-
http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/651359/seccion/akn651359-po1-ds15-ds25
- bcnres:tieneTipoParticipacion = bcnres:Intervencion
- bcnres:tieneEmisor = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/2146
- rdf:type = bcnres:Participacion
- rdf:type = bcnres:SeccionRecurso
- bcnres:tieneCalidad = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/cargo/1
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/1001
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/2146
- rdf:value = "
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Camilo Escalona .
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, la intervención del diputado señor Dittborn , en relación con el financiamiento de la educación superior en el área privada, me obliga a distraer parte de mi tiempo para hacer algunas aclaraciones, pues hizo una afirmación, a mi juicio insostenible, en el sentido de que el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos no ha hecho nada para ayudar al financiamiento de los estudios de los alumnos de establecimientos privados de educación superior.
Al respecto, cabe recordar que las comisiones de Educación y de Hacienda de esta Corporación, así como esta Sala, aprobaron un proyecto de ley destinado a otorgar garantía estatal a los créditos concedidos a los estudiantes para financiar sus estudios en las universidades privadas, institutos de educación superior o centros de formación técnica.
Hace ya varios meses que la iniciativa pasó en segundo trámite constitucional al Senado, que es presidido por un senador de la Oposición, el señor Larraín , que, al igual que el diputado Dittborn , es militante de la UDI.
Por iniciativa de quien habla y de otros parlamentarios de la Concertación, en el protocolo adjunto a la ley de Presupuestos del sector publico para el año 2005, suscrito hace pocos días por todas las fuerzas políticas, se incluyó una solicitud al Ejecutivo para que fije urgencia a la tramitación de esa iniciativa. En consecuencia, esperamos que el Senado no prolongue su despacho por un largo período, como suele ocurrir en esa Corporación, de manera que sea promulgada como ley en enero y el sistema de avales del Estado a los créditos para estudiantes de instituciones privadas de educación superior comience a funcionar a partir de marzo próximo.
Por lo tanto, esa afirmación del diputado Dittborn no corresponde a la realidad, en tanto que hay que otra carece de exactitud. En efecto, el señor Sciolla , contralor general de la República, fue invitado por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para que entregara su opinión, no la de la Contraloría General de la República en esta materia, pues, como es de conocimiento público, esa institución no puede hacerlo. Así, lo expresado por el señor Sciolla sólo es su opinión, la que no coincidió con la de la Comisión de Hacienda.
Por otra parte, dicha Comisión aprobó una indicación presentada por el Ejecutivo no es de Hacienda, en relación con los mecanismos de fiscalización a las universidades estatales, cuestión respecto de la cual también quiero rectificar lo expresado por los diputados señores Dittborn y Correa: el Ejecutivo repuso una indicación tendiente a establecer un sistema de fiscalización que contiene mecanismos ex ante y ex post. En consecuencia, no es cierto que el proyecto sólo consigne mecanismos ex post. Como establece expresamente el articulado, se consideran mecanismos previos de control de las decisiones de las universidades estatales.
Es importante que nos atengamos a los hechos.
El diputado señor Dittborn pone cara de sorpresa, pero lo cierto es que el artículo 1º del proyecto señala expresamente: "Las universidades estatales serán fiscalizadas por la Contraloría General de la República, de acuerdo con su ley orgánica.
“Con todo, sólo estarán afectas al trámite de toma de razón las materias que a continuación se señalan:
a)Aprobación del presupuesto y de sus modificaciones;
b)Enajenaciones de bienes raíces;
c)Reglamentos de carreras funcionarias y sus modificaciones;
d)Medidas que impliquen la supresión de empleo o la eliminación o destitución de algún miembro de la institución, y
e)Otras materias esenciales que señale el respectivo Estatuto.”
Efectivamente, otras decisiones tendrán que ser tramitadas ex post por la Contraloría General de la República. Esto, al final de cuentas, dice relación con la actitud que como Congreso y como sociedad podamos tener sobre esta materia.
Entiendo, con el ejemplo que señalaba antes, que el Estado de Chile, mediante un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, ya aprobado por la Cámara de Diputados y espero que sea acogido por el Senado, entregará, ni más ni menos, la garantía estatal para créditos de estudiantes de educación superior del sector privado. O sea, estamos generando un mecanismo que claramente apunta a facilitar el funcionamiento de las universidades privadas. Al mismo tiempo, se han despachado diferentes iniciativas que otorgan franquicias tributarias a esos establecimientos.
Nadie podría argumentar, en su sano juicio, que en las administraciones de los gobiernos democráticos se han tomado medidas lesivas o restrictivas respecto de las universidades privadas. Al revés, en esta Corporación se han señalado fundadamente las enormes garantías que tienen las universidades privadas para su funcionamiento.
En consecuencia, es totalmente legítimo, si no queremos establecer una competencia enteramente desequilibrada, que las universidades estatales cuenten con medidas mínimas que les permitan ser eficientes.
No podemos caer en el contrasentido del discurso que exige que las universidades del sector estatal sean modernas y negarles los mecanismos mínimos para que puedan ser eficientes. Eso tampoco se sostiene desde el punto de vista de una argumentación que apunte al correcto equilibrio. Por ello, si la educación superior privada cuenta con las garantías del caso y un conjunto muy significativo de condiciones para competir, es indispensable que las universidades estatales dispongan de mecanismos mínimos para su correcto funcionamiento. Eso es lo que persigue este proyecto.
Lo mismo ocurre con el artículo 2º. Autoriza a las universidades estatales para contratar empréstitos a fin de renegociar una deuda estimada en 105 mil millones de pesos. Si se procede como se hace actualmente, vale decir, sólo a través de créditos de corto plazo, naturalmente su tasa de interés será muy alta. En consecuencia, se debe establecer un mecanismo de negociación de mediano y largo plazo.
Por eso, este proyecto de ley autoriza extender los plazos para la renegociación de los 105 mil millones de pesos. Es una cuestión de sentido común que un economista tan destacado como el diputado señor Dittborn entiende perfectamente. Es decir, se trata de generar mecanismos que eviten un mayor costo por efecto de una tasa de interés más elevada, como ocurriría con obligaciones financieras a corto plazo, y de facilitar los mecanismos que a mediano y largo plazo permitan que las universidades puedan descomprimir la presión de pago que hoy tienen y, en definitiva, hacer un uso más racional, más eficiente y más moderno de los recursos de que disponen en beneficio de los estudiantes de los planteles de educación superior.
En síntesis, estimo que hay razones fundadas y de fondo que hacen necesario la aprobación de este proyecto de ley.
He dicho.
Aplausos.
"
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/651359/seccion/akn651359-po1-ds15
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/651359