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El señor GARCÍA .-
Señor Presidente , en primer lugar, expreso mi extrañeza por la indicación del Ejecutivo, pues la Comisión de Economía -como le consta al señor Director Nacional del Servicio Nacional del Consumidor , presente hoy en la Sala- dedicó muchos meses de trabajo a este proyecto de ley, y en particular a la norma que nos ocupa. Finalmente, logramos concordar con el Gobierno el artículo contenido en el informe, donde, sin prohibir la promoción comunicacional vía correo electrónico, se establece que los destinatarios podrán señalar su disconformidad con el envío; por ende, prohibir automáticamente su remisión posterior, y, además, denunciar el incumplimiento de la norma ante el juzgado de policía local correspondiente, que fijará las multas del caso.
Eso parece razonable. Lo contrario significaría tener que prohibir a las casas comerciales, por ejemplo, que mandaran cartas promocionales a nuestros hogares u oficinas. Porque todos estamos recibiendo una cantidad enorme de comunicaciones de ese tipo por correo ordinario; incluso, mediante llamados telefónicos. ¿Cuántos de nosotros hemos realizado aun campañas electorales por la vía telefónica? Y la gente que recibe los llamados debe aceptarlos o colgar rápidamente.
Entonces, estimo que la prohibición planteada envuelve una discriminación para con un medio moderno, en pleno desarrollo.
Por lo demás, es sorprendente que en la indicación del Ejecutivo se exprese que "Toda empresa o persona que desee enviar publicidad o información comercial por los medios señalados en el inciso anterior, deberá estar previamente inscrita en un Registro gratuito que con dicho objeto mantendrá la Subsecretaría de Economía...".
¿Por qué se obliga a aquéllas a inscribirse en un Registro , de una parte, y por qué el servicio de inscripción, que tiene un costo para el Fisco, será otorgado gratuitamente, de otra?
Por eso me he negado a que la indicación en comento sea vista en la Sala: porque en la Comisión de Economía dedicamos mucho tiempo a este punto y porque concordamos con el Ejecutivo una redacción que a todos nos pareció razonable. No considero conveniente, entonces, que en el último minuto, a última hora, se presente una proposición sobre una materia largamente debatida, consensuada con el Gobierno y aprobada por unanimidad.
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