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El señor JARPA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité DE Renovación Nacional, tiene la palabra el honorable diputado Rosauro Martínez.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, hace algunos días, conversando con algunos miembros del Círculo de Carabineros en Retiro de la ciudad de Chillán sobre diferentes materias que son de preocupación cotidiana para esos servidores públicos, quedé profundamente sorprendido e indignado al ser informado de la suspensión de los convenios por servicios médicos suscritos por la Dirección de Previsión de Carabineros con distintas instituciones de salud en todas las regiones.
Tenía antecedentes de que eso estaba sucediendo, pero imaginé que se trataba de algo circunstancial. Lamentablemente, no era así. Lo señalado es consecuencia de un engaño al Congreso Nacional por parte de autoridades de Gobierno, y voy a explicar por qué hago esta afirmación.
Durante la discusión del proyecto que modernizó la gestión de Gendarmería de Chile y que modificó las plantas de su personal, el ministro de Justicia de la época fue categórico al expresar -incluso, empeñó su palabra- que el traspaso de ese personal a la Caja de la Dirección de Previsión de Carabineros, Dipreca, estaba total y absolutamente financiado.
Es decir, altas autoridades de Gobierno nos contaron una historia atractiva y justa, pero completamente alejada de la realidad. ¿Cómo no va a ser indignante que ante requerimientos de diferentes parlamentarios sobre financiamiento para los nuevos beneficiarios la respuesta fuera que estaba todo considerado y que, por lo tanto, no había motivo para inquietarse? Más aún, recuerdo que hasta se llegó a decir que la incorporación de ese personal iba a reportar un superávit a Dipreca. Esa fue la respuesta de un ministro de Estado.
¿Es normal que un ministro falte a la verdad, no sólo a nosotros, sino que a hombres y mujeres que después de una vida de trabajo, esfuerzo, desvelos y sacrificios por el bienestar de todos los chilenos esperan el reconocimiento ciudadano? Pero hay más, no hay que creer que los afectados son exclusivamente aquellos que hoy están merecidamente en retiro; también está afectado el personal en servicio activo.
¿Qué ocurrió entonces? Nada más y nada menos que lo que en su momento se dijo: con la entrada en vigencia de la ley Nº 19.125, de 1993, que incorporó al personal de la Policía de Investigaciones, se produciría un aumento de las prestaciones médicas sin la correspondiente provisión de recursos y del personal médico y auxiliar necesario para sus requerimientos. Súmese a lo anterior que ya en ese momento el servicio tenía un exceso de atenciones médicas y hospitalarias, con una importante deuda de arrastre.
Esa falta de previsión y la irresponsabilidad de las autoridades de la época han originado lo que era lógico esperar: el colapso del sistema. Ya el año 2000, el gasto real de las prestaciones superó en 1.110 millones de pesos al presupuesto disponible, y en 2001 el déficit ascendió a 728 millones de pesos. ¿Puede una institución prestar servicios en tales condiciones? La respuesta es obvia. Recordemos que el sistema se financia solamente con el 8,5 por ciento proveniente de los sueldos imponibles de los cotizantes activos y pasivos de Carabineros, Investigaciones, Gendarmería, pensionados, montepiadas y Mutualidad de Carabineros, y del 1 por ciento que aporta el fisco al Fondo de Hospitales de Dipreca y el 1,5 por ciento, al Fondo de Hospitales de Carabineros.
Como este es un tema serio y urgente, porque tiene que ver con la salud de las personas, solicito que se oficie a la ministra de Defensa Nacional, a fin de manifestarle mi preocupación por esta lamentable situación y pedirle que disponga las medidas necesarias para dar solución, a la brevedad.
Luego de revisar diferentes estudios, me permito sugerir a la ministra, si lo tiene a bien, que acoja tres ideas:
Primero, estudiar una alternativa que permita al Estado proporcionar un aporte del 1 por ciento para la salud del personal en retiro de Carabineros, Investigaciones y Gendarmería, tal como lo hace con otras instituciones.
Segundo, crear un fondo solidario de salud en la Dipreca, al cual se traspasen los excedentes producidos en el Fondo de Revalorización de Pensiones creado por la ley Nº 15.386, de 1963. Esta alternativa no generaría un nuevo gasto para el fisco ni para los imponentes, sino que sólo implicaría un cambio de destino de los excedentes que la Dipreca remite a la Comisión Revalorizadora de Pensiones y que en nada benefician a los imponentes en retiro.
Tercero, estudiar un proyecto de ley que permita a la Dipreca celebrar convenios de atención de salud con el Fonasa, especialmente en provincias. No es posible implementar esta medida actualmente, ya que los artículos 12 y 36 de la ley Nº 18.469 prohibieron a los imponentes de la Capredena y la Dipreca acogerse al sistema de libre elección. Sin embargo, tal prohibición ya fue levantada para las Fuerzas Armadas, mediante la ley Nº 19.465, cuerpo legal que excluyó a Carabineros, Gendarmería e Investigaciones.
Concluyo mis palabras con la esperanza de que en los próximos días estos servidores públicos y sus familias recibirán la atención que merecen por su condición de personas y por lo que han entregado a Chile.
He dicho.
El señor JARPA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Carlos Kuschel, Fernando Meza, Francisco Bayo, Edmundo Villouta, Fidel Espinoza y de quien habla.
"
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