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El señor COLOMA.-
Nuestro Presidente de la República suele decir que en Chile las instituciones funcionan y se ha esmerado comunicacionalmente en demostrar que ello es así, tanto en la forma como en el fondo.
Cuando se lee la solicitud que hace pocos minutos nos ha hecho llegar el Ejecutivo -y quiero ser sincero en mi planteamiento- se confirma que no necesariamente las instituciones están funcionando en Chile. Y esto, aunque sea duro, me parece fundamental reiterarlo y subrayarlo.
¿Por qué digo esto?
Porque para que funcionen las instituciones debe respetarse la ley en la forma y en el fondo. Y la entrada y salida de tropas del territorio de la República están reguladas en Chile. No depende de la voluntad de una persona, por importante que sea. El artículo 4º de la ley Nº 19.067, expresa que "La salida de tropas nacionales, fuera del territorio de la República , deberá ser autorizada por decreto supremo firmado por el Presidente de la República , previo acuerdo del Senado e informe o a propuesta de la Institución de la Defensa Nacional que corresponda,". Destaco: "previo acuerdo del Senado".
La prensa de hoy día informa: "Lagos da 48 horas a tropas para estar en Haití", "El Presidente Lagos ordenó la movilización de tropas en un plazo de 48 horas" y "el Presidente Lagos habló con el Secretario General de las Naciones Unidas , Kofi Annan , a quien le confirmó la participación chilena en esta cruzada". No son mis palabras, sino de los medios de comunicación que recogen exactamente lo que planteó nuestro Presidente de la República .
Aquí estamos frente a un tema reiterado, que requiere una reflexión tanto o más importante que las que consecuentemente se exigirán a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional respecto de nuestra política internacional o de nuestra política de defensa. Entonces, ¿cómo nos entendemos con el Gobierno?
Señor Presidente , ¿para qué están las leyes?
La señora Ministra de Defensa me podrá corregir, pero los voluntarios ya están vacunados; contrataron seguros; virtualmente están en el aeropuerto; el señor Secretario General de las Naciones Unidas está notificado de que van en vuelo. Es decir, ya está todo previsto. Sin embargo, el Senado no había sido consultado como lo ordena la ley que este mismo Parlamento aprobó en 1991.
Por lo tanto, una vez más, quiero sumarme a lo sostenido por el Honorable señor Valdés con motivo del proyecto de acuerdo entre Chile y España sobre tributación y evasión tributaria. En esa oportunidad, el señor Senador protestó airadamente y dijo que estaba cansado de ese tipo de situaciones, porque el Senado no era un buzón ni podíamos seguir poniendo estampillas a los proyectos que enviaba el Ejecutivo .
¿Hasta cuándo, entonces? Lo digo con respeto. No se trata de desprestigiar a nadie. ¿Éste es el sistema que nos rige? ¿En esto se ha transformado el Senado de Chile? ¿Es una institución donde una normativa esencial que tiene que ver con tropas, con las Fuerzas Armadas, está siendo "bypasseada"? Me parece que ésta no es la forma de respetar las instituciones chilenas.
Respecto del tema de fondo, hay varias maneras de analizarlo. Una es a través de la lógica externa, que considero válida. Diversas autoridades y Parlamentarios han indicado que la decisión de enviar tropas a Haití tiene una profunda significación para nuestras Fuerzas Armadas. Es cierto. Cabe destacar que a nivel nacional e internacional se reconoce su profesionalismo para intervenir en situaciones de emergencia o de vacíos de poder dentro de Latinoamérica. Además, eso genera confianza en la velocidad de reacción, y el Ejército ha respondido adecuadamente. Y, por supuesto, también tiene relevancia institucional: hay respeto hacia el país. Porque no a cualquiera se le pide -y me parece bien- este tipo de colaboración, lo que demuestra confianza internacional.
Pero ésa es la lógica externa, una óptica para visualizar el problema, que no es menor, que es importante y que, como se señaló aquí, tiene que ver con el tipo de país que conformamos.
Sin embargo, es necesario formular varias preguntas y el Ejecutivo debe adelantar respuestas a fin de que la conclusión a que lleguemos sea la más conveniente para Chile.
La primera interrogante ha sido planteada por varios señores Senadores: ¿cuál es la interpretación que el Gobierno tiene hoy respecto de la cláusula democrática? Como en todos los convenios internacionales que firmamos se habla de respetarla, me gustaría conocer la opinión del Ejecutivo , a través del señor Canciller subrogante , acerca de la legitimidad democrática.
¿Qué ocurre en el caso concreto de Haití? En la eventualidad de que Aristide volviera a dirigir ese país, ¿su Gobierno sería ilegítimo? ¿Lo acontecido allí fue un golpe de Estado? La crisis humanitaria, sobre la cual basa su petición nuestro Primer Mandatario, ¿es sinónimo de ilegitimidad democrática? El sustento moral a que se hace referencia, ¿es equivalente a una crisis humanitaria? ¿Cuándo se pierde la legitimidad de ejercicio para poder gatillar este conjunto de resoluciones internacionales, que ameritan, ni más ni menos, el uso de la fuerza en países extranjeros?
Eso requiere un debate muy de fondo, porque se relaciona con principios. Hoy día es Haití. Ojalá mañana no sea otra nación. Pero podemos quedar sometidos a solicitudes equivalentes, con el argumento de que si reaccionamos en cierta forma ante determinados antecedentes, deberíamos hacerlo de la misma manera en el futuro.
Aquí no estamos hablando de un Régimen de facto sino, como manifestó el Senador señor Fernández, de un Gobierno que fue elegido en forma democrática y que aparentemente sigue manteniendo su legitimidad, la cual, dada la autorización que se nos pide, le ha sido quitada y otorgada a otros.
El tema de la legitimidad del ejercicio del poder y de la democracia debe examinarse a la luz de la profusa carta democrática interamericana de la OEA, a que hemos hecho referencia en varias oportunidades durante la discusión de diferentes proyectos.
¿Quién define lo que ha de realizarse? ¿Es siempre, para este efecto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? ¿Ésa será la lógica con que Chile operará y fundará sus lealtades democráticas o el retiro de ellas? Pienso que este aspecto no puede quedar al margen. Me habría gustado que se abordara con latitud y profundidad, y no con motivo de una decisión de este tipo, que la Comisión de Relaciones Exteriores empezó a debatir hace dos horas.
En segundo término, sería importante oír la voz del Gobierno respecto del papel de la OEA. Ya el Senador señor Núñez -que me antecedió en el uso de la palabra- aludió a él, planteando una posición crítica fundada en muy buenas razones. No me pareció oír lo mismo al señor Ministro de Relaciones Exteriores subrogante , quien hizo referencia a una serie de resoluciones emitidas por dicha Organización como justificativo de una buena labor.
Señor Presidente , ¿la OEA realiza una labor trascendente o no sirve para nada? ¿Ha cumplido su función? ¿Qué ha hecho concretamente? Chile es miembro de ella y contribuye a su financiamiento. Hemos gastado allí tiempo y energía, y el Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta con funcionarios dedicados a su atención. ¿Ha servido de algo? ¿Qué hemos hecho respecto de dicho organismo en particular?
La OEA, o no funciona -en ello coincido con el Senador señor Núñez - o lo hace como indicó el señor Canciller : a través de sucesivas resoluciones para justificar su existencia. Y esto es relevante porque el Gobierno constituye un referente con relación a lo que hacemos en el campo internacional, por cuanto es el encargado de fijar las políticas externas, acerca de las cuales no debe haber dos interpretaciones sino una sola, como norte para ayudarnos a seguir el camino.
Tercero, tengo algunas dudas en lo concerniente a esta autorización. Básicamente, ¿qué sucede en materia de inmunidad? Éste es un asunto bien de fondo. Muchos países, como Estados Unidos, otorgan gran importancia al punto y exigen inmunidades bilaterales pues no confían en aquellas que teóricamente entrega el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Porque el día de mañana, o en 48 horas más, pueden cambiar las reglas del juego y un eventual apoyo técnico y de buena fe a un Gobierno determinado, en caso de que éste pasara a ser un Régimen ilegítimo, podría generar -¡Dios no lo quiera!- situaciones de enfrentamiento y problemas muy complejos en materia penal.
Lo mismo cabe señalar respecto de los costos de la operación. No he escuchado observaciones al respecto -tal vez no haya estado especialmente atento-, pero ¿qué significa ella para el Estado de Chile; cómo se cofinancia y cuáles son las perspectivas en el tiempo?
Cuarto, ¿cuál es la visión del Gobierno sobre la seguridad de nuestras tropas? Esto es esencial, porque uno de los fundamentos esgrimidos para la acelerada aprobación de una solicitud de autorización para el envío de tropas a Bosnia consistió en que no involucraba ningún riesgo; en que era más bien por razones humanitarias, para recomponer ciertas cosas en el área de la salud.
Desearía saber exactamente a qué van a Haití las tropas nacionales; qué papel desempeñarán allí, y si su vida corre riesgo o no. Reconozco que, en la situación actual, es difícil precisar esto. Pero, así como en el caso de Bosnia se aseguró que no existía riesgo alguno, pienso que el Gobierno debe dar a conocer los resguardos que se tomarán para que este deseo de ir a miles de kilómetros a defender principios y valores no afecte la integridad de los soldados chilenos en el cumplimiento de esa misión.
¿Cuál será el carácter operativo y resolutivo de ese contingente? ¿Qué tareas ejecutará? ¿O, simplemente, ocupará un espacio en lugares difíciles o, quizá, fáciles? ¿Tendrá capacidad de decisión, en un momento dado, considerando la magnitud de la tarea?
Por último, señor Presidente , otra interrogante que se ha planteado antes y que surge cada vez de modo más acuciante se refiere a la urgencia que existía para adoptar tal decisión. Es indispensable que el Gobierno aclare el punto. No creo que Brasil tenga una insensibilidad latinoamericana, ni que los demás países estén en la luna y no quieran avanzar en ciertos principios. Pero se han tomado su tiempo para evaluar, para analizar o quizás para consultar a sus respectivos Parlamentos. Tal vez una razón es que otros Gobiernos democráticos que creen en las instituciones, en la forma y en el fondo, se hallen reflexionando. En cambio nosotros, ante una situación que carece de relevancia y urgencia, somos los primeros en reaccionar y en 48 horas enviamos tropas, evitando los debates, evitando los raciocinios, evitando las respuestas a los temas profundos que supone esta clase de decisión.
Señor Presidente , junto con formular estas preguntas -que, al menos para mí, son esenciales para emitir un pronunciamiento- quiero solicitar, por su intermedio, que en una próxima reunión de Comités se evalúe la forma de entendernos de buena fe con el Jefe del Estado. A lo mejor fue la presión o la necesidad de actuar con rapidez; pero lo concreto es que -como expresaron algunos Parlamentarios con muchos años de experiencia, como el Senador señor Valdés - lo ocurrido no debe repetirse. Es inadmisible que prácticamente cada dos meses nos transformemos en el buzón y la estampilla de decisiones presidenciales.
Así no funcionan las instituciones.
He dicho.
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