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- rdf:value = " OBLIGACIÓN PARA AUTORIDADES PÚBLICAS DE DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que establece como obligatoria para las autoridades que ejercen una función pública la declaración jurada patrimonial de bienes, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (2394-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 11ª, en 9 de noviembre de 2004.
Informes de Comisión:
Constitución (verbal), sesión 8ª, en 21 de junio de 2005.
Constitución (segundo), sesión 20ª ,en 2 de agosto de 2005.
Discusión:
Sesiones 6ª, en 15 de junio de 2005 (se posterga su discusión); 8ª, en 21 de junio de 2005 (se aprueba en general).
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
La iniciativa fue aprobada en general por la Sala en sesión de 21 de junio último.
La Comisión de Constitución deja constancia en su segundo informe, para los efectos reglamentarios, de las indicaciones aprobadas, de las rechazadas, de las retiradas y de las declaradas inadmisibles.
Las modificaciones al texto aprobado en general fueron acordadas por unanimidad en dicho órgano técnico, excepto la incorporación del artículo 13, nuevo, referido a los contratos administrativos de provisión de bienes y prestación de servicios, que contó con los votos favorables de los Honorables señores Chadwick, Espina y Viera-Gallo y la abstención del Senador señor Ruiz-Esquide.
Según lo preceptúa el inciso sexto del artículo 133 del Reglamento, las enmiendas acordadas por unanimidad deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador, antes de iniciarse la discusión particular, manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o que haya indicaciones renovadas, lo que no ha ocurrido.
Cabe señalar que los artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º y 9º y las disposiciones transitorias son de carácter orgánico constitucional, por lo que requieren para su aprobación el voto conforme de 27 señores Senadores.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado dividido en cuatro columnas que transcriben las disposiciones que se modifican; el texto aprobado por la Cámara de Diputados; las enmiendas introducidas por la Comisión de Constitución, y la normativa que resultaría si éstas fueran aprobadas.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se aprobarán las modificaciones que la Comisión de Constitución recomienda por unanimidad.
--Se aprueban, dejándose constancia de que emitieron pronunciamiento favorable 34 señores Senadores.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
A continuación, corresponde pronunciarse respecto del artículo 13, que la Comisión aprobó por tres votos a favor, de los Honorables señores Chadwick, Espina y Viera-Gallo, y la abstención del Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor ROMERO (Presidente).-
En discusión.
Ofrezco la palabra.
La tiene el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , este artículo establece la prohibición de celebrar actos y contratos respecto de dos categorías de personas: las que ejercen cargos directivos en órganos de la Administración y empresas del Estado, o en sociedades en que participen, quedando inhabilitadas para suscribirlos con ellas mismas o con parientes.
Quisiera dar una pequeña explicación al respecto.
Este mismo impedimento a contratar provisión de bienes o prestación de servicios se aplica al Congreso Nacional y al Poder Judicial.
La infracción a dicha norma genera nulidad absoluta del acto e implica una contravención del funcionario al principio de probidad administrativa.
Con todo -y éste es un punto relevante-, en circunstancias excepcionales -por ejemplo, en el caso de un único proveedor de un producto-, se autoriza la contratación si se ajusta a condiciones de equidad similares a las habituales del mercado, mediante una resolución fundada, que se comunicará al superior jerárquico del suscriptor, a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Diputados.
En el caso del Congreso Nacional y del Poder Judicial, se informará a la Comisión de Ética del Senado, o a la de Conductas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, o a la Comisión de Ética, según corresponda.
Esta disposición, que recoge un aspecto que últimamente ha estado en el debate público y que tiende a avanzar en el fortalecimiento de la transparencia en la gestión de los servicios públicos, tiene que ver con probidad. Y es muy importante que el Senado la apruebe, porque apunta precisamente a evitar que personas que ejercen cargos en la Administración Pública se favorezcan a sí mismas o a sus parientes mediante contratos emanados del mismo órgano en el cual ocupan cargos directivos.
Por eso, la Comisión la acogió y, por mayoría, solicita al Senado aprobarla en los mismos términos.
--Se autoriza el ingreso a la Sala de don Matías Larraín, abogado de la División Jurídico-Legislativa de la Secretaría General de la Presidencia.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-
Señor Presidente , los Honorables señores Núñez y Viera-Gallo y el Senador que habla fuimos los autores de la indicación correspondiente, a la que se le dio nueva redacción para precisarla aún más. Su objeto, como señaló el Presidente de la Comisión , consistía en limitar la posibilidad de suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con funcionarios directivos del mismo órgano o con empresas relacionadas con ellos por determinado vínculo o parentesco. Por lo demás -ya se mencionó-, se trata de un tema regulado en la Ley de Probidad.
Sin embargo, el Ejecutivo se comprometió en la Comisión a presentar un proyecto sobre transparencia en materia administrativa, en actual trámite en el Congreso. Por considerar que es una norma cuya incorporación es necesaria, fui partidario, si se propusiera una similar o que se acercara a la que planteábamos, de trasladarla a la iniciativa del Ejecutivo , por tener una relación más directa con ella que con la que ahora debatimos, relativa a la declaración de patrimonio.
Incluso, se discutió si la indicación correspondía a la idea matriz del proyecto, y el Presidente de la Comisión la declaró procedente y vinculada con el tema de la probidad.
Como el señor Ministro , presente en la Sala, ha cumplido su compromiso -y espero que ahora lo aclare- al menos con uno de los autores de la indicación, yo sería partidario de sacar esta norma del proyecto en análisis e incorporarla en el relativo a la transparencia en materia administrativa.
Por esa razón, mi voto va a estar sujeto a lo que nos informe el señor Ministro al respecto.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Tiene la palabra el señor Ministro , y después el Senador señor Viera-Gallo.
El señor DOCKENDORFF ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Efectivamente, la semana pasada el Ejecutivo presentó al Congreso Nacional un proyecto que contiene una serie de normas sobre transparencia fiscal, y del cual se dio cuenta en esta sesión. Una de ellas regula las inhabilidades y condiciones relativas a las entidades públicas que contratan servicios o participan en licitaciones. Y en el caso que ahora discutimos, se trata de un precepto que tiene que ver con la naturaleza de esa materia. Entonces, nos pareció razonable tramitarlo en ese proyecto, el que, según entiendo, se remitió a las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización, y a la de Hacienda, en su caso.
Hoy nos reunimos con el Senador señor Viera-Gallo , para precisar los alcances de los criterios contenidos en la indicación que presentó junto con los Honorables señores Núñez y Andrés Zaldívar , a fin de que quedaran debidamente consignados en el proyecto sobre transparencia fiscal.
Por lo expuesto, solicito a los señores Senadores que tengan a bien desestimar el artículo 13, nuevo, puesto que se aleja de la idea matriz del proyecto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente, deseo reiterar lo dicho por el señor Ministro.
Efectivamente, el propósito de la indicación de los Honorables señores Núñez y Andrés Zaldívar y del Senador que habla consistía en impedir que en materia administrativa y civil ocurriera lo que ya está sancionado en el Código Penal como negociación incompatible o como tráfico de influencias. Pero, para considerarse norma penal, debe haber dolo. En cambio, por descuido, por ignorancia, por negligencia o simplemente porque no se sabe, es factible incurrir en la conducta objetiva, sin que la ley penal pueda aplicarse.
Entonces, la finalidad de la indicación básicamente tendía a que no pudiera burlarse la norma de probidad sin incurrir en un delito, suscribiendo contratos con las personas a que alude un artículo -no recuerdo su número- de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, tanto del Gobierno central cuanto de los gobiernos regionales, así como también de las empresas públicas, norma que hoy día existe respecto de los municipios.
El Ejecutivo recogió esta inquietud y ha presentado un proyecto más amplio, completo y preciso.
El señor Ministro también ha comprendido que algunas de nuestras ideas respecto de estas materias tenían valor, sobre todo la referida a la sanción civil de nulidad del contrato. Porque no basta la sanción administrativa si después el contrato, que puede ser muy voluminoso, tiene sus efectos, produciéndose de hecho defraudación a la fe pública, sin sanción.
Acojo lo señalado por el señor Ministro . Y es de esperar que en el otro proyecto se analice esta materia en su globalidad, no sólo respecto de las licitaciones, sino también de la contratación directa o de cualquier tipo de contratos que suscriban organismos fiscales o empresas del Estado con personas que tienen vínculos de parentesco.
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , me alegro mucho de que estemos analizando un proyecto como éste, porque, cuando diversas empresas públicas y funcionarios del Estado se ven sometidos a los tribunales por irregularidades de distinta especie, la discusión debe ser, a mi juicio, una discusión amplia y no restringida a determinados actos.
Y cuando aludo a una discusión amplia me refiero a que, además de aprobar proyectos como el que nos ocupa -y haré una petición al señor Ministro , aquí presente-, es importante que el Gobierno dé pasos para trasparentar todas las cosas.
Me parece francamente increíble que estemos por una parte, legislando para prohibir a las máximas autoridades la celebración de contratos con parientes y que por otra se guarde reserva sobre ciertas informaciones; que empresas estatales -Televisión Nacional, CODELCO , BancoEstado- no entreguen antecedentes a la Cámara de Diputados, institución especialmente establecida por la Constitución como órgano fiscalizador; y que se mantengan -¡mantengan!- juicios de mera certeza en los tribunales con el fin de no dar respuesta.
En un acto de mínima coherencia de parte del Gobierno, debiera terminarse con esa actitud. Porque estamos aprobando leyes y, después, los periodistas dicen: "¡Pero si ellas no sirven para nada! ¡Miren los vacíos que tienen!
¡No hay ningún vacío! ¡En esta materia no caben dobles discursos!
Hoy voy a entregar un nuevo antecedente.
Señor Presidente, estamos haciendo esfuerzos por la transparencia. Pues bien, de los 362 oficios que los señores Senadores han solicitado enviar al Ejecutivo este año, 54,6 por ciento no ha sido contestado.
Entonces -pongan atención, Honorables colegas-, francamente no estamos frente a un debate real, porque por una parte se pone una cuña a la corrupción mediante mayor transparencia y por otra se registra falta de respeto e incumplimiento básico para con un órgano del Estado, como es el Senado. No es posible que el Gobierno nos diga aquí una cosa y luego haga otra.
Solicito al señor Ministro que ordene a las citadas empresas del Estado el retiro de las demandas de mera certeza que se hallan en los tribunales y, además, la manifestación de un mínimo de respeto para con esta Corporación. Ya no soy Diputado , pero cuando lo fui también viví la experiencia de no recibir respuestas a los oficios enviados. ¡Más de la mitad no ha sido contestado!
Sin embargo, como si esto fuera poco -ya termino, señor Presidente-, algunas respuestas son francamente para Champollion, porque no se entienden o porque se entregan antecedentes distintos de los requeridos.
Pido al Gobierno que sea coherente en esa materia, porque estamos legislando en la línea de hacer un país más transparente. Pero, por favor, esa situación no puede quedar pendiente, pues cientos de oficios de los señores Senadores no han sido contestados.
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Silva.
El señor SILVA .-
Señor Presidente , celebro el debate que se ha suscitado y el haber escuchado la opinión del señor Ministro y de los Honorables colegas que tomaron la iniciativa de someter a la aprobación del Senado este artículo. ¿Por qué? Porque cuando tuve ocasión de leer el informe de la Comisión -como saben Sus Señorías, hoy se repartió-, me llamó profundamente la atención por estar fuera del contenido fundamental del proyecto. De manera que pensaba intervenir, justamente, para pedir que de alguna manera eso fuera observado.
En el fondo, creo que no es un mal artículo, a pesar de que se trata de una materia ya inserta en disposiciones generales vigentes en la legislación de la República, en normas estatutarias, en leyes que rigen los contratos, las compras del Estado, etcétera.
En consecuencia, no me cabe la menor duda de que, de presentarse un caso como el planteado aquí por los autores de la iniciativa y respecto del cual piden sanción, la Contraloría General de la República, en su oportunidad, tendría que repararlo. Porque, en verdad, esta materia se encuentra reconocida de manera general en leyes vigentes.
Con todo, me hago cargo de lo sostenido por el señor Ministro en cuanto a la conveniencia de que esta norma, de manera más diáfana, se incorpore al proyecto sobre transparencia. Podríamos discutir su contenido. Y nos preparamos para hacerlo.
Pero, obviamente, el artículo propuesto exorbita en sí por mucho el objetivo fundamental de la iniciativa en debate.
Tomo nota de ello y, partiendo de la base de que el artículo en cuestión se excluiría de la iniciativa que discutimos, concluyo que no será votado en este momento.
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor DOCKENDORFF ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Muy brevemente, señor Presidente , deseo hacerme cargo de las observaciones planteadas por el Honorable señor Prokurica relativas a la transparencia.
La verdad es que se ha estado legislando en materia de probidad y transparencia por lo menos desde 1994 -es decir, en el Gobierno del Presidente Frei-, incluso sobre la base de lo desarrollado a este respecto por la Administración del Presidente Aylwin.
En enero de 2003 se logró un acuerdo sustantivo entre el Gobierno y la Oposición que dio lugar, a partir de la matriz de la ley de probidad que promulgó el Presidente Frei , a la elaboración de un paquete de iniciativas legislativas de gran importancia para el país, que honran el buen lugar ganado internacionalmente por Chile en esta materia. Y ahora la Administración del Presidente Lagos ha mostrado su interés por modernizar el Estado y avanzar en una gestión a la par con las necesidades del país en un mundo globalizado.
Al respecto, cabe recordar iniciativas como la que regula las campañas electorales y su financiamiento (el Ejecutivo enviará en el transcurso de esta semana un proyecto que complementa dichas materias); la relativa a la declaración patrimonial (que hoy día nos ocupa); la que norma el lobby (que ha estado avanzando en la Cámara de Diputados); la que amplía las facultades de la Unidad de Análisis Financiero (que evita el lavado de dinero, aspecto muy importante para la transparencia y el combate contra la corrupción); la moción, que hemos apoyado, presentada por los Senadores señores Larraín y Gazmuri sobre acceso a la información pública; y, además, estamos introduciendo un proyecto sobre gobiernos corporativos, que permitirá mayor transparencia en la gestión de las empresas estatales.
No sé qué tiene que ver la observación del Senador señor Prokurica respecto de la correspondencia que no se contesta. En el Gobierno se aplican instrucciones bien precisas en esta materia. Personalmente me voy a preocupar de chequear la situación e informar a Su Señoría sobre las demoras que se hayan producido.
Sin embargo, en modo alguno eso contradice el propósito de transparencia que anima al Ejecutivo , como lo hemos demostrado hasta la saciedad, no solamente a través de la agenda legislativa, sino también por la gestión realizada. Nunca nos ha gustado la práctica del secretismo ni la modalidad de esconder información ni manejar la legislación al amaño de determinados grupos o intereses económicos, gremiales o de cualquier tipo. De manera que la transparencia ha sido parte del ideario y de la forma en que hemos llevado adelante la agenda gubernativa global.
En consecuencia, con el mayor gusto informaré al señor Senador sobre la naturaleza y las razones que puedan explicar esa dilación.
Me gustaría chequear las cifras.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Esperaremos su informe, señor Ministro .
El señor PROKURICA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PROKURICA.-
Un tema quedó inconcluso.
Señor Presidente, por su intermedio solicito al Gobierno que los Ministros que integran los directorios de las empresas estatales que he mencionado -Televisión Nacional, CODELCO y BancoEstado- pidan el retiro de las demandas de mera certeza que hacen imposible que se informe a la Cámara de Diputados sobre ciertos temas que los Parlamentarios les consultan.
El señor ROMERO (Presidente).-
Muy bien.
Tiene la palabra el Senador señor Espina y, luego, el Honorable señor Viera-Gallo.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, he escuchado atentamente los argumentos del Gobierno.
Esta materia fue discutida y votada en la Comisión. Y ahora voy a pedir que la Sala se pronuncie sobre ella, porque eso fue lo que nosotros conversamos.
No hay ningún problema en que si el Gobierno ha iniciado el proyecto y lo tramita, en circunstancias de que se ha llegado a la fase final de la discusión de la iniciativa que nos ocupa, se determine si en realidad corresponde contemplar el punto en un nuevo texto legal o en el que se analiza hoy día.
En el hecho, en nuestra Comisión no hay en trámite ningún articulado sobre la materia, a pesar de que el Gobierno nos señaló que lo iba presentar para que partiera por ella. Probablemente lo ha ingresado por la Cámara de Diputados. Está en su derecho el hacerlo.
Mas quiero pedir que votemos, porque éste es un tema que generó un largo debate y fue aprobado en el órgano técnico, donde se perfeccionó la norma. Por lo tanto, me parece que lo procedente es pronunciarse. Aquí no pueden los señores Senadores -lo digo, por supuesto, con el mayor respeto que me merecen mis Honorables colegas- retirar una indicación respecto de un asunto que ya se votó en la Comisión, porque es algo que ya forma parte del informe y se debe someter a la Sala.
Ahora bien, nuestro espíritu -y siempre lo ha sido- es que si viene un nuevo proyecto, lo estudiamos y creemos que se traduce en un perfeccionamiento, no existe ninguna dificultad para que se resuelva si el punto se incorpora en una iniciativa o en otra. Pero me parece que ésta no es la instancia para retirar un artículo tan relevante, que regula un tema muy controvertido hoy día: cuál es la relación que deben tener los directores de los órganos de la Administración Pública con los contratos que celebran ejerciendo una especie de duplicidad de funciones. En efecto, por un lado son directores, y por el otro, ellos, sociedades o parientes, celebran contratos con el mismo órgano. Eso genera una polémica que, a nuestro juicio, es necesario zanjar.
Incluso, en esta materia está incluido el Senado. En la actualidad no hay ninguna prohibición legal para que en esta Corporación, como tal, se pueda contratar con un pariente. Aquí se establece una, en cambio, respecto del pariente de un Parlamentario, salvo que haya una resolución fundada que se comunique a la Comisión de Ética y se sepa cuál es la razón.
Porque podría ocurrir, excepcionalmente, en un órgano del Estado, que el pariente de una persona que ejerza un cargo de director -nos referimos a un vínculo cercano- tuviera tal idoneidad, tanta capacidad, tantos méritos, que su labor es irremplazable. Pero eso se debe comunicar a las autoridades, para que todo se haga con total transparencia.
Por tanto, pido que se vote la norma.
Obviamente, estamos siempre abiertos a que, si el otro proyecto ingresa y se tramita -el Ejecutivo puede hacerlo perfectamente-, tomemos la decisión para que el punto se saque de la iniciativa que ahora discutimos y vaya a la otra.
Fue la misma razón que en un momento consideramos respecto del artículo que creaba el delito de enriquecimiento ilícito. Muchos éramos partidarios de verlo en un proyecto aparte, porque se trata de un tema supercomplejo. Los informes del derecho comparado así lo demuestran. Pero finalmente resolvimos presentarlo acá. Y viene una norma que fue consultada con dos distinguidos abogados penalistas.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor ESPINA.-
Si en el futuro -se la concederé en un instante, Su Señoría- o durante la tramitación que queda se envía un proyecto nuevo y se estima que ahí queda mejor ubicada, lo resolveremos. Pero no somos partidarios de retirar lo que ya aprobamos, porque, además, el que avancemos en una dirección y luego retrocedamos sería ininteligible.
Con todo gusto doy la interrupción que se me ha solicitado, señor Presidente.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Con la venia de la Mesa, tiene la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-
Señor Presidente , en efecto, reglamentariamente no podemos retirar la norma, porque ya fue votada. O sea, el Senado debe pronunciarse sobre ella.
Lo que planteamos en la Comisión de Constitución era que si el Gobierno presentaba un proyecto en el mismo sentido la analizáramos con ocasión del estudio pertinente. Porque era discutible si formaba parte o no de la idea matriz de la iniciativa sobre declaración patrimonial, con la cual la contratación no tiene que ver, en realidad.
El enriquecimiento ilícito sí tiene que ver, porque se establece una sanción de delito para el caso de que en virtud de la declaración mencionada se compruebe que el hecho carece de justificación.
Pero el compromiso que tomamos decía relación, repito, a si el Gobierno presentaba un proyecto como el expresado. Y así sucedió. Lo que pasa es que se mandó a la Comisión de Gobierno. Y eso lo resuelve la Mesa, no el Ejecutivo . Si ahora se cambia la providencia y se envía a la Comisión de Constitución, no hay problema.
Creo que el Gobierno cumplió con lo que le pedimos. Por eso, nos vemos en la delicada situación, para los efectos de cumplir con el compromiso que asumimos con él, de votar en contra, para que la indicación se traslade al debate respecto de la iniciativa a que he hecho referencia. Ésa es la razón por la cual pedimos dar por rechazada la disposición.
Si la Sala resuelve cambiar el procedimiento y que el proyecto vaya a la Comisión de Constitución, me parece bien, ya que allí hemos estado analizando el tema.
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , no sé si la iniciativa mencionada se encuentra en la Comisión de Gobierno. No la he visto allí, salvo que haya llegado en estos días. No tengo conocimiento al respecto desde la última sesión que realizamos.
Pero la verdad es que resulta irrelevante si está o no. Porque si un artículo modifica aquí una ley específica, como la de Bases sobre Contratos Administrativos -es decir, no forma parte del cuerpo de otro texto o de uno nuevo que se está constituyendo-, no importa dónde se halle. Si concordamos en su contenido y se agregan disposiciones en una ley determinada, da igual que se halle en éste o en el otro proyecto. Lo importante es si ha habido acuerdo. Si lo hay, soy partidario de despachar el precepto.
Esta misma discusión la tuvimos cuando se debatió la primera vez lo relativo a la transparencia en la información pública. Fue una disposición que se incluyó primero en el proyecto regulatorio del ejercicio del periodismo. Y como la tramitación iba lenta, cuando el Ejecutivo envió la iniciativa que modificó lo relativo a la probidad se incorporó en el articulado respectivo. Es decir, la norma estaba en dos textos. Finalmente, se despachó uno primero, en el cual quedó.
Entonces, lo importante es que la disposición salga. Si está aprobada, no haría más "olitas" acerca de un asunto sobre el cual se trabajó en la Comisión y acerca de lo cual se llegó a un buen entendimiento. La he estudiado -me tocó participar en alguna parte de la discusión- y estimo que quedó bien redactada, que está bien pensada. No veo el sentido de postergarla. Creo que si hay acuerdo en cuanto al fondo, da lo mismo que vaya en ésta o en la otra iniciativa.
Por lo tanto, sugiero que se vote derechamente, porque me parece que ése es el espíritu en la Sala, en el propio Gobierno. Y ya veremos qué hacemos respecto del otro proyecto. Pero, en todo caso, lo único importante es no hacer algo contradictorio, sino coherente con el precepto.
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , coincidimos con lo dicho por los Senadores señores Espina y Larraín . O sea, si no hay una voluntad o un consenso para que la materia sea tratada en la otra iniciativa, no tenemos ningún problema en que se apruebe en la que nos ocupa, porque estamos de acuerdo con la idea básica.
El Gobierno verá, durante la tramitación, si la cuestión se regula mejor en el otro proyecto y vetará el que ahora debatimos, para lograr la armonía del caso. Pero no puede quedar ni la sombra de una duda en la opinión pública de que los autores de esta iniciativa fuimos nosotros y que el impulso provino de estas bancas. Gracias a Dios -o a nuestra argumentación-, también coincidieron los que ocupan las del frente.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
¡Eso corresponde a los grandes acuerdos, Su Señoría...!
Tiene la palabra el Honorable señor Silva.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
¿Me permite antes una interrupción, se��or Senador ?
El señor SILVA.-
Con mucho gusto.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Con la venia de la Mesa, tiene la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-
Señor Presidente , quiero reafirmar la misma tesis planteada por el Senador señor Viera-Gallo . Si efectivamente no hay un acuerdo unánime, demos por aprobada la disposición, y después, durante la tramitación del proyecto, veamos qué se hace para lograr el mismo objetivo.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Me parece muy bien.
Tiene la palabra el Honorable señor Silva.
El señor SILVA.-
Señor Presidente, no estoy en desacuerdo con el contenido de este artículo. Lo que pasa es que ese contenido no se debe estudiar con la premura que significa la urgencia con que viene calificada esta iniciativa.
Sucede que a veces, también, esos acuerdos a que Su Señoría se refiere suelen conducir a que se olviden las normas de la Carta. Y eso es peligroso. Creo que aquí -lo digo con el mayor respeto por el Presidente de la Comisión de Constitución, mi Honorable colega Espina- estamos en presencia de un artículo que transgrede lo constitucional, porque no forma parte de las ideas matrices o fundamentales del proyecto en estudio.
Es efectivo que se pretende modificar la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos, pero ese cuerpo legal comprende una multitud de normas de contenido diferente. La circunstancia de que aquí se enmiende ese cuerpo legal -y en los otros artículos también- no es como para decir que se trata de una misma materia matriz fundamental. Resulta que no es así.
Como manifestó el señor Ministro , estamos en presencia de una norma que confluye con la transparencia. Lo esencial en el proyecto es la declaración del patrimonio. ¿Que de alguna manera ello conducirá a que la vida pública tienda a ese otro objetivo? Es posible. Pero son cuestiones distintas. Y una multiplicidad de aspectos de la más diversa naturaleza en el campo de la Administración son diferentes aun cuando puedan confluir, en último término, en el interés fundamental del Estado.
Con todo respeto, señor Presidente , creo que está dentro de su competencia el poder declarar si el artículo transgrede disposiciones de la Constitución Política. Porque, de ser así, cabe estudiarlo donde realmente corresponde, que es en el proyecto de ley sobre transparencia, el cual nadie ha controvertido que se discute en alguna parte del Congreso Nacional.
He dicho.
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.
El señor CHADWICK.-
Señor Presidente, sólo deseo plantear dos cosas.
Primero, celebro la disposición de los señores Senadores para votar la norma en este momento. Cuando surge una buena idea, cuando se ha trabajado y todos se han puesto de acuerdo respecto de ella, en especial tratándose de un asunto tan importante como el de mejorar la garantía de la probidad pública, no hay que demorarse ni esperar. La oportunidad es ahora y, si se nos da, debemos aprovecharla.
En cuanto a los planteamientos de mi Honorable colega Silva , quiero aclarar que discutimos en la Comisión si la norma estaba dentro de las ideas matrices del proyecto. Y llegamos a la conclusión de que éstas, cuando establecen la exigencia de la declaración patrimonial, apuntan precisamente a mejorar las garantías de la probidad y la transparencia públicas.
Por ello, agregamos dos disposiciones que no venían en el texto original, pero que sí involucraban ese objetivo. La primera de ellas se refiere al delito de enriquecimiento ilícito, ya aprobada por el Senado. Y nadie discutió su procedencia en términos de que estuviese fuera de las ideas matrices, porque se entendió que se trataba de una figura destinada a garantizar la probidad pública.
Y la segunda -que nos ocupa en estos momentos- dice relación a la transparencia en la celebración de contratos dentro de la Administración. El precepto resulta necesario, porque no existe una norma genérica que abarque a todas las autoridades, cualesquiera que sean. Y trae consigo, además, un efecto que no se halla contemplado: la nulidad del contrato.
Es algo que también consideramos como incluido en las ideas matrices, porque se plantea en función de garantizar el objetivo del proyecto: la probidad y la transparencia.
En consecuencia, el tema fue discutido en la Comisión y la indicación respectiva fue admitida a tramitación por las argumentaciones que he dado en términos de relacionarse con las ideas matrices de la iniciativa.
He dicho.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Tiene la palabra por tercera vez el Honorable señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , quiero tocar otro tema.
Tal como acaba de expresar el Senador señor Chadwick , la Comisión introdujo un artículo muy importante sobre el enriquecimiento ilícito. Al respecto, formularon indicaciones los Honorables señores Bombal , Andrés Zaldívar , varios Senadores de nuestra bancada y el que habla, y finalmente se logró una redacción que figura en el informe y que a mi juicio representa un avance muy significativo.
Como la norma fue acogida por unanimidad en dicho órgano técnico, se dio por aprobada automáticamente en la Sala. Sin embargo, por lo menos quiero llamar la atención de mis Honorables colegas en el sentido de que aquí se consagra una figura penal residual en caso de que no se pueda comprobar un delito grave de los empleados públicos en lo referente a alguna suerte de defraudación del interés del Estado. El delito se configura cuando existe una disparidad patrimonial que no es posible justificar, cuya prueba -como lo dispone el inciso tercero del artículo que se agrega al Código Penal- "será siempre de cargo del Ministerio Público".
Me parece que lo anterior reviste gran trascendencia. Como se aprobó automáticamente, repito, no llamó la atención de la Sala. Sólo quería dejar constancia del punto para que los señores Senadores lo tuvieran presente.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
En consecuencia, se pondrá en votación el artículo 13 del proyecto.
¿Lo aprobamos por unanimidad o con votación electrónica?
El señor VIERA-GALLO.-
Por unanimidad, señor Presidente .
El señor LARRAÍN.-
Con votación electrónica.
El señor FERNÁNDEZ.-
Con votación electrónica, señor Presidente .
El señor LARRAÍN.-
Para la historia de la ley.
El señor ROMERO (Presidente).-
En votación electrónica.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el artículo 13 (31 votos contra uno), y queda despachado el proyecto en este trámite.
Votaron por la afirmativa los señores Arancibia, Ávila, Boeninger, Bombal, Canessa, Cariola, Chadwick, Coloma, Cordero, Espina, Fernández, Frei (don Eduardo), García, Gazmuri, Horvath, Larraín, Martínez, Moreno, Naranjo, Núñez, Ominami, Parra, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz (don José), Sabag, Valdés, Vega, Viera-Gallo y Zaldívar (don Andrés).
Votó por la negativa el señor Silva.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
¿El señor Ministro desea agradecer al Senado?
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DOCKENDORFF ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Señor Presidente , deseo subrayar el hecho de que el texto recién despachado constituye para el Gobierno una piedra angular en su estrategia de hacer de la gestión pública un todo más transparente y moderno.
En particular, agradezco a los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por intermedio de su Presidente , el Honorable señor Espina . Y en especial destaco a los Senadores señores Andrés Zaldívar y José Antonio Viera-Gallo .
Pienso que se ha honrado el espíritu democrático y de construcción de acuerdos en esta Corporación. Me gustaría que ese espíritu y ese carácter animaran siempre el avance de la agenda legislativa que el Gobierno propone al país, sobre la base de la gestión, la dedicación y la voluntad del Parlamento.
Gracias.
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