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El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Gabriel Boric .
El señor BORIC.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer al diputado Patricio Melero por su frase sobre “el socialismo que ahora gobierna”. El diputado Melero se va a enterar cuando el socialismo gobierne, pero todavía falta.
El promedio de las jubilaciones en Chile supera, apenas, los 190.000 pesos. No es una cifra mañosa, sino la que reveló el último informe previsional de la Superintendencia de Pensiones. Ahora, si a ese monto le restamos el aporte solidario del Estado, los resultados son aún más desalentadores.
En el marco de esta crisis, que cada vez será más aguda -como sabemos, el actual sistema previsional se instaló en 1981, por lo cual quienes jubilen bajo este régimen irán in crescendo durante los próximos años-, el gobierno presentó el proyecto de ley de creación de una AFP estatal, tal como estaba contemplado en el programa de gobierno que la Nueva Mayoría presentó al país durante la campaña presidencial y parlamentaria.
Durante algunos meses se discutió ese proyecto en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, hasta que desapareció de la agenda. Espero que su desaparición se deba a que el gobierno se dio cuenta de que era un muy mal proyecto. Por lo menos, los diputados que participamos en esa comisión tenemos esa opinión.
Al comienzo, el Ejecutivo señaló que la AFP estatal iba a mejorar las pensiones. Luego tuvo que desdecirse y afirmar que el objetivo principal de esa AFP era mejorar la competencia del sistema y ampliar la cobertura, pero también señaló que no se podía garantizar que las comisiones por administrar los fondos de pensiones serían menores que las de las AFP privadas.
No queremos más un Estado que actúe en la misma cancha de los privados. El problema de fondo no es solamente que se hayan privatizado el sistema de pensiones, la educación, la salud, sino que se haya privatizado el carácter del Estado. Debemos terminar con eso y apuntar a la transformación del carácter subsidiario del Estado por uno garante de derechos sociales universales.
En ese sentido, lo que más duele es que el mercado se haya instalado como ente rector del sistema de pensiones, en lo que debiera ser un derecho.
Sabemos que no se trata de afirmar irresponsablemente que hay que volver al sistema antiguo, porque entendemos que con los cambios que ha tenido la pirámide poblacional, el sistema de reparto, tal como estaba concebido antiguamente, no es sostenible en el largo plazo.
Debemos avanzar en creatividad y en seriedad para tener un sistema de reparto corregido, en el que los aportes del empleador sean cada vez más sustantivos y no sean traspasados como costos al trabajador. En el fondo, parte de la plusvalía con la que se quedan los dueños del capital por sobre el trabajo real de los trabajadores, debe ser devuelta a estos mediante aportes para su sistema de pensiones. Por cierto, en este punto, el Estado debe jugar un rol fundamental.
Muchas veces, cuando decimos que las AFP son un sistema de robo a gran escala, en que siempre se terminan socializando las pérdidas y privatizando las ganancias, nos tildan de populistas. Al respecto, pareciera que quienes defienden el actual sistema, además de quienes tienen intereses económicos en él, no conocieran la realidad de los que deben vivir con 190.000 pesos al mes. Ellos tienen que raspar la olla. Moreira no es el único que la raspa.
Es tremendamente importante que no perdamos de vista el sufrimiento de chilenas y chilenos, especialmente de nuestros adultos mayores, que, con un sistema público en crisis, deben sobrevivir pagando remedios, comida y gastos básicos con 190 lucas mensuales.
Aprobaré ambas iniciativas porque van a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores de la salud, pero para solucionar el problema de fondo se requiere terminar con las AFP, porque las tasas de reemplazo, en promedio, son del 30 por ciento, y en Magallanes solo de 18 por ciento.
Ese es el cambio de fondo que debemos realizar. Ojalá lo tengamos en el Congreso Nacional.
He dicho.
-Aplausos.
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