REP�BLICA DE CHILE

    
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

    
PUBLICACI�N OFICIAL

    
LEGISLATURA 353�

    
Sesi�n 44�, en mi�rcoles 2 de noviembre de 2005

    
Ordinaria

    
(De 16:27 a 19:19)

    
PRESIDENCIA DE LOS SE�ORES SERGIO ROMERO PIZARRO, PRESIDENTE,

    
Y JAIME GAZMURI MUJICA, VICEPRESIDENTE

    
SECRETARIO, EL SE�OR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR

    
____________________

  
  
    
� N D I C E

    
Versi�n Taquigr�fica

    
		P�g.

    
    
					I.	ASISTENCIA.........................................................................................................

    
				II.	APERTURA DE LA SESI�N...............................................................................

    
				III.	TRAMITACI�N DE ACTAS..........................................................................�.

    
				IV.	CUENTA...............................................................................................................

    
Acuerdos de Comit�s���������������������

    
Iniciativa de ley peruana sobre modificaci�n de l�mites mar�timos entre  Chile y Per�. Proyecto de acuerdo (se aprueba)����������

    
V. ORDEN DEL D�A:

    
Proyecto de ley, en primer tr�mite constitucional, que crea Consejo de Auditor�a Interna de Gobierno; modifica Estatuto Administrativo en lo relativo a procedimientos sumariales, Juntas Calificadoras, incompatibilidades e inhabilidades; regula contratos a honorarios y contrataci�n de bienes y servicios; otorga flexibilidad financiera a Contralor�a General de la Rep�blica, y confiere facultades delegadas al Presidente de la Rep�blica (3937-06) (pasa a Comisi�n de Constituci�n)�����������.

    
Solicitud de S. E. el Vicepresidente de la Rep�blica con la que requiere acuerdo del Senado para designar a los se�ores Ernesto Fontaine Ferreira-Nobriga y Ernesto Livacic Rojas como miembros del Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego (S 828-05) (se aprueba)��..

    
Proyecto de ley, en segundo tr�mite constitucional, que prorroga para el 2006 la aplicaci�n de coeficientes de distribuci�n de Fondo Com�n Municipal vigentes durante 2005, y establece mecanismo de compensaci�n (4015-06) (se aprueba en general y particular)���������..

    
Proyecto de acuerdo, en segundo tr�mite constitucional, que aprueba el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democr�tico en el MERCOSUR, en Bolivia y Chile (2517-10) (se aprueba  en general y particular)���.

    
Proyecto de ley, en segundo tr�mite constitucional, sobre aclaraci�n de sentido de ley N� 18.175, de Quiebras  (3965-03) (se aprueba en general y particular)�������������������������

    
Proyecto de ley, en segundo tr�mite constitucional, que establece un sistema de regulaci�n sobre abogados integrantes de Cortes de Apelaciones (2950-07) (se cierra debate y queda pendiente su votaci�n)���������.

    
Proyecto de ley, en primer tr�mite constitucional,  que penaliza conductas constitutivas de genocidio y cr�menes de lesa humanidad y de guerra (3493-07) (se cierra debate y queda pendiente su votaci�n)�����

    
Peticiones de oficios (se anuncia su env�o)...................................................

  
  
  
			VERSI�N TAQUIGR�FICA

  
  
    
			I. ASISTENCIA

    
    
    
		Asistieron los se�ores:

    
    
			--Aburto Ochoa, Marcos

    
			--Arancibia Reyes, Jorge

    
			--Boeninger Kausel, Edgardo

    
			--Canessa Robert, Julio

    
			--Cariola Barroilhet, Marco

    
			--Chadwick Pi�era, Andr�s

    
			--Coloma Correa, Juan Antonio

    
			--Espina Otero, Alberto

    
			--Fern�ndez Fern�ndez, Sergio

    
			--Flores Labra, Fernando

    
			--Garc�a Ruminot, Jos�

    
			--Gazmuri Mujica, Jaime

    
			--Horvath Kiss, Antonio

    
			--Larra�n Fern�ndez, Hern�n

    
			--Mart�nez Busch, Jorge

    
			--Matthei Fornet, Evelyn

    
			--Moreno Rojas, Rafael

    
			--Mu�oz Barra, Roberto

    
			--Novoa V�squez, Jovino

    
			--N��ez Mu�oz, Ricardo

    
			--Ominami Pascual, Carlos

    
			--Orpis Bouch�n, Jaime

    
			--Parra Mu�oz, Augusto

    
			--Pizarro Soto, Jorge

    
			--Prokurica Prokurica, Baldo

    
			--R�os Santander, Mario

    
			--Romero Pizarro, Sergio

    
			--Ruiz-Esquide Jara, Mariano

    
			--Sabag Castillo, Hosa�n

    
			--Silva Cimma, Enrique

    
			--Stange Oelckers, Rodolfo

    
			--Vald�s Subercaseaux, Gabriel

    
			--V�squez �beda, Guillermo

    
			--Vega Hidalgo, Ram�n

    
			--Viera-Gallo Quesney, Jos� Antonio

    
			--Zald�var Larra�n, Adolfo

    
			--Zald�var Larra�n, Andr�s

    
			--Zurita Camps, Enrique

    
    
			Concurrieron, adem�s, los se�ores Ministros Secretario General de la Presidencia y de Educaci�n, la se�ora Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, y el se�or Director de Presupuestos.

    
			Actu� de Secretario el se�or Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el se�or Jos� Luis Alliende Leiva.

  
    
II. APERTURA DE LA SESI�N

    
		--Se abri� la sesi�n a las 16:27, en presencia de 24 se�ores Senadores.

El se�or ROMERO (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesi�n.

  
    
III. TRAMITACI�N DE ACTAS

    
El se�or ROMERO (Presidente).- Las actas de las sesiones 42� y 43�, ordinarias, en 18 y 19 de octubre del a�o en curso, respectivamente, se encuentran en Secretar�a a disposici�n de los se�ores Senadores, hasta la sesi�n pr�xima, para su aprobaci�n.

  
  
    
IV. CUENTA

    
El se�or ROMERO (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretar�a.

    
El se�or ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:

    
Mensajes

    
	Diez de su Excelencia el Presidente de la Rep�blica:

    
	Con el primero informa que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del art�culo 73 de la Carta Fundamental en relaci�n con el proyecto de ley que modifica los C�digos Procesal Penal y Penal (bolet�n N� 3.465-07).

    
	--Se toma conocimiento, y se mand� remitir el proyecto al Excelent�simo Tribunal Constitucional.

    
	Con el segundo hace presente la urgencia, en el car�cter de "discusi�n inmediata", respecto del proyecto de ley, en segundo tr�mite constitucional, que prorroga para 2006 la aplicaci�n de los coeficientes de distribuci�n del Fondo Com�n Municipal vigentes durante el a�o 2005 y establece un mecanismo de compensaci�n (bolet�n N� 4.015-06).

    
	--Se tiene presente la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes.

    
	Con los cinco siguientes retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el car�cter de "suma", respecto de los siguientes asuntos:

    
	1) Proyecto de ley, en segundo tr�mite constitucional, relativo a la recuperaci�n del bosque nativo y fomento forestal (bolet�n N� 669-01).

    
	2) Proyecto de ley, en segundo tr�mite constitucional, sobre agricultura org�nica (bolet�n N� 3.674-01).

    
	3) Proyecto de ley, en segundo tr�mite constitucional, que complementa la ley N� 19.950 y determina pena en el caso del hurto falta en grado de frustrado, junto con sancionar como delito el hurto "hormiga", cualquiera que fuere el valor de la cosa hurtada (boletines Nos 3.867-07 y 3.931-07, refundidos).

    
	4) Proyecto de ley, en segundo tr�mite constitucional, que establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educaci�n superior (bolet�n N� 3.224-04), y

    
	5) Proyecto de ley, en tercer tr�mite constitucional, que establece mecanismos de protecci�n y evaluaci�n de los efectos producidos por el deterioro de la capa de ozono (bolet�n N� 2.725-12).

    
	--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.

    
	Con los tres siguientes retira la urgencia hecha presente para el despacho de los siguientes asuntos:

    
	1) Proyecto de acuerdo, en segundo tr�mite constitucional, aprobatorio de los Acuerdos celebrados entre los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile, que se indican: 1.- Acuerdo sobre Asistencia Jur�dica Mutua en Asuntos Penales, suscrito en Buenos Aires el 18 de febrero de 2002; 2.- Acuerdo Complementario y su anexo al Acuerdo de Asistencia Jur�dica Mutua en Asuntos Penales, suscrito en Brasilia el 5 de diciembre de 2002, y 3.- Acuerdo de enmienda del Acuerdo Complementario mencionado en el n�mero anterior, suscrito en Asunci�n el 6 de junio de 2003 (bolet�n N� 3.897-10).

    
	2) Proyecto de acuerdo, en segundo tr�mite constitucional, aprobatorio del "Acuerdo de Cooperaci�n y Asistencia Jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y administrativa entre los Estados Partes del Mercosur, Bolivia y Chile", suscrito en Buenos Aires el 5 de julio de 2002 (bolet�n N� 3.907-10), y

    
	3) Proyecto de acuerdo, en segundo tr�mite constitucional, aprobatorio del "Protocolo de Integraci�n Educativa y Reconocimiento de Certificados, T�tulos y Estudios de nivel primario y medio no t�cnico entre los Estados Partes del Mercosur, Bolivia y Chile", suscrito en Brasilia, Rep�blica Federativa del Brasil, el 5 de diciembre de 2002 (bolet�n N� 3.898-10).

    
	--Quedan retiradas las urgencias y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.

    
Oficios

    
	De Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica, mediante el cual, en cumplimiento de lo dispuesto en el art�culo 25 de la Carta Fundamental, comunica su ausencia del territorio nacional en las fechas que a continuaci�n se indican, con el prop�sito que en cada caso se se�ala:

    
	--El d�a 21 de octubre del a�o en curso, en vuelo hacia el continente europeo.

    
	--El d�a 22 de octubre, asistencia a la vigilia por la canonizaci�n del Padre Alberto Hurtado, en el Estado del Vaticano.

    
	--El d�a 23 de octubre, asistencia a ceremonia en la Plaza San Pedro, en el Estado del Vaticano.

    
	--El d�a 24 de octubre, visita de trabajo en Estrasburgo, Rep�blica Francesa.

    
	--El d�a 25 de octubre, visita a la Universidad de Salamanca, en la ciudad de Salamanca, Reino de Espa�a.

    
	--El d�a 26 de octubre de 2005, arribo al territorio nacional.

    
		Agrega que durante su ausencia ser� subrogado, con el t�tulo de Vicepresidente de la Rep�blica, por el Ministro titular de la Cartera del Interior, se�or Francisco Vidal Salinas.

    
		--Se toma conocimiento.

    
		Tres de la Honorable C�mara de Diputados:

    
		Con el primero informa que ha otorgado su aprobaci�n al proyecto de ley que mejora las condiciones de retiro de los trabajadores del sector p�blico con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones (con urgencia calificada de "suma") (bolet�n N� 3.975-13).

    
		--Pasa a la Comisi�n de Trabajo y Previsi�n Social y a la de Hacienda, en su caso.

    
		Con el segundo comunica que ha prestado su aprobaci�n al proyecto que modifica el C�digo de Procedimiento Civil y la ley N� 19.799, sobre documento electr�nico, firma electr�nica y los servicios de certificaci�n de dicha firma (bolet�n N� 3.797-19).

    
		--Pasa a la Comisi�n de Econom�a.

    
		Con el tercero informa que ha accedido a la solicitud del Senado en orden a desarchivar el proyecto de ley que dicta normas sobre protecci�n y valoraci�n del �rbol (bolet�n N� 2.238-12), que cumple su segundo tr�mite constitucional en esa Corporaci�n.

    
		--Se toma conocimiento.

    
		De la Excelent�sima Corte Suprema, por medio del cual emite su parecer respecto de los siguientes proyectos de ley:

    
		1) El que concede beneficios a condenados y procesados por los delitos que indica (bolet�n N� 3.983-07), y

    
		2) El que concede indulto y beneficios a condenados por los delitos que indica (bolet�n N� 3.987-07).

    
		--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.

    
		Dos del Excelent�simo Tribunal Constitucional, con los que remite copia autorizada de las sentencias pronunciadas en los siguientes asuntos:

    
		1) En los autos rol N� 457, relativos al proyecto de ley que modifica la ley N� 18.175, de Quiebras, en materia de convenios concursales (bolet�n N� 3.671-03), y

    
		2) En los autos rol N� 458, referentes al proyecto de ley que modifica los C�digos Procesal Penal y Penal en diversas materias atinentes al funcionamiento de la reforma procesal penal (bolet�n N� 3.465-07).

    
		--Se toma conocimiento y se manda comunicar los proyectos a Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica.

    
		De la se�ora Subcontralora General de la Rep�blica, por medio del cual contesta un oficio de la Corporaci�n que remite el proyecto de acuerdo, aprobado por el Senado, mediante el cual propone diversas medidas que deber�a implementar la Administraci�n P�blica en la gesti�n de sus recursos, correspondiente al bolet�n N� S 751-12.

    
		De la Ilustr�sima Corte de Apelaciones de Valpara�so, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador se�or Cantero, sobre designaci�n de Ministro en Visita Extraordinaria en causa que indica.

    
		Del se�or Ministro de Relaciones Exteriores, mediante el cual contesta un oficio remitido en nombre del Senador se�or Horvath, acerca de la situaci�n de antiguos pobladores del sector de Laguna del Desierto.

    
		Del se�or Ministro de Defensa Nacional, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador se�or Espina, en cuanto a recursos de personal y apoyo log�stico destinados por Carabineros de Chile a las comunas de la Regi�n de La Araucan�a.

    
		Dos del se�or Ministro Secretario General de la Presidencia:

    
		Con el primero contesta un oficio de la Corporaci�n referido a la posibilidad de presentar a tr�mite legislativo una iniciativa que recoja las ideas contenidas en una moci�n del Senador se�or P�ez que otorga garant�a estatal a la construcci�n de la obra p�blica, en concesi�n, Puente Bicentenario, en Chilo�, lo que fue declarado inadmisible por corresponder a materias de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica.

    
		Con el segundo remite la n�mina de las consultas realizadas por los se�ores Parlamentarios al Ministerio de Obras P�blicas durante el presente a�o, indicando la tramitaci�n dada a cada una de ellas.

    
		Del se�or Ministro de Obras P�blicas, mediante el cual contesta sendos oficios remitidos en nombre del Senador se�or Espina, sobre reparaciones de caminos en la comuna de Renaico.

    
		De la se�ora Ministra de Vivienda y Urbanismo, con el que da respuesta a un oficio dirigido en nombre del Senador se�or Larra�n, sobre las especificaciones t�cnicas de la construcci�n en la Regi�n del Maule y la posibilidad de exigir que un porcentaje de los trabajadores habiten en la localidad en que se realizan las obras.

    
		Del se�or Ministro de Agricultura, por medio del cual contesta un oficio remitido en nombre del Senador se�or Horvath, sobre alimento para el ganado de las localidades de Tapera, Lago Verde y Alto R�o Ib��ez.

    
		Del se�or Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, por medio del cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador se�or Fern�ndez, sobre exigencias del nuevo sistema de revisi�n t�cnica de veh�culos motorizados en la Regi�n de Magallanes y Ant�rtica Chilena.

    
		Tres del se�or Subsecretario de Obras P�blicas:

    
		Con el primero responde un oficio dirigido en nombre del Senador se�or Horvath, sobre obras de reparaci�n del puente colgante ubicado en la desembocadura del lago General Carrera.

    
		Con el segundo y el tercero contesta sendos oficios dirigidos en nombre del Senador se�or Garc�a, relativos al estado de avance de diversas obras en la localidad de Trovolhue, comuna de Carahue, y a las licitaciones para adquirir durmientes realizadas por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, respectivamente. 

    
		De la se�ora Jefa de Gabinete de la se�ora Ministra de Planificaci�n, mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador se�or Horvath, sobre los problemas de transporte de ganado en la Regi�n de Ais�n.

    
		Del se�or Jefe de Gabinete del se�or Director General de Carabineros, por medio del cual contesta un oficio remitido en nombre del Senador se�or Espina, sobre dotaci�n de Carabineros en las localidades de Victoria, Selva Negra y P�a.

    
		Del se�or Director de Asuntos de Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el que remite antecedentes sobre la presentaci�n de candidatos para el Premio Nobel de la Paz 2006.

    
		Del se�or Director de la Comisi�n Nacional del Medio Ambiente de la Regi�n Metropolitana de Santiago, mediante el cual responde un oficio dirigido en nombre del Senador se�or Horvath, sobre prohibici�n de corte de �rboles y arbustos en la precordillera y cordillera andina.

    
		Del se�or Director del Servicio de Salud Biob�o, mediante el cual da respuesta a un oficio remitido en nombre del  Senador se�or Ruiz-Esquide, sobre los problemas de atenci�n de los pacientes del Hospital de Nacimiento.

    
		Del se�or Director de la Corporaci�n Nacional Forestal de la Regi�n de La Araucan�a, por medio del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador se�or Espina, sobre proceso de erosi�n en la Novena Regi�n.

    
		Del se�or Presidente del BancoEstado, mediante el cual responde un oficio dirigido en nombre del Senador se�or Stange, sobre la posibilidad de instalar una sucursal de dicho Banco en la comuna de Hualaihu�.

    
		Del se�or Presidente de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, por medio del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador se�or Moreno, relativo a la creaci�n de un museo ferroviario en la comuna de San Fernando.

    
		--Quedan a disposici�n de los se�ores Senadores.

    
Informes

    
		De la Comisi�n de Relaciones Exteriores, reca�do en el proyecto de acuerdo, en segundo tr�mite constitucional, que aprueba el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democr�tico en el Mercosur, la Rep�blica de Bolivia y la Rep�blica de Chile, suscrito el 24 de Julio de 1998 en Ushuaia, Rep�blica Argentina (con urgencia calificada de "simple") (bolet�n N� 2.517-10). 

    
		De la Comisi�n de Econom�a, reca�do en el proyecto de ley, en segundo tr�mite constitucional, que aclara el sentido de la ley N� 18.175, de Quiebras, en la forma que indica (bolet�n N� 3.965-03). 

    
		--Quedan para tabla.

    
Moci�n

    
		De los Senadores se�ores Moreno y Zald�var (don Adolfo), con la que inician un proyecto de reforma constitucional en materia de qu�rum (bolet�n N� 4.028-07). 

    
		--Pasa a la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento.

El se�or ROMERO (Presidente).- Terminada la Cuenta.

  
    
ACUERDOS DE COMIT�S

    
El se�or HOFFMANN (Secretario).- Los Comit�s, en sesi�n celebrada hoy, acordaron lo siguiente:

    
		1.- Votar al inicio de esta sesi�n una declaraci�n del Senado relativa a los l�mites y espacios mar�timos con Per�.

    
		2.- Citar a una sesi�n especial secreta para el pr�ximo martes 8 de noviembre, de 12 a 14 horas, con el objeto de ocuparse del tema antes se�alado.

    
		3.- Respecto del punto 3) del Orden del D�a, tocante a la solicitud del Vicepresidente de la Rep�blica para designar dos representantes del Primer Mandatario en el Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego, el se�or Presidente pedir� la venia de la Sala para dar por aprobadas sin debate las proposiciones.

    
		4.- No tratar a�n el proyecto sobre la Corte Penal Internacional.

    
		5.- Colocar en el �ltimo lugar de la tabla el proyecto signado con el n�mero 2), referente al sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educaci�n superior, y despacharlo antes del 10 de enero pr�ximo.

    
		6.- Retirar el asunto signado con el n�mero 6) del Orden del D�a, relativo a la consulta sobre los efectos del art�culo 8� de la Constituci�n Pol�tica de la Rep�blica.

    
		7.- Abrir un nuevo plazo para presentar indicaciones a la iniciativa sobre modificaci�n de la Ley de Pesca, hasta el d�a de hoy, a las 17. O sea, quedan 20 minutos para tal efecto.

    
		8.- En cuanto al proyecto sobre abigeato, se acuerda que el segundo informe sea emitido por la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento, sin que pase a la Comisi�n de Agricultura, y

		9.- Tratar en esta sesi�n el proyecto sobre el Fondo Com�n Municipal.

  
El se�or ROMERO (Presidente).- En lo referente a la normativa sobre la ense�anza universitaria, quiero aclarar que el compromiso es iniciar su tratamiento en la sesi�n siguiente a las elecciones, con el objeto de resolver sobre el particular durante el mes de diciembre.

  
El se�or PIZARRO.- �Me permite, se�or Presidente?

  
El se�or ROMERO (Presidente).- Tiene la palabra Su Se�or�a.

  
El se�or PIZARRO.- Respecto de la sesi�n especial del pr�ximo martes a mediod�a, pedir�a a la Sala, a los Comit�s o a la Mesa que en lo posible fuera citada para justo antes de la que se celebrar� en la tarde, porque, en principio, se nos hab�a informado que no nos reunir�amos los d�as 8 y 9 de noviembre. Despu�s esto �ltimo se cambi� y ahora se fija aquella a que hago referencia, de modo que solicito efectuarla lo m�s cerca posible de la sesi�n de la tarde. Perfectamente puede celebrarse entre las 15 y las 16:30.

  
    
El se�or ROMERO (Presidente).- Pero se presentar�a un problema con la asistencia del se�or Ministro de Relaciones Exteriores, quien ha pedido que la realicemos de 12 a 14 horas porque debe viajar ese mismo d�a. �sa es la �nica raz�n.

    
El se�or PIZARRO.- Pero puede concurrir el subrogante.

    
El se�or ROMERO (Presidente).- Dada la caracter�stica de la sesi�n, lo importante es que est� presente el se�or Ministro.

    
El se�or PIZARRO.- Por supuesto. Pero entiendo que existe una pol�tica de Estado sobre la materia, la cual no la fija solamente el Canciller, pues tambi�n pueden plantearla el Subsecretario o los Ministros que han estado a cargo del tema.

    
El se�or ROMERO (Presidente).- El que se ha dado a conocer es el acuerdo un�nime de los Comit�s.

    
El se�or PIZARRO.- Podr�amos haber pedido que se postergara...

El se�or ROMERO (Presidente).- Debo recordar que, a solicitud del sector que est� a la diestra de la Presidencia, ma�ana jueves hay sesi�n de 10 a 12 para tratar asuntos que no sean de qu�rum de ley org�nica constitucional.

  
El se�or ZALD�VAR (don Andr�s).- Pido la palabra.

  
El se�or ROMERO (Presidente).- La tiene, se�or Senador.

  
    
El se�or ZALD�VAR (don Andr�s).- Se�or Presidente, en realidad, no tengo nada que objetar a los acuerdos de Comit�s. Incluso tom� ayer la precauci�n de llamar a la Secretar�a para saber si iba a haber sesi�n hoy d�a. Me dijeron que no hab�a citaciones, sino que los Comit�s se iban a pronunciar.

    
		Debo hacer presente que uno adquiere compromisos. Ma�ana debo concurrir a una reuni�n con el Primer Mandatario. Entonces, uno queda en una posici�n muy desmedrada y compleja frente a los medios de comunicaci�n, en la medida en que se denuncia que los Parlamentarios no asisten a las sesiones. Y hoy, en materias sensibles, �se es un tema recurrente. Sinceramente, la situaci�n no resulta deseable, por lo que solicito que la Sala considere el punto.

    
		Repito que ayer pregunt� si hab�a sesi�n y me respondieron que todav�a no se hab�a fijado, lo que los Comit�s iban a estudiar. Lo cierto es que uno debe ce�irse a una manera de poder desarrollar sus actividades.

    
El se�or ROMERO (Presidente).- Han solicitado la palabra los Honorables se�ores Orpis y Moreno.

    
		Debo consignar que un acuerdo de Comit�s de hace unos 15 d�as determin� la celebraci�n de una sesi�n extraordinaria a ra�z de que el 1� de noviembre era feriado. A lo mejor, al Honorable se�or Andr�s Zald�var le contestaron que todav�a no hab�a salido la citaci�n. La resoluci�n mencionada se tom� por unanimidad, sobre la base de que no se consideraran proyectos de ley de org�nica constitucional debido a las dificultades de qu�rum.

    
El se�or ZALD�VAR (don Andr�s).- Se�or Presidente, no deseo incurrir en reiteraciones. Entiendo perfectamente la situaci�n. No quiero objetar el procedimiento ni nada, sino consignar la posici�n en que uno queda. Si acaso ma�ana hubiese proyectos tan determinantes como para reunirnos extraordinariamente, yo asisto. Lo digo con sinceridad. Porque uno escucha comentarios en todas partes: si una sesi�n de la C�mara de Diputados fracasa, el juicio cr�tico se extiende al Senado; y muchas veces en las calles a uno le dicen "�Usted no va a sesi�n; qu� anda haciendo por aqu�!".

		Personalmente, creo que se trata de un problema de imagen del Parlamento.

  
El se�or ROMERO (Presidente).- Hago presente a la Sala lo siguiente: si despachamos la tabla de hoy, perfectamente podemos adem�s analizar los dos proyectos que est�n para la sesi�n de ma�ana. Si hacemos un esfuerzo y lo logramos, obviamente no habr�a inconveniente en dejarla sin efecto, pues quedar�amos sin tabla, habiendo cumplido con la labor solicitada.

  
El se�or MORENO.- Avancemos, entonces, se�or Presidente.

  
El se�or N��EZ.- De acuerdo.

  
El se�or ROMERO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Ominami.

  
El se�or OMINAMI.- Se�or Presidente, propongo suprimir la hora de Incidentes de hoy y que los dos proyectos en tabla para ma�ana se despachen ahora, con lo cual habremos cumplido la agenda de trabajo establecida.

  
El se�or ROMERO (Presidente).- �Le parece a la Sala proceder de esa forma?

  
		No habr�a problema.

  
El se�or CHADWICK.- Muy bien.

  
El se�or MORENO.- De acuerdo.

  
		--As� se acuerda.

  
)----------------------(

  
El se�or ROMERO (Presidente).- Solicito la autorizaci�n del Senado para que ingrese a la Sala el se�or Mario Marcel, Director de Presupuestos.

  
		--Se accede.

  
    
INICIATIVA DE LEY DE PER� SOBRE MODIFICACI�N DE L�MITES MAR�TIMOS CON CHILE. PROYECTO DE ACUERDO

    
El se�or ROMERO (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de acuerdo que numerosos se�ores Senadores, casi la unanimidad,  han presentado con relaci�n al tema suscitado en los �ltimos d�as acerca de la determinaci�n de l�mites mar�timos entre Per� y Chile.

    
		Tiene la palabra el se�or Secretario.

    
El se�or HOFFMANN (Secretario).- Lo que se propone es lo siguiente:

    
		"En Valpara�so, a 2 de noviembre de 2005, el Senado de la Rep�blica de Chile

    
		"Considerando

    
		"1) Que existe un proyecto de ley patrocinado por el Supremo Gobierno de la Rep�blica del Per� y que ha sido aprobado por la Comisi�n de Relaciones Exteriores y por la Comisi�n de Constituci�n del Congreso peruano.

    
		"2) Que dicho proyecto, de ser aprobado, significar� un desconocimiento unilateral de los Tratados vigentes entre ambos pa�ses.

    
		"3) Que el tema de los l�mites y espacios mar�timos qued� definitivamente zanjado en los acuerdos de los a�os 1952 y 1954, as� como en otros Acuerdos bilaterales, los que se enmarcan dentro de los principios que sustentan los pa�ses ribere�os del Pac�fico Sur.

    
		"4) Que, en consecuencia, Chile no tiene asunto alguno pendiente en materia de l�mites con el Per�.

    
		"Teniendo presente

    
		"-Que la pol�tica exterior de nuestro pa�s es una sola, como consecuencia de su pol�tica de Estado en dicha materia.

    
		"-Que ella se basa en el apego irrestricto a las normas del derecho internacional, en especial, a la intangibilidad de los Tratados.

    
		"-Que, adem�s, es una norma b�sica del derecho internacional que una parte no puede invocar una norma interna como justificaci�n del incumplimiento de un Tratado y menos alterar un punto o hito de demarcaci�n ya acordado bilateralmente.

    
		"Resuelve

    
		"Aprobar el siguiente:

    
		"Proyecto de Acuerdo

    
		"El Senado de la Rep�blica de Chile reafirma que los asuntos lim�trofes de Chile y el Per� est�n total y definitivamente zanjados en diversos Tratados vigentes y en plena aplicaci�n por ambos pa�ses, motivo por el cual le entrega al Presidente de la Rep�blica su m�s irrestricto respaldo en defensa de su territorio y espacios mar�timos. En consecuencia, le reitera su m�s decidido apoyo respecto de las medidas que disponga en resguardo de los leg�timos intereses y derechos soberanos de nuestra naci�n que, para los chilenos, son irrenunciables.".

    
		El proyecto de acuerdo est� suscrito -como se�al� el se�or Presidente- por numerosos se�ores Senadores.

    
El se�or ROMERO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobar� un�nimemente.

		--Se aprueba el proyecto de acuerdo por unanimidad.

  
    
VI. ORDEN DEL D�A

    
      
CREACI�N DE CONSEJO DE AUDITOR�A INTERNA DE GOBIERNO Y PERFECCIONAMIENTO DE NORMAS ESTATUTARIAS Y ORG�NICAS PARA MAYOR TRANSPARENCIA EN SECTOR P�BLICO

      
        
El se�or ROMERO (Presidente).- Proyecto de ley, en primer tr�mite constitucional, 	sobre creaci�n del Consejo de Auditor�a Interna de Gobierno; modificaci�n del Estatuto Administrativo en lo relativo a procedimientos sumariales, Juntas Calificadoras, incompatibilidades e inhabilidades; regulaci�n de contratos a honorarios y contrataci�n de bienes y servicios; otorgamiento de  flexibilidad financiera a la Contralor�a General de la Rep�blica, y de facultades delegadas al Presidente de la Rep�blica, con informe de la Comisi�n de Gobierno, Descentralizaci�n y Regionalizaci�n.

        
		--Los antecedentes sobre el proyecto (3937-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

        
		Proyecto de ley:

        
		En primer tr�mite, sesi�n 20�, en 2 de agosto de 2005.

        
		Informe de Comisi�n:

        
		Gobierno, sesi�n 42�, en 18 de octubre de 2005.

        
El se�or ROMERO (Presidente).- Tiene la palabra el se�or Secretario.

        
El se�or HOFFMANN (Secretario).- El Ejecutivo hizo presente la urgencia para el despacho del proyecto y la calific� de "simple".

        
		Sus principales objetivos son:

        
		1.- Crear el Consejo de Auditor�a Interna de Gobierno, encargado de asesorar al Excelent�simo se�or Presidente de la Rep�blica y al Ministerio de Hacienda en cuanto al funcionamiento de los sistemas de control interno de la Administraci�n, incluidas las empresas p�blicas cuya legislaci�n org�nica exige que se las mencione expresamente, excluy�ndose solamente la Contralor�a General de la Rep�blica, el Banco Central y las municipalidades.

        
		2.- Actualizar y adecuar normas del Estatuto Administrativo y de la Ley sobre Bases de los Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios, y facultar al Contralor General de la Rep�blica para flexibilizar el presupuesto de la entidad y para proponer sanciones en los casos que se indican.

        
		La Comisi�n de Gobierno, Descentralizaci�n y Regionalizaci�n aprob� solamente en general el proyecto de ley, por dos votos a favor, de los Honorables se�ores Larra�n y Naranjo, y con la abstenci�n del Senador se�or Cantero.

        
		Cabe tener presente que los art�culos 1� a 11, 13, 15, 19 a 24, 27 y 32 tienen el car�cter de normas org�nicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobaci�n el voto de 27 se�ores Senadores.

El se�or ROMERO (Presidente).- En la discusi�n general del proyecto, tiene la palabra al Honorable se�or Larra�n, Presidente de la Comisi�n de Gobierno, Descentralizaci�n y Regionalizaci�

      
n

      
        
El se�or LARRA�N.- Se�or Presidente, deseo informar brevemente el proyecto puesto para la discusi�n y eventual aprobaci�n de la Sala, concerniente a la iniciativa de ley del Ejecutivo que procura crear el Consejo de Auditor�a Interna de Gobierno, y que establece otras modificaciones -a la cuales ya se refiri� el se�or Secretario-, que describir� sucintamente.

        
		La Comisi�n analiz� la iniciativa en varias reuniones, en las cuales se tuvo a bien o�r a diversas autoridades: desde luego, a las de Gobierno que han promovido el proyecto: el Ministro Secretario General de la Presidencia, se�or Eduardo Dockendorff; la Subsecretaria de Hacienda, se�ora Mar�a Eugenia Wagner; el Director de Presupuestos, se�or Mario Marcel; el Contralor General de la Rep�blica, y a numerosos otros personeros que nos han permitido formarnos un juicio acerca de las conveniencias de la iniciativa en discusi�n.

        
			De hecho -como se sabe- hoy d�a existe un organismo como el propuesto, porque en 1997 el Ejecutivo cre� el Consejo de Auditor�a Interna General de Gobierno, con un prop�sito muy claro: buscar, un reforzamiento de las medidas de transparencia y de control interno de las acciones gubernamentales.

        
			Transcurrido el tiempo, y conocida la experiencia, el Ejecutivo, precisamente con ese mismo objetivo �es decir, con el fin de abordar nuevas v�as para fortalecer la transparencia en el sector p�blico y perfeccionar las materias ya reguladas-, ha decidido dar forma legal a ese Consejo, que ha estado operando desde entonces por resoluci�n administrativa. Al mismo tiempo, ha incorporado diversas otras materias, respecto de las cuales es partidario de legislar.

        
			En lo fundamental, al elevar a rango legal las actuales disposiciones sobre control interno y adecuar las normas estatutarias en lo concerniente a la responsabilidad y sumarios administrativos, contratos a honorarios y soluci�n de conflictos de intereses en la contrataci�n de bienes y servicios, se da un paso adelante que se supone complementario con la funci�n y actuaciones que sobre la materia desarrolla en este momento la Contralor�a General de la Rep�blica y, por cierto, sin perjuicio de la facultad  fiscalizadora de la C�mara de Diputados.

        
			Se estima que �stos son elementos esenciales para robustecer el orden democr�tico, porque, a trav�s del mejoramiento de los mecanismos de control interno tanto de entidades p�blicas como empresas e instituciones relacionadas con el Ejecutivo, se da un paso importante, debido a la influencia que tienen en las actividades nacionales.

        
			En verdad, los mecanismos de control interno resultan hoy imprescindibles para todo Gobierno. Y, sin perjuicio de la acci�n eficaz que sobre la materia desarrolla la Contralor�a General, el Consejo de Auditor�a Interna de Gobierno que se crea viene a complementar, desde una perspectiva propia del Ejecutivo -como �rgano asesor del Presidente de la Rep�blica-, esa tarea contralora en el �mbito de la auditor�a interna.

        
			Esta organizaci�n, que ahora adquiere rango legal, supone la incorporaci�n de nuevos modelos, metodolog�as de trabajo y supervigilancias que permitan una alerta, un detectar tempranamente cualquier irregularidad, mediante auditor�as preventivas, sectoriales o transversales, a fin de evitar conductas que lleven al descr�dito de las instituciones o que se produzca una p�rdida patrimonial.

        
			En lo espec�fico, el sistema estar� integrado por el Consejo de Auditor�a Interna de Gobierno, el Auditor de Gobierno, la Secretar�a T�cnica, auditores ministeriales e institucionales, seg�n el caso, con una organizaci�n fundamentalmente profesional y una estructura administrativa ligera, en el sentido de que no signifique una carga muy grande para el cumplimiento de los objetivos antes se�alados.

        
			El proyecto se ha preocupado de la eventual interferencia que pudiera existir en el funcionamiento de este organismo con la Contralor�a General de la Rep�blica. Y lo hace obligando a los �rganos del sistema de control interno a ejercer su acci�n en coordinaci�n permanente con la instituci�n contralora. De igual modo, se ha previsto que el control y la auditor�a no entorpezcan el desarrollo de los planes, pol�ticas y programas del Ejecutivo, ni tampoco intervengan en el m�rito de los resultados de las acciones oficiales.

        
			Lo relativo a la composici�n y a otras medidas del Consejo se puede revisar en el informe.

        
			En lo fundamental, estar� integrado por un Auditor de Gobierno y seis consejeros de la confianza del Jefe del Estado. Se trata de un organismo de control interno y, por lo tanto, es razonable que sea designado por la autoridad presidencial.

        
			Sus funciones ser�n evaluar, establecer medidas de coordinaci�n e implementaci�n de pol�ticas y proposiciones que fortalezcan el control interno, la probidad y la transparencia.

        
			El personaje clave, por cierto, va a ser el Auditor de Gobierno    -funcionario de la exclusiva confianza del Primer Mandatario-, con rango de jefe superior de servicio, quien deber� ejecutar los acuerdos del Consejo y, adem�s, dirigir la Secretar�a T�cnica, que se constituye como un �rgano de apoyo al Consejo de Auditor�a, sin perjuicio de la labor que desarrollen auditores ministeriales e institucionales.

        
			Adicionalmente, se incluyen en el proyecto -que para estos efectos tiene car�cter miscel�neo- normas que se refieren al perfeccionamiento de los sumarios administrativos. As�, se corrige una omisi�n del Estatuto Administrativo, incorporando la suspensi�n del empleo como una causal de inhabilidad en las promociones. En los procedimientos sumariales reconoce el derecho a ser o�do. Establece tambi�n procedimientos especiales para determinadas actuaciones, como la transformaci�n de una acci�n sumaria en sumario en los casos de recusaciones, etc�tera.

        
		Un ac�pite distinto dice relaci�n a las nuevas normas que ampl�an las inhabilidades o incompatibilidades en la Administraci�n y a otras medidas sobre transparencia en contratos de honorarios. Algunas de ellas ya fueron discutidas y aprobadas en la normativa de  ley que establece como obligatoria la declaraci�n patrimonial de bienes a las autoridades, en donde se incluyeron determinadas disposiciones. Aqu� se consignan algunas  que regulan, por ejemplo, el caso de los embajadores, quienes deber�n desempe�ar sus cargos con dedicaci�n exclusiva, quedando sujetos a las prohibiciones e incompatibilidades de los Ministros de Estado, Subsecretarios y jefes de servicio.

        
		Adem�s, en lo que respecta a la transparencia y conflicto de intereses de personas contratadas a honorarios, se ampl�an las normas sobre incompatibilidades e inhabilidades, incluy�ndose la informaci�n y ponderaci�n de las autoridades responsables de las contrataciones a los contratos directos con empresas y entidades del Estado y a los indirectos con entidades en que dichas autoridades participen como socios o administradores.

        
		Del mismo modo se ampl�an las normas para evitar conflictos de intereses en las contrataciones, lo cual va a significar la prohibici�n de los contratos directos o licitaciones privadas en el evento de que los participantes tengan relaciones de parentesco con las autoridades responsables.

        
		Por �ltimo, el proyecto entrega a la Contralor�a General de la Rep�blica una atribuci�n complementaria que busca ampliar el grado de flexibilidad de tal organismo en la ejecuci�n de su presupuesto, para facilitar de esa manera una mayor eficiencia en el uso de sus recursos.

        
			Esos son los contenidos de la iniciativa.

        
			Cuando se trat� el proyecto en la Comisi�n de Gobierno Interior, �sta lo aprob� en general.

        
			Quiero se�alar que uno de los temas en debate �que motiv� que uno de los miembros de aqu�lla optara por abstenerse- se relaciona con la conveniencia de ir avanzando en un sistema nacional de mayor unificaci�n en la forma de desarrollo del control de las acciones de Gobierno. Por eso, el Honorable se�or Cantero, al fundamentar su voto, anunci� que se abstendr�a, porque "si bien constituye un avance este proyecto," �dijo- "no considera la creaci�n de un sistema nacional unificado de control gubernamental".

			Estimo que esa materia puede ser objeto de discusi�n. Pero, en lo sustantivo, a los miembros de la Comisi�n les pareci� que el proyecto efectivamente avanzaba en la idea de transparentar la gesti�n p�blica y de definir mecanismos que permitan un mayor control de �sta. Se trata de un paso conveniente, �til y necesario, motivo por el cual la Comisi�n solicita su aprobaci�n.

      
El se�or ROMERO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Silva.

      
        
El se�or SILVA.- Se�or Presidente, escuch� con mucha atenci�n al se�or Presidente de la Comisi�n de Gobierno sobre una materia que, a mi juicio, constituye singular relevancia. Y debo decir, con el mayor respeto, que discrepo absolutamente de sus planteamientos.

        
			Quiero hacer presente que estamos ante un asunto de particular importancia. Me parece que la Comisi�n puso el mayor empe�o para despachar el proyecto en s�lo tres sesiones. Lo cierto es que se trata de una normativa que necesariamente �por eso me voy a permitir hacer una indicaci�n al respecto- merece y justifica que se estudie por la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n y Justicia del Senado.

        
			Comprendo que, por la circunstancia que estamos pasando y por la necesaria urgencia con que se califica para su tramitaci�n a los proyectos en una etapa de la gesti�n parlamentaria que est� por terminar, se est�n despachando, o se pretende hacerlo, iniciativas de esta relevancia, sin que hayan podido, a mi modesto juicio, ser analizadas en plenitud.

        
			Este proyecto resulta, seg�n entiendo, de importancia esencial. Y as� se la asign� el Supremo Gobierno al presentarla. Pero, despu�s de haberlo estudiado profundamente, en mi opini�n, contiene a lo menos tres dudas serias desde el punto de vista de su constitucionalidad. 

        
		A mi juicio, los art�culos 3�, 38 y 98 de la Carta Fundamental se ver�an de alguna manera o debilitados en su aplicaci�n o da�ados profundamente por este intento de legislar. 

        
		En lo que respecta al art�culo 3�, so pretexto de aprobar atribuciones sobre control interno por parte del Ejecutivo, se est� pasando a llevar lo que nuestra Constituci�n espec�ficamente se�ala en dicha norma, esto es, que la administraci�n del Estado se llevar� a cabo en forma descentralizada y desconcentrada, instando al Ejecutivo a promover la descentralizaci�n. 

        
		El proyecto que nos ocupa, lejos de impulsar la descentralizaci�n, est� promoviendo que el Presidente de la Rep�blica, al ejercer como contralor interno, realice mucho m�s que la supervigilancia que le es dable efectuar acerca de las instituciones descentralizadas. Nos extra�a que se llegue tan lejos como a decir en forma expresa que se extiende dicho control interno a las empresas del Estado aut�nomas respecto del Primer Mandatario en cuanto a su estructura constitucional y legal. 

        
		En seguida, se parte de la base de que el Presidente de la Rep�blica ejercitar� el llamado control interno y se olvida que la Ley Org�nica Constitucional de Bases Generales de la Administraci�n del Estado �mencionada por el informe de la Comisi�n de Gobierno como especialmente consultada- establece que, aparte de la fiscalizaci�n que constitucionalmente compete a la Contralor�a General de la Rep�blica en cuanto �rgano de control externo de las entidades de la Administraci�n del Estado, el control interno -como se le denomina en la iniciativa- responde a uno de tipo jer�rquico, seg�n reza expl�citamente en su art�culo 11 -el cual se omite considerarlo en todo el proyecto-, que debe ser ejercido por los jefes respectivos, vale decir, por los jerarcas correspondientes y no expresamente por el Primer Mandatario, sobre todo bas�ndose en un organismo que se pretende crear mediante la iniciativa en el Ministerio de Hacienda (llamado Consejo de Auditor�a Interno de Gobierno), y que, en el fondo, vendr�a a desarrollar funciones paralelas a las de la Contralor�a General de la Rep�blica. 

        
		Por eso, con fundamento -a nuestro modesto juicio-, el Senador se�or Cantero y otros personeros que actuaron en representaci�n de corporaciones de estudio en la Comisi�n de Gobierno hicieron presentes sus inquietudes y dudas frente a un proyecto de esta �ndole.

        
		En consecuencia, adem�s de alterarse el contenido esencial del referido art�culo 3�, la iniciativa pasa por sobre lo que la Ley Org�nica de Bases de la Administraci�n del Estado -cuyo texto definitivo fue fijado por el decreto con fuerza de ley N� 1- establece como estructura de nuestra Administraci�n. 

        
		Dicho cuerpo legal, en concordancia con el art�culo 38 de la Carta Pol�tica, consagra precisamente en su T�tulo II toda una estructura org�nica relativa a la Administraci�n, que distingue una propiamente nacional o central, una descentralizada, una funcionalmente desconcentrada y una fiscalizadora, y resulta que el proyecto altera por completo las disposiciones contenidas en aqu�l al pretender que no sea el Presidente de la Rep�blica en forma exclusiva y directa, sino por intermedio de uno de sus ministerios -que vendr�a a constituir una suerte de superministerio-, el que ejerza  la facultad de fiscalizaci�n denominada control interno, no s�lo sobre las instituciones de la Administraci�n central o nacional, sino tambi�n acerca de los organismos descentralizados. 

        
		Sin embargo, se�or Presidente, con ello se hace abstracci�n del art�culo 38 de la Carta Fundamental y del T�tulo II de la Ley Org�nica Constitucional de Bases de la Administraci�n del Estado, la cual establece que corresponde a cada jefe de servicio ejercer un control interno sobre la respectiva instituci�n. 

        
		De tal manera que se crea -por as� decirlo- un superorganismo de fiscalizaci�n que, a prop�sito o a pretexto de efectuar control interno, en el fondo se transforma claramente en una entidad de fiscalizaci�n externa. Y prueba de ello es que el Presidente de la Rep�blica por intermedio de ese organismo, dependiente de uno de sus ministerios: del de Hacienda, exorbita con mucho sus funciones al atribuirse esa potestad, la cual se encuentra fijada en la ley org�nica de los Ministerios, y que entrega a la Cartera de Hacienda una funci�n mucho m�s restringida que la que este proyecto pretende otorgarle a trav�s de esa v�a. 

        
		Por ese camino, se est� transformando a dicho Ministerio en un superministerio que no s�lo ejercer� una funci�n de supervigilancia, sino otra que va mucho m�s all�: un control de legalidad. Y con eso, a nuestro juicio, tambi�n se traspasa el contenido de lo dispuesto en el art�culo 98 de la Constituci�n Pol�tica. 

        
		No est� de m�s se�alar que la Carta Fundamental consagra normas de control sobre la Administraci�n del Estado de car�cter imperativo, las que de acuerdo con lo visto recientemente rigen in actu porque se hallan por sobre la ley, y, necesariamente, deben determinar el contenido de �sta, que no puede extravasar la Constituci�n de la Rep�blica a este respecto. 

        
		Con raz�n -a nuestro modesto juicio- uno de los se�ores asesores invitados por la Comisi�n de Gobierno expres� con mucha claridad que en realidad lo que se estaba creando aqu� era una Contralor�a paralela. 

        
		Yo tom� nota de que se hab�a invitado a dicho organismo t�cnico al se�or Contralor General de la Rep�blica para opinar acerca del proyecto, que fue entregado a �ltima hora para su conocimiento. Al parecer, el se�or Contralor no habr�a manifestado dudas sobre el particular. �Lo lamento! Eso quiere decir que no medit� profundamente el significado de la iniciativa en cuanto altera de manera grave las atribuciones de la Contralor�a. 

        
		A mi juicio, se�or Presidente, se�ores Senadores, la alteraci�n de las atribuciones de la Contralor�a no se soluciona con la reiteraci�n de por lo menos dos o tres veces en el proyecto de la frase: "Lo anterior es sin perjuicio de las facultades que corresponden a la Contralor�a General de la Rep�blica.". Al se�alar que se aprueban tales y cuales cosas como propias del Consejo de Auditor�a del Ministerio de Hacienda se pasan a llevar atribuciones del organismo contralor, con la modesta constancia de que ello es sin perjuicio de lo que dicha entidad establezca. 

        
		Sin embargo, yo digo que cuando la ley recurre a ese subterfugio es porque los autores de la iniciativa tuvieron muchas dudas acerca de lo que significaba alterar esas atribuciones, y, por eso, las zanjaron con una frase de esa naturaleza, que s�lo tiene contenido formal pero no esencial. 

        
		En una palabra, se�or Presidente, el proyecto reviste gravedad porque olvida todo lo que es la estructura b�sica de la Administraci�n del Estado. No es la primera vez que se intenta algo as�, como tampoco lo es     -debo deplorarlo y reiterarlo aqu�, porque en m�s de una ocasi�n lo he dicho- el que se pretenda quitar la atribuci�n de la toma de raz�n que corresponde en forma imperativa a un �rgano se�alado por la Constituci�n de la Rep�blica. Ya se quiso hacer lo mismo en el proyecto de ley sobre la Universidad de Chile -a lo cual yo me opuse-, y afortunadamente no hubo el qu�rum necesario para aprobar un asunto de tal gravedad. Pero aqu� nuevamente volvemos a la carga.

        
		Yo lamento y deploro -con esto termino, se�or Presidente- que permanentemente, so pretexto de modernizar la Administraci�n del Estado, se est�n alterando estructuras b�sicas relativas a c�mo la Constituci�n entiende a aqu�lla; es decir, con instituciones de la Administraci�n Central, con normas que establecen que el Presidente de la Rep�blica (art�culo 24 del Texto Fundamental) gobierna y administra el Estado. Y, al respecto, el  art�culo 3� de la Carta se�ala que la administraci�n ser� "descentralizada, o desconcentrada", y agrega que el Estado promover� la descentralizaci�n.

        
		Sin embargo, aqu�, lejos de impulsar la descentralizaci�n, se est� promoviendo un retorno hacia la centralizaci�n. Y, con ello, el aut�ntico sentido de una democracia representativa y descentralizada empieza a correr ciertos peligros de debilitamiento.

        
		En seguida, el proyecto altera lo dispuesto en el art�culo 38 de la Constituci�n, que mandata la existencia de una Ley Org�nica Constitucional de Bases Generales de la Administraci�n del Estado. Y acerca de esta normativa, que contiene tres t�tulos fundamentales, se pierde de vista el sentido aut�ntico de administraci�n del Estado, pues en su T�tulo II -referido espec�ficamente a tal materia-, se establece una administraci�n de distinta �ndole.

        
		Por �ltimo, la iniciativa altera el contenido imperativo del art�culo 98 de la Carta Fundamental relativo a las facultades del �rgano contralor. �stas -reitero- no pueden entenderse superadas con la frase: "Lo anterior es sin perjuicio de las facultades que corresponden a la Contralor�a General de la Rep�blica.".

        
 		Cuando un organismo debe actuar por mandato de la Constituci�n, lo hace por entero derecho y por el ministerio de la ley. Y cuando se pretende otorgar a otra instituci�n esas facultades el problema no se soluciona con la expresi�n "sin perjuicio de sus atribuciones".

        
		En una palabra, un proyecto de esta relevancia -naturalmente no me opondr� a la idea de legislar- amerita un estudio mucho m�s profundo.

        
		Yo no culpo a los integrantes de la Comisi�n de Gobierno, porque conozco la forma como mis distinguidos colegas han trabajado y s� que han puesto su mayor empe�o en tratar de despachar el proyecto. Pero     -reitero- all� surgieron opiniones muy profundas que expresaron con inquietud sus dudas sobre esta materia y que, de alguna manera, fueron recogidas con fundamento por el Honorable se�or Cantero.

        
		La Comisi�n aprob� la iniciativa con la presencia de s�lo tres se�ores Senadores -situaci�n que est� ocurriendo a menudo en estos d�as en nuestra Corporaci�n-, lo que a mi manera de ver cercena o debilita su marcha, la cual debiera ser mucho m�s completa en aras de una eficaz funci�n legislativa.

        
		Por lo tanto, resulta perfectamente justificado -y me permito hacer una indicaci�n en ese sentido- que el proyecto pase a la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n y Justicia para que sea estudiado en plenitud desde muchos puntos de vista.

		He dicho.

      
El se�or ROMERO (Presidente).- Se han inscrito tres se�ores Senadores: los Honorables se�ores R�os, Prokurica y Larra�n. Y tambi�n desea hacer uso de la palabra el se�or Ministro Secretario General de la Presidencia, quien tiene prioridad.

      
		�Prefiere intervenir ahora, se�or Ministro?

      
El se�or DOCKENDORFF (Ministro Secretario General de la Presidencia).- No, despu�s.

      
El se�or ROMERO (Presidente).- Entonces, tiene la palabra el Honorable se�or  R�os.

      
        
El se�or R�OS.- Se�or Presidente, comparto pr�cticamente el ciento por ciento de lo se�alado por el Senador se�or Silva Cimma, pero quiero agregar un par de hechos que corresponden a la pr�ctica de la acci�n administrativa. Y me impresiona mucho que los se�ores Senadores que estudiaron el proyecto no los hayan tenido presentes.

        
		Me llama la atenci�n que la iniciativa haya llegado directamente al Senado, porque la C�mara de Diputados nos tiene acostumbrados a enviar proyectos que no corresponden. Sin embargo, se trata de una normativa que nace de nuestro propio estudio y an�lisis. Y ahora llega a la Sala sin la profundidad que requiere. Lo digo con todo el respeto y cari�o que me merecen mis colegas. �sa es la verdad.

        
		La Contralor�a General de la Rep�blica no solamente cumple funciones de contralor�a en lo que respecta a auditor�as, an�lisis, investigaci�n del acontecer administrativo y financiero del Estado, sino que tambi�n asume otras responsabilidades inherentes a su quehacer y que ahora pretenden ser compartidas por un nuevo organismo cuyo objetivo es desarrollar todas las tareas referentes a la gesti�n y administraci�n del Estado.

        
		Existe un documento muy interesante que el organismo contralor emite todos los a�os mediante el cual entrega, en cada una de sus �reas, informaci�n detallada acerca del cumplimiento de las normas y obligaciones impartidas por el Congreso y por el Presidente de la Rep�blica en lo que se denominan "las pol�ticas p�blicas".

        
		La administraci�n de un organismo del Estado no solamente debe velar por la transparencia en su gesti�n, en el uso de los recursos; por la inteligencia y la capacidad que han de existir para llevar adelante las responsabilidades que cada entidad tiene, sino que tambi�n requiere cumplir con pol�ticas de Estado. Y el cumplimiento de una pol�tica de vivienda, de salud, etc�tera, implica necesariamente desarrollar una labor de auditor�a, de an�lisis e investigaci�n de los hechos, que precisa contar con la profundidad y extensi�n que s�lo la Contralor�a General de la Rep�blica puede otorgar -y as� lo ha hecho- en nuestro pa�s.

        
		Tenemos much�simas inquietudes con respecto a la administraci�n de varios organismos p�blicos, pero -sin duda alguna- a todos nos re�ne el afecto y la admiraci�n que la Contralor�a ha demostrado en el transcurso de sus a�os de existencia, que ya son m�s de cincuenta.

        
		Por tal motivo, comparto la opini�n del ex Contralor y actual Senador, don Enrique Silva, en el sentido de que la creaci�n de un organismo paralelo, aparte de provocar las deficiencias normales y naturales en cualquier administraci�n en que no se define claramente la responsabilidad entre una entidad u otra ante funciones que en definitiva son iguales, siempre produce un da�o en la administraci�n, en la gesti�n y en el cumplimiento de metas.

        
		�Qu� ocurrir� el d�a en que el nuevo organismo afirme que los objetivos dispuestos por el Ministerio de Salud se cumplieron y la Contralor�a diga que no? �Qu� va a pasar cuando existan razones suficientes para pensar que lo se�alado por la Contralor�a en materia de administraci�n de un recurso p�blico correspondi� a las normas establecidas por la ley y el otro organismo auditor exprese lo contrario? �Es posible que un Estado tenga entidades paralelas que realicen acciones pr�cticamente iguales?

        
		A m� no me parece.

        
		No soy partidario de que el proyecto vuelva a la Comisi�n, sino de votarlo inmediatamente. Yo me pronunciar� en contra, porque no existe raz�n alguna para sostener una iniciativa de este tipo, con las caracter�sticas y la forma en que se ha planteado.

        
		Insisto: tambi�n es importante tener presente un aspecto que el Senado est� olvidando.

        
		En 1998 la C�mara Alta firm� un convenio con la Contralor�a General de la Rep�blica para recabar informaci�n permanente sobre la gesti�n, auditor�a, acci�n e investigaci�n que �sta realice en la totalidad de los servicios p�blicos. Y eso est� funcionando.

        
		Sin embargo, tengo la impresi�n de que los se�ores Senadores no utilizan esa informaci�n tan necesaria y que responde exactamente a lo que el proyecto de ley plantea. Ella se encuentra a nuestra disposici�n en forma diaria y permanente.

        
		A su vez, el Senado entrega a la Contralor�a a trav�s del mismo convenio toda la historia de las leyes, a fin de que los dict�menes de dicho organismo est�n conformes al esp�ritu de la normativa dispuesta por  el legislador.

        
		Termino se�alando que no soy partidario de la creaci�n de organismos de este tipo, pues produce distorsiones muy delicadas con otras entidades existentes.  Se observa que no hay un conocimiento acerca de los antecedentes que la Contralor�a posee y entrega en materia de auditor�as y de informes administrativos, los cuales son muy completos. 

        
		En definitiva, a la situaci�n que se origina, al margen de lo se�alado por el Honorable se�or Silva, he agregado otros hechos que responden a cosas pr�cticas y que, sin duda alguna, producir�n un gran debilitamiento en el ejercicio de la administraci�n del Estado.

		Por estas razones, votar� en contra de la iniciativa.

      
El se�or ROMERO (Presidente).- �Desea intervenir ahora, se�or Ministro? Le recuerdo que se hallan inscritos los Senadores se�ores Prokurica y Larra�n.

      
El se�or DOCKENDORFF (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Muy bien, se�or Presidente.

      
El se�or ROMERO (Presidente).- Tiene la palabra el se�or Ministro.

      
        
El se�or DOCKENDORFF (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Se�or Presidente, no pretendo despejar las dudas de constitucionalidad que pueden tener algunos se�ores Senadores ni las de orden jur�dico que dificulten la puesta en marcha de la institucionalidad propuesta.

        
		El proyecto aspira fundamentalmente a ser parte integrante de un esfuerzo del Ejecutivo en materia de pol�ticas de transparencia, probidad y de modernizaci�n del Estado.

        
		Es bueno considerar que el Estado no es una entidad est�tica. En los �ltimos a�os ha experimentado fundamentales modificaciones, sobre todo desde el punto de vista de lo que la opini�n p�blica espera de �l. Y si hoy d�a hay una convicci�n instalada en pol�tica comparada, se sabe que la ciudadan�a exige del Estado -y por lo tanto de su Gobierno-, esencialmente, tres cosas: primero, claridad de objetivos; segundo, involucramiento en los problemas de la gente, y tercero, transparencia.

        
		Hoy d�a, entonces, la transparencia es una demanda ciudadana fuertemente acendrada y con efectos pol�ticos significativos.

        
		En el marco general, estamos de acuerdo en que las bases jur�dicas sobre las cuales descansa el Estado de Chile siguen siendo las mismas. Sin embargo, las demandas ciudadanas y la modalidad con que aqu�l y el Gobierno asumen las tareas de llevar adelante las pol�ticas p�blicas han tenido sensibles modificaciones en los �ltimos a�os.

        
		La idea de instalar una unidad de auditor�a o de control al interior del Estado surgi� en el Ejecutivo hace ya varios a�os. De hecho, ha habido una suerte de marcha blanca a trav�s de la existencia, v�a decreto, de un Consejo de Auditor�a Interna General de Gobierno, que funciona desde 1997, y como decreto propiamente tal, desde el a�o 2000.

        
		As�, dicha unidad no s�lo ha cumplido un rol complementario respecto de la Contralor�a General de la Rep�blica, sino que, en cierta medida, tambi�n ha sido coadyuvante en las tareas propias de ella en cuanto al cumplimiento efectivo y eficaz al mandato de la ley sobre probidad, que fue promulgada -como todos sabemos- el a�o 2000.

        
		La referida ley impone al funcionario p�blico, en materia de transparencia y probidad, una cantidad enorme de exigencias -no conocida hasta la fecha- que requieren cierta capacidad institucional al interior del aparato p�blico sin esperar el control de legalidad, que -como todos sabemos- es ex post al acto administrativo. 

        
		Esa unidad de auditor�a interna ha sido un soporte fundamental para mantener capacidad dentro del Ejecutivo, desde el punto de vista de las exigencias modernas, en materia de probidad y transparencia. Y de ah� que yo afirme que no es paralela sino complementaria de las funciones de la Contralor�a. Y la frase mencionada por el Senador se�or Silva, que aparece recurrentemente en el articulado, no se limita a cumplir un objetivo formal, sino que da cuenta de que en los aspectos pertinentes se reconocen y establecen la jerarqu�a, la funci�n y la exclusividad de ese �rgano para controlar la legalidad de los actos de la Administraci�n.

        
		En consecuencia, no se est� tratando de socavar ni de menoscabar la funci�n de la Contralor�a General de la Rep�blica, sino que nos estamos haciendo cargo de la transformaci�n profunda que han ido provocando en los hechos las demandas formuladas al Estado para mejorar las condiciones a trav�s de las cuales se da cumplimiento a la ley sobre probidad.

        
		Hasta ahora, la experiencia obtenida con el Consejo de Auditor�a Interna General de Gobierno ha sido satisfactoria. En ning�n caso este organismo se ha inmiscuido en las funciones de control de legalidad, sino que ha posibilitado un ejercicio din�mico de control de m�rito al interior de la Administraci�n cada vez que se ha puesto en marcha una pol�tica p�blica. 

        
		No es f�cil para un funcionario formado en la estructura del Estado durante muchos a�os cambiar de la noche a la ma�ana la modalidad con que act�a y, al mismo tiempo, someterse a determinado mecanismo de control.

        
		S�lo piensen, Sus Se�or�as, en que hoy toda la informaci�n que produce el Estado debe ser p�blica. 

        
		Nosotros estamos apoyando un proyecto de ley que elaboraron los Senadores se�ores Gazmuri y Larra�n, porque creemos que tambi�n forma parte de una modalidad para ejercer la funci�n de la Administraci�n del Estado, que requiere -por se�alarlo de alguna manera- un funcionario p�blico distinto del que hemos tenido hasta ahora. Y para eso necesitamos al interior del Estado, antes de que culmine el proceso administrativo, la capacidad de ir estableciendo mecanismos de regulaci�n y control permanentes.

        
		Entendemos claramente que �sta es una funci�n complementaria de la tarea de la Contralor�a General de la Rep�blica. Y hemos analizado el punto en esa l�nea, consultando a destacados juristas que conocen bien esta materia.

		Es cuanto puedo expresar por ahora, se�or Presidente.

      
El se�or GAZMURI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Prokurica.

      
        
El se�or PROKURICA.- Se�or Presidente, la verdad es que, cualesquiera que sean los documentos y estudios existentes respecto de la Administraci�n del Estado, y a pesar de que Chile aparece en el lugar 26 en los �ndices internacionales de corrupci�n, todos ellos plantean que debe haber m�s transparencia, m�s fiscalizaci�n y menos corrupci�n en los actos del Estado.

        
		Nadie puede estar en contra de esos principios. Pero, aparentemente, hay distintas formas de aterrizar la idea expuesta.

        
		El Honorable se�or Silva, con mucho brillo, y el Senador se�or R�os plantearon el problema constitucional y se refirieron a la labor de la Contralor�a General de la Rep�blica por largo tiempo. As� que no repetir� los argumentos de Sus Se�or�as, que suscribo totalmente. 

        
		Pensando en c�mo mejorar los aspectos que he mencionado, pueden surgir muchas opiniones. Pero hay una que no recibir� ning�n rechazo: entregar m�s atribuciones y mayores recursos a la Contralor�a General de la Rep�blica.

        
		Si estamos de acuerdo en que debe haber m�s fiscalizaci�n, mayor transparencia y menos corrupci�n, creo que �sa es una forma clar�sima de enfrentar el problema.

        
		La Contralor�a es una instituci�n de gran prestigio; ha funcionado por mucho tiempo, y se ha replicado en otros pa�ses del mundo.

        
		Ahora bien, el organismo que se pretende crear tiene, a mi juicio, tres debilidades.

        
		En primer lugar, quiero recordar -ya lo dijo el Ministro se�or Dockendorff- que existi� sin ley que le diera origen. �Y cu�ndo desapareci� de la opini�n p�blica? Cuando don Rodrigo Moraga descubri� un antecedente sobre un �rgano del Estado donde hab�a irregularidades y lo public� en la p�gina web pertinente. Apenas se form� una comisi�n investigadora de la C�mara de Diputados, ese se�or no quiso dar m�s informaciones y se termin� en lo de siempre.

        
		En segundo t�rmino, es dif�cil que la instituci�n cuya creaci�n se pretende cumpla los objetivos de mayor fiscalizaci�n y m�s transparencia, producto de que se encomienda al Presidente de la Rep�blica el nombramiento de sus integrantes y de que �stos son personas provenientes del mismo �mbito que se quiere fiscalizar.

        
		En tercer lugar, con la creaci�n de otro organismo no mejorar�n la fiscalizaci�n ni la transparencia; al contrario.

        
		Al respecto el Senador se�or Silva ha sido muy exacto: aqu� debe haber un gran debate, porque la corrupci�n es un muy serio problema que afecta a nuestro pa�s. Y el Contralor General de la Rep�blica no ha participado en la discusi�n; entonces, dif�cilmente el Senado podr� tomar una decisi�n clara sin conocer su opini�n. 

        
		Si queremos ir en la l�nea de los objetivos planteados por este proyecto de ley, debemos ampliar las facultades del organismo contralor hacia una fiscalizaci�n de m�rito. Porque, hoy d�a, un alcalde o un funcionario p�blico que presenta una factura o una boleta "salva la situaci�n", aunque se haya echado al bolsillo los dineros cuestionados; lo vemos permanentemente. Hay municipios endeudados por completo -es el caso del de Valpara�so-; asume un nuevo alcalde, y al anterior nadie le puede decir nada, porque actu� dentro de la ley: est�n las facturas, las boletas, los informes. �Pero qu� inversi�n se hizo? �A qu� se destinaron los recursos? Tal vez, a algo carente de beneficio para la comunidad: viajes o cosas superfluas. �Y qui�n dijo algo? �Nadie, pues no hay atribuciones para ello�!

        
		Entonces, si queremos caminar en la senda correcta, me parece que lo m�s l�gico es reforzar las facultades fiscalizadoras de la C�mara de Diputados -al respecto, ya se dieron algunos pasos importantes en la �ltima reforma constitucional- y entregar mayores atribuciones a la Contralor�a General de la Rep�blica -organismo que, independiente de las opiniones divergentes que uno pueda tener a veces, goza de gran prestigio-, para que su fiscalizaci�n sea de m�rito y no s�lo formal, y poner a su disposici�n m�s recursos.

        
		Se�or Presidente, no me convence este proyecto cuando se�ala que el objetivo principal del Consejo ser� "velar por el respeto, aplicaci�n y cumplimiento de las normas que regulan la organizaci�n y funcionamiento de las respectivas instituciones"; o cuando expresa que "El Consejo y los dem�s �rganos previstos en esta ley velar�n en forma preferente por el respeto y consolidaci�n de los principios de probidad y transparencia en la gesti�n de las instituciones sometidas a su control.".

        
		Como lo plante� el Senador se�or Cantero en la Comisi�n, aqu� se traslapan facultades que ya est� ejerciendo otro organismo.

		Este proyecto no termina convenci�ndome. Por lo tanto, lo votar� negativamente, no porque est� en contra de la fiscalizaci�n o de que haya m�s transparencia, sino porque no constituye la mejor forma de abordar el problema que est� viviendo el pa�s en dichos �mbitos.

      
El se�or GAZMURI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Larra�n.

      
        
El se�or LARRA�N.- Se�or Presidente, como se puede apreciar esta tarde, no estamos funcionando con plena normalidad. Con todo, estamos trabajando razonablemente bien.

        
		En efecto, la Comisi�n de Gobierno escuch� durante sus debates numerosas opiniones -no s�lo de autoridades del Ejecutivo, sino tambi�n de la Contralor�a y de personas independientes, aut�nomas- que nos permitieron formarnos juicio respecto del conjunto de materias que aborda el proyecto, el cual no se refiere �nicamente al Consejo de Auditor�a.

        
		En efecto, la creaci�n de dicho organismo es una de tales materias, quiz�s la central. Pero hay otras -las modificaciones a los procedimientos sumariales; lo relacionado con las inhabilidades e incompatibilidades; lo referente a la facultad adicional de flexibilidad financiera que se otorga a la Contralor�a- que, con aqu�lla, configuran el conjunto de ideas que debieran ser objeto de la discusi�n general.

        
		Se trata de una iniciativa perfectamente atendible, razonable, que va en la l�nea en que hemos venido trabajando en el �ltimo tiempo, tanto el Gobierno como el Parlamento, a los efectos de asegurar mayor transparencia en la gesti�n p�blica.

        
		Concretamente, yendo a la parte m�s discutida por quienes me precedieron en el uso de la palabra, advierto que existe inquietud respecto del Consejo de Auditor�a. Y se hace mucha cuesti�n en cuanto a los efectos que la acci�n de ese �rgano podr�a provocar en la labor de la Contralor�a General de la Rep�blica o a su impacto sobre las instituciones que deber�a auditar.

        
		Sin embargo, tal como lo mencion� al informar el proyecto -lo expres� tambi�n el Ministro se�or Dockendorff-, se pretende legislar acerca de un ente que ya est� funcionando; porque dicho Consejo tiene seis a siete a�os de labor pr�ctica, y durante ese per�odo no se ha verificado ninguno de los problemas aqu� planteados, que son muy explicables.

        
		Entre otros personeros, en la Comisi�n o�mos a quien ejerce hoy como Auditor. De su descripci�n sobre el trabajo realizado, pareciera que el organismo en cuesti�n ha contribuido al objetivo central, cual es mejorar el control interno de la acci�n del Gobierno o, dicho de otra manera, de lo que depende  administrativamente del Presidente de la Rep�blica.

        
		En tal sentido, nos parece que, al darse al Consejo de Auditor�a un estatus legal en vez del meramente administrativo que tiene hoy -porque acciona en virtud de un decreto-, se le confiere capacidad para actuar con mayor plenitud y colaborar efectivamente a la consecuci�n de los objetivos de transparencia y control de las acciones de los �rganos de Gobierno.

        
		Tal vez lo m�s inquietante -como lo manifest� el Senador se�or Silva, cuya opini�n todos respetamos y valoramos, pues sabemos que la emite con mucho fundamento y conocimiento de causa- tiene que ver con lo que esto puede representar respecto a la acci�n de la Contralor�a.

        
		Si bien el Contralor mencion� algunas preocupaciones de car�cter procesal durante su participaci�n institucional en la gesti�n y discusi�n del proyecto, al final su posici�n, que est� consignada en el informe, es enteramente favorable a la iniciativa.

        
		Como es importante tener presente aquello, cito sus palabras, que se consignan en el informe: "el proyecto fortalece el sistema de control interno gubernamental, elevando a rango legal la institucionalidad administrativa encargada internamente de asegurar el "control jer�rquico permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuaci�n del personal" de los servicios p�blicos, que compete ejercer a las "autoridades y jefaturas" conforme a la Ley Org�nica Constitucional de Bases Generales de la Administraci�n del Estado".

        
		"Por lo tanto" -dice m�s adelante- "el proyecto es, en principio, conceptualmente coincidente con la idea reiteradamente manifestada por la Contralor�a, de que un sistema de control interno adecuado incide favorablemente tanto en la eficiencia de los servicios de la Administraci�n como en su apego formal y sustancial al ordenamiento jur�dico.".

        
		O sea, la existencia de una auditor�a interna no es incompatible con el sistema que -por decirlo de alg�n modo- se halla bajo la tuici�n de la Contralor�a General de la Rep�blica. Por el contrario, si ambos entes est�n coordinados en debida forma, el Consejo de Auditor�a resultar� ser un complemento. Y el propio Contralor -repito- estima que "un sistema de control interno adecuado incide favorablemente tanto en la eficiencia de los servicios de la Administraci�n como en su apego formal y sustancial al ordenamiento jur�dico".

        
		En opini�n del Contralor, "un buen sistema de control interno gubernamental no puede sino repercutir de manera beneficiosa en la labor de la Contralor�a General". Es decir, si se cumplen los objetivos normativos de esta propuesta (que haya la debida coordinaci�n y sujeci�n a los procedimientos que establece el �rgano contralor), el mecanismo de auditor�a en comento colaborar� en la tarea que la Contralor�a debe realizar, porque contar� con un ente que va a visualizar, alertar y adoptar medidas preventivas para evitar cualesquiera irregularidades que se puedan cometer en el �mbito de la acci�n de gobierno.

        
		El Contralor se�ala luego: "Respecto de la coordinaci�n del Consejo de Auditor�a Interna con la Contralor�a General de la Rep�blica, la ley obliga adicionalmente al Consejo y a cada uno de los auditores considerados en esta ley a mantener una adecuada y permanente coordinaci�n con el organismo contralor. Esta idea resulta muy significativa para asegurar que la implementaci�n y funcionamiento del nuevo sistema legalmente establecido cumpla con las expectativas que deben esperarse de �l.".

        
		Por lo tanto, pienso que el problema no est� en el dise�o normativo del Consejo Auditor. Puede estar en la aplicaci�n pr�ctica. Pero si ese organismo no sigue los lineamientos que da el �rgano contralor, entonces estamos frente a un problema, no de la norma, sino de incumplimiento de la ley. Y eso puede darse con Consejo o sin �l.

        
		La inquietud planteada, pues, resulta oportuna y necesaria. Me parece perfectamente v�lida y leg�tima, sobre todo cuando se debate la idea de legislar. Pero, al mismo tiempo, avalado por la visi�n del propio Contralor, considero que no deber�amos abrigar los temores aqu� expuestos.

        
		Repito: tanto por la experiencia pr�ctica del funcionamiento de esta auditor�a interna del Gobierno, que lleva varios a�os de gesti�n, como por la visi�n que la misma Contralor�a tiene sobre el sistema de control interno, que adquirir� rango legal si se aprueba el proyecto, la proposici�n que nos ocupa pareciera estar bien ponderada y valorada por los entes involucrados.

        
		�ste es, entonces, un punto m�s, que se complementa con otras normas, como las relativas a los procedimientos sumariales, que se mejoran, pues se agregan derechos para las partes comprometidas -por ejemplo, el de ser o�do o el de tener mayores posibilidades de intervenci�n e injerencia en ellos-; las atinentes a las inhabilidades e incompatibilidades establecidas para embajadores y funcionarios p�blicos respecto de parientes vinculados a acciones donde las autoridades deciden sobre contrataciones o licitaciones-, y las que otorgan flexibilidad financiera a la Contralor�a, todas las cuales importan un beneficio adicional al objetivo de Estado -dir�a yo- de asegurar mayor transparencia y probidad en el ejercicio de las funciones p�blicas.

        
		Por eso, si bien existe un tema debatible, creo que la iniciativa est� bien zanjada en lo fundamental.

        
		Hay otras inquietudes susceptibles de abordar. Y me parece bueno consignarlas. Por ejemplo, las planteadas por los Senadores se�ores Silva, R�os y Prokurica en cuanto al �mbito de acci�n del Consejo de Auditor�a. �ste es un tema que bien puede ser analizado, pero en la discusi�n particular del proyecto. 

        
		Porque una cosa es el �mbito de acci�n en lo que es propio del ejercicio del Gobierno: sus ministerios; sus servicios p�blicos, tanto en la estructura centralizada como en la descentralizada territorialmente; me refiero a las intendencias, a las gobernaciones, a todos los organismos del gobierno regional (seremis, en fin). Creo que ah� existe una acci�n propia del �rgano contralor o auditor interno del Ejecutivo. 	Sin embargo, pienso que hay que precisar y definir con mucha claridad el �mbito de acci�n de esta entidad respecto, por ejemplo, de las empresas p�blicas o de las Fuerzas Armadas. Estas �ltimas poseen estatutos que establecen sus propios organismos contralores. Entiendo -y si no, habr�a que clarificarlo- que lo que va a hacer el Consejo es coordinar la acci�n de lo que ya existe, porque de lo contrario no tendr�a sentido: habr�a una duplicidad innecesaria.

        
		Por otro lado, en lo concerniente a las empresas p�blicas, el Senador se�or Prokurica ha hecho presente en reiteradas oportunidades -la �ltima vez, hoy- las dificultades existentes para obtener informaci�n. Y, a mi juicio, Su Se�or�a tiene toda la raz�n. Espero que con el proyecto de ley sobre acceso a la informaci�n p�blica tal inquietud sea zanjada definitivamente. En todo caso, en la presente iniciativa se agregan elementos que aseguran una mayor transparencia en ese sentido. 

        
		Me parece razonable que el Ejecutivo quiera tener alguna injerencia en el control interno de las empresas p�blicas de su dependencia, porque, al final, debe responder de lo que all� ocurra, sin que muchas veces cuente con los mecanismos necesarios para asegurar semejante compromiso. Y, aunque sea harina de otro costal, creo que la presencia de los Ministros en los directorios de dichas empresas no es la garant�a que se busca para asegurar ese control. Mucho m�s efectivo, en mi concepto, puede resultar este mecanismo de control interno, pues, como se ha visto, la participaci�n de Ministros en los directorios constituye una cuesti�n altamente discutible.

        
		En consecuencia, si bien estimo que se pueden revisar en la discusi�n particular, en su sinton�a fina, muchas de las instituciones que aqu� se incorporan, creo que, en lo fundamental, estamos frente a un proyecto que, al menos respecto a la idea de legislar, debemos apoyar. Y, en lo personal, valoro especialmente los esfuerzos del propio Gobierno para mejorar su autocontrol -porque de eso estamos hablando-, sin perjuicio de coordinarlos con la labor del �rgano contralor general, que debe llevar la voz cantante en estas materias.

        
		Asimismo, considero v�lida la inquietud planteada por el Senador se�or Cantero. Quiz�s nos falta trabajar otro poco en los distintos mecanismos de control, para lograr un sistema m�s claro y n�tidamente coordinado. Pero, sin perjuicio del valor de ese antecedente o argumento, no me parece que ello sea un obst�culo para dar nuestro apoyo a un proyecto que en definitiva optimiza algo que ya existe; cuya experiencia pr�ctica ha sido �til y valiosa para mejorar el control de los actos internos del Gobierno, y que, al obtener rango legal, sumado a los dem�s aspectos que cubre la iniciativa, constituye un paso adelante que podremos perfeccionar en la discusi�n particular.

		Gracias, se�or Presidente.

      
El se�or ROMERO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Parra.

      
        
El se�or PARRA.- Se�or Presidente, deseo insistir en la proposici�n del Senador se�or Silva en el sentido de o�r la opini�n de la Comisi�n de Constituci�n y de que el proyecto vuelva a la Comisi�n de Gobierno para una consideraci�n m�s detenida antes de que la Sala se pronuncie sobre la idea de legislar. Si as� no ocurriera, nos ver�amos en la necesidad de rechazarlo en general esta tarde. Y nuestro deseo, naturalmente, es que la iniciativa no naufrague. Sin embargo, las dudas de constitucionalidad sobre su aspecto esencial son tan significativas que impiden un pronunciamiento favorable antes de que ellas sean despejadas en forma previa.

        
		El proyecto, como se ha dicho, es miscel�neo. No s�lo establece el Consejo de Auditor�a Interna; adem�s, contiene normas de diversa naturaleza. Y son estas otras, en particular las que tienen que ver con la contrataci�n con el Estado, las que vienen a reforzar el compromiso con la probidad y la transparencia dentro de nuestro aparato estatal.

        
		Pero, en el caso concreto del control interno, materia central del proyecto y la que le da su nombre, las dudas de constitucionalidad, planteadas con profundidad y claridad por el Senador se�or Silva, resultan absolutamente incontrovertibles en cuanto a requerir un pronunciamiento m�s claro, de forma tal de excluir de un eventual requerimiento ante el Tribunal Constitucional el texto que en definitiva sancione la Sala.

        
		Y a ellas, se�or Presidente, yo agregar�a otra. La iniciativa radica la unidad de control, de manera esencial, en el Ministerio de Hacienda, al cual asigna un rol que ciertamente no es el que la Constituci�n Pol�tica confiere a las Secretar�as de Estado. 

        
		Ahora bien, no hay que confundir la unidad propuesta con aquella que hoy existe, creada por el Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle sobre la base de los art�culos 24 y 32 de la Carta Fundamental y radicada directamente en la Presidencia de la Rep�blica para el cumplimiento del mandato constitucional entregado al Primer Mandatario, quien se vali� de este mecanismo de control interno establecido en tal oportunidad.

        
		La que ahora se nos plantea es, en cambio, un verdadero servicio p�blico nuevo, incorporado b�sicamente -repito- en el Ministerio de Hacienda, el que, as�,  pasa a tener un car�cter especial, con tuici�n sobre todo el conjunto del aparato del Estado. Y esto, sin duda, exorbita lo dispuesto por el art�culo 33 de la Constituci�n, que define su campo de acci�n como colaborador directo e inmediato del Presidente de la Rep�blica en el gobierno y administraci�n del Estado, sin ejercer control sobre lo que realicen, no s�lo el resto de las Carteras, sino tambi�n las dem�s instituciones estatales, en particular los �rganos aut�nomos.

        
		Estimo, pues, que el proyecto presenta dudas objetivas de constitucionalidad, las cuales deben ser aclaradas en forma previa. Por eso, pedimos un informe de la Comisi�n de Constituci�n acerca del punto mencionado, para que podamos legislar bien, para que lo hagamos conforme a la Carta Fundamental y para que demos a la Ley de Bases Generales de la Administraci�n del Estado la jerarqu�a que le corresponde, observando y respetando en particular lo que dispone su art�culo 11, referido justamente al tema del control interno.

        
		En s�ntesis, para no vernos forzados a votar negativamente la idea de legislar, reiteramos nuestra petici�n en orden a que el proyecto sea informado en cuanto a su constitucionalidad por la Comisi�n de Constituci�n y a dar a la Comisi�n de Gobierno la oportunidad de profundizar su an�lisis sobre la materia.

        
		Se ha hecho mucho caudal acerca de la intervenci�n del se�or Contralor General de la Rep�blica en el �ltimo de los organismos mencionados. Pero, como consta en el informe, el conocimiento que dicho personero tuvo del proyecto fue pr�ximo al momento en que se lo llam� a emitir opini�n en la Comisi�n, lo que ciertamente -sin incurrir en improvisaci�n o apresuramiento- impidi� contar con una reflexi�n m�s corporativa al interior de la Contralor�a General de la Rep�blica, que se halla en condiciones, como ning�n otro servicio, de aportar luces en el an�lisis de este tema.

		Por esas razones, se�or Presidente, reiteramos la petici�n ya formulada, a fin de evitar el rechazo de la idea de legislar en esta materia, dejando constancia de que entre tanto seguir� funcionando la unidad de control creada por el Presidente de la Rep�blica.

      
El se�or ROMERO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or N��ez.

      
        
El se�or N��EZ.- Se�or Presidente, tengo la impresi�n de que no se ha le�do con detenci�n -seguramente por falta de tiempo- el informe de la Comisi�n de Gobierno. 

        
		Deseo reafirmar lo planteado por su Presidente en el sentido de que consideramos muy atentamente las diversas opiniones. Y no s�lo escuchamos  las del titular de la Contralor�a General, sino tambi�n las del Secretario General, con quien dialogamos acerca de si la iniciativa podr�a generar duplicidad de funciones en dos entidades fundamentales para la buena administraci�n de los asuntos p�blicos.

        
		Ahora bien, independiente de si la Sala acuerda el tr�mite a la Comisi�n de Constituci�n, a juicio de quienes seguimos atentamente su tramitaci�n, el proyecto es la continuaci�n de la primera gran comisi�n creada en Chile, en 1992, durante el Gobierno del Presidente Aylwin, oportunidad en la que a varios Senadores les correspondi� destacada participaci�n. Se analizaron detalladamente temas relativos a probidad, a transparencia, a modernizaci�n del aparato p�blico del Estado. 

        
		Por consiguiente,  el texto que ahora se propone no es sino una continuidad, al igual que una serie de iniciativas ya aprobadas por el Congreso. Se trata de una formulaci�n m�s estricta sobre c�mo generar condiciones para que al interior de la Administraci�n P�blica se ejerza efectivamente un control ex ante que signifique una asesor�a adecuada al Presidente de la Rep�blica, y tambi�n a los Ministros, en particular al de Hacienda, por razones obvias: para evitar la aplicaci�n de medidas que pudieran da�ar el patrimonio p�blico o menoscabar la imagen de la Administraci�n del Estado. 

        
		Quienes hemos estudiados atentamente el proyecto pensamos que se avanza en el sentido correcto.

        
		En diversas oportunidades consultamos si las disposiciones ahora planteadas generaban dificultades a la Contralor�a. Tenemos claro que �sta desempe�a un rol muy importante, pero fundamentalmente lo lleva a cabo despu�s de materializado el acto administrativo. Muchas veces carece de facultades o de capacidad para generar condiciones que le permitan examinar con atenci�n los procesos administrativos antes de que se perfeccionen.

        
		Nos ha parecido de extraordinaria relevancia legislar sobre el control interno, que ya est� funcionando en la Administraci�n P�blica, en algunas partes -seg�n nos consta- con mucho �xito, y en otras, todav�a con bastantes dificultades.

        
		Sabemos del rol que juega la contralor�a interna en la estructura de las Fuerzas Armadas. Por cierto, nos parece un buen modelo, siempre que se asuma la naturaleza de los �rganos p�blicos y que se generen al interior de cada una de ellas condiciones que les permitan aplicar medidas preventivas cuando los actos administrativos se alejen de la normativa legal pertinente.

        
		En consecuencia, no visualizo las dificultades que ahora se plantean. Tampoco veo que se vaya a producir duplicidad de funciones. 

        
		La �nica prevenci�n acerca de la entidad que se crea -la cual de alguna manera ya existe- se refiere a la posibilidad de que signifique mayor gasto p�blico innecesario. Y aun en la eventualidad de que se presentara alguna duplicidad con la Contralor�a General de la Rep�blica, nos parece fundamental que el Consejo de Auditor�a Interna de Gobierno apoye, coordine y supervigile a cada uno de los entes p�blicos. 

        
		Por eso, estimamos importante avanzar en tal sentido.

        
		Y una �ltima consideraci�n, se�or Presidente. 

        
		Es claro que la Administraci�n P�blica ha cambiado en forma muy r�pida. Hay en ella un dinamismo transformador que no necesariamente est� del todo bien asumido por los organismos fiscalizadores y contralores. El pa�s ha cambiado. La Administraci�n del Estado es distinta. En los �ltimos a�os el Parlamento gener� condiciones para que la de ahora no tuviera que ver con la de hace 15 � 16 a�os. Hemos creado diversas entidades. Por lo menos hay dos Ministerios m�s y nuevas instituciones cuyas funciones se enmarcan en los temas que forman parte de las preocupaciones ciudadanas. En fin.

        
		Por lo tanto, ante una Administraci�n P�blica diferente, requerimos un sistema de fiscalizaci�n y de control m�s eficiente que el de la Contralor�a, que es ejercido dentro de determinado �mbito.

        
		En ese sentido, nos parece bien la creaci�n del Consejo de Auditor�a Interna de Gobierno, sobre todo porque en un pa�s como Chile, esencialmente presidencialista, es conveniente que el Primer Mandatario sea asesorado de modo permanente en los actos p�blicos que puedan significar gastos p�blicos innecesarios.

        
		Dado ese hecho, en nuestra opini�n, el Consejo de Auditor�a Interna avanza en el sentido correcto y no genera duplicidad respecto de la labor que realiza la Contralor�a General de la Rep�blica.

        
		Voy a votar a favor del proyecto. Pero si la Sala lo estima necesario, no existe inconveniente para que vaya a la Comisi�n de Constituci�n.

        
		Si Sus Se�or�as leyeran con detenci�n el informe, sabr�an que en la Comisi�n hicimos todo lo posible por consultar a quienes pudieran entregarnos una opini�n ilustrada respecto de temas tan complejos como los expuestos esta tarde.

		He dicho.

      
El se�or ROMERO (Presidente).- Si le parece a la Sala, har� uso de la palabra el Director de Presupuestos, se�or Mario Marcel.

      
		Acordado.

      
        
El se�or MARCEL (Director de Presupuestos).- Se�or Presidente, las materias que ahora estudia el Senado las hemos denominado de "transparencia fiscal". Formaron parte de un conjunto de ideas originalmente integradas en otras iniciativas, hoy d�a en distintas etapas de tramitaci�n en el Congreso.

        
		Tras una revisi�n, se concluy� que la mejor forma de acometer esa misi�n era separ�ndolas en dos proyectos de ley.

        
		Dentro del relativo a la "transparencia fiscal" se incluyen las normas propuestas sobre Auditor�a Interna de Gobierno, las cuales esta tarde han sido objeto de discusi�n.

        
		Con este proyecto hemos buscado fortalecer los sistemas de control, no debilitarlos. Pretendemos desarrollar un sistema de auditor�a interna, no para reemplazar otros organismos de control existentes, sino m�s bien para extender o fortalecer el poder administrador destinado a ejercer el control interno en las instituciones del Estado.

        
		Quiz�s la mejor forma de entender la legislaci�n que proponemos, en particular el T�tulo I, es leer su texto en sentido inverso.

        
		Primero, se formaliza la funci�n de auditores internos en las instituciones p�blicas. Atendiendo a una observaci�n como la que acaba de hacer el Senador se�or Silva, se establece que el auditor institucional depender� directamente del jefe superior, a quien prestar�n apoyo en las tareas vinculadas al funcionamiento y fortalecimiento del sistema de auditor�a y control interno. Es decir, primero que todo, en los servicios p�blicos, conforme a la l�gica del principio del control jer�rquico, se incorpora la figura del auditor interno.

        
		En seguida, cuando se plantea la creaci�n de los auditores ministeriales, las funciones asignadas al Consejo de Auditor�a Interna de Gobierno -tema objeto de bastante debate- tienen que ver con coordinar, proponer y analizar materias de auditor�a interna, pero no con ejecutarlas directamente. 

        
		�se es el sentido que se intenta dar al Consejo de Auditor�a Interna de Gobierno, cuyas funciones, seg�n el art�culo 5�, ser�an:

        
		"a) Proponer, coordinar e implementar pol�ticas y planes y programas de auditor�a interna"...

        
		"b) Verificar, analizar y evaluar los resultados, proyecciones y obst�culos de las auditor�as y otras acciones desarrolladas por los �rganos de la Administraci�n el Estado"...

        
		"c) Conocer, hacer observaciones y aprobar la formulaci�n de planes y programas ministeriales institucionales"...

        
		"d) Requerir la ejecuci�n de auditor�as de car�cter selectivo con el objeto de propender al fortalecimiento de la probidad"�

        
		"e) Proporcionar orientaciones, instrumentos y normas t�cnicas"�

        
		"f) Someter a la consideraci�n del Presidente de la Rep�blica estudios e iniciativas legales y reglamentarias"...

        
		"g) Evacuar informes en materias de su competencia requeridos por el Presidente de la Rep�blica"...

        
		"h) Ejercer las dem�s funciones que le encomiende el Presidente de la Rep�blica"�

        
		Es decir, lo que hace, esencialmente, la instituci�n que se crea ac� es coordinar, fortalecer, apoyar la funci�n de los auditores internos. No es un organismo que ejerza directamente funciones de auditor�a sobre la Administraci�n.

        
		�se es el sentido fundamental de lo que se encuentra establecido en este proyecto. Ello es producto -como aqu� se se�al�- de la experiencia  habida con el Consejo de Auditor�a Interna General de Gobierno, que ha funcionado al amparo del decreto citado, y, tambi�n, de las consultas que hicimos con expertos.

        
		Entonces, en ese sentido, lo que buscamos y la cuesti�n sobre la cual es importante avanzar dice relaci�n a si creemos que vale la pena, que es �til para la Administraci�n P�blica, el que el Poder Administrador del Estado, el Ejecutivo, cuente en las instituciones p�blicas con una red de auditores internos que apoyen a los jefes de servicio y que exista una entidad que coordine, que preste apoyo t�cnico a esos especialistas.

        
		Indudablemente, dentro de esa idea general, que responde a una tendencia observada en muchos pa�ses -dir�a que Chile, en este momento, no contando con un sistema de auditor�a interna, es m�s una excepci�n que parte de una regla-, todo lo aqu� planteado es perfectible. Nosotros concurriremos a todas las instancias que nos se�ale el Honorable Senado para analizar el contenido del proyecto y mejorarlo.

        
		Pero, para terminar con este punto, simplemente quisiera aclarar dos cosas, en particular con relaci�n a la Contralor�a General de la Rep�blica. Primero -siguiendo lo indicado por el Senador se�or Larra�n-, lo que ha sido la experiencia durante los �ltimos a�os es la de no haber tenido ning�n conflicto ni diferencia con el organismo contralor.

        
		Y lo digo con conocimiento de causa, porque he formado parte del Consejo durante toda la Administraci�n del Presidente Lagos e incluso lo he presidido en los �ltimos dos a�os. Y en todo ese per�odo hemos mantenido una relaci�n de entendimiento, de coordinaci�n.

        
		En segundo lugar, tambi�n quisiera despejar la duda de que legislar sobre esta materia implica abandonar o debilitar la idea de reforzar las funciones de la Contralor�a. Deseo recordar que, en cuanto Ministerio de Hacienda, hemos impulsado un proyecto para fortalecerla institucionalmente, el cual ha contado con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, y que en estos momentos estamos en el proceso de discusi�n del proyecto de Ley de Presupuestos del sector p�blico para 2006, durante el cual el se�or Contralor, cuando se trat� lo relativo a la entidad a su cargo, manifest� su conformidad con los recursos propuestos.

        
		Y quiero subrayar que con el organismo contralor estamos conversando para fortalecer sus funciones, en particular para que cuente con el personal adecuado para desarrollarlas. Eso lo hacemos al mismo tiempo que proponemos legislar para institucionalizar el sistema de auditor�a interna.

		Por consiguiente, para nosotros no existe una oposici�n, por as� decirlo, entre las dos cosas. Por un lado, nos interesa institucionalizar el sistema de auditor�a interna, porque creemos importante que el Ejecutivo, en cuanto Poder Administrador, lo considere parte de sus funciones y que ello no descanse s�lo en un �rgano externo o en la conciencia o sentido de responsabilidad de cada individuo que integre la Administraci�n. Es bueno que �sta cuente con un mecanismo que desarrolle una capacidad preventiva en ese �mbito. Lo anterior no obsta, por otra parte, a lo que podamos hacer para avanzar en dotar a la Contralor�a General de la Rep�blica de los recursos y medios para que cumpla adecuadamente con sus funciones. Quisiera dejar claro este �ltimo punto, tanto por la experiencia de los �ltimos a�os como por los asuntos en los cuales estamos trabajando con ese organismo.

      
El se�or ROMERO (Presidente).- Se encuentran inscritos para intervenir los Honorables se�ores Boeninger y Andr�s Zald�var.

      
El se�or ZALD�VAR (don Andr�s).- �Me permite, se�or Presidente?

      
El se�or ROMERO (Presidente).- Tiene la palabra, se�or Senador.

      
        
El se�or ZALD�VAR (don Andr�s).- Se�or Presidente, casi hay unanimidad para que el proyecto vuelva a Comisi�n, a fin de verificar y precisar las cosas en que se ha manifestado objeci�n en la Sala.

        
		Ojal� que este debate no se repita en una pr�xima sesi�n, sino que lo demos por hecho.

        
El se�or ROMERO (Presidente).- �Ir�a a la de Constituci�n o a la de Gobierno, se�or Senador?

        
El se�or ZALD�VAR (don Andr�s).- Puede enviarse a ambas, pero, a mi juicio, lo mejor es que sea a la primera de ellas solamente.

        
El se�or ROMERO (Presidente).- Parece no haber problema en ello.

        
		Si le parece a la Sala, as� se proceder�.

        
		Hago presente que queda poco tiempo.

		Tiene la palabra el Honorable se�or Larra�n.

      
        
El se�or LARRA�N.- Se�or Presidente, por lo menos desde el punto de vista de la Comisi�n de Gobierno -no est�n todos sus miembros, pero reci�n habl� con el Senador se�or N��ez-, no tenemos inconveniente.

		Creo que las dudas planteadas tanto por el Honorable se�or Silva como por otros se�ores Senadores requieren un an�lisis sobre todo de la Comisi�n de Constituci�n, sin que sea necesario que el texto vuelva a la de Gobierno, donde hicimos un an�lisis razonablemente bien presentado y avalado.

      
El se�or ROMERO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Boeninger.

      
        
El se�or BOENINGER.- Se�or Presidente, justamente hab�a pedido intervenir para solicitar que la iniciativa se enviara a la Comisi�n de Constituci�n, a fin de no repetir un debate que ha sido muy largo en la de Gobierno, pero, adem�s, pensando en lo siguiente.

		En lo personal, creo que el proyecto es de la mayor importancia. Sin embargo, se han presentado reparos leg�timos. Me parece que ser�a bueno que la Sala lo votara -desde luego, porque es de qu�rum- en el momento en que empezara a restablecerse la asistencia normal. Todos sabemos que eso tiene una fecha fija perfectamente conocida. De modo que la vuelta a Comisi�n permite dilucidar las dudas y, al mismo tiempo, votar con asistencia plena en la Sala.

      
El se�or ROMERO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Gazmuri.

      
        
El se�or GAZMURI.- Se�or Presidente, veo que estoy en completa minor�a. Pero igual quiero decir que la idea de que, cuando hay diferencias, un proyecto pase siempre y en general a la Comisi�n de Constituci�n o a la de Hacienda me parece un p�simo procedimiento legislativo, porque eso significa inhibir al resto de los �rganos t�cnicos para efectuar el an�lisis que les corresponde, as� como establecer una especie de Comisi�n contralora.

		No estoy de acuerdo con ese mecanismo; pero, si lo apoya el parecer de la Sala, quiero dejar estampada mi opini�n al respecto.

      
        
El se�or ROMERO (Presidente).- Si no hay objeciones, y con la observaci�n planteada por el Senador se�or Gazmuri, el proyecto se enviar� a la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento.

		--As� se acuerda.

    
    
    
      
DESIGNACI�N DE SE�ORES ERNESTO FONTAINE FERREIRA-NOBRIGA Y ERNESTO LIVACIC ROJAS EN CONSEJO RESOLUTIVO DE SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO

      
        
El se�or ROMERO (Presidente).- Solicitud de Su Excelencia el Vicepresidente de la Rep�blica para que el Senado otorgue su acuerdo con el objeto de designar a los se�ores Ernesto Fontaine Ferreira-Nobriga y Ernesto Livacic Rojas como representantes del Primer Mandatario en el Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego, con informe de la Comisi�n de Gobierno, Descentralizaci�n y Regionalizaci�n.

        
	--Los antecedentes sobre la solicitud (S 828-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

        
	Se da cuenta en sesi�n 41�, en 12 de octubre de 2005.

        
	Informe de Comisi�n:

        
	Gobierno, sesi�n 43�, en 19 de octubre de 2005.

        
El se�or HOFFMANN (Secretario).- En conformidad a la ley N� 19.995, que establece las bases generales para la autorizaci�n, funcionamiento y fiscalizaci�n de casinos de juego, integrar�n el Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego, entre otros, dos representantes del Presidente de la Rep�blica, nombramiento que requiere el acuerdo del Senado. En consecuencia, Su Excelencia el Vicepresidente de la Rep�blica formula la solicitud correspondiente para designar con ese car�cter a los se�ores Fontaine y Livacic.

        
		La Comisi�n, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables se�ores Cantero, Larra�n y N��ez, coincidi� en que los candidatos propuestos re�nen todas las exigencias profesionales y de idoneidad para el desempe�o de tales funciones.

        
		El pronunciamiento afirmativo de la Sala debe ser por la mayor�a absoluta de los se�ores Senadores presentes.

El se�or ROMERO (Presidente).- Existe un acuerdo de Comit�s en el sentido de que la solicitud sea aprobada sin debate, lo que no obsta al informe sobre el asunto.

      
		Tiene la palabra el Honorable se�or Larra�n.

      
        
El se�or LARRA�N.- Como Presidente de la Comisi�n, s�lo quiero se�alar que efectivamente nos reunimos con los dos candidatos propuestos. Creo que vale la pena consignarlo, aunque sea en forma breve, porque me parece un precedente muy positivo el adoptado por esta Corporaci�n en el sentido de que, respecto de cada designaci�n que requiera su acuerdo, las personas sugeridas sean recibidas por la Comisi�n correspondiente, con el objeto de generar procedimientos que mejoren el trabajo del Senado.

        
		En el caso de que se trata, tanto el se�or Ernesto Fontaine como el se�or Ernesto Livacic son, como lo destacan sus curr�culum �se trata de personalidades conocidas, por lo dem�s, en el medio nacional-, altamente competentes en su �mbito profesional y de una idoneidad que los hace especialmente aptos para desempe�arse en el cargo.

        
		Sin perjuicio de que la decisi�n corresponde a la Sala, la Comisi�n ha efectuado su cometido en los t�rminos descritos y ha quedado conforme en el sentido de que los candidatos propuestos por el Vicepresidente cumplen con los objetivos que la ley demanda para una designaci�n de la entidad de la que nos ocupa.

        
		En todo caso, deseo manifestar que hay un error de hecho en los roles �nicos tributarios acompa�ados a la documentaci�n, aun cuando constituya una cuesti�n meramente formal.

		He dicho.

      
El se�or ROMERO (Presidente).- Se har� la aclaraci�n del caso, se�or Senador.

      
		Como los Comit�s acordaron que la solicitud se aprobara sin debate y existi� unanimidad en la Comisi�n, �habr�a acuerdo para acogerla?

      
El se�or OMINAMI.- Ello, en el entendido de lo manifestado en la reuni�n de Comit�s en cuanto a que esto corresponde a una designaci�n espec�fica cuya modalidad no se encuentra establecida en la ley�

      
El se�or ROMERO (Presidente).- As� es.

      
El se�or OMINAMI.- � y, por tanto, no significa sentar un precedente respecto de otros nombramientos.

      
El se�or ROMERO (Presidente).- Efectivamente, Su Se�or�a.

      
--Se accede a la solicitud de Su Excelencia el Vicepresidente de la Rep�blica.

    
    
)-------------(

    
El se�or ROMERO (Presidente).- Con relaci�n al tratamiento del siguiente asunto, pido autorizaci�n para que se incorpore a la Sala la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, se�ora Adriana Delpiano.

    
		--Se accede.

    
      
PR�RROGA DE COEFICIENTES DE DISTRIBUCI�N

      
DE FONDO COM�N MUNICIPAL Y ESTABLECIMIENTO

      
DE MECANISMO DE COMPENSACI�N

      
        
El se�or ROMERO (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo tr�mite constitucional, que prorroga para el a�o 2006 la aplicaci�n de los coeficientes de distribuci�n del Fondo Com�n Municipal vigentes durante 2005 y establece un mecanismo de compensaci�n, con informe de las Comisiones de Gobierno, Descentralizaci�n y Regionalizaci�n y de Hacienda, unidas. La urgencia ha sido calificada de "discusi�n inmediata".

        
        
	--Los antecedentes sobre el proyecto (4015-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

        
	Proyecto de ley:

        
	En segundo tr�mite, sesi�n 43�, en 19 de octubre de 2005.

        
	Informe de Comisi�n:

        
	Gobierno y Hacienda, unidas, sesi�n 44�, en 2 de noviembre de 2005.

        
El se�or HOFFMANN (Secretario).- El objetivo de la iniciativa es mantener durante el a�o pr�ximo el r�gimen vigente para la distribuci�n del Fondo Com�n Municipal, esto es, los coeficientes de 90 y 10 por ciento que establece el art�culo 38 de la Ley de Rentas Municipales.

        
		En caso de que las municipalidades vieren reducidas las cantidades que se estime recibir�n del Fondo en 2006, con relaci�n a los montos percibidos durante el presente a�o, obtendr�n una compensaci�n que cubrir� el ciento por ciento de la disminuci�n de ingresos.

        
		Las Comisiones unidas aprobaron en general y en particular el texto por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores se�ores Boeninger, Garc�a, Larra�n, Ominami y N��ez) en los mismos t�rminos en que lo hizo la C�mara de Diputados.

        
		Cabe se�alar que la iniciativa debe ser debatida en general y particular a la vez por tener urgencia calificada de "discusi�n inmediata".

El se�or ROMERO (Presidente).- En discusi�n general y particular el proyecto.

      
		Ofrezco la palabra al Honorable se�or Larra�n.

      
        
El se�or LARRA�N.- Rendir� un informe muy breve, como Presidente de las Comisiones de Hacienda y de Gobierno, unidas, que se constituyeron hoy en la ma�ana para revisar la iniciativa en estudio, cuya estructura es bastante simple.

        
		B�sicamente, se propone mantener para 2006 el mismo r�gimen de distribuci�n del Fondo Com�n Municipal habido en 2005, de manera de garantizar que todos los municipios reciban recursos por una cantidad similar a la percibida durante el presente a�o.

        
		�Qu� es lo que ocurre? Se trata de la aplicaci�n de los indicadores conforme a los cuales se reparte dicho Fondo, el cual se halla estructurado en dos partes: 90 por ciento del total es objeto de un coeficiente de distribuci�n por determinado camino y 10 por ciento corresponde a un criterio diferente. Esa f�rmula, debido a los cambios que se producen en la realidad, agravados en este caso por la Ley de Rentas Municipales, puede significar que algunos municipios reciban en 2006 -como ocurri� inicialmente en 2005- menos aportes que en el a�o anterior.

        
		Y as� como lo hicimos respecto del a�o en curso, el proyecto apunta a que, cualquiera que sea la aplicaci�n de los �ndices a que me he referido -�stos se encuentran establecidos por la ley que regula la creaci�n del Fondo Com�n Municipal-, durante 2006 se mantenga a lo menos lo mismo que se percibi� en 2005. En el a�o en curso se realiz� lo propio respecto de los ingresos de 2004. De esa forma, los municipios podr�n mejorar su participaci�n en los recursos de ese origen, pero no percibir montos inferiores que los ya recibidos.

        
		El tema central es que el Fondo Com�n Municipal se halla en revisi�n, porque los coeficientes producen de repente distorsiones. No obstante las bondades del sistema, que ha permitido una cierta redistribuci�n del ingreso municipal, apoy�ndose por esta v�a a comunas descentralizadas y a comunas m�s pobres, ha habido ciertas alteraciones.

        
		Sobre el particular, el Ejecutivo, a trav�s de la se�ora Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, inform� que pr�ximamente ingresar� a tr�mite legislativo un proyecto para reestudiar la estructura del Fondo, de manera de poder adecuarlo a las nuevas realidades y evitar la distorsi�n.

        
		Por lo tanto, con esta iniciativa estamos haciendo lo mismo que antes resolvimos para este a�o, cual es que, mientras no se efect�e la revisi�n, se apliquen en 2006 los �ndices que corresponden, pero asegur�ndose que en ning�n caso los municipios perciban un ingreso menor que en el a�o presupuestario 2005. Para esos efectos, se establece que recibir�n una compensaci�n econ�mica, la cual se obtendr� en virtud de la Ley de Presupuestos.

        
		Por tal motivo, los integrantes de las Comisiones de Hacienda y de Gobierno, unidas -las cuales se reunieron durante la ma�ana-, solicitamos de manera un�nime que este proyecto sea aprobado tambi�n por la Sala en los t�rminos propuestos.

		He dicho.

      
El se�or ROMERO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Sabag.

      
        
El se�or SABAG.- Ser� muy breve, se�or Presidente.

        
		Desde luego, me pronunciar� a favor de la iniciativa, que fue aprobada por unanimidad.

        
		Sin perjuicio de lo anterior, deseo se�alar que existen inequidades entre municipios de la misma categor�a y condiciones, por cuanto unos reciben 2 mil millones de pesos del Fondo Com�n Municipal, por ejemplo, y otros, 700 millones de pesos, a pesar de que presentan similar situaci�n socioecon�mica y m�s habitantes.

        
		La Regi�n que represento comprende 26 comunas donde se registra ese tipo de desigualdades. Entonces, la gente pregunta qu� pasa y piensa que se han hecho arreglos, ante lo cual s�lo cabe responder que no media ninguno y que eso se debe a los coeficientes.

        
		�Algo est� mal! Y es necesaria una revisi�n, porque se produce una inequidad evidente, sobre todo en los municipios m�s peque�os.

        
		Estoy de acuerdo en aprobar el proyecto como lo ha presentado el Ejecutivo, pero est� claro que los coeficientes deben ser reestudiados. Ojal� que ello ocurra con motivo de la iniciativa anunciada, con relaci�n a la cual estaremos muy atentos.

		Gracias.

      
El se�or ROMERO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or R�os.

      
        
El se�or R�OS.- Se�or Presidente, votar� a favor del texto que nos ocupa, pero quiero advertir lo siguiente.

        
		Comparto lo manifestado por el Senador se�or Sabag, mas deseo agregar otro elemento que es oportuno comenzar a analizar en el futuro con respecto a estas disposiciones.

        
		Hace aproximadamente un mes y medio intervine en la hora de Incidentes acerca de las nuevas orientaciones en materia de asentamientos urbanos entregadas por el �ltimo censo, del a�o 2002. En aquella ocasi�n se�al� que en Chile se hab�a creado, casi en forma espont�nea, una suerte de eje central, con bastante fortaleza, compuesto por ciudades como Rancagua, Curic�, Talca, Linares, Chill�n, Los �ngeles, Temuco, Osorno, en fin; y hacia el norte, por Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, Copiap�.

        
		Y eso es verdad. La emigraci�n que iba rumbo a Santiago se detuvo en parte, porque en esas ciudades la gente encontr� servicios que no ten�a antes: universidades; salud, con todas las especialidades; comercio y otros, en fin, de apoyo diverso. Esto, sin duda, beneficia al pa�s, por cuanto se estructuran asentamientos humanos m�s poderosos, m�s fuertes.

        
		Sin embargo, junto con lo anterior, expres� tambi�n que cuarenta comunas, a lo menos, iban derechamente a desaparecer en los pr�ximos tiempos. Incluso adelant� una cifra: 10 a�os. Y la raz�n era evidente.

        
		Mi planteamiento fue a prop�sito de una intervenci�n que, cuando se discut�a el llamado "proyecto de ley de Rentas Municipales II", hizo el Senador se�or Espina, quien record� que la comuna de Lumaco ten�a como presupuesto de inversi�n s�lo 10 millones de pesos. Su Se�or�a, conociendo las caracter�sticas de Lumaco y el costo que significaba su administraci�n s�lo por concepto del concejo municipal, conclu�a que este �ltimo se quedaba con algo as� como 36 millones de pesos -es lo que implican tanto el alcalde como los concejales- y que otros 10 millones de pesos se repart�an en obras a beneficio de los habitantes. Es decir, 36 millones de pesos para siete personas y 10 millones de pesos para 11 mil personas.

        
		Lo anterior significaba, a su vez, otro hecho: del an�lisis de los presupuestos de las cuarenta comunas mencionadas -tuve la oportunidad de conocer muchos de ellos- se desprend�a que, efectivamente, el costo de varios concejos municipales sobrepasaba el uno por ciento del presupuesto global de la comuna respectiva. Y en muchos casos se superaba en 200 � 300 por ciento el presupuesto de inversi�n.

        
		�Por qu� se�alo esto, se�or Presidente? Porque es evidente que tenemos que ir avanzando hacia una nueva forma de administraci�n de aquellos asentamientos humanos que est�n concluyendo su vida �til. Es un poco duro lo que estoy diciendo, pero es as�. 

        
		Lo anterior significa que deber�n existir distintos criterios, tanto para la asignaci�n de recursos -dependiendo de si queremos fortalecer o no este eje central- como para resolver cu�l ser� el destino de esas sociedades comunales, rurales o mineras, que tambi�n tienden a desaparecer y cuya mantenci�n implica un costo muy alto para el Fisco.

        
		Hay comunas que, por sus importantes efectos geopol�ticos, resulta indispensable mantener. Otras, no, por cuanto el enorme gasto que representa su administraci�n termina provocando desilusi�n en sus habitantes en materia de inversi�n y desarrollo.

        
		Lo expuesto constituye un hecho real que, como dije, amerita la reformulaci�n de la Administraci�n del Estado en el �mbito comunal.

        
		Por �ltimo, el Fondo Com�n Municipal tiene efectos positivos.

        
		Algo que, en general, no acepto en mis conversaciones con los alcaldes y concejales es que me hablen de "comunas pobres". Las comunas no son entes aut�nomos territorialmente distintos del Estado chileno. Y �ste no es pobre, sino que cuenta con recursos suficientes. Hoy d�a tiene excedentes cercanos a 3 mil 800 millones de d�lares.

        
		Por tal motivo, esa pobreza comunal radica, de modo b�sico, en una sola cosa: en la incapacidad de la autoridad local para ejercer las funciones que le son propias y la potestad que la Constituci�n le entrega para coordinar la acci�n p�blica; asumir compromisos y responsabilidades de otros personeros que no act�an dentro de su jurisdicci�n; conocer el Presupuesto de la Naci�n y ver su aplicaci�n, etc�tera. Son tantos elementos que, en definitiva, generan el establecimiento de otras normas destinadas a marginar la investigaci�n y fiscalizaci�n de tales autoridades, quienes, desde mi punto de vista, est�n destruyendo el futuro de los habitantes de esas comunas.

		Por tal motivo, se�or Presidente, voy a votar a favor de la iniciativa. Pero advierto que, en mis futuras intervenciones, alentar� a otros se�ores Senadores interesados tambi�n en el problema de los asentamientos humanos a observar la nueva realidad geogr�fico-pol�tica, en que 40 comunas deber�n desaparecer, y el fortalecimiento de ese eje central tan poderoso, que permita al pa�s crecer de manera m�s arm�nica.	

      
El se�or ROMERO (Presidente).- La se�ora Subsecretaria me hab�a pedido la palabra. 

      
		Puede hacer uso de ella, con la venia de la Sala.

      
        
La se�ora DELPIANO (Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo).- Se�or Presidente, quiero intervenir, en forma muy breve, en funci�n de los antecedentes se�alados por los se�ores Parlamentarios.

        
		El proyecto sobre redise�o del Fondo Com�n Municipal -esperamos que llegue al Congreso el pr�ximo lunes-, en el cual se ha trabajado exhaustivamente con la Asociaci�n Chilena de Municipalidades, busca simplificar el conjunto de variables con las cuales se calcula hoy el Fondo y, adem�s, eliminar el 10 por ciento que se reparte por concepto de eficiencia y emergencia. En fin, es una materia compleja y que requiere mayor tiempo para realizar una discusi�n en profundidad.

        
		Estamos convencidos de que se trata de una buena iniciativa. Sin embargo, dado el sistema de tramitaci�n legislativa, hemos propuesto prorrogar la actual distribuci�n del Fondo Com�n durante el a�o 2006, de modo de garantizar -como bien dec�a el Senador se�or Larra�n- que ning�n municipio reciba una cantidad inferior a la percibida en 2005. �sta podr� aumentar, pero en ning�n caso disminuir.

        
		En seguida, deseo expresar lo siguiente.

        
		El Fondo Com�n ha ido creciendo sostenidamente en el tiempo. A fines del a�o pasado informamos que ascend�a a 400 mil millones de pesos; durante 2005 ha llegado a 430 mil millones, que han sido repartidos por la Tesorer�a General de la Rep�blica a todos los municipios; y es probable que el pr�ximo a�o, con los ingresos provenientes de la Ley de Rentas II, bordee los 480 mil millones de pesos. 

        
		�sa es la verdad.

        
		En cuanto a lo planteado por el Senador se�or R�os, es indudable que constituye un tema muy de fondo. Pero, considerando la geograf�a de Chile, vale la pena preguntarse c�mo se administran territorios que son muy aislados, muy lejanos, pero respecto de los cuales existe el inter�s geopol�tico de mantener en ellos la poblaci�n. Por lo tanto, contamos con municipios de estructura muy peque�a para administrar zonas bastante grandes, y con localidades peque�as donde hay gran concentraci�n de personas. Pero �sa es la realidad del poblamiento del pa�s.

        
		Creo que la iniciativa sobre redise�o del Fondo permitir� abocarse a esos aspectos, que preocupan tanto al Ejecutivo como al Legislativo. 

		El proyecto en debate posibilitar� contar el pr�ximo 1� de diciembre con un instrumento para repartir la cuota del Fondo Com�n a todos los municipios, manteniendo las actuales condiciones y garantizando que ninguno de ellos baje su participaci�n, de la cual vive un importante n�mero de comunas.

      
        
El se�or ROMERO (Presidente).- Ofrezco la palabra.

        
		Ofrezco la palabra.

        
		Cerrado el debate.

        
		Si le pareciera a la Sala, se aprobar�a la iniciativa.

.		--Por unanimidad, se aprueba en general y en particular el proyecto, cuya tramitaci�n queda terminada.

    
    
_______________

    
El se�or ROMERO (Presidente).- Como la iniciativa sobre abogados integrantes de Cortes de Apelaciones y la relativa al genocidio y cr�menes de lesa humanidad y de guerra tienen car�cter org�nico constitucional, las trataremos en �ltimo t�rmino, porque en este momento no hay qu�rum.

    
      
PROTOCOLO DE USHUAIA SOBRE COMPROMISO DEMOCR�TICO

      
EN MERCOSUR, BOLIVIA Y CHILE

      
        
El se�or ROMERO (Presidente).- Proyecto de acuerdo, en segundo tr�mite constitucional, que aprueba el "Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democr�tico en el Mercosur, la Rep�blica de Bolivia y la Rep�blica de Chile", suscrito el 24 de julio de 1998, con informe de la Comisi�n de Relaciones Exteriores y urgencia calificada de "simple".

        
--Los antecedentes sobre el proyecto (2517-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

        
	Proyecto de acuerdo:

        
	En segundo tr�mite, sesi�n 12�, en 10 de julio de 2001.

        
	Informe de Comisi�n:

        
	Relaciones Exteriores, sesi�n 44�, en 2 de noviembre de 2005.

        
El se�or HOFFMANN (Secretario).-	El objetivo principal de la iniciativa es asignar a la cl�usula democr�tica que impera en el Mercosur un car�cter jur�dico vinculante.

        
		La Comisi�n de Relaciones Exteriores aprob� en general y en particular el proyecto de acuerdo por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores se�ores Coloma, Larra�n, Mart�nez y Pizarro), en los mismos t�rminos en que lo hizo la Honorable C�mara de Diputados, y propone al se�or Presidente que la Sala lo discuta en la misma forma, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 127 del Reglamento.

        
El se�or ROMERO (Presidente).- �Qu� opina al respecto el se�or Presidente de la Comisi�n?

        
El se�or COLOMA.- Me parece que basta con la relaci�n del se�or Secretario.

El se�or ROMERO (Presidente).- En discusi�n general y particular.

      
		Ofrezco la palabra.

      
		Ofrezco la palabra.

      
		Cerrado el debate.

      
		Si le parece a la Sala, se aprobar�.

      
--Por unanimidad, se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo, el cual queda despachado en este tr�mite.

      
        
El se�or R�OS.- Se�or Presidente, yo estaba pidiendo la palabra.

        
El se�or ROMERO (Presidente).- Le doy excusas. 

        
		Puede hacer uso de ella, Su Se�or�a.

        
El se�or R�OS.- Se�or Presidente, yo habr�a sido partidario de aprobar este Protocolo despu�s de que lo hiciera el Congreso boliviano.

        
El se�or N��EZ.- �Por qu�?

        
El se�or R�OS.- �Hay que saber qu� opina don Evo Morales acerca de este instrumento�!

        
El se�or N��EZ.- �Est� equivocado de pel�cula, Honorable colega�!

        
El se�or R�OS.- En verdad, Bolivia no respeta para nada lo se�alado en este Acuerdo. 

        
		Pienso que no es bueno acoger algo que otros pa�ses no est�n dispuestos a sancionar.

        
El se�or ROMERO (Presidente).- Pero con Bolivia estamos asociados al Mercosur.  Y el Protocolo se refiere al compromiso democr�tico de dicho organismo.

        
El se�or R�OS.- Pero obliga a ambos pa�ses a asumir ese compromiso.

        
El se�or ROMERO (Presidente).- S�.

        
El se�or R�OS.- Chile no tiene problema en asumirlo.

        
El se�or ROMERO (Presidente).- Correcto; pero el compromiso es del Mercosur.

        
El se�or OMINAMI.- �Con mayor raz�n!

        
El se�or R�OS.- Hemos conocido las declaraciones de un candidato a la Presidencia de Bolivia que sostiene que, si no es elegido Presidente, el pueblo ind�gena se tomar� las calles y los caminos. A lo mejor, seg�n el criterio de algunas personas de la naci�n altipl�nica, eso es muy democr�tico.

        

		Por eso, me habr�a gustado que el Parlamento de ese pa�s aprobara el Protocolo antes que nosotros, para no quedar en esta especie de soledad democr�tica en que est� viviendo Chile dentro de Am�rica Latina. 

        
El se�or ROMERO (Presidente).- En todo caso, ya se aprob� el proyecto de acuerdo. �

		Se dejar� constancia de las importantes declaraciones que ha hecho el se�or Senador sobre el punto.

    
    
      
ACLARACI�N DE NORMAS DE LEY N� 20.004 E INCLUSI�N DE LEY DE QUIEBRAS EN C�DIGO DE COMERCIO

      
        
El se�or ROMERO (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo tr�mite constitucional, sobre aclaraci�n del sentido de la Ley de Quiebras en la forma que indica, con informe de la Comisi�n de Econom�a.

        
--Los antecedentes sobre el proyecto (3965-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

        
	Proyecto de ley:

        
	En segundo tr�mite, sesi�n 36�, en 14 de septiembre de 2005.

        
	Informe de Comisi�n:

        
	Econom�a, sesi�n 44�, en 2 de noviembre de 2005.

        
El se�or HOFFMANN (Secretario).- Los objetivos principales de la iniciativa son:

        
		Dejar claramente establecido que los n�meros 10 y 14 del art�culo �nico de la ley N� 20.004 derogaron los antiguos art�culos 30 y 35 de la Ley de Quiebras.

        
		Incorporar al Libro IV del C�digo de Comercio la Ley de Quiebras y sus modificaciones, bajo la denominaci�n "De las Quiebras", excluyendo el T�tulo II de la Ley de Quiebras, que se mantendr� como Org�nica de la Superintendencia de Quiebras.

        
		La Comisi�n de Econom�a acord� debatir el proyecto en general y en particular a la vez, por ser de art�culo �nico, y proponer al se�or Presidente que la Sala proceda en la misma forma, y le prest� su aprobaci�n por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables se�ores Cariola, Garc�a y V�squez.

        
		En la discusi�n particular, efectu� una modificaci�n al proyecto despachado por la C�mara de Diputados, la cual consiste en incorporar al Libro IV del C�digo de Comercio la Ley de Quiebras y sus modificaciones, salvo lo relativo a la Ley Org�nica de la Superintendencia, enmienda que fue acordada tambi�n por unanimidad.

        
		El texto propuesto por la Comisi�n se transcribe en su informe.

El se�or ROMERO (Presidente).- En la discusi�n general y particular del proyecto, tiene la palabra el Honorable se�or Garc�a.

      
        
El se�or GARC�A.- Se�or Presidente, la Comisi�n de Econom�a, en forma un�nime, estim� necesaria la aprobaci�n de esta iniciativa, pese a ser bastante curiosa.

        
		Ocurre que, al dictarse la Ley de Quiebras, la Editorial Jur�dica interpret� que los art�culos 30 y 35 de la ley N� 18.175 no estaban derogados, no obstante haber sido reemplazados por otras normas, en virtud de los n�meros 10 y 14 del art�culo �nico de la ley N� 20.004.

        
		Dado que esa Editorial es la encargada de publicar las normas jur�dicas y que ella hab�a realizado una interpretaci�n a nuestro juicio incoherente, concordamos en la necesidad de establecer expresamente que los numerales 10 y 14 derogaban t�citamente los referidos art�culos 30 y 35. Y se aprovech� la iniciativa para incorporar en el C�digo de Comercio la Ley de Quiebras, bajo la denominaci�n "De las quiebras", dej�ndose en claro que �sta es una materia que debe formar parte de aqu�l.

		Por tal raz�n, la Comisi�n de Econom�a recomienda a la Sala que apruebe el proyecto.

      
      
El se�or ROMERO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or V�squez.

      
        
El se�or V�SQUEZ.- Se�or Presidente, el proyecto tiene importancia, adem�s, en cuanto mantiene la historia fidedigna y completa de la dictaci�n del C�digo de Comercio, a partir del a�o 1867. El Libro IV, "De las quiebras", estaba contenido en el C�digo original. Con posterioridad, lo modific� la ley N� 4.558 y qued� como texto separado.

        
		De all� que la Comisi�n, de acuerdo con la Superintendencia de Quiebras, haya estimado necesario volver a la tradici�n, dejar lo relativo a las quiebras como parte integrante del C�digo, por ser tal asunto de la esencia del comercio, y mantener como texto org�nico separado la ley relativa a la Superintendencia. 

		Por consiguiente, se�or Presidente, solicito aprobar el proyecto en los t�rminos ya informados por el se�or Secretario.

      
El se�or ROMERO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or R�os. 

      
        
El se�or R�OS.- Con todo respeto, se�or Presidente, me parece que dictar una ley para decirle a la Editorial Jur�dica que est� equivocada es dar demasiada importancia a tal entidad. Si se equivoc�, hay que mandar una carta para que corrija su error. Eso es todo. O, por �ltimo, puede aprobarse un proyecto de acuerdo. Pero creo que no le corresponde al Senado de la Rep�blica aprobar una iniciativa legal porque la Editorial Jur�dica interpret� mal un asunto. A lo m�s, cabr�a "dar un coscacho" a los personajes que incurrieron en el error, para que hagan bien las cosas.

		Voy a votar favorablemente, porque la iniciativa consigna la otra norma a que se refiri� el se�or Presidente de la Comisi�n. 	Sin embargo, dejo constancia de que la dignidad del Parlamento implica que las actuaciones nuestras tienen vigencia porque la ley est� dictada y no por estar equivocada la Editorial Jur�dica.

      
El se�or GARC�A.- �Me permite, se�or Presidente? 

      
El se�or ROMERO (Presidente).- Tiene la palabra Su Se�or�a.

      
El se�or GARC�A.- Se�or Presidente, s�lo quiero se�alar que, en una primera instancia, la Comisi�n de Econom�a tuvo la misma reacci�n del Senador se�or R�os. No obstante, la opini�n del Ejecutivo y de la Superintendencia de Quiebras fue que, por no haberse producido una derogaci�n expl�cita de los art�culos en cuesti�n, resultaba mejor aprobar el proyecto. Por eso estamos procediendo de esa forma.

      
        
El se�or ROMERO (Presidente).- Si le parece a la Sala, daremos por aprobada la iniciativa.

		--Se aprueba en general y particular el proyecto, el cual queda despachado en este tr�mite.

    
    
El se�or ROMERO (Presidente).- Tenemos un problema de qu�rum no menor para tratar las iniciativas que restan.

    
		En ese entendido, propongo a la Sala realizar los debates ahora; dejar  pendiente su votaci�n para el inicio de la sesi�n ordinaria del martes pr�ximo, y dejar sin efecto la sesi�n convocada para ma�ana.

    
		Si le parece a la Sala, as� se acordar�.

    
		Acordado. 

    
)----------(

    
El se�or HOFFMANN (Secretario).- Se�or Presidente, omit� hacer presente que hab�a llegado a la Mesa el informe de las Comisiones de Gobierno, Descentralizaci�n y Regionalizaci�n y de Hacienda, unidas, reca�do en el proyecto relativo al Fondo Com�n Municipal, que ya se trat�.

    
El se�or ROMERO (Presidente).- Ya fue aprobado.

    
El se�or HOFFMANN (Secretario).- Lo doy a conocer, se�or Presidente, para cumplir con el Reglamento.

    
El se�or ROMERO (Presidente).- Muy bien.

    
      
	ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE REGULACI�N SOBRE ABOGADOS INTEGRANTES DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA

      
      
        
El se�or ROMERO (Presidente).- Corresponde iniciar la discusi�n general del proyecto de ley de la Honorable C�mara de Diputados que establece un sistema de regulaci�n sobre abogados integrantes, con informe de la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento.

        
--Los antecedentes sobre el proyecto (2950-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

        
	Proyecto de ley:

        
	En segundo tr�mite, sesi�n 20�, en 2 de agosto de 2005.

        
	Informe de Comisi�n:

        
	Constituci�n, sesi�n 43�, en 19 de octubre de 2005.

        
El se�or ROMERO (Presidente).- Tiene la palabra el se�or Secretario.

        
El se�or HOFFMANN (Secretario).- El proyecto tuvo su origen en una moci�n de los Diputados se�ora Cubillos y se�ores V�ctor P�rez, �lvarez, Forni y Moreira.

        
		Su objetivo principal es establecer mayores grados de independencia, imparcialidad y responsabilidad para quienes ejercen como abogados integrantes de los Tribunales Superiores de Justicia, modificando para ello las normas sobre implicancias y recusaciones, haci�ndoles aplicables sistemas de calificaciones, introduciendo el mecanismo del concurso p�blico en el proceso de designaci�n, prolongando el plazo de duraci�n en el cargo, mejorando sus remuneraciones y aumentando las prohibiciones que rigen para tales profesionales cuando se desempe�en en aquella calidad.

        
		La Comisi�n aprob� la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes (Honorables se�ores Espina, Larra�n y Viera-Gallo), en los mismos t�rminos en que lo hizo la C�mara de Diputados. 

        
		En la discusi�n particular, la iniciativa tambi�n deber� ser analizada por la Comisi�n de Hacienda.

        
		Finalmente, corresponde tener presente que los n�meros 1, 2, 3, 4, 6 y 7 del art�culo 1�, y los art�culos primero y segundo transitorios tienen car�cter org�nico constitucional, por lo que requieren para su aprobaci�n el voto conforme de 27 se�ores Senadores.

El se�or ROMERO (Presidente).- En discusi�n general.

      
		Ofrezco la palabra.

      
El se�or ESPINA.- �Me permite, se�or Presidente? 

      
El se�or ROMERO (Presidente).- Tiene la palabra, Su Se�or�a.

      
        
El se�or ESPINA.- Se�or Presidente, este proyecto de ley, en el fondo, replantea un debate que se viene realizando desde hace varios a�os, consistente en determinar si es necesaria la instituci�n de los abogados integrantes.

        
		La Comisi�n opt� por el camino de mantener los abogados integrantes y establecer una nueva regulaci�n, mucho m�s estricta, respecto de la forma como se nombran, de las inhabilidades para ejercer el cargo, de las implicancias en las recusaciones y de un conjunto de otras materias que se contienen en esta iniciativa. Ello, entre otras cosas, porque para terminar con los abogados integrantes es necesario contar con m�s Ministros titulares de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones y el aumento consiguiente es de competencia exclusiva del Presidente de la Rep�blica. El Parlamento no tiene facultades para eliminar a los abogados integrantes y dejar a los Tribunales Superiores de Justicia sin esta instituci�n, toda vez que, como expres�, ello obliga a incrementar el n�mero de Ministros titulares, lo cual es de competencia exclusiva del Primer Mandatario.

        
		En s�ntesis, se define una nueva forma de provisi�n de los cargos de abogados integrantes. En lo esencial, se dispone, a objeto de hacer m�s transparente esta instituci�n, que debe efectuarse  un concurso p�blico de antecedentes para que postulen los interesados. Luego se encarga a las Cortes de Apelaciones y a la Corte Suprema, en su caso, la confecci�n de las listas que contendr�n el n�mero exacto de nombres que sea necesario para elaborar las ternas, de tal manera que no queden postulantes sin posibilidad de ser incluidos en ellas y, eventualmente, nominados.

        
		En segundo lugar, se ampl�an las causales de implicancia o recusaci�n aplicables a los abogados integrantes. En este aspecto, se ampl�a la causal relativa al inter�s que pudiera tener el abogado integrante en la causa que le corresponda fallar, extendi�ndola a las relaciones laborales, comerciales o societarias con el abogado o procurador de alguna de las partes que permitan presumir que su imparcialidad se encuentra comprometida.

        
		En tercer t�rmino, se establece que los abogados integrantes ser�n calificados como los dem�s funcionarios del Poder Judicial, a fin de tener peri�dicamente una evaluaci�n de su desempe�o.

        
		Otra materia que comprende el proyecto dice relaci�n a la especializaci�n de las salas, toda vez que se plantea que habr� que llamar a los abogados a integrar preferentemente una misma sala de la Corte Suprema, debiendo o�rse al interesado antes de efectuar el llamamiento, conforme al orden asignado en la lista de nombramiento.

        
		En seguida, se propone disminuir el n�mero de abogados integrantes seg�n la respectiva Corte de Apelaciones, se�alando un n�mero fijo para cada una de ellas.

        
		Por otra parte, se modifica tambi�n el C�digo Org�nico de Tribunales en lo relativo a la duraci�n del nombramiento, estableci�ndose un plazo de cinco a�os tanto para los abogados integrantes de la Corte de Apelaciones como para los de la Corte Suprema. La diferencia con el sistema actual reside en que ahora se renuevan anualmente.

        
		Adem�s, se hace aplicable a estos profesionales un l�mite de edad para ser designado abogado integrante, que es el mismo que afecta a los Ministros titulares, es decir, 75 a�os.

        
		Asimismo, sin perjuicio de las acciones emanadas de los delitos que pudieren configurarse, en caso de incurrir los abogados integrantes de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema en alguna de las faltas disciplinarias que actualmente sanciona el C�digo Org�nico de Tribunales, de acuerdo con el proyecto de ley en informe, de oficio o a petici�n de parte, el pleno del M�ximo Tribunal conocer� de los hechos sin forma de juicio, escuchando a las partes, y determinar� la existencia o no de las conductas all� se�aladas. De ser as�, se dispone que el abogado integrante ser� removido de su cargo.

        
		Quiz�s una de las m�s severas limitaciones que se agregan al desempe�o del cargo de abogado designado por el Presidente de la Rep�blica para integrar la Corte Suprema es la que proh�be patrocinar causas que se ventilen ante los tribunales de justicia desde que presten juramento y mientras se mantengan en el cargo.

        
		Del mismo modo, se precept�a que a los abogados designados por el Presidente de la Rep�blica para integrar una Corte de Apelaciones les est� prohibido patrocinar juicios que se ventilen ante la Corte respectiva o que sean de competencia de tribunales que ejerzan jurisdicci�n dentro del territorio de ella.

        
		Adem�s, los abogados integrantes no podr�n desempe�ar funciones en empresas p�blicas creadas por ley, ni en sociedades en que el Estado, en forma directa o indirecta, tuviere una participaci�n mayor del 50 por ciento en su capital, administraci�n o utilidades.

        
		Finalmente, se hace aplicable a estos profesionales la obligaci�n de prestar la declaraci�n jurada de intereses que contempla la ley.

        
		Estas enmiendas fueron analizadas y debatidas con los Ministros de la Corte Suprema y con los representantes del Poder Judicial. Creemos que constituyen un claro perfeccionamiento de las normas vigentes y vienen a despejar una serie de cuestiones que pon�an en duda la eficacia de esta instituci�n, en cuanto a que pudiera haber abogados integrantes que cumplieran una doble finalidad; es decir, por un lado, litigar causas en los mismos tribunales, y por otro, integrar salas con Ministros que en otras circunstancias deben fallar esos asuntos o los relativos a los estudios de dichos profesionales.

        
		Por los motivos expuestos, la Comisi�n de Constituci�n  aprob� en forma un�nime el proyecto y solicita al Senado que proceda en igual forma.

		Gracias, se�or Presidente.

      
El se�or ROMERO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Viera-Gallo.

      
        
El se�or VIERA-GALLO.- Se�or Presidente, deseo confirmar lo expuesto por el Senador se�or Espina, quien, en mi concepto, explic� muy bien el contenido de la iniciativa.

        
		La �nica duda que me asalta -la hice presente en la Comisi�n- es si los abogados integrantes deben ser nombrados por el Gobierno o por las Cortes. Porque primero se realizar� un concurso, despu�s habr� una lista confeccionada por la propia Corte y de entre los nombres que figuren en ella, eligir� el Gobierno.

        
		Sin embargo, en principio, me parece m�s razonable que las vacantes sean llenadas mediante autogeneraci�n o cooptaci�n, porque, en el fondo, el abogado integrante reemplaza al Ministro y, por ende, debe ser de confianza del tribunal. 

		Ahora, es verdad que los Ministros son nombrados en parte por la Corte Suprema y en parte por el Gobierno. Pero, en fin, �se es un tema de discusi�n. Por ahora, no tenemos iniciativa sobre esta materia.

      
El se�or ROMERO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Prokurica.

      
        
El se�or PROKURICA.- Se�or Presidente, este proyecto deja las cosas mejor de lo que est�n hoy d�a. Pero es un arreglo un poco "a la chilena". Porque si uno asiste a cualquier seminario o lee alg�n libro sobre la justicia chilena, ver� que nadie est� de acuerdo con los abogados integrantes. �sta es una mala forma de enfrentar una justicia que, en definitiva, termina siempre buscando al abogado integrante que puede mejorar las cosas para tal o cual lado.

        
		Digamos las cosas como son. Aqu� se est� se�alando que no tenemos iniciativa sobre esta materia. Entonces, no legislemos en aquellos asuntos respecto de los cuales carecemos de iniciativa y no hagamos las cosas menos malas, porque �sa es una mala soluci�n.

        
		Derechamente, lo que debe hacerse aqu�, si a las Cortes les resulta dif�cil efectuar su trabajo porque faltan Ministros, es aumentar el n�mero de �stos.

        
		Es preciso hacer una fiscalizaci�n m�s acorde con lo que corresponde. Todos sabemos que en Santiago hay Cortes que, por ejemplo, demoran dos o tres a�os en ver un recurso. Por consiguiente, si se quiere ahogar a la contraparte, basta apelar en un juicio, dejando con ello archivado el proceso por tres a�os. �sa es la realidad.

        
El se�or VIERA-GALLO.- �Me permite una interrupci�n, se�or Senador?

        
El se�or PROKURICA.- Una vez que concluya, Su Se�or�a.

        
		Por lo tanto, habr�a que fiscalizar tambi�n qu� hacen los jueces y determinar si su n�mero es suficiente para la cantidad de causas que les corresponde ver. Con la reforma procesal penal, sin duda, va a bajar la carga de trabajo. 

        
		Sin embargo, �sta es una mala forma de resolver los problemas. Es una soluci�n "a la chilena". Aqu� hacemos menos malo algo que de por s� no corresponde a la org�nica misma de los Tribunales de Justicia.

        
		Francamente, para uno es dif�cil votar en estas materias, porque, por cierto, el argumento va a ser: "�Pero usted no desea que se arregle la situaci�n actual?". Yo quiero que se arregle, pero para ello es necesario hacer una modificaci�n de fondo. No dejemos el germen de algo que va en contra de lo que significa impartir justicia.

        
		A quienes tenemos un m�nimo de formaci�n jur�dica no nos agrada este tipo de arreglos "a lo chasquilla", "a la mala". 

        
		Se dice que el proyecto ampl�a las causales de implicancia y que no se va a poder tramitar. Claro: no van a poder tramitar en un tribunal superior, pero s� en los de primera instancia. �Y qu� le pasa a un juez que sabe que el abogado integrante que est� tramitando un juicio en primera instancia despu�s integrar� la Corte y lo evaluar�? Todos sabemos de qu� se trata esto.

        
		Ojal� podamos dar una soluci�n definitiva a este tema. En mi opini�n, ella consiste en designar m�s Ministros, en caso de ser necesario.

		Con la venia de la Mesa, le concedo una interrupci�n al Senador se�or Viera-Gallo.

      
El se�or ROMERO (Presidente).- Tiene la palabra Su Se�or�a.

      
        
El se�or VIERA-GALLO.- Se�or Presidente, comprendo el celo justiciero del Honorable colega. Sin embargo, el razonamiento de que las cosas menos malas son peores que las m�s malas se o�a m�s bien anta�o en otras bancadas y, a mi entender, no lleva a buen puerto.

        
		Las cuestiones se van mejorando de a poco. Y esta mejor�a cuenta con el apoyo de la Corte Suprema. 

        
		En realidad, nadie puede sostener que nuestra administraci�n de justicia es venal o corrupta; al contrario, se la considera limpia y honesta.

		Adem�s, esta iniciativa proh�be muchas de las pr�cticas a que se refiri� el Senador se�or Prokurica.

      
El se�or ROMERO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Parra.

      
        
El se�or PARRA.- Se�or Presidente, en su minuto votar� a favor del proyecto.

        
		Creo que la instituci�n de los abogados integrantes tiene una larga historia en Chile y, en t�rminos generales, ha contribuido positivamente al buen funcionamiento de los Tribunales Superiores de Justicia.

        
		No obstante, tengo algunas preocupaciones espec�ficas -no fijar� posici�n sobre el particular, pero me parece que son aspectos que habr� que discutir con motivo del segundo informe-; y en esta ocasi�n abordar� s�lo tres.

        
		En primer lugar, me referir� a la norma que suprime definitivamente a los fiscales judiciales y transforma a los actuales en Ministros de las respectivas Cortes.

        
		Creo que este paso obedece a los cambios experimentados por nuestra administraci�n de justicia en los �ltimos a�os. Pero hago presente que simult�neamente est� en discusi�n un proyecto, originado en mensaje, que transforma el sistema de fiscales judiciales para instalar de manera permanente al interior del Poder Judicial cierto mecanismo de control acerca del desempe�o y conducta �tica de los jueces. Hay una contradicci�n manifiesta entre las dos iniciativas, que deber� ser analizada en su minuto.

        
		En segundo t�rmino, en el proyecto se establece el l�mite de edad para ser designado abogado integrante. 

        
		Al respecto, llamo la atenci�n sobre el siguiente punto:

        
		Las normas que fijan l�mites de edad en el acceso a determinadas funciones p�blicas est�n en la Constituci�n Pol�tica de la Rep�blica. Pienso que una ley que los fije, sin que exista sobre el particular una disposici�n fundamental expresa, corre el riesgo de vulnerar el principio de igualdad ante la ley, establecido en el art�culo 19, N� 2�, de la Carta. Y hago presente que, seg�n le� en el informe, el Ministro de la Excelent�sima Corte Suprema don Urbano Mar�n, quien concurri� a emitir opini�n a la Comisi�n, manifest� dudas sobre la conveniencia de fijar dicho l�mite, se�alando que los tribunales superiores se hab�an beneficiado con la experiencia, el criterio, la ponderaci�n de personas que estaban sobre la edad tope a que hice referencia.

        
		Y, en tercer lugar, aludir� a un aspecto que me obliga a hacer una declaraci�n personal. 

        
		Me corresponder� dejar el Senado el 10 de marzo pr�ximo. No aspiro a ser abogado integrante de un tribunal superior de justicia. Sin embargo, este proyecto establece que quienes hayan desempe�ado los cargos de Senador o de Diputado no pueden ser designados abogados integrantes dentro de los dos a�os siguientes a la fecha en que hayan cesado en el cargo.

        
		Recuerdo sobre el particular que el art�culo 59 de la Constituci�n fue modificado y se elimin� la restricci�n que exist�a para que quienes hab�an servido como Diputado o Senador pudieran ser designados para otras funciones p�blicas inmediatamente despu�s de cesar en el cargo. 

		Creo que en esto tiene que existir alg�n grado de consistencia. Y, sin duda, habr� que analizar todos estos temas con detalle cuando se prepare el segundo informe.

      
El se�or ROMERO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or V�squez.

      
        
El se�or V�SQUEZ.- Se�or Presidente, debo confesar que, en el ejercicio profesional como abogado, siempre tuve dudas respecto de la existencia y el funcionamiento de los abogados integrantes, porque, en algunos casos bastante particulares, quienes eran nombrados como tales en forma persistente utilizaban alg�n grado de influencia ante los tribunales inferiores de justicia, incluso se�alando, por ejemplo -me consta en lo personal-, "soy el abogado integrante tanto y ejerzo este cargo desde hace veinte a�os". Y, en consecuencia, miraba la situaci�n con bastante recelo.

        
		Sin embargo, el transcurso del tiempo me fue llevando en la pr�ctica a la convicci�n de que, por lo menos en ciertos asuntos, la instituci�n de los abogados integrantes es absolutamente necesaria. Quiero recordar, por ejemplo, que todas las materias sobre sociedades necesariamente deben ser de arbitraje forzoso. Los tribunales superiores de justicia no tienen jueces especializados en resolver este tipo de problemas, y a veces se encuentran con cuestiones de car�cter bastante espec�fico y profundo, muy complicadas desde el punto de vista de la doctrina, que son solucionadas gracias a la participaci�n de abogados integrantes.

        
		Lo mismo se da en el caso de los seguros, y sobre todo -�sta es una especialidad en la que yo labor�- en situaciones de resoluci�n de juicios tributarios. Bueno, vamos a tener -espero que pronto- tribunales tributarios especializados. La experiencia que da la pr�ctica profesional, el hecho de haber ejercido en esa materia, sea como ex abogado del Servicio de Impuestos Internos o como abogado asesor de los contribuyentes, han permitido que las sentencias hayan mejorado sustancialmente a lo largo del tiempo.

        
		Por eso, con las debidas restricciones, llegu� al convencimiento de que es necesario solucionar muchos de los problemas de car�cter jurisprudencial por la v�a de la incorporaci�n de abogados especialistas que permitan a los tribunales de justicia dilucidar en forma debida las controversias que ante ellos se plantean.

        
		De all� que me parece que el sistema de concursabilidad y de restricci�n que propone el proyecto permite superar la mayor parte, si no la totalidad, de los problemas que observamos en la actualidad respecto de la forma de actuar de algunos abogados integrantes -no de todos- y, adem�s, posibilita que se incorporen a los tribunales superiores personas con la suficiente experticia como para cooperar en la soluci�n de cuestiones muy especializadas y bastante dif�ciles de resolver.

		Por ello, me pronunciar� a favor del proyecto.

      
El se�or ROMERO (Presidente).- De conformidad con lo acordado, se cierra el debate y la votaci�n general queda para un lugar preferente de la tabla de la sesi�n ordinaria del pr�ximo martes.

    
    
      
PENALIZACI�N DE CONDUCTAS CONSTITUTIVAS DE GENOCIDIO Y 

      
DE CR�MENES DE LESA HUMANIDAD Y DE GUERRA

      
        
El se�or ROMERO (Presidente).- Proyecto de ley, en primer tr�mite constitucional, iniciado en moci�n de los Honorables se�ores Naranjo y Viera-Gallo, que penaliza las conductas constitutivas de genocidio y los cr�menes de lesa humanidad y de guerra, con informe de la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento.

        
--Los antecedentes sobre el proyecto (3493-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

        
	Proyecto de ley: (moci�n de los se�ores Naranjo y Viera-Gallo).

        
	En primer tr�mite, sesi�n 47�, en 7 de abril de 2004.

        
	Informe de Comisi�n:

        
	Constituci�n, sesi�n 43�, en 19 de octubre de 2005.

        
El se�or ROMERO (Presidente).- Tiene la palabra el se�or Secretario.

        
El se�or HOFFMANN (Secretario).- El objetivo principal del proyecto es sancionar en nuestra legislaci�n penal interna un conjunto de il�citos vinculados al Derecho Humanitario, como son el genocidio y los cr�menes de lesa humanidad y de guerra.

        
		La Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento aprob� s�lo en general esta iniciativa, por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores se�ores Aburto, Espina y Viera-Gallo), y consigna su texto en la parte pertinente del informe.

        
		Cabe tener presente que los art�culos 161 I y 161 J que se incorporan al C�digo Penal tienen car�cter org�nico constitucional, por lo que requieren para su aprobaci�n el voto conforme de 27 se�ores Senadores.

El se�or ROMERO (Presidente).- En discusi�n general.

      
		Tiene la palabra el Honorable se�or Viera-Gallo.

      
        
El se�or VIERA-GALLO.- Se�or Presidente, esta iniciativa se origin� en una moci�n que presentamos con el Senador se�or Naranjo hace varios meses para tipificar en nuestro derecho el delito de genocidio y los cr�menes de guerra y de lesa humanidad.

        
		Chile est� en deuda en cuanto a la incorporaci�n de tales il�citos en su legislaci�n interna: en el caso del genocidio, desde la Convenci�n para la Prevenci�n y Sanci�n del Delito de Genocidio, de 1948, que nuestro pa�s ratific� en 1953; y respecto de los cr�menes de guerra y de lesa humanidad, desde que se ratificaron los llamados "Convenios de Ginebra".

        
		Ahora el tema ha cobrado particular actualidad porque, luego de que la Comisi�n de Constituci�n aprob� por unanimidad la reforma constitucional que nos habilitar� para suscribir el denominado "Estatuto de Roma", que crea la Corte Penal Internacional, es evidente que al Estado chileno le conviene, por un motivo pr�ctico y, adem�s, de justicia, tener tipificados esos cr�menes en su derecho interno, pues con ello podr�a invocar con mayor fuerza la preeminencia de la jurisdicci�n nacional en el evento de que el d�a de ma�ana ocurrieran cr�menes de tal naturaleza y alguien recurriera a la Corte Penal Internacional.

        
		Entonces, obviamente, mientras m�s similitud haya entre el Estatuto de Roma, en cuanto a la competencia de la Corte, y los tipos penales que nuestro pa�s describa en su derecho interno, mayor ser� la fuerza del Estado chileno para que su jurisdicci�n interna prevalezca sobre la internacional.

        
		En la p�gina 13 del informe se se�ala: "El M�ximo Tribunal manifiesta" -en su oficio- "que, no obstante que, como ya lo dijo, no tiene obligaci�n de informar sobre la normativa penal antes examinada," -porque s�lo le competen las materias procesales- "ello no obsta para expresar que le parece aconsejable la iniciativa, en raz�n de la gravedad de los il�citos que se trata de penalizar y porque de tal modo se estar�a adecuando nuestra legislaci�n a los compromisos internacionales contra�dos sobre la materia.".

        
		�sa es una opini�n un�nime de la Excelent�sima Corte Suprema.

        
		Tambi�n fueron consultados diversos penalistas, quienes expresaron su parecer e hicieron sugerencias sobre c�mo legislar en forma m�s adecuada que la de la moci�n.

        
		Por cierto, ello se podr� hacer a trav�s de indicaciones en el segundo informe si, como esperamos, la Sala aprueba en general la iniciativa.

        
		La observaci�n que me pareci� m�s relevante fue la del profesor Acosta en el sentido de que, en vez de introducir una modificaci�n al C�digo Penal, se dicte una ley especial, por cuanto se contempla una serie de normas que tienen que ver, no s�lo con la tipificaci�n de los delitos, sino tambi�n con disposiciones adjetivas que ser�a importante considerar separadas de aqu�l.

        
		Creo que eso es lo m�s significativo. El delito de genocidio se encuentra perfectamente bien definido tanto en tratados internacionales como, a mi juicio, en la moci�n. Lo mismo sucede con los cr�menes de guerra y con los de lesa humanidad.

        
		Esta iniciativa llena un vac�o existente en nuestra legislaci�n.

		He dicho.

      
El se�or ROMERO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Mart�nez.

      
        
El se�or MART�NEZ.- Se�or Presidente, estamos en la discusi�n general de esta iniciativa, que, por supuesto, debe hacerse antes de que llegue a la Sala el proyecto vinculado con la Corte Penal Internacional.

        
		Pero quiero que quede muy clara en actas una situaci�n: estas iniciativas no pueden tener efecto hacia atr�s, no pueden ser�

        
El se�or R�OS.- Retroactivas.

        
El se�or MART�NEZ.-�retroactivas.

        
		Deseo que eso quede claramente establecido. Lo dijo el Senador se�or Viera-Gallo. Y lo planteo porque se ha observado una tendencia a utilizar la fecha de aplicaci�n o de validez de algunos proyectos como argumento para ir hacia atr�s, sali�ndose de las normas jur�dicas.

        
		Por lo tanto, quiero especificar que esta iniciativa no puede ser retroactiva, no puede ir hacia atr�s, y tendr� validez s�lo desde el momento en que se apruebe en el Congreso y se publique como ley de la rep�blica.

		He dicho.

      
El se�or ROMERO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Espina.

      
        
El se�or ESPINA.- Se�or Presidente, en primer lugar, creo que �sta es una muy buena iniciativa legal, porque llena un vac�o cuya existencia no tiene justificaci�n alguna en nuestro pa�s.

        
		Hoy, pr�cticamente en todas las naciones del mundo hay suficiente conciencia sobre la gravedad que revisten los delitos de que se trata. Y el Derecho Internacional se ha ido adaptando en dos aspectos. Primero, impedir que la falta de tipificaci�n de esos il�citos deje en la impunidad a  quienes los cometen (habitualmente se trata de dictaduras). Y segundo, evitar que tales conductas, so pretexto de que se perpetran en un pa�s que no quiere juzgarlas, queden sin sanci�n.

        
		Para lo primero, el Derecho Penal moderno incorpora las figuras de genocidio, de cr�menes de guerra o de cr�menes de lesa humanidad. Para lo segundo, se crea la Corte Penal Internacional o se extiende la competencia de determinados tribunales a delitos no cometidos en el territorio del propio pa�s. De hecho, en Chile tenemos normas excepcionales que permiten juzgar aqu� delitos perpetrados en el extranjero.

        
		En la Comisi�n de Constituci�n analizamos estas disposiciones, pero no nos pronunciamos sobre el contenido o la descripci�n de cada una de las figuras penales, porque se trataba de la discusi�n general. Empero, nos hicimos asesorar por abogados especializados en estos temas, quienes probablemente van a perfeccionar las normas contenidas en el proyecto, que adem�s cuenta -como se�al� uno de sus autores, el Senador se�or Viera-Gallo- con el respaldo de la Corte Suprema.

        
			Por consiguiente, yo, a lo menos, soy un decidido partidario de esta iniciativa legal. Me parece que un pa�s como el nuestro, que quiere cautelar y defender los derechos humanos, debe tener normas claras y precisas que sancionen dr�sticamente el delito de genocidio y los cr�menes de guerra y los de lesa humanidad.

        
			Adem�s, de no haber disposiciones de aquella �ndole, quienes en el futuro incurran en tales conductas no podr�n ser juzgados por tribunales chilenos, pues la legislaci�n que crea la Corte Penal Internacional y los tribunales internacionales s�lo permite que una persona sea juzgada en el pa�s donde se cometi� el delito, primero, si los tribunales operan en forma regular -por decirlo de una manera elegante-; segundo, si los delitos est�n tipificados, y tercero, si no existe cosa juzgada.

        
			Si nuestro pa�s no legisla sobre esta materia y en el futuro -�Dios no lo quiera!- se comete uno de esos delitos, nuestros tribunales no podr�n pedir que su autor, siendo chileno, sea juzgado aqu�, pues el argumento que se aduce en todas las convenciones internacionales discurre en esta l�nea: "Si usted no tiene tipificado el delito, �c�mo va a juzgar?". Es una manera de garantizar impunidad.

        
			Por consiguiente, estimo que �sta es una muy buena iniciativa, que aborda una materia sobre la cual debi� haberse legislado hace tiempo.

        
			La Comisi�n de Constituci�n pidi� opiniones a distinguidos penalistas, quienes, por distintas razones, no pudieron hacerlas llegar a tiempo. Eso retras� la elaboraci�n del informe.

        
			Y considero justo que este proyecto pueda ser despachado, m�xime si uno de sus autores, quien lo trabaj� con acuciosidad, va a dejar el Senado en marzo. Por tanto, ser�a estupendo que lo sacara adelante.

        
	El se�or PROKURICA.- �Vamos a pedir segunda discusi�n�!

        
	El se�or ESPINA.- A ese respecto no hay reciprocidad.

        
	El se�or PROKURICA.- As� es.

        
	El se�or ESPINA.- Porque, acerca de un proyecto contemplado para hoy, un distinguido y querido colega solicit� segunda discusi�n, recurso que nosotros no vamos a utilizar en esta oportunidad,�

        
	El se�or PROKURICA.- �Por ahora�!

        
	El se�or ESPINA.-�porque nos da exactamente lo mismo si la iniciativa es de un Parlamentario u otro, de Gobierno u Oposici�n. Se trata de un buen proyecto, y en esa virtud lo vamos a aprobar.

        
			S� se requiere perfeccionar con rapidez su texto, para contar con una legislaci�n a la altura de las de los pa�ses modernos, donde se encuentra tipificado cada uno de los delitos que implican violaci�n a los derechos humanos.

        
			�sa es la mejor garant�a que tiene Chile frente a la comunidad internacional y, sobre todo, ante sus ciudadanos, en el sentido de respetar los derechos humanos, no s�lo en la palabra, sino tambi�n en los hechos.

			Por lo tanto, daremos gustosos nuestros votos favorables.

      
	El se�or ROMERO (Presidente).- "A todo se�or, todo honor", dicen en Francia.

      
			Tiene la palabra el Senador se�or Viera-Gallo.

      
        
	El se�or VIERA-GALLO.- Agradezco las palabras del Honorable se�or Espina, quien, adem�s de muy buen legislador, es un gran pol�tico. Su Se�or�a sabe perfectamente por qu� ped� segunda discusi�n. Porque a �l -tampoco al Senador se�or Prokurica- no se le escapan las razones que tuve.

        
			Respecto de la materia en an�lisis, quiero reafirmar lo que dec�a el Honorable se�or Mart�nez. Sin duda, rigen los principios generales del Derecho -y en especial los de la Constituci�n-, en virtud de los cuales una ley penal -tal suceder� en el evento de que este proyecto sea aprobado- s�lo tiene efectos hacia el futuro. Creo que eso es bastante evidente. Es expl�cito en el Tratado de Roma y m�s que obvio en la normativa en an�lisis.

			Otra cosa son los raciocinios que los tribunales puedan hacer al aplicar la ley vigente al momento de cometerse el il�cito. Pero eso ya escapa por completo a nuestra competencia.

      
	El se�or R�OS.- Pido la palabra.

      
	El se�or ROMERO (Presidente).- La tiene, Su Se�or�a.

      
        
	El se�or R�OS.- Se�or Presidente, cuando uno va a exponer alguna idea, nunca debe decir lo que expresar� ahora. Pero lo hago ya �en la confianza, en la intimidad de esta "familia peque�a" que queda de la institucionalidad de Chile�!

        
			No soy abogado. Por tal motivo, no tengo experticia en estas cuestiones. Pero el sentido com�n me hace advertir algunas cosas.

        
			Los chilenos somos bastante exagerados en los t�rminos que utilizamos para radicarnos en el mundo internacional.

        
			Formamos parte de la cultura occidental cristiana, que representa alrededor del 24 por ciento de la poblaci�n mundial. El resto est� absolutamente ausente de todo lo que se�ala el Senador se�or Viera-Gallo: ausente por caracter�sticas sociol�gicas, hist�ricas; ausente por razones propias de su institucionalidad, de sus doctrinas, de sus principios, de sus valores.

        
			Los tribunales internacionales a que concurrimos est�n ubicados siempre en Europa, continente que se encarga, a trav�s de este mecanismo, de seguir complicando la vida a los pa�ses de Am�rica Latina, en circunstancias de que su vinculaci�n se centra en el mundo occidenta.

        
		�se es un aspecto que debemos tener presente, porque, a mi entender, todas las penas que contempla el proyecto -las he le�do en el transcurso de estas horas- est�n tipificadas con claridad en los C�digos correspondientes.

        
		Por ejemplo, vi que en el inciso segundo del art�culo 161 C propuesto para el C�digo Penal se dice: "Ser� sancionado con la pena de presidio mayor en sus grados m�nimo a medio, el que con los fines anteriores realice algunas de las conductas siguientes:"� Y en la letra f) se expresa: "Ejecute actos de tortura como los descritos en el art�culo 150 A del C�digo Penal y 330 del C�digo de Justicia Militar".

        
		Parece exagerado emplear all� la palabra "tortura".

        
		Me llama la atenci�n, entonces, que en el C�digo de Justicia Militar se hable de "actos de tortura"; que el proyecto no haya eliminado esa figura, y, aun m�s, que se sugiera sancionarla.

        
		Despu�s le� el art�culo 330 del C�digo de Justicia Militar, que dice: "El militar que, con motivo de ejecutar alguna orden superior o en el ejercicio de funciones militares, empleare o hiciere emplear, sin motivo racional, violencias innecesarias para la ejecuci�n de los actos que debe practicar, ser� castigado:"� Me parece bien; as� debe ser. Pero eso no es un acto de tortura, sino una estupidez de un oficial que con imprudencia comete, a trav�s de un subordinado, quien podr� representar la orden, una acci�n que se castiga con las penas que esa misma norma se�ala.

        
		Por su parte, el art�culo 150 A del C�digo Penal, que est� dirigido a los funcionarios p�blicos -recuerdo un poco lo que fue la discusi�n del proyecto sobre acoso sexual-, dice: "El empleado p�blico que aplicare a una persona privada de libertad tormentos o apremios ileg�timos," -�obvio!- "f�sicos o mentales, u ordenare o consintiere su aplicaci�n, ser� castigado con las penas de presidio o reclusi�n menor en sus grados medio a m�ximo y la accesoria correspondiente.".

        
		Est� bien. Y, al menos en la significaci�n que yo conozco, la expresi�n "tortura" se refiere a situaciones muy determinadas y especiales, producto de los malos criterios que se aplican.

        
		En definitiva, me surge todo un conjunto de dudas.

        
		El art�culo 161 A que la iniciativa propone para el C�digo Penal expresa: "El que con la intenci�n de destruir total o parcialmente un grupo nacional," -�qu� es un grupo nacional?; �le echaremos la culpa al se�or Ministro del Interior de complicarle la vida a la Alianza por Chile permanentemente?- "�tnico, racial o religioso, como tal, cometa cualquiera de los actos que a continuaci�n se se�alan" Y seguida los identifica: homicidio, agresiones sexuales, lesiones graves a la integridad mental.

        
		�Eso est� dentro de nuestra normativa penal!

        
		En consecuencia, si aprobamos el proyecto, lo �nico que vamos a lograr es que entes ubicados en Europa y que no tienen ninguna influencia sobre el resto de los pa�ses del orbe -ni en China, ni en India, ni en las naciones musulmanas, ni en aquellas que surgieron despu�s de la divisi�n de la Uni�n Sovi�tica, que representan 75 � 76 por ciento de la poblaci�n mundial- los hagan participar en diversos organismos internacionales.

        
		Por tal motivo, para ser m�s francos, quiz� deber�amos hablar �nicamente de la "Corte Internacional de Justicia del Mundo Occidental". �sa es la verdad.

        
		Por eso, estimo necesario conversar y discutir sobre el particular m�s adelante. Me informar� con el Senador se�or Viera-Gallo, a quien tambi�n tengo mucho cari�o y respeto, para saber por qu�, trat�ndose de conductas que ya se encuentran sancionados en los C�digos correspondientes, estamos incorporando situaciones de car�cter internacional que nos van a complicar la vida como pa�s.

		He dicho.

      
        
El se�or ROMERO (Presidente).- Cerrado el debate.

        
		Conforme a lo acordado, dejaremos pendiente la votaci�n de la idea de legislar. Dentro de las posibilidades, para el comienzo de la pr�xima sesi�n ordinaria.

		--Queda pendiente la votaci�n general del proyecto.

    
  
  
    
PETICIONES DE OFICIOS

    
El se�or HOFFMANN (Secretario).-  Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

    
El se�or ROMERO (Presidente).- Se les dar� curso en la forma reglamentaria.

    
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		--Los oficios cuyo env�o se anuncia son los siguientes:

    
		Del se�or CANTERO:

    
		A Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica y a los se�ores Ministros de Educaci�n y Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, solicit�ndoles AGILIZACI�N DE TR�MITES ANTE UNESCO PARA DECLARACI�N DE IGLESIAS COLONIALES DEL NORTE COMO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD; a los se�ores Superintendente de Servicios Sanitarios, Director del Servicio de Higiene Ambiental de Antofagasta y Director del Servicio de Salud, solicit�ndoles MEDIDAS ANTE PROBLEMA DE AGUAS SERVIDAS EN POBLACI�N CIM, DE CALAMA; y a los se�ores Secretario del Consejo Regional de Antofagasta y Presidente de la C�mara Chilena de la Construcci�n de esa ciudad, remiti�ndoles INFORME DE CONTRALOR�A GENERAL DE LA REP�BLICA SOBRE PROGRAMA DE CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO II.

    
		Del se�or CHADWICK:

    
		A los se�ores Subsecretario del Interior y Contralor de la Sexta Regi�n, y a la se�ora Directora Regional de CHILEDEPORTES, pidi�ndoles INFORMACI�N ACERCA DE CONTRATOS A HONORARIOS CON CHILEDEPORTES.

    
		Del se�or ESPINA:

    
		A los se�ores Ministros del Interior, de Educaci�n y de Obras P�blicas; Subsecretario del Interior; Director Nacional del SERNATUR; Directora Nacional del INP; Presidente del BancoEstado; Gerente General de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado; Contralor Regional de La Araucan�a; Director de la COREMA Novena Regi�n; Director Regional de CHILEDEPORTES; Directora del Servicio Nacional de Menores; Director Regional del FOSIS; Director Regional de Vialidad; Director Regional del SERVIU Araucan�a;  Director Regional del SAG; Intendente de la Novena Regi�n; Director del Servicio de Salud Araucan�a Norte; Alcalde de Renaico;  Alcaldes y Concejales de Angol, Los Sauces, Lumaco, Victoria, Vilc�n, Ercilla, Curacaut�n, Lonquimay y Traigu�n; Consejeros Regionales de La Araucan�a; Directora y Jefe de Urgencia del Hospital de Curacaut�n; y Gerentes de FRONTEL y de la Empresa Sanitaria Aguas Araucan�a S.A., solicit�ndoles CONTESTACI�N A OFICIOS SIN RESPUESTA.

    
		Al se�or Ministro de Educaci�n, plante�ndole IRREGULARIDADES DE COMPLEJO EDUCACIONAL VICTORIA. Al se�or Gerente General de Telef�nica CTC Chile, solicit�ndole FACILIDADES PARA PAGOS DE CUENTAS TELEF�NICAS EN COLLIPULLI; al se�or Secretario Ministerial de Obras P�blicas de La Araucan�a, pidi�ndole ENRIPIADO Y REPARACI�N DE CAMINO DE ACCESO A TRARULEMU (comuna de Angol); a los se�ores Secretario Ministerial de Salud de la Novena Regi�n, Director del Servicio de Salud Araucan�a Norte, Gobernadora Provincial de Malleco y Alcalde de Los Sauces, requiri�ndoles MEDIDAS CONTRA DESABASTECIMIENTO Y CONTAMINACI�N DE AGUA POTABLE, Y COLAPSO DE FOSAS S�PTICAS; a la se�ora Gobernadora Provincial de Malleco y a los se�ores Director del SERVIU y Alcalde de Angol, solicit�ndoles informaci�n sobre MEDIDAS ADOPTADAS ANTE INUNDACIONES RECURRENTES EN VILLA CORDILLERA; al se�or Director del SERVIU Novena Regi�n, pidi�ndole informaci�n en cuanto a MEDIDAS PARA CONCRECI�N DE PROYECTO DE COMIT� HABITACIONAL "EL SUE�O DE TODOS" (comuna de Curacaut�n); al se�or Alcalde de Angol, plante�ndole CONSTRUCCI�N DE LOMO DE TORO EN INTERSECCI�N DE CALLES LOS LLEUQUES CON JOS� BUNSTER; a los se�ores Alcaldes y Concejales de Angol, solicit�ndoles ERRADICACI�N DE CAMPAMENTO UBICADO EN CALLE GABRIELA MISTRAL; y al se�or Comisario de la 1� Comisar�a de Angol, requiri�ndole MAYOR VIGILANCIA POLICIAL EN POBLACI�N EL BOSQUE.

    
		Del se�or GARC�A:

    
		A los se�ores Ministro de Agricultura y Director Regional del INDAP, plante�ndoles SITUACI�N DE ASOCIACIONES IND�GENAS DE MAQUEHUE POR COBRANZA JUDICIAL DEL INDAP; y al se�or Director de PROCHILE, pidi�ndole informar en cuanto a PARTICIPACI�N DE PROCHILE EN PROYECTO DE EXPORTACI�N DE LUPINO AL MEDIO ORIENTE.

    
		Del se�or HORVATH:

    
		A los se�ores Ministro del Interior y Ministro y Subsecretario de Salud, consult�ndoles sobre CAUSAS DE T�RMINO DE OTORGAMIENTO DE BECAS DE ESPECIALIDAD AVALADAS POR MINISTERIO DE SALUD Y ASOCIACI�N DE FACULTADES DE MEDICINA DE CHILE; al se�or Ministro del Interior y a la se�ora Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, solicit�ndoles antecedentes sobre ESTUDIOS PARA CREACI�N DE COMUNAS DE LAS JUNTAS, MA�IHUALES, ISLAS HUICHAS Y PUERTO TRANQUILO-GUADAL (Und�cima Regi�n); al se�or Ministro de Educaci�n, plante�ndole INCORPORACI�N EN PLANES DE ESTUDIO DE ASIGNATURA LLAMADA "CULTURA NACIONAL"; y a la se�ora Ministra de Vivienda y Urbanismo y al se�or Secretario Ministerial de Vivienda de la Regi�n de Ais�n, pidi�ndoles antecedentes en cuanto a ENTREGA DE CONJUNTOS HABITACIONALES EN LAS PUERTAS, PUYUHUAPI Y PUERTO CISNES, Y EVENTUALES INDEMNIZACIONES POR DEMORA.

    
		Del se�or LARRA�N:

    
		Al se�or General Director de Carabineros, pidi�ndole APOYO PARA TRASLADO DE RET�N DE DIGUA A LOS CUARTELES, EN COMUNA DE RETIRO (S�PTIMA REGI�N).

    
		Del se�or PROKURICA:

    
		Al se�or Contralor General de la Rep�blica, requiri�ndole informe sobre ESTADO DE PAGO DE OBLIGACIONES DE MUNICIPALIDADES DE TERCERA REGI�N POR CONCEPTO DE DESCUENTOS A PROFESORES Y CODOCENTES, y al se�or Director del Trabajo, requiri�ndole FISCALIZACI�N A MUNICIPIO DE TIERRA AMARILLA POR DESCUENTOS A DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACI�N MUNICIPAL Y APLICACI�N DE MULTAS PERTINENTES.

    
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El se�or ROMERO (Presidente).- Hago presente a los se�ores Senadores que, habiendo tratado la Sala todos los proyectos previstos, queda sin efecto la sesi�n convocada para ma�ana.

    
		No habiendo m�s asuntos que tratar, se levanta la sesi�n.

    
		--Se levant� a las 19:19.

    
						Manuel Oca�a Vergara,

						   Jefe de la Redacci�n