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El señor RÍOS .-
Señor Presidente , comparto prácticamente el ciento por ciento de lo señalado por el Senador señor Silva Cimma , pero quiero agregar un par de hechos que corresponden a la práctica de la acción administrativa. Y me impresiona mucho que los señores Senadores que estudiaron el proyecto no los hayan tenido presentes.
Me llama la atención que la iniciativa haya llegado directamente al Senado, porque la Cámara de Diputados nos tiene acostumbrados a enviar proyectos que no corresponden. Sin embargo, se trata de una normativa que nace de nuestro propio estudio y análisis. Y ahora llega a la Sala sin la profundidad que requiere. Lo digo con todo el respeto y cariño que me merecen mis colegas. Ésa es la verdad.
La Contraloría General de la República no solamente cumple funciones de contraloría en lo que respecta a auditorías, análisis, investigación del acontecer administrativo y financiero del Estado, sino que también asume otras responsabilidades inherentes a su quehacer y que ahora pretenden ser compartidas por un nuevo organismo cuyo objetivo es desarrollar todas las tareas referentes a la gestión y administración del Estado.
Existe un documento muy interesante que el organismo contralor emite todos los años mediante el cual entrega, en cada una de sus áreas, información detallada acerca del cumplimiento de las normas y obligaciones impartidas por el Congreso y por el Presidente de la República en lo que se denominan "las políticas públicas".
La administración de un organismo del Estado no solamente debe velar por la transparencia en su gestión, en el uso de los recursos; por la inteligencia y la capacidad que han de existir para llevar adelante las responsabilidades que cada entidad tiene, sino que también requiere cumplir con políticas de Estado. Y el cumplimiento de una política de vivienda, de salud, etcétera, implica necesariamente desarrollar una labor de auditoría, de análisis e investigación de los hechos, que precisa contar con la profundidad y extensión que sólo la Contraloría General de la República puede otorgar -y así lo ha hecho- en nuestro país.
Tenemos muchísimas inquietudes con respecto a la administración de varios organismos públicos, pero -sin duda alguna- a todos nos reúne el afecto y la admiración que la Contraloría ha demostrado en el transcurso de sus años de existencia, que ya son más de cincuenta.
Por tal motivo, comparto la opinión del ex Contralor y actual Senador, don Enrique Silva , en el sentido de que la creación de un organismo paralelo, aparte de provocar las deficiencias normales y naturales en cualquier administración en que no se define claramente la responsabilidad entre una entidad u otra ante funciones que en definitiva son iguales, siempre produce un daño en la administración, en la gestión y en el cumplimiento de metas.
¿Qué ocurrirá el día en que el nuevo organismo afirme que los objetivos dispuestos por el Ministerio de Salud se cumplieron y la Contraloría diga que no? ¿Qué va a pasar cuando existan razones suficientes para pensar que lo señalado por la Contraloría en materia de administración de un recurso público correspondió a las normas establecidas por la ley y el otro organismo auditor exprese lo contrario? ¿Es posible que un Estado tenga entidades paralelas que realicen acciones prácticamente iguales?
A mí no me parece.
No soy partidario de que el proyecto vuelva a la Comisión, sino de votarlo inmediatamente. Yo me pronunciaré en contra, porque no existe razón alguna para sostener una iniciativa de este tipo, con las características y la forma en que se ha planteado.
Insisto: también es importante tener presente un aspecto que el Senado está olvidando.
En 1998 la Cámara Alta firmó un convenio con la Contraloría General de la República para recabar información permanente sobre la gestión, auditoría, acción e investigación que ésta realice en la totalidad de los servicios públicos. Y eso está funcionando.
Sin embargo, tengo la impresión de que los señores Senadores no utilizan esa información tan necesaria y que responde exactamente a lo que el proyecto de ley plantea. Ella se encuentra a nuestra disposición en forma diaria y permanente.
A su vez, el Senado entrega a la Contraloría a través del mismo convenio toda la historia de las leyes, a fin de que los dictámenes de dicho organismo estén conformes al espíritu de la normativa dispuesta por el legislador.
Termino señalando que no soy partidario de la creación de organismos de este tipo, pues produce distorsiones muy delicadas con otras entidades existentes. Se observa que no hay un conocimiento acerca de los antecedentes que la Contraloría posee y entrega en materia de auditorías y de informes administrativos, los cuales son muy completos.
En definitiva, a la situación que se origina, al margen de lo señalado por el Honorable señor Silva , he agregado otros hechos que responden a cosas prácticas y que, sin duda alguna, producirán un gran debilitamiento en el ejercicio de la administración del Estado.
Por estas razones, votaré en contra de la iniciativa.
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