ¡Cero ayuda! Me parece inexplicable que el gobierno no haya abordado este tema. Durante la última discusión presupuestaria, presenté una indicación a una glosa del presupuesto del Ministerio de Educación, con el objeto de abrir la posibilidad de que algunas becas o créditos, que en gran parte están ligadas a las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores, se entregaran a alumnos de universidades privadas, institutos profesionales o centros de formación técnica. Como las bancadas de la Concertación votaron en contra de la indicación, toda la ayuda en becas y en créditos del Estado se destinará sólo a los alumnos de las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores. Es bueno que nos convenzamos de que la ayuda en créditos y en becas debe ser para el alumno y no para la universidad; debe premiar los méritos del alumno que es capaz y no cuenta con recursos para financiar su educación. Es absurdo que el Estado le otorgue el crédito a las universidades, pues obliga al alumno a matricularse en ellas. Nos quejamos de que en Chile no hay educación técnica, pero ¡cómo va a haber educación técnica si sólo subsidiamos a los alumnos que estudian leyes, ingeniería comercial u otras licenciaturas! No hay ningún apoyo para el que estudia carreras técnicas. Quiero contar una historia que ejemplifica esta situación. Tengo una familia amiga en el sur, muy modesta. Su hijo, que es un gran alumno, al terminar su enseñanza media quería estudiar una carrera ligada al área agrícola en un instituto profesional, pero como no hay becas o créditos para estudiar dos años una carrera técnica, decidió estudiar derecho que dura cinco años, porque para eso sí tenía crédito. Hoy está cesante. Entonces, no nos quejemos nunca más en esta Sala de que no hay suficientes técnicos en Chile. Reconozcamos que no se da ningún crédito ni beca a alumnos que estudian carreras técnicas, y sólo se subsidia a los que estudian carreras universitarias. Eso tiene que terminar. El gobierno del Presidente Lagos no ha hecho nada en este tema. He dicho. Aplausos. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Camilo Escalona. El señor ESCALONA.- Señor Presidente, la intervención del diputado señor Dittborn, en relación con el financiamiento de la educación superior en el área privada, me obliga a distraer parte de mi tiempo para hacer algunas aclaraciones, pues hizo una afirmación, a mi juicio insostenible, en el sentido de que el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos no ha hecho nada para ayudar al financiamiento de los estudios de los alumnos de establecimientos privados de educación superior. Al respecto, cabe recordar que las comisiones de Educación y de Hacienda de esta Corporación, así como esta Sala, aprobaron un proyecto de ley destinado a otorgar garantía estatal a los créditos concedidos a los estudiantes para financiar sus estudios en las universidades privadas, institutos de educación superior o centros de formación técnica. Hace ya varios meses que la iniciativa pasó en segundo trámite constitucional al Senado, que es presidido por un senador de la Oposición, el señor Larraín, que, al igual que el diputado Dittborn, es militante de la UDI. Por iniciativa de quien habla y de otros parlamentarios de la Concertación, en el protocolo adjunto a la ley de Presupuestos del sector publico para el año 2005, suscrito hace pocos días por todas las fuerzas políticas, se incluyó una solicitud al Ejecutivo para que fije urgencia a la tramitación de esa iniciativa. En consecuencia, esperamos que el Senado no prolongue su despacho por un largo período, como suele ocurrir en esa Corporación, de manera que sea promulgada como ley en enero y el sistema de avales del Estado a los créditos para estudiantes de instituciones privadas de educación superior comience a funcionar a partir de marzo próximo. Por lo tanto, esa afirmación del diputado Dittborn no corresponde a la realidad, en tanto que hay que otra carece de exactitud. En efecto, el señor Sciolla, contralor general de la República, fue invitado por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para que entregara su opinión, no la de la Contraloría General de la República en esta materia, pues, como es de conocimiento público, esa institución no puede hacerlo. Así, lo expresado por el señor Sciolla sólo es su opinión, la que no coincidió con la de la Comisión de Hacienda. Por otra parte, dicha Comisión aprobó una indicación presentada por el Ejecutivo no es de Hacienda, en relación con los mecanismos de fiscalización a las universidades estatales, cuestión respecto de la cual también quiero rectificar lo expresado por los diputados señores Dittborn y Correa: el Ejecutivo repuso una indicación tendiente a establecer un sistema de fiscalización que contiene mecanismos ex ante y ex post. En consecuencia, no es cierto que el proyecto sólo consigne mecanismos ex post. Como establece expresamente el articulado, se consideran mecanismos previos de control de las decisiones de las universidades estatales. Es importante que nos atengamos a los hechos. El diputado señor Dittborn pone cara de sorpresa, pero lo cierto es que el artículo 1º del proyecto señala expresamente: "Las universidades estatales serán fiscalizadas por la Contraloría General de la República, de acuerdo con su ley orgánica. “Con todo, sólo estarán afectas al trámite de toma de razón las materias que a continuación se señalan: a)Aprobación del presupuesto y de sus modificaciones; b)Enajenaciones de bienes raíces; c)Reglamentos de carreras funcionarias y sus modificaciones; d)Medidas que impliquen la supresión de empleo o la eliminación o destitución de algún miembro de la institución, y e)Otras materias esenciales que señale el respectivo Estatuto.” Efectivamente, otras decisiones tendrán que ser tramitadas ex post por la Contraloría General de la República. Esto, al final de cuentas, dice relación con la actitud que como Congreso y como sociedad podamos tener sobre esta materia. Entiendo, con el ejemplo que señalaba antes, que el Estado de Chile, mediante un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, ya aprobado por la Cámara de Diputados y espero que sea acogido por el Senado, entregará, ni más ni menos, la garantía estatal para créditos de estudiantes de educación superior del sector privado. O sea, estamos generando un mecanismo que claramente apunta a facilitar el funcionamiento de las universidades privadas. Al mismo tiempo, se han despachado diferentes iniciativas que otorgan franquicias tributarias a esos establecimientos. Nadie podría argumentar, en su sano juicio, que en las administraciones de los gobiernos democráticos se han tomado medidas lesivas o restrictivas respecto de las universidades privadas. Al revés, en esta Corporación se han señalado fundadamente las enormes garantías que tienen las universidades privadas para su funcionamiento. En consecuencia, es totalmente legítimo, si no queremos establecer una competencia enteramente desequilibrada, que las universidades estatales cuenten con medidas mínimas que les permitan ser eficientes. No podemos caer en el contrasentido del discurso que exige que las universidades del sector estatal sean modernas y negarles los mecanismos mínimos para que puedan ser eficientes. Eso tampoco se sostiene desde el punto de vista de una argumentación que apunte al correcto equilibrio. Por ello, si la educación superior privada cuenta con las garantías del caso y un conjunto muy significativo de condiciones para competir, es indispensable que las universidades estatales dispongan de mecanismos mínimos para su correcto funcionamiento. Eso es lo que persigue este proyecto. Lo mismo ocurre con el artículo 2º. Autoriza a las universidades estatales para contratar empréstitos a fin de renegociar una deuda estimada en 105 mil millones de pesos. Si se procede como se hace actualmente, vale decir, sólo a través de créditos de corto plazo, naturalmente su tasa de interés será muy alta. En consecuencia, se debe establecer un mecanismo de negociación de mediano y largo plazo. Por eso, este proyecto de ley autoriza extender los plazos para la renegociación de los 105 mil millones de pesos. Es una cuestión de sentido común que un economista tan destacado como el diputado señor Dittborn entiende perfectamente. Es decir, se trata de generar mecanismos que eviten un mayor costo por efecto de una tasa de interés más elevada, como ocurriría con obligaciones financieras a corto plazo, y de facilitar los mecanismos que a mediano y largo plazo permitan que las universidades puedan descomprimir la presión de pago que hoy tienen y, en definitiva, hacer un uso más racional, más eficiente y más moderno de los recursos de que disponen en beneficio de los estudiantes de los planteles de educación superior. En síntesis, estimo que hay razones fundadas y de fondo que hacen necesario la aprobación de este proyecto de ley. He dicho. Aplausos. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Jaime Quintana. El señor QUINTANA.- Señor Presidente, este proyecto otorga más facultades en materias financieras a las universidades y, yo diría, mayor autonomía, porque hoy las universidades estatales se encuentran bastante restringidas en muchos aspectos de su funcionamiento. Esta iniciativa, que apunta a mejorar el financiamiento de estas casas de estudios superiores, hay que analizarla con más profundidad, porque su contexto es bastante amplio y, por lo tanto, es bueno destacar otros aspectos, además de los mencionados por los colegas que han intervenido. Por ejemplo, el artículo 3º, establece que desde el 1 de enero de 2005 las universidades estatales deberán publicar sus estados, tal como lo hacen las sociedades anónimas abiertas. Lo anterior, en el aspecto financiero es bastante relevante para las universidades tradicionales, particularmente las estatales. También es tremendamente importante la posibilidad que se otorga en el artículo 5º, que establece una bonificación por retiro voluntario. Hoy vemos en muchas casas de estudios superiores que egresados y titulados continúan eternamente como ayudantes, cuando perfectamente podrían formar parte de la planta. Esta es una buena posibilidad para darle un tiraje a la chimenea y para que los docentes se vayan en mejores condiciones económicas. Naturalmente, el aspecto fundamental que ha concitado el mayor debate de hoy tiene que ver con el artículo 1º, con la facultad que se le da a la Contraloría General de la República para revisar materias presupuestarias y sus modificaciones, enajenaciones de bienes raíces, reglamentos de carreras funcionarias y medidas que impliquen la supresión de empleo o la eliminación o destitución de algún miembro de esas instituciones. Me parece que estamos ante un articulado bastante acotado en cuanto a las funciones que se le van a asignar a la Contraloría. Una disposición más abierta, como algunas colegas lo han planteado, significa un libre albedrío, que en muchos aspectos no es conveniente, ya que las universidades tienen una tradición de funcionamiento y la entidad contralora puede pronunciarse respecto de materias muy concretas. Ayer supimos que la Contraloría está exigiendo a un ex subsecretario que responda con su patrimonio por decisiones institucionales. ¿Quién determina si algún gasto relacionado con el Plan Auge fue un despilfarro o no? Esa materia no puede quedar al libre arbitrio de esta entidad. Del mismo modo, al decano de una facultad de ciencias agropecuarias que impulsa la creación de un banco de genoplasma, mañana la Contraloría le podría decir: “Esto es un exceso” y luego exigirle que responda con su patrimonio por una decisión institucional. De tal manera que acotar las funciones ayuda a que el espíritu de este proyecto, en lo que respecta a mejorar el financiamiento y a profundizar un ámbito tan importante que el ministerio de Educación ha destacado en el último tiempo, como es la calidad, dé efectivamente sus frutos. Por tanto, nuestra bancada va a aprobar el proyecto sometido a la consideración de la Sala. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra el ministro Sergio Bitar. El señor BITAR (ministro de Educación).- Señor Presidente, quiero dar una explicación a fin de llegar a un acuerdo que nos permita tener los quórum necesarios. El artículo 1º, respecto del cual necesita un quórum de cuatro séptimos, que son 69 votos, y he escuchado al diputado Dittborn pronunciarse por su rechazo. Por ello voy a argumentar por su aprobación para lograr los quórum necesarios. El artículo 1º establece formas de control por parte de la Contraloría General de la República sobre las universidades estatales. Al respecto debo informar que se mantienen estrictamente los controles, una buena parte de ellos son expost, que es lo que efectivamente se hace por la Contraloría. Los controles ex ante que establece el proyecto los primeros cinco puntos son bastante amplios. Quiero decir que son mayores que los que contempló el Ejecutivo en la iniciativa original. Se acogió la mayoría de las observaciones de los diputados integrantes de las comisiones de Educación y Hacienda, lo que dejó un amplio ámbito para la toma de razón. Pero hay materias específicas relacionadas con la gestión de la universidad, de movimiento de algún personal, que si de todas ellas tomara razón la Contraloría, la magnitud del entrabamiento sería muy alta y el beneficio en términos de control seguiría siendo igual por cuanto persiste ex post. Por estas razones, pido a los señores diputados votar favorablemente la iniciativa, de manera que las universidades del Estado tengan una flexibilidad adicional para su gestión en un mundo de universidades muy competitivo. Les pido tomar en cuenta el siguiente argumento: las universidades privadas pertenecientes al Consejo de Rectores reciben los mismos dineros que las estatales, pero la Contraloría General de la República nunca ha fiscalizado el uso de dichos recursos. Además, las universidades estatales tienen control sobre los recursos no aportados por el Estado. En cambio, las privadas no tienen control ni siquiera sobre los recursos entregados por éste. De manera que esto establece un pequeño margen adicional de flexibilidad para una buena gestión de las universidades estatales. En cuanto al artículo 2º, el punto principal es que se autoriza para que haya una posibilidad de negociar, por una sola vez y a largo plazo, las deudas existentes hasta diciembre de 2003. Las deudas existen y han sido reconocidas por los bancos, pero manejarlas en el corto plazo significa un costo y una carga de gestión adicional. De manera que la autorización es por una sola vez para las deudas existentes. Al final del inciso primero se agregó lo siguiente: “El monto de tales pasivos será establecido en un decreto del Ministerio de Educación que además llevará la firma del Ministro de Hacienda”. De manera que ambos ministros tendremos la responsabilidad de fijar los montos para que sea renegociada esa negociación a largo plazo, por una sola vez. Durante el debate de este artículo, escuché de algunos señores diputados un punto de vista que comparto, en cuanto a la necesidad de dar pasos adicionales en la transparencia de la información, en particular de la gestión financiera de muchas universidades, no sólo estatales, porque hemos visto universidades privadas que también han colapsado por gestión financiera. En el artículo 3º, por primera vez espero que valoremos bien este paso, se establece que el contenido y oportunidad de los estados financieros serán idénticos a los que se exigen para las sociedades anónimas abiertas. Ello traerá consigo un proceso de revisión, presentación y rigor que hasta hoy no existe. Sin embargo, con el propósito de satisfacer algunas observaciones respecto de la transparencia de la situación financiera de las universidades estatales sin que el ministro o el ministerio tengan atribuciones, pues por ley se trata de organismos autónomos, debo requerir el apoyo al proyecto sobre la base del siguiente compromiso del Ministerio de Educación: Que antes de la firma del decreto a que se hace mención en la última frase del inciso primero del artículo 2º, el ministerio requerirá, a través del representante del Presidente de la República en las juntas directivas de las universidades del Estado, toda la información relativa a sus pasivos, con el consiguiente riesgo, para su envío a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados con los detalles correspondientes para complementarla, a fin de analizar el endeudamiento de las universidades estatales. Esto se suma al hecho que, de aquí en adelante y de manera permanente, deben entregar toda la información como una sociedad anónima abierta. Para finalizar, me referiré al último artículo respecto del cual no hubo modificación, de lo cual me alegro mucho, porque fue requerido también por las universidades con el objeto de permitir la jubilación de las mujeres que al momento de la publicación de la ley tengan 60 años de edad o más, y de los hombres que tengan 65 años de edad o más. Los fondos serán de la misma universidad, y se dará una indemnización de hasta once meses a los funcionarios que hayan servido más de once años. Ello permitirá contratar personal más joven, con doctorados, magister, etcétera, y cuando sea necesario brindar una gestión más moderna. Quiero decir a los señores diputados que han hecho observaciones sobre la política de educación superior que estamos en el proceso más amplio de reforma de este nivel educacional. Respecto de las observaciones del diputado Dittborn, en cuanto a que las becas son restringidas sólo a las universidades del Consejo de Rectores, debo aclarar que las becas “Gómez Milla”, las destinadas a indígenas, a los hijos de profesores, “Presidente de la República” y “Nuevo Milenio” son amplias para todas las universidades. Estamos entregando nueve mil becas Milenio para todos los centros de formación técnica, en su mayoría privados. Si a ello se agrega el proyecto que otorga el aval del Estado para los créditos para estudiantes de las universidades privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica, radicado actualmente en el Senado, y la acreditación y la reciente aprobación en esta Cámara del proyecto que faculta a la Tesorería General de la República para retener la devolución de impuestos a quienes no han pagado los créditos concedidos por las universidades del Consejo de Rectores, nos encaminamos a una importante reforma que dejará en mejor pie a la educación superior. Por lo señalado, pido a los diputados y diputadas de todas las bancadas que presten su apoyo a este proyecto, puesto que es indispensable para flexibilizar a las universidades del Estado. Es cuanto quiero señalar. Gracias. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Germán Becker. El señor BECKER.- Señor Presidente, el proyecto en estudio consta de cinco artículos, de los cuales sólo el 2º se refiere a nuevas facultades financieras para las instituciones de educación superior. Los otros cuatro dicen relación con aspectos de la gestión de las universidades estatales, pues les da mayor transparencia, flexibilidad y, en general, herramientas que permitirán a los rectores competir de mejor forma en el mercado universitario. Este segundo informe difiere en varios aspectos fundamentales del primero que vimos en esta Sala hace ya algunos meses. El artículo 1º, en particular, que originalmente eximía del trámite de toma de razón a las universidades estatales para todos los actos y contratos que éstas celebraren, fue modificado sustancialmente, entre otras razones, considerando la opinión contraria del contralor general de la República quien, en varias reuniones, especialmente en la Comisión de Educación de la Cámara, hizo ver la inconveniencia de eliminar la toma de razón de la Contraloría General de la República para algunos aspectos que consideraba fundamentales, por ejemplo, nombramiento y contratación de personal de las universidades, cambio en las carreras funcionarias, supresión de empleos o medidas disciplinarias. En materia financiera, pensaba que no era bueno eliminar la toma de razón para la aprobación y modificación de presupuestos. El Ejecutivo, recogiendo, en mi opinión, gran parte de las críticas del señor contralor a este artículo, y con el objeto de equilibrarlo con las quejas que manifestaron muchos rectores de universidades, en el sentido de que la toma de razón rigidizaba el sistema y complicaba el trabajo que desarrollaban, lo modificó indicando sólo las materias específicas que estarán afectas a dicho trámite, muy similares a las sugeridas por la Contraloría. Los asuntos no especificados quedaron exentos, sin perjuicio del cumplimiento de otras medidas de control posterior que disponga la Contraloría. Entre otros aspectos, quedaron afectos a la toma de razón la aprobación del presupuesto y sus modificaciones, la enajenación de los bienes raíces, los reglamentos de las carreras funcionarias y sus posibles modificaciones y las medidas que impliquen la supresión de empleos o destitución de algún miembro de la institución. Me parece que con esto el artículo 1º quedó razonablemente equilibrado, pues, por un lado, dará mayor flexibilidad y agilidad al trabajo de los rectores de las universidades y, por otro, se tomará razón de los aspectos más relevantes de las actuaciones de éstas. El artículo 2º, que autoriza a las universidades para reestructurar sus pasivos existentes al 31 de diciembre de 2003, mediante la contratación de empréstitos cuyo plazo no podrá exceder de veinte años, fue objeto de una indicación en la Comisión de Educación, con la finalidad de establecer su monto mediante un decreto del Ministerio de Educación, el que además deberá llevar la firma del ministro de Hacienda. Es muy importante aprobar dicho artículo, porque permitirá a las universidades renegociar sus pasivos mediante la obtención de créditos con mejores tasas de interés, lo que traerá como consecuencia la disminución de su carga financiera. El artículo 3º no presentó mayores inconvenientes, pues establece mayor transparencia en la administración de las universidades. Con este propósito se les exigirá publicar balances generales y estados financieros auditados de la misma forma que las sociedades anónimas abiertas. Este artículo fue objeto de una indicación, a fin de impedir que la Superintendencia de Valores y Seguros pueda eximir de esta exigencia a alguna universidad estatal, de acuerdo con lo que dispone el inciso cuarto del artículo 3º de la ley Nº 18.045. Tal disposición es muy importante, porque permitirá mayor claridad y transparencia en la gestión administrativa y financiera de las universidades estatales, lo que con toda seguridad servirá para impedir o prevenir que se produzcan colapsos financieros que finalmente deban ser asumidos por el Estado, es decir, por todos los chilenos. Finalmente, me parece positiva la incorporación de un artículo 5º, nuevo, que permite a las universidades estatales establecer una bonificación que asciende a un máximo de once meses de remuneración imponible por el retiro voluntario de los funcionarios de carrera o a contrata que a la fecha de publicación de la ley tengan 65 años de edad los hombres y 60 años de edad las mujeres, porque con ello se producirá una mayor renovación de los docentes universitarios. En definitiva, el proyecto avanza en el sentido correcto, pues da mayor transparencia, flexibilidad y autonomía a la gestión de las universidades estatales para competir con mayor eficiencia en el mercado de la educación superior chilena, razón por la cual la mayoría de los integrantes de la bancada de Renovación Nacional lo votará favorablemente. He dicho. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza. El señor MEZA.- Señor Presidente, los radicales celebramos la iniciativa enviada por el Ejecutivo, la que contará con nuestro voto favorable, pero quiero plantear algunas breves consideraciones, ya que los demás colegas han profundizado suficientemente en su articulado. La fiscalización que ejercerá la Contraloría General de la República permitirá alcanzar la transparencia que buscamos para las universidades estatales, a fin de efectuar mejor su trabajo. La transparencia de la situación económica de las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores será una realidad tangible mediante la autorización que se les da para contratar empréstitos y así aligerar sus pasivos financieros, los que al 31 de diciembre de 2003 bordean los 105 mil millones de pesos, monto que permanentemente está siendo renegociado, lo que las hace perder dinero porque, como la banca privada no trabaja gratis, renegocia las deudas a corto plazo con intereses demasiado grandes. Por otra parte, el artículo 5º, nuevo, establece una bonificación para estimular el retiro voluntario de los trabajadores de las universidades, funcionarios de carrera o a contrata con 65 años de edad los varones y 60 años de edad las mujeres, lo cual, como aquí se ha dicho, permitirá el tiraje de la chimenea. El ministro Sergio Bitar señaló que en su reemplazo serán contratados profesionales jóvenes e investigadores con nuevas ideas y mejor preparación. Dicho estímulo, que asciende a un máximo de once meses de remuneración imponible, que se calculará según el promedio de los últimos doce meses, seguramente constituirá un estímulo para esa gente. Pero, permítaseme colgarme de esto para tocar de paso un tema que no es menor y que no deja indiferentes a nadie. Me refiero a los 160 mil chilenos que han sufrido daño previsional y que todavía no tienen una ley tan buena como la iniciativa en debate que les permita marcharse a sus casas con una pensión digna. Son 30 mil chilenos los que esperan jubilar si se aprueba un proyecto como éste. Las AFP, que han perjudicado a los trabajadores de las universidades, han ganado más de 650 mil millones de pesos, sólo por concepto de comisiones, desde 1982 a 2000, lo que equivale a 110 teletones. Es decir, las AFP se han llevado 110 teletones, impidiendo que los trabajadores puedan irse a sus casas con una pensión justa. Por eso, celebro la inclusión de este artículo 5º, nuevo, que permitirá que muchos trabajadores de las universidades puedan retirarse a sus casas y dejar la posibilidad de trabajar a otros chilenos que han estado esperando durante mucho tiempo. Insisto en que existirá transparencia respecto de los balances y estados financieros de las universidades, puesto que podrán ser conocidos. Anuncio que el Partido Radical Social Demócrata va a votar favorablemente. He dicho. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el honorable diputado Rodrigo González. El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, el objetivo de la iniciativa es flexibilizar la gestión de las universidades estatales y adecuar sus instrumentos de gestión, a fin de que puedan competir en mejor forma en un mercado en creciente expansión. En estos momentos muchas de las normas que las rigen son un obstáculo para su desarrollo y para cumplir con la misión para la cual la sociedad chilena las creó. En primer lugar, la autorización que se otorga a las universidades estatales para que puedan endeudarse a largo plazo es una medida extraordinariamente importante y, además, lógica dentro del actual sistema universitario. Actualmente pueden contratar empréstitos y otras obligaciones financieras con cargo a su patrimonio, pero esta autorización está limitada al período presidencial correspondiente por expresa disposición constitucional. La autorización a más largo plazo hará el crédito más barato. Es así como se dispone que el servicio de la deuda no podrá exceder de un plazo de 20 años. Además, se adoptarán resguardos: los pasivos de las universidades quedarán establecidos de manera precisa en un decreto del Ministerio de Educación que, además, llevará la firma del ministro de Hacienda. Así quedará perfectamente determinado el monto del endeudamiento. En fin, el proyecto original autorizaba a dichas universidades a endeudarse a largo plazo, materia que es perfeccionado con las normas incorporadas en el segundo trámite reglamentario. Se obliga a las universidades estatales a publicar sus balances generales y demás estados financieros, lo que también es de extraordinaria importancia, pues permitirá que haya transparencia en cuanto al uso de los recursos públicos. En relación con la toma de razón por la Contraloría General de la República, el proyecto original eximía a las universidades de ese trámite. De acuerdo con las modificaciones introducidas, esto queda bien definido, de manera que la tuición del organismo contralor queda muy precisada. Hay un conjunto de materias respecto de las cuales dicho trámite no será necesario, sin perjuicio de otras medidas de control, para obviar lo que hasta ahora constituye un engorro importante para la competitividad y flexibilidad de las universidades estatales. La medida constituye un avance para eliminar la burocracia y flexibilizar su gestión. El establecimiento de una bonificación por retiro voluntario para los funcionarios de carrera o a contrata de las universidades estatales que tengan 60 o más años las mujeres, y de 65 o más años los hombres, también es una medida necesaria para alivianar la carga de una cantidad muy grande de funcionarios de avanzada edad y permitir la renovación del personal. Si bien la bonificación, que tiene un tope de once meses de remuneración imponible, podría considerarse insuficiente, incentivará el retiro de un número importante de funcionarios. Esto se hará con cargo al presupuesto de las respectivas universidades y permitirá mejorar la calidad del personal mediante la incorporación de gente más joven. La iniciativa dispone que los funcionarios que reciban esta indemnización no podrán prestar servicios en ninguna calidad en la misma univeresidad durante los cinco años siguientes al término de su relación laboral, a menos que devuelvan la bonificación, lo que resulta perfectamente justo. Estas medidas básicas y mínimas permitirán que las universidades cumplan en mejor forma su labor. Por lo tanto, tal como lo han señalado otras señoras diputadas y señores diputados de mi bancada, también votaré favorablemente el proyecto. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Antonio Kast. El señor KAST.- Señor Presidente, sólo me referiré al artículo 1º, relacionado con las materias que sujetas a la Contraloría General de la República. El informe señala que se recogieron en gran parte las observaciones del contralor, que están consideradas “casi” en forma total. Pero, es precisamente la palabra casi la que hace toda la diferencia. Si no hubiera sido por el casi, el caso MOPCiade no habría ocurrido; si no hubiera sido por el casi, la Universidad de Santiago no estaría quebrada. Entonces, no es cierto decir que se recogieron en gran parte las observaciones del contralor. Él fue tajante al expresar que no quería que se le restringieran las facultades de fiscalización a la Contraloría. Por lo tanto, es fundamental mantener la ley tal como está, porque si hay una institución prestigiada y reconocida en Chile, ésa es la Contraloría. Los mismos rectores de provincias que vinieron a la comisión reconocieron que ese organismo tiene un grado de eficiencia destacable a nivel nacional. Por último, el diputado Camilo Escalona afirmó que los gobiernos de la Concertación se la han jugado por el crédito para los estudiantes. Debo decir que el primer proyecto en beneficio de los alumnos que no estudian en las universidades del Consejo de Rectores demoró 13 años en llegar al Congreso Nacional. Ha pasado bastante tiempo. No sé si eso es jugársela a fondo por un problema contingente y muy importante para muchos alumnos. Además, cuando ese proyecto llegó a la Cámara, no se le dio prioridad, porque primero se legisló sobre la acreditación universitaria. Después de más de un año se retomó el tema relativo al financiamiento para los alumnos, en circunstancias de que esa iniciativa se pudo haber aprobado en un breve plazo. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Ha terminado el Orden del Día. En votación el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece facultades en materias financieras para las universidades estatales. Como el artículo 4º no fue objeto de modificaciones, se declara aprobado. Por lo tanto, corresponde votar los artículos 1º, 2º, 3º y 5º. Los artículos 1º y 2º son de quórum calificado: el 1º requiere 65 votos afirmativos y el 2º 57 votos. Los artículos 3º y 5º son de quórum simple. En votación el artículo 1º. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 31 votos. Hubo 3 abstenciones. El señor LORENZINI (Presidente).- Rechazado por no haberse alcanzado el quórum requerido. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi, Aguiló, Allende (doña Isabel), Bayo, Becker, Bertolino, Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Díaz, Encina, Escalona, Espinoza, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), Girardi, González (don Rodrigo), Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Leal, Longton, Lorenzini, Luksic, Mella (doña María Eugenia), Meza, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Ojeda, Ortiz, Paredes, Pérez (don José), Quintana, Riveros, Robles, Rossi, Salas, Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Valenzuela, Vargas, Venegas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Villouta y Walker. Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Alvarado, Álvarez, Barros, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Dittborn, Egaña, Errázuriz, Forni, GarcíaHuidobro, González (doña Rosa), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Kuschel, Leay, Longueira, Melero, Molina, Moreira, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Salaberry, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela y Von Mühlenbrock. Se abstuvieron los diputados señores: García (don René Manuel), Guzmán (doña Pía) y Pérez (doña Lily). El señor LORENZINI (Presidente).- En votación el artículo 2º que requiere el voto afirmativo de 57 señoras diputadas y señores diputados. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 91 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor LORENZINI (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez, Allende (doña Isabel), Barros, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Díaz, Egaña, Encina, Errázuriz, Escalona, Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), GarcíaHuidobro, Girardi, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kast, Kuschel, Leal, Leay, Longton, Longueira, Lorenzini, Luksic, Melero, Mella (doña María Eugenia), Meza, Molina, Montes, Mora, Moreira, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Quintana, Recondo, Riveros, Robles, Rossi, Salaberry, Salas, Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Varela, Vargas, Venegas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker. Se abstuvo el diputado señor Dittborn. El señor LORENZINI (Presidente).- En votación el artículo 3º. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 91 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones. El señor LORENZINI (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez, Allende (doña Isabel), Barros, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Díaz, Dittborn, Egaña, Encina, Errázuriz, Escalona, Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), GarcíaHuidobro, Girardi, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kast, Kuschel, Leal, Leay, Longton, Longueira, Luksic, Melero, Mella (doña María Eugenia), Meza, Molina, Montes, Mora, Moreira, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Quintana, Recondo, Riveros, Robles, Rossi, Salaberry, Salas, Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Varela, Vargas, Venegas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker. Votó por la negativa el diputado señor Ibáñez (don Gonzalo). El señor LORENZINI (Presidente).- Finalmente, en votación el artículo 5º. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 93 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor LORENZINI (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez, Allende (doña Isabel), Barros, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Díaz, Dittborn, Egaña, Encina, Errázuriz, Escalona, Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), GarcíaHuidobro, Girardi, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kast, Kuschel, Leal, Leay, Longton, Longueira, Lorenzini, Luksic, Melero, Mella (doña María Eugenia), Meza, Molina, Montes, Mora, Moreira, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Quintana, Recondo, Riveros, Robles, Rossi, Saffirio, Salaberry, Salas, Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Varela, Vargas, Venegas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Von Mühlenbrock y Walker. VIII. PROYECTOS DE ACUERDO MANDATO A COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA INVESTIGAR LAS CAUSAS DEL COLAPSO Y CAÍDA DEL PUENTE LONCOMILLA. Preferencia. El señor LORENZINI (Presidente).- ¿Habría acuerdo para tratar, en primer lugar, los proyectos de acuerdo Nºs. 525 y 527, que se refieren al desplome del puente Loncomilla? Acordado. El primero, firmado por los diputados señores Álvarez-Salamanca, Lorenzini, Urrutia, Prieto y García, propone constituir una comisión investigadora de las responsabilidades de autoridades públicas al respecto. El segundo proyecto, de los diputados señores Ceroni, Luksic, Tarud, Salas y Meza, mandata a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones la investigación de las causas de su colapso y caída. Existe el acuerdo por parte de sus autores para refundir ambos proyectos en uno. ¿Habría acuerdo para proceder de esa manera? Acordado. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- El texto del proyecto refundido es el siguiente: “Considerando: Que el 18 de noviembre de 2004 se produjo el colapso y caída del puente Loncomilla, en la ruta que une San Javier y Constitución, en la Séptima Región, del Maule. Había sido construido hace sólo ocho años y tenía por finalidad reemplazar otra estructura similar que data de más de cincuenta años. Que este episodio ha tenido impactos enormes para la población de la zona, tanto desde un punto de vista económico, al dificultar el transporte de mercaderías y de personas que deben trasladarse hoy en la única balsa disponible de la Dirección de Vialidad, como también desde el punto de vista de la seguridad personal de los habitantes, toda vez que cualquier operación de evacuación de enfermos o de personal de emergencia se ve tremendamente dificultado. Que al Ministerio de Obras Públicas, en virtud de lo establecido en el artículo 1° de la ley N° 15.840, orgánica de este ministerio, le corresponde, entre otras funciones, el planeamiento, estudio, proyección, construcción, ampliación, reparación y conservación de las obras públicas fiscales. Que la misma ley contiene múltiples disposiciones que regulan las obligaciones y las responsabilidades del ministerio en estas materias que no han sido cumplidas. Que lo ocurrido no es nuevo, ya que se suma a otros hechos acaecidos, a saber, en mayo de 1995, en el estero Minte, cerca de Puerto Varas; al socavón, en la Ruta 5 Sur, a la altura de Frutillar, en junio de 1997; al hundimiento de la ruta entre Viña del Mar y Quilpué, en agosto de 1997; al colapso del complejo fronterizo de Chacalluta, en junio de 2001; el desplome de un puente en Longaví, en mayo de 2002, y a varias otras situaciones que demuestran la falta de rigor con que se realizan y controlan estas obras. Que los hechos mencionados y los peligros a que se exponía a los usuarios fueron advertidos anticipadamente, en forma reiterada, por los alcaldes, funcionarios de Carabineros de Chile y parlamentarios, advertencias y denuncias a las que las autoridades responsables hicieron caso omiso. Que la falta de preocupación de la autoridad y la lentitud en adoptar medidas de prevención provocan daños y pérdidas inmensas a la población y a las empresas productivas usuarias de las vías. Que este hecho pone en tela de juicio el sistema de control de calidad de las obras públicas, que, financiadas por órganos públicos, son diseñadas y ejecutadas por el sector privado que actúa como contratista del Estado. Son muchas las teorías que se han validado hasta el momento, para explicar un hecho que pone un manto de duda sobre la calidad de la infraestructura pública nacional, razón por la cual se hace necesario desarrollar una investigación acuciosa de las causas de este evento. Más aún, atendida la complejidad de la materia, es menester preocuparse de la administración de ese bien de uso público en cuanto a los impactos del tráfico vial, lo que puede servir para determinar si se hizo buen uso del puente Loncomilla, así como de las responsabilidades que le corresponden a las autoridades a cargo de la organización de los sistemas de vías camineras. Que, actualmente, no existe una evaluación que permita precaver hechos similares futuros y se desconocen las medidas de la autoridad tendentes a resguardar la seguridad de las personas que hacen uso de las vías donde se podrían repetir estas circunstancias. Que, hasta el momento, el Ministerio de Obras Públicas se ha comprometido a efectuar investigaciones internas y auditorías de gestión para esclarecer este asunto, disponiendo para ello la contratación de un peritaje externo a cargo de un departamento especializado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuestión que, sin duda, da garantía sobre la transparencia de las investigaciones a todos los actores involucrados, especialmente a la ciudadanía. Que, al haber ya investigaciones técnicas en marcha, corresponde que, de manera prudente y con rigurosidad técnica, la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Corporación indague estos hechos, con la finalidad de establecer la existencia de posibles responsabilidades jurídicas, a fin de que a partir de ello se efectúen las acciones políticas y jurídicas que contempla nuestro sistema nacional de control. La Cámara de Diputados acuerda: Mandatar a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Corporación, para que en el plazo de sesenta días, prorrogable hasta por igual lapso, por acuerdo de la Comisión, investigue las causas del colapso y caída del puente Loncomilla, en la Séptima Región, del Maule, determinando el origen del mismo; la existencia de vicios, vacíos o falencias en los sistemas de control de calidad de diseño y ejecución de las obras como en la administración del viaducto, y establezca y determine si el Ministerio de Obras Públicas ha dado cumplimiento a la ley N° 15.840, orgánica de dicho ministerio. Para la ejecución de este encargo, la Comisión podrá citar a funcionarios públicos, requerir informes técnicos y hacerse asesorar por profesionales especializados en ingeniería civil y construcción.” El señor LORENZINI (Presidente).- ¿Habría acuerdo para votarlo sin discusión? Acordado. Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad el proyecto de acuerdo. Aprobado. EXENCIÓN DE DERECHOS DE IMPORTACIÓN A DONACIONES DE INSUMOS MÉDICOS Y APARATOS DE APOYO A DISCAPACITADOS Y CAMBIO EN LA NORMATIVA APLICABLE A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE SALUD. El señor LORENZINI (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 499, de los diputados señores Accorsi, Cornejo, Bayo, Robles, Rossi, Palma, Girardi y Jarpa: “Considerando: Que, actualmente, son muchas las instituciones públicas y privadas que, especialmente desde el extranjero, están dispuestas a efectuar donaciones de equipamiento médico a los establecimientos de salud, tanto públicos como privados, debido a su disponibilidad de recursos derivada de la obsolescencia y de la renovación tecnológicas existentes en países de niveles superiores de desarrollo. Asimismo, corresponde destacar la amplia cooperación de las organizaciones de beneficencia para acudir en ayuda de personas que sufren de algún grado de discapacidad física o psíquica. Que estos flujos de cooperación nacional e internacional se ven limitados, lamentablemente, en el caso de Chile, como fruto de la mantención de trabas burocráticas de la más diversa índole, que van desde las restricciones de los hospitales públicos para recibir estos bienes en calidad de donatarios hasta la inexistencia de un régimen de franquicias arancelarias y tributarias idóneas para acoger ayudas provenientes de terceros países. Que, en consecuencia, se hace necesario que, en el más alto nivel, se cree un estudio de factibilidad que permita evaluar la realización de cambios normativos que, entre otras materias, permitan eximir del pago de cualquier tipo de impuestos, tasas o derechos, internos o externos, a estos bienes provenientes del extranjero o de donantes nacionales. Asimismo, es menester dotar a los propios establecimientos públicos de salud de la plena capacidad legal para ser receptores y administradores de las donaciones provenientes de entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras. Que, para mejorar, además, la administración de estos bienes y para evitar, sobre todo en el caso de las donaciones destinadas a personas con algún grado de discapacidad, cabe facultar al Fondo Nacional de la Discapacidad (Fonadis), para que sea receptor directo de las donaciones, al objeto de que él tome la decisión final acerca del destino de los instrumentos médicos donados, como prótesis, sillas de ruedas, equipamiento para tratamiento quinesioterápico, etcétera, de manera tal de optimizar los recursos obtenidos de la cooperación antedicha. La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a S.E. el Presidente de la República que, asesorado por los ministros de Hacienda, de Salud y de Planificación y Cooperación, tenga a bien presentar al Congreso Nacional un proyecto de ley que facilite la realización de donaciones de insumos médicos y aparatos de apoyo para discapacitados, mediante el establecimiento de exenciones del pago de derechos de importación y el mejoramiento de su administración, radicando la decisión sobre su destino final en el Fondo Nacional de la Discapacidad (Fonadis). Asimismo, solicitarle que se evalúe la necesidad de introducir cambios en la normativa aplicable a los establecimientos públicos de salud, con la finalidad de permitirles ser receptores de toda clase de donaciones provenientes de la cooperación nacional e internacional”. El señor LORENZINI (Presidente).- Para hablar a favor, tiene la palabra el diputado señor Accorsi. El señor ACCORSI.- Señor Presidente, varios países europeos y Estados Unidos donan elementos terapéuticos para favorecer a las personas con discapacidad, pero al ser internados al país, se exige el respectivo arancel aduanero. Así, quienes realizan el esfuerzo para traerlos, incluso, algunas instituciones relacionadas con la Iglesia y otras, que tienen que ver con los discapacitados o sectores de ellos, deben pagar sumas bastante importantes para desaduanarlos. El proyecto de acuerdo propone que esas donaciones ingresen sin pago aduanero cuando sean destinadas a instituciones como el hospital Pedro Aguirre Cerda, la Teletón o el Fonadis, siempre que quede bien clara la manera en que serán distribuidas. Son múltiples los elementos terapéuticos que se desechan en otros países y que perfectamente pueden aprovecharse por los discapacitados de Chile. Por ejemplo, bastones, ayudas técnicas o software. Si observamos el desarrollo tecnológico que se ha producido en muchos hospitales universitarios o, incluso, en clínicas privadas, amparados en la legislación que existe sobre las donaciones por ejemplo, la “ley Valdés”, descubriremos que varios han recibido donaciones en equipo quirúrgico, infraestructura, equipamiento de rayos, etcétera. Por la legislación que existe, los hospitales públicos no pueden recibir ni una sola pinza. Es más, deben realizar un sistema de triangulaciones, a través de universidades u otros organismos, para recibir donaciones de material, fundamentalmente de infraestructura o equipos sofisticados que hoy no se pueden importar. En resumen, principalmente pedimos que se envíe un proyecto de ley que permita que las donaciones a que me he referido ingresen al país sin pagar derechos de importación, de modo de favorecer a los discapacitados. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Francisco Bayo. El señor BAYO.- Señor Presidente, quiero respaldar en toda su dimensión lo expresado por el diputado Accorsi y hacer notar la conveniencia de aprobar el proyecto de acuerdo, dado que, en el mundo globalizado de hoy, sobre todo en el área de la medicina, la tecnología y los avances se desarrollan más en el extranjero que en Chile. La burocracia, entre otras causas, impide que los beneficios del mundo globalizado lleguen a la gente más necesitada del país. Por eso, apoyaremos el proyecto de acuerdo, para permitir que la cooperación internacional traspase nuestras puertas. He dicho. El señor LORENZINI.- Ofrezco la palabra para hablar en contra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación el proyecto de acuerdo. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor LORENZINI (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi, Alvarado, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Barros, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Cornejo, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Dittborn, Egaña, Encina, Errázuriz, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, Girardi, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez (doña Carmen), Jarpa, Jeame Barrueto, Kast, Kuschel, Leal, Leay, Longton, Longueira, Melero, Mella (doña María Eugenia), Molina, Montes, Moreira, Muñoz (doña Adriana), Ojeda, Ortiz, Pérez (don José), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Quintana, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Salaberry, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela, Vargas, Venegas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker. CAMBIO EN NORMA QUE DETERMINA LA EDAD PEDIÁTRICA. El señor LORENZINI (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 500, de los diputados señores Accorsi, Cornejo, Girardi, Rossi, Bayo, Robles, Palma y Jarpa: “Considerando: Que, actualmente, en Chile existe una clara separación entre la atención de salud pediátrica y la de adultos, separación que se produce a los quince años de edad, en plena etapa de la adolescencia. Que esta división, que obedece, precisamente, a los cambios biológicos y fisiológicos del organismo, tiene por fundamento especializar personal y recursos para atender patologías propias de la niñez o de la edad adulta, en circunstancias que existen ciertas enfermedades de adultos que comienzan a aparecer en la adolescencia, en el segmento que va entre los catorce y los dieciocho años. Que, sin embargo, hay una importante cantidad de afecciones que, surgiendo en la infancia, como, por ejemplo, toda la gama de patologías congénitas, a saber, el labio figurado, las malformaciones de las vías urinarias o del tracto rectal, la espina bífida; las patologías ortopédicas complejas, la enfermedad cardíaca crónica por anomalías del corazón, etcétera, demandan, para la mejor atención de los pacientes, una mínima continuidad de los tratamientos de los equipos pediátricos. Que ha habido casos concretos de jóvenes de catorce años que, al estar en tratamiento en unidades de oncología infantil, han debido ser sacados de sus programas, sufriendo el cambio de sus equipos médicos, porque, formalmente, el sistema público de salud los excluye de la atención pediátrica al alcanzar los quince años de edad. Que, con la finalidad de evitar las perniciosas consecuencias de esta inflexibilidad normativa, es preciso solicitar al ministro de Salud que estudie extender el límite de la edad para la atención pediátrica a todos aquellos pacientes que sufran patologías crónicas o congénitas que requieran de largos períodos de seguimiento por parte del equipo de salud pediátrico que los ha atendido. La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar al ministro de Salud que tenga a bien estudiar un cambio en la norma que determina la denominada edad pediátrica, de modo de extenderla desde los quince a los dieciocho años, en el caso de los pacientes que sufren patologías crónicas o congénitas que requieren de un largo seguimiento por parte de sus médicos pediatras tratantes.” El señor OJEDA (Vicepresidente).- Para hablar a favor, tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi. El señor ACCORSI.- Señor Presidente, el proyecto de acuerdo tiene por objeto pedir que se extienda el límite de edad para atención pediátrica a todos los pacientes que sufran patologías crónicas o congénitas que requieran largos tratamientos. Por un acuerdo del Ministerio de Salud, la edad pediátrica se ha fijado en 15 años, con lo que queda al margen un grupo importante de jóvenes adolescentes que no pueden ser atendidos en los hospitales pediátricos, no obstante que, según un concepto global de la medicina, ello corresponde hasta los 18 años. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen patologías congénitas que requieren de un tratamiento prolongado? Por ejemplo, los niños con labio leporino que en el momento que cumplen 15 años, de manera automática deben cambiar de equipo tratante y quedan totalmente desamparados, porque en la mayoría de los hospitales públicos y privados no cuentan con especialistas en esas áreas. El efecto es más trágico en los pacientes oncológicos, con osteosarcoma o leucemia, que están acostumbrados a tratarse con determinados equipos, ya sean quirúrgico, oncológico o quimioterapeuta. Al cumplir los 15 años, automáticamente son derivados a los servicios de medicina y cirugía de adultos, que no cuentan con la experiencia ni la infraestructura para atenderlos. Es más, si fueran atendidos en los hospitales pediátricos hasta los 18 años, se evitaría el exceso de interconsultas, lo que repercutiría, por ejemplo, en todos los problemas que tienen que ver con la sexualidad y el desarrollo de las mujeres jóvenes. Por lo tanto, con el proyecto de acuerdo se pretende una decisión fundamental del Ministerio de Salud, que beneficiará a muchos pacientes y permitirá ahorrar una suma considerable de dinero al Estado. He dicho. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Cornejo. El señor CORNEJO.- Señor Presidente, creo que a las palabras del diputado señor Enrique Accorsi hay que agregar el hecho de que los niños que presentan discapacidad, sea ésta de causa física, síquica o sensorial, también se verían beneficiados por instituciones como la Teletón, ya que los cuantiosos recursos que genera podrían ser utilizados, además, en jóvenes de hasta 18 años. He dicho. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Barros, Bayo, Bertolino, Bustos, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Cornejo, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Egaña, Encina, Forni, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García-Huidobro, Girardi, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kast, Kuschel, Longton, Longueira, Luksic, Mella (doña María Eugenia), Meza, Montes, Moreira, Muñoz (doña Adriana), Ortiz, Pérez (don José), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Quintana, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Salaberry, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela, Vargas, Venegas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker. EVALUACIÓN PERIÓDICA DE CONOCIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA. El señor OJEDA (Vicepresidente).- El señor prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 502, del diputado señor Bauer; de la diputada señora Tohá, doña Carolina; de los diputados señores Rojas, Valenzuela; de las diputadas señoras Cubillos, doña Marcela, y Sepúlveda, doña Alejandra, y de los diputados señores Kast y Becker: “Considerando: Que los avances tecnológicos de los últimos años han tenido un efecto concreto y trascendental en los métodos de enseñanza en todo el mundo y que Chile no ha sido, de ninguna forma, ajeno a esta evolución. Que, por ello, resulta fundamental contar con un instrumento de análisis y evaluación sobre el estado de avance de nuestro proceso modernizador-tecnológico y sobre la forma en que éste ha influido en la educación de los niños y jóvenes a lo largo de todo el país. Que se requieren políticas públicas que se orienten en el sentido descrito, a fin de tener un estudio actualizado y científico que dé cuenta de la realidad en materia de conocimiento y utilización de la tecnología informática que, con mucho esfuerzo, han implementado sucesivos gobiernos. Que, por lo ya expuesto, se propone la ejecución de un verdadero mapa que muestre resultados respecto del adelanto de los conocimientos y de la utilización de la tecnología informática en los distintos métodos educativos. Se pretende que sea similar a la prueba Simce, de modo que permita reorientar recursos y programas a las necesidades más urgentes que cada evaluación refleje. La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar al ministro de Educación que tenga a bien estudiar la factibilidad técnica y práctica de implementar, a partir del próximo año, una herramienta de medición periódica de conocimientos y utilización práctica de la tecnología informática en Chile, a fin de evaluar constantemente su utilización por parte de los niños y de los jóvenes que se encuentran dentro de las distintas etapas del proceso de enseñanza y educación.” El señor OJEDA (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se dejará pendiente la votación de este proyecto para la sesión de mañana. ¿Habría acuerdo? Acordado. IX. INCIDENTES INFORMACIÓN SOBRE OTORGAMIENTO DE VISA DE RESIDENCIA A COLOMBIANO REQUERIDO POR LA JUSTICIA DE SU PAÍS. Aplicación del artículo 48 Nº 1 de la Constitución. Oficio. El señor OJEDA (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité de la Unión Demócrata Independiente. Tiene la palabra el diputado señor Cristián Leay. El señor LEAY.- Señor Presidente, con fecha 27 de septiembre del presente año, un medio de prensa escrito nacional señaló la preocupación por la presencia en Chile de miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc. Sin embargo, un día después, los ministros Insulza y Vidal desmintieron dicha versión, señalando que en el país existían grupos interesados en agitar el tema de la seguridad, porque se estaba en tiempo de campañas. Lamentablemente, en estos días, nos hemos enterado que esa información es correcta, que sí hay presencia de guerrilleros de las Farc en el país; que el Gobierno tiene conocimiento de ésta, desde marzo de este año; que el propio gobierno colombiano la denunció al gobierno chileno y que tanto en Argentina como en Chile existe una alta infiltración de miembros de las Farc en sus organizaciones sociales. Teniendo a la vista estos antecedentes, la primera interrogante que uno puede hacerse es por qué esos ministros los negaron. Considero grave el hecho de que el ministro del Interior, encargado de la seguridad del país, los desconozca, en circunstancias de que, además, el propio subsecretario del Interior señaló que desde marzo contaba con esa información. Más grave aún es el hecho de que se la haya querido ocultar. Pero este capítulo no termina ahí. Un extranjero ingresa al país, tramita su visa de residencia con identidad falsa, es descubierto por la policía y se le reconoce como miembro de las Farc. El gobierno colombiano envía a nuestro gobierno un set de antecedentes y los requerimientos policiales sobre esta persona. A juicio del subsecretario del Interior son insuficientes. Finalmente, se le otorga la visa de residencia por un año. ¿Qué tipo de antecedentes remitió el gobierno colombiano? En ellos aparece una orden de captura sobre esa persona, emanada de los tribunales colombianos, por homicidio, terrorismo y hurto, entre otros delitos, antecedentes que reitero el Gobierno estima insuficientes. Me pregunto qué delitos debe cometer un extranjero en su país de origen para que nuestro Gobierno considere su expulsión o extradición. ¿Presenta un doble discurso el Gobierno chileno? Hace pocos días, terminó el encuentro de la Apec y entre los compromisos asumidos por los diversos países asistentes está el de redoblar esfuerzos para combatir el flagelo del terrorismo. Ése ha sido el discurso de Chile en las Naciones Unidas y en la OEA. Además, se han firmado acuerdos con países amigos para que las policías lleven a cabo una acción conjunta y expedita que permita combatir efectivamente el terrorismo y el narcotráfico. Pero, al parecer, a la “hora de los quiubos” no somos consecuentes con nuestro discurso en los organismos internacionales, ni con los acuerdos que hemos firmado con países amigos, ni con el compromiso de las democracias para combatir el terrorismo, porque lo que escribimos con la mano, lo borramos fácilmente con el codo. Ante la gravedad de estos hechos, en nombre de las bancadas de Renovación Nacional y de la UDI, solicito al Ministerio del Interior, en virtud del inciso segundo, Nº 1), del artículo 48 de la Constitución Política de la República, que entregue a esta Corporación los siguientes antecedentes: 1.Informe detallado respecto de las razones que motivaron el otorgamiento de la visa a ese ciudadano colombiano. 2.Si el Gobierno contaba con información suficiente respecto de él al momento de otorgarle la visa de residencia. 3.Información si existe acerca del motivo que tuvo ese ciudadano colombiano para ingresar a Chile y si ha desarrollado actividades proselitistas. 4.Nómina de las autoridades de Gobierno que participaron en el otorgamiento de la mencionada visa y de las instituciones del Estado que debieron considerar que se trataba de una persona buscada por la policía colombiana. 5.Informe sobre si existen otras personas que hayan ingresado al país, provenientes de países latinoamericanos, que posean prontuarios similares a los del mencionado ciudadano colombiano. 6.Información sobre si miembros de las Farc se han infiltrado en organizaciones sociales chilenas. Asimismo, la información que se tenga respecto de que en 2001, en un restaurante céntrico de Santiago según hizo constar la policía colombiana, se dio inicio a las actividades de las Farc en Chile. 7.Información respecto de los criterios que ha utilizado el Gobierno chileno, durante los últimos años, en relación con el otorgamiento de visas a personas buscadas por la justicia, en sus respectivos países, o con prontuario criminal, como es el caso del ciudadano colombiano. He dicho. El señor OJEDA (Vicepresidente).- En votación la petición de envío de oficio al señor ministro del Interior conforme al inciso segundo, del Nº 1), del artículo 48 de la Constitución Política de la República. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Aprobada. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Alvarado, ÁlvarezSalamanca, Álvarez, Barros, Bayo, Becker, Bertolino, Cardemil, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Dittborn, Egaña, Errázuriz, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), GarcíaHuidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Kast, Kuschel, Leay, Longton, Longueira, Melero, Molina, Moreira, Muñoz (doña Adriana), Ortiz, Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Rojas, Salaberry, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela, Vargas, Vilches y Von Mühlenbrock. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. Hablan varios señores diputados a la vez. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Señores diputados, quiero aclarar que, por un error involuntario de la Secretaria, se me suministró un listado con un orden distinto de los Comités que hoy deben intervenir. Le he dado la palabra al Comité de la UDI, en circunstancias de que le correspondía al Comité Socialista y Radical. Se completará el tiempo de la UDI y en seguida recuperaremos el orden correspondiente. Tiene la palabra el diputado señor Sergio Correa. El señor CORREA.- Señor Presidente, ¿continuará Incidentes con las intervenciones de la UDI o dará la palabra al Comité Socialista y Radical? El señor OJEDA (Vicepresidente).- No ha habido unanimidad, de manera que vamos a recuperar el orden y cederé la palabra al Comité del Partido Socialista y Radical. AUMENTO DE FUNCIONARIOS DE INVESTIGACIONES Y DE CARABINEROS EN LA PROVINCIA DE BIOBÍO. Oficios. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Pérez. El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente, me voy a referir a una situación preocupante que existe en la provincia del Biobío y que dice relación con seguridad ciudadana. Biobío y algunas de sus comunas, especialmente las mayores, como la capital provincial Los Ángeles, Nacimiento, Laja y otras, han tenido un crecimiento muy importante desde el punto de vista agrícola, industrial o comercial. En el caso de Los Ángeles se da esta trilogía en que el crecimiento agrícola, industrial y comercial ha sido notable. En los últimos dos años, se han construido algunos malls y cadenas de supermercado bastante importantes, que atraen, sin duda, a consumidores de otras regiones como, por ejemplo, de la Novena Región, quienes acuden a estos centros comerciales a hacer sus compras, por lo que gran número de personas entran y salen de la ciudad de Los Ángeles. A ello debemos agregar la ampliación de una importante fábrica de celulosa, de propiedad de Cmpc, en la ciudad de Nacimiento, muy cercana a Los Ángeles. Allí, actualmente, en la Forestal Santa Fe, se producen 360 mil toneladas de celulosa al año, la que se triplicará con la inversión que se hará a partir de los próximos meses en la ciudad de Nacimiento, que deberá soportar una población flotante de trabajadores cercana a las cuatro mil o seis mil personas. Pero, en el último tiempo, como consecuencia del despertar de la actividad agrícola, comercial e industrial de la ciudad de Los Ángeles, se han incrementado los delitos de distinta naturaleza en esos centros comerciales y en la vía pública, mientras la dotación policial sigue siendo la misma. Hay escasez de personal de la Policía de Investigaciones y de Carabineros. Como dije, a esto se agrega, en Nacimiento, una población flotante de alrededor de 5 mil personas. Por lo tanto, pido que se oficie al ministro del Interior, al general director de Carabineros y al director de la Policía de Investigaciones, a fin de darles a conocer esta situación y pedirles que consideren la posibilidad de aumentar las dotaciones de funcionarios de las respectivas instituciones policiales, especialmente de Investigaciones, para salvar la enorme carencia de personal y respaldar el proceso de reforma procesal penal. He dicho. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Edmundo Villouta, René Manuel García y Sergio Correa. DENUNCIA POR ACTITUD DE ALCALDE DE PUERTO VARAS. Oficios. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza. El señor ESPINOZA.- Señor Presidente, quiero dar a conocer la triste situación que se produjo durante los últimas días en la región de Los Lagos, específicamente en una de las comunas del distrito que me honro en representar en la Cámara. Haciendo un gran esfuerzo, con recursos provenientes de las indemnizaciones por el fallecimiento de mi padre, el ex diputado socialista Luis Espinoza, puse a disposición de la comunidad de la región un bus ha permitido concretar variados anhelos de la gente de sectores rurales, como el de cientos de jóvenes de lugares aledaños a Puerto Montt que soñaban con conocer el mar, cuestión que para muchos puede ser de poca importancia, o el de cientos de adultos mayores que han podido conocer los parajes de nuestra región, anhelo del que estuvieron privados a raíz de sus dificultades económicas. También ha permitido que muchos clubes deportivos de la región lo utilicen los fines de semana para conocer más del entorno en el cual se han desarrollado durante toda una vida. Con mucho orgullo y satisfacción me honro en dar a conocer públicamente en esta Sala que en los primeros quince días ya se han beneficiado más de 800 personas, previéndose que en el mes de diciembre serán más de mil los que se beneficien, especialmente los jóvenes, pues son cientos los estudiantes, provenientes de Puerto Varas, Fresia, Frutillar, Llanquihue, Los Muermos, Purranque, Puyehue y Puerto Octay que están solicitando con insistencia el servicio. Sin embargo, debo denunciar públicamente la actitud que tuvo el señor Ramón Bahamonde, alcalde de Puerto Varas, con un grupo de escolares de un colegio de escasos recursos de la comuna que utilizó el bus parlamentario, facilitado con el mayor de los cariños para ellos, a fin de que realizaran una gira a la provincia de Chiloé y así poder conocer varias ciudades de la zona. El alcalde de Puerto Varas, perteneciente a la Unión Demócrata Independiente, al enterarse de que este diputado socialista había facilitado ese medio de transporte, mandó a desalojar el bus que se encontraba en plena gira en la provincia de Chiloé, dejando a los alumnos desamparados en la comuna de Dalcahue, para enviar posteriormente otro, adquirido con recursos municipales. Con este acto arbitrario e insólito, que no tiene nombre, ha demostrado una inconsecuencia que tengo el deber de dar a conocer en esta Sala, como un repudio manifiesto a una actitud que no se condice con la que todos los que formamos parte de la actividad pública debemos tener. Más aún, el amedrentamiento que sufrieron los profesores que osaron pedir el bus no tiene justificación en un Estado democrático como en el que hoy vivimos. La forma en que fueron tratados los alumnos, la desesperación de sus padres al no saber lo que estaba ocurriendo, son hechos sin precedentes que incluso los propios parlamentarios de la UDI debieran repudiar enérgicamente. En nuestra labor nadie sobra; todos debemos trabajar. Y este señor, que dice representar a un partido de la Alianza por Chile, con sus actos nos ha demostrado que se trata de instaurar en una comuna un régimen dictatorial, en el cual quien no piensa igual no puede trabajar, cuestión que provoca un daño profundo no al diputado Fidel Espinoza, sino a los habitantes de Puerto Varas y de las demás comunas. Puerto Varas no es del alcalde Ramón Bahamonde; Puerto Varas nos pertenece a todos. Por lo expuesto, solicito que se oficie al ministro de Educación para que conozca la mencionada iniciativa social, que beneficia a miles de alumnos de nuestra región. Al respecto, anuncio que continuaremos realizando los traslados, a pesar de los actos matonescos como el protagonizado por el señor Bahamonde. Asimismo, pido que se oficie al intendente de la Décima Región y al concejo de la municipalidad de Puerto Varas para que nunca más, en una comuna democrática como esta, tengamos que vivir actos discriminatorios, arbitrarios y atentatorios a la labor parlamentaria, que debe ser respetada, así como nosotros respetamos la de los alcaldes. He dicho. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención. IRREGULARIDADES EN ORGANISMO TÉCNICO INTERMEDIARIO PARA CAPACITACIÓN. Oficios. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Correa. El señor CORREA.- Señor Presidente, en el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence, se ha detectado una estafa que afectaría a más de diez mil microempresarios, por un monto estimado de 3 mil 500 millones de pesos. En el Sence existen los Otic, organismos técnicos intermediarios para capacitación, cuyo objetivo es otorgar apoyo técnico a las empresas adheridas, principalmente a través de la promoción, organización y supervisión de programas de capacitación y asistencia técnica para el desarrollo de recursos humanos. Las Otic sirven de nexo entre las empresas afiliadas, es decir, aquellas que recibirán el beneficio de la capacitación, y los organismos técnicos de capacitación, Otec. Cuando hablé de estafa, me refería a la empresa Proem, Proyección Empresarial, que gestionó la obtención de franquicias Sence a más de diez mil microempresarios. Estamos hablando de los empresarios más pequeños, es decir, de personas que con mucho esfuerzo han instalado una cocinería, un taller mecánico o han adquirido un transporte escolar. Ellos hoy están siendo ejecutados por los bancos privados que financiaron esos cursos de capacitación y a los cuales no les ha llegado el certificado que acredita la calidad de capacitación Sence que entregó Proem, empresa que hoy está siendo cuestionada por el Servicio de Impuestos Internos. Entre los reclamos contra Proem se cuenta la petición de algunas empresas para obtener la anulación de aportes por cursos no realizados y denuncias de los organismos técnicos de capacitación, Otec, por cursos de capacitación no pagados luego de prestados los servicios. Durante 2004, se reitera la denuncia contra Proem, a raíz de lo cual el Sence procedió a cancelar a dicha empresa del registro de organismos técnicos intermedios para capacitación, y presentó una querella criminal en contra de quienes resulten responsables de esa eventual estafa. Miles de microempresarios realizaron cursos de capacitación Sence, optando por créditos con bancos privados, ya que con la franquicia que obtendría iban a poder pagarlos. Proem gestionó los cursos, captó los fondos y supervisó. En abril de 2004 los microempresarios recibieron los certificados visados por el Sence para obtener la franquicia tributaria y poder servir los créditos. Pero recientemente el Servicio de Impuestos Internos ha informado que Proem está siendo investigada desde marzo de 2003, situación que no fue comunicada a los microempresarios que optaron por esta Otic al momento de gestionar su capacitación. Es decir, casi diez mil microempresarios fueron estafados por Proem durante el transcurso de 2003, toda vez que esta empresa estaba siendo cuestionada desde antes y nadie advirtió de esa situación. Todo esto se ha traducido en que los microempresarios afectados estén siendo ejecutados por los bancos, que financiaron los cursos por la vía crediticia, con el objeto de recuperar esos fondos. A raíz de este hecho que afecta a miles de chilenos, exigimos que la autoridad correspondiente explique por qué se permitió que Proem siguiera gestionando recursos como Otic para impartir cursos de capacitación Sence a cientos de microempresarios, en circunstancias de que estaba siendo investigada desde principios de 2003 por el Servicio de Impuestos Internos. Asimismo, exigimos que se aclare el proceso de financiamiento de estos cursos, su gestión y los entes que intervienen en ella, puesto que el actual sistema se presta para que instituciones inescrupulosas estafen a cientos de personas que buscan su perfeccionamiento. Por último, creemos que el Sence se debe hacer responsable y asumir el costo en que incurrieron los microempresarios estafados por una negligencia del sistema.Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro del Trabajo para que nos explique por qué el Sence no informó oportunamente sobre lo que estaba ocurriendo con Proem desde comienzos de 2003, permitiéndole que siguiera como Otic, Organismo Técnico Intermedio de Capacitación, y que nos señale qué responsabilidad asumirá el Sence con los pequeños empresarios que están siendo ejecutados por la banca privada. Asimismo, solicito oficiar al ministro de Hacienda para que disponga que el Servicio de Impuestos Internos informe si la empresa Proem tiene posibilidades de solucionar sus problemas y responder por los créditos bancarios recibidos. He dicho. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores René Manuel García, Carlos Kuschel, Edmundo Villouta y Patricio Cornejo. MEDIDAS PARA SOLUCIONAR EVENTUAL CRISIS ENERGÉTICA. Oficio. El señor OJEDA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Edmundo Villouta. El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, Argentina tuvo dificultades para cumplir sus compromisos de entrega de gas a nuestro país, lo que provocó una serie de dificultades a las empresas generadoras de electricidad para cumplir con sus clientes. Afortunadamente, la situación se solucionó con relativa tranquilidad y sin provocar grandes perjuicios a los consumidores. Sin embargo, la crisis energética argentina no está totalmente resuelta y, por lógica, se supone que el próximo año tendremos dificultades mayores. Hace poco leí en la prensa que el gobierno chileno estudia la posibilidad de adquirir gas a Perú, pero no tenemos mayores antecedentes sobre el tema. Dado que este problema no es de fácil solución, solicito oficiar al ministro de Economía para que informe cuáles son las medidas que se han tomado para evitar una crisis energética el próximo año y qué posibilidades hay de que la situación se solucione satisfactoriamente para los usuarios. He dicho. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores René Manuel García, Carlos Ignacio Kuschel y Patricio Cornejo. MODIFICACIÓN DE LA LEY QUE ESTABLECE NORMAS PARA LA PLENA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Oficio. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Cornejo. El señor CORNEJO.- Señor Presidente, en esta oportunidad quiero referirme a la ley Nº 19.284, que establece normas para la plena integración social de personas con discapacidad, cuyo funcionamiento ha sido evaluado en la Comisión Especial de la Cámara de Diputados destinada a analizar la legislación que establece beneficios para los discapacitados. La ley Nº 19.284 se promulgó en enero de 1994, por lo que se han podido apreciar sus limitaciones. A raíz de ello, una cantidad importante de diputados ha presentado mociones que buscan reformar esta ley. Desde el año pasado, la Comisión ha recogido y escuchado opiniones de personas vinculadas al mundo de la discapacidad, a organizaciones no gubernamentales y a organizaciones de personas discapacitadas psíquica, sensorial y físicamente. Sus opiniones se consignan en un documento que fue consensuado con el Ministerio de Planificación y Cooperación, del cual depende el Fondo Nacional de la Discapacidad, con cuyos abogados hemos trabajado durante los últimos meses para realizar una reforma a la ley Nº 19.284, que establece la plena integración de las personas con discapacidad, porque muchas de sus disposiciones se han convertido en letra muerta, especialmente las que dicen relación con el acceso de las personas discapacitadas a los recintos de uso público. A guisa de ejemplo, puedo señalar que la Comisión solicitó a cada uno de los 341 municipios del país un informe respecto de lo que había ocurrido con la aplicación del decreto supremo Nº 201, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que ordenaba que, al 31 de diciembre de 2003, tenían que estar ejecutadas la totalidad de las adecuaciones en los edificios públicos para el acceso de las personas con discapacidad. Sin embargo, de los 341 municipios del país, sólo respondieron 94, de los cuales 12 señalaron que no se había hecho nada en sus comunas y los 82 restantes, que las adecuaciones realizadas eran bastante limitadas. Eso demuestra que, junto con la dificultades que deben sufrir las personas con discapacidad en materia de acceso a la educación, a la cultura, a la salud y, especialmente, al trabajo, dicha ley es fundamentalmente declarativa, pues sólo expresa buenas intenciones, pero no se ha traducido en un conjunto de disposiciones que sean realmente efectivas para los discapacitados y que promuevan su integración. No obstante, estamos trabajando tenazmente y hemos presentado una minuta al ministro Secretario General de la Presidencia, con las modificaciones que señalé, con el objeto de que las haga suya y podamos contar, en el menor plazo, con un proyecto que reforme la ley Nº 19.284, de manera que los derechos de los discapacitados se conviertan en garantías, ojalá explícitas, como las del plan Auge para las personas enfermas. Queremos una suerte de Auge de los discapacitados, es decir, garantías explícitas que los discapacitados puedan exigir ante un organismo del Estado que las haga efectivas, ya que sólo por esta vía los podrán integrarse y gozar de los beneficios que establezcan las leyes en su favor. He dicho. El señor VILLOUTA (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores René Manuel García, Carlos Kuschel y Sergio Ojeda. CONSTRUCCIÓN DE ACCESO EN POBLACIÓN OVEJERÍA ALTO, OSORNO. Oficio. El señor VILLOUTA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Sergio Ojeda. El señor OJEDA.- Señor Presidente, Osorno es una linda ciudad que progresa, pero que también tiene problemas. En efecto, la comuna ya cuenta con 150 mil habitantes, por lo cual sus barrios más antiguos se encuentran densamente poblados. Es el caso de la población Francke, de la población Rahue, que aspira a ser comuna, ya que cuenta con 62 mil habitantes; de Ovejería, de la población Angulo y de Osorno Centro. En esta ocasión, me voy a referir a un problema grave que afecta a uno de estos barrios: el sector Ovejería. Ocurre que Ovejería Alto, donde se encuentran las poblaciones El Mirador, Los Volcanes, Juan de Dios Guajardo, Juan Pablo II, Villa Nueva Primavera y Jardines del Alto, tiene una población de aproximadamente 10 mil habitantes, que unidos a los 15 mil habitantes de Ovejería Bajo, totalizan aproximadamente 25 mil habitantes. Entre las calles y viviendas de dicho barrio pasa el ferrocarril, lo que ha otorgado un cierto aire de romanticismo a Ovejería, pero, sumado al aumento de la población, también provoca problemas de tránsito, por lo cual Ovejería Alto necesita con urgencia un nuevo acceso, pues sus habitantes sufren problemas al salir y al entrar del sector. Para ello se debe construir una calle nueva que descongestione el tránsito de las actuales arterias y evite que se deba atravesar la línea del tren, con lo cual también se podrían evitar los accidentes que luego se lamentan. En todo caso, el nuevo acceso debe hacer más expedito el tránsito desde el centro de Osorno hacia Ovejería Alto, y viceversa. Entre 1996 y 1999, la Secretaría Regional Ministerial de Planificación y Transporte, organismo técnico del Estado que coordina planes de inversión con los ministerios de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, de Planificación y Cooperación, de Vivienda y Urbanismo, de Bienes Nacionales, de Secretaría General de la Presidencia y con la Cámara Chilena de la Construcción, realizó estudios, análisis y seguimientos de planes estratégicos para Temuco, Valdivia y Osorno. Sin embargo, en el ámbito del plan de transportes, que implica quince proyectos para esas comunas, se priorizó atendiendo a la evaluación económica individual de cada uno de los proyectos, por lo cual aquel que dice relación con la construcción del nuevo acceso a Ovejería Alto quedó en el noveno lugar entre doce proyectos, según lo informado por la Sectra. Se hace necesario cuanto antes materializar este proyecto para evitar que sigan ocurriendo desgracias, que aumentan los costos operativos de los servicios de salud, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, etcétera. Por lo tanto, pido oficiar al Mideplan para que requiera de Sectra un nuevo estudio y análisis, con el fin de que se considere, a la brevedad, la construcción de un nuevo acceso en Ovejería Alto. También pido que informe sobre las características del proyecto, que se describan los planos y las expropiaciones posibles, el monto de las inversiones y el estudio de ingeniería, para contar con los antecedentes correspondientes. El señor VILLOUTA (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores René Manuel García y Carlos Kuschel. DESMALEZAMIENTO Y CESIÓN DE PREDIOS DE CORFO. Oficio. El señor OJEDA.- Señor Presidente, respecto de Ovejería Alto, pido oficiar al ministro de Economía, Jorge Rodríguez, para que instruya a la Corfo que desmalece un sitio abandonado del cual es dueño, que está lleno de zarzamoras y de otras malezas. Se trata de un sitio abandonado donde se reúnen alcohólicos y delincuentes, y que permite acechar las viviendas cercanas, por lo que constituye un peligro y atenta contra la seguridad de las personas. Además, pido que el ministro me informe cuál será el destino de ese sitio y si existe la posibilidad de que sea cedido a algún organismo público para que se utilice con fines comunitarios, por ejemplo, un retén, una escuela, un consultorio o para otros fines loables y útiles para la sociedad. He dicho. El señor VILLOUTA (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores René Manuel García y Carlos Kuschel. INVESTIGACIÓN DE DENUNCIA DE PEDOFILIA E INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS ADOPTADAS AL RESPECTO POR EL SERVICIO NACIONAL DE MENORES DE LA NOVENA REGIÓN. Oficios. El señor VILLOUTA (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, no dan ganas de pedir la palabra y de intervenir en esta Sala cuando uno tiene que referirse a ciertos temas. Desgraciadamente, la Novena Región está muy preocupada por una denuncia de pedofilia hecha hace pocos días. Esa denuncia está siendo investigada por un fiscal de la Región Metropolitana nombrado por el fiscal nacional, don Guillermo Piedrabuena. No deja de llamar la atención a los ciudadanos de La Araucanía que se haya nominado a un fiscal externo para hacer la investigación, más aún cuando el Ministerio Público de la Novena Región está en funciones desde hace más de dos años, por ser una de las primeras regiones donde se comenzó a aplicar la reforma procesal penal. Según lo señalado, aparentemente el problema radica en que la fiscalía regional recibió las denuncias, pero no realizó gestión alguna para comprobarlas, atendido que los presuntos involucrados pertenecían al mismo partido político en que militó alguna vez nuestra fiscal regional, lo que constituiría abiertamente una denegación de justicia conforme al artículo 2º de la ley Nº 19.640, orgánica del Ministerio Público, al señalar: “Los fiscales, en los casos que tengan a su cargo, dirigirán las investigación y ejercerán la acción penal pública con el grado de independencia, autonomía y responsabilidad que establece esta ley”. En mérito de lo expuesto, vengo en solicitar que se oficie al fiscal nacional, don Guillermo Piedrabuena, con el objeto de que realice una investigación de los hechos denunciados y, una vez comprobados, proceda a solicitar a la Corte Suprema si ello lo amerita la remoción del fiscal regional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53, inciso final de la ley Nº 19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público. También pido que se oficie a la directora del Servicio Nacional de Menores de la Novena Región, por medio del ministro de Justicia, para que informe respecto de lo que ha hecho en lo que se refiere a estas denuncias, en cuanto a si tenía conocimiento, si ha protegido a los niños y si ha presentado las denuncias en el juzgado. En verdad, si ustedes me ven titubear en este tipo de causas se debe a que estoy defendiendo el futuro de Chile: nuestros niños. Lo que más nos llama la atención en la Novena Región es la respuesta de nuestra fiscal, quien nos informó que han tenido que mandarnos a un fiscal de Santiago porque la Región estaba recargada de trabajo. Quizás esa respuesta podrá dársela a una persona que no entiende cómo funciona la justicia. Si es cierto que no se han realizado investigaciones, nos duele mucho. La estatua de la justicia se presenta ante nosotros con una balanza en equilibrio y los ojos vendados, indicando que la justicia tiene que ser igual para todos y que no se debe atender a las personas para hacer imperar el derecho. Si el caso que se ha denunciado es efectivo, la justicia en la Novena Región se ha sacado la venda y la balanza se ha inclinado. Significa que los encargados de administrarla no están capacitados para investigar ni para emitir veredictos. Considero de extrema gravedad lo que está pasando en nuestra región. Esta denuncia, que se ha hecho a través de la prensa de la Novena Región, nos tiene muy preocupados. No voy a dar nombres, porque no vienen al caso; no los conozco. Pero conocemos los hechos de los presuntos involucrados. Pido que el fiscal nacional que se preocupe y aclare completamente esta situación para que no quede en el olvido. Tenemos la certeza de que el ministro de Justicia, don Luis Bates, nos dará el informe que hemos solicitado con relación a lo que ha hecho el Servicio Nacional de Menores de la Novena Región al respecto. Lamento tener que intervenir en temas como éstos, en circunstancias de que hay problemas muy importantes en nuestra Región, como la cesantía y la pobreza, que no hemos sido capaces de erradicar. Pero también considero fundamental y con prioridad uno el futuro de nuestra patria: nuestros niños, quienes siempre deben ser motivo de nuestra preocupación. Si hay gente involucrada en esto, debe recibir el castigo que corresponde. Señor Presidente, perdone que haya titubeado al principio, pero pienso en los miles de niños que han sido abusados sexualmente, en los padres que han sido callados y en los miles de problemas que ha habido porque no se denuncia este tipo de acciones. Hay que tener valentía. Dejamos esto en manos de la justicia y en las manos de Dios para que se haga todo lo posible a fin de que se acabe de una vez por todas la pedofilia en nuestro país. He dicho. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Carlos Vilches y Carlos Ignacio Kuschel. SITUACIÓN DE LA PEQUEÑA MINERÍA. Oficios. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Carlos Vilches. El señor VILCHES.- Señor Presidente, en esta oportunidad quiero levantar mi voz en la Cámara de Diputados para informar que he tenido una reunión de muy buen nivel con los pirquineros de Tierra Amarilla, agrupación que dirige su presidente, don Luciano Pinto. En ella expusieron durante tres horas los trabajadores que realmente conocen a fondo la materia y las dificultades que tiene el sector de la pequeña minería y de los pirquineros. Me refiero a don José Rojas, a don Luis Núñez y a don Exequiel Bugueño tampoco quiero dejar de lado a don Moisés Lazo, dirigentes y experimentados pirquineros, quienes plantearon cosas importantísimas: En primer lugar, entre 1998 y 2003, la Empresa Nacional de Minería entregó a los pequeños mineros una tarifa de sustentación. Como los precios estaban muy bajos, fijó en 85 centavos la compra de minerales, con el objeto de permitir la subsistencia de la pequeña minería. Pero la situación cambió ostensiblemente. En este año, el precio del cobre está en un promedio de 128 centavos de dólar la libra. Un acuerdo alcanzado en el directorio de la Empresa Nacional de Minería obliga a descontar todo lo que sobrepasa los 90 centavos, de lo cual un 50 por ciento va a tarifa y el otro 50 por ciento va a devolución de la tarifa de sustentación, como se conoce en el sector. Pero esos descuentos han significado hasta 30 por ciento en algunos casos más de la liquidación que reciben los pequeños mineros. De ello, se puede verificar que en 2004, a pesar del excelente precio del cobre, no han podido obtener una buena tarifa de sustentación. Por ello, solicitan modificar ese descuento. La segunda pregunta de los pequeños mineros es si se están aplicando intereses al monto aportado a la pequeña minería y por qué valor. Don Mario Morales pregunta por el monto total del préstamo que se hizo a la pequeña minería y por el plazo en que se pagará. ¿Será en 2, 5 ó 10 años? La cifra no se conoce públicamente. Como se les hacen descuentos a todos los mineros, incluso a quienes entraron a producción en este año, quienes nunca recibieron apoyo en el último tiempo en la tarifa de sustentación, quiero señalar parece injusto que como era un crédito para el sector, el descuento es también al sector. Es decir, por cada entrega, cada proveedor, cada pequeño minero tiene el descuento. Eso significa que su monto es muy significativo. También piden hacer un reestudio sobre los descuentos con que están castigando las impurezas. En los últimos dos meses ha aumentado el descuento de manera muy importante por impurezas tales como el cadmio, cloro, zinc, magnetita y arsénico, porque la Enami quiere cumplir con la norma ISO 14.000 para seguir produciendo cobre sin contaminar. Pero el precio lo están pagando los pequeños mineros. Es necesario revisar esa situación. Por otro lado, manifestaron que requieren de una fiscalización de los laboratorios de la Enami. Ojalá un organismo internacional revisara las normas sobre el análisis que se hace del cobre, oro y plata, porque eso es muy significativo. El sueldo del pequeño minero es la tarifa que le pagan. Por eso es tan importante para ellos. Por lo expuesto, pido oficiar al ministro de minería y al vicepresidente de la Empresa Nacional de Minería para que consideren los temas que he planteado. He dicho. El señor OJEDA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. Se levantó la sesión a las 15.25 horas. JORGE VERDUGO NARANJO, Jefe de la Redacción de Sesiones.