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El señor ESPINA.-
Señor Presidente , cabe recordar que doña Margarita Herreros fue propuesta en una oportunidad anterior por el Presidente de la República , pero su nombramiento no alcanzó el quórum que exige la Constitución Política, o sea, los dos tercios de los Senadores en ejercicio.
La razón por la cual se rechazó aquella designación -al menos para algunos señores Senadores ése fue un factor importante- se debió a que el procedimiento seguido por el Gobierno en esa ocasión pasó a llevar la forma como debe abordarse esta materia en el Senado.
Estos nombramientos no deben depender única y exclusivamente de la voluntad de un Poder del Estado. Cuando se llegó al acuerdo entre Gobierno y Oposición, bajo la Presidencia del Senador señor Romero, para reformar el sistema de elección de los integrantes de la Corte Suprema, se procuró tener un mecanismo que permitiera la participación de los tres Poderes del Estado: la Corte Suprema propone una quina de magistrados de Cortes de Apelaciones; el Presidente de la República escoge uno de esos nombres, y el Senado lo ratifica por los dos tercios de sus miembros en ejercicio.
Lo anterior requiere obviamente que se converse la materia. Porque algunos creemos que esta Alta Cámara no es un simple buzón. Todos los magistrados propuestos regularmente son buenos, porque se trata de Ministros de Cortes de Apelaciones. Sin embargo, uno puede escoger al mejor.
En razón de esto, valoramos la forma como el Ejecutivo abordó el tema en esta oportunidad: conversando, no para llegar a una negociación política a fin de elegir a un ministro a favor o en contra del Gobierno o de la Oposición, sino para concordar razonablemente el mejor nombre, sin que ello signifique menoscabo alguno para los otros postulantes.
En ese entendido, votaré a favor del nombramiento de doña Margarita Herreros, porque el procedimiento que se siguió es el correcto y porque ella me parece intachable.
Su exposición ante la Comisión de Constitución fue completa. Se refirió al funcionamiento de la Corte Suprema; a temas de importancia que probablemente se deban resolver en el futuro, sin pronunciarse por una causa determinada, y a su visión del rol que tiene que cumplir esa Corte como ente administrador de un Poder del Estado.
A mi juicio, ella tiene todos los méritos y reúne los requisitos para integrar el Máximo Tribunal del país.
Como se modificó el procedimiento seguido en aquella oportunidad por uno razonable, de conversación -tal como ha sido la tradición en la mayoría de los nombramientos-, desde ahora siempre podremos llegar a un buen entendimiento y lograr que buenos magistrados ingresen a la Corte Suprema.
Si este mecanismo se mantiene, lo probable es que sigamos nombrando muy buenos ministros; pero si se altera, puede que haya conflicto.
Por último, señor Presidente , quiero reiterar lo que dijimos la última vez que nos tocó pronunciarnos sobre un asunto de esta naturaleza: no es correcto ni efectivo -al menos en las conversaciones en que he participado como miembro de la Comisión de Constitución o en representación de mi Partido, junto con otros Senadores- que las decisiones relativas a la propuesta para integrar la Corte Suprema se toman basándose en la afinidad política de un ministro respecto de otro. ¡Eso no es verdad!
No puedo responder de lo ocurrido cuando no era Senador, porque esto es de resorte del Senado. Pero puedo garantizar que, por lo menos mientras fui Presidente de Renovación Nacional y, posteriormente, como miembro de esta Alta Cámara, hablé con todos los Ministros de Justicia de la época sobre el asunto -dos de ellos hoy día integran esta Corporación y pueden dar fe de lo que digo. Y, si bien uno puede tener discrepancias respecto de cuál es el mejor nombre, no es efectivo que se vote por tal o cual candidato por ser de la Oposición o de Gobierno. Tan así es, señor Presidente , que no tengo idea qué afinidad política tiene la señora Margarita Herreros , y tampoco me importa.
Lo que quedó claro en la Comisión es que se trata de una jueza honorable, calificada, con una brillante trayectoria, que ha resuelto causas difíciles de acuerdo a su leal saber y entender, y tiene una correcta interpretación del Derecho.
Ésa es la mayor garantía de independencia a la que debemos aspirar para un magistrado, a fin de que aplique justicia en forma adecuada en una democracia regida por el Estado de Derecho.
Por todas esas consideraciones, señor Presidente, voto a favor.
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