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El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, estamos discutiendo en particular los segundos informes de las Comisiones de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, la Comisión técnica, y de Hacienda, recaídos en un proyecto de ley que será vital para las dieciséis universidades estatales que participan en el Consejo de Rectores, ya que establece en su favor facultades en materias financieras.
¿Cuál es la realidad actual de nuestra educación superior? Veinticinco universidades conforman el Consejo de Rectores, de las cuales dieciséis son estatales. El proyecto está focalizado hacia estas instituciones.
Además, existen más de cuarenta universidades privadas, las cuales, por estar en ese ámbito, obviamente tienen la posibilidad de contraer todos los créditos necesarios para infraestructura y para mejorar su nivel académico. No están sujetas a la fiscalización de la Contraloría General de la República.
En el caso de las universidades estatales, tenemos una situación bastante complicada, que siempre se ha planteado en el seno del Consejo de Rectores, cual es el tema del endeudamiento. Es cierto que, al día de hoy, las universidades estatales arrastran una deuda de alrededor de 105 mil millones de pesos, especialmente dos o tres de ellas, que tienen pasivos bastante altos.
Pero también, en defensa de las universidades estatales y de las veinticinco que participan en el Consejo de Rectores, es necesario considerar en forma seria y objetiva que no sólo se dedican a la docencia, a los estudios de pre y posgrado, magister y doctorado, sino que también emplean una parte importante de su presupuesto anual en investigación y extensión cultural, actividades que, muchas veces, las universidades privadas no realizan, porque privilegian la enseñanza propiamente tal.
Mediante el proyecto facultamos a esas dieciséis universidades para que puedan renegociar sus pasivos, aprovechando algo que es importante destacar. Hace casi dos semanas terminó el encuentro del Apec. Todos nos sentimos orgullosos de que este encuentro internacional que convocó a veintiuna “economías miembros” se efectuara en Chile, donde estuvieron presentes los hombres de negocios más importantes de esos países. Aquí se tomaron resoluciones muy claras y precisas, que permiten considerar a Chile como un país serio, con una inflación controlada y con un sistema financiero absolutamente sólido. Los tratados y acuerdos comerciales que ha firmado nuestro país permitirán aumentar de forma importantísima el ingreso per cápita de nuestros habitantes. Para lograrlo, es vital la calidad de la educación, en especial de la superior.
Este cuerpo legal va a ayudar a las universidades estatales a renegociar, por una sola vez, a no más de veinte años y sin comprometer la garantía estatal, todos sus pasivos a tasas de interés mucho más bajas que las que se comprometió a pagar al momento de adquirir la deuda.
Creo que es algo importante que los colegas parlamentarios sopesen esto al momento de la votación.
Por otro lado, todas las universidades estatales han solicitado autorización para poder pagar indemnizaciones, hasta por 11 meses y con cargo a sus presupuestos, en caso de retiro voluntario de funcionarios de carrera o a contrata que tengan 65 o más años de edad, si son hombres, y 60 años o más, si son mujeres. Esta petición fue hecha hace bastante tiempo, antes de que ocupara el cargo de ministro de Educación el señor Sergio Bitar . En verdad, esto va a permitir el llamado “tiraje de la chimenea”; posibilitará la contratación de nuevo personal académico, más joven y calificado, así como reforzará efectivamente la calidad de la investigación y la docencia en nuestros planteles universitarios.
Además, está el tema del trámite de toma de razón por parte de la Contraloría, ampliamente debatido en la Comisión de Hacienda. Como siempre, participé activamente en el estudio del proyecto. Soy partidario de simplificar el control de la Contraloría General de la República sobre las dieciséis universidades estatales, porque tenemos que dar las herramientas para que éstas no tengan trabas en su afán de desarrollarse en mejor forma y con mejor calidad, más aun cuando en unos ocho o diez años más, va a ser prácticamente obligatoria la educación terciaria, es decir, el magíster y el doctorado.
Por otro lado, el proyecto de ley va a impedir la posibilidad de equívocos, porque todos los decretos que tengan que ver con la determinación de los montos de los pasivos financieros de las universidades deberán referirse a las deudas existentes al 31 de diciembre de 2003, es decir, no hay ninguna posibilidad de que no se trate de las cifras reales. Más aún, esos decretos deberán tener además la firma del ministro de Hacienda. También es importante dar a conocer ante la opinión pública, y dejar establecido en la historia fidedigna de la ley que, de aquí en adelante, todos los balances de todas las universidades estatales tendrán que enviarse a la Superintendencia de Valores y Seguros, como si fueran una sociedad anónima más. ¡Qué más claridad y transparencia queremos! Nuestras universidades estatales, que es cierto que reciben aporte fiscal directo e indirecto, deberán presentar sus balances ante esa Superintendencia, para una mayor transparencia.
En consecuencia, en nombre de la bancada del Partido Demócrata Cristiano, anuncio que votaremos a favor todos los artículos, pues el proyecto pone en igualdad de condiciones a todas las universidades del país; en este caso, a las estatales respecto de las privadas.
He dicho.
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