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El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn .
El señor DITTBORN.-
Señor Presidente, el proyecto en discusión, que se refiere a la administración por parte del Estado de las universidades que pertenecen al Consejo de Rectores, tiene aspectos positivos y negativos. Me referiré a ellos artículo por artículo.
Entiendo que tanto la Comisión de Educación como la de Hacienda, la cual integro, recibieron la visita del contralor general de la República, quien fue tremendamente crítico del artículo 1º.
La labor de la Contraloría tiene dos etapas: las que el contralor llamó de control previo o ex ante y la de control posterior o ex post.
Lo que pretende el Gobierno es limitar el control previo con el argumento de que no permite a las universidades estatales competir exitosamente con las privadas pues el mercado se ha vuelto muy competitivo y, por ende, es necesario que ese control previo se limite o desaparezca, y se mantenga el control posterior o ex post.
El contralor discutió y combatió dicha argumentación con mucha fuerza y señaló que no era posible hacer un control posterior o ex post efectivo si no existía un control previo o ex ante también efectivo y completo; que no era posible desvincular el control posterior del previo, que había un cordón umbilical entre ambos que era necesario mantener. Me hace mucha fuerza este argumento. Por ello, me atrevo a afirmar que la gran mayoría de los diputados de la UDI, sino todos, votarán en contra el artículo 1º, por ser contrario a lo deseado por la Contraloría, nuestro órgano fiscalizador por excelencia. Como lo manifestó el contralor, dicha institución está en contra del artículo 1º tal como está redactado.
Respecto del artículo 2º, se requiere la autorización de esta Cámara para que las universidades estatales puedan contratar créditos más allá del período presidencial. Este artículo tiene mucho sentido, porque hoy las tasas de interés son muy convenientes y, por lo tanto, las universidades pueden prepagar deuda cara con deuda barata.
Sin embargo, fue tan penosa la intervención del rector de la Universidad de Santiago y de sus asesores en la Comisión de Hacienda perdonen el adjetivo, pero, en verdad, fue una vergüenza la explicación financiera que nos dieron, que quisimos aprovechar nuestro poder, porque el artículo 2º contiene disposiciones de quórum calificado, para que el Ministerio de Educación obligara a las universidades a contratar informes sobre clasificación de riesgos con empresas privadas. Así lo hicimos ver al ministro del ramo, quien nos dijo que le parecía bien, pero que era mejor considerar a todas las universidades y no sólo las pertenecientes al Consejo de Rectores. Luego, nos encontramos con el hecho de que había pocas empresas clasificadoras de riesgos y que se nos podía acusar de estar favoreciendo por ley a una determinada actividad.
Finalmente, el Ministerio no fue partidario de obligar a las universidades estatales a entregar informes serios sobre clasificación de riesgos y no como el que se nos presentó en la Comisión de Hacienda que, repito, fue una vergüenza.
Debemos defender a los contribuyentes. Estas universidades reciben cientos de miles de millones de pesos todos los años a través de la ley de Presupuestos. Estoy seguro de que el Ministerio de Educación no tiene ninguna capacidad de fiscalizar el buen uso o la buena gestión de esa enorme cantidad de recursos. Por lo tanto, es razonable pedir información al respecto.
Lamentablemente, el Ejecutivo no ha accedido a esta petición, razón por la cual me encuentro en una situación inconfortable, porque, por un lado, dicho artículo es necesario para que las universidades estatales puedan reemplazar deuda cara por deuda barata y, por otro, al no exigirles mayor transparencia, estamos contribuyendo a que sean una especie de caja negra, puesto que no existe control de parte del Ministerio sobre el buen uso de los recursos públicos que los contribuyentes les traspasamos cada año a través de la ley de Presupuestos. De manera que lamento que el Ejecutivo no haya accedido a lo solicitado.
El artículo 3º es muy positivo. Lo votaremos a favor, porque va en el mismo sentido de lo que queríamos lograr en el artículo anterior: que las universidades estatales, a partir de enero de 2005, publiquen sus balances generales y demás estados financieros debidamente auditados. Esta información será presentada en forma idéntica a la que se exige a las sociedades anónimas abiertas, lo cual nos parece muy positivo, porque contribuye a la transparencia y a que de una vez por todas empecemos a saber qué se hace con los recursos que los contribuyentes traspasan a las universidades estatales.
El artículo 4º también nos parece muy positivo y va en el mismo sentido, al establecer que sólo por ley podrá autorizarse la transferencia de recursos del fisco a las universidades estatales.
El artículo 5º permite que las universidades incentiven a los funcionarios de mayor edad para retirarse de las mismas.
Sin embargo, falta un gran tema que el Gobierno no asume: el crédito fiscal.
Recuerdo que cuando asumió el Presidente Lagos prometió, en el Salón de Honor del Congreso Nacional, que durante su gobierno no habría jóvenes idóneos y capaces que se quedaran sin estudiar en las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, por no poseer los recursos económicos necesarios. Señaló que se instauraría un sistema de créditos destinado a evitar que jóvenes capacitados intelectualmente, pero sin recursos económicos, se quedaran sin estudiar. Pero, a un año del término del gobierno del Presidente Lagos no se ha hecho nada en esta materia. Han pasado cinco años del gobierno del Presidente Lagos y 14 de la Concertación y en este tema no hay nada, ¡absolutamente nada!
Cerca del 90 por ciento del apoyo en créditos y becas está orientado a los alumnos de las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores, lo que constituye una tremenda injusticia. Para los alumnos de las universidades privadas, de los institutos profesionales y de los centros de formación técnica, muchas veces de menores recursos que los de las universidades del Consejo de Rectores, hoy no existe ninguna ayuda ¡Cero ayuda! Me parece inexplicable que el gobierno no haya abordado este tema.
Durante la última discusión presupuestaria, presenté una indicación a una glosa del presupuesto del Ministerio de Educación, con el objeto de abrir la posibilidad de que algunas becas o créditos, que en gran parte están ligadas a las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores, se entregaran a alumnos de universidades privadas, institutos profesionales o centros de formación técnica. Como las bancadas de la Concertación votaron en contra de la indicación, toda la ayuda en becas y en créditos del Estado se destinará sólo a los alumnos de las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores.
Es bueno que nos convenzamos de que la ayuda en créditos y en becas debe ser para el alumno y no para la universidad; debe premiar los méritos del alumno que es capaz y no cuenta con recursos para financiar su educación. Es absurdo que el Estado le otorgue el crédito a las universidades, pues obliga al alumno a matricularse en ellas.
Nos quejamos de que en Chile no hay educación técnica, pero ¡cómo va a haber educación técnica si sólo subsidiamos a los alumnos que estudian leyes, ingeniería comercial u otras licenciaturas! No hay ningún apoyo para el que estudia carreras técnicas.
Quiero contar una historia que ejemplifica esta situación. Tengo una familia amiga en el sur, muy modesta. Su hijo, que es un gran alumno, al terminar su enseñanza media quería estudiar una carrera ligada al área agrícola en un instituto profesional, pero como no hay becas o créditos para estudiar dos años una carrera técnica, decidió estudiar derecho que dura cinco años, porque para eso sí tenía crédito. Hoy está cesante.
Entonces, no nos quejemos nunca más en esta Sala de que no hay suficientes técnicos en Chile. Reconozcamos que no se da ningún crédito ni beca a alumnos que estudian carreras técnicas, y sólo se subsidia a los que estudian carreras universitarias. Eso tiene que terminar. El gobierno del Presidente Lagos no ha hecho nada en este tema.
He dicho.
Aplausos.
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