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Honorable Senado:
Fundamentos
Hemos recibido de los funcionarios del Servicio Nacional de Pesca la siguiente información relativa a la reestructuración institucional y modernización de la planta de dicho Servicio:
1.— El 11 de noviembre de 1999, ingresó al Ministerio de Hacienda un anteproyecto de adecuación de la Planta del Servicio Nacional de Pesca, sin embargo, dicha iniciativa no prosperó y en el presupuesto para el año 2000 no se contemplaron recursos para financiarla.
2.— Durante los años 2001 y 2002, se desarrolló de un nuevo proceso de estudio amplio y participativo, con la asesoría de agentes externos, a fin de detectar las debilidades del escalafón de funcionarios del Servicio, el cual consideró definición de roles y responsabilidades, y la elaboración de un esquema de movilidad que considerara un ascenso de tipo “romboidal”, no piramidal, de tal manera de concentrar un mayor número de funcionarios en los grados intermedios, con la consecuente disminución de los cargos adscritos a grados inferiores e incremento de los superiores.
3.— El financiamiento para este proyecto estaría asegurado, a través, de la modificación a la Ley General de Pesca y Acuicultura, aprobada por la prórroga de la ley 19.713, denominada como la “Ley Corta” de diciembre del 2002 la cual creó el Fondo de Administración Pesquera (FAP) donde se generan ingresos originados por el incremento gradual en el pago de patentes y que en total ascendería entre 12 y 15.5 millones de dólares al año. El costo del anteproyecto de mejoramiento alcanzaría aproximadamente a 1.5 millones de dólares al año, cifra que a través del FAP se alcanzaría en el año 2005 y que correspondería a gasto del Fondo acordado para labores genéricas de fiscalización y administración pesquera.
4.— Durante el año 2002, el anteproyecto ingresó al Ministerio de Hacienda. De su análisis, este Ministerio propuso elaborar un anteproyecto integral que incluyera además, la modificación al Título IX de la Ley de Pesca, sobre Infracciones, Sanciones y Procedimientos. En el primer semestre del 2003, se elaboró este proyecto integral que pasó a denominarse “Anteproyecto de Ley que modifica el Título IX “Infracciones, Sanciones y Procedimientos” de la Ley General de Pesca y Acuicultura y propone adaptaciones al sistema de personal del Servicio Nacional de Pesca”.
5.— La versión preliminar del anteproyecto se envió al Subsecretario de Pesca con fecha 02 de octubre 2003, el cual con misma fecha lo remitió al Ministro de Economía, donde manifiesta su satisfacción y respaldo al proyecto mencionado (ORD/SUBPESCA/Nº 1809). Con fecha 19 de noviembre 2003, en una reunión donde participó el Sr. Ministro de Economía, el Director Nacional de nuestro Servicio y la Directiva Nacional de la AFUS, se reafirmó el apoyo al proyecto por las razones técnicas que lo respaldan y por que el tema de a disponibilidad financiera estaría resuelto.
6.— Con fecha l0 de mayo el Director Nacional de Pesca y el Subsecretario de Pesca, se reunieron Con funcionarios de la Dirección de Presupuesto, teniendo una respuesta negativa al patrocinio al Ejecutivo de nuestro Proyecto. Con fecha 13 de mayo el Director Nacional de Pesca informó de los resultados negativos en la búsqueda del Patrocinio de la Dirección de Presupuesto del Servicio. Ante esta respuesta a partir del día 19 de mayo se inició un proceso de paralización de actividades en la cual participaron el 100% de los funcionarios de planta y de contrata, el que se mantuvo durante 11 días.
7.— A nivel macro-económico la actividad pesquera, luego del cobre es el segundo sector generador de divisas para el país, sólo en el año 2003 generó 2.200 millones de dólares. Esta actividad económica debe ser monitoreada, controlada y fiscalizada con una dotación de 442 personas (336 de planta y contrata, y 106 en distintas condiciones de honorario).
8.— Con la dotación mencionada, no más de 80 funcionarios son inspectores de pesca de terreno, para las actividades de extracción, desembarque, procesamiento, producción de centros de cultivo, comercialización y exportación. El importante desarrollo del sector pesquero se refleja en que sólo la acuicultura ha crecido en promedio en la última década en un 10% anual.
9.— Sólo por el desembarque de 4 millones de toneladas deben controlarse: 460 plantas de proceso, 1800 centros de cultivos, 50.000 pescadores y 13000 embarcaciones artesanales, 300 embarcaciones industriales, sobre los 100.000 pescadores deportivos, 2000 comercializadoras, 516 áreas de manejo operando, y 148 normas de administración pesquera.
10.— En la firma de nuevos acuerdos comerciales, Comunidad Económica Europea, EEUU, y países de la APEC, la exportación pesquera es una componente fundamental, en cuanto a los volúmenes, como el valor económico de las cargas. La certificación sanitaria y el adecuado cumplimiento de los controles respectivos, es un punto crítico para mantener dichos acuerdos. En los mismos acuerdos comerciales se establecen claras disposiciones de obligatoriedad de tipo laboral para los países signatarios, que con mayor razón deben ser cumplidas por los Servicios Públicos.
11.— La planta del Servicio, desde la promulgación de la Ley General de Pesca y Acuicultura, no ha sufrido modificación alguna, a excepción del cambio de dotación vinculada a la Ley del Nuevo Trato que permitió pasar 54 personas contratadas a honorarios a la condición de contrata. La recarga de trabajo que afecta a los funcionarios del Servicio Nacional de Pesca por la falta de personal, se refleja en que en promedio a escala nacional, se deben compensar cerca del 40% de las Horas Extras. Sólo en el año 2003, en la VIII región se compensaron sobre las 5000 horas extras y se cancelaron alrededor de 4000 horas. En la Región Metropolitana, funcionarios se han visto en la obligación de trabajar períodos continuos, incluidos fines de semana de hasta 23 días.
12.— Que por la labor fiscalizadora del Servicio Nacional de Pesca, y la exposición a la que se encuentran sometidos los Inspectores de Pesca, se han interpuesto recursos de protección por amenazas de incendio a oficinas, por amenazas a la integridad física y psíquica de los funcionarios; denuncias en Juzgados del Crimen por amenazas, por daño a la propiedad fiscal; querella criminal por el delito de injurias graves, entre otras sumando en total más de 10 acciones judiciales a nivel nacional. Además se han registrado más de agresiones a funcionarios.
13.— En relación con los medios insuficientes con los que cuenta el Servicio Nacional de Pesca, los funcionarios fiscalizadores han sufrido accidentes gravísimos, incluido el accidente fatal de la avioneta que realizaba observación aérea de la operación de la flota industrial en la VIII Región, que costó la vida de dos funcionarios.
En atención a todo 10 expuesto hemos estimado necesario proponer al Senado de la República que esta Corporación acuerde solicitar a S.E. el Presidente de la República la presentación, a la brevedad, de un proyecto de ley de reestructuración institucional y de la planta del Servicio Nacional de Pesca, repartición pública dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
(Fdo.): José Ruiz De Giorgio, Senador.— Jaime Gazmuri Mujica, Senador.— Augusto Parra Muñoz, Senador.— Mariano Ruiz-Esquide Jara, Senador.
Valparaíso, 6 de julio de 2004.
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