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El señor PIZARRO.-
Señor Presidente , en realidad, entiendo que con este proyecto se busca mejorar la gestión institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es indudable que éste es nuestro principal instrumento de política exterior y de que el rol que cumple en el desarrollo del país y en su inserción en el ámbito internacional es demasiado importante.
Todos sabemos -es un tema que se viene discutiendo largamente- que la Cancillería debe ser objeto de una reestructuración mucho más profunda, más grande, y a eso obedece que en numerosas oportunidades el Congreso Nacional haya tratado de tomar la iniciativa para producir dichos cambios. Sin embargo, ello no ha sido posible.
En verdad, desde 1991 ó 1992 -cuando era Canciller don Enrique Silva Cimma - ya se planteaba la necesidad de realizar una reforma más integral al Ministerio. Pero eso no es fácil, ya que se caracteriza por una serie de tradiciones y por formas de operar que no lo hacen flexible ni dinámico para adecuarse a los desafíos del Chile de hoy.
Ojalá el esfuerzo de la Comisión especial del Senado sea exitoso. Sin embargo, como ha señalado el Senador señor Valdés , puede demorar todavía un tiempo largo, lo cual va a depender no sólo de los aspectos técnicos, sino también de la voluntad política y de los consensos que sea factible alcanzar, porque en numerosas oportunidades se ha tratado de emprender el proceso de modernización de la Cancillería y no se ha logrado concretar.
Me parece que, más allá de la parte técnica específica de cada uno de los cargos, el proyecto busca mejorar la gestión y adecuar el Ministerio a las necesidades de los compromisos y desafíos que tenemos por delante, principalmente en el área económica, y a las negociaciones internacionales que Chile debe impulsar, sobre todo con China, India y otros países con los cuales aspiramos a suscribir pronto acuerdos comerciales.
Creo que plantear una regularización de la asignación de estímulo es una buena medida, y todos deberíamos estar de acuerdo con ello.
Hoy los sueldos de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores que trabajan en Chile son malos y, como se requieren especialistas, profesionales de primer nivel, se les arreglan las remuneraciones a través del pago de horas extraordinarias, lo cual no me parece lo más lógico. De manera que, si se aprueba una asignación de estímulo bien establecida que busque mejorar la gestión, la eficiencia institucional, bienvenida sea, porque a la larga, esos procesos se clarifican y modernizan, evitándose situaciones que no son las más aconsejables.
Además, mediante un artículo fundamental -no mencionado acá-, se cambia la dependencia de la Agencia de Cooperación Internacional, en cuanto a la forma de relacionarse con el Presidente de la República , desde el MIDEPLAN al Ministerio de Relaciones Exteriores. Pienso que ello es pertinente, oportuno y muy bueno. Este punto se analizó largamente en la Comisión de Relaciones Exteriores y hubo acuerdo en que dicha Agencia debe estar vinculada con la Cancillería y en que no sólo es un instrumento de cooperación, sino también de política exterior, sobre todo en el caso de América Latina, demasiado importante para el país. Muchas veces, en esta misma Sala, nos quejamos o hemos oído opiniones en cuanto a por qué Chile no hace más, por ejemplo, para mejorar las relaciones con los países vecinos; por qué no trabajamos más en la implementación de programas de becas; por qué no cooperamos con otras naciones, tanto en temas legislativos como sociales, económicos, de modernización del Estado, etcétera.
La Agencia de Cooperación está desarrollando esa labor, bastante desconocida para muchos chilenos y para algunos Parlamentarios. Y estimo que un mecanismo que permita realizar un trabajo mejor, con mayor eficiencia, y trasladar su relación con el Presidente de la República a la Cancillería es una buena medida.
La explicación dada por el Ministro subrogante señor Barros respecto del artículo segundo transitorio, en lo que se refiere a la autorización expresa al Primer Mandatario para la creación de nuevos cargos en la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, me parece razonable y buena. Además, salvo el caso de los 8 funcionarios aquí mencionados, los otros 24 cargos se van a proveer por concurso público. De manera que tampoco hay una situación de amarre, como se ha pretendido manifestar.
El proyecto en debate -que por supuesto no encara en profundidad el tema de la necesaria reestructuración del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero que durante el tiempo de transición ayudará a lograr propuestas y consensos adecuados que después deberán ser conocidos por el Parlamento- es absolutamente indispensable para mejorar la gestión del Ministerio.
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