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El señor MORENO.-
Señor Presidente , como bien se señaló, el proyecto que nos ocupa lleva mucho tiempo en discusión en el Parlamento, y a numerosas personas les asaltan serias dudas acerca de la bondad de lo que se está aprobando.
Ya hemos dicho en debates anteriores que el texto logrado probablemente constituye un mejoramiento y da algunas salvaguardas, pero no resuelve un problema de fondo: que las aguas son bienes nacionales de uso público y, por lo tanto, a la luz de esa definición, deberían estar sometidas a una legislación que precaviera y garantizara el adecuado funcionamiento del recurso.
Más allá de los términos generales en los cuales uno ha debido plantearse, es necesario puntualizar tres aspectos.
El primero es que, no obstante el texto que ahora aprobemos, se mantendrá la distorsión entre el agua, sea de superficie o subterránea, y el nivel de aprovechamiento que el país puede hacer de ella en determinadas regiones. No hay una fórmula jurídica eficiente para vincular el destino y el uso del vital elemento con la posesión de él. Y debe quedar claramente establecido que esa falencia y ese vacío permanecen en nuestra legislación.
En segundo lugar, el informe de la Comisión Mixta da un adecuado y -yo diría- necesario resguardo a uno de los temores mayormente difundidos entre las personas que manejan las cooperativas y los comités de agua potable rural. Porque, con la privatización, las grandes empresas que comenzaron a abastecer a los usuarios de las regiones manifestaron la intención de apoderarse del recurso, sobre la base de títulos no claramente establecidos o de pedir los llamados "territorios", que previamente se hallaban asignados a las cooperativas, con el objeto de que éstas, dada su inadecuada defensa legal, entregaran sus derechos y quedaran en manos de las grandes compañías o consorcios.
A medida que estos últimos se expanden en las regiones, la gente debe entender claramente que el valor del agua sube porque la diferencia central entre el funcionamiento de una planta de tratamiento de aguas residuales y el de una cooperativa de agua potable rural radica en la tarifa que se cobra. Esa diferencia alcanza al doble de lo que paga una persona bajo el régimen de una cooperativa, muchas de las cuales tienen 30 a 35 años de existencia y están bien administradas.
Me consta que el Ministerio de Obras Públicas ha hecho esfuerzos por dar seguridad y garantía a los comités y reforzar su organización. Pero este elemento necesita mayor claridad, porque la angustia de muchos usuarios se mantiene. Y si alguien se descuida y no posee la información adecuada de que han reclamado su territorio, puede encontrarse con que sencillamente despojaron a la cooperativa y cambiarán los empalmes y los tubos, recibiendo una cuenta sustancialmente mayor.
En tercer término, deseo hacer más bien un comentario.
No obstante que vemos en distintas Regiones problemas de manejo de recursos de agua; de derechos que se compran o se venden; de conflictos que la Dirección de Obras Hidráulicas -la antigua Dirección de Aguas- mantenía con personas que hicieron pozos profundos sin lograr legalizarlos -ahora se avanza en esta medida-, no puedo silenciar un aspecto en el cual, junto con el Honorable señor Chadwick , nos hemos involucrado en estos días: el gran consorcio eléctrico AES Gener presentó la petición de instalar, en medio de una zona riquísima, como es el valle del Cachapoal, una central termoeléctrica de ciclo combinado, que no utilizará cientos sino miles de litros de agua.
Entonces, uno se pregunta si, frente a tantas dificultades, el Código de Aguas podrá normar todas estas materias y regular, por ejemplo, la situación de una persona que construye un pozo profundo y debe pasar por una enorme tramitación para utilizar unos pocos litros de agua por segundo con el objeto de regar, mientras que de pronto aparece una planta termoeléctrica que utiliza cientos de litros por segundo, en medio del valle del Cachapoal, en la localidad de Monte Lorenzo, en San Vicente de Tagua Tagua. Entonces, la perplejidad de los habitantes de la zona, incluida la del Senador que habla, es enorme. Porque cabe preguntarse: ¿De dónde saca la empresa estos derechos? ¿De dónde sale el agua? ¿De quién es la mano que está detrás de esto?
Por ello, quiero decir que todos los Parlamentarios de la zona estamos movilizados, apoyando a los comités de agua potable que ahí existen. Porque el valle del Cachapoal es único, climatológica, geológica, comercial y productivamente hablando. Y la instalación de esta planta sencillamente destruiría su habitabilidad y una capacidad productiva enorme.
Por eso, reitero que el Código de Aguas no resuelve estas situaciones, sino que deja a las empresas poderosas en una especie de ámbito en el que, contratando buenos abogados y con una adecuada capacidad de movilización, obtendrán un beneficio que va más allá del interés nacional.
En consecuencia, votaré a favor del informe de la Comisión Mixta. Y, junto con dejar asentados mis argumentos, deseo pedir -hablo también en representación del Honorable señor Chadwick - que se oficie a Su Excelencia el Presidente de la República y a los señores Ministros de Obras Públicas y Secretario General de la Presidencia con el objeto de que entreguen información completa acerca de la petición de la empresa señalada, que ya ha ingresado a trámite y que destruiría el valle de Cachapoal.
He dicho.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se enviarán los oficios solicitados, en nombre de los Honorables señores Moreno y Chadwick .
--Así se acuerda.
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