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El señor LORENZINI (Presidente).-
La presente sesión tiene por objeto analizar los efectos del reciente decreto tarifario para la telefonía fija.
Se encuentra en la Sala el ministro de Obras públicas, Transportes y Telecomunicaciones, señor Javier Etcheberry.
Solicito el asentimiento de las señoras diputadas y de los señores diputados para que ingrese a la Sala el subsecretario de Telecomunicaciones, señor Christian Nicolai.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
De acuerdo con el artículo 74 del Reglamento, el tiempo previo de 15 minutos corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el diputado señor Zarko Luksic.
El señor LUKSIC.-
Señor Presidente , agradezco la presencia del ministro de Obras Públicas , Transportes y Telecomunicaciones y del subsecretario de Telecomunicaciones , señores Javier Etcheberry y Christian Nicolai , respectivamente.
El proceso de fijación tarifaria en la telefonía fija es fruto de la ley de telecomunicaciones aprobada por el Congreso Nacional, y la Comisión Resolutiva Antimonopolio, que estableció, entre otras normativas, que cuando un actor en el mercado de las telecomunicaciones, en el caso de la telefonía fija, tiene una posición dominante, las autoridades respectivas, es decir, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el Ministerio de Economía son las llamadas a fijar las tarifas.
Es importante recordar que uno de los actores, CTC Telefónica, concentra entre el 75 y el 78 por ciento del mercado en telefonía fija en el territorio nacional. La empresa que ocupa el segundo lugar tiene cerca de diez por ciento. Por consiguiente, claramente estamos en presencia de un actor dominante, aunque no propiamente un monopolio, en un servicio público de tanta significación para los usuarios como es la telefonía fija. En tal caso, es necesario proceder a una tarificación cada cinco años.
Acabamos de conocer el proceso de tarificación correspondiente al período 2004-2009. La bancada democratacristiana pidió que se convocara a esta sesión con el objeto de que las autoridades respectivas entregaran los antecedentes y fundamentos de esa decisión, conocida por la opinión pública y por todos los diputados.
Nuestra principal preocupación es saber de qué manera influye en los clientes esta tarificación de la telefonía fija, especialmente en los de escasos recursos, que, con mucha dificultad, lograron el uso de una línea telefónica.
Efectivamente, la telefonía fija no ha tenido la evolución ni el desarrollo de la telefonía móvil, a mi juicio, por razones muy claras: la telefonía móvil es mucho más flexible y fácil de utilizar y operar que la fija, y no tiene una concentración de mercado, el que se distribuye entre tres y cuatro empresas principales. Por ello, sólo hay 3 millones 500 mil usuarios de telefonía fija y más de 6 millones de telefonía móvil.
Sin embargo -repito-, hay dos temas que nos preocupan y por los cuales pedimos celebrar esta sesión. En primer lugar, la situación en que quedan nuestros usuarios. ¿Qué observamos? El Gobierno propuso una rebaja promedio de 27 por ciento y sólo se accedió a 5,6 por ciento. El cargo fijo promedio, que molesta, indigna, irrita, y que junto con el diputado Hales solicitamos disminuir, subió 7 por ciento. El cargo de acceso subió -de manera excesiva- a 40 por ciento. El SLM -servicio local medido- tuvo una baja de 14,40 por ciento, aunque no es tan así, porque en el caso de aquellas personas de escasos recursos que tienen un uso promedio mensual similar o menor a setenta minutos, su cuenta se incrementa en 8.9 por ciento. Es decir, aumenta el cargo fijo y sube, considerablemente, el cargo de acceso. (El cargo de acceso es lo que recibe directamente la operadora -en este caso, CTC Telefónica- sin necesidad de costo alguno. Con el SLM se crea un costo, al igual que con el cargo fijo). Su alza, de 40 por ciento, nos parece tremendamente excesiva. El servicio local medido ayuda y aporta; pero debiera tenerse presente a aquellos que no hablan mucho por teléfono y que, lógicamente, están marginados, es decir, a las familias de escasos recursos.
Señor Presidente, pido que los tres minutos de la suspensión que hubo se agreguen al tiempo de siete minutos asignados a mi presentación.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , el tiempo previo es de quince minutos. ¿Usted solicitó siete minutos de ese tiempo?
El señor LUKSIC.-
Sí. La idea de mi solicitud es compartir el tiempo previo con el diputado señor Saffirio .
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Puede continuar, señor diputado .
El señor LUKSIC.-
Termino, señor Presidente .
El decreto tarifario de Telefónica CTC presenta un aumento sustantivo en el nivel de los cargos de acceso y de las prestaciones administrativas suministradas a los portadores de larga distancia y proveedores de internet conmutado ISP. Las alzas pueden resumirse de la siguiente manera:
El cargo por llamadas desde telefonía fija a telefonía fija aumenta en un 40 por ciento; los cargos de acceso aumentan en un 60 por ciento; el costo de interconexión, en un 23 por ciento; el costo de función administrativa, en un 15 por ciento. El incremento ponderado de estos costos es de alrededor de 50 por ciento. Estas alzas obviamente no quedan registradas en un libro de contabilidad, sino que son traspasadas al público, lo cual traerá consigo incrementos en los precios de los servicios de larga distancia nacional en alrededor de un 15 por ciento.
En el caso del internet conmutado, que debiera ser accesible para las familias de escasos recursos, para los colegios y para los jóvenes, prácticamente se duplican sus costos de provisión. En efecto, se incrementa en alrededor de un 95 por ciento, y su traspaso al público, imprescindible para mantener el exiguo margen del negocio, requerirá aumentar las tarifas sobre un 30 por ciento. Esta decisión afecta a la población de menores ingresos, que son los principales usuarios -sobre 500 mil- de este servicio.
Resulta sorprendente que esta alza se haya materializado en las magnitudes señaladas, teniendo en consideración que, de acuerdo con el comunicado de prensa de Subtel, la recaudación promedio por línea se redujo para CTC en aproximadamente 1,5 por ciento. Es decir, se han incrementado brutalmente los costos de interconexión, mientras que, en promedio, las tarifas públicas del servicio telefónico básico se han mantenido relativamente constantes.
He querido dar una idea general respecto de quiénes han resultado más afectados con este decreto tarifario, que, como señalé, son los sectores populares, especialmente de Santiago, donde esas alzas han sido mayores. También he hablado del SLM, de aquellos que hablan menos de 70 minutos, del servicio de larga distancia y del internet conmutado, que afecta a 500 mil clientes a lo largo del país.
He dicho.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
En el tiempo previo, tiene la palabra, por cuatro minutos y veintidós segundos, el diputado señor Eduardo Saffirio .
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente, las preocupaciones que los democratacristianos tenemos por este tema se pueden sintetizar de la siguiente manera:
En primer lugar, Telefónica CTC Chile constituye un monopolio en cuanto a la telefonía fija -lo dijo el diputado Luksic - y tiene la potencialidad de convertirse en lo mismo respecto del servicio de internet, cuya importancia irá en aumento en los próximos años.
Esta empresa emplea el enorme poder económico que tiene para presionar políticamente. Desde que se fijó el anterior decreto tarifario, hemos visto cómo ha utilizado ese poder con mucha fuerza en Chile y en el extranjero. Hay una demanda en contra del Estado; cada vez que vienen las regulaciones, amenaza con eventuales despidos de trabajadores -se habló de mil trabajadores en la última ocasión-, y se amenazó al subsecretario Nicolai con la prsentación de acciones judiciales.
En segundo lugar, quisiéramos saber qué ocurrirá con los usuarios de telefonía fija de regiones y con la gente más modesta, que es la que habla menos tiempo. Este nuevo decreto tarifario significa alzas considerables para las regiones, como Concepción e Iquique. Las tarifas beneficiarán a las empresas y a las personas de altos ingresos, que son las que más hablan.
En tercer lugar, nos preocupa que -pese a la propuesta del regulador, que implicaba una rebaja del 30 por ciento respecto de las tarifas actuales, y a los dichos de los ministros del área, en el sentido de que al culminar el proceso tarifario no se experimentarían mayores cambios- en el nuevo decreto tarifario se establezca un alza superior al 30 por ciento en los cargos de acceso, lo que resulta absolutamente contradictorio con la reciente rebaja de 35 por ciento en los mismos cargos para las empresas de telefonía móvil. Esta alza perjudica a la competencia y, lo que es más grave, a millones de usuarios.
En cuarto lugar, sería bueno que el ministro o el subsecretario nos explicaran por qué se produce esta alza 45 días después de la propuesta original del Ejecutivo, ya que no se conoce ningún informe pericial que establezca un aumento como el que se produjo.
En quinto lugar, quiero representar nuestra preocupación por un tema que es resorte directo del Ejecutivo. Frente a los fallos de la Comisión Resolutiva, los órganos antimonopolios dictaron, con gran ligereza, el decreto de flexibilización que favorece al monopolio de la CTC. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los fallos que velan por la libre competencia y con los acuerdos de libre comercio que hemos suscrito, que nos obligan a ello, respecto de las resoluciones en materia de portabilidad, de reventa de líneas telefónicas y de desagregación de redes fijas. ¿Por qué no se dictan los decretos? ¿Por qué no se toman las medidas? ¿Por qué solamente se dictan los reglamentos y las medidas que favorecen al monopolio y no aquellos que pueden favorecer a la competencia?
Por último, quiero manifestar nuestra sorpresa por los cambios producidos en los criterios del anterior decreto tarifario.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , usted está inscrito en el tiempo de la Democracia Cristiana con ocho minutos. ¿Desea que se los agregue o prefiere terminar su exposición?
El señor SAFFIRIO .-
Voy a terminar mi exposición, señor Presidente . Después determinaré si le cedo mi tiempo a otro diputado .
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Su bancada lo tiene inscrito con ocho minutos.
El señor SAFFIRIO .-
Finalmente, se ha abierto una posibilidad para generar transparencia ante una empresa que utiliza mucho el lobby, que hace mucha presión con la nueva ley del consumidor, en los pasillos y también públicamente, tanto en Chile como en el extranjero, especialmente en España. Queremos que se arbitren las medidas en el sector para que pronto se haga realidad en materia de telefonía fija lo que establece la letra f) del artículo 8º de dicha ley -recientemente aprobada en esta Cámara-, en cuanto a que las asociaciones de consumidores puedan intervenir en los procesos de tarificación de servicios básicos domiciliarios.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Víctor Pérez.
El señor PÉREZ (don Víctor) .-
Señor Presidente , me alegra que estén presentes el ministro de Obras Públicas , Transportes y Telecomunicaciones y el subsecretario de Telecomunicaciones para que nos den respuesta sobre un hecho previo a la definición de la política tarifaria. Me refiero al decreto tarifario. Sería bueno aclararlo, puesto que todo el proceso -a nuestro juicio- debe ser transparente. Al respecto, existe preocupación por situaciones que podríamos calificar de irregulares, y que paso a exponer.
La Subsecretaría de Telecomunicaciones llamó a licitación pública a mediados del año pasado -no tengo la fecha exacta, porque, por razones que no logro comprender, ha sido difícil ingresar en la base de datos de Chilecompra, tanto respecto de esta licitación como de otras, como manifestó hoy en la mañana el diputado René Manuel García - para contratar la elaboración de un modelo de cálculo tarifario para la telefonía fija. En dicha licitación pública -según información que obra en mi poder- participaron dos empresas: una, ciento por ciento particular, y el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile. Existen presentaciones a la Contraloría, resoluciones de ésta y reposiciones de particulares a dichas resoluciones; pero la Subsecretaría de Telecomunicaciones aceptó la oferta del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile por un valor de 100 millones de pesos. La otra empresa licitante habría cobrado 59 millones de pesos.
Posteriormente, leyendo una entrevista de prensa al ministro de Obras Públicas, Transportes , Telecomunicaciones, de 12 de abril de 2004, nos enteramos de que el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile no hizo el trabajo encargado, pero se le pagaron los 100 millones de pesos. En tal circunstancia, la Subsecretaría de Telecomunicaciones tuvo que pedir el modelo a la CTC para fijar las tarifas de telefonía fija que regirán a la propia CTC y a otras empresas del ramo. Esto me llama particularmente la atención.
No quiero analizar -lo están haciendo la Contraloría General de la República y las instancias pertinentes- el proceso de licitación. No es el punto que quiero plantear hoy. Lo que me llama mucho la atención es que no se efectuara el trabajo encomendado en esa licitación pública adjudicada y que, sin embargo, se pagaran igual los 100 millones de pesos. La Subsecretaría de Telecomunicaciones tuvo que recurrir a la empresa CTC -a esa empresa eficiente, como se suele llamar- para que remitiera los antecedentes que le permitieran fijar el modelo tarifario.
Por eso, antes de iniciar el debate de fondo sobre el proceso tarifario, sería bueno escuchar una explicación de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones y de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, por la extraña licitación mencionada.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , quiero comenzar mi intervención haciendo un reconocimiento.
El 10 de marzo de 1994, el Presidente Patricio Aylwin , en uno de los patios de La Moneda, firmó oficialmente la última ley de su mandato presidencial de cuatro años: la denominada ley 3A, que es una modificación de la ley de Telecomunicaciones. En ese instante, prácticamente nos transformamos, desde el punto de vista legislativo, en los pioneros de América Latina en la materia.
Al Poder Legislativo le cupo una gran participación. En determinado momento, dicho proyecto prácticamente no tenía posibilidad alguna de terminar su trámite legislativo; pero Edgardo Boeninger , ministro Secretario General de la Presidencia de la época, tuvo la capacidad y el realismo político de entender que era necesario concluir su proceso legislativo porque era bueno para el desarrollo del país y para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Después de los dos trámites reglamentarios en la Cámara -me correspondió el alto honor de ser diputado informante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones-, quedaron pendientes algunas cosas insalvables; pero ocho diputados, cuatro de Gobierno y cuatro de Oposición, tuvimos la capacidad de sentarnos a conversar a fin de ver de qué forma podíamos ayudar a que el proyecto se convirtiera en ley de la República.
Don Edgardo Boeninger presentó una indicación sustitutiva de la iniciativa; pero los ocho diputados -de los cuales varios seguimos siendo parlamentarios -redactamos una indicación que hizo posible el famoso multicarrier-sistema multiportador de telefonía de larga distancia nacional e internacional-, que significó una transformación profunda de nuestra telefonía.
¿Cuál fue el objetivo de la ley 3A? Que nunca más hubiera listas de espera para acceder a un teléfono fijo, cuyo valor era bastante alto. Finalmente, logramos el objetivo, y lo planteado por el Presidente Aylwin en ese momento estaba en el camino correcto.
Hubo competencia. Llegaron alrededor de ocho empresas de telecomunicaciones de diferentes grupos económicos del mundo para tratar de darles un mejor servicio a nuestros habitantes. ¿Cuál fue el objetivo de esa ley? Que todos tuvieran acceso a un teléfono fijo y que su precio fuera razonable para la inmensa mayoría de los chilenos. Paralelamente, la tecnología de punta, en particular la relativa a la telefonía móvil, venía en camino rápidamente.
A los pocos meses de publicada la ley, se dictó el primer decreto tarifario para los primeros cinco años; en 1999, el segundo, y hoy se encuentra en la Contraloría General de la República el tercero, el cual, una vez terminado el proceso de toma de razón, será publicado en el Diario Oficial y regirá, durante los próximos cinco años, esta actividad comercial tan importante, que ha hecho tantas inversiones en nuestro país.
¿Cuál es mi preocupación? Desde la dictación de la ley General de Telecomunicaciones, según diversas calificaciones efectuadas por la Comisión Resolutiva Antimonopolios, ha sido necesario fijar las tarifas de los servicios de telefonía local que la empresa Telefónica presta al público.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
¿Me permite, señor diputado ? Le restan 25 segundos.
El señor ORTIZ .-
Dispongo de seis minutos más, señor Presidente , con cargo al tiempo de mi bancada.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Muy bien, señor diputado . Puede continuar.
El señor ORTIZ .-
En el sector de las telecomunicaciones, donde existe competencia en las telefonías de larga distancia y móvil, el país ha podido apreciar cómo han bajado las tarifas.
Sin embargo, diez días antes de que se cumpliera la fecha tope del 14 de mayo, en la Comisión de Obras Públicas sostuvimos una larga discusión sobre el decreto tarifario que estamos analizando, lo que le consta al subsecretario de Telecomunicaciones , quien es un profesional muy transparente, tal como lo he planteado siempre públicamente.
Nos encontramos con algunas sorpresas. En el anterior decreto, el monopolio local tenía ingresos por 145 mil 383 pesos por línea, y en virtud de este nuevo tendría ingresos por 143 mil 255 pesos, lo que importa una rebaja de sólo 1,5 por ciento.
Nuestro país es serio. Me preocupa que las tarifas fijadas a ese monopolio experimenten un alza de un 78 por ciento respecto del decreto tarifario anterior, como lo sostenía la empresa CTC en su estudio tarifario. Resulta, a lo menos, una muestra de realismo mágico, desmentido incluso comparativamente, dado que, conforme con el decreto anterior, la CTC tiene un mejor Ebitda -Beneficio antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones- que su matriz Telefónica de España.
Y aquí me detengo un minuto. Ayer, el Presidente de la República , don Ricardo Lagos Escobar , manifestó a algunos medios de comunicación españoles que era un error muy sui géneris que los inversionistas españoles consideraran que no es un precio razonable para ellos, como si tuvieran la facultad de fijar las tarifas a su medida. Creo que es una falta de respeto para el país, que nuestro Presidente ya contestó.
En el Informe de Objeción y Contraposiciones, el Gobierno propuso un ingreso, por línea, de 109 mil pesos, después de meses de estudio, en que contó con la asesoría de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. En menos de treinta días, en el decreto tarifario se determinó un ingreso, por línea, de 143 mil 255 pesos, esto es, un 31,4 por ciento de aumento respecto de la anterior proposición de la autoridad, que, reitero, era de 109 mil pesos.
Del decreto de fijación de tarifas podemos comprobar la creación de muchas áreas tarifarias, con lo cual existe menor uniformidad en la fijación de tarifas, como acontecía con anterioridad. De esta manera, se entrega una herramienta que permite mayor discriminación en los precios del monopolio.
Por otra parte, a las personas que utilizan pocos minutos del servicio de telefonía local y que deben ser las protegidas con la fijación tarifaria, no les baja la tarifa cuando les suben los cargos fijos; sólo baja el servicio local medido.
¿Se puede afirmar que con este régimen tarifario se protege a la gente de menores recursos, cuando se sostiene que es necesario hablar más para que bajen las tarifas al público, en un nuevo régimen en que se aumenta el cargo fijo y se baja la tarifa variable del servicio local medido?
Quiero hacer aquí el siguiente comentario: el precio por este servicio no es igual para una pobladora de mi distrito -sea de Boca Sur, La Candelaria, Chiguayante Sur o Barrio Norte- que para una persona que vive en Santiago, desde plaza Italia hacia la cordillera. Allí, los precios son más bajos que para la inmensa mayoría de las personas que, con mucho esfuerzo, han logrado tener servicio telefónico. Adicionalmente, debemos tener presente que desde la dictación de la ley 3 A se ha establecido por mandato legal que los cargos de acceso deben ser fijados de acuerdo al uso de las redes, los que se deben efectuar a costo directo, según lo determina la Resolución Nº 389 de la Comisión Resolutiva.
Por su parte, los cargos de acceso han experimentado un alza de 39 por ciento, lo que necesariamente conllevará a que los prestadores de telefonía móvil, larga distancia e internet aumenten sus tarifas al público, haciéndose con ello más lejano para la gente el acceso a tan importantes servicios.
La posible alza de los cargos de acceso nos hace sospechar que se dejó de lado el imperativo de fijarlos a costo directo, sin escalarlos, y considerando estrictamente los costos necesarios para prestar ese servicio, contrariando el criterio seguido en la anterior fijación tarifaria, cuya legalidad se encuentra avalada por la toma de razón de la Contraloría General de la República.
Por otra parte, no se ha seguido un criterio uniforme en la materia, dado que los cargos de acceso del monopolio han experimentado un alza de más del 30 por ciento, en circunstancias de que en la fijación de los cargos de acceso de las empresas móviles ellos han bajado en más del 25 por ciento.
De acuerdo con lo anterior, los diputados de la bancada democratacristiana -no me cabe duda de que el resto de los diputados también- estamos preocupados, pues los consumidores no quedan protegidos con el decreto tarifario, especialmente las familias de bajos ingresos. Además, se cambia el nivel y la estructura que establecía el decreto anterior, con lo cual se favorece al monopolio y no se pone en juego algo que es vital: la competencia, para que las empresas sigan invirtiendo y aumente el empleo en un sector tan importante como el de las telecomunicaciones.
Es de esperar que en los próximos días se dicten las reglamentaciones y se adopten las medidas necesarias para que opere la desagregación de la red, la reventa de líneas telefónicas y la portabilidad de números. Esto debe hacerse, porque está contemplado en diversas resoluciones emitidas por los órganos que garantizan la libre competencia y en los tratados internacionales de libre comercio suscritos por nuestro país.
En consecuencia, un grupo de parlamentarios de diferentes partidos políticos, tanto de Gobierno como de Oposición, hemos presentado un proyecto de acuerdo que busca colaborar en el perfeccionamiento del decreto tarifario.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Carlos Vilches.
El señor VILCHES .-
Señor Presidente , en razón de que la materia es muy técnica, tengo serias dudas de que se saque algo en limpio en esta sesión, lo cual me preocupa.
Según lo informado por las autoridades de Gobierno a la opinión pública, habría concluido el proceso de fijación tarifaria para la empresa Telefónica CTC Chile -dominante en telefonía de red fija-, que debe realizarse cada cinco años, conforme con lo que dispone la ley de telecomunicaciones. Sin embargo, la Cámara de Diputados no puede permanecer indiferente e impávida con él, por cuanto debe desarrollarse dentro del marco legal establecido. El señor ministro de Obras Públicas , Transportes y Telecomunicaciones puede dar fe de las consultas que le hemos hecho al respecto, porque también entendemos que, como parte de nuestras responsabilidades, nos corresponde defender a los usuarios. Ésa es nuestra preocupación.
La información que se ha filtrado a la prensa no ha sido buena. Telefónica CTC Chile hizo una presentación en la que costaba creer que lo que uno leía era efectivo: una alza promedio de 167 por ciento sobre las tarifas vigentes. En un proceso serio, como el que desarrolla la autoridad de Gobierno, parece increíble que se llegue a alzas de esa magnitud.
Por otra parte, en un sistema de economía de mercado, la principal preocupación debe ser velar por que se establezcan las condiciones para el desarrollo de una competencia libre, sana y efectiva, porque, en definitiva, eso es lo que permite que puedan determinarse las tarifas en forma justa y equitativa para los usuarios.
Se sabe que ante una empresa dominante, la competencia es muy difícil. Por eso, tratándose del sector de las telecomunicaciones, dichas medidas adquieren mayor importancia aún, pues se trata de un servicio público de vital necesidad para la gente. Hoy, las telefonías fija y móvil debe tener tarifas que estén al alcance de las personas.
Entiendo la preocupación de las autoridades del sector por buscar un pliego tarifario justo, pero se han encontrado -lo he leído en la prensa- con una gran oposición de todos los sectores. Sin mencionar a Telefónica Chile Sociedad Anónima, las grandes empresas han hecho presente serios reparos. Por ejemplo, han señalado que “de la simple lectura del decreto y el análisis de las resoluciones pronunciadas por los órganos de la libre competencia, hemos podido detectar que no se ha dado cumplimiento efectivo a las medidas que nos permitirían la existencia de una mayor competencia en las redes de acceso de la telefonía local y la prestación de sus servicios”.
En tal sentido, quiero decirle al ministro que las alzas del cargo de acceso producen un escalonamiento que perjudica a las empresas. Ello provocará un alza muy fuerte en la telefonía móvil, con el consiguiente perjuicio a los usuarios, por cuanto el teléfono móvil es un elemento de primera necesidad para la comunicación.
Para lograr la sana competencia en el sector de las telecomunicaciones y para que pueda operar la integración regulada en la forma prevista por la ley y los tribunales de la libre competencia, resulta de meridiana claridad y de enorme trascendencia lograr que se fijen los cargos de acceso a costo directo por el uso de las redes telefónicas de la empresa dominante, y que se materialice la desagregación de red, la reventa de líneas telefónicas y la portabilidad de número, adoptándose las medidas y dictándose las normas reglamentarias necesarias para ello.
Para el común de las personas, no es fácil entender esta materia. Sin embargo, como se ha popularizado el sistema de acceso a internet, la tarea no es tan difícil. Desagregar las líneas para usar el mínimo de la red telefónica significa utilizar los tramos indispensables para el servicio que se va a entregar. En esto, la reglamentación no permite una sana competencia. Con todo, todavía estamos a tiempo para hacer algunos cambios, por cuanto aún no entra en vigencia el nuevo decreto tarifario.
Se trata de un tema importante, pues la tarifa regirá durante los próximos cinco años. Si cometemos errores en este momento, podemos perjudicar a miles de empresas y chilenos que usan este servicio. Por otra parte, no hay que olvidar que Telefónica Chile Sociedad Anónima ha demandado al Estado por problemas en el cálculo tarifario efectuado hace cinco años. Posteriormente, mediante peticiones, esa empresa presionó de tal manera a la autoridad que logró que algunas tarifas se flexibilizaran.
Resulta de gran preocupación que, en virtud del actual decreto, se haya producido un escalonamiento en los cargos de acceso, en circunstancias de que en el decreto anterior, la Contraloría General de la República declaró que la fijación de los cargos de acceso se ajustaban a la ley sin utilizarse dicho mecanismo, situación que, como criterio, es compartida por los peritos que intervinieron en el proceso de fijación de tarifas de otra empresa de telefonía local, quienes, además, precisaron que la forma de asignar los costos no fue respetada en el decreto tarifario de Telefónica CTC Chile.
Resulta de claridad meridiana que la autoridad no escuchó la opinión unánime de los peritos en esta materia. La denuncia que ha hecho el diputado Víctor Pérez apunta en esa dirección. Por eso, tengo especial preocupación por esta materia, y espero que cuando intervenga el ministro nos dé una respuesta.
¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Que las tarifas de larga distancia, las de internet conmutado y móvil deberían experimentar un alza, porque la prestación de este insumo corresponde a un monopolio. En este caso, la empresa dominante es la que entrega ese servicio.
Cualquier otra situación resultaría difícil de explicar. Por ejemplo -para que podamos entender-, si la harina sube un 27 por ciento, sería difícil que el pan, que se elabora con ella, no subiera de precio.
Por otra parte, si el Gobierno cambia el criterio de fijar los cargos de acceso, que se encuentra ajustado a derecho, según lo señalado por la Contraloría, y es lo que procede para incentivar la competencia, según lo establecido en diversas resoluciones de los órganos de la libre competencia, sin que se haya experimentado ninguna modificación legal en sentido contrario, ¿no se arriesga el Estado a ser demandado por todos aquellos que se vean afectados por un alza de tarifas que no se ajusta a lo que ya fue calificado de ilegal por la propia Contraloría?
La desagregación de las redes de la empresa local dominante se encuentra consagrada en Chile desde hace cinco años, esto es, desde el decreto anterior de la Compañía Telefónica de Chile. Su objetivo fue corregir situaciones anómalas que existían en ese entonces, cuando muchas empresas incursionaban en la red fija y utilizaban parcialmente la red de la empresa dominante.
Pero, además, la Comisión Resolutiva Antimonopolios, en sus resoluciones 515, 611 y 686, de los años 1998, 2001 y 2003, hace expresa mención de lo importante que es la desagregación para generar competencia. Y, más aun, instruye a la autoridad a fin de remover los obstáculos que puedan estar bloqueando el efectivo desarrollo de este sistema.
Sin embargo, la cantidad de líneas desagregadas alcanza a la exigua cifra de alrededor de cuatro mil, y todavía no hay un reglamento -largamente prometido por la autoridad- que haga operativa, en forma efectiva, la desagregación de redes y la reventa de servicios, medidas que están contempladas en los diversos tratados de libre comercio suscritos por Chile, en especial, el recientemente firmado con los Estados Unidos de América.
Por eso, la misma autoridad, apenas cinco o seis meses después de concedida la flexibilidad tarifaria a la Telefónica CTC por parte de la Comisión Resolutiva, se apresuró a promulgar un reglamento de flexibilidad que lo único que hace es favorecer al monopolio para competir con las empresas más pequeñas.
En esencia, lo que logramos con la ley 3 A, de telecomunicaciones, que era instaurar en Chile la competencia de la larga distancia y sembrar a futuro la competencia en la red fija, se está desnaturalizando con estas decisiones. Por eso mi preocupación con motivo de la discusión del pliego tarifario.
También llama poderosamente la atención que hayan pasado años sin regular la desagregación de redes y la reventa de servicios para hacerla realmente operativa, y que las normas de flexibilidad para el dominante, que le permiten competir con las empresas que poseen una posición relativa dentro del sector en que operan, se dicten con tanta celeridad, con tanta prontitud y con tanta preocupación. ¿Por qué se ha actuado de esa manera?
En consecuencia, si la autoridad aumenta los cargos de acceso del monopolio por sobre los del anterior decreto, variando su propio criterio expresado en la fijación tarifaria anterior y perjudicando severamente a la competencia; si durante años no ha regulado la desagregación y reventa ni ha implementado la portabilidad del número y, sin embargo, se apresura a dar flexibilidad al monopolio, no me queda más que preguntarme si hay un verdadero compromiso con la promoción de la competencia como herramienta para beneficiar a los usuarios, a los consumidores de este servicio. Por el contrario, está claro que la autoridad sigue una política que no va por el camino correcto de promover la competencia y, en definitiva, de favorecer con ello a los usuarios de tan importante servicio público.
En mérito de lo señalado, solicito que se haga llegar copia de mi intervención al Presidente de la República -a menos que la honorable Cámara adopte un acuerdo en tal sentido, que refleje la preocupación de los diputados que algo entendemos sobre la materia-, a los ministros de Economía y Energía y de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, a los ministros del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia , al fiscal nacional económico y al contralor general de la República , para los efectos de que se revise la legalidad de la fijación de los cargos de acceso en el decreto tarifario de Telefónica CTC Chile y se vele, por parte de la autoridad, por la pronta dictación de la normativa reglamentaria, implementación de desagregación de red, reventa de servicios y portabilidad de numeración telefónica.
Si se corrigen esos errores, porque hoy la ley permite hacer correcciones, podríamos esperar que el pliego tarifario esté equilibrado, en defensa de los consumidores y usuarios, y que todos los servicios que se entreguen a través de las telecomunicaciones estén al alcance de las personas. De lo contrario, todo el esfuerzo por desarrollar un número de líneas podría debilitarse, lo que ocasionaría daño a la población.
He dicho.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el señor ministro de Obras Públicas , Transportes y Telecomunicaciones.
El señor ETCHEBERRY ( ministro de Obras Públicas , Transportes y Telecomunicaciones).-
Señor Presidente , por su intermedio quiero, en primer lugar, agradecer la posibilidad de participar en esta honorable Sala para hacer algunos comentarios y precisiones respecto de la fijación de tarifas telefónicas.
Si bien, como dijeron varios señores diputados, el valor promedio, teórico, por línea, sólo bajaría poco más de 1 por ciento, actualmente, antes de la fijación tarifaria, había un ingreso del orden de 145 mil pesos por línea telefónica; pero lo que ingresa a la empresa Telefónica, por línea, alcanza a 125 mil pesos, aproximadamente. La diferencia entre 145 mil pesos y 125 mil pesos se produce por la competencia en distintas áreas, lo que obliga a la empresa Telefónica, aunque sea la dominante, a bajar ciertas tarifas en algunos servicios. Las que fija la autoridad son máximas.
Además, en cumplimiento de las instrucciones de la Comisión Resolutiva Antimonopolio, dictamos el reglamento para que las empresas dominantes puedan ofrecer planes alternativos en los cuales personas y empresas puedan participar si los aceptan en forma voluntaria.
Digo esto para indicar que se está liberalizando paulatinamente este mercado, incluso el de telefonía fija, en el cual existen dominantes.
Este proceso que está culminando ha sido el más transparente de todos y se debe al decreto que dictó el Presidente de la República el año pasado, en el sentido de que hizo que todos los antecedentes y etapas intermedias del proceso fueran públicos, lo cual se está haciendo también en forma inmediata a través de internet. Es algo inédito, ya que en el pasado la gente se enteraba sólo mediante los decretos finales. Esto ha permitido, por ejemplo, que la gente conozca en tiempo real el informe de objeciones y contraproposiciones. En la dictación anterior de tarifas, la gente, los analistas de bolsa, etcétera, no conocieron esos datos, a los cuales sólo tuvo acceso la empresa que estaba siendo regulada.
Al hacer todo público, damos más garantía a la población y a las empresas. Además, otras empresas, debidamente identificadas, han podido participar en el proceso haciendo presente sus puntos de vista.
Este proceso es técnico. Como autoridad, debíamos modelar, teóricamente, la empresa más eficiente, y, en función de ello, determinar qué costos son fijos o variables, con el objeto de establecer los distintos componentes de las tarifas por fijar. Es lo que hemos hecho.
Como su nombre lo dice, en el informe de objeciones y contraproposiciones, la autoridad objeta la presentación tarifaria de la empresa. Se contrapropusieron muchos temas; pero, de ninguna manera, ése es el decreto final, puesto que la ley establece que la empresa, en conocimiento del informe de objeciones y contraproposiciones, puede insistir o cambiar algunos de sus aspectos originales. También puede pedir una comisión de peritos. La autoridad sólo puede fijar las tarifas definitivas después de considerar lo que la empresa establece en su informe de insistencia o de escuchar a dichos peritos.
Quiero recordar que al día siguiente que el ministro de Economía y la Subtel publicaran el informe de objeciones y contraproposiciones, yo, como ministro de Transportes y Telecomunicaciones , dije, en varias entrevistas públicas, que éste era sólo un paso intermedio y que a esas alturas no podíamos decir -no lo sabíamos todavía, porque no había concluido el proceso- si las distintas tarifas por fijar iban a subir o a bajar. Repito: eso lo dije varias veces al día siguiente de haberse entregado dicho informe. Primero había que pasar todas las demás etapas y verificar qué era lo técnicamente correcto en las distintas tarifas por fijar.
También se ha hablado mucho respecto de los cargos de acceso. En verdad, consideramos que esos cargos deben ser fijados considerando el escalonamiento. Eso significa que si una empresa invierte en redes fijas, obviamente recupera el monto total de su inversión mediante el pago de los distintos usuarios. Nadie invertiría si sólo recuperara una parte de esa inversión. Cuando se habla de “costos directos”, se hace referencia a todos los costos de la instalación de una red.
En cuanto al cargo fijo de Santiago versus el de regiones, cabe señalar que, en promedio, en Santiago subió 7 por ciento, y en regiones bajó muy poco. Si bien se produjo un alza en la región Metropolitana, ésta sigue teniendo los cargos fijos más bajos del país.
Además, en esta fijación tarifaria hemos establecido que quien no quiera pagar un cargo fijo, pueda obtener una línea por el sistema de prepago, de modo que sólo pagará lo que hable. Este sistema ha sido muy exitoso en la telefonía celular, y estamos seguros de que pasará lo mismo en la telefonía fija. Así, la gente va a pagar sólo por lo que quiera hablar, y si otra persona llama a su teléfono, deberá ella pagar la llamada. Este avance es muy importante y apunta a resolver el problema relacionaco don el valor del cargo fijo.
Finalmente, la prioridad de la Subtel es la dictación, cuanto antes, del reglamento de desagregación de redes, a fin de tener, como lo han pedido varias señoras diputadas y señores diputados, una competencia mucho mayor mediante la utilización de las redes del dominante.
Señor Presidente , solicito que recabe el asentimiento de la Sala para que se autorice intervenir en el debate al subsecretario de Telecomunicaciones , señor Christian Nicolai. Él podrá hacer otras precisiones sobre algunas intervenciones de los señores diputados.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Solicito el asentimiento unánime de la Sala para que pueda hacer uso de la palabra el subsecretario de Telecomunicaciones, señor Christian Nicolai.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el señor Christian Nicolai.
El señor NICOLAI ( subsecretario de Telecomunicaciones ).-
Señor Presidente , deseo complementar lo señalado por el señor ministro respecto de algunos puntos planteados por algunos diputados, a fin de hacernos cargo de sus preocupaciones.
En primer lugar, el número 9) del artículo 8º de la ley Nº 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, cuya modificación fue recientemente aprobada, establece que los usuarios pueden participar en los procesos de fijación de tarifas de los servicios básicos domiciliarios. Los señores diputados pueden tener la certeza de que perfeccionaremos los mecanismos de participación de los usuarios. De hecho, como lo señaló el señor ministro , nos hemos adelantado en ese sentido, puesto que el reglamento, dictado el 25 de febrero del año pasado, contempla la participación de terceros. Ello ha ocurrido en el proceso tarifario de la telefonía móvil, en el que al menos una entidad, la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, Odecu, se inscribió para participar e hizo llegar sus opiniones sobre la materia. Por lo tanto, ya en este proceso ha habido un grado de participación de los usuarios.
En segundo lugar, el diputado Víctor Pérez hizo algunas consultas respecto de la contratación del modelo que, aunque no es asunto de esta convocatoria, no quiero dejar sin respuesta.
Efectivamente, era condición sine qua non que las dos empresas que se presentaron debían entregar el modelo a la autoridad. Como una de ellas no cumplió con ese requisito, se eligió a la universidad que ofreció. Además, hasta el momento no ha habido ningún pago, porque, previamente, deben entregarse los informes correspondientes y ser aprobados por la contraparte técnica, la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
Asimismo, cualquier empresa sujeta a fijación tarifaria debe entregar un modelo propio para su estudio, lo que normalmente ocurre antes de que la autoridad elabore el informe de objeciones y contraproposiciones y utilice ese modelo. Por lo tanto, no es que la autoridad solicite a las empresas sus modelos para desarrollar los cálculos, sino que su obligación es sólo revisarlos para poder preparar el informe de objeciones y contraproposiciones. Tanto es así que la primera parte de nuestro informe, que publicamos en nuestra página web en el mismo momento en que lo dimos a conocer a la empresa, resalta los problemas, errores, las planillas o celdas vacías que pudiera contener su modelo.
La ley de Telecomunicaciones 3A -la última promulgada durante el gobierno del Presidente Patricio Aylwin, conocida como “ley del multicarrier”-, introdujo la competencia en la larga distancia y no tiene relación con la competencia en la telefonía fija, situación producida en Chile desde 1982, y posteriormente perfeccionada en 1987, cuando se introduce en la ley el título V, de las tarifas, puesto que ella señala que no hay ningún tipo de limitación en el número de concesiones que se pueden entregar para la prestación del servicio telefónico fijo. Si no ha habido competencia es porque efectivamente hay situaciones de economía de escala que conducen a que en muchos casos no sea posible construir redes superpuestas.
Respecto de la desagregación y la reventa, voy a explicar cómo se incluyen en el decreto tarifario. La desagregación y la reventa introducen competencia en la red construida. Es decir, modifican la forma en que se reparte una “torta” y la forma en que se entregan los servicios a aquellos que lo tienen. Indudablemente, vamos a ver ventajas, pero, de ninguna manera, la desagregación y la reventa permiten el crecimiento de esas redes y el acceso a sectores que hoy no tienen acceso a la prestación del servicio telefónico.
Un cuarto elemento mencionado es la diferencia entre el costo total por línea del informe objeción y contraproposiciones y el costo total por línea del decreto tarifario. El ministro lo explicó perfectamente y lo mencionó en las entrevistas posteriores a la entrega del informe de objeciones y contraproposiciones. Ese informe está en una etapa intermedia. El legislador, en la ley, incluye la posibilidad de que la empresa insista, a través de este informe de modificaciones e insistencias, para lo cual puede solicitar la constitución de una comisión de peritos. La empresa puede solicitar tal comisión, no la autoridad en este caso, a diferencia de las bases técnico- económicas.
En este caso, se constituyó dicha comisión. Por eso, no es sorprendente que, en un plazo relativamente breve entre la entrega del informe objeciones y contraproposiciones y la discusión del decreto, que es de aproximadamente 60 días, se hayan introducido cambios, puesto que la autoridad ha considerado todo aquello manifestado por la comisión de peritos y que tiene un fundamento técnico, económico, razonable y que, además, se ajusta a la legalidad vigente. Por ejemplo, hay un efecto importante en el ajuste de la estimación de demanda, puesto que se contó con datos adicionales a los que contaban inicialmente.
Recordemos que éste es un proceso que dura poco más de un año; por lo tanto, se perfeccionó la estimación de demanda y se modificó por recomendación de la comisión pericial el valor de la tasa de costo capital. Ese solo hecho implica cambios importantes en el valor del costo total por línea.
Quiero hacer otra referencia al proceso de diferenciación tarifaria de 1999, más allá de las cifras resultantes.
Nos parece extremadamente importante tomar en cuenta este tipo de consideraciones, porque la estimación de demandas -que se utilizó para hacer el cálculo tarifario de 1999- estimaba que a fines del año 2003 la empresa concesionaria -en este caso, Telefónica- iba a tener 3 millones 400 mil clientes, pero sólo llegó a tener 2 millones 400 mil clientes, lo que explica, también, en gran medida, por qué hay un cambio pequeño, del 1,5 por ciento entre el costo total de largo plazo recaudado por línea. Ello queda en evidencia cuando uno compara la fijación tarifaria de 1999, con la fijación que hemos realizado ahora. No se dieron las estimaciones de mercado que crecía desde 2 millones 600 mil líneas a 3 millones 500 mil líneas para el operador dominante, sino que, por el contrario, la empresa tiene hoy una cifra levemente inferior a la que registraba en 1999, en cuanto a líneas.
Se ha hecho referencia al alza en los costos de la telefonía móvil.
Quiero recordar que la situación general es que las empresas concesionarias del servicio público del mismo tipo tienen que interconectarse obligatoriamente por ley y pagar por los servicios prestados a través de estas interconexiones.
En efecto, una comunicación móvil que termina en una red fija, debe pagar un cargo de acceso, mientras que una comunicación que se inicia en la red fija y termina en la móvil debe pagar un cargo de acceso en la móvil.
La autoridad se limitó a ajustar estas prestaciones al nivel de costo y a la situación de mercado existente. En el caso de la telefonía móvil, recuerdo que el resultado de este ejercicio fue pasar de 105 pesos promedio a 77 pesos promedio cuando se llama de red fija a móvil.
En el caso de la telefonía móvil -lo hemos señalado con anterioridad-, fue materia incluso analizada en términos de modificaciones legales. Como autoridad, señalamos que no nos parecía adecuado que se realizaran dichas modificaciones estando el proceso tarifario en marcha, respecto de lo cual la industria estuvo de acuerdo. Así y todo, señalamos que dentro del marco legal vigente procuraríamos establecer simetría en los criterios de fijación de los cargos de acceso entre las diferentes empresas.
Debo recordar que hace dos años fijamos los cargos de acceso de la empresa VTR, que en promedio son de 11 pesos. Por lo tanto, hemos ajustado los costos levemente de manera que vayan confluyendo. Suponemos que, en el futuro, los de la empresa que nombré en primer lugar deben bajar y los otros deben mantenerse o modificarse levemente.
Por lo tanto, quienes pagan los costos de acceso se enfrentan a costos mayores, pero que son sólo parte de los insumos en la prestación del servicio. Si consideramos que en promedio hoy el minuto de telefonía móvil cuesta alrededor de 70 pesos y estamos agregando un peso en promedio a ese costo, nadie podría alegar que algo pueda modificar fuertemente la estructura de costos o la estimación de demandas por efecto de elasticidad.
Respecto de la desagregación y reventa, es un elemento en discusión por largo tiempo. La Comisión Resolutiva, en su resolución 515, que rigió el proceso tarifario anterior, señaló que había que avanzar en dirección a la desagregación y reventa. En la resolución actual, que rige este proceso, avanzó más allá, diciendo que había que hacer algunas adiciones específicas, que esta autoridad ha realizado, lo que ha significado, por ejemplo, que los márgenes promedio que en el decreto anterior fueron del orden del 8 por ciento para estas prestaciones, hoy alcancen alrededor del 35 por ciento para el caso de la línea dedicada a par de cobre y del orden del 15 por ciento para los servicios de reventa.
Respecto de la portabilidad, entre 2000 y 2001 esta autoridad realizó y complementó estudios que concluyeron que no hay demanda para este servicio. Por lo tanto, hacerlo obligatorio significaría una carga adicional en la prestación del servicio telefónico más allá de lo que parece razonable.
Finalmente, en términos del cumplimiento de los tratados internacionales, esta autoridad, que ha participado activamente en los tratados de libre comercio en los capítulos de servicio, de inversiones, de propiedad intelectual y específicos respecto de telecomunicaciones, conoce y fue la que incluyó ciertas obligaciones. Por lo tanto, también las vamos a cumplir. En cuanto a señalar que no se hayan dictado reglamentos y normas, o que no se haya legislado al respecto, están bastante frescos los acuerdos y nuestra legislación ya contempla las situaciones ahí descritas. Fuimos extremadamente cuidadosos en términos de no realizar concesiones más allá de lo que la legislación nacional permitía. Tal como lo hemos señalado, el reglamento de desagregación y reventa de servicio será enviado a la Contraloría General de la República dentro de los próximos sesenta días para que, de esa manera, se perfeccione el mecanismo tanto de los llamados planes alternativos como de este decreto tarifario.
Muchas gracias.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , sin duda el debate de la fijación de procesos tarifarios en la telefónica causa preocupación. Mal que mal, estamos en siete millones de celulares y tres millones de telefonía fija.
En general, con el diputado Saffirio hemos estado interesados en debatir sobre los procesos de fijación tarifaria. Sin embargo, no hay que llorar sobre la leche derramada, pues han pasado cinco años desde que se fijaron las tarifas telefónicas. Esto nos va a servir de lección para la futura aplicación de la ley del consumidor, a fin de que se defienda mejor el derecho de la gente.
Esperamos que cuando cuando estén dadas las condiciones y tengamos los votos para ello -porque en la cancha se ven los gallos- podamos transparentar el proceso de fijación tarifaria, de manera que los usuarios, en particular quienes pagan sus cuentas telefónicas, puedan conocer más detalles al respecto.
Por otra parte, en el proceso participan tres peritos. Uno lo nombra el ministerio; otro, las empresas, y, el tercero, por un acuerdo. Resulta muy complejo que tres personas decidan por diez millones de usuarios de teléfonos: tres millones de línea fija y siete millones de celulares. En un marco de extrema complejidad, resulta muy difícil precisar si estos informes periciales dan cuenta o no de la legítima defensa de los intereses de los usuarios, de las empresas, y el rol regulador del Estado.
También me llama la atención que el resultado del decreto tarifario no sea el deseado, porque en el cargo del servicio local medido se esperaba una rebaja de 32 por ciento y en el cargo fijo mensual una rebaja de 18 por ciento, pero los porcentajes son bastante distantes. Si bien las tarifas bajaron, ¿por qué no se refleja ese efecto en los cargos? ¿Cuál es el tramo de diferencia entre lo planteado legítimamente por el decreto tarifario de mi Gobierno y lo que después se terminó negociando con la empresa como consecuencia del informe pericial, que no sólo no considera las rebajas del cargo fijo mensual, sino que aumenta 7 por ciento, con un 25 por ciento de diferencia de la propuesta inicial del Gobierno?
No tengo duda de que su intención fue proteger a los usuarios, pero el Gobierno se encontró con el poder que tienen las empresas para negociar y avanzar de manera de llegar a un punto medio. También uno podría pensar que hubo la política del tejo pasado, es decir, se bajaría 18 por ciento el cargo fijo y 32 por ciento el servicio local medido, lo cual no se pudo, pues hubo que negociar con las empresas. No obstante, la concentración del servicio local medido es de 70 por ciento en la Región Metropolitana y, en mi opinión y en la de muchos, el resultado de esta negociación no puede ser utilizado para motivar la competencia. Los sectores de ingresos más bajos tienen una sola opción: Telefónica. En cambio, los de ingresos más altos cuentan con las tres compañías. Por lo tanto, la competencia no se da en los sectores de ingresos más bajos, sino en los más altos. Pero si tenemos un solo cargo fijo para un consumo de 12 mil pesos o de 70, 80 ó 90 mil pesos, el porcentaje del cargo fijo tiene una significación de 62 por ciento en el caso de los consumidores de bajos ingresos o de bajo consumo de llamadas, que sólo alcanzan el 12 por ciento de los consumidores de más alta densidad de llamadas, lo cual establece un factor de discriminación.
Por otro lado, tampoco es posible que los parlamentarios seamos expertos en todos los temas. Tratamos de captar la sensibilidad de la gente e intentamos perfeccionar los mecanismos para defender sus derechos.
Finalmente, me gustaría preguntar al ministro si en cinco años se perfeccionarán los mecanismos de fijación tarifaria y habrá mayor participación ciudadana en ello, como claramente lo propicia el Gobierno, no sólo en las tarifas telefónicas, sino también en lo que respecta a los servicios sanitarios, porque, como saben los señores diputados, los informes son secretos hasta que se aplica la tarifa y no hay posibilidad alguna de que la superintendencia respectiva los dé a conocer antes. Hoy apuntamos a más transparencia, a mayor debate, a mayor claridad sobre las cifras y a que en estos procesos haya participación.
Señor Presidente , por su intermedio, quiero decir al ministro que entendemos la voluntad del Gobierno. Si bien es cierto que han bajado las tarifas, queremos que haya más transparencia y mayor grado de igualdad. Por eso pido que nos expliquen por qué el cargo fijo se mantiene igual para los sectores de bajos ingresos o de baja densidad de tráfico de llamadas. No sé si estoy equivocado, pero así lo hemos comprobado.
En cuanto a otras responsabilidades que debe cumplir Telefónica CTC, compañía que tiene el monopolio, quiero informar que desde hace seis meses que no tengo respuesta sobre la instalación del medidor de consumo telefónico que solicité a dicha compañía. El artículo 38 del reglamento del servicio telefónico público señala que cualquier persona puede solicitar la instalación de dicho medidor. A la gente le interesa saber cuánto gasta en llamadas telefónicas. La función de ese medidor es similar a la de los del agua, del gas o de la luz. Pero Telefónica CTC no cumple con esa solicitud. Si no le cumple a un diputado de la República , que hace seis meses compró el medidor y que ha pedido insistentemente que lo instalen en su oficina parlamentaria, la verdad es que muy poco pueden esperar los usuarios de Telefónica CTC para hacer cumplir la ley. Desde el 22 de enero de 2002 a la fecha, a pesar de que la compañía ha sido sancionada por la Subtel, lo que me parece muy bien, ni la instalación ni la promoción del uso del medidor se han llevado a cabo.
Todos los estudios revelan que se puede contar con un medidor de consumo telefónico a un costo máximo de 15 mil 54 pesos, con un gasto mensual de 113 pesos, el cual permitirá terminar con las llamadas brujas y con los cargos abusivos.
La denuncia de Televisión Nacional señaló que muchos contratistas de las compañías telefónicas utilizan las líneas de otras personas para hacer sus propias llamadas.
A su vez, está claramente establecido en el reglamento telefónico que las compañías sólo deberán -es imperativo- usar personal propio para la reparación y mantención de las líneas. En ese sentido, no tienen cabida los contratistas. Por lo tanto, las compañías telefónicas deben responsabilizarse por lo que hacen sus instaladores, pero eso no ocurre; no trabaja sólo personal de la compañía en la mantención y reparación de las líneas.
También se producen distorsiones claras y discriminatorias en el servicio de reparación que deben prestar las compañías, lo cual también ha sido denunciado. Sé que la Subtel ha tomado nota al respecto, pero esto sigue ocurriendo. En sectores de bajos ingresos, la reparación de los teléfonos demora hasta cuatro días, mientras que en sectores de altos ingresos, doce horas. En ambos se paga el mismo cargo fijo; sin embargo, la compañía se toma cuatro días para arreglar el teléfono -no diré “de la señora Juanita ”- de un usuario de bajos ingresos y para arreglar el teléfono de “don Máximo” no se demora más de doce horas.
Por eso, requerimos mayor fiscalización a las empresas a fin de que cumplan con el reglamento telefónico, que dispone que no debe haber demora en la reparación de los teléfonos, y que se instalen los medidores telefónicos, para que la gente sepa cuánto gasta en llamadas telefónicas y pueda regular dicho gasto. En especial, requerimos que exista la información necesaria para que las organizaciones de consumidores puedan definir claramente cuál será su grado de participación en la fijación de tarifas.
En la propuesta tarifaria de Telefónica CTC para los consumidores que quieran verificar en su domicilio el cobro de las llamadas telefónicas mediante el equipo medidor, se pretendía que la autoridad fijara en 6 mil 111 pesos el precio mensual de dicho servicio, en circunstancias de que la misma empresa Telefónica CTC cobra 900 pesos, incluido el equipo de visualización.
Sabemos que hubo una petición de las empresas y que hay un mecanismo regulador del Gobierno. Tenemos claro que el Ejecutivo intentó bajar las tarifas y el cargo fijo. Como resultado de la negociación se llegó a un punto intermedio, que no era lo que el Gobierno pidió ni lo que las empresas querían. Por ello, es necesario conocer en detalle por qué se dijo que las tarifas bajarían, en circunstancias de que después subieron. Está claro que los peritos informaron sobre el particular.
Señor Presidente , por su intermedio, digo al ministro que siempre contará con nuestra colaboración para buscar mecanismos que hagan más transparente el sistema.
Sería bueno saber desde cuándo está instalada la comisión de peritos y por qué se le da a tres personas la posibilidad de definir las tarifas de millones y millones de usuarios de líneas telefónicas.
Reitero: si ya tenemos tarifas por cinco años, fijadas con los antecedentes y las inquietudes planteadas por los colegas diputados, es necesario brindar a la ciudadanía el medidor de consumo telefónico. Hemos presentado diversos proyectos de acuerdo al respecto. Desde el 10 y 22 de enero de 2002 han pasado muchas semanas y aún no se da cumplimiento a esa obligación. Se ha estado en un proceso de homologación, que es perfectamente entendible, pero en la actualidad hay disfunciones en el mercado.
Por otra parte, vamos a tener diferencias con lo que hoy plantean las telefónicas respecto del concepto de instalar y sellar.
En relación con este tema, voy a incidir en un tecnicismo, porque el costo que va a tener la instalación y el pago del servicio del medidor no es resultado del azar. Se nos ha planteado que, por ser dos acciones diferentes, se va a cobrar en forma diferida la instalación y el sellado. No obstante, en los servicios eléctrico, de gas y de agua no se diferencia la instalación del sellado. Es decir, no se puede cobrar el mismo precio por poner un sello y por instalar. Por eso, planteamos lo siguiente: En primer lugar, que exista la obligación de la instalación del medidor de consumo telefónico. En segundo lugar, que se fijen claramente cuáles son las exigencias que deben cumplir las empresas, porque algunas han argumentado que no tienen la obligación de la instalar el medidor, porque a la autoridad le corresponde el sellado, la certificación del mismo. En cualquiera de los dos casos señalados no se ha cumplido. Los usuarios no tienen la posibilidad de instalar el medidor de consumo telefónico. El artículo 38 del reglamento no se cumple y, a pesar de las medidas que ha tomado la autoridad a través de la Subtel, hoy los usuarios no pueden instalar el medidor de consumo telefónico para regular sus llamadas y tener un gasto moderado. Cuando el costo de las llamadas se dispara, causa caos económico en las familias, pues no hay modo de controlarlas.
Por lo tanto, solicito al ministro o al subsecretario algún pronunciamiento sobre lo planteado respecto del medidor.
He dicho.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado Felipe Salaberry.
El señor SALABERRY.-
Señor Presidente, esta es la tercera sesión especial, en menos de siete meses, a que nos convoca un grupo de diputados para hablar del tema tarifario.
El diputado señor Luksic , autor de una iniciativa similar, se lamentaba el 8 de octubre de 2003 de que el señor Etcheberry , ministro de Obras Públicas , Transportes y Telecomunicaciones, no concurrió a la sesión en que se analizaba el tema “Antecedentes y hechos en torno al proceso de fijación de tarifas para la telefonía fija.”
Señor Presidente , por su intermedio, me disculpo ante el ministro por invitarlo a esta sesión repetida. Digo esto, porque se nos convoca a esta sesión para analizar el proceso que ha conocido el país y, latamente, la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, en la cual solicitamos en más de alguna oportunidad que el ministro y el subsecretario nos ilustraran acerca de cómo este proceso se iba construyendo, el cual, es justo señalar, tiene antecedentes técnicos que muchas veces escapan a la lógica legislativa y fiscalizadora de esta Cámara de Diputados.
No puedo dejar de señalar que, ese mismo 8 de octubre de 2003, el diputado señor Ortiz , quien lamentablemente no se encuentra en este minuto en la Sala -también me referí a él en las dos sesiones anteriores- inició su discurso de la siguiente manera en la sesión en que se analizó el tema “Antecedentes y hechos en torno del proceso de fijación de tarifas para la telefonía fija”: “Señor Presidente , el 10 de marzo de 1994, el Presidente Patricio Aylwin promulgó la ley de Telecomunicaciones 3 A, la última de su mandato.”
El miércoles 10 de diciembre de 2003, el mismo señor Ortiz expresó lo siguiente en la sesión que analizó el tema “Efectos de la rebaja de los cargos de acceso de la telefonía fija a la móvil”: “El resultado fue que el 10 de marzo de 1994 el entonces Presidente Patricio Aylwin firmó y promulgó la última ley dictada bajo su mandato: la Nº 19.302, denominada 3 A, que modificó la ley general de Telecomunicaciones.”
¡Para eso nos invitan los señores parlamentarios! Para conocer lo que han dicho en los últimos siete meses en relación con un proceso tarifario que no ha sido fácil, respecto del cual hemos preguntado más de alguna vez si las autoridades del Ejecutivo han hecho o no la pega, lo que es, en todo caso, nuestra labor.
En este punto me detendré para hablar del proyecto de acuerdo que se nos presenta.
En él no hay ninguna mención respecto de lo que ha hecho o no ha hecho la autoridad respectiva en materia de fijación tarifaria. Sólo hay juicios de valor respecto de una empresa privada, cosa que, en mi opinión, no le corresponde hacer a esta Cámara de Diputados. Para llegar a eso tendríamos que preguntar a la autoridad si en este proceso tarifario -como señalé con sentimiento de culpa en oportunidades anteriores- ha habido intención de inducir o presionar a la opinión pública. Pero lo que, a mi juicio, raya en algo que no corresponde, es que el propio Presidente de la República , estando en el extranjero, se haya hecho cargo de posibles presiones de una empresa durante el proceso tarifario.
El ministro señaló que en el decreto tarifario tienen elementos de juicio para mejor resolver. Podemos estar en desacuerdo, pero en el proceso tarifario concurren medidas técnicas para zanjar diferencias si no nos ponemos de acuerdo en la tarifa que se sugiere, como nombrar una comisión pericial. Incluso, muchos formulamos juicios respecto de la composición de esa comisión. Pero en este proyecto de acuerdo no hay nada que señale las facultades que tiene o que no tiene la autoridad respectiva.
Como señalé el miércoles 8 de octubre de 2003, distinto sería si nos convocáramos para discutir, de cara al país, cómo mejorar el marco regulatorio y la defensa de los consumidores a la hora de fijar tarifas de una empresa monopólica.
El considerando 4º del proyecto de acuerdo que se debe votar en esta sesión especial a que fuimos convocados señala: “Que la situación de monopolio de dicha empresa se ha constituido en un importante recurso de poder para presionar al Gobierno”. ¡Pero si esa calidad monopólica fue morigerada por una resolución que le permite a esa misma empresa competir en determinados sectores con tarifas distintas de las que fija el propio proceso tarifario!
Debo informar a los señores diputados, en especial a los autores del proyecto de acuerdo, que si alguien considera que este proceso tarifario afecta la libre competencia en un mercado regulado, puede recurrir a los tribunales de defensa de la libre competencia para protegerla.
Me parece casi una falta de respeto que nos convoquemos, por tercera vez en menos de siete meses, a discutir procesos tarifarios que tienen un componente técnico que, muchas veces, escapa a la facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Zarko Luksic.
El señor LUKSIC.-
Señor Presidente , no tenía la intención de intervenir, pero debido a las palabras del diputado Salaberry , que realmente me sorprendieron, lo haré.
Efectivamente, nosotros cumplimos una tarea fiscalizadora frente a decisiones tomadas por las autoridades. La Constitución Política claramente establece que son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados fiscalizar los actos del Gobierno.
No quiero señalar al diputado Salaberry la forma de fiscalizar, pero si él realmente concuerda con la decisión de la autoridad, me parece estupendo. Pero no puede descalificar a los demás. Si en la Sala no hay suficientes diputados de su bancada, tampoco es responsabilidad nuestra.
Nuestra tarea fiscalizadora es inexcusable. Por ningún motivo podemos soslayarla en materias tan importantes para millones de chilenos. Así como lo hicimos en la telefonía móvil, hoy hacemos lo mismo en la telefonía fija: evaluamos una decisión de la autoridad en un decreto tarifario.
Obviamente, hay instancias para reclamar o apelar dicha decisión, que no la tomaremos nosotros, sino las empresas que se sienten perjudicadas, dañadas, menoscabadas.
Por lo tanto, me llama la atención y me preocupa esta suerte de cortarnos las manos respecto de una tarea y una función para la cual el pueblo nos eligió. No solamente fuimos elegidos para legislar, sino también para fiscalizar. En ese aspecto, no voy a cortarme las manos ni a morderme la lengua para no realizar una tarea que nos es propia y que está consagrada en la Constitución Política: “Fiscalizar los actos del Gobierno”.
He dicho.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Víctor Pérez .
El señor PÉREZ (don Víctor) .-
Señor Presidente , me habría gustado que este fogoso discurso del diputado señor Luksic hubiera tenido también una expresión práctica cuando la Cámara de Diputados pidió fiscalizar el escándalo MOP-Gate.
El señor NAVARRO.-
¡Estamos en la telefonía!
El señor PÉREZ (don Víctor) .-
En ese momento, el diputado señor Luksic actuó de una manera absolutamente distinta a la de hoy.
En cuanto al tema que le preocupa al diputado Navarro , la telefonía fija, debo recordar que cuando hice uso de la palabra al inicio de la sesión -por cierto, él no estaba presente en la Sala-, manifesté mi preocupación por el llamado a licitación pública que la Subsecretaría de Telecomunicaciones realizó a mediados de 2003, para encargar la elaboración de un modelo de empresa eficiente, o modelo de cálculo tarifario, requerido por el Gobierno a fin de llevar adelante los procesos de fijación de tarifas de las principales empresas de telefonía fija, esto es Telefonía CTC Chile, Telefónica del Sur, Cmet, Manquehue NET , Entel Phone .
Uno tiene absolutamente claro que ésta es una de las asesorías más importantes, si no la más importante, que la Subtel debía contratar para enfrentar debidamente los procesos tarifarios en curso.
También señalé que se presentaron dos empresas y que no quería entrar al debate sobre el proceso de licitación, porque estamos utilizando los canales correspondientes-. En definitiva, la Subsecretaría de Telecomunicaciones le adjudicó la licitación a la más cara, la Universidad de Chile, a través del Centro de Modelamiento Matemático.
Manifesté mi preocupación porque el Centro de Modelamiento Matemático, pese a contar con 120 días para realizar dicho trabajo, plazo que creo que terminaba en enero de 2004, no lo hizo. Afirmé que se habían pagado los cien millones de pesos. Sin embargo, el subsecretario expresó que no era así. En tal caso, espero que jamás se le pague esa suma de dinero, porque no realizó el trabajo.
Quiero desmentir la afirmación que hizo el subsecretario en respuesta a mi primera intervención, cuando señalé que la Subsecretaría de Telecomunicaciones tuvo que pedir prestado un modelo tarifario a la empresa Telefónica, CTC Chile. Él afirmó que era una obligación legal de dicha empresa. Sin embargo, en la página 24 del informe sobre Modificaciones e Insistencias, que la empresa CTC presenta ante la Subsecretaria se señala textualmente: “La propia autoridad solicitó autorización a esta empresa para utilizarlo -el modelo CTC- en los informes de objeciones y contraproposiciones presentados por los ministerios a otras compañías de telefonía local que actualmente desarrollan procesos tarifarios paralelos al de esta concesionaria, autorización que, obviamente, Telefónica CTC Chile otorgó para colaborar con la autoridad y evitarle un bochorno mayor, pues el modelo con que la autoridad contaba y por el cual había desembolsado una importante cantidad de dinero sencillamente no le funcionó.”
Está claro. La Subtel llama a licitación pública, se la otorga a la Universidad de Chile, pero ésta no hace el trabajo. (Esperemos que no le haya pagado o que no le pague). Pero no hay duda de que la Subsecretaría de Telecomunicaciones tuvo que solicitar el modelo de la CTC para llevar adelante todo este proceso. Eso me parece muy extraño y preocupante. Me gustaría que el subsecretario lo dilucidara. Sin duda, se trata de una licitación importante, significativa, sustantiva en todo el proceso tarifario. Claramente, estamos frente a una situación irregular, por cuanto se le entrega dinero a la Universidad de Chile, pero ésta no realiza el trabajo.
Además, es conveniente que el subsecretario se haga cargo de por qué no le puede pagar a la Universidad de Chile. En definitiva, la Subsecretaría de Telecomunicaciones tuvo que revisar el modelo de la CTC, para lo cual debió contratar a la empresa Ernst & Young por la suma no menor de 48 millones de pesos. Por lo tanto, si no le ha pagado a la Universidad de Chile, ojalá nunca lo haga, porque, en definitiva, la que realizó el trabajo fue la empresa Ernst & Young, la cual debió revisar y mejorar el modelo presentado por la CTC.
Esos son los antecedentes que obran en nuestro poder. Esperamos que el subsecretario informe a esta Cámara con exactitud sobre lo que realmente sucedió en esta licitación, que forma parte integrante del debate realizado hoy.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn.
El señor DITTBORN .-
Señor Presidente , me habría gustado participar más activamente en esta sesión, pero debí concurrir a la Comisión de Hacienda para votar el proyecto sobre Mercado de Capitales II.
Quiero explicar por qué la UDI -entiendo que ninguno de sus parlamentarios- no suscribirá este proyecto de acuerdo.
Una de nuestras tareas como parlamentarios es fiscalizar los actos del Gobierno. Sin embargo, ninguno de los cuatro puntos de este proyecto de acuerdo dice relación con esa labor; sólo hay una condena a la actuación de la empresa en el proceso de fijación de tarifas. No nos corresponde defender ni atacar a la Telefónica, CTC, sino fiscalizar los actos de la autoridad. En este proyecto de acuerdo no vemos ánimo en ese sentido.
Quiero hacer algunos comentarios respecto del proceso de fijación de tarifas.
En primer lugar, el Presidente de la República señaló que le parece una tomadura de pelo la posición de la empresa en el sentido de pedir un aumento de tarifas, inicialmente, de alrededor de un 50 por ciento, considerando el costo de capital y otras variables que, según el Presidente , han cambiado a lo largo de los años.
En verdad, también parece una tomadura de pelo que el Gobierno haya ofrecido disminuir las tarifas en 30 por ciento. Las dos cosas parecen insensatas, porque entiendo que los procesos de fijación tarifaria son esencialmente técnicos.
En este caso, se busca modelar la situación de una empresa eficiente. Dado el estado actual de la tecnología, no debería ser difícil para un mercado como el chileno definir una empresa eficiente.
¿Cómo se explica la diversidad original entre más cincuenta y menos treinta, que luego confluyó en menos cinco? Estoy dando cifras aproximadas.
Esto parece más bien una negociación entre dos personas con el tejo pasado, que luego se ponen de acuerdo en un punto medio. Eso habla muy mal de la fijación tarifaria, que debiera ser esencialmente técnica, en cuyo caso no se manejaría en rangos de menos treinta y más cincuenta, para después llegar a un punto medio.
En segundo lugar, deseo que se confirme una información. Me parece muy mal que se haya subido el cargo fijo como se hizo en la telefonía fija que, entiendo, aumenta alrededor de 40 por ciento.
Esto afecta a la “señora Juanita” . Al Gobierno parece importarle mucho su situación, pues se trata de una persona que vive en una población marginal, que con mucho esfuerzo tiene un teléfono que usa poco, porque cuida sus pesos. La tarifa fija le significa un alto costo, aun cuando no use poco teléfono.
Tengo entendido, espero que el ministro o el subsecretario lo aclaren, que en todo el proceso de fijación tarifaria la empresa Telefónica CTC pidió bajar el cargo fijo. Aún más, me parece que propuso eliminarlo bajo ciertas compensaciones, probablemente relacionadas con el cargo variable. Me habría parecido razonable la mezcla de un cargo fijo bajo y un cargo variable compensatorio, porque este último lo pagan quienes más usan el teléfono. Sin embargo, el Gobierno prefirió un cargo fijo que no sólo se mantiene, sino que se eleva fuertemente y un cargo variable que disminuye.
Quiero saber si con esta estructura tarifaria realmente se invertirá en telefonía fija. Tengo esa duda, porque entiendo que la competencia en telefonía fija se ha dado en los mercados de descreme, en los grupos de ingresos medios y altos, pero en los mercados a que pertenece la “señora Juanita ” poco y nada se ha invertido en telefonía fija. Quiero saber si esta estructura es lo suficientemente incentivadora para invertir en telefonía fija en los sectores medios y medios bajos.
Tengo la sospecha de que no es así, que no se invertirá en línea fija y con ello se perjudicará a las personas de ingresos medios y bajos.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Carlos Vilches.
El señor VILCHES .-
Señor Presidente , pedir explicaciones a las autoridades pertinentes respecto del proceso de fijación tarifaria, corresponde a un acto de fiscalización, por lo que creo que todos deberíamos apoyar el proyecto de acuerdo.
Ha habido mucha publicidad en torno a dicho proceso, pues las alzas fueron muy fuertes, al igual que las bajas.
Quienes presentamos el proyecto de acuerdo pretendíamos -está en el punto 2- hacer presente a esta Corporación que en el actual proceso de fijación tarifaria se abandonaron los criterios que hasta ahora había seguido la autoridad.
Por otra parte, escuché con mucha atención las intervenciones del señor ministro y del señor subsecretario, y en ningún momento dieron una explicación respecto de por qué se produjo un alza tan fuerte en los cargos de acceso: 39 por ciento en términos generales y 100 por ciento en el nuevo horario reducido. De allí nuestra preocupación. Espero que nos den una explicación.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Ha concluido el debate.
Para un tema de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló.
El señor AGUILÓ.-
Señor Presidente , después de las intervenciones del ministro y del subsecretario, han surgido inquietudes nuevas. Sería muy ilustrativo que pudieran responderlas, para que tengamos más antecedentes al momento de votar el proyecto de acuerdo.
El señor LORENZINI ( Presidente ).-
No sé si el señor ministro querrá hacer nuevamente uso de la palabra.
El señor ETCHEBERRY ( ministro de Transportes y Telecomunicaciones).-
Señor Presidente , no haré uso de la palabra nuevamente, pues las preguntas que se han planteado ya fueron respondidas en mi intervención anterior o en la del señor subsecretario. No quiero reiterar los argumentos.
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