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El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , como ha dicho el Senador señor Larraín , este proyecto tiene una enorme importancia social, pues son miles quienes necesitan anteojos para la presbicia y que, desgraciadamente, no cuentan con la posibilidad de una consulta oftalmológica, sino hasta dentro de meses o, incluso, más de un año.
Esta iniciativa es fundamental, pues exige que la entrega de este tipo de lentes debe acompañarse de la evaluación de un oftalmólogo, aunque sea fijada para dentro de seis meses, con el propósito de detectar eventuales enfermedades, como glaucoma u otras, que podrían conducir a la ceguera.
Como se ha mencionado, el problema no afecta a la clase media, y obviamente tampoco a la clase alta, sino que se concentra en el sector popular, sobre todo en el más indigente, porque si no cualquiera podría hoy comprar los anteojos donde quisiera. Estamos hablando de quienes no pueden adquirirlos, porque no tienen plata para hacerlo. Frente a eso, se autoriza su entrega gratuita en los consultorios a quien los necesite, o bien su compra a precios muy módicos. Básicamente, lo que se busca es que el Gobierno pueda poner en práctica en los consultorios de atención primaria un sistema de entrega gratuita de anteojos. Ojalá la persona pasara por un optometrista. Pero, si ello no es posible, simplemente que se pruebe los lentes, como hace cualquiera de nosotros cuando los adquiere.
Como resguardo, en el inciso segundo se dispone que deberá haber una advertencia sobre la conveniencia de una evaluación oftalmológica. Y me imagino que en el consultorio, junto con entregar los anteojos, se fijará una consulta con determinado oftalmólogo dentro de ocho meses, diez meses o un año más, para ver si padece glaucoma, catarata u otra enfermedad.
La única discrepancia con la indicación que se planteó radica en si este procedimiento se lleva a cabo simplemente sin ningún control o, como se dispone en el proyecto, si la venta y entrega de este tipo de lentes se hace en establecimientos de salud, ópticas, farmacias -se supone que son establecimientos responsables- y en "otros registrados ante la autoridad sanitaria". Esto último sería muy fácil. Bastaría que el Parque Arauco , Falabella , etcétera, se registrara. Y este registro requiere un mínimo esfuerzo. Se trata de que, por lo menos, exista capacidad de la autoridad sanitaria para controlar que la entrega de los anteojos se acompañe, como señala el inciso segundo, de una advertencia sobre la conveniencia de fijar una consulta con el oculista.
Ahora bien, el Senador señor Larraín argumenta que, si esto hoy se hace sin control alguno en los sectores altos, por qué no ocurre lo mismo en toda la población. La única diferencia es que, por mayor cultura y, sobre todo, por mayor capacidad económica, aquéllos pueden ir a un oculista y pagar. En el nivel popular tal vez no haya el mismo interés por ir a un oftalmólogo, porque no se tiene conciencia y, obviamente, se carece del dinero para hacerlo. Y no hay ninguna posibilidad para que esto se haga en Chile de manera masiva en un plazo razonable. Sería ideal que, por medio de una reforma legal, se permitiera actuar a tecnólogos especializados en oftalmología, que es una carrera intermedia, y que tuvieran una participación mucho mayor. Pero no sabemos cuándo sucederá eso.
Lo que nos interesa es que hoy día no se tiene ni cita con el oculista ni anteojos. Por lo menos mediante la ley en proyecto se tendrá lentes. Es la única diferencia.
Si esto se hace con un poco de control o sin ningún control, queda a criterio de los señores Senadores, por cierto. Pero es una discrepancia menor. Yo preferiría que fuera como lo establece el proyecto, por eso voté en contra de la indicación.
He dicho.
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