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El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, las modificaciones del Senado son un gran aporte. No obstante, después de estudiarlas en detalle, nos encontramos con algunas diferencias, que siempre las hay. En este caso, el Senado contribuye en gran medida al objetivo que, en su momento, también tuvo la Cámara de Diputados para aprobar el proyecto.
Hoy podría terminar la tramitación de tan anhelada iniciativa que, desde hace varios años, se discute en el Congreso Nacional. Se trata de un proyecto de ley que pretende actualizar y profundizar los derechos de los consumidores en una economía de mercado como la nuestra, que, por ser tal, por supuesto, debe tener importantes regulaciones para favorecer a todos quienes, muchas veces, no conocen los beneficios de una ley cuando se promulga. Lo digo por el desconocimiento que, de alguna forma, mencionó el diputado René Manuel García.
Hay modificaciones que debieran ser votadas en forma separada, de acuerdo con las razones que más adelante expondré.
Siempre he pensado y lo he dicho en la Comisión de Hacienda que las cosas deben hacerse bien desde un comienzo y que, entre otras cosas, los proyectos que darán origen a verdaderas leyes marco deben ser bien estudiados. Las cuentas fiscales, las balanzas de pago, las reservas, incluso la forma en que nos interrelacionamos económicamente con las naciones más lejanas del orbe, se ordenan gracias a personas a las cuales hoy tenemos como grandes actores, como ocurre en el caso del ministro Jorge Rodríguez , a quien saludamos y apoyamos en su gestión, porque lo está haciendo bien. Este importante proyecto es fruto de su trabajo y de la labor del director del Sernac , quien, lamentablemente, no pudo estar presente en la sesión. Desde ya, le pido las disculpas del caso por la negativa a su ingreso a la Sala, porque sus aportes a la discusión podrían haber sido valiosos; pero, seguramente, lo hará muy bien el ministro.
A nivel de la economía cotidiana, nos falta mucho por avanzar para llegar a estándares internacionales de protección. Se ha dicho que en las naciones más desarrolladas es un tema consolidado. Sólo faltamos nosotros; pero empezamos de una forma tremendamente fuerte con este proyecto.
Uno de los aspectos más sustantivos que mejora la iniciativa se refiere a la protección de los intereses colectivos difusos, haciéndose cargo de la forma en que se ejercen los derechos establecidos por el catálogo que contiene la ley vigente.
Tal como se ha expresado, se trata de facilitar que los aspectos que beneficien a una persona que hizo el esfuerzo de impugnar un acto de contratación masivo puedan favorecer a toda una categoría de sujetos que están en la misma situación, con lo cual se da efectividad a la norma jurídica y se presenta la posibilidad cierta de servir de control ante los abusos de comerciantes o de proveedores que establecen condiciones leoninas en la contratación.
Las modificaciones del Senado -lo han dicho mis antecesores-, amplían el ámbito de aplicación de la ley a otros servicios ya regulados por otras leyes especiales, como los servicios básicos domiciliarios y todo el ámbito educacional, sobre los cuales el Sernac tendrá competencia. La futura ley asegurará los derechos de la contratación de servicios educacionales, lo que, sin duda, revolucionará este sector de la actividad económica.
Para dejar constancia en la historia fidedigna del establecimiento de la ley -como muy bien expresa siempre en sus comentarios el diputado José Miguel Ortiz -, quiero expresar que el proyecto también comprende las relaciones económicas entre los centros educacionales del sector público, en todos sus niveles: las escuelas municipalizadas, las casas de estudios superiores estatales o las que reciben aporte fiscal. Todas deben ser reguladas por esta ley, porque el Estado también es un agente productivo, económico, que, en estos casos relevantes, puede llegar a abusar de su condición de cocontratante. Por eso, el ámbito de aplicación de esta norma se extiende a estos sectores de la educación básica, media, técnico profesional y universitaria. Lo novedoso -lo decía el diputado Francisco Encina - es que la competencia de este proyecto de ley también se extiende al ámbito de la educación a distancia.
También está el caso de las viviendas de tiempo compartido -muy bien comentado en la Sala-, la venta de viviendas, la contratación de servicios de salud, con excepción de las prestaciones y otras materias reguladas por leyes especiales, tal como manifestó el diputado René Manuel García.
Me asaltan dudas en relación con la redacción de dos artículos, y creo que podría ser mejorada.
Respecto del artículo 41, se modifica la propuesta de la Cámara de Diputados, que dice “a) Reemplázase, en su inciso segundo, la frase “diez días hábiles” por “tres meses””. No estoy de acuerdo con la modificación del Senado que reemplazó las palabras “tres meses” por “treinta días hábiles”. Por ello, quiero que se vote en forma separada.
Otra pequeña duda se refiere al artículo 50 D, en lo concerniente a la carta certificada. Estimo que lo aprobado por la Cámara de Diputados es lo correcto y lo conveniente, ya que la carta certificada nunca dejará de ser un elemento de resguardo ante cualquier situación judicial o extrajudicial.
Por lo dicho anteriormente, anuncio mi voto afirmativo a este gran proyecto. Confío en que se aprobará y en que comience a operar pronto, porque esto no puede esperar más.
Sin detener la iniciativa privada, lo cual podría ser motivo de preocupación, el proyecto establece mecanismos que significarán una tremenda protección para los consumidores.
He dicho.
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