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El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado Rodrigo González .
El señor GONZÁLEZ.-
Señor Presidente, el objetivo de la iniciativa es flexibilizar la gestión de las universidades estatales y adecuar sus instrumentos de gestión, a fin de que puedan competir en mejor forma en un mercado en creciente expansión. En estos momentos muchas de las normas que las rigen son un obstáculo para su desarrollo y para cumplir con la misión para la cual la sociedad chilena las creó.
En primer lugar, la autorización que se otorga a las universidades estatales para que puedan endeudarse a largo plazo es una medida extraordinariamente importante y, además, lógica dentro del actual sistema universitario. Actualmente pueden contratar empréstitos y otras obligaciones financieras con cargo a su patrimonio, pero esta autorización está limitada al período presidencial correspondiente por expresa disposición constitucional. La autorización a más largo plazo hará el crédito más barato. Es así como se dispone que el servicio de la deuda no podrá exceder de un plazo de 20 años. Además, se adoptarán resguardos: los pasivos de las universidades quedarán establecidos de manera precisa en un decreto del Ministerio de Educación que, además, llevará la firma del ministro de Hacienda. Así quedará perfectamente determinado el monto del endeudamiento.
En fin, el proyecto original autorizaba a dichas universidades a endeudarse a largo plazo, materia que es perfeccionado con las normas incorporadas en el segundo trámite reglamentario.
Se obliga a las universidades estatales a publicar sus balances generales y demás estados financieros, lo que también es de extraordinaria importancia, pues permitirá que haya transparencia en cuanto al uso de los recursos públicos.
En relación con la toma de razón por la Contraloría General de la República, el proyecto original eximía a las universidades de ese trámite. De acuerdo con las modificaciones introducidas, esto queda bien definido, de manera que la tuición del organismo contralor queda muy precisada. Hay un conjunto de materias respecto de las cuales dicho trámite no será necesario, sin perjuicio de otras medidas de control, para obviar lo que hasta ahora constituye un engorro importante para la competitividad y flexibilidad de las universidades estatales. La medida constituye un avance para eliminar la burocracia y flexibilizar su gestión.
El establecimiento de una bonificación por retiro voluntario para los funcionarios de carrera o a contrata de las universidades estatales que tengan 60 o más años las mujeres, y de 65 o más años los hombres, también es una medida necesaria para alivianar la carga de una cantidad muy grande de funcionarios de avanzada edad y permitir la renovación del personal.
Si bien la bonificación, que tiene un tope de once meses de remuneración imponible, podría considerarse insuficiente, incentivará el retiro de un número importante de funcionarios. Esto se hará con cargo al presupuesto de las respectivas universidades y permitirá mejorar la calidad del personal mediante la incorporación de gente más joven. La iniciativa dispone que los funcionarios que reciban esta indemnización no podrán prestar servicios en ninguna calidad en la misma univeresidad durante los cinco años siguientes al término de su relación laboral, a menos que devuelvan la bonificación, lo que resulta perfectamente justo.
Estas medidas básicas y mínimas permitirán que las universidades cumplan en mejor forma su labor.
Por lo tanto, tal como lo han señalado otras señoras diputadas y señores diputados de mi bancada, también votaré favorablemente el proyecto.
He dicho.
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