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El señor OMINAMI.-
Señor Presidente , evidentemente esta discusión sobre derechos de aguas se hizo a partir de hechos consumados, situación que no es exclusiva de tales derechos. Son muchos los casos de este tipo que se debieron asumir desde 1990 en adelante. En ese sentido, creo que haber establecido una patente por el no uso constituye un adelanto, porque, como se puso de manifiesto en el debate, es un disuasivo para evitar el acaparamiento de las aguas.
Por otro lado, quiero llamar la atención -por eso pedí el uso de la palabra- sobre un avance importante del proyecto que se produjo al final de su análisis.
Me correspondió presentar una indicación en el segundo informe, que fue finalmente aprobada en el Senado, sobre dos disposiciones transitorias, la que contó con la anuencia del Ministerio de Obras Públicas. Una de sus normas permite la regularización de los pozos excavados por pequeños agricultores, los cuales, por distintas razones, se encuentran en la ilegalidad total.
El artículo 4º transitorio que se aprobó en la Cámara Alta permite su regularización.
Al respecto, creo bueno el aporte hecho tanto en la Cámara de Diputados como posteriormente en la Comisión Mixta, en el sentido de que dicha regularización sea de hasta dos litros por segundo desde el extremo norte hasta la Región Metropolitana, y de hasta cuatro litros por segundo desde esa última hasta el sur. Esto, por lo demás, da cuenta también de una cierta diferencia en las disponibilidades de agua entre el norte y el sur del país. Y, sobre todo, permite también regularizar la situación de muchos pequeños agricultores.
Espero que estas disposiciones puedan ponerse rápidamente en práctica, porque son muchas las personas que se encuentran en esa situación de ilegalidad, la que no les permite postular, por ejemplo, a los concursos de la Comisión Nacional de Riego, y a otros beneficios.
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