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El señor CANTERO.-
Señor Presidente , quiero referirme a una situación que me viene preocupando desde hace un tiempo, relativa a proyectos de construcción de cárceles que se han llevado a cabo en nuestro país y que muestran graves y serias irregularidades.
Una vez más el Ministerio de Obras Públicas evidencia una situación poco clara, irregular, poco transparente.
Lo peor es que, en reiteradas ocasiones, he escuchado a autoridades de Gobierno señalar que las dificultades de los contratistas y subcontratistas, que han establecido sus faenas, prestado servicios y realizado obras en las cárceles del Grupo 2 y Grupo 1, particularmente en el caso de Concepción y Antofagasta -que es el que me ocupa-, son un problema entre privados.
¡Cómo puede ser un conflicto entre privados, si se trata de un proyecto que ha sido mal ejecutado; si el fiscal de obras del nivel estatal no puso atajo a la situación; si no se resolvió un malentendido entre el Ministerio de Obras Públicas y el de Justicia (particularmente Gendarmería), que ha cambiado partidas! ¡En fin, si ha habido una buena cantidad de irregularidades!
Lo anterior me tiene preocupado, porque, además, las obras se han atrasado prácticamente un año. La situación de las cárceles sigue siendo agobiante, del todo inhumana, pues atropella todos los aspectos que conforman la dignidad de los individuos que se encuentran recluidos.
Pero, quizás, lo más dramático es que un número importante de pequeñas empresas contratistas y subcontratistas han vivido verdaderas e inconmensurables penurias. A algunas de ellas se les adeuda 400, 500 millones de pesos, y el Ministerio de Obras Públicas no ha tenido la capacidad para ejercer las acciones que permitan que el consorcio BAS -formado por las empresas Besalco , Torno y Sodexho - pague sus obligaciones a los contratistas, que son los que han hecho la carga.
¿Quién puede sostener el costo financiero de esta deuda? ¿Qué hará el Gobierno, el Estado, el MOP, la Coordinadora de Concesiones, para actuar en justicia en este caso?
En realidad, resulta molesto, enojoso y decepcionante ver la ineptitud con que el Ministerio de Obras Públicas ha enfrentado este tema.
Por eso, pido que se envíe un oficio, adjuntando la intervención que tengo en mis manos, a Su Excelencia el Presidente de la República para que tome conocimiento de lo que he señalado; sepa lo dramático de la situación; comprenda la urgencia de actuar antes de que estas empresas terminen quebradas definitivamente -con todo el daño que esto significa para esos pequeños empresarios contratistas y subcontratistas y los centenares de trabajadores que han quedado impagos-, y solicite al Ministerio de Obras Públicas que agilice una solución para terminar con la dramática realidad que afecta a estas empresas que ejecutaron obras y servicios en el proyecto de construcción de cárceles.
Espero que, ejerciendo las acciones necesarias, se resuelva de una vez por todas este problema, a fin de que, en la forma más urgente posible, la larga lista de personas que resultaron dañadas -que adjunto a este documento-, efectivamente tengan una respuesta satisfactoria.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
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