REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 352ª, EXTRAORDINARIA Sesión 72ª, en martes 10 de mayo de 2005 (Ordinaria, de 11.09 a 14.39 horas) Presidencia de los señores Ascencio Mansilla, don Gabriel, y Letelier Norambuena, don Felipe. Presidencia accidental del señor Salas de la Fuente, don Edmundo. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. ÍNDICE I.ASISTENCIA II.APERTURA DE LA SESIÓN III.ACTAS IV.CUENTA V.FÁCIL DESPACHO VI.ORDEN DEL DÍA VII.PROYECTOS DE ACUERDO VIII.INCIDENTES IX.DOCUMENTOS DE LA CUENTA X.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL Pág. I.Asistencia6 II.Apertura de la sesión9 III.Actas9 IV.Cuenta9 Archivo de proyecto9 V.Fácil Despacho Proyecto de acuerdo aprobatorio del acuerdo de cooperación turística entre Chile y Guatemala. Primer trámite constitucional9 Proyecto de acuerdo aprobatorio del acuerdo de cooperación turística entre Chile y Túnez. Primer trámite constitucional9 VI.Orden del Día. Creación de nueva figura penal y sustitución de la unidad en que se expresan las multas en la ley N° 17.288, sobre monumentos nacionales. Proposición de la Comisión Mixta15 Perfeccionamiento de normativa procesal aplicable a las causas de alimentos. Primer trámite constitucional16 VII.Proyectos de acuerdo. Ratificación de tratados internacionales que previenen y sancionan el tráfico de bienes culturales. (Votación)40 Sistema oficial de respuesta a emergencias que causen alarma pública40 VIII.Incidentes. Pavimentación de camino de Curarrehue a Puesco, en Novena Región. Oficio42 Reconocimiento a Laboratorio Chile. Oficios43 Información sobre indicadores biomédicos y servicio de salud Araucanía Norte. Oficios44 Posición de Chile ante actitud de Gobierno de Perú. Oficios45 Pago de beneficio a funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile. Oficios46 Delimitación en materia de extracción de algas. Oficio47 Reapertura de oficina del Servicio de Cooperación Técnica de Osorno. Oficio48 Antecedentes sobre empresa constructora de Antofagasta. Oficios48 Antecedentes sobre privatización de la Empresa de Servicios Sanitarios de Magallanes. Oficios49 Pág. Inclusión de comunidades indígenas de Pitrufquén en programa Orígenes. Oficios50 Desagravio a ministros de Educación y Secretario General de la Presidencia. Oficios51 IX.Documentos de la Cuenta. 1.Mensaje de S. E. el Presidente de la República por el cual da inicio a la tramitación de un proyecto de acuerdo que Aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República Chile y el Gobierno de Australia sobre servicios aéreos y su Anexo, suscrito el 7 de septiembre de 2.001. (boletín N° 385810)53 2.Oficio de S. E. el Presidente de la República por el cual comunica que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 70 de la Constitución Política de la República respecto del proyecto que establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior. (boletín N° 322304)69 3.Oficio de S. E. el Presidente de la República por el cual retira y hace presente la urgencia, calificada de “simple”, para el despacho del proyecto que establece mecanismos de protección y de evaluación de los efectos producidos por el deterioro de la capa de ozono. (boletín N° 272512)70 4.Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia, calificada de “simple”, para el despacho del proyecto que introduce diversas modificaciones en materia de tránsito terrestre. (boletín N° 99915)70 5.Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado la proposición de la Comisión Mixta constituida para resolver las discrepancias producidas en la tramitación del proyecto que establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior. (boletín N° 322304)70 6.Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto con urgencia “suma”, que modifica la ley N° 17.235, sobre impuesto territorial; el decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre rentas municipales, y la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y faculta a las municipalidades para otorgar condonaciones que indica. (boletín N° 289206)71 7.Informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto, con urgencia “suma”, que moderniza el servicio militar obligatorio. (boletín N° 284402)84 8.Informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las discrepancias producidas en la tramitación del proyecto que modifica la ley N° 17.288, sobre Monumentos Nacionales, con el objeto de crear una nueva figura penal y sustituir la unidad en que se expresan las multas. (boletín N° 272607)107 9.Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, recaído en el proyecto que sanciona los rayados, pinturas y conductas similares que se realicen sin autorización en la propiedad pública y privada. (boletín N° 324307)117 Pág. 10.Informe de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana recaído en el proyecto que sanciona los rayados, pinturas y conductas similares que se realicen sin autorización en la propiedad pública y privada. (boletín N° 324307)121 11.Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto que destina recursos de la institución denominada Polla Chilena de Beneficencia a favor de Aldeas S.O.S. (boletín N° 340305)125 12.Informe complementario de la Comisión investigadora de presuntas irregularidades en el Servicio Nacional de Aduanas, de la ciudad de Los Andes129 13.Moción del diputado señor Walker que complementa la ley N° 19.927, sobre pornografía infantil (boletín N° 385518)131 X.Otros documentos de la Cuenta. 1.Oficios: De la Comisión de Defensa Nacional por el cual solicita el archivo del proyecto, iniciado en moción, sobre financiamiento de estudios en las escuelas matrices de la Fuerzas Armadas y de Orden, por haberse legislado sobre la materia (boletín N° 335402). De la Comisión Investigadora Encargada de estudiar y reunir antecedentes sobre la situación que afecta a los trabajadores portuarios del país, a raíz del proceso de transformación y modernización de los terminales portuarios, por el cual comunica que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del Reglamento de la Corporación, eligió como Presidente al diputado señor Pérez, don Ramón. Contraloría General de la República: Diputado Bayo, licitaciones por sistema Chilecompra. Diputado Monckeberg, contratos celebrados entre la Corfo y la Fundación para la Transparencia Tecnológica. Ministerio de la Vivienda y Urbanismo: Diputado García, don René, información sobre legalidad de plan regulador de Pucón. Ministerio de Planificación y Cooperación: Diputado Delmastro, informe respecto del plan Chile Solidario, específicamente, del Programa Puentes –instrumentalizado por el Fosis, en las comunas de Lanco, Mariquina, Mafil, Valdivia y Corral. Servicio Electoral: Copia de la Resolución ONº 7421, de fecha 28 de abril de 2005, en la que se ha dispuesto la creación de Juntas Inscriptoras permanentes en algunas comunas a lo largo del país. I. ASISTENCIA Asistieron los siguientes señores diputados: (106) NOMBRE --Accorsi Opazo, Enrique --Aguiló Melo, Sergio --Alvarado Andrade, Claudio --Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro --Álvarez Zenteno, Rodrigo --Allende Bussi, Isabel --Araya Guerrero, Pedro --Ascencio Mansilla, Gabriel --Barros Montero, Ramón --Bauer Jouanne, Eugenio --Bayo Veloso, Francisco --Becker Alvear, Germán --Bertolino Rendic, Mario --Burgos Varela, Jorge --Caraball Martínez, Eliana --Cardemil Herrera, Alberto --Ceroni Fuentes, Guillermo --Cornejo Vidaurrazaga, Patricio --Correa De la Cerda, Sergio --Cristi Marfil, María Angélica --Cubillos Sigall, Marcela --Díaz Del Río, Eduardo --Dittborn Cordua, Julio --Egaña Respaldiza, Andrés --Encina Moriamez, Francisco --Errázuriz Eguiguren, Maximiano --Escalona Medina, Camilo --Espinoza Sandoval, Fidel --Forni Lobos, Marcelo --Galilea Vidaurre, José Antonio --García García, René Manuel --García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro --Girardi Lavín, Guido --González Román, Rosa --González Torres, Rodrigo --Guzmán Mena, Pía --Hales Dib, Patricio --Hernández Hernández, Javier --Hidalgo González, Carlos --Ibáñez Santa María, Gonzalo --Ibáñez Soto, Carmen --Jaramillo Becker, Enrique --Jarpa Wevar, Carlos Abel --Jeame Barrueto, Víctor --Kast Rist, José Antonio --Kuschel Silva, Carlos Ignacio --Leal Labrín, Antonio --Leay Morán, Cristián --Letelier Morel, Juan Pablo --Letelier Norambuena, Felipe --Longton Guerrero, Arturo --Longueira Montes, Pablo --Lorenzini Basso, Pablo --Luksic Sandoval, Zarko --Martínez Labbé, Rosauro --Masferrer Pellizzari, Juan --Melero Abaroa, Patricio --Mella Gajardo, María Eugenia --Meza Moncada, Fernando --Molina Sanhueza, Darío --Monckeberg Díaz, Nicolás --Montes Cisternas, Carlos --Mora Longa, Waldo --Moreira Barros, Iván --Mulet Martínez, Jaime --Muñoz Aburto, Pedro --Muñoz D'Albora, Adriana --Norambuena Farías, Iván --Ojeda Uribe, Sergio --Olivares Zepeda, Carlos --Ortiz Novoa, José Miguel --Palma Flores, Osvaldo --Paredes Fierro, Iván --Paya Mira, Darío --Pérez Arriagada, José --Pérez Lobos, Aníbal --Pérez Opazo, Ramón --Pérez Varela, Víctor --Prieto Lorca, Pablo --Quintana Leal, Jaime --Recondo Lavanderos, Carlos --Riveros Marín, Edgardo --Robles Pantoja, Alberto --Rojas Molina, Manuel --Rossi Ciocca, Fulvio --Saa Díaz, María Antonieta --Saffirio Suárez, Eduardo --Salaberry Soto, Felipe --Salas De la Fuente, Edmundo --Seguel Molina, Rodolfo --Silva Ortiz, Exequiel --Soto González, Laura --Tapia Martínez, Boris --Tohá Morales, Carolina --Tuma Zedan, Eugenio --Ulloa Aguillón, Jorge --Uriarte Herrera, Gonzalo --Urrutia Bonilla, Ignacio --Valenzuela Van Treek, Esteban --Varela Herrera, Mario --Vargas Lyng, Alfonso --Venegas Rubio, Samuel --Vidal Lázaro, Ximena --Vilches Guzmán, Carlos --Villouta Concha, Edmundo --Walker Prieto, Patricio Concurrió, también, el senador señor Jaime Gazmuri. Asistieron, además, los ministros de Educación Pública, don Sergio Bitar; de Defensa Nacional, don Jaime Ravinet; de la Secretaría General de la Presidencia, don Eduardo Dockendorff, y de la Directora del Sernam, doña Cecilia Pérez. II. APERTURA DE LA SESIÓN Se abrió la sesión a las 11.09 horas. El señor ASCENCIO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor ASCENCIO (Presidente).- El acta de la sesión 66ª se declara aprobada. El acta de la sesión 67ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor ASCENCIO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta. ARCHIVO DE PROYECTO. El señor ASCENCIO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión de Defensa Nacional de archivar el proyecto, iniciado en moción, sobre financiamiento de estudios en las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas y de Orden, por haberse legislado sobre la materia. ¿Habría acuerdo? Acordado. V. FÁCIL DESPACHO PROYECTO DE ACUERDO APROBATORIO DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN TURÍSTICA ENTRE CHILE Y GUATEMALA. Primer trámite constitucional. PROYECTO DE ACUERDO APROBATORIO DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN TURÍSTICA ENTRE CHILE Y TÚNEZ. Primer trámite constitucional. El señor ASCENCIO (Presidente).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, los proyectos de acuerdo aprobatorios de los acuerdos de cooperación turística celebrados entre Chile y Guatemala y entre Chile y Túnez, el 18 de mayo de 1995 y el 20 de enero de 1997, respectivamente. Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Waldo Mora. Antecedentes: Mensaje, boletines Nºs 374810 y 375310, sesión 29ª, en 14 de diciembre de 2004. Documentos de la Cuenta Nºs 10 y 15, respectivamente. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, sesión 57ª, en 5 de abril de 2005. Documentos de la Cuenta Nº 17. El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor MORA.- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, paso a informar, en primer trámite constitucional, sobre los proyectos de acuerdo aprobatorios de los convenios de cooperación turística celebrados entre Chile y Guatemala y entre Chile y Túnez. El contenido normativo de ambos tratados es análogo, de manera que la Comisión de Relaciones Exteriores, en el espíritu de agilizar y abreviar los procedimientos legislativos, ha estimado oportuno informar los proyectos de acuerdo aprobatorios en un solo acto, sin perjuicio de las decisiones que la honorable Cámara pueda adoptar respecto de cada uno de ellos. Los acuerdos referidos tienen como objetivos comunes promover y desarrollar sus relaciones turísticas, fomentar el contacto y mejor conocimiento de sus respectivos pueblos y, consecuentemente, incentivar su desarrollo económico. Ambos convenios de cooperación tienen el carácter de tratados marcos, es decir, se limitan a determinar los grandes lineamientos de las acciones que los estados impulsarán para lograr los propósitos comunes que los animan en su celebración; convienen en que durante su vigencia celebrarán acuerdos complementarios para aprobar los proyectos específicos de cooperación que ejecutarán y establecen los mecanismos institucionales encargados de velar por su cumplimiento. En el tratado celebrado con Túnez, los gobiernos se comprometen, principalmente, a alentar las actividades de promoción turística entre las entidades públicas y privadas, con el fin de fomentar el intercambio y promover su imagen nacional a través de actividades turísticas y culturales, tales como seminarios, exposiciones, conferencias y festividades de trascendencia nacional e internacional. También incentivarán la cooperación entre sus agencias de viajes, tour operadores, transportadores aéreos, terrestres y marítimos y otras empresas y organizaciones que operan en el sector turístico. Con tales propósitos, se otorgarán facilidades para estimular el movimiento turístico de las personas, así como el intercambio de información turística, documentación y material publicitario. Del mismo modo, se promoverán las inversiones de capitales chilenos, tunecinos o las que se realicen en forma conjunta en sus respectivos sectores turísticos. Además, fomentarán la investigación y el estudio de materias turísticas de interés común, el intercambio de información y experiencias en este ámbito, inclusive de la legislación vigente en ambos países para la reglamentación de las actividades turísticas y para la protección y conservación de los recursos naturales y culturales de interés turístico. En el tratado celebrado con Guatemala se contemplan normas análogas a las anteriores sobre la cooperación técnico turística, la facilitación y promoción del turismo y el financiamiento de los gastos que demande su cumplimiento, aspecto en el que los estados, del mismo modo que en el tratado celebrado con Túnez, se comprometen, en lo sustancial, a contemplar recursos, en la medida de sus posibilidades, para financiar a los organismos competentes o elevar el nivel de sus respectivos técnicos en turismo. La Comisión de Relaciones Exteriores compartió plenamente los propósitos que persiguen los gobiernos de Chile, Guatemala y Túnez con la celebración de estos convenios, especialmente por sus efectos positivos para el desarrollo de sus economías y para profundizar el mutuo conocimiento entre los pueblos de las partes contratantes, de manera que, por unanimidad, decidió proponer a la honorable Cámara que, en votación única o separada, preste su aprobación al artículo único de los respectivos proyectos de acuerdo, con modificaciones formales de menor entidad, según textos que se proponen en el informe puesto a disposición de los honorables colegas. He dicho. El señor ASCENCIO (Presidente).- Entrando en la discusión de los proyectos de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Masferrer El señor MASFERRER.- Señor Presidente, el objetivo de ambos acuerdos bilaterales es promover y ampliar las relaciones turísticas entre los estados partes, fomentar el contacto y mejor conocimiento de sus respectivos pueblos e incentivar su desarrollo económico. Estos acuerdos corresponden a tratados marcos, que establecen los rangos de acción general a los que se comprometen los estados partes para lograr los propósitos comunes en materia de desarrollo turístico, tomando en cuenta que ésta es una actividad que involucra aspectos sociales y económicos. Tales acuerdos son positivos en la medida en que la actividad turística es una de las maneras de dar a conocer el país hacia el exterior, lo que sirve no sólo para atraer a turistas, sino también capital de inversión en diferentes áreas de negocios. Sin embargo, ambos acuerdos tienen el carácter de tratados marcos, lo que implica un convenio a nivel de principios generales en materia de desarrollo, investigación y facilitación de las actividades turísticas de los estados partes, por lo que requieren de acuerdos complementarios y específicos para concretar dicha cooperación. De esta forma, los convenios con Túnez y Guatemala se refieren a una declaración de principios generales, pero no a acciones particulares, por lo que no se verá el efecto real de la colaboración hasta que no sean definidos los correspondientes acuerdos de complementación. Además, estos tratados tienen una duración de cinco y dos años, respectivamente, por lo que sería adecuado controlar las formas en que se formalizarán las acciones de facilitación del turismo entre los estados partes en el corto plazo, más allá de la labor que deberán desarrollar los grupos de trabajo mixtos creados en estos mismos acuerdos. Por último, hay que destacar que el Congreso Nacional aprobó tratados similares con Brasil, Francia, Jamaica, México y Costa Rica, que dan cuenta de una línea seguida por la política exterior de Chile, a través de la Cancillería, que no se contradice con la necesidad de mantener un control de la utilidad y de la forma en que se deciden y llevan a cabo esta clase de convenios. Sin embargo, si no mejoramos el nivel de las rentas, que desembocan en las diferencias espantosas a las que se refirió la declaración de la Conferencia Episcopal de Chile, los beneficios de estos tratados no llegaran a toda la población, sino a un sector mínimo. Eso no le parece bien a la UDI y a mí en particular. He dicho. El señor ASCENCIO (Presidente).- De acuerdo con los artículos 102 y 103 del Reglamento, el tiempo disponible para la discusión de los proyectos de la Tabla de Fácil Despacho es de diez minutos, divididos por iguales entre los diputados que lo sostengan y los que lo impugnen. Sin embargo, como al parecer todos están de acuerdo, utilizaremos ese tiempo para que las señoras diputadas y los señores diputados ocupen este tiempo indistintamente. Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende. La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, me parece acertada su decisión, ya que es difícil que alguien se oponga a estos proyectos de acuerdo, que han sido aprobados por unanimidad en la Comisión de Relaciones Exteriores. Debido a que Chile tiene una población reducida 15 millones de habitantes es muy importante darnos a conocer en el extranjero. Por eso es que debemos continuar aprendiendo una política más activa que destaque nuestras bellezas naturales y así convertir al país en un atractivo turístico, cuestión que, por desgracia, aún no hemos logrado. En Chile falta mucha inversión en el área turística. Tenemos que mejorar la calidad de nuestras instalaciones para competir con el exterior. Sin embargo, el pasado 2 de mayo, con ocasión de la conmemoración de los 20 años de la firma del Tratado de Paz y Amistad con Argentina, que evitó una horrenda guerra con esa nación hermana, descubrimos con sorpresa que, por iniciativa de un grupo de privados, se instaló una nueva hostería en Puerto Williams, lo que otorga a esa zona, tan aislada del resto del país, una ventaja potencial gigantesca en el ámbito turístico. Para Chile es muy importante contar con esa infraestructura en Puerto Williams, pues permite proyectar el turismo hacia otros países, sobre todo, hacia Europa, donde existe mucho interés por conocer las bellezas naturales de la región de Magallanes. Los acuerdos marcos con Guatemala y Túnez nos van a permitir concordar comisiones con ambos países, en que operadores mutuos potencien el turismo. Se trata de dos países que han desarrollado mucho su área turística. Por eso, es positivo para Chile suscribir estos dos tratados, porque el desarrollo turístico no sólo permitirá la llegada de recursos e inversiones, sino que también implicará mayores empleos. Por otra parte, no entendí la referencia del diputado señor Masferrer respecto de la declaración de la Conferencia Episcopal de Chile que critica la segregación económica y la alta concentración de ingresos y su relación con estos proyectos. Sin embargo, me alegro como dice el dicho: “más vale tarde que nunca”, de que finalmente el señor Lavín haya reconocido que en Chile hubo una dictadura, que violó los derechos humanos y de que haya hecho público su rechazo a que el señor Pinochet aparezca, injustificadamente, con 50 millones de dólares en una cuenta corriente de un banco extranjero. Me alegró por ello. Pero reitero no entendí el comentario del diputado Masferrer, pero me habría gustado que antes de que recuperáramos la democracia, cuando más del 40 por ciento de la población vivía en niveles de pobreza, él hubiese levantado la voz y denunciado tal situación. Estos acuerdos son positivos para el país, porque fortalecen el turismo, como el nuestro, que tiene ventajas comparativas, pues contamos con grandes bellezas naturales. Sólo nos falta una asociación proactiva entre el sector público y el privado y nuevas políticas públicas que lo fomenten, con lo cual se podrían generar más puestos de trabajo. He dicho. El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Iván Moreira. El señor MOREIRA.- Señor Presidente, antes de abocarme a los proyectos que nos ocupan, quiero hacer un breve paréntesis y un comentario: Resulta increíble que, mientras nos encontramos tratando materias relativas a las relaciones exteriores de nuestro país, la diputada señora Allende se ponga a hablar de Pinochet. ¡Qué tiene que ver Pinochet con un acuerdo de cooperación turística! Eso da muy mala imagen a esta Cámara, porque queda la impresión de que hay diputadas y diputados que viven en el pasado. ¡Qué Pinochet, qué mi abuela, qué mi abuelo! ¡Hasta cuando! Esta sesión tiene por objeto tratar materias de futuro con una visión de Estado, de manera que podamos crecer en las distintas áreas del quehacer nacional. En ese contexto, obviamente, tratados como los que nos ocupan son importantes, porque constituyen un marco de intenciones que, en todo caso, hay que definir e implementar a través de acuerdos complementarios más específicos. Aunque Chile sea un país pequeño, con sólo 15 millones de habitantes, tiene un potencial turístico de proyecciones inimaginables, porque tiene bellezas naturales que gustan y seducen a los extranjeros que nos visitan. Por lo tanto, de la misma forma en que en su oportunidad aprobamos acuerdos similares con Brasil, Francia, Jamaica, México y Costa Rica, hoy vamos a votar por la aprobación de estos acuerdos de cooperación turística con Guatemala y Túnez, porque es importante que se abran nuestras fronteras al mundo, especialmente a Centroamérica, como una manera de favorecer a la industria del turismo, que pasa por muchos problemas. Somos capaces de desarrollar una política turística con proyecciones, pero para ello es necesario estos acuerdos no queden como una mera declaración de buenas intenciones, sino que deben implementarse por el bien del país. Los paisajes del sur, del norte y del centro del país seducen y atraen cada día a más turistas, por lo que cada vez más extranjeros nos visitarán. En consecuencia, la UDI va a votar a favor de la aprobación de estos acuerdos, porque son importantísimos y pertenecen al tipo de leyes que dignifican la labor del Congreso Nacional. Quienes hablan insistentemente del pasado se añejan. Hay que mirar hacia el futuro, tal como lo hace Joaquín Lavín, hacia un futuro grande y próspero para Chile. Por eso, el próximo 11 de diciembre le vamos a mostrar una cara distinta al país, una cara de progreso, de alegría, de felicidad y de igualdad, cosa que la Concertación no ha hecho. He dicho. El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Villouta. El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, los proyectos de acuerdo aprobatorios de los convenios de cooperación turística celebrados por Chile con Guatemala y Túnez están en la línea de las últimas iniciativas internacionales aprobadas por la Cámara en esta materia. Las últimas cifras indican un importante aumento de pasajeros provenientes de diversos países, lo que implica un mejoramiento de los ingresos por concepto de la actividad turística. Por lo tanto, anuncio que la Democracia Cristiana aprobará los dos proyectos de acuerdo en discusión. He dicho. El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Correa. El señor CORREA.- Señor Presidente, después de escuchar las intervenciones sobre estos dos proyectos de acuerdo, orientados a lograr un importante mejoramiento del turismo, quiero referirme a un aspecto que considero fundamental. Para realmente tener un turismo de calidad y permitir que los turistas puedan admirar nuestras bellezas naturales, especialmente las del sur, es imperioso proteger nuestra naturaleza. Digo esto a propósito de lo que ocurrió a fines de la temporada estival en las Torres del Paine, donde un incendio arrasó muchas hectáreas y hasta hoy no se ha determinado fehacientemente qué o quién lo provocó. Se pidió la formación de una comisión investigadora para determinar responsabilidades, pero hasta este momento tal petición no ha fructificado. Sin duda, entre las bellezas naturales más visitadas están las Torres del Paine y el sur del país. La diputada señora Isabel Allende mencionaba una visita que hicimos a Puerto Williams, con motivo de celebrarse los veinte años del Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina. Pues bien, ésa es otra zona que potencialmente tiene muchas posibilidades de lograr su desarrollo turístico. Pero nos encontramos con que no hay voluntad política para potenciarla, a pesar de que tenemos allí la competencia de Argentina con el puerto de Ushuaia, que está capitalizando mucho turismo extranjero. Por lo tanto, como país tenemos que ser capaces de desarrollar Puerto Williams para que se transforme en un centro turístico orientado hacia la Antártica, pero ello pasa por la voluntad política del Gobierno de potenciar el desarrollo turístico del Canal de Beagle. He dicho. El señor ASCENCIO (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Los dos proyectos de acuerdo se votarán al término del Orden del Día. Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre estos proyectos en los siguientes términos: El señor ASCENCIO (Presidente).- Corresponde pronunciarse sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio del Acuerdo de Cooperación Turística, celebrado por Chile con Guatemala, el 18 de mayo de 1995. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 90 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor ASCENCIO (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi, Aguiló, ÁlvarezSalamanca, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Díaz, Dittborn, Egaña, Encina, Errázuriz, Escalona, Espinoza, García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kast, Kuschel, Leal, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longueira, Lorenzini, Luksic, Martínez, Masferrer, Mella (doña María Eugenia), Meza, Molina, Montes, Mora, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Salas, Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Vargas, Venegas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Villouta y Walker. El señor ASCENCIO (Presidente).- En votación el proyecto de acuerdo aprobatorio del Acuerdo de Cooperación Turística celebrado por Chile con Túnez, el 20 de enero de 1997. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 92 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor ASCENCIO (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi, Aguiló, ÁlvarezSalamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Díaz, Dittborn, Egaña, Encina, Errázuriz, Escalona, Espinoza, Forni, García (don René Manuel), GarcíaHuidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kast, Kuschel, Leal, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longueira, Lorenzini, Luksic, Martínez, Masferrer, Mella (doña María Eugenia), Meza, Molina, Montes, Mora, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Salas, Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Vargas, Venegas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Villouta y Walker. VI. ORDEN DEL DÍA CREACIÓN DE NUEVA FIGURA PENAL Y SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD EN QUE SE EXPRESAN LAS MULTAS EN LA LEY Nº 17.288, SOBRE MONUMENTOS NACIONALES. Proposición de la Comisión Mixta. El señor ASCENCIO (Presidente).- Corresponde tomar conocimiento de la propuesta de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional durante la tramitación del proyecto de ley, originado en moción, que modifica la ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales, con el objeto de crear una nueva figura penal y sustituir la unidad en que se expresan sus multas. Antecedentes: Informe de la Comisión Mixta, boletín Nº 272607 (S), sesión 72ª, en 10 de mayo de 2005. Documentos de la Cuenta Nº 8. El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Burgos. El señor BURGOS.- Señor Presidente, en general, los acuerdos de la Comisión Mixta fueron adoptados por la unanimidad de sus miembros. Cabe recordar que la iniciativa pone al día las multas, fijándolas en unidades tributarias y estableciendo escalas muy amplias, de manera que, atendidas las circunstancias en que se haya afectado un monumento nacional, el juez pueda determinar la penalidad pecuniaria correspondiente, con un amplio abanico de aplicación, en particular en los casos en que la sanción del ilícito determinado por la ley sea de tipo pecuniario y no corporal. Las demás correcciones son más bien de texto. En consecuencia, todo indica que deberíamos despachar rápidamente el proyecto, en atención a que es necesario contar con una ley más al día que proteja nuestros monumentos nacionales. Recientemente, hemos conocido lo ocurrido en Rapa Nui con dos moais. Además, se está haciendo una moda que, con ocasión de manifestaciones de cualquier naturaleza, las principales víctimas de ellas sean los monumentos nacionales ubicados en el centro de nuestras ciudades. Si a esto agregamos que prontamente ingresará a la Cámara una moción presentada por varios diputados de diversas bancadas, orientada a incorporar en el Código Penal sanciones pecuniarias para quienes afecten con rayados o graffities bienes muebles o inmuebles de particulares, podemos concluir que estamos avanzando, en general, en el cuidado de nuestro patrimonio público y privado. Por eso, me permito modestamente recomendar a la Sala que apruebe la proposición de la Comisión Mixta. He dicho. El señor ASCENCIO (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. La proposición de la Comisión Mixta se votará al término del Orden del Día. Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos: El señor ASCENCIO (Presidente).- En votación el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto que modifica la ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales, cuyo objeto es crear una nueva figura penal y sustituir la unidad en que se expresan sus multas. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 94 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor ASCENCIO (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi, Aguiló, ÁlvarezSalamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Díaz, Dittborn, Egaña, Encina, Errázuriz, Escalona, Forni, Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), GarcíaHuidobro, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kast, Kuschel, Leal, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longueira, Lorenzini, Luksic, Martínez, Masferrer, Mella (doña María Eugenia), Meza, Molina, Monckeberg, Montes, Mora, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Salas, Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Vargas, Venegas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Villouta y Walker. El señor ASCENCIO (Presidente).- Señores diputados, el ministro de Educación, señor Sergio Bitar, me ha encargado agradecer la participación y colaboración de los señores diputados y diputadas en la discusión y despacho de este proyecto de ley. PERFECCIONAMIENTO DE NORMATIVA PROCESAL APLICABLE A LAS CAUSAS DE ALIMENTOS. Primer trámite constitucional. El señor ASCENCIO (Presidente).- Corresponde tratar en particular, en primer trámite constitucional, los proyectos de ley, originados en mociones, que modifican la ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, con el objeto de comunicar al Boletín Comercial de los incumplimientos graves de deudas alimenticias, penalizar el incumplimiento malicioso en el pago de pensiones alimenticias y otorgar competencia a juez que indica para conocer sobre aumento, disminución o cese de la pensión alimenticia de menores. Diputado informante de la Comisión de Familia es el señor Juan Pablo Letelier. Antecedentes: Segundo informe de la Comisión de Familia, boletínes Nºs. 260018, 309318 y 361918, sesión 62ª, en 12 de abril de 2005. Documentos de la Cuenta Nº 8. El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, en representación de la Comisión de Familia paso a informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, sobre diversos proyectos de ley relacionados con el incumplimiento del pago de las pensiones alimenticias. La Comisión optó por estudiar en forma simultánea varias mociones que se habían presentado relacionadas con diferentes aspectos de la ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, con el objeto de hacer una revisión integral de un tema de tanta importancia. Es importante subrayar que lo que motivó a la Comisión en esta reflexión es la defensa de los derechos de nuestros niños y niñas y el deseo de garantizar que el estado de derecho privilegie la defensa de estos derechos por sobre cualquier otro que pudiese entrar en conflicto cuando se producen las situaciones que dan pie al cobro de pensiones de alimentos. Durante el debate siempre tuvimos presente el caso puntual de la señora Adriana Pando, madre de cinco hijos, casada o emparejada con un hombre de gran fortuna, quien, según sentencia de los tribunales, debe más de 50 millones de pesos por concepto de pensión de alimentos y que, al parecer, por conflictos con su pareja, perjudicó a sus hijos, a quienes queremos defender con estas iniciativas. El estudio de este proyecto involucró una revisión global de la ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias. Casos como éste originaron la presentación de múltiples mociones de diputados y diputadas de esta Corporación, algunas de fechas recientes y otras más antiguas, entre ellas, la de las diputadas María Angélica Cristi y María Pía Guzmán, y de los ex diputados Aldo Cornejo y Jaime Orpis, que establece la comunicación al Boletín Comercial de los incumplimientos graves de deudas alimenticias; la de los diputados Iván Norambuena, Marcelo Forni, Gonzalo Ibáñez, Iván Moreira, Felipe Salaberry, Carlos Recondo, Jorge Ulloa y Conzalo Uriarte, que establece penas por el incumplimiento malicioso en el pago de pensiones alimenticias, la del diputado señor Maximiano Errázuriz, que otorga competencia al juez que indica para conocer sobre aumento, disminución o cese de pensión alimenticia de menores; la de las diputadas María Antonieta Saa, Adriana Muñoz e Isabel Allende y otras. La Comisión contó con la asistencia y colaboración de la ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer, Sernam, señor Cecilia Pérez; de la abogada jefa del Departamento Situación Jurídica de la Mujer, de dicho servicio, señora Patricia Silva; de la abogada asesora del mismo, señora Carolina Espinosa y de la abogada del Departamento de Asesoría y Estudios del Ministerio de Justicia, señora Paula Recabarren. A continuación paso a informar sobre la esencia del proyecto aprobado por la Comisión de Familia y que somete al conocimiento de este hemiciclo. Mediante la letra a) del número 1 del artículo primero, que intercala un inciso tercero, nuevo, en el artículo 2º de la ley Nº 14.908, se amplía la competencia para conocer de las demandas de aumento de la pensión alimenticia al juez del nuevo domicilio del alimentario. Esto por razones obvias: muchas veces, cuando una familia sufre una crisis y el padre deja de vivir con su mujer, puede ocurrir que ésta se traslade con sus hijos a comunas donde hay jueces con competencias distintas. De esta manera se facilita la demanda del alimentario por aumento de pensión. Una segunda modificación más de fondo y que fue objeto de un largo debate en la Comisión, es la que se introduce al inciso quinto del artículo 2º de la actual ley, que tiene por objeto sustituir la frase “deberá adoptar todas las medidas necesarias para determinar, en el más breve plazo, su domicilio actual” por “ordenará que ésta se notifique en cualquier lugar, garantizando la debida información del demandado para el adecuado ejercicio de sus derechos.”. Hasta ahora, la demanda de pensión alimenticia debía notificarse al alimentante en su domicilio, lo cual ha creado grandes dificultades, por cuanto, muchas veces, no es posible cumplir con esta diligencia. De ahora en adelante la notificación podrá hacerse no sólo en el domicilio del alimentante, sino en cualquier lugar: en el trabajo, en un lugar público, de acuerdo con las normas generales de notificación, lo que abre una gama más amplia de posibilidades para notificar la demanda. Esta reforma es muy importante, por cuanto es frecuente que los alimentantes evadan la notificación trasladándose intencionalmente a otro domicilio, y más grave aún son los casos de las personas que viven en condominios donde resulta muy difícil efectuar la notificación. La modificación, por ende, es para ampliar el derecho de las personas que presentan la demanda mediante la respectiva notificación al demandado. El número 2 del artículo primero dice relación con el proceso de fijación de la pensión provisoria. No hay que olvidar que ese avance se logró gracias a una ley aprobada en la década de los años noventa, la cual le estableció un monto mínimo y un plazo para su pago, pero no dispuso ningún mecanismo que garantizara su fijación de manera oportuna. Al respecto, la modificación que se propone indica: “La no fijación oportuna de la pensión provisoria constituirá una falta en el cumplimiento de la responsabilidad disciplinaria del juez.”. Asimismo, se dispone un procedimiento para asegurar que la persona que se vea afectada pueda reclamar ante la corte de apelaciones respectiva para que la fijación de la pensión provisoria se cumpla dentro del plazo correspondiente. El numeral 3 significa un avance en un punto aún más relevante, en torno al cual existe un debate sobre cómo se asegura la transparencia de la información que se entrega a los jueces para fijar los montos de las pensiones. Se propone agregar el siguiente artículo 5º bis: “Dentro del plazo señalado en el inciso tercero del artículo anterior, el demandado deberá acompañar, según corresponda, las liquidaciones de sueldo, copia de la declaración de impuesto a la renta del año precedente y de las boletas de honorarios emitidas durante el año en curso y demás antecedentes que determinen su capacidad económica.”. Incluso, más allá del establecimiento de la obligación de entregar la totalidad de la información, se dispone que el ocultamiento de cualquiera de las fuentes de ingreso del demandado, efectuado en cualquier juicio en que se exija el cumplimiento de la obligación alimenticia, será sancionado con la pena de prisión en cualquiera de sus grados. Hemos avanzado en un aspecto fundamental al establecer que el alimentante deberá entregar la totalidad de la información que sea pertinente, pues si no lo hace o la oculta recibirá una sanción muy fuerte. Para precisar el significado de la práctica de ocultamiento el texto señala lo siguiente: “Por su parte, el alimentario podrá solicitar que se dejen sin efecto los actos celebrados por el alimentante con terceros de mala fe, con el objeto de reducir efectivamente su patrimonio en perjuicio de aquél. Para los efectos de esta ley, se entenderá que el tercero está de mala fe cuando conozca o deba conocer la intención fraudulenta del alimentante.”. Por desgracia, la práctica ha demostrado que algunos jefes de hogar, con el objeto de no pagar pensiones de alimento a sus hijos, debido a los conflicto que se producen con la madre, desvían la tenencia de su patrimonio, mediante actos de venta, ocultamiento y traspaso. A través de estas acciones tratan de ocultar, de mala fe, su patrimonio, a fin de no pagar la pensión correspondiente. Por lo tanto, no sólo se preceptúa la obligación de entregar la información que se requiera y se establecen sanciones para quienes no cumplan con ello, sino que también se fija un criterio para dejar sin efecto el acto celebrado por quien, con el objeto de perjudicar a su alimentario, celebre un acto jurídico simulado o aparente, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. Las acciones señalada en los incisos precedentes serán conocidas incidentalmente por el juez de familia, situación que está incluida, de manera implícita, en la acción pauliana para dejar sin efecto los actos de simulación en que pudiera incurrir un demandando en contra de los intereses del alimentario. El numeral 4 del artículo primero establece la facultad del juez para decretar o aprobar que se imputen, parcial o totalmente, al pago de la pensión los gastos en útiles que efectúe el alimentante para satisfacer las necesidades de educación, salud, vivienda, alimentación o vestuario del alimentario. ¿Qué se ha querido hacer? Precisar el artículo 9º, cuyo texto es demasiado amplio. Hoy un padre puede salir un fin de semana con sus hijos e invitarlos a una cena costosa o a un paseo y descontar los gastos de la pensión de alimentos. Con esta medida, se pretende evitar que se hagan gastos indebidos y solamente se descuenten los gastos útiles o necesarios, de modo que no se dañen los intereses permanentes de los niños y niñas. Una jueza de familia nos relató que por falta de precisión de esta norma se han cometido ciertos abusos. Se modificó, también, el artículo 14 de la ley Nº 14.908. El principal objetivo de la Comisión de Familia es fijar ciertos plazos y de la manera más adecuada, a fin de que el juez tome ciertas acciones. El artículo 14 relata las obligaciones que se desprenden una vez decretados los alimentos por una resolución ejecutoriada en favor del cónyuge. Se quiere que el juez, dentro del tercer día después de tomar conocimiento porque no estaba fijado el plazo del incumplimiento de pago de pensión por quien tenga que dar los alimentos, dé curso a las acciones que deben dictarse en contra del demandado. No hay que olvidar que con el artículo 14 comienzan los apremios que se pueden aplicar a quienes no pagan pensión de alimentos. Una parte del texto vigente señala que, si la persona ha dejado de pagar una o más cuotas, el tribunal que dictó la resolución deberá, a petición de parte o de oficio, y sin más trámite, imponer al deudor, como medidas de apremio, el arresto nocturno entre las veintidós horas de cada día hasta las seis horas del día siguiente, hasta por quince días, y que el juez podrá repetir esta medida hasta obtener el íntegro pago de la obligación. Hemos querido que se fije un plazo dentro del cual el juez dicte esta norma y que se pueda hacer esta petición. Este artículo agrega, en el inciso tercero, respecto de la notificaciones, después del concepto “alimentante”, que el juez deberá decretar una orden amplia de investigar su paradero y podrá facultar a las policías para allanar y descerrajar los lugares donde pudiere encontrarse. La modificación al artículo 14 es de la mayor importancia, por cuanto se quiere que, cuando se tome conocimiento del incumplimiento, se garantice que el apremio se fijará con el máximo de responsabilidad, al igual que la notificación de las personas que correspondan. Dice que una vez ordenado el apremio se podrá decretar una orden amplia de investigar el paradero de quien debe pagar la pensión de alimentos, evitando que se oculte o que se niegue cuando la policía vaya a buscarlo. Por tanto, se faculta a la policía para allanar y descerrajar los lugares en los que pudiere encontrarse, tal como se hace con otras acciones, con el propósito de defender los derechos de las niñas y de los niños, de manera de garantizar que una orden judicial y un apremio sean notificados debidamente. Se incorpora un artículo 16, nuevo, que presenta una innovación, tomando en cuenta la ley actual. Dice: “Sin perjuicio de los demás apremios y sanciones previstas en la ley se refiere al artículo 14, sobre reclusión nocturna hasta un máximo de 15 días, existiendo una o más cuotas de pensiones insolutas, el juez adoptará, a petición de parte, las siguientes medidas:” Quiero subrayar que no se dice “podrá adoptar”, sino que “adoptará, a petición de parte, las siguientes medidas:” La primera medida se refiere a un muy buen ejemplo de lo que Adriana Pando no ha tenido. Dice: “1. Ordenar, en el mes de marzo de cada año, a la Tesorería General de la República, que retenga de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere percibir a deudores de pensiones alimenticias, los montos insolutos y las pensiones que se devengaren hasta la fecha en que debió haberse verificado la devolución.”. Esto significa que el juez ordenará la retención de la devolución de impuestos de las personas que deban pensiones de alimentos, con el propósito de asegurar que las niñas y niños reciban la pensión que les corresponde. Si esto hubiese operado este año, el caso de la señora Adriana Pando y sus cinco hijos a esta fecha estaría resuelto, pues al señor Trotter, que debe más de 50 millones de pesos por concepto de pensiones alimenticias, se le habría retenido dicha suma de la devolución del pago de impuestos correspondiente. La segunda medida se ha tomado de la legislación comparada. Dice: “2. Suspender la licencia para conducir vehículos motorizados por un plazo de hasta seis meses, prorrogables hasta por igual período si el alimentante persistiera en el incumplimiento de su obligación. En el caso de los alimentantes que posean licencia de conducir clase A es decir, profesionales del volante, se podrá interrumpir esta suspensión si garantizan debidamente el pago de lo adeudado.”. El criterio aquí planteado representa esencialmente el enfoque de la Comisión de Familia. Si una persona que debe alimentos tiene plata para comprar bencina y pasear en su vehículo, lo primero que debe hacer es pagar las pensiones alimenticias de sus hijos. Si no lo hace, el Estado, la sociedad, le suspende la licencia de conducir hasta que se ponga al día en el cumplimiento de la primera obligación con la sociedad, cual es el cuidado y protección de sus hijos. La tercera medida ordena decretar sin más trámite la suspensión de la patria potestad respecto del alimentante y ordenar su subinscripción al margen de la inscripción del nacimiento del alimentario. Es evidente que si un padre no es capaz de pagar la alimentación de sus hijos, la sociedad debe, a través de este mecanismo, privarlo de la patria potestad y entregarla a quien tenga la tutoría directa de los mismos que, generalmente, es la madre que vive con ellos. Este artículo es el corazón de las medidas complementarias que se fijan. Es decir, retención de devolución de impuestos, suspensión de la licencia de conducir y de la patria potestad. En el numeral 7 del artículo primero se plantea un criterio que fue motivo de debate en la Comisión y que dice relación con el artículo 18 de la ley Nº 14.908, cuyo texto vigente dice lo siguiente: “Serán solidariamente responsables del pago de la obligación alimenticia quien viviere en concubinato con el padre, madre o cónyuge alimentante, y los que, sin derecho para ello, dificultaren o imposibilitaren el fiel y oportuno cumplimiento de dicha obligación.”. Hemos querido modificar este artículo en el sentido de eliminar la frase “quien viviere en concubinato con el padre, madre o cónyuge alimentante, y...”, porque proviene de una legislación más antigua; es un concepto pretérito de lo que es la convivencia en el mundo de hoy. Sin embargo, mantenemos la oración: “Serán solidariamente responsables del pago de la obligación alimenticia los que, sin derecho para ello, dificultaren o imposibilitaren el fiel y oportuno cumplimiento de dicha obligación.”. Asimismo, agregamos un inciso segundo, nuevo, tremendamente relevante. Queremos que la sociedad así lo entienda. La norma establece: “El tercero que colabore con el ocultamiento del paradero del demandado para efectos de impedir su notificación o el cumplimiento de alguna de las medidas de apremio establecidas en la presente ley, será sancionado con la pena de reclusión nocturna, entre las veintidós horas de cada día hasta las seis horas del día siguiente, hasta por quince días.”. Con ello establecemos el criterio de que quienes convivan con una persona que tenga la obligación de pagar pensión alimenticia o, por ejemplo, un familiar que no facilite el proceso de notificación, o que oculte o niegue su presencia, será sancionado. Aquí, el concepto de tercero no dice relación sólo con las personas que estén en la casa; también puede ser el empleador que oculte el paradero de un trabajador que deba pensión de alimentos o un funcionario público que dificulte las notificaciones. Es un criterio duro, pero básico para poner en primer plano la defensa de los derechos de las niñas y de los niños. Por el numeral 8 se modifica el artículo 19 y se faculta al juez para autorizar la salida del país de los hijos menores de edad con su madre, generalmente sin necesidad del consentimiento del padre que no pague alimentos. Es una sanción complementaria. Entendemos lo complicado de la situación y por eso la hemos dejado en manos del juez. Por el artículo segundo se agrega una modificación formal al inciso primero del artículo 147 del Código Orgánico de Tribunales, del siguiente tenor: “Ello se aplicará, asimismo, a las solicitudes de aumento de pensiones alimenticias decretadas.”. Además, la Comisión de Familia rechazó incluir en el Boletín Comercial el nombre de las personas que no pagan pensión de alimentos, principalmente por una razón de fondo. Partimos de la base de que, en relación con el pago de alimentos, hay dos tipos generales de personas puede haber otras: las que no pagan, pudiendo hacerlo, y las que no pagan debido a dificultades económicas. Nos preocupa la situación de las segundas, especialmente de familias de bajos ingresos, de trabajo temporal y esporádico. Incluir a esas personas en Dicom, de acuerdo con la práctica existente, significa establecerles una barrera de entrada al mercado del trabajo, lo que va en contra de lo que queremos defender: el interés del niño o de la niña, asegurar que se les pague la pensión de alimentos y no sancionar o dificultar el acceso al empleo a los alimentantes. Compartimos el espíritu de que exista publicidad, pero en el mundo de hoy no debería ocurrir, la gran mayoría de los empleadores, al momento de contratar personas, averiguan si éstas están en Dicom y, a muchas de ellas, más allá del estigma social de ser deudoras, ese hecho es una dificultad objetiva para acceder al empleo. En cuanto a los que tienen recursos para pagar, pero no lo hacen porque no quieren, les da absolutamente igual estar en Dicom o no, porque cuentan con un patrimonio suficiente y no necesitan bancos para acceder a créditos o para moverse en el mundo de las finanzas. Por eso, la Comisión consideró, por unanimidad, que ésta no era la mejor solución al problema y pidió al Ejecutivo que estudie la creación de un registro público para publicitar la situación de quienes no pagan porque no quieren hacerlo, tal como el del Servicio de Registro Civil e Identificación para los casos de violencia intrafamiliar. Invito a votar en forma unánime este proyecto que es de gran importancia para decenas de miles de niños y de niñas del país. Reitero el caso emblemático que conoció la Comisión, representado por la señora Adriana Pando, madre de cinco hijos a quienes, hace más de un año, se les adeuda 50 millones de pesos en pensiones de alimento. Es el caso concreto de aquellos alimentantes que pueden pagar, pero no lo hacen porque tienen un conflicto con su ex cónyuge o pareja, con lo cual perjudican lo que queremos defender: el derecho de las niñas y de los niños de Chile. Pido un amplio respaldo a esta iniciativa, por el bien de ellos. He dicho. El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- En discusión el proyecto. Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende. La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, escuchamos un exhaustivo informe del diputado informante; pero, antes de entrar en detalles, porque esta discusión es en particular, deseo hacer algunas observaciones. En primer lugar, celebro el trabajo de la Comisión de Familia, que hizo un esfuerzo considerable para aunar los criterios presentados por varios diputados y diputadas a través de distintas mociones. Recuerdo en forma particular a la diputada señora Cristi, quien, como sabemos, puso el mayor énfasis en el tema de las pensiones alimenticias. Ello refleja la inquietud por avanzar en una legislación que permita más efectividad para que este tema no quede en letra muerta, como suele ocurrir Como he señalado en otras oportunidades, ojalá no tuviéramos que discutir esta materia. Cómo desearía uno que el hecho de ser padres lleve a cumplir con sus obligaciones, más allá de si el matrimonio o la relación de pareja fracase. El diputado informante se refirió llamo la atención al respecto al caso de la señora Adriana Pando y sus cinco hijos, a la lucha que ha sostenido por años debido a la negativa de su ex marido, un conocido empresario, dueño de una de las fábricas Trotter, de pagarle la pensión correspondiente. Pero el tema no implica sólo a mujeres como la señora Pando que existen y que merecen todo nuestro respaldo, sino también a miles de mujeres mucho más modestas, a quienes, simplemente, se les niega la oportunidad de recibir su pensión alimenticia. Muchas veces, existe un importante grado de complicidad de los empleadores, cuando hay contratos regulares, y también, otras veces, el juez no actúa con la suficiente resolución no sólo en la notificación, sino también para tomar otras medidas. Esta materia fue ampliamente debatida en la Comisión de Familia. Hubo en ella muchas sesiones y discusiones, porque debemos garantizar que el alimentante cumpla con su obligación de pagar la pensión y, por tanto, debemos determinar cuáles son los instrumentos más efectivos. Al mismo tiempo, debemos velar por no dificultar el proceso, en lugar de facilitarlo, al no generar ciertas medidas. Este proyecto, como lo señaló el diputado informante, es bastante innovador en algunas de sus disposiciones. Estoy de acuerdo, por ejemplo, con la modificación del artículo 2º de la ley Nº 14.908 número 1. del artículo primero. La letra b) sustituye, en el inciso quinto, la frase “deberá adoptar todas las medidas necesarias para determinar, en el más breve plazo, su domicilio actual” por “ordenará que ésta se notifique en cualquier lugar, garantizando la debida información del demandado para el adecuado ejercicio de sus derechos.”. Éste es un cambio sustantivo, porque la redacción actual es bastante imprecisa. Además, es muy importante que el juez del nuevo domicilio del alimentario sea competente para conocer de las demandas de aumento de pensiones alimenticias, porque muchas veces éste debe cambiar de lugar de residencia. Con esta norma facilitaremos el trámite, puesto que no tendrán que viajar a la ciudad o lugar donde vivían anteriormente para demandar. Sin embargo, no puedo dejar de llamar la atención de la Sala sobre un punto, que discutimos bastante, porque somos extremadamente respetuosos de los otros poderes del Estado, en este caso, del Judicial. Consideramos absolutamente conveniente y necesario agregar, en el inciso cuarto del artículo 5º de la ley que se modifica, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, lo siguiente: “La no fijación oportuna de la pensión provisoria constituirá una falta en el cumplimiento de la responsabilidad disciplinaria del juez. Para tal efecto, la parte afectada, por sí, podrá solicitar al tribunal que envíe el expediente a la corte de apelaciones respectiva, señalando en su presentación la infracción a este artículo. El juez deberá hacerlo dentro de tercero día. El interesado podrá, asimismo, informar a la corte de esta presentación para que se verifique el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.”. Con esta modificación entregamos todos los elementos para que el juez realice una fijación oportuna y eficaz de la pensión provisoria. El hecho de no hacerlo constituirá una falta en el cumplimiento de la responsabilidad disciplinaria del juez, de la que pueden reclamar los alimentarios, en cuanto podrán solicitar al tribunal que envíe el expediente a la corte de apelaciones respectiva. Este tema es muy importante porque, así como estamos dando una señal a la sociedad, a los empleadores y a aquel alimentante que se niega a cumplir con su obligación, también se lo estamos dando al Poder Judicial. Éste es un problema. Hemos escuchado a varias autoridades, entre ellas también a jueces de menores, referirse al atochamiento que existe, al tiempo que transcurre y a la incapacidad de resolver los casos. Cuando funcionen los tribunales de familia, esta situación se facilitará, por la concentración de las causas, con la judicatura especializada y con los consejos asesores. Asimismo, consideramos fundamental que el demandado deba acompañar las liquidaciones de sueldo, la copia de la declaración de impuesto a la renta y todos los documentos necesarios. Por lo demás, estamos buscando los mecanismos para sancionar a los que actúen de mala fe y a los que adulteren los instrumentos que acreditan el monto real del ingreso del demandado, rebajando cifras en un acto de complicidad con el alimentante renuente. También es importante que el juez pueda decretar o aprobar que se imputen, parcial o totalmente, al pago de la pensión los gastos útiles. En el artículo 16 establecemos medidas bastante innovadoras, pero extremadamente importantes para hacer efectivo el cumplimiento del pago de la pensión alimenticia. Así, en caso de existir una o más cuotas insolutas, el juez adoptará, a petición de parte, las siguientes medidas: a)Ordenar a la Tesorería General de la República que retenga de la devolución anual de impuestos a la renta que le correspondiere recibir al deudor las cantidades adecuadas. Esta será una medida de presión muy eficaz para que el alimentante deudor se ponga al día con su obligación. De dicha retención, la Tesorería deberá comunicar al tribunal respectivo el monto y la fecha e individualizar a la persona a quien se le enteraron los fondos retenidos. b)Suspender la licencia para conducir vehículos motorizados por un plazo de hasta seis meses, prorrogables. Esta medida, que para algunos podría parecer llamativa e inentendible, pretende hacer conciencia, además de que les va a doler, en aquellos que tienen para pagar los permisos de circulación de sus vehículos, que cada día son más en nuestro país el parque automotor ha crecido bastante en los últimos años, para cargar combustible y pasear en ellos, pero no para pagar las pensiones alimenticias. c)Decretar la suspensión de la patria potestad respecto del alimentante y ordenar su subinscripción al margen de la inscripción de nacimiento del alimentario. Por último, el juez podrá autorizar la salida del país de los hijos menores de edad sin necesidad del consentimiento del alimentante que no esté cumpliendo con el pago de la pensión alimenticia. Con esta iniciativa buscamos terminar, en forma equilibrada y armónica y con instrumentos legales, con la humillación, peregrinación y desesperación de tantas mujeres, no sólo de las que tienen recursos, como la señora Adriana Pando, que ha sido humillada por su ex marido que se niega a pagar la pensión alimenticia, quien, teniendo recursos económicos para hacerlo, se vale de cualquier subterfugio, como traspasar sus autos Mercedes Benz a terceros, para escabullirse de sus obligaciones. También estamos velando por esa mujer modesta, cuyo ex marido o ex pareja tiene un contrato de trabajo, y por aquella que no tiene un instrumento eficaz que la proteja para terminar con la humillación, me refiero a esa mujer de La Pintana, Puente Alto o de cualquier otra comuna de nuestro país. Nuestra responsabilidad como legisladores es luchar por ella y una forma de hacerlo es aprobando este proyecto para hacer más eficaz, más efectiva y más oportuna una ley que hoy adolece de una serie de insuficiencias. He dicho. El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz. El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, trataré de expresarme en forma sencilla, no jurídica ni técnica, de modo que las modificaciones que introduce este proyecto a la ley sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias sean entendibles para aquellos que siguen las transmisiones de las sesiones a través del canal de la Cámara de Diputados. En primer lugar, se obliga al demandado a acompañar liquidaciones de sueldo, copia de la declaración de impuesto a la renta y boletas de honorarios. Esta obligación es nueva. Normalmente en caso de que el demandado fuera apatronado el tribunal pedía al patrón que informara sobre cuánto ganaba. Sin embargo, no había forma de conocer sus ingresos si trabajaba en forma independiente. En segundo lugar, se contempla la pena de privación de libertad, en cualquiera de sus grados, por el ocultamiento de cualquier información sobre las fuentes de ingreso del demandado. En nuestra legislación existe el principio nullum crimen, nulla poena sine lege, no hay delito, no hay pena sin una ley que lo establezca. Aquí se está estableciendo el delito de ocultamiento de información sobre el ingreso del demandado y la pena que se aplica es la prisión. Si el demandado no cumple, el tribunal, de oficio, puede pedir al Servicio de Impuestos Internos, a las instituciones de salud previsional, a las administradoras de fondos de pensiones y a cualquier otro organismo público pertinente, los antecedentes que acrediten la real situación económica del demandado. Actualmente, a través del sistema computacional, resulta mucho más fácil que antes. Las diputadas señoras María Eugenia Mella y Adriana Muñoz, el diputado señor Juan Pablo Letelier y el que habla formulamos indicación, la que se aprobó por unanimidad, para que el alimentario pueda solicitar que se dejen sin efecto los actos celebrados por el alimentante con terceros de mala fe, con el objeto de reducir efectivamente su patrimonio en su perjuicio. Para los efectos de esta ley, se entenderá que el tercero está de mala fe cuando conozca o deba conocer la intención fraudulenta del alimentante. Dicha norma está referida a actos fraudulentos en perjuicio del alimentario. Por ejemplo, si estoy obligado a pagar una pensión alimenticia, y mi casa, que vale 20 millones de pesos, la vendo en 20, 18 ó 15, no estoy realizando un acto destinado a disminuir mi patrimonio; pero si la vendo en un millón de pesos o en una cantidad irrisoria que me va a dejar en situación de no cumplir con mis obligaciones, ese acto jurídico podrá ser dejado sin efecto. Aquí hay una presunción de hecho. ¿Quién es el que debe probar que el acto jurídico que ha perjudicado al alimentario ha sido conocido por el tercero? La ley presume que si el alimentante ha realizado un acto jurídico que disminuye su patrimonio en perjuicio del alimentario el tercero está de mala fe. Quien debe probar que estaba de buena fe es el tercero, y no al revés. El objetivo de esta norma, como señalaba el diputado señor Juan Pablo Letelier, es permitir la acción pauliana o revocatoria, que es aquella que tiene el acreedor para dejar sin efecto los actos jurídicos realizados por el deudor en fraude o perjuicio de su acreencia. Pero aquí tengo una duda. Se señala que la acción pauliana se deducirá ante los tribunales de familia. Sin embargo, el inciso segundo del artículo 74, de la Constitución Política, establece que: “La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribución de los tribunales, sólo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema de conformidad a lo establecido en la ley orgánica constitucional respectiva.”. Entonces, por esta vía se estaría modificando una de las atribuciones de los tribunales, pues la acción pauliana o revocatoria corresponde conocerla a un juez civil, pero en este caso se la está dando al juez de familia. Espero que esto no sea obstáculo; por lo demás, como no se trata de una ley orgánica, esta parte no va al Tribunal Constitucional. Otra modificación es la que agrega un artículo 16, nuevo, que ordena a la Tesorería General de la República retener, de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere percibir a los deudores de pensiones alimenticias, los montos insolutos y las pensiones que se devenguen hasta la fecha en que debió haberse verificado la devolución. Esta norma es absolutamente nueva. No es justo que una persona obligada a pagar alimentos reciba la devolución anual del impuesto a la renta si no está cumpliendo con la obligación de mantener a su mujer y a sus hijos. También se establece la pena de reclusión nocturna, entre las 22.00 horas de cada día hasta las 06.00 horas del día siguiente, hasta por quince días, para el tercero que colabore con el ocultamiento del paradero del demandado para impedir su notificación o el cumplimiento de alguna de las medidas de apremio establecidas en la presente ley. ¿Por qué se sanciona al tercero que impida notificar al demandado? Porque, de acuerdo con la nueva ley, los jueces están obligados a fijar alimentos provisorios dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se notifique la demanda. Pero muchas veces ocurre que un tercero impide que el demandado sea notificado, por lo cual el plazo para fijar los alimentos provisorios no corre y los derechos del alimentario se ven burlados. Funcionarios de la Policía de Investigaciones de La Pintana y de Puente Alto han señalado que cuando han golpeado una puerta y han preguntado por el demandado, la persona que les abrió la puerta les dice: “No vive aquí”. A pesar de que ese funcionario de Investigaciones ve que el demandado está dentro de la casa y sabe quién es, tiene que limitarse a consignar el nombre de la persona que le abrió la puerta, ya que no puede hacer nada más. Por ello, la sanción para los que impidan el cumplimiento de alguna medida de apremio en contra del demandado. Otra modificación importante es que el juez debe imponer el apremio sin necesidad de certificado previo del secretario, especialmente si se le exhibe la libreta de la cuenta a la vista del Banco del Estado en la que consta el incumplimiento del alimentante, salvo que los dineros se depositen en la cuenta del tribunal. Siempre le recomiendo a la gente de mi distrito que cuando demanden por pensión de alimentos, pidan que los dineros se depositen en la cuenta del tribunal, porque ello permite, con más facilidad, saber cuánto se adeuda. En virtud de esta modificación bastará con que se exhiba la libreta de la cuenta a la vista del Banco del Estado en la que conste que no se ha hecho el depósito, para que el juez decrete la orden de apremio y el arresto del alimentante. Quiero hacer hincapié en que se rechazó la indicación que proponía el envío al Boletín Comercial de los antecedentes del alimentante que no paga los alimentos. El resultado de la votación de esa indicación fue de 1 voto a favor y 4 abstenciones. En esta Sala hemos votado proyectos para reducir el envío de antecedentes de deudores al Boletín Comercial, por cuanto lo único se logra con ello es perjudicar a la gente de trabajo. A las personas con buena situación económica no les afecta mucho estar en el Boletín Comercial como sí a las que trabajan en La Pintana o en Puente Alto. Por lo tanto, es preferible tener un listado de las personas que no pagan las pensiones alimenticias en vez de crearles dificultades para que puedan trabajar. Se establece que el juez, de oficio, dictará orden de arraigo contra el alimentante, la que seguirá vigente hasta que pague o hasta que garantice el pago. A proposición nuestra, se estableció que para conocer de la demanda de aumento de la pensión alimenticia será competente el juez del nuevo domicilio del alimentario. La ley establece que esa demanda debía ser conocida por el mismo juez que había decretado la pensión. En ese sentido, si el alimentario cambiaba su domicilio de Iquique a Puente Alto, tenía que solicitar en Iquique el aumento de la pensión. En virtud de esta modificación, podrá solicitarla en Puente Alto. Se sanciona al juez que no fija la pensión provisoria dentro de plazo. Esto es muy importante. La parte afectada, por sí, podrá solicitar al tribunal que envíe el expediente a la corte de apelaciones respectiva, señalando en su presentación la infracción a este artículo. El juez deberá hacerlo dentro del tercer día. El interesado podrá, asimismo, informar a la corte de apelaciones correspondiente de esta presentación, para evitar que el juez se haga el leso y no mande el expediente a la corte. Entiendo que pueden quedar muchas cosas pendientes y, a lo mejor, será necesario modificar esta ley en otros aspectos. En la Comisión hemos conversado la posibilidad de hacer un seminario o taller al respecto, con la asistencia de abogados, jueces y personas afectadas. Sin embargo, considero que la iniciativa es un gran paso adelante para hacer justicia en favor de los niños, cuya protección es el bien jurídico que debemos tener presente. He dicho. El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi. La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, los diputados que me han precedido en el uso de la palabra han informado ampliamente sobre las modificaciones que el proyecto introduce a la ley Nº 14.908. El objetivo básico de la iniciativa es perfeccionar la ley para favorecer especialmente a las madres que reclaman el derecho a percibir las pensiones de alimentos para sus hijos. Se presentaron varias mociones para mejorar esta situación. La Comisión de la Familia las acogió y elaboró un texto destinado a terminar con el abandono y la desidia de muchos padres, no de todos, que no pagan las pensiones de alimentos de sus hijos que permanecen con sus madres. De hecho, el 75 por ciento de las causas que se encuentran en los tribunales o en las asesorías jurídicas gratuitas a nivel comunal son de madres que demandan por una pensión para sus hijos. ¿Cuáles son algunas de las principales enmiendas? En primer lugar, a pesar de que la ley dice que los alimentos provisorios deben decretarse dentro del plazo de 10 días, ello no ocurre, porque generalmente los jueces no cumplen con ese plazo, aduciendo recarga de trabajo, exceso de causas en tramitación, etcétera. Por consiguiente, pueden pasar meses sin que se fije la pensión de alimentos provisorios. El proyecto es drástico. La modificación al inciso cuarto del artículo 5º señala: “La fijación oportuna de la pensión provisoria constituirá una falta en el cumplimiento de la responsabilidad disciplinaria del juez.”. Es decir, se ordena a los jueces fijar dentro de breve plazo los alimentos provisorios, para que los niños tengan que comer. Por otra parte, el proyecto termina con la permanente situación procesal de que el padre no es notificado por no ser habido, de modo que no se puede hacer efectiva la demanda de alimentos. Esta iniciativa en forma novedosa, sanciona a las personas que ocultan la identidad o el lugar donde se encuentra el demandado. Además, faculta a la policía para allanar un domicilio en caso de que sea necesario. También autoriza la notificación en cualquier lugar, en la oficina, en la calle y no necesariamente en el domicilio. Comúnmente, las personas que viven en la casa, los padres, la conviviente, los tíos o los hermanos, niegan que el demandado se encuentre en el lugar. Reitero: esto debiera terminar con la situación de que el demandado no es habido. Un caso emblemático es el de la señora Pando, cuyo esposo vive en un edificio, pero cuando se le va a notificar, los guardias de seguridad dicen que no se encuentra, a pesar de que tiene su vehículo en el estacionamiento. De esta manera, el demandado, una persona de muchos recursos, ha logrado burlar la ley durante muchos años. Asimismo, se agrega una serie de sanciones al incumplidor que tiene que ver con la suspensión de la licencia de conducir, la retención de la devolución de impuestos y la suspensión, sin más trámite, de la patria potestad. Otra modificación importante, no relativa a las sanciones que se aplican al alimentante, tiene que ver con la obligación solidaria del conviviente del alimentante de pagar los alimentos. Ahora se le excluye. Es obligación del padre, y no de las personas que vivan con él o cerca de él, pagar lo demandado. Si otras personas quieren ayudar, si el padre quiere dar más recursos de los que estipula la ley, obviamente será bienvenido, porque mientras más personas ayuden a esos niños que necesitan alimento, vestuario, salud, educación, recreación, etcétera, mejor será su calidad de vida. Muchas de las madres no pueden trabajar, porque tienen que cuidar a sus hijos, y si trabajan, por lo general tienen sueldos que son insuficientes para cubrir las necesidades de los menores. El proyecto se orienta a que se cumpla un derecho otorgado por la ley Nº 14.908, para que esos niños reciban su pensión de alimento y las mujeres tengan una vida menos dramática, pues deben desempeñar el rol de padre y madre a la vez. Además, en el caso de que un padre no pague la pensión alimenticia, se faculta a la madre para sacar del país al o los menores sin necesidad del consentimiento del alimentante. Por último, se rechazó la propuesta de publicar en el Boletín Comercial el nombre y apellidos del alimentante, su rol único tributario y el monto de la pensión alimenticia adeudada idea que ya habíamos presentado hace siete u ocho años junto con la diputada señora Pía Guzmán, porque ello le haría más dificultoso al deudor acceder a un trabajo o conseguir un préstamo para pagar la pensión respectiva. Por lo tanto, se prefirió que el deudor tenga la oportunidad de trabajar y que, de no cumplir su obligación, tenga la posibilidad de la reclusión nocturna para que no deje de trabajar y pague la pensión alimenticia adeudada. Estas nuevas medidas que establecen mecanismos para que se encuentre al demandado; para que los jueces cumplan con su obligación, etcétera, impedirán, de una vez por todas, que los alimentantes evadan esta obligación, que es tan necesaria para tantos niños y que genera situaciones dramáticas a tantas mujeres que son madres. He dicho. El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos. El señor BURGOS.- Señor Presidente, en primer lugar, debo reconocer que esta iniciativa es interesante y moderniza la ley Nº 14.908, por lo que los colegas de la Comisión de Familia que me han antecedido en el uso de la palabra pueden sentirse orgullosos de este proyecto que recoge una necesidad cotidiana de miles de chilenos, particularmente de chilenas. Por lo tanto, si se generan las normas procesales necesarias para el establecimiento de nuevos tribunales de familia, creemos que, desde el punto de vista teórico, se dará la oportunidad para que este derecho tan esencial de la familia por fin sea respetado. Considero que no existe acto más deleznable y cobarde que el de un padre que abandone su familia y no pague la pensión de alimentos correspondiente. Por otra parte, con el respeto que amerita la situación, debo señalar que las cosas se pueden hacer mejor. Una revisión del proyecto me lleva a hacer un par de consideraciones para que no sea rechazado en el Senado o tenga problemas de constitucionalidad. Su número 3, que agrega un artículo 5º bis, y su número 5, letra b), que modifica el artículo 14, establecen figuras penales que, en realidad, son bastante abiertas, con los inconvenientes que ellos suponen. Sabemos que son bastante complejas desde el punto de vista de su tipificación posterior en los casos particulares. A mi juicio, por no estar claramente establecido, estas figuras penales parecieran chocar con lo que establece la Constitución en el artículo 80 A, que dice: “Un organismo autónomo, jerarquizado, con el nombre de Ministerio Público, dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito,...”. En consecuencia, un tribunal de familia no puede hacer eso. Por lo tanto, si a través de una verdadera sentencia interlocutoria o de un auto, que son resoluciones de segundo orden, se dice que los tribunales civiles hoy, los de familia más tarde, van a declarar la existencia de un ilícito y, virtualmente, dictar una sentencia condenatoria de primera instancia, se estará chocando con una norma constitucional. En cambio, si lo que se quiere decir es que cuando se llegue a la conclusión de que se ha cometido el ilícito de ocultamiento o el establecido en el numeral que mencioné, los hechos se pondrán a disposición del Ministerio Público, me parece bien; pero hay que decirlo. Por lo tanto, se debe tener cuidado de enviar un proyecto con un inconveniente de esta naturaleza. Éste es un gran proyecto, pues moderniza, entrega instrumentos, establece sanciones interesantes. A mi juicio, hay que cuidar bien esta iniciativa de los colegas de la Comisión de Familia. El par de inconvenientes que señalé ameritan y justifican con creces una revisión desde el punto de vista de su redacción. En consecuencia, propongo tres alternativas: Primero, enviar el proyecto, por un plazo breve, a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para su estudio. Entiendo que se requiere unanimidad para ello. Sería bueno que la hubiera. Segundo, que la iniciativa vuelva a la Comisión de Familia para que ésta se pronuncie sobre los hechos referidos y para que quienes consideremos que existe una equivocación podamos concurrir a su estudio. Tercero, si no se acepta ninguna de las alternativas anteriores, votar en forma separada el inciso tercero del artículo 5 bis, que agrega el número 3 del proyecto, y la letra b) del número 5. He dicho. El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Pía Guzmán. La señora GUZMÁN (doña Pía).- Señor Presidente, adhiero a lo señalado por el diputado Burgos. El numeral 3 agrega un artículo 5º bis, que considero muy correcto, porque impone al alimentante el deber de acompañar todos los documentos, liquidaciones de sueldo y copias de declaraciones de impuesto, es decir, todo aquello que permita acreditar su situación económica. Además, establece que el ocultamiento de esos antecedentes será sancionado con la pena de prisión en cualquiera de sus grados, pena que es bastante alta. Pero se produce un problema de competencia, porque no creo que la idea haya sido que esos antecedentes pasen al Ministerio Público, ya que en el último inciso se señala que estas acciones, es decir, la acción penal, serán conocidas incidentalmente por el juez de menores. Por consiguiente, habría una transferencia de competencia que puede ser realmente preocupante, ya que la norma habla de “en los incisos precedentes”, en los que se consideran tanto materias civiles, que son complicadas ya me referiré a ellas, como penales, y eso no está aclarado. Claramente, el número 3 debiera ser corregido. Asimismo, dicho numeral contiene un avance importante, reitero como es la obligación de acompañar los documentos. Pero, a partir de una indicación, se incorporó un inciso segundo, nuevo, que dispone que, en caso de que el demandado no cumpla, el tribunal, de oficio le da la posibilidad de ser proactivo y no necesariamente deberá actuar a petición de parte, sino porque él lo decide, podrá solicitar al Servicio de Impuestos Internos, a las AFP, a las isapres o a cualquier otro organismo pertinente todos los documentos que acrediten la real situación económica del alimentante. Eso es muy importante y evita que las mujeres hagan un peregrinaje que no las lleva a nada, porque ni las AFP ni el Servicio de Impuestos Internos ayudan a acreditarla. Surge nuevamente un problema con los cuatro últimos incisos del artículo 5º bis respecto de la llamada acción pauliana. En este caso, existe un problema de prueba muy difícil, que, incluso, podría trabar el proceso del pago de pensiones alimenticias y demorar muchos años, porque todo lo que tiene que ver con los contratos simulados, los fraudes a la ley y los terceros de mala fe son materias civiles difíciles de probar y de lato conocimiento. Hay que probar elementos tan subjetivos como el tercero de mala fe, pues surge la presunción de que lo conozca, pero ésta debe comprobarse. Estas materias no se pueden tratar incidentalmente ni se les puede dar un plazo determinado. De modo que hay pruebas tan difíciles que van más allá de la mera presunción. Por lo tanto, pido que el número 3, que agrega un artículo 5º bis a la ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, sea votado en forma separada. Por otro lado, lamento mucho que en la Comisión no se haya aprobado, por unanimidad, la posibilidad de que el alimentante que no paga, respecto del cual se emite una resolución judicial para ordenar su apremio, es decir, quince días de reclusión nocturna en la cárcel, sea incorporado en la base de datos de Dicom. La ley Nº 19.628, sobre protección de datos de carácter personal, señala expresamente que no se requerirá autorización para el tratamiento de datos personales que provengan y se recolecten de fuentes accesibles al público, como los tribunales de justicia, cuando sean de carácter económico, financiero, bancario o comercial. Sin duda, ésta es una deuda bancaria de familia. Además, hay una indicación muy interesante de la diputada señora Cristi que, incluso, mejora la que he presentado, la cual señala que sólo en circunstancias excepcionales en que el incumplimiento del pago de alimentos se deba a razones no propiamente económicas, el tribunal podrá remitir sus datos a la Cámara de Comercio. Es decir, hay una resolución judicial y una medida de apremio, pero la persona que tiene trabajo no paga y, además, le otorga una facultad al tribunal al decir: “podrá remitir”. Insisto: estamos discutiendo algo que fue rechazado en forma prejuiciada, por lo que esperaré conocer su trámite en el Senado. De alguna forma, esta situación ha sido paliada, pero no de manera completa, con el nuevo artículo 16 de la ley 14.908, al establecer como sanción que, debido al no pago de una o más cuotas de pensiones alimenticias, se ordene a la Tesorería General de la República retener la devolución de impuestos a la renta y éstos les sean entregados directamente a los deudores alimenticios. Obviamente, ésta es una medida muy efectiva, pero digámoslo por su nombre no llega a las personas más pobres, de menores recursos. A ellos no se les devuelven impuestos, porque muchas veces son trabajadores informales que no tienen contratos laborales ni dan boletas de honorarios. La devolución de impuestos llega sólo hasta la clase media, pero se trata de una medida muy importante si consideramos que legislamos para todo el país. Por otra parte, no fue bueno rechazar en la Comisión la indicación del diputado señor Burgos al número 7 del artículo primero, que reemplaza el inciso segundo, nuevo, y que propone agregar mediante una letra b) lo siguiente: “El que, a sabiendas del paradero de una persona requerida por los tribunales para efectos de su notificación o cumplimiento de alguna de las medidas de apremio establecidas en esta ley, consintiere en su ocultamiento, será castigado con la pena de prisión en cualquiera de sus grados.”. Se deja una norma muy amplia en el sentido penal, pero restringida en materia de verbo rector, porque sólo castiga al que colabora en el ocultamiento del paradero de la persona requerida, por ejemplo, a quien lo oculte en una pieza o lo lleve a otro lugar. Eso es muy restringido en materia de verbo rector. La indicación del diputado señor Burgos era mejor, porque establecía un dolo directo. Allí, el verbo rector es más amplio, pero la figura penal está acotada. Por último, después de tantos proyectos de ley aquí se fusionan tres, pero hay otros en la misma línea hoy estamos en el segundo trámite reglamentario. Espero que la iniciativa pase al Senado, pero antes debemos corregir deficiencias, como las del número 3 del artículo primero, que agrega un artículo 5º bis, porque se producirá un grave problema de interpretación. Prefiero que la Cámara de Diputados solucione el problema y no el Senado. Estoy dispuesta a acoger cualquiera de las opciones señaladas por el diputado señor Burgos, es decir, solicitar que la iniciativa vaya a la Comisión de Familia, para acotar allí el tipo penal, o votar en contra y esperar que se reponga en el Senado. He dicho. El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa. La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, la modificación a la ley sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias es considerada de alta importancia por todos los diputados que han intervenido. El derecho de familia ha cambiado. Antes no había conciencia en la sociedad de una serie de problemas que se ocultaban. No se reconocía la existencia de violencia intrafamiliar, el tema del pago de las pensiones alimenticias, ni la solución de la ruptura del vínculo afectivo. Incluso, se toleraba que el reconocimiento paterno fuera impedido por juicios absolutamente inoficiosos. Hemos avanzado mucho en ver la realidad de la familia, en sancionar la irresponsabilidad de los adultos con sus hijos y en los derechos de los niños. Por eso, estas modificaciones a la ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, son de gran valor. Aprovecho la ocasión para resaltar la manera en que trabaja la Comisión de Familia, en cuyo seno se recogen de manera transversal los aportes que hacen las diputadas y los diputados y no priman las posiciones ideológicas. Hay un permanente espíritu de colaboración. Asimismo, en ese espíritu, y al igual que lo hizo la diputada Isabel Allende, quiero hacer un reconocimiento especial al trabajo de la diputada María Angélica Cristi, quien ha puesto mucho empeño para que se aprueben estas modificaciones, porque ello significaría reconocer que la normativa vigente, no obstante las buenas intenciones que nos animaron al aprobarla, no ha dado los resultados que esperábamos. Nos enfrentamos a un disvalor tremendo, no hacerse cargo de los hijos, lo cual debe quedar muy patente en la sociedad. No pagar las pensiones alimenticias es un disvalor que no debe aceptarse. Por cierto, no es un delito, pero sí una falta a la ética y a la moral. En ese sentido, los cuestionamientos planteados por el diputado Jorge Burgos en cuanto a lo que le corresponde resolver a los tribunales de familia y a los tribunales en lo penal, no dan cuenta de este problema que la sociedad considera un disvalor que, aunque no revista las características de delito, hay que sancionar. La pregunta, entonces, es ¿cómo la justicia y la legislación reaccionan frente a este problema nuevo? ¿Lo hacen diciendo que no es delito, sino falta, o tomándole el peso que realmente tienen esos disvalores y esas conductas reñidas con la ética y la moral? Por eso, por su intermedio, señor Presidente, quisiera decirle al diputado señor Burgos que no podemos enfrentar los problemas de la modernidad con la aplicación rígida de conceptos, sino con criterios abiertos. Cuando él dice que a los tribunales en lo penal sólo deben ir las causas por crímenes o simples delitos, me parece apegado al derecho, pero no da respuesta a situaciones que la sociedad considera disvalores y que necesitan castigos que impulsen a quienes incurren en ellos a asumir conductas distintas. No soy abogada ni tengo la sabiduría del diputado Jorge Burgos o de la diputada Pía Guzmán en estas materias, pero creo que son desafíos para el derecho moderno, frente a los cuales debemos dar respuestas que importen mayor apertura de criterio, porque el derecho no es la Biblia, no es un acto de fe ni es inamovible. Tiene sentido lo que dijo la diputada Pía Guzmán respecto del número 5, en términos probatorios, pero me parece relevante que esas conductas tengan una sanción importante. Estoy de acuerdo con que el proyecto vuelva a la Comisión de Familia, pero no con que pase a la de Constitución, Legislación y Justicia, porque, ésta, al igual que la de Hacienda, aparece regulando los actos de las demás comisiones. Hay un importante proyecto de ley que moderniza la sociedad conyugal para introducir mayores grados de igualdad entre los cónyuges, que el diputado Burgos pidió que pasara a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por treinta días. Así se acordó, pero resulta que han pasado casi cuatro meses y aún no termina su tratamiento, pues dicha comisión tiene mucho trabajo. Reconozco buena intención en los colegas que piden que proyectos como ese pasen por dicha comisión, pero también se debe reconocer que quienes integramos las comisiones especializadas hacemos nuestro trabajo a conciencia y consultamos a expertos, porque no está toda la sabiduría legislativa en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Perdonen que me exalte un poco, pero la costumbre de enviar a revisión de los sabios, proyectos que han visto comisiones técnicas, por lo general demora en el tiempo y entraba la acción legislativa. A mi juicio, se trata de un proyecto estupendo, que indica claramente a la sociedad cuál es el disvalor al que aplica sanciones muy importantes. A la persona que le quitan la licencia de conducir por no pagar la pensión alimenticia, claro que le duele. A lo mejor, va a preferir manejar su auto, pero hay un disvalor en su conducta. La diputada señora Pía Guzmán señaló que los embargos de Tesorería no alcanzaban a los pobres. Es cierto, pero la información de Dicom alcanza a los pobres y los deja en pésimas condiciones. Para contratar a un empleado administrativo o a un obrero se consultan sus antecedentes al Dicom. ¿Creen ustedes que a un gerente le consultan sus datos en Dicom para ver si tiene deudas por pensiones alimenticias? ¿Eso le impedirá obtener el empleo? ¡No! El hecho de aparecer en Dicom perjudica a los más pobres, a los que necesitan trabajar para pagar la pensión alimenticia. Pero al trabajador de clase media que gana 200 mil pesos, que prefiere comprarse un auto y no pagar la pensión alimenticia de sus hijos, le va a doler bastante que le quiten la licencia de conducir y va a reaccionar frente a eso. Entonces, estamos ordenando valores de la sociedad. Este proyecto, junto con el que aprobamos hace algunos días sobre reconocimiento de paternidad, que está listo para su promulgación, más otros que hemos aprobado, constituyen grandes aportes. El diputado señor Errázuriz presentó una moción que pone en el mismo nivel, como una moneda de cambio, la relación afectiva entre padres e hijos que se encuentran separados y la pensión alimenticia. Nosotros elaboramos un proyecto en el que se establecía el derecho inalienable de la relación afectiva con los padres, no como una moneda de cambio con las pensiones alimenticias. Debemos resguardar que la legislación proteja valores importantes. Ojalá que los tribunales de justicia se empapen del espíritu de esta futura ley, porque en ella se aborda un disvalor. En la actualidad tenemos enormes problemas con los juzgados de menores, porque no aplican las leyes. La sana crítica lleva a cometer barbaridades. Hay una serie de denuncias muy dramáticas con respecto a la actuación de los jueces en materias de familia, lo que ha llevado a muchos padres o madres a esconderse con sus hijos, a mi juicio, por decisiones absolutamente erradas de esos tribunales. Hago un llamado a los tribunales de justicia para que se empapen del espíritu de estas leyes, porque lo que queremos, y lo que hemos escuchado de mucha gente, es que juzguen y dicten sentencia de acuerdo con el espíritu de las leyes. He dicho. El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza. El señor MEZA.- Señor Presidente, el proyecto en análisis, que modifica la ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensión alimenticia, busca penalizar el incumplimiento malicioso de estas pensiones y se une, como decía la diputada señor María Antonieta Saa, a una serie de iniciativas que los gobiernos de la Concertación han presentado, a través de sus ministros aprovecho de saludar a la ministra Cecilia Pérez, presente en la Sala, para enriquecer la legislación destinada a proteger la familia. Además, se une a la ley aprobada recientemente, sobre la prueba de ADN, que obliga al demandado a someterse a la misma y, en caso de negarse, será reconocido como padre, y a la ley de filiación, que reconoce como legítimos a todos los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio. Cada uno de nosotros ha conocido en sus distritos este drama que aqueja fundamentalmente a las mujeres, aunque también a algunos hombres: la insensibilidad para cumplir con lo que la ley exige y la responsabilidad que tienen los progenitores, el padre o la madre, de contribuir con la pensión alimenticia de sus hijos, con quienes la sociedad está en deuda. Me quiero referir brevemente a la importancia que tiene para la ciudadanía que esta deuda de la sociedad se vaya pagando. En relación con el número 3 del artículo 1º, que agrega un artículo 5º bis, se dice que es un poco fuerte la sanción que se aplica al ocultamiento de cualquiera de las fuentes de ingreso del demandado, incluso con la participación de terceros, y la de estos terceros en los actos maliciosos para reducir el patrimonio del alimentante destinados a evitar y eludir tales obligaciones. Creemos que cualquier pena siempre será poca para castigar tal actitud de padres que desconocen sus obligaciones con los hijos que procrean. De manera que, independiente de que se vote por separado, anunciamos nuestro voto favorable al artículo 5º bis. Reitero que es frecuente que estos “padres” eviten el pago de las pensiones alimenticias utilizando a terceros, a quienes traspasan sus bienes, con el objeto de aparecer con menos propiedades y recursos económicos y, de esa manera, eludir su responsabilidad. ¡Cómo es posible que existan personas con este grado de maldad en sus corazones! Por ello, hacía falta que una iniciativa de esta naturaleza saliera al paso y evitara, de aquí en adelante, el ocultamiento de los bienes para eludir la responsabilidad con los hijos. Esos terceros que, en conocimiento de la situación, se prestan para esto, también serán castigados en mi opinión, justamente con la pena de prisión en cualquiera de sus grados. Los radicales estamos de acuerdo con esta norma. También es de nuestro agrado que la Tesorería General de la República retenga la devolución anual de impuestos a estos individuos que se niegan a cumplir con el sagrado deber de alimentar a quienes procrean, recursos que dentro de los treinta días siguientes pondrá a disposición del alimentario. La suspensión de la patria potestad para aquellos que no son capaces de cumplir con esta obligación, también nos parece una medida acertada. Los radicales también concordamos en que el incumplimiento grave de la deuda alimenticia debe consignarse en el Boletín Comercial. Entendemos que los jueces competentes para conocer las demandas y decretar las pensiones no son suficientes. Por lo tanto, nos parece que la iniciativa hace bien en reconocer competencia al juez del domicilio del demandante o del demandado para llevar adelante las causas. Reitero nuestra disposición a votar favorablemente el proyecto y manifiesto nuestra complacencia por su presentación. Además, felicito a la Comisión que elaboró el informe. He dicho. El señor ASCENCIO (Presidente).- Por último, tiene la palabra la señora Ximena Vidal. La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente, debemos reconocer que contamos con una legislación que penaliza al padre que no cumple con sus deberes y que estamos legislando para obtener mejores respuestas. A la luz de los hechos y antecedentes recogidos de la realidad, era necesario definir nuevas formas de perseguir el incumplimiento del pago de las pensiones alimenticias. Por eso, el año pasado discutimos en la Comisión de Familia sobre esta modificación y consideramos los diversos proyectos presentados para dar respuestas adecuadas al problema. De todas las nuevas sanciones propuestas, la que me hace más sentido es la que dice relación con el embargo oficioso, es decir, el juez puede, de oficio, ordenar que la Tesorería General de la República retenga la devolución anual de los impuestos a la renta que correspondiere percibir a deudores de pensiones alimenticias. Con ello, damos respuesta concreta al problema. El objetivo de penalizar el incumplimiento malicioso y otorgar competencia al juez para agilizar el proceso, se relaciona directamente con buscar el sentido más profundo de defensa de los derechos de los niños, víctimas de sus padres, y que recuperen de alguna forma el valor de las pensiones alimenticias incumplidas. Al calor de la discusión y en el interés de penalizar, a veces se presentan sanciones y argumentos no coherentes con el resultado que se quiere lograr: que a los niños no les falte la pensión alimenticia. Ese es el desafío del debate de este proyecto: llegar a un acuerdo para mejorar las sanciones, sin crear otras nuevas que dificulten a los padres, por ejemplo, encontrar trabajo, pues también tenemos en nuestras manos la responsabilidad de analizar por qué los padres no cumplen. Debemos poner límites a estas acciones inmorales no sólo con una ley, sino también con acciones que pasan por el crecimiento integral de la sociedad, entregando educación, cultura de la solidaridad, de la libertad, de la responsabilidad, de derechos y, sobre todo, de igualdad de condiciones. Para eso falta mucho más voluntad de cada uno de nosotros como seres humanos. En cuanto a los temores de algunos diputados, abogados, en el sentido de que algunas pruebas que demuestran la culpabilidad del demandado se podrían demorar un tiempo ilimitado, debo recordar que tendremos tribunales de familia que harán más expedita la resolución de estos casos. Señor Presidente, con su venia le concedo una interrupción al diputado señor Jaramillo. El señor ASCENCIO (Presidente).- Por la vía de la interrupción, tiene la palabra el diputado señor Jaramillo, hasta por dos minutos. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, no voy a analizar las bondades del proyecto, aunque debo hacer uso de una frase de la jerga popular, que dice: “nobleza obliga”. Se trata de un proyecto muy bien informado, muy comentado y, en gran medida, necesario y moderno. Pero por muy justa que sea la causa, no podemos crear disposiciones legales e instituciones que no cumplan con la Constitución, en especial con las garantías constitucionales. Aunque sea impopular decirlo, en el proyecto hay algunos aspectos que chocan, en la forma y en el fondo, con principios y garantías constitucionales. En la forma, porque ordena a la Tesorería General de la República retener la devolución del impuesto a la renta de los contribuyentes que adeuden pensiones de alimentos y a enterar los fondos retenidos, mediante depósito, en la cuenta corriente del tribunal. A todas luces, esta norma es inconstitucional porque vulnera el inciso tercero del artículo 62 de la Carta Fundamental. La modificación de las normas sobre administración financiera del Estado es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. A mi juicio, se hace administración financiera cuando dineros que están en poder de la administración son depositados a otra persona, aunque el dueño sea un particular. Con ello, modificamos la competencia de la Tesorería al obligarla a efectuar determinados actos, cuestión que importa infringir el inciso tercero del artículo 62 ya mencionado. Me parece preocupante lo que acabo de comentar, porque se trata de un asunto de constitucionalidad. He dicho. El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, señora Cecilia Pérez. La señora PÉREZ, doña Cecilia (ministra del Sernam).- Señor Presidente, el Gobierno, y particularmente el Servicio Nacional de la Mujer, ha apoyado con mucha fuerza el trabajo de la Comisión de Familia para consolidar en una sola propuesta la que ahora se está conociendo una reforma sustantiva a la ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias. Y lo hemos hecho porque los derechos de los hijos a la identidad, a la filiación, a la relación directa con sus padres y a la pensión de alimentos han sido siempre perseguidos por las madres, siendo este último el más demandado por las mujeres ante la justicia. Quiero recordar, con el solo objeto de resituar esta discusión en la realidad chilena, que en 2003 se presentaron 180 mil demandas de pensión alimenticia y que el año siguiente aumentaron a 184 mil. De las acciones deducidas en los juzgados de menores, el 60 por ciento corresponde a demandas por alimento y el 98 por ciento de las demandantes son madres. Como recordarán los señores diputados, en 2001 se modificó la ley sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias con el objeto de mejorar su cumplimiento, de hacerla más efectiva y de terminar con lo que, a nuestro juicio, constituía una vergüenza nacional: más del 50 por ciento de las causas falladas por este concepto implicaba el pago de entre dos mil y cinco mil pesos mensuales por hijo. Se establecieran mínimos a las pensiones de alimentos. Pero aun con una reforma tan sustantiva como ésa no hemos podido dar la respuesta eficaz y digna que las madres exigen en defensa de los derechos de sus hijos. Por ello, el Gobierno, y específicamente el Servicio Nacional de la Mujer, ha respaldado el conjunto de mociones presentadas para mejorar esta legislación. Si como Estado es decir, como Gobierno, como Congreso y como sistema judicial no somos capaces de dar una respuesta de fondo a esta realidad, seguiremos perpetuando lo que miles y miles de mujeres y sus hijos sienten: que no viven en una sociedad decente. Pagar la pensión de alimentos para sus hijos es el mínimo de decencia que se pide a quienes han asumido la responsabilidad de ser padres, sin importar en qué circunstancia. El proyecto constituye un gran avance en esta materia, no sólo por sus contenidos específicos o porque recoge un fuerte sentir social, político y ciudadano respecto de este tema, sino porque es innovador y porque en el Congreso Nacional se han atrevido a establecer sanciones inéditas al incumplimiento de la obligación de pensión alimenticia. Por otro lado, participamos de la preocupación respecto de que los temas de familia sean tratados con la relevancia que se merecen. En todo caso, con la entrada en funcionamiento de los tribunales de familia se producirá una sustantiva diferencia cualitativa en la forma de abordarlos. Entiendo la preocupación manifestada en la Sala por la diputada señora Pía Guzmán y por el diputado señor Jorge Burgos en cuanto a los temas que contemplan sanciones penales. Lo hemos visto en materia de violencia intrafamiliar. La iniciativa señala que cuando los jueces establezcan fehacientemente el ocultamiento de ingresos o de antecedentes están facultados para derivar el caso al ministerio público. Por su parte, las acciones civiles contempladas en el numeral 3, que agrega el artículo 5º a la ley Nº 14.908, serán conocidas incidentalmente por el juez de familia. La igualdad de los derechos de los hijos, sin importar su filiación, es uno de los más importantes consagrados por el Estado en el último decenio. Pero no basta que los padres den su apellido a los hijos. La reforma a la ley de filiación aprobada hace poco está en la dirección correcta, porque las hijas y los hijos requieren y merecen dignidad, justicia e igualdad ante la ley, no solamente un apellido, sino el contacto directo con sus padres y la posibilidad de ser queridos, reconocidos y mantenidos. Por eso hemos apoyado y defendido esta modificación. Por otra parte, el proyecto deberá continuar su tramitación y no descartamos de plano la incorporación en el Boletín Comercial aspecto que debatimos en la Comisión de Familia de aquellas personas que no estén cumpliendo con el pago de las pensiones alimenticias, a pesar de que en el proceso judicial respectivo se comprobó su capacidad para hacerlo, aspecto que podemos discutir en la siguiente instancia legislativa. Al finalizar mis palabras deseo hacer un reconocimiento al trabajo de la Comisión de Familia, porque más allá de las diferencias de visión y de ideologías, sus miembros lograron alinearse en una perspectiva de mayor dignidad y contenido ético frente a las responsabilidades de la familia propuestas en esta modificación. Muchas gracias. El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier para aclarar un tema. El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, la diputada señora Pía Guzmán y el diputado señor Jorge Burgos han manifestado su inquietud respecto del numeral 3 del artículo 1º, en particular, del inciso final, en relación con el tribunal competente para conocer de una conducta sancionada con una pena privativa de libertad. En nuestro ordenamiento jurídico es evidente que hay un límite en la competencia de los tribunales de familia. Tal como se indica en el informe, la aplicación de sanciones privativas de libertad corresponde pedirlas al Ministerio Público. Eso concuerda plenamente con el espíritu que animó a quienes presentamos el proyecto. Para despejar la duda se habló con ambos diputados, en el numeral 3, inciso final, que dice: “Las acciones señaladas en los incisos precedentes...”, propongo que diga: “Las acciones señaladas en los dos incisos precedentes...” para evitar cualquier duda de interpretación. Con eso, subsanamos el problema. Por lo tanto, no sería necesario votar separadamente ese inciso. El señor ASCENCIO (Presidente).- Si hubiere unanimidad, lo votaremos en la forma señalada por el diputado señor Juan Pablo Letelier. Acordado. El señor LONGUEIRA.- Pido la palabra. El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra su señoría. El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, antes de proceder a votar, me gustaría que la Mesa se pronunciara respecto del numeral 6) del proyecto de ley, que en el número 2 del artículo 16, nuevo, que incorpora a la ley Nº 14.908, establece la suspensión de la licencia para conducir vehículos motorizados si el alimentante persistiere en el incumplimiento de su obligación. Me parece un exceso. Cualquier persona puede desarrollar una actividad económica y verse afectada por lo que se dispone. La conducta que se sanciona no tiene nada que ver con impedir el desarrollo de una actividad económica. Por lo tanto, pido a la Mesa que se pronuncie respecto de la constitucionalidad de la norma. La Constitución Política le garantiza a los chilenos emprender cualquier actividad económica, la que, obviamente, puede estar vinculada con la conducción de vehículos. Está bien que se sancione y se penalice el incumplimiento; pero, obviamente, a mucha gente que no paga se le va a impedir que pueda hacerlo si adicionalmente se le aplica una multa de esta naturaleza. El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Zarko Luksic. El señor LUKSIC.- Señor Presidente, a lo ya señalado por el diputado señor Longueira, y a mayor abundamiento, quiero expresar que algunas sanciones dicen relación con la especialidad de la infracción. No se puede establecer una sanción privativa de libertad para una infracción civil, porque las sanciones en derecho civil son otras, como la indemnización de perjuicios. Estoy hablando de la regla general. Esta sanción dice relación con infracciones a las normas del tránsito. Por tanto, es discutible que se pueda aplicar a otros delitos o infracciones, que en este caso es propia del derecho de familia. El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier. El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, respecto de la objeción de constitucionalidad, el proyecto no tiene que ver con la ley del tránsito, como ha insinuado el diputado señor Zarko Luksic. Para prevenir la duda planteada por el diputado señor Pablo Longueira, el proyecto dispone que aquellas personas que usan un vehículo como instrumento de trabajo, si garantizan debidamente el pago de las pensiones alimenticias, se les puede levantar la suspensión de su licencia de conducir para no impedir que ejerza su actividad. Cuando hay dos bienes en disputa, sancionar un privilegio que la sociedad concede a una persona para tener licencia de conducir, la suspensión en ningún caso puede interpretarse como un atentado a un derecho constitucional. En este caso, el derecho al trabajo está garantizado para las personas que cumplen con el pago de las pensiones alimenticias. Ése fue el tenor de la discusión en la Comisión con el objeto de garantizar su constitucionalidad. He dicho. El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, solicito votación separada. Además, pido a la Mesa un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de dicha disposición, porque me parece muy arbitraria. El señor ASCENCIO (Presidente).- Hago presente a la Sala que, independientemente de que el inciso sea o no discutible, sea apropiado o no, o sea o no conveniente, la Mesa no objeta su constitucionalidad. Por tanto, no va a acoger la petición del diputado señor Longueira respecto de su constitucionalidad. Tiene la palabra el diputado señor Longueira. El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, quiero hacer dos comentarios frente a la posición de la Mesa. Primero, esta disposición es tan arbitraria como pedir que los comerciantes cierren su local comercial si enfrentan una situación como ésta. Me parece absurdo que, por ejemplo, a un transportista, que vive de esta actividad, se le suspenda la licencia de conducir. El señor ASCENCIO (Presidente).- Diputado señor Longueira, el proyecto ya se discutió y la Mesa ya se pronunció. Espero que haga su petición en torno a cómo continuar la votación. El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero plantear mi reserva de constitucionalidad sobre la disposición señalada. En segundo lugar, pido votación separada para el numeral 2. El señor ASCENCIO (Presidente).- Señor diputado, queda hecha la reserva de constitucionalidad que usted ha planteado. Además, se va a votar la norma en forma separada, de acuerdo con la petición del diputado señor Longueira. Cerrado el debate. En votación el proyecto, con las excepciones de la letra b) del número 5 del artículo primero, y el número 2 del número 6 del artículo primero, respecto de los cuales se ha pedido votación separada. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 91 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor ASCENCIO (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi, Aguiló, Alvarado, ÁlvarezSalamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Díaz, Dittborn, Egaña, Encina, Errázuriz, Escalona, Espinoza, Forni, Galilea (don José), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Kast, Kuschel, Leal, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longueira, Lorenzini, Luksic, Martínez, Masferrer, Mella (doña María Eugenia), Meza, Molina, Monckeberg, Montes, Mora, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Norambuena, Ojeda, Ortiz, Palma, Paredes, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Salas, Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Vargas, Venegas, Vidal (doña Ximena), Vilches y Walker. El señor ASCENCIO (Presidente).- Los anteriores numerales han sido votados en la forma señalada por el diputado señor Juan Pablo Letelier, en orden a agregar la palabra “dos” en el último inciso del número 3 del artículo primero, entre los vocablos “los” e “incisos”. En votación la letra b) del número 5 del artículo primero, que modifica el artículo 14 de la ley 14.908, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado señor Jorge Burgos. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 77 votos; por la negativa, 11 votos. Hubo 1 abstención. El señor ASCENCIO (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi, Aguiló, Alvarado, ÁlvarezSalamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Barros, Bauer, Bayo, Becker, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Correa, Cubillos (doña Marcela), Dittborn, Egaña, Encina, Errázuriz, Escalona, Espinoza, Forni, García (don René Manuel), GarcíaHuidobro, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jeame Barrueto, Kast, Kuschel, Leal, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Longueira, Martínez, Masferrer, Mella (doña María Eugenia), Meza, Molina, Monckeberg, Montes, Mora, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Salaberry, Salas, Seguel, Tapia, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Venegas y Vidal (doña Ximena). Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Araya, Bertolino, Burgos, Galilea (don José Antonio), Jarpa, Robles, Saffirio, Silva, Vilches, Villouta y Walker. Se abstuvo el diputado señor Soto (doña Laura). El señor ASCENCIO (Presidente).- En votación el número 2 del numeral 6 del artículo primero. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos; por la negativa, 51 votos. Hubo 6 abstenciones. El señor ASCENCIO (Presidente).- Rechazado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi, Aguiló, Allende (doña Isabel), Ceroni, Cubillos (doña Marcela), Encina, Escalona, Espinoza, González (don Rodrigo), Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jeame Barrueto, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Mella (doña María Eugenia), Meza, Montes, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Ortiz, Paredes, Pérez (don José), Rossi, Saa (doña María Antonieta), Seguel, Tohá (doña Carolina), Valenzuela, Venegas y Vidal (doña Ximena). Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Alvarado, Álvarez, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Caraball (doña Eliana), Cornejo, Correa, Dittborn, Egaña, Errázuriz, Forni, Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), Hernández, Hidalgo, Jarpa, Kuschel, Leay, Longueira, Lorenzini, Luksic, Martínez, Masferrer, Molina, Monckeberg, Mora, Norambuena, Ojeda, Olivares, Palma, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Robles, Saffirio, Salas, Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tuma, Ulloa, Urrutia, Vargas, Villouta y Walker. Se abstuvieron los diputados señores: Araya, Barros, Burgos, Cristi (doña María Angélica), Guzmán (doña Pía) e Ibáñez (don Gonzalo). El señor ASCENCIO (Presidente).- Despachado el proyecto. VII. PROYECTOS DE ACUERDO RATIFICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES QUE PREVIENEN Y SANCIONAN EL TRÁFICO DE BIENES CULTURALES. (Votación). El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 553, que tiene por objeto la ratificación de tratados internacionales que previenen y sancionan el tráfico de bienes culturales. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 7 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Rechazado por falta de quórum. SISTEMA OFICIAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS QUE CAUSEN ALARMA PÚBLICA. El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 554 de los diputados señores Andrés Egaña, Roberto Delmastro, Osvaldo Palma, Rosauro Martínez, Ramón Pérez Opazo y de las diputadas señoras Rosa González y María Angélica Cristi. “Considerando: Que, ante los últimos hechos ocurridos en la ciudad de Talcahuano, que terminaron con la muerte de dos personas, debidos a la gran alarma pública que desencadenó un llamado irresponsable que anunciaba un maremoto en la ciudad, se hace fundamental contar con un sistema oficial de aviso de catástrofes y con un método conocido por toda la ciudadanía sobre las medidas y lugares de evacuación en caso de emergencias o cataclismos. La Cámara de Diputados acuerda: 1.Solicitar a S.E. el Presidente de la República que imparta instrucciones a los gobiernos regionales a fin de implementar y desarrollar a lo largo del país un sistema oficial de respuesta a emergencias con alarma temprana que se base en información verídica y científica, aportada por organismos calificados, de manera de evitar alarmas irresponsables que ocasionan pánico y desinformación en la población. 2.Requerir del gobierno central que fiscalice la aplicación de estas medidas por parte de los organismos que correspondan, a efectos de que el sistema esté siempre en plena operación y preparado en cualquier minuto para hacer frente a una catástrofe. 3.Reevaluar las actuales políticas y medidas con que el gobierno central cuenta para enfrentar algún hecho de emergencia que cause conmoción pública, con el fin de redestinar los recursos a un nuevo sistema más moderno y seguro, que otorgue mayores garantías a la población y a la autoridad. 4.Establecer un sistema en que las actuales oficinas de emergencia del país desarrollen sus funciones durante las veinticuatro horas del día, puesto que, en la actualidad, estos organismos lo hacen sólo en horario de oficina, dejando expuesta a la ciudadanía en horario inhábil o durante los fines de semana.” El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Rosa González. La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).- Señor Presidente, es innegable que los hechos ocurridos en Talcahuano han conmocionado a la opinión pública. En nuestras ciudades no existe ningún plan de emergencia ante la ocurrencia de catástrofes naturales. Recién las autoridades de Viña del Mar le han solicitado a las de Arica, que tienen un plan de emergencia conocido en esta Sala, información sobre sistemas de evacuación. Por lo tanto, pido el voto favorable de los parlamentarios, a fin de que todas las ciudades cuenten realmente con una oficina de emergencia que dé la alarma oportunamente, ante la posibilidad de alguna catástrofe natural y así evitar los destrozos y la pérdida de vidas humanas. He dicho. El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra a algún otro señor diputado o señora diputada que quiera hablar a favor del proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 34 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- No hay quórum. Se va a repetir la votación. Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- No hay quórum. Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos. Transcurrido el tiempo reglamentario: El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- En votación el proyecto de acuerdo Nº 554. Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 25 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- La votación del proyecto de acuerdo queda pendiente para la próxima sesión. VIII. INCIDENTES PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE CURARREHUE A PUESCO, EN NOVENA REGIÓN. Oficio. El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité de Renovación Nacional. Tiene la palabra, por cuatro minutos y medio, el diputado señor René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, hace tiempo, con mucha alegría, inauguramos en la comuna de Curarrehue la nueva aduana de Puesco, muy bonita y amplia, aunque, desde el principio, no exenta de problemas. Por allí pasan más de 100 mil personas y entre 20 mil y 30 mil vehículos al año. Durante este años hemos visto con mucha pena que no se han destinado los recursos para asfaltar el tramo que falta del camino de Curarrehue hasta la aduana, que es la puerta de entrada al sur, donde hay un turismo floreciente. El lado argentino ya está asfaltado, y Chile se había comprometido a realizar la inversión necesaria para asfaltar los 25 a 30 kilómetros que faltan. Queremos saber si son ciertos los rumores porque “el señor rumor” corre por la región que indican que, nuevamente, se negaron los recursos para el presente año. Por lo tanto, pido oficiar al ministro de Obras Públicas, señor Jaime Estévez a fin de que considere ese paso y asigne los recursos necesarios, de manera que esa región, que es líder en nuestro turismo, tenga ese camino asfaltado, anhelo largamente esperado por la población. Además, dicha vía sería un paso alternativo cuando no se pueda pasar por el túnel Las Raíces o por Lonquimay. Esta propuesta es interesante, y las instituciones, el Sernatur de la Novena Región y personalidades de todos los colores políticos tememos que esa obra no se concrete. Consideramos que es fundamental para el desarrollo de la zona lacustre, más aún ahora que Curarrehue cuenta con un camino que la une con el lago Colico y la gente pasará por Cunco y el lago Caburga, para llegar a Curarrehue, y desde allí podrá dirigirse a Pucón y Argentina. Es decir, se trata de una alternativa turística maravillosa, que seguirá el camino principal desde Curarrehue hasta Puesco. Por eso, reitero que se oficie al ministro de Obras Públicas, a fin de que considere este camino en el presupuesto de este año, si no en su totalidad, al menos un tramo de 10 a 15 kilómetros, y así ir avanzando hacia la aduana, que es lo que nos interesa a todos. El señor SALAS (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. ANTECEDENTES SOBRE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN COMUNAS DE LA NOVENA REGIÓN. Oficio. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, la Novena Región es la que tiene menos plantas de tratamiento de aguas servidas: hoy, sólo el 15 por ciento de sus aguas es tratada. Entonces, como de aquí a junio de 2006 se construirán 17 nuevas plantas de tratamiento de aguas servidas, quiero saber en qué lugares y comunas se instalarán y si cuentan con los permisos correspondientes. Digo esto porque en Villarrica, en la localidad de Potúe, la comunidad tiene problemas, porque la planta de tratamiento de aguas servidas se está instalando en un lugar histórico. Queremos que las plantas sean de primera calidad, y por eso es necesario que nos informen sobre el tipo de las mismas. Los habitantes de ciudades como Villarrica, Loncoche, Cunco, Gorbea, Toltén, Lautaro, etcétera, en las cuales se construirán dichas plantas, requieren que sean de primer nivel, porque no están dispuestos a tener que soportar malos olores, como ocurrió con La Farfana, en Santiago. Cabe señalar que hay personas que ya tienen un basural al lado, como ocurre en Boyeco, Temuco. Ahora tendrán, además, una planta de tratamiento de aguas servidas. Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas, señor Jaime Estévez, a fin de que nos informe exactamente en qué terrenos se ubicarán las 17 nuevas plantas y si cuentan con los permisos correspondientes que otorgan determinadas instituciones del Estado. Asimismo, si se ha resguardado el patrimonio histórico de la Novena Región, como los lugares sagrados de las culturas indígenas, en los cuales podrían instalarse las citadas plantas. Es necesario saberlo, porque es un problema que está causando bastantes dificultades en nuestra región. He dicho. El señor SALAS (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. RECONOCIMIENTO A LABORATORIO CHILE. Oficios. El señor SALAS (Presidente accidental).- Tiene la palabra, por cuatro minutos, el diputado señor Maximiano Errázuriz. El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, estimados colegas, el pasado martes 3 de mayo, cuando se conmemoraba el décimo aniversario del fallecimiento de don Carlos Vial Espantoso, la fundación que lleva su nombre reconoció a Laboratorio Chile como la empresa más destacada en la relación con sus trabajadores, entre las 68 que participaron en la selección, la que fue realizada por un jurado compuesto por personas notables de diversos ámbitos del quehacer nacional. Laboratorio Chile se hizo merecedor de este premio porque constituye un ejemplo en la relación de la empresa con sus trabajadores. Como lo señalaba don Hernán Pfeifer, su gerente general: “Hace diez años, en Laboratorio Chile nos fijamos como objetivo tener un elemento diferenciador: nuestro equipo humano”. Señalaba que la compañía se consolidó como una empresa democrática, basada en una estructura muy transversal en la que se reconocen y valoran las potencialidades de cada persona, dando mucha importancia a la iniciativa, innovación y capacidad de tomar decisiones a distintos niveles. Laboratorio Chile tiene programas en los que participan todos los trabajadores de la empresa. Tiene comités de ideas y premios a la creatividad, a la innovación y al liderazgo. Don Carlos Vial señalaba: “Siempre he pensado que mientras más se vinculen los ingresos de la empresa con los de los trabajadores, es mejor para ambos”. Pues bien, en Laboratorio Chile la totalidad de los trabajadores recibe anualmente una remuneración relacionada con los resultados alcanzados. “La idea es que si a Laboratorio Chile le va bien, a todos nos vaya bien”, señaló don Hernán Pfeifer. Los 108 años de vida de Laboratorio Chile no han logrado que la compañía caiga en un letargo o acostumbramiento. Lejos de ello, el tiempo transcurrido ha servido para mejorar la calidad de sus productos y la relación de todos sus trabajadores. Laboratorio Chile tiene más de mil trabajadores y un promedio de 40 horas de capacitación por trabajador. Fue finalista junto a AFP Habitat S.A., Bosch, Banco de Chile, Codelco, Minera Los Pelambres, Sodimac, Soprole, Compañía Cervecerías Unidas, Echeverría Izquierdo y Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, y entre estas notables empresas el jurado la eligió como la mejor. Vaya nuestro reconocimiento a todo su personal que constituye un ejemplo de lo que deben ser las relaciones entre los trabajadores de una compañía, cualquiera que sea el cargo que ocupen. La Fundación Carlos Vial Espantoso debe sentirse orgulloso de este reconocimiento a Laboratorio Chile, ya que representa con toda fidelidad la aspiración que durante toda su vida animó a don Carlos. Al mismo tiempo, debe ser el faro que ilumine la manera en que deben llevarse las relaciones dentro de una compañía. Si una empresa con más de mil trabajadores es capaz de lograr esta excelente relación, ¿por qué no podrían imitarla las pequeñas y medianas empresas, las pymes, que dan trabajo al 82 por ciento de los chilenos? Felicitaciones a Laboratorio Chile y a todos sus trabajadores. Ojalá, esa empresa pudiera invitar, por ejemplo, a los miembros de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados para que conocieran esa valiosa experiencia. Creemos que su ejemplo puede ser perfectamente imitado por muchas de nuestras empresas de los más diversos tamaños. Para terminar, solicito que se envíe copia de mi intervención al ministro del Trabajo y Previsión Social y al gerente general del Laboratorio Chile. He dicho. El señor SALAS (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. INFORMACIÓN SOBRE INDICADORES BIOMÉDICOS Y SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA NORTE. Oficios. El señor SALAS (Presidente accidental).- Tiene la palabra, por dos minutos, el diputado señor Francisco Bayo. El señor BAYO.- Señor Presidente, quiero pedir el envío de dos oficios. En primer lugar, al ministro de Salud, señor Pedro García, a fin de que nos informe acerca de los indicadores biomédicos del país, que nos dicen cómo estamos dentro del contexto internacional en cuanto a mortalidad infantil, expectativas de vida y todo lo que se denomina, dentro de la terminología médica, indicadores biomédicos. Ojalá que esta información comprenda a todo el país desglosada en los 28 servicios de salud. Además, que ésta se refiera a la situación existente en 2000 y en 2004, con el objeto de establecer comparaciones. Señor Presidente, por otro lado, quiero solicitar que el director del Servicio de Salud Araucanía Norte se sirva informar sobre los siguientes puntos: 1.La planta oficial de ese servicio autorizada por ley; 2.El número de funcionarios que actualmente trabajan bajo cualquier régimen contractual, con justificación de aquellos que exceden la planta y, además, la forma en que ellos se financian, y 3.Una lista sobre los establecimientos si no me equivoco, son cuatro o cinco en que desarrolla sus funciones dicho servicio, especificando el nombre de sus propietarios y los montos de los arriendos correspondientes. He dicho. El señor SALAS (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado señor Eduardo Díaz. POSICIÓN DE CHILE ANTE ACTITUD DE GOBIERNO DE PERÚ. Oficios. El señor SALAS (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité del Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra la diputada señor Rosa González. La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).- Señor Presidente, para nadie es un misterio que las relaciones bilaterales que mantiene Chile con su vecino Perú son, por decir lo menos, poco cordiales. Las marcadas y constantes declaraciones demuestran el grado de su deterioro. No es mi intención cuestionar la política exterior de nuestro país, la cual corresponde al Presidente de la República, pero no puedo dejar de manifestar mi asombro por los constantes ataques que Chile debe recibir de parte de las autoridades peruanas. Si vendió material bélico a Ecuador y si fue entregado antes o después del conflicto que mantuvo éste con Perú o si fue o no utilizado en él, sin duda, es algo que debe ser abordado con la altura que requiere un asunto de Estado, tal como lo han hecho las autoridades chilenas, de manera de no caer al nivel que han permitido las autoridades peruanas, que menoscaban nuestro accionar en relación con acuerdos comerciales que se asumieron en su momento. En el distrito que represento en esta Corporación coexisten chilenos, peruanos y bolivianos sin mayores problemas, de acuerdo con los cánones de convivencia pacífica y normas de sociabilidad aceptadas por todos. En las zonas limítrofes del norte los problemas suscitados a raíz del reclamo peruano tienen mayor repercusión que la de una pequeña discusión entre personas en Santiago, las que miran de lejos un conflicto que, al parecer, no les aporta absolutamente nada. Que Perú reclame y llegue a solicitar la inhabilidad del recién elegido Secretario General de las Organización de las Naciones Unidas, don José Miguel Insulza, es algo, por decir lo menos, desmedido y fuera de cualquier análisis político serio y responsable. Que Perú haya entregado una nota de protesta en la que manifiesta su extrañeza a Chile por la venta de armas a Ecuador durante el conflicto de 1995 y luego no haya aceptado la respuesta chilena vulnera todo sentido práctico de continuar con la convivencia pacífica que debe reinar entre dos países limítrofes. Que Perú considere completamente insatisfactoria la respuesta chilena y luego anuncie la suspensión de las medidas de confianza mutua y las coordinaciones bilaterales ante la posibilidad de iniciar un tratado de libre comercio entre ambos países sólo perjudica a la industria peruana, ya que Chile tiene, desde hace varios años, experiencia en la apertura de mercados internacionales. Es lamentable que nuestro vecino país utilice este conflicto como una forma de encubrimiento de sus políticas internas, pese a la buena voluntad chilena por zanjarlo pacíficamente. No podemos decir lo mismo de las autoridades peruanas, que arrastran a todo un pueblo a un conflicto artificial y extemporáneo. Por otro lado, el excesivo despliegue diplomático habido para que don José Miguel Insulza no fuera elegido Secretario General de la OEA constituye, sin duda, un intento desesperado por mantener un constante ambiente de animadversión en contra de Chile. Al parecer, beneficia electoralmente a las autoridades de Perú el hecho de que se mantenga esta rencilla entre ambos países. Sin entrar en aspectos demasiado detallistas, creo de justicia política reconocer el enorme esfuerzo realizado por nuestras autoridades para no caer en el juego de las declaraciones odiosas y descalificatorias al que suelen recurrir las autoridades peruanas en contra de Chile cada vez que tienen conflictos internos de carácter social y político. Hoy debemos ser claros. Chile es un país soberano y respetuoso de sus acuerdos comerciales y nada ni nadie puede decirnos qué debemos hacer o dejar de hacer. Nadie, absolutamente nadie, puede decirnos que pierde la confianza en nuestro país. Primero, cabe preguntarse si ellos merecen nuestra confianza. Si las autoridades peruanas nos retiran su confianza o no quieren llegar a un acuerdo económico con Chile, pues bien, esa decisión debe ser tomada con altura de miras. No obstante, deberán asumirla responsablemente, sin excusarse en que se basaron en lo ocurrido en otros tiempos, puesto que se trata de una decisión de Estado. Cuando llegue el momento, sería prudente recordar a los peruanos que han sido ellos los que han tergiversado una situación ocurrida hace diez años y que fue dada por solucionada por las autoridades de la época, pese a que ahora el ex presidente Fujimori se desdiga de lo que dijo e hizo. No somos nosotros quienes constantemente proferimos odiosidades o buscamos en el pasado hechos que no ayudan en nada a la buena convivencia entre ambos países. Lo que menos preocupa a la mayoría del pueblo chileno es lo que ocurre en Perú. Por el contrario, lo único que desea es que ambos países se unan, porque de esa forma marcharán mucho mejor. Por lo expuesto, solicito que se envíe copia de mi intervención al Presidente de la República y al ministro de Relaciones Exteriores. He dicho. El señor SALAS (Presidente accidental).- Se enviará copia de la intervención de su señoría, con la adhesión de la bancada de la Unión Demócrata Independiente. PAGO DE BENEFICIO A FUNCIONARIOS DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE. Oficios. El señor SALAS (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Salaberry. El señor SALABERRY.- Señor Presidente, en 1998, el decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio de Defensa, modificó el estatuto del personal de Carabineros de Chile en lo referente al pago de una asignación por el título de contador general. La Policía de Investigaciones ha consultado a la Contraloría General de la República si ese beneficio es extensivo a su personal. La ministra de Defensa de la época, señora Michelle Bachelet, en oficio enviado a la Subsecretaría de Hacienda, dio su beneplácito a que el personal de la Policía de Investigaciones sea beneficiario de dicha asignación, que constituye el 35 por ciento del sueldo. No obstante, tanto la propia Policía de Investigaciones como la Subsecretaría de Hacienda y el Ministerio de Defensa Nacional han aducido que para hacer extensivo dicho beneficio al personal de la Policía de Investigaciones se requiere la dictación de un reglamento especial. Sin embargo, la Contraloría, en sendos dictámenes de 2002, de 2004 y de 16 de marzo de 2005 ha informado a los ex funcionarios de la Policía de Investigaciones que no se requiere reglamento alguno para esos efectos. Por lo expuesto, pido que se oficie a los ministros de Hacienda y de Defensa Nacional, señores Nicolás Eyzaguirre y Jaime Ravinet, respectivamente, a fin de que dispongan las medidas pertinentes en orden a que se efectúe el pago de la asignación de titulo señalada al personal de la Policía de Investigaciones a la brevedad posible. No son montos, de acuerdo con documentos del propio Ministerio de Defensa, firmados por el subsecretario de Investigaciones de la época, don Gonzalo Miranda, y suscritos por la propia ministra de Defensa, que irroguen un gasto muy extraordinario en el presupuesto de la nación. Es de justicia que cerca de 60 ó 70 funcionarios de la Policía de Investigaciones no sigan recurriendo a la Contraloría para que se les respete un beneficio establecido por una ley aprobada por el Congreso Nacional. He dicho. El señor SALAS (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de los diputados señores Jorge Ulloa, Javier Hernández, Andrés Egaña, Pedro Araya y del que habla. Tiene la palabra el diputado Jorge Ulloa. El señor ULLOA.- Señor Presidente, lo expresado por el diputado Felipe Salaberry es para exigir el estricto cumplimiento de la ley. No está apelando a la bondad del ministro. Por lo tanto, sólo quiero subrayar que su petición es apegada a derecho. DELIMITACIÓN EN MATERIA DE EXTRACCIÓN DE ALGAS. Oficio. El señor ULLOA.- Señor Presidente, por otra parte, pido que se oficie al subsecretario de Pesca, señor Héctor Felipe Sandoval, autoridad que el año pasado fue testigo de cómo por la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados desfilaron distintas dirigentas de mujeres recolectoras de algas, algueras u orilleras, muchas de ellas jefas de familia. Trabajan durante el verano en la recolección de la luga o alga del mar y han debido enfrentarse verbalmente con pescadores, particularmente con hombres rana, ya que no está delimitado el espacio que les corresponde para extraerla. Las mujeres, muchas veces con el agua hasta la cintura; los hombres con implementos propios de su actividad. Al subsecretario de Pesca se le pide que emita un decreto mediante el cual se resuelva el problema, con el objeto de evitar enfrentamientos, ya que los hombres rana y las algueras necesitan los productos del mar. Hace algunos días, un sindicato de algueras de Tumbes, en la Octava Región, me envió una carta en la que me piden expresamente que esto se resuelva, porque de lo contrario las dificultades pueden llegar hasta donde nadie quiere. Este problema no es solamente de la gente de esa caleta, sino también de la Cuarta Región y de otras tantas donde las algueras no tienen delimitado el espacio vital que necesitan para trabajar. Por esa razón, solicito que el subsecretario de Pesca se pronuncie formalmente, ojalá a través de un decreto, para dar solución a este problema tan delicado. El sindicato de algueros de Tumbes me envió esta nota a través de su presidente, señor Gabriel Rivas, y de la vicepresidenta, señora Myriam Sanhueza, puesto que hace meses están a la espera de que esta situación sea resuelta por la autoridad competente. He dicho. El señor SALAS (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Javier Hernández, Andrés Egaña, Pedro Araya, Enrique Jaramillo y de quien habla. REAPERTURA DE OFICINA DEL SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA DE OSORNO. Oficio. El señor SALAS (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández. El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presidente, quiero denunciar que, una vez más, se ha mirado en menos a la provincia y a la ciudad de Osorno. Desde comienzos de año, aproximadamente, se encuentra cerrada la oficina de Sercotec y no sé cuál es la razón. Sin embargo, hoy, en la mañana, me comuniqué con su director regional y me manifestó que, como consecuencia de un convenio que firmarán con el Fosis, dicha oficina se reabriría, a más tardar, el 6 de junio, con cierto número de profesionales que atenderán a representantes de la pequeña y mediana empresa. Quiero denunciar este hecho, en primer lugar, por el accionar dubitativo del Gobierno frente a las pymes, ya que asegura estar con ellas, pero su accionar deja mucho que desear. En segundo lugar, porque, hace dos años, el ministro de Economía sostuvo, a través de los medios de comunicación, que la oficina regional de Sercotec se iba a mantener en la provincia de Osorno, porque es importante. Allí existen alrededor de cinco mil pequeños empresarios, por lo cual no es posible que esa oficina un día funcione y otro no. Pido que se envíe un oficio al ministro de Economía, señor Jorge Rodríguez, para que, por una parte, nos reafirme que el 6 de junio se abrirá la oficina de Sercotec, porque ese mismo día el diputado que habla estará golpeando sus puertas, y por otra, para que nos informe sobre la inversión que realizará como oficina durante el segundo semestre de este año y el número de profesionales con que funcionará. He dicho. El señor SALAS (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Andrés Egaña, Enrique Jaramillo, Zarko Luksic, Pedro Araya, Eduardo Díaz, Sergio Ojeda y de quien preside. ANTECEDENTES SOBRE EMPRESA CONSTRUCTORA DE ANTOFAGASTA. Oficios. El señor SALAS (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya. El señor ARAYA.- Señor Presidente, la semana pasada me visitaron trabajadores de la empresa constructora de don Carlos Aguirre Cisternas, quienes realizaban diversas obras en las escuelas Juan Pablo II, E67 y E66, de Antofagasta. Ellos denunciaron que la empresa los despidió en forma verbal, sin darles mayores explicaciones y aún no les paga los sueldos de abril como tampoco los finiquitos. Dejó en el más absoluto desamparo a los más de sesenta trabajadores y sus respectivas familias. Ello ha generado un problema de carácter social bastante importante en la comunidad de Antofagasta, con los consiguientes perjuicios para el Estado, porque las obras de ampliación y mejoramiento de las escuelas de nuestra ciudad, que todavía no se incorporan a la jornada escolar completa, se han paralizado. Una vez más se postergan estas obras de infraestructura educacional. En razón de lo anterior, pido que se oficie a los siguientes organismos: En primer lugar, a la Dirección Regional del Trabajo de Antofagasta, con el objeto de que realice una completa fiscalización a la empresa constructora de don Carlos Aguirre Cisternas para verificar si está cumpliendo o no con la normativa laboral. En segundo lugar, a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, Cormudeso, para que, en su calidad de mandante de dichas obras, asuma la situación que afecta a esos trabajadores y proceda a buscar una solución de carácter, ojalá, extrajudicial a fin de que puedan recibir su sueldo a la brevedad y determinen cuál va a ser su relación contractual en el tiempo que resta para finalizar las obras. En tercer lugar, a la Contraloría General de la República para que fiscalice e informe a esta Cámara acerca de las condiciones en que la referida empresa constructora se adjudicó el contrato y si cumplió con los requisitos que establece la ley. Asimismo, que informe si la mencionada corporación municipal ha sido diligente en la fiscalización de dicha empresa y las medidas que se han tomado respecto de la situación laboral de trabajadores. Además, que averigüe qué ocurrió con las boletas de garantía que esa empresa debió suscribir a favor de la Corporación Municipal, con el fin de responder por el cumplimiento de sus obras. Del mismo modo, que la Contraloría General fiscalice la adjudicación de las obras de mejoramiento de la Escuela E80 de Antofagasta, realizadas por la constructora de don Juan Opazo; informe respecto de los antecedentes de la licitación, como también de las boletas de garantía, de manera de entregar claridad y transparencia. Hay mucha preocupación en la comunidad antofagastina, porque, últimamente, en numerosas obras públicas como las escuelas que señalo, la construcción del parque Los Pinares, la Plaza del Mar, la cárcel de Antofagasta, etcétera se han generado problemas con las empresas contratistas y subcontratistas que se las adjudicaron, y han permanecido “botadas” por largo tiempo. Por eso, para dar tranquilidad tanto a la comunidad antofagastina como a los trabajadores que hoy reclaman el pago de sus sueldos e imposiciones, quiero que la Contraloría nos informe si el proceso de licitación de las obras se realizó conforme a la ley y qué resguardos se tomaron para prevenir la situación que hoy denuncio. He dicho. El señor SALAS (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Enrique Jaramillo, Zarko Luksic, Eduardo Díaz y la mía. ANTECEDENTES SOBRE PRIVATIZACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE MAGALLANES. Oficios. El señor SALAS (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Zarko Luksic. El señor LUKSIC.- Señor Presidente, durante las semanas pasada y antepasada me reuní, en varias oportunidades, con representantes de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Punta Arenas, quienes me manifestaron su indignación por el alza excesiva que han tenido las tarifas de agua potable y servicios sanitarios. Hace dos años quizás menos, Esmag S.A. era una empresa pública tremendamente exitosa tanto en eficiencia en el servicio como en rentabilidad. Desconozco si era una de las pocas empresas sanitarias del Estado con esa rentabilidad. No obstante varias manifestaciones, en que se hizo ver al gobierno central que la privatización de esta empresa a través de concesión era innecesaria, éste, en una actitud bastante liberal, con poca sensibilidad o solidaridad respecto de los sectores más desposeídos, resolvió privatizarla. Hoy, después de privatizada, comienzan las alzas desmedidas. Además, en el traspaso de la propiedad, a través de concesión a particulares, se estableció que parte del valor obtenido de la transacción quedaría en la región de Magallanes. En ese entonces se hablaba de una suma ascendente a 2 mil millones de pesos. En consecuencia, solicito que se oficie al ministro de Hacienda y al director del Sistema de Empresas Públicas, señores Nicolás Eyzaguirre y Daniel Albarrán, respectivamente, para que nos informen, en primer lugar, sobre cuánto dinero se obtuvo de la transacción o traspaso de la empresa pública Esmag a concesión privada; en segundo lugar, cuánto de ese dinero se destinará a la región en cumplimiento del compromiso precedentemente establecido y si fue entregado en su totalidad o parte de él, y, en tercer lugar, si ese dinero podría destinarse a aumentar el fondo de subsidio para sectores desposeídos, de clase media baja, especialmente para adultos mayores, a fin de ayudarles a pagar el servicio de agua potable. Asimismo, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas y al superintendente de Servicios Sanitarios, señores Jaime Estévez y Juan Saldivia, respectivamente, a fin de que expliquen por qué esta alza desproporcionada de tarifas se produce una vez privatizada Esmag y cuál ha sido el procedimiento utilizado que la ha generado. He dicho. El señor SALAS (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Pedro Araya, Eduardo Díaz, Enrique Jaramillo y de quien preside. INCLUSIÓN DE COMUNIDADES INDÍGENAS DE PITRUFQUÉN EN PROGRAMA ORÍGENES. Oficios. El señor SALAS (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Eduardo Díaz. El señor DÍAZ.- Señor Presidente, este año termina la primera parte del programa Orígenes que entrega soluciones concretas a las necesidades de alrededor de cuatrocientas comunidades indígenas en veintidós de las treinta y dos comunas de la Novena Región. El programa está bien inspirado, por cuanto apunta a la carencia más importante de los chilenos de origen indígena, cual es derrotar la pobreza y, por lo tanto, darles herramientas para cuidar su cultura. Como a fines de este año se llevará a cabo la segunda parte de dicho programa, y la autoridad ha señalado su buena disposición de corregir en ésta las falencias de la primera. Por ello, pido que a contar de este año sean incluidas las comunidades indígenas ubicadas en comunas que en la etapa inicial quedaron fuera del programa. Entre esas comunidades afectadas, quiero defender a la de Pitrufquén, que quedó excluida por pertenecer a una comuna supuestamente rica. No fue perjudicada la comuna, sino que sus comunidades indígenas, los campesinos chilenos de origen mapuche. Estas comunidades viven sumidas en una pobreza tan grave como aquellas que, por pertenecer a comunas más pobres, sí fueron aceptadas. Por lo tanto, hay que aplicar justicia y solidaridad cristiana e integrarlas a la nueva fase del programa Orígenes. Me refiero a las comunidades de José Curihuil de Alto Mirador, Puraquina Bajo, Antu Mapu de Mune Bajo, Millaje Flores de Carilafquén Dos, Francisco Marilef de Carilafquén Uno, Antonio Pichilef de Quilquilco, Liucuyin de TilTil, Dalpín Coihueco de Dalpín Chada, Chanco, Cayu Mapu de Chada Molco, Rehuecoyán de Donguil, Manuel Lemunao de Filoco, Luciano Manque de Trapehue, Reserva Raín de Mahuidanche, Domingo Maricán de Quinche, Manuel Llancaman de Comuy, Huefel Mapu de Huefel, Molcoche de Molco Alto, Alcahuil de Manzanal, Quimedungún de Loica, Ignacio Huaiquimil de Quechuco, Felipe Colicheo de Los Galpones, Cleonardo Pilcoman de Huallisada y Valentín Llancafil de Mahuidanche. Solicito que todas estas comunidades de Pitrufquén sean integradas a la segunda fase del programa Orígenes. Es de plena justicia y solidaridad cristiana reitero mejorar el criterio de selección de las comunidades que formarán parte del programa Orígenes. En lugar de seleccionarlas por comunas, hacerlo directamente por comunidades, considerando sus niveles de pobreza, organización y compromiso con la cultura ancestral; de lo contrario, se cometerán graves injusticias y se dejará fuera a muchas comunidades tremendamente necesitadas y que viven una pobreza escandalosa. Los niveles de pobreza deben considerarse por comunidad, pues si se siguen midiendo por el global del índice comunal, la necesidad de estas personas se diluirá, generándose un mal criterio de selección. Las comunidades indígenas de Pitrufquén llevan años esperando acceder a los beneficios del programa Orígenes. Porque cuentan con un excelente grado de organización, porque trabajan intensamente en la defensa de su cultura y, sobre todo, porque viven en la misma condición de pobreza y con las mismas necesidades de las comunidades favorecidas en la primera etapa, es de justicia incluirlas este año en la segunda, y por ello nos la estamos jugando. Por lo tanto, pido que se oficie a la señora Yasna Provoste, ministra de Mideplán; al señor Jaime Andrade, subsecretario de Mideplán; y al señor Enzo Pistaccio, secretario ejecutivo del programa Orígenes, para que incluyan a las comunidades citadas en la segunda etapa del mismo, con copia al señor Gustavo Perochena, representante en Chile del Banco Interamericano de Desarrollo en Chile para dicho programa. He dicho. El señor SALAS (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado señor Jaramillo y de quien preside esta sesión. DESAGRAVIO A MINISTROS DE EDUCACIÓN Y SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA. Oficios. El señor SALAS (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el honorable diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, con profunda tristeza recibí la noticia de que los diputados señores Víctor Pérez y Pedro ÁlvarezSalamanca, en conferencia de prensa, acusaron a los señores Sergio Bitar y Eduardo Dockendorff, ministros de Educación y Secretario General de la Presidencia, respectivamente, de actos de corrupción por el sólo hecho de haber formado parte de una corporación que, en algún momento, realizo un seminario que contó con el auspicio de una firma que hoy es cuestionada, porque pasaba camiones con sobrepeso por el colapsado puente Loncomilla. Tal como lo hizo ayer mi bancada, debo decir con claridad que los chilenos y chilenas, sin distinción de adscripciones políticas, conocen al ministro Sergio Bitar. El que habla tiene el honor de conocerlo desde hace muchísimos años, primero como ministro del Presidente Salvador Allende, luego como un dirigente político que luchó frontalmente contra la dictadura para recuperar la democracia y, después, como presidente del Partido por la Democracia y destacado senador por la región de Tarapacá. Ése es su problema: ser un destacado demócrata, no otro. Sergio Bitar es un servidor público con una trayectoria impecable que no merece ser sometido tan mañosamente, con argumentos falaces y sin fundamentos, al escarnio público, razón por la cual todos las diputadas y diputados del PPD, por mi intermedio, le entregamos nuestra solidaridad y respaldo humano, político y moral en estas horas de desazón y molestia. Lo mismo para el ministro Eduardo Dockendorff, un señor de la política, quien lamenta el escenario que se ha provocado, especialmente porque su padre, que sufre una terrible enfermedad, no comprende por qué se ha producido esta situación, en circunstancias que fue un partidario que apoyó lealmente al diputado Víctor Pérez en su campaña electoral. No puede entender que se desconozca lo que es su hijo: un hombre honesto y un servidor público de reconocida capacidad, particularmente en la Octava Región. Es necesario terminar cuanto antes con la práctica de desprestigiar a los adversarios políticos, especialmente cuando se recurre a declaraciones tendenciosas, a verdades a medias o, como en este caso, a la mentira descarada que raya en la vulgaridad. Ésas no son herramientas que se deban emplear para conseguir notoriedad y publicidad en los medios de comunicación y ventajas políticas menores. Se ha dicho tantas veces en este Congreso Nacional que hay que cuidar el prestigio de las instituciones democráticas y, sin embargo, quienes más han reclamado por ello son capaces de hacer acusaciones falaces, tendenciosas y, lo que es peor, faltar a la verdad. Reitero nuestro respaldo a los ministros Sergio Bitar y Eduardo Dockendorff a la vez que hago votos para que los tribunales de justicia reestablezcan el imperio de la ley y, derechamente, se pronuncien sobre un asunto de fondo: si los parlamentarios tienen patente de corso para denigrar, ofender y mentir, enlodando el buen nombre de cualquier ciudadano de la República, desde el más humilde hasta los que han dedicado su vida al servicio público. Por último, pido que, mediante oficio, se envíe copia de esta breve intervención a los señores Sergio Bitar y Eduardo Dockendorff, ministros de Educación y Secretario General de la Presidencia, respectivamente. He dicho. El señor SALAS (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión del diputado que habla. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. Se levantó la sesión a las 14.39 horas. JORGE VERDUGO NARANJO, Jefe de la Redacción de Sesiones.