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El señor SABAG.-
Señor Presidente , deseo iniciar mi intervención sobre este importante proyecto de ley señalando algunos hechos puntuales.
Se calcula que 43 por ciento de la población chilena de entre 12 y 64 años de edad fuma. Esto significa que aproximadamente 4 millones de personas son adictas a la nicotina, lo que nos coloca en el nivel de más alta prevalencia de América Latina. Como resultado de ello mueren 14 mil chilenos al año por causas exclusivamente asociadas al tabaquismo, como cáncer o enfisema pulmonar. Para completar este cuadro, el país gasta mil 140 millones de dólares en atenciones derivadas de estas patologías.
Quiero complementar estos antecedentes expresando que siete de cada diez menores de 13 a 15 años ya han fumado y que 9,5 por ciento de los jóvenes admite que recibió cigarrillos gratuitamente de sectores interesados.
Justamente, una idea central del proyecto es atacar en especial el consumo en jóvenes que aún no ingresan a él en plenitud. Los niños fuman cerca de dos cigarrillos al día y los adquieren, por lo general, sueltos. Según la última encuesta mundial de tabaco, los adolescentes chilenos de entre 13 y 15 años son los más fumadores.
No podemos olvidar que recientemente Chile ratificó el Convenio Marco contra el Tabaco de la Organización Mundial de la Salud. El proyecto permitirá incorporar a nuestra legislación los grandes principios expuestos allí. Dicho instrumento internacional plantea a los Estados temas tales como impedir la publicidad del tabaco, regular las advertencias sobre los efectos nocivos en las cajetillas y aumentar los impuestos a este producto.
La iniciativa en debate acoge la eliminación de la publicidad, pero en forma gradual, en un período de tres años. También establece que los mensajes en las cajetillas sobre los efectos nocivos deberán cubrir hasta 40 por ciento de las caras frontales con advertencias directas, tales como "El tabaco causa cáncer" y el bebé de la embarazada corre peligro.
En cuanto a los impuestos, se ha desestimado alzarlos, ya que en la actualidad la tasa alcanza a 76 por ciento del valor del producto que se expende al público.
El problema de fondo radica en el campo de las libertades, por cuanto se trata de derechos que algunos ejercen creyendo haber elegido el fumar. Sin embargo, el tabaco produce adicción, lo cual significa que el fumador no tiene capacidad de abstenerse del consumo. Por tanto, está en duda el uso de su libertad individual para elegir.
Por otra parte, el fumar no es un acto en solitario. Tiene otra dimensión, que se traduce en que el humo puede provocar daño a la salud de terceros.
El Estado garantizará que se pueda fumar, pero en determinados espacios minoritarios, ya que debe fundamentalmente proteger a la población de un producto que causa la muerte del 50 por ciento de los adictos. Existe evidencia científica del grave daño que produce el tabaco. Se trata, además, de asegurar espacios libres de humo, como lo indica el proyecto. Habrá lugares con prohibición total; otros, con prohibición condicional, y algunos, con prohibición especial.
La solución del problema de los que fuman pasa por la educación. Se trata de cambiar los hábitos mediante una adecuada información y sensibilización, de tal modo que quienes deseen seguir fumando lo puedan hacer, pero sabiendo perfectamente los daños que ello conlleva. Lo que prevalece es entonces, más que imponer restricciones, lograr un cambio cultural de conductas, fomentando que las personas, especialmente la población escolar, no fumen.
Por último, el beneficio por concepto de impuestos que produce la industria tabacalera alcanza a 600 millones de dólares. Por su parte, los gastos en salud que debe solventar el país por los nocivos resultados del tabaco son muy elevados. Además -como ya señalé-, 14 mil personas mueren cada año en nuestra patria por afecciones directa o indirectamente relacionadas con dicho consumo.
Por esa razón, apoyaré sin restricciones el proyecto.
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