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Honorable Senado:
Considerando:
Que una de cada 10 personas en el planeta tiene un arma y circulan en el mundo más de 640 millones de armas pequeñas (revólveres, pistolas, fusiles y ametralladoras livianas) y ligeras (ametralladoras pesadas, morteros, granadas y lanzamisiles portátiles) y 16 mil millones de municiones. Estas armas producen más de 500 mil muertes por año, 300 mil en conflictos armados y 200 mil en homicidios y suicidios.
Que por su bajo precio, fácil transporte y difícil control, son las más extendidas herramientas de guerra. Hay 250 millones de estas armas en Estados Unidos, 84 millones en 15 países de la Unión Europea, 60 millones en 11 países de América Latina y 30 millones en África subsahariana. Cerca del 40 por ciento, desviadas del comercio y de los usos legales, circulan sin control.
Que más de 1.200 empresas en más de 90 países fabrican armas pequeñas; en algunos de estos países, los controles sobre el comercio de las mismas son casi inexistentes. Además, los Estados involucrados en el abastecimiento y exportación de armas pequeñas -así como algunos Estados que las adquieren- no tienen voluntad política para aprobar acciones internacionales sobre reducción y control de arsenales.
Que la proliferación de armas pequeñas contribuye a desestabilizar regiones, a promover y prolongar conflictos, a obstruir programas de ayuda humanitaria, a socavar iniciativas de paz y a exacerbar las violaciones a los derechos humanos. Por ello -y por sus consecuencias devastadoras para los niños, mujeres y ancianos, principales víctimas de los conflictos-, la comunidad internacional las considera una seria amenaza para la paz, la seguridad y el desarrollo.
Que las armas pequeñas y ligeras son objeto de dos instrumentos de la ONU: el Programa de Acción sobre Armas Pequeñas y Ligeras (2001) y el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego (entró en vigor en julio de 2005).
Que el Programa de Acción (PA), aprobado por la primera Conferencia de la ONU sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos (2001) es un marco global y nacional que contiene medidas concretas que los Estados se han comprometido a aplicar para detener la proliferación de armas pequeñas: el fortalecimiento de la legislación nacional, los controles de transferencia de armas pequeñas y ligeras, la destrucción de las armas confiscadas, expropiadas o recogidas y la promoción de la cooperación internacional para localizarlas y destruirlas.
Que a cinco años de aprobado el PA, hay resultados alentadores: cerca de 3 millones de armas han sido recolectadas y eliminadas y más de 50 Estados miembros han aplicado alguna medida concreta (recolección de armas, eliminación de excedentes, confiscación y entrega voluntaria de armas de fuego). Además, se han obtenido más de 50 millones de dólares para programas nacionales de recolección y eliminación de armas.
Que la “Conferencia de la ONU sobre Progresos Alcanzados en la Ejecución del Programa de Acción para Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras” (Nueva York, 26 de junio - 7 de julio de 2006) es la primera oportunidad formal de la comunidad internacional para evaluar los progresos alcanzados en la aplicación del PA y los compromisos no implementados, identificando aquellos problemas que han impedido su implementación y formulando recomendaciones para hacerles frente.
Que resulte fácil obtener armas revela que rige un paradigma equivocado en la legislación: debe avanzarse desde una normativa del “derecho” a poseer una indefinida cantidad de armas a otra que lo establezca claramente como el “privilegio” de tenerlas, frente una sociedad construida para vivir y dejar vivir y no para matar y dejar matar.
Que para lograr lo anterior se debe seguir trabajando tras dos objetivos: que el Estado comprenda las múltiples dimensiones del problema (socio-económica, educativa, cultural, de salud, género y de seguridad) y que la sociedad se disponga a la convivencia pacífica, principalmente en la búsqueda de una paz urbana.
Que las muertes por armas de fuego no están vinculadas al delito sino a nuestra cotidiana violencia intrínseca. Las armas de fuego ni nos salvan, ni nos cuidan, simplemente nos ponen en peligro. Por cada disparo efectuado contra un agresor, el riesgo de accidentes se multiplica por 4, el de homicidio por 7 y el de suicidio por 11.
Que debemos promover una campaña de sensibilización pública y un cambio legislativo que haga más efectivo el control y registro de las armas en manos de civiles, más exigentes los requisitos para su tenencia y no habilite el porte de las mismas a los ciudadanos. La seguridad es un derecho humano fundamental y quien debe proporcionarla es el Estado a través del Ministerio del Interior. Una sociedad dominada por el miedo es una sociedad que termina por legitimar la violencia.
Que el uso de armas de fuego determina el grado de letalidad de los delitos. La proliferación ilegal de este tipo de armas pone en riesgo los derechos de las personas, facilita la comisión de delitos y potencia la violencia de los mismos.
Que en Chile, las armas de fuego registradas anualmente muestran una tendencia a la baja, luego de su punto más alto, en 1993, con casi 21 mil unidades. El 2004 se inscribieron 8.698 y el año pasado 17.794. El total acumulado, hasta el 2004, alcanza a casi 700 mil armas registradas. Sin embargo, cuando a ellas se suman las armas ilegales se llega a una cifra cercana al millón de unidades. Es decir, una cada 15 personas o una cada dos o tres hogares.
Que las denuncias de armas extraviadas pasaron de 535 el 2000 a 2.092 el 2005. Según la autoridad militar pertinente, entre el 2000 y el 2004 se recuperaron 13.152 armas: 12.230 fueron recibidas en tribunales y 922 fueron entregadas por sus propietarios voluntariamente. Del total, sólo 3.781 estaban inscritas. En el 2005 se destruyeron 7.673 armas. De ellas, casi el 80 por ciento fue entregado por particulares. De ese universo, 4.595 eran revólveres, 1.215 pistolas, 934 escopetas, 195 rifles, 91 fusiles, 72 carabinas y 302 armas hechizas.
Que una buena señal de la región en este temática se dio en abril de 1998, cuando los presidentes de los Estados miembros y asociados del MERCOSUR firmaron una declaración conjunta en la que convinieron en crear un mecanismo conjunto de registro de compradores y vendedores de armas de fuego, explosivos, municiones y materiales conexos. La ratificación del Convención Interamericana contra la fabricación y tráfico ilícito en armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, el 2003, también es un aporte en esa línea de trabajo.
Que, sin embargo, Chile aún no ha ratificado el Protocolo de las Naciones Unidas contra el Tráfico de Armas Pequeñas y Livianas, suscrito en julio del 2001.
El Senado de la República acuerda:
Solicitar a la Presidenta de la República se evalúe la más pronta ratificación del Protocolo de las Naciones Unidas contra el Tráfico de Armas Pequeñas y Livianas, suscrito en julio del 2001.
(Fdo.):Alejandro Navarro Brain, Camilo Escalona Medina, Juan Antonio Gómez Urrutia, Pedro Muñoz Aburto, Jaime Naranjo Ortiz, Mariano Ruiz-Esquide Jara.
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