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El señor ORPIS.-
Señor Presidente, el debate anterior fue tremendamente interesante.
Ahora, quiero dejar constancia de que esta normativa, que lleva muchas semanas en tabla, favorece a más de 400 mil pequeñas empresas familiares que no han podido regularizar su situación ni acceder a los beneficios que se otorgan, por los obstáculos que paso a señalar.
El 25 de agosto de 2001 se publicó la ley Nº 19.749, que perseguía facilitar la formalización de microempresas familiares.
¿Qué es una microempresa familiar? Es la que funciona en la propia casa habitación, tiene menos de cinco trabajadores y cuenta con un capital no superior a mil unidades de fomento.
La referida ley, que eximió a esas pequeñas empresas de una serie de trámites que se exigen para obtener la patente, no ha tenido plena aplicación. ¿Por qué? Porque el 14 de noviembre de 2003 la Contraloría General de la República, mediante dictamen Nº 51.504, determinó que, para estar en posesión de la patente, la vivienda debía contar con la recepción definitiva o con el permiso de construcción. Tal resolución prácticamente paralizó la instalación de microempresas en la casa habitación, porque la mayoría no había regularizado esos dos aspectos. Entonces, alrededor de 400 mil pequeñas empresas familiares se han visto afectadas, pues carecen de los medios para conseguir un arquitecto, sanear la situación y obtener la recepción definitiva o los permisos de construcción.
¿Qué busca esta iniciativa, señor Presidente , que es tremendamente importante? Se trata de una norma interpretativa que, en términos simples, precisa la disposición pertinente en materia de patentes municipales, con el fin de eximir, de forma categórica, a las microempresas familiares de la exigencia de presentar el permiso de construcción o la recepción definitiva.
Por lo tanto, el proyecto es de enorme trascendencia social.
En la Comisión de Economía se tramitó en forma muy expedita, con miras a su pronta y plena aplicación. Así, estas microempresas que funcionan en la casa habitación no se verán expuestas a multas y, eventualmente, a su cierre.
Se trata de dar oportunidades a quienes emprenden pequeños negocios.
Por ello, la Comisión de Economía, por unanimidad, aprobó el proyecto.
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