RECUPERACIÓN DE BOSQUE NATIVO Y FOMENTO FORESTAL El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Corresponde tratar el proyecto, en segundo trámite constitucional, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, con informe de las Comisiones de Agricultura y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas. --Los antecedentes sobre el proyecto (669-01) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo trámite, sesión 33ª, en 9 de marzo de 1994. Informe de Comisión: Agricultura y B. Nacionales, unidas, sesión 32ª, en 21 de enero de 2004. El señor HOFFMANN (Secretario).- La Comisiones unidas discutieron el proyecto en general y en particular a la vez, de conformidad con lo acordado en la sesión del 1 de julio del año pasado. Los principales objetivos de la iniciativa propuesta son los siguientes: a) Efectuar modificaciones sustantivas a las definiciones de bosque, bosque nativo de preservación, bosque nativo de conservación y protección, bosque nativo de uso múltiple y a otros conceptos básicos. b) Establecer la figura del catastro forestal como uno de los instrumentos para definir los criterios de focalización y asignación de las bonificaciones contempladas. c) Otorgar potestades a la Corporación Nacional Forestal respecto de los planes de manejo forestal. d) Armonizar las normas para la corta de bosques nativos de conservación y protección con las establecidas en la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente , y la obligación de sujetarse a normas que mitiguen los daños que se ocasionen al suelo, calidad y cantidad de agua y al bosque residual. e) Ratificar la prohibición de corta, destrucción y descepado de las especies que han sido catalogadas como en peligro de extinción, raras, vulnerables y las declaradas monumentos naturales. f) Crear el Fondo de Conservación y Manejo Sustentable del Bosque Nativo, de carácter concursable, para bonificar determinadas actividades de manejo de preservación de bosques y renovales, de ordenación forestal, de recuperación de bosques y formaciones xerofíticas nativos de preservación. g) Instituir a los acreditadores forestales, personas naturales o jurídicas, inscritas en un registro especial, que cumplirán funciones de certificación de los antecedentes contemplados en los planes de manejo forestal y de la correcta ejecución de las actividades bonificables. h) Radicar en los juzgados de policía local el conocimiento de las infracciones a la ley, reconociendo la calidad de ministros de fe a los funcionarios de la Corporación Nacional Forestal que ejerzan funciones fiscalizadoras. El informe de las Comisiones unidas da cuenta de haber aprobado el proyecto en general por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Moreno, Cariola, Horvath, Larraín, Pizarro, Romero, Stange, Vega y Viera-Gallo. La discusión particular se consigna en la parte pertinente de dicho documento. La proposición de los referidos órganos técnicos consiste en aprobar el texto de la Cámara de Diputados, con las modificaciones que se detallan. Las Comisiones unidas hacen presente que deben ser aprobadas con el quórum propio de una ley orgánica constitucional -esto es, con el voto favorable de 27 señores Senadores- las siguientes disposiciones: el inciso cuarto del artículo 8º, los incisos finales de los artículos 10 y 34 y el artículo 38. Requieren, a su vez, el mismo quórum los preceptos que se indican a continuación: artículo 4º, inciso primero; artículo 5º; artículo 8º, inciso primero a tercero; artículo 9º; artículo 10, incisos primero y segundo; artículo 11; artículo 12, inciso primero; artículo 13, inciso final; artículo 16, incisos segundo y tercero; artículo 21, inciso primero; artículo 23, inciso cuarto; artículo 25; artículo 26, inciso segundo; artículo 27, inciso segundo; artículo 30; artículo 31, incisos primero y tercero; artículo 33, inciso tercero; artículo 34, inciso segundo; artículo 37; artículo 40; artículo 51; artículo 52, inciso segundo, y artículo 54. Por último, cabe señalar que, de ser aprobado en general por el Senado, el proyecto debe ser considerado también por la Comisión de Hacienda. El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- En discusión general la iniciativa. Ofrezco la palabra al Honorable señor Moreno. El señor MORENO .- Señor Presidente , en mi calidad de titular de las Comisiones unidas de Agricultura y de Medio Ambiente y Bienes Naciones, daré un informe sobre este proyecto, que probablemente es uno de los más emblemáticos que ha discutido el Congreso, no sólo por lo sustantivo de su contenido, sino por el largo período de tramitación de que ha sido objeto -donde han participado tanto el Ejecutivo como los Parlamentarios-, dado que lleva doce años de discusión. Repito: ¡doce años! En efecto, ingresó a la Cámara de Diputados el 10 de abril de 1992 por mensaje del Presidente Patricio Aylwin , atendida la necesidad de que la sociedad chilena dispusiera de una legislación armónica destinada a regular y fomentar el uso y aprovechamiento racional de las diversas formaciones vegetales que cubren el país, muy en especial el bosque nativo. Con miras a lo anterior, el Ejecutivo planteó la idea de incentivar el ordenamiento de dichos bosques y la forestación con especies autóctonas, a fin de que ellos alcanzaran un rendimiento sostenido, cumpliendo sus múltiples funciones ambientales, sociales y económicas. Al proyecto en referencia se le formularon dos indicaciones (en noviembre de 1992 y en julio de 1993) antes de ser aprobado en su primer trámite constitucional a comienzos de 1994. Por lo tanto, ingresó al Senado hace exactamente diez años -en marzo de 1994- para su segundo trámite constitucional, siendo enviado -tal como lo dijo el señor Secretario en su relación- a las Comisiones de Agricultura, de Medio Ambiente y Bienes Nacionales y de Hacienda, en su caso. En diciembre de 1995, el recién iniciado Gobierno del Presidente Eduardo Frei remitió una indicación sustitutiva que cambiaba el esquema ya aprobado, pero que concedía prioridad a los objetivos de protección y recuperación del bosque nativo bajo el concepto de sustentabilidad y de un nuevo enfoque en el tratamiento legislativo de la sustitución del mismo. La controversia suscitada en relación con la sustitución del bosque nativo por plantaciones exóticas llevó a que se desestimara la idea de prohibirla, por cuanto implicaba el riesgo grave de que el Estado tuviera que asumir la obligación de compensar económicamente a los privados en caso de impedirles realizar aquella opción silvicultural que les reportaría mayor beneficio económico. En ese contexto, se analizó la proposición de un mecanismo de impuestos a la corta o eliminación del bosque nativo, los que se pagarían una vez realizada la tala o la intervención, siendo reembolsados posteriormente con los reajustes e intereses correspondientes para quienes hubieren regenerado el bosque nativo cortado. El objetivo de esa figura era desincentivar la sustitución de aquél por especies exóticas, sin tener que realizar compensaciones monetarias a los privados. Cabe recordar que, en el marco de tales modificaciones, por acuerdo de la Sala del Senado de 8 de enero de 1997, el estudio del proyecto pasó, en primer término, a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales y, después, a la de Agricultura y la de Hacienda. Debido a la discusión generada al interior de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, el Ejecutivo volvió a formular una nueva indicación en abril de 1998, la que consistió básicamente en perfeccionar los conceptos contenidos en la que había presentado hace tres años, en diciembre de 1995. La nueva indicación se centró en los aspectos relacionados con las definiciones de bosque y de ordenación forestal y con el mecanismo de impuestos a la corta de cosecha y eliminación de bosque nativo. En particular, apuntó a acotar el tributo sólo a los casos de eliminación del bosque nativo, sustitución por especies exóticas y recuperación para fines agrícolas, planteándose que el impuesto se pagaría tres meses después de realizada la corta de cosecha o eliminación. Para los eventos en que se contemplara la regeneración de aquél, se activaría un crédito fiscal no sujeto a devolución, el cual se iría haciendo efectivo una vez que se acreditara la regeneración y el establecimiento del nuevo bosque nativo. Finalmente, la Comisión de Medio Ambiente despachó su informe en agosto de 1998 y el proyecto pasó a la de Agricultura. Ésta inició su estudio haciendo una primera revisión a la casi totalidad del texto despachado por su antecesora, con excepción del Título V, sobre las obligaciones que impone la intervención de los bosques nativos y de los incentivos a la ordenación, y del Título VIII, relativo a los procedimientos y sanciones que habría que establecer. No obstante la revisión del mecanismo de impuestos a la sustitución del bosque nativo, en aquella oportunidad no fue posible conseguir un acuerdo que salvara las diferencias. En tal contexto, el Presidente Frei patrocinó una segunda indicación, que en el fondo era casi un nuevo proyecto. Fue enviada en julio de 1999 y, en lo fundamental, eliminaba definitivamente la lógica de los tributos para regular la sustitución y circunscribía la prohibición de la sustitución a casos excepcionales, siempre que se tratara de bosques nativos degradados. En julio de ese mismo año, durante el análisis de las referidas indicaciones, los Honorables señores Cariola y Romero formularon una cuestión de constitucionalidad respecto de las normas recaídas en los artículos 1º, 22 y 24 del proyecto, así como en los artículos 9º y 21, por estimar que su contenido vulnera el texto constitucional en lo que respecta al derecho de propiedad, garantizado en el artículo 19, número 24º, de la Carta Fundamental, ya que en su consideración la prohibición de corta, sin la contrapartida de indemnizar al propietario del árbol que se le prohíbe cortar, constituye una limitación al ejercicio pleno del derecho de dominio, a lo cual ellos atribuían carácter expropiatorio. En mérito de lo expuesto, y teniendo en cuenta que los representantes del Ejecutivo anunciaron nuevamente el envío de una indicación sustitutiva, la Comisión de Agricultura acordó suspender el trámite y estudio del proyecto hasta su recepción. Cuando se inició el actual Gobierno, en mayo de 2000, el Ministro de Agricultura , al ser recibido por la Comisión respectiva del Senado, solicitó que se aplazara el conocimiento del proyecto en cuestión, para dar tiempo a la consideración y estudio por el Ejecutivo , dado que esta materia había sido uno de los puntos planteados en el programa presidencial del actual Jefe del Estado , don Ricardo Lagos . Cabe señalar que el interés de la Comisión de Agricultura por reanudar el tratamiento del proyecto detenido se materializó en diversos oficios dirigidos al Gobierno en junio, julio y septiembre de 1999; marzo y junio de 2000; julio de 2001; marzo de 2002, y enero y marzo de 2003. Con fecha 16 de enero de 2003, el Ministro de Agricultura informó que se había concordado un texto de indicaciones, aprobado ya por el Ministerio Secretaria General de la Presidencia y que estaba pendiente de análisis en el Ministerio de Hacienda, precisando que, una vez aprobado el financiamiento, haría llegar las referidas indicaciones, a más tardar en la primera quincena de marzo de 2003. Finalmente, el 19 de marzo del año recién pasado, la Comisión de Agricultura tomó conocimiento de que la Subsecretaría de Hacienda había comunicado a su Presidente que la iniciativa seguía siendo analizada por técnicos del Ministerio y que, por tal motivo, solicitaba el aplazamiento indefinido de la discusión. En vista de esa actitud dilatoria injustificada, fue necesario expresar al Senado, por intermedio de su Presidente , el desaliento derivado del hecho de que, pese a las expectativas y al interés nacional por legislar en nuestro país acerca del bosque nativo, persistía una indefinición en esta materia tan relevante, cuyos efectos en aquel patrimonio natural implican graves daños a nuestra agricultura y a la sociedad en general. Se hizo presente en la comunicación que tal inactividad no sólo comprometía el requerimiento insoslayable de conservar el patrimonio forestal, sino que, además, evidenciaba una falla de la política de Estado que el Gobierno ha comprometido en relación con la agricultura para el período 2000-2010, hecho que afecta al potencial de desarrollo humano de la economía campesina, a la sustentabilidad y a la diversificación del desenvolvimiento forestal, con las previsibles tendencias sustitutivas del bosque nativo por otro tipo de actividades y a la degradación de nuestros suelos, aparte ser contradictorio con los compromisos internacionales asumidos por la República de Chile para la protección de la flora, de la fauna y de las bellezas escénicas naturales de nuestro país. Hasta aquí, señor Presidente y Honorable Senado, la reseña de doce años de tramitación legislativa del proyecto sobre recuperación del bosque nativo, de los cuales prácticamente diez han transcurrido en el Senado. Pero quiero dejar constancia de que la dilación del debate no es ni siquiera indirectamente responsabilidad de esta Corporación o de sus Comisiones: la responsabilidad recae en una falta de acuerdo dentro de la sociedad nacional para legislar respecto de una materia tan sensible, y asimismo, en los cambios de opiniones ocurridos a nivel del Ejecutivo durante los últimos doce años. Ésa es la verdad, y debe dejarse constancia exacta de ella. Por lo tanto, al conocer aquí el proyecto sobre bosque nativo en su primer trámite reglamentario, es menester que los señores Senadores sepan que estamos en el segundo trámite constitucional, que a la Sala viene por primera vez un informe de las Comisiones unidas y que, por ende, existe la posibilidad de presentar indicaciones, las que serán analizadas durante el estudio del segundo informe. Hago la aclaración porque, considerando la complejidad de la tramitación que he reseñado y un elemento que posteriormente vincularé con otro proyecto que trató esta Sala, relacionado con la institucionalidad forestal, algunos señores Senadores me han formulado diversas consultas, a raíz de que hoy existe un grado de confusión o de poca claridad acerca de cuáles son los pasos que deberemos dar en seguida. En mi concepto, el problema de fondo -y eso es lo que corresponde informar en esta sesión- radica en que las diferencias que suscita la discusión de esta iniciativa están marcadas por quienes abogan por una permisividad mayor para intervenir los bosques nativos y los que defienden -algunos, con posiciones a ultranza- la tesis de que no se puede sustituir ni tocar lo que la naturaleza ha originado a lo largo de distintas generaciones. Para prevenir los efectos de un conflicto de interpretaciones que amenazaba con debilitar el proceso de formación de la ley y provocaba una dilación de doce años -precisamente, la indefinición sobre la materia-, el Ejecutivo sustrajo durante una fase prolongada el debate de la iniciativa de su cauce legislativo natural y optó por explorar lo que denominó "el arduo camino del diálogo directo con los actores involucrados en la Mesa Forestal"; vale decir, convocar a distintos actores de la sociedad, sin la participación de ningún legislador -ni del Senado ni de la Cámara de Diputados-, para ver si llegaban a algún grado de consenso. ¡Peculiar método para preparar una iniciativa legislativa...! En julio de 2001 se anunció que se había materializado un consenso dentro de la llamada "Mesa Forestal". Sin desmerecer la importancia del aporte que los privados o las distintas entidades ambientalistas o académicas han realizado en esta materia, es necesario manifestar que es el Parlamento chileno el que sanciona las leyes. Se trata de una prerrogativa indelegable, recaída tanto en los integrantes del Senado como en los de la Cámara de Diputados. Por consiguiente, más allá de los acuerdos susceptibles de obtener en distintas instancias ajenas al Parlamento, corresponde culminar el debate, de acuerdo con lo ocurrido durante 12 años, dentro de la sede legislativa. Cuando estábamos en ese proceso, a mediados del año pasado, el Presidente de la República entregó su respaldo a una nueva indicación sustitutiva, concebida sobre la base de 56 disposiciones permanentes y 3 transitorias, que es la resultante del estudio efectuado por las Comisiones unidas del Senado a lo largo de 16 sesiones y que no significaba partir de cero. Todos los aportes del debate legislativo fueron, gracias a la presión ejercida, incorporados en la indicación sustitutiva. Eso explica por qué numerosos acuerdos de las Comisiones unidas de Agricultura y de Medio Ambiente se adoptaron por unanimidad: porque se incluyeron gradualmente los elementos allí discutidos. ¿En qué puntos subsisten discordias? Es lo que deseo señalar. Primero, en la necesidad de establecer un requisito de altura mínima de las especies que conforman el bosque. Alguien podría decir: "Parece casi una nimiedad que dentro del Senado se venga a plantear que hay que definir cuál es la altura mínima para la calificación de bosque". Pero la cuestión estriba en que la legislación debe resolver si se considerará que constituyen bosque las especies de uno, dos o tres metros de altura, dependiendo de la naturaleza de ellas. En una superficie extensa de bosques de Chile se encuentran las denominadas "formaciones xerofíticas", constituidas precisamente por árboles de altura discreta o reducida. Ése es el primer punto que se debe resolver. El segundo, si la formalización de los planes de manejo forestal y la certificación de las normas que han de cumplirse para acceder a los subsidios y a los beneficios tributarios establecidos por la ley en proyecto quedarán circunscritas a una profesión determinada o se abrirá pluralmente a otras profesiones. Se estimó conveniente que los ingenieros agrónomos especializados participen junto con los ingenieros forestales en lo concerniente a la elaboración de los planes de manejo del bosque nativo y a la distancia mínima que debe regular la corta de árboles y arbustos nativos aledaños a manantiales, cuerpos y cursos naturales de agua. Aun así, es elocuente que la inmensa mayoría de los preceptos -según expresé- haya sido aprobada por unanimidad en las Comisiones unidas. Honorable Senado, el texto propuesto es un logro notable. Y quiero dejar testimonio del profesionalismo y trabajo de los distintos señores Senadores, quienes a lo largo de las sesiones, algunas de ellas muy tediosas y prolongadas, fueron dando origen a una normativa de esta naturaleza. El esfuerzo realizado permite presentar a la Sala este informe, donde -deseo destacarlo; y se resume el debate pertinente- consta que en las Comisiones unidas prevaleció el criterio de que, para que la ley en proyecto funcione, será necesario que el Estado, a través del Ministerio de Hacienda -tal como lo anunciaron los representantes de éste-, concrete una inversión real, en moneda corriente, de 100 millones de dólares, en un lapso máximo de 30 años, para financiar la sustentación del bosque nativo existente. Y ésta es una tarea no menor, porque precisamente en torno de esa suma deben operar las indicaciones que estamos formulando. Considerando la necesidad de disponer la entrega a particulares de incentivos para la recuperación de los bosques y formaciones xerofíticas nativas, como asimismo la validez de los motivos que justifican crear la institución de los llamados "acreditadores forestales", quienes dirán cuál plan se aprobó y en qué condiciones él se va a materializar, el Senado y la Cámara de Diputados deberán prestar especial atención a la forma de incorporar a los pequeños propietarios y arrendatarios al sistema de sustentación y manejo del bosque nativo. Ése es el gran desafío, porque la depredación de aquél se centra sobre todo en la extracción de leña o en la explotación comercial, a escala menor o mediana, que se lleva a efecto precisamente en ese tipo de propiedades. Cabe resaltar la discordancia que se advierte entre la maduración progresiva de un acuerdo sobre qué hacer en el bosque nativo y el perfil desvaído de la institucionalidad pública forestal, que se pone de manifiesto con la demora en definir una política de Estado acerca de la naturaleza jurídica de las entidades intervinientes en la regulación del sector forestal; la radicación de las funciones normativas, fiscalizadoras y propiamente ejecutivas, y la imbricación del ordenamiento ambiental con el desarrollo de las actividades económicas. Es mi deber señalar, en nombre de las Comisiones unidas, que esta Sala conoció el proyecto sobre institucionalidad forestal y lo volvió a ese órgano técnico, donde en principio fue rechazado porque el Ejecutivo todavía no define el criterio para normar a la CONAF; la eventual creación de una Subsecretaría Forestal; el rol que corresponderá a otras entidades; la regulación del manejo de parques, y lo tocante a los incendios forestales. Eso está pendiente. Y es mi deber señalar al Senado que, sin indicaciones del Presidente de la República -porque, constitucionalmente, los Parlamentarios carecemos de iniciativa para formular proposiciones en materia de Administración Pública- destinadas a resolver lo concerniente a la institucionalidad forestal, la ley sobre bosque nativo, cuyo proyecto ha tenido una larga y dilatada tramitación, durante 12 años, quedará incompleta. Por lo tanto, en representación de las Comisiones unidas, reitero lo que a través de comunicaciones escritas hemos manifestado: es indispensable que el Ejecutivo envíe a la brevedad posible las indicaciones relativas a la institucionalidad forestal, para determinar finalmente la estructura jurídica de la CONAF y las atribuciones de sus funcionarios, y qué otras entidades participarán en el ordenamiento y regulación del bosque nativo. Señor Presidente , el sector forestal del país comprende 15 millones y medio de hectáreas -¡quince millones y medio!-, de las cuales 13 millones y medio corresponden a bosque nativo; vale decir, más de 85 por ciento de toda la cobertura forestal chilena. Las exportaciones tan exitosas de algunos rubros, como celulosa o madera procesada, provienen sólo de 2 millones de hectáreas constituidas por las plantaciones exóticas realizadas mediante la aplicación del subsidio del decreto ley Nº 701. Y esos dos millones de hectáreas producen un retorno de prácticamente 2 mil 500 millones de dólares al año por concepto de ventas al exterior. En consecuencia, el desafío involucrado aquí es doble: cómo cuidamos la cobertura forestal y nuestro patrimonio, que tiene una vinculación directa, no sólo con el negocio forestal, sino también con la calidad y permanencia del suelo agrícola, ya que la deforestación de los suelos, junto con incorporar la pobreza a la Región donde ella ocurre, origina un proceso erosionador que tiende a degradar aquéllos, sin posibilidad de retorno en el mediano o, incluso, en el largo plazo. Por esas razones, el debate que hemos de efectuar primeramente no es sobre la ideología de la defensa del bosque nativo. Y debo dejar sentado este aspecto, pues ha sido extensamente discutido. En las Comisiones unidas no hay nadie que quiera destruir el bosque nativo; nadie pretende dictar una política de permisividad, pero tampoco una política de "laisser faire" que signifique dañar ese patrimonio, como en el pasado, cuando, por una decisión errónea, en las provincias de Palena y Aisén tuvo lugar un enorme incendio, que duró 3 ó 4 años, porque se creía que el quemar la cobertura forestal permitiría el establecimiento de la ganadería. Recorran Sus Señorías esa zona: ¡no existe ni una cabeza de ganado; los bosques están depredados; la erosión ha hecho presa de muchas de las tierras, y, de hecho, estamos pagando la estupidez de tal decisión, cuyas consecuencias no tenemos cómo reparar! Termino este informe de las Comisiones unidas de Agricultura y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales solicitando a la Sala que, después del debate que vamos a efectuar, apruebe en general el proyecto y fije un plazo para presentar indicaciones, a fin de continuar la tramitación reseñada. Gracias, señor Presidente. El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath. El señor HORVATH.- En mi calidad de Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, complementaré brevemente el informe expuesto por el señor Presidente de las Comisiones unidas. Es sabido que en Chile, a lo largo de la historia, el bosque nativo ha padecido incendios; cambio de uso del suelo, fundamentalmente a lo agrícola y ganadero; sustituciones, y prácticas madereras bastante negativas, como el floreo -consistente en sacar las mejores especies con el objeto de obtener el mayor valor comercial del momento, sin importar cómo queda el bosque- y otras que más bien constituyen actividades económicas del área informal, como la explotación para leña. Todo eso ha motivado que el bosque haya disminuido, no sólo en cantidad, sino también en calidad. Y, asociado a lo anterior, tal vez el mayor problema ambiental de nuestro país, que, como es silencioso y se visualiza poco, se halla menos presente en la conciencia de los chilenos: el de la erosión y la desertificación, flagelos que afectan a 48 millones de hectáreas -ninguna Región se encuentra exenta-, o sea, a más de 50 por ciento del territorio nacional. Como bien se señala en el informe, según el último catastro realizado entre la CONAF y la CONAMA, Chile posee 15 millones 637 mil 232 hectáreas de bosque nativo; esto corresponde a 20,7 por ciento de su superficie en Sudamérica. El bosque nativo se clasifica en adulto, con 5 millones 977 mil hectáreas; renoval, con 3 millones 585 mil hectáreas; adulto-renoval, con 861 mil hectáreas; y achaparrado, con 3 millones de hectáreas. A esto se suman las plantaciones forestales mencionadas por el señor Presidente de la Comisión de Agricultura , con 2 millones 119 mil hectáreas, y algo de bosque mixto. Es importante señalar que, desde el punto de vista de la distribución por Regiones, la mayor cantidad de superficie de bosque se encuentra en la Undécima, con 4,8 millones de hectáreas, a la que sigue la Décima, con 3,8 millones. Parte importante de este bosque ya está en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado, que cubre 3,9 millones de hectáreas, es decir, 28,1 por ciento de toda la superficie de bosque protegida y bajo la tuición de la CONAF. Del total de bosques del país, esto corresponde al 25 por ciento. Además, no se valora el bosque nativo. Hoy la cantidad de incendios anuales supera en promedio a la nueva forestación. Por lo tanto, la perspectiva futura en esta materia tampoco es muy halagüeña. Sobre la base de este conjunto de elementos nace este proyecto de ley, que empieza a discutirse en la Cámara de Diputados en 1992 y que luego se aprueba -varios de los que estamos acá éramos Diputados en ese momento- con una estructura similar a la del decreto ley Nº 701, que establece la bonificación de ciertas prácticas positivas según algunas tablas de costo, como el raleo selectivo, la conservación de áreas sensibles, la mantención de árboles semilleros, medidas que permiten que el bosque recupere su vigor y conserve y mejore su diversidad. En 1994 el Senado sustituye esta normativa por una fórmula que consistía en el pago de impuestos previos según la calidad del bosque, cuyo monto fluctuaba, por hectárea, entre 300 mil pesos a 1 millón 200 mil pesos. Esto produjo un rechazo generalizado, porque significaba poner candado a los bosques, los que seguirían degradándose en forma silenciosa al no ser valorados en ninguna de sus dimensiones por la sociedad. De ahí se empieza a hacer un trabajo de hormiga por las Comisiones del Congreso Nacional, particularmente del Senado: visitas a terreno, investigación, movimientos ambientalistas. Todo ello finalmente cristaliza en el proyecto que ahora debatimos. Este esfuerzo se asocia también a la necesaria definición y mejoramiento de la institución forestal. La CONAF funciona más por el espíritu de sus integrantes que por la jerarquía y reconocimiento que le da la institucionalidad administrativa. Es, por así decirlo, la pariente pobre del Ministerio de Agricultura, Y su carácter de corporación de derecho privado con fines públicos tampoco la hace funcionar, ya que, para ello, debe recurrir a otras instituciones, como Carabineros. De esta manera, el proyecto de ley resurge a través de un fondo -el Ministerio de Hacienda ha comprometido 100 millones de dólares en un plazo de 30 años- de carácter concursable, materia que, por las dificultades que conlleva, en algún momento deberemos discutir. Además, por iniciativa parlamentaria, se ha mantenido y mejorado el Fondo para la Conservación y el Manejo Sustentable del Bosque Nativo, a fin de incentivar la investigación y las buenas prácticas, evaluar sus resultados y generar una retroalimentación para que la ley vaya haciéndose más efectiva. También hay que resaltar las prácticas llevadas a cabo con apoyo nacional y, fundamentalmente, extranjero. Cabe destacar la participación de la Agencia de Cooperación Alemana, del Banco de Desarrollo Alemán, de GTZ, de organizaciones francesas, de iniciativas privadas, de ONG. Y su aporte ha consistido en simular el comportamiento de la ley como si estuviese vigente; es decir, en bonificar una parte de las actividades, sobre todo la de los pequeños propietarios forestales, para verificar después la respuesta del bosque. Ahí está justamente la clave del proyecto. Si la fracción forestal susceptible de ser intervenida (esto es muy importante, porque la normativa también establece una bonificación para la conservación del bosque) se somete a una entresaca selectiva o al raleo, o a prácticas como las que he señalado, los árboles tendrán más espacio, las copas, que son como los estómagos para la fotosíntesis, se desarrollarán en mejor forma y las raíces podrán acceder con más facilidad al agua y a los nutrientes del suelo. Está comprobado, y cualquier Parlamentario lo puede verificar, que con estos procedimientos los árboles pueden llegar a crecer tres veces más rápido que en las condiciones anormales a las cuales se ven sometidos. Esto se deduce del tamaño que anualmente van alcanzando los anillos. Este proyecto, mediante la bonificación, que fluctúa entre 140 mil pesos y 300 mil pesos por hectárea, y la realización de prácticas positivas para que el bosque dé una buena respuesta, mantenga su diversidad, la función de conservación y la de protección ambiental, busca que la sociedad chilena vaya recuperando, a través de mejor cantidad y calidad del bosque en sus fracciones aprovechable y de protección, lo que está invirtiendo año a año. Es decir, hay una respuesta positiva de los fondos públicos que se están entregando para incentivar la recuperación y mejoramiento del bosque nativo. Es importante conocer -después lo vamos a ver en detalle- cómo se van salvaguardando medidas de conservación, prácticas de buen manejo, acompañamiento de la función pública a través de acreditadores forestales y, también, la obligatoriedad de reforestar, con las mismas especies y en áreas equivalentes, las que se sacan para obras públicas o de otra naturaleza derivadas del crecimiento de las ciudades. En resumen, después de un largo trayecto, estamos en presencia de una normativa que ha logrado concitar el mejor acuerdo posible dentro de la sociedad para evitar la sustitución del bosque nativo y, también, su poca valoración, lo que ha causado bastante controversia: personas y organizaciones extranjeras, aprovechándose de las coyunturas de nuestro país, han comprado en forma masiva bosque nativo para dedicarlo exclusivamente a conservación. Hay que insistir en que una fracción de este bosque es susceptible de intervenirse e incluso de mejorarse para el aprovechamiento, en todas sus dimensiones, por nuestra sociedad. Por eso, como Comisión de Medio Ambiente, instamos no sólo a debatir el proyecto, sino también a aprobarlo en general, fijando un plazo razonable y breve para formularle indicaciones. He dicho. El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín. El señor LARRAÍN.- Señor Presidente , las exposiciones del Presidente de las Comisiones unidas y del Presidente de la de Medio Ambiente han esclarecido el contenido de esta iniciativa, lo que me permite hacer algunos comentarios más generales y precisiones más específicas. Lo primero que cabe subrayar son los doce años de tramitación de este proyecto. Pero si bien probablemente no tiene prioridad pública muy significativa, es de enorme importancia para el patrimonio nacional. Era de lamentar que proyecto tras proyecto no encontraran acogida ni en el Senado ni en los especialistas consultados, que eran de todos los sectores. Muchas veces, cuando la opinión pública enjuicia la labor del Congreso, la circunstancia de que la tramitación de los proyectos se prolongue por doce años se atribuye a negligencia, a falta de interés del trabajo parlamentario. En este caso, puedo dar fe, por lo menos desde 1994, de que no ha sido así. La verdad es que hemos puesto toda nuestra voluntad para sacar adelante la ley, y ha sido el Ejecutivo , en distintas instancias, el que se ha encontrado con diferentes problemas. Es inútil, entonces, manifestar comprensión respecto de esos problemas, en circunstancias de que la opinión pública cuestiona la falta de eficacia. Simplemente deseo destacar que esa falta de eficacia no ha sido responsabilidad del Congreso, ni, desde luego, del Senado, en donde el proyecto se encuentra desde 1994, aproximadamente, ya que siempre hubo voluntad para trabajar. Y cuando ingresó este último texto, al que ya se ha referido el señor Presidente de las Comisiones de Agricultura y de Bienes Nacionales, unidas, se observó una dedicación realmente muy significativa, en momentos de muchas dificultades por la simultaneidad con que se debió estudiar otros proyectos de gran importancia. A pesar de ello, no fue dejado de lado y las sesiones se sucedieron en forma ininterrumpida durante un largo período. En consecuencia, creo que el esfuerzo desplegado, al margen de la demora, recoge en lo fundamental la voluntad no solamente del Congreso y del Ejecutivo , sino también del medio, en orden a lograr una buena legislación que regule efectivamente la conservación y el uso más racional posible de los ecosistemas forestales y, al mismo tiempo, fomente la recuperación de los bosques nativos. En líneas generales, esta normativa cumple con ese objetivo. Por eso, al tener que pronunciarnos respecto de ella después de tantos años, estimamos que, a pesar de las demoras y de los inconvenientes específicos de su contenido, se trata de un esfuerzo legal que vale la pena apoyar. Así obramos en las Comisiones unidas y así votaremos también en la Sala. Advierto -ya se ha dicho- que este articulado, sin el complemento de una revisión de la institucionalidad forestal, generará graves dificultades en su aplicación. Ya un proyecto, por su fondo, fue rechazado por la Comisión de Agricultura, y mientras no se sustituya, yo diría que ésa es la voluntad mayoritaria de esta Corporación. Por lo tanto, es importante reiterar al Ejecutivo nuestro interés de que un texto vaya de la mano con el otro. El señor Ministro de Agricultura ha señalado que la iniciativa que reemplaza la institucionalidad forestal e introduce modificaciones relevantes en el ámbito de la Cartera a su cargo estaría terminada. Pues bien, es muy importante que eso sea así, porque la tramitación del proyecto en debate me parece que va a entrar en una etapa bastante razonable desde el punto de vista de los plazos, tanto en la discusión particular como en el subsiguiente tercer trámite en la Cámara de Diputados. En efecto, es probable que en algunos pocos meses quede totalmente despachado por el Congreso. Sería muy lamentable que su total tramitación no fuera acompañada de una iniciativa que dé forma más definitiva a la institucionalidad forestal. Todos conocemos la situación de la CONAF, que como corporación tiene atribuciones propias de entidades públicas. Y si bien se valora la descentralización y la entrega de muchos servicios al sector privado, no pareciera que, por el modo como está reglamentada, la CONAF satisfaga las inquietudes que suscitan la debida institucionalidad y el respaldo legal requerido para proceder como corresponde. Dentro de los aspectos más salientes de la iniciativa, que ya han sido resaltados, se encuentran las numerosas definiciones que dan cuenta de cómo la legislación adopta y resuelve los principales temas que dicen relación al bosque nativo. Hay conceptos muy bien logrados, pero otros merecen una segunda discusión. Aunque parezca paradojal -ya lo señalaba el Senador señor Moreno -, la definición de "bosque" y la altura que debe alcanzar para ser considerado como tal, que pareciera un problema menor, para algunos conforma el criterio diferenciador respecto, por ejemplo, de los matorrales, y por lo tanto son indispensables normas aplicables a uno y otro caso. El punto va a ser ciertamente objeto de debate en la discusión particular, porque somos muchos los que no hemos quedado satisfechos con la forma como se terminó de conceptualizar la expresión "bosque". Un elemento importante que adquiere especial fuerza -ya la tiene a partir del decreto ley Nº 701- es el plan de manejo forestal, respecto del cual, con las precisiones que se han incorporado, se ha llegado a una conceptualización muy importante. De nuevo se entrega potestad fundamental a la CONAF, en la forma como se va aprobando y supervisando el cumplimiento de dicho plan, lo cual vuelve a plantear el problema al que antes me refería. Hay gran cantidad de normas que obligan a los actores en este ámbito a mitigar los daños que puedan ocasionarse al suelo, a la cantidad y calidad del agua y a la diversidad biológica. Es decir, el enfoque del proyecto no se circunscribe específicamente a los bosques; abarca también a todo lo que se vincula con los ecosistemas forestales y, por lo tanto, se avanza mucho y muy positivamente en aspectos que nos parecen de gran relevancia. De ahí también que otras medidas, como las prohibiciones de corta, las normas relativas a la destrucción de especies -sobre todo de aquellas que han sido catalogadas como en peligro de extinción, raras, vulnerables o insuficientemente conocidas- permiten pensar que serán rescatadas o defendidas del eventual riesgo de desaparición. Se crea el Fondo de Conservación y Manejo Sustentable del Bosque Nativo, de carácter concursable, el que fue objeto de mucho cuestionamiento por numerosas instituciones consultadas en las Comisiones unidas, debido a que se modificaba un criterio que resultó muy exitoso en la aplicación del decreto ley Nº 701, cual es que los recursos fueran no concursables, sino ilimitados para la presentación de cualquier proyecto aprobado técnicamente. Entendemos -y esto fue muy importante en la discusión- que, en la medida en que el presupuesto sea suficiente, los proyectos no van a ser concursables o, si lo son, todos los que concursen y que reúnan los requisitos técnicos mínimos van a ser aprobados si no hay restricciones presupuestarias. Esto recoge el criterio del decreto ley Nº 701. Y sólo empezará a haber priorización y, por lo tanto, asignación, cuando los recursos sean inferiores a los proyectos solicitados, todos los cuales deberán aceptarse técnicamente sobre la base de su calidad, aprobada por los organismos correspondientes. En este punto, debemos considerar también la importancia de los acreditadores forestales, personas naturales o jurídicas, inscritas en un registro, que van a cumplir la labor de certificación de todos los antecedentes de los distintos proyectos técnicos que se presenten. Ellos, por cierto, aparte de tener que asumir las responsabilidades penales y civiles cuando no hagan sus informes debidamente, serán los ejecutores que permitirán mayor viabilidad al funcionamiento de los proyectos que finalmente apruebe el Fondo de Conservación. Se compromete, también, la asignación de recursos para la investigación en torno al bosque nativo. Esto también es un elemento de mucha trascendencia, puesto que de tiempo en tiempo se discute respecto de la realidad del bosque nativo en Chile, producto de la falta de información adecuada. De manera que estos antecedentes, en la medida en que haya recursos para realizar las investigaciones respectivas, con catastros bien completos, van a permitir que las decisiones que se adopten en cuanto a la naturaleza, cuantía, estado de situación del bosque nativo correspondan a la realidad debidamente investigada por los cuerpos técnicos y científicos competentes en este ámbito. Como pueden apreciar los señores Senadores, hay un conjunto de normas que hacen pensar que estamos frente a algo de valor, no obstante que, si entramos a hilvanar aspectos específicos, ciertamente veremos que hay temas muy discutibles. Ya mencioné -como lo hizo otro señor Senador- lo tocante a la definición de bosque. Está también todo lo relativo al bosque de sustitución, cuyo criterio central es que todo bosque nativo debe ser reemplazado por otro bosque nativo. Y hay criterios para que no sea específicamente siempre el mismo, según las circunstancias, lugar o las especies en cuestión. Pero como el bosque nativo admite, bajo ciertas condiciones, su explotación o su renovación, hay circunstancias en que pudiera ser aconsejable, por la vía de la excepción, permitir la sustitución por especies exóticas. Es una materia que, a mi juicio, debemos discutir de nuevo para asegurar, no solamente la preservación y recuperación del bosque nativo, sino, también, alguna flexibilidad cuando los organismos técnicos y cuerpos consultivos creados lo estimen recomendable o aceptable. Debe considerarse también la conveniencia de ir hacia un desarrollo mayor de medidas tendientes a fomentar el interés de particulares por preservar el bosque nativo o dedicarlo a la producción no maderable (como la caza o el ecoturismo). Si hay mecanismos adecuados, podríamos incentivar la preservación, pero con finalidades distintas a la mera preservación o eventual explotación, cuando así sea aprobado. Respecto al Consejo Consultivo del Bosque Nativo que se crea, parece prudente que su conformación sea más bien establecida en la ley y no quede entregada al Reglamento, lo cual permitiría mayor seguridad en cuanto a su calidad y nivel, así como respecto de la jerarquía de quienes lo integren. En fin, existen aspectos que, si bien no constituyen lo sustantivo, son importantes para lograr una debida reglamentación de las normas que se establecen y, en tal sentido, mejorar aún más este proyecto. Para concluir, quiero señalar que estamos frente a una iniciativa de alta calidad, a pesar de lo difícil que es resolver esta materia. Hemos logrado un equilibrio entre la voluntad del Ejecutivo y del Congreso, y también de los distintos grupos interesados, que los hay de la más variada índole, provenientes de los sectores académicos, ambientales y productivos, todos los cuales, en mi concepto, tienden a concordar en que estamos frente a una norma suficientemente buena, amplia y positiva para preservar y fomentar el bosque nativo en Chile. Por todas estas consideraciones, aprobaremos en general esta iniciativa. He dicho. El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Tiene la palabra el Senador señor Romero. El señor ROMERO.- Señor Presidente , no quisiera reiterar ni repetir los conceptos ya planteados en relación con este proyecto. Sin embargo, me parece de justicia destacar que su estudio y debate sin duda prestigian a la Comisión y al Senado. Y lo digo con conocimiento porque los que participamos estrechamente en las Comisiones unidas lo hicimos con un grado de coherencia y consecuencia respecto de lo que estábamos aprobando. Aquí no ha habido ni ganadores ni perdedores, si acaso alguien pretendiera enfocarlo con una mirada simplista. Aquí había posiciones conservacionistas bastante claras; había criterios que señalaban que no se trataba únicamente de disponer medidas a través de una ley, sino que debía haber armonía, consecuencia y, particularmente, coherencia con la legislación existente. El decreto ley Nº 701 estuvo siempre presente en el debate, pues ha tenido una implicancia y alcance en la parte forestal que, demás está decirlo, ha sentado un hito fundamental. Y algo que ha resultado bien -tal vez con problemas, todos lo podemos reconocer, pero en general ha sido positivo- no podemos limitarnos a esconderlo y meterlo dentro de un cajón. Asimismo, este debate y serio estudio tuvo otra característica: fue participativo. No hubo nadie que no haya sido escuchado por las Comisiones unidas. ¡Nadie! Fueron interminables las presentaciones audiovisuales o de cualquier tipo realizadas. Y, en este aspecto, me parece que la participación tanto del Ejecutivo como del Legislativo, así como de los académicos, de los colegios profesionales, de organizaciones como la propia Corporación Chilena de la Madera, fue ilustradora del interés existente en el tema. Por ello, invito al Senado a que lea el informe de las Comisiones unidas, que además está muy bien hecho. En tal sentido, quiero felicitar a los encargados de su realización pues fue elaborado con precisión, claridad y, en particular, con una orientación que permitirá a quienes no participaron en el debate imponerse en forma acabada del pensamiento que se tuvo sobre esta materia. Creo que, en este aspecto, es muy importante para la historia de la ley, para el debate posterior, contar con informes como éste, porque son aclaratorios y precisos en sus planteamientos, lo cual resulta muy ilustrativo del trabajo habido en las Comisiones. Obviamente, la Sala tendrá que resolver algunos puntos, pues no en todos hubo acuerdo. Sin embargo, diría que en lo medular existe la sensación real de que nos hallamos frente a un proyecto bien enhebrado. No cometamos el error, por ganar una votación, de desequilibrar o de hacer perder armonía y coherencia a la iniciativa. Se los digo en un sentido positivo, constructivo, porque muchas veces uno, tendiendo a buscar un punto que estima muy esencial, no analiza globalmente el proyecto y se expone a desequilibrarlo. Me parece que éste es un tema que debemos mirar desde esa perspectiva. Las leyes tienen que ser armónicas, equilibradas, coherentes, lógicas. Por otra parte, tengo la impresión de que hay una opinión pública que a veces no aprecia lo que se hace en el Senado. Quiero decir que éste es uno de los casos más ilustrativos de la perseverancia y el alto nivel de participación con que actuaron no sólo todos los miembros de las Comisiones unidas -es cuestión de leer el informe-, sino también los invitados a sus reuniones. En ese sentido, debemos guardar cierto grado de respeto por el trabajo hecho por las Comisiones. Porque, de otra manera, alterar ciertos conceptos puede simplemente desarticular y hacer perder la coherencia y armonía necesarias en este tipo de legislaciones. Con mucho agrado participé en las Comisiones unidas y, en la misma forma, anticipo los votos favorables de los Senadores de Renovación Nacional y felicito al Presidente y a los integrantes de dichos órganos técnicos y, particularmente, a los funcionarios que hicieron posible que este informe esté hoy día en manos de los señores Senadores en la forma y calidad que he destacado. He dicho. El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag. El señor SABAG.- Señor Presidente , en primer lugar, quisiera partir felicitando al Senador señor Moreno por el completísimo informe que nos ha entregado respecto de esta tan importante materia y que -como ya se ha señalado- lleva doce años de tramitación en el Parlamento, de los cuales más de diez han sido en el Senado. Se trata de un sector de una importancia trascendental para la vida económica y de trabajo del país. Los bosques constituyen una riqueza renovable que nos permitirá sustituir los ingresos del cobre el día de mañana cuando solamente de su explotación nos quede el hoyo. Además, nuestro país tiene condiciones relevantes para un desarrollo acelerado de la parte forestal. Se ha hablado mucho del bosque nativo durante la discusión del proyecto y se decía que había cuatro o cinco millones de hectáreas. Al hacerse el censo correspondiente, se vio que en realidad alcanzaba casi a 14 millones de hectáreas, con un poco más de 2 millones de hectáreas de bosque exótico, fundamentalmente de pino y eucalipto. Pues bien, el sector privado prácticamente fue marginado de intervenir en el bosque nativo. Por eso no ha sido objeto de inversiones, se ha ido envejeciendo y no se le ha dado ni el tratamiento ni el manejo correspondientes. De ahí la importancia de contar con una ley que establezca con claridad la institucionalidad que regirá el bosque nativo y la forma como es posible intervenir en él. Creo que mediante el proyecto en análisis se está dando finalmente una orientación clara acerca de lo que se puede hacer al respecto. Al mismo tiempo, se crea un fondo para la mantención del bosque nativo, y se establece la posibilidad de aprovechar el que ya está sobremaduro, el que ha muerto, y así darle un destino, y no como sucede hoy día en que se prohíbe absolutamente hasta sacar un árbol que no ofrece utilidad alguna. Por eso, con mucho entusiasmo quiero sumar mi voto de aprobación a esta iniciativa de ley que hoy día se está votando en general, y a la cual formularemos algunas indicaciones. Esperamos que el Gobierno acoja muchas de las ideas sugeridas durante su tramitación. Se trata de fijar claramente la institucionalidad que rija este rubro y, en lo posible, crear una Subsecretaría Forestal. Se calcula que esta actividad nos va a proporcionar de aquí al año 2010 ó 2015 más de 6 mil millones de dólares de ingresos, y que el día de mañana va a sustituir al cobre en este aspecto, dando trabajo a miles de personas. En la Región que represento, específicamente en la comuna de Ranquil, en la localidad de Nueva Aldea, se está construyendo la planta de celulosa de Itata, con una inversión de 1.400 millones de dólares, y ya está en funciones la de Valdivia. El desarrollo y la actividad que generan estas industrias es de gran magnitud. Son miles quienes trabajan en ellas, miles las hectáreas que se pueden seguir plantando, y millones las hectáreas de bosque degradado, que es necesario plantar desde hoy. Ojalá se siga subsidiando la actividad. El decreto ley Nº 701 ha sido espectacularmente beneficioso y gracias a él se ha plantado más de un millón y medio de hectáreas. Se han gastado 200 millones de dólares en subsidios. ¡Claro! También se emplearon 200 millones de dólares en subsidiar las camionetas y los autos armados en Los Andes y Arica. ¿Qué queda de estos últimos? ¡Están convertidos en chatarra! En cambio, los subsidios forestales permitieron plantar un millón y medio de hectáreas de bosques, ya maduros y en plena producción, constituyendo una gran riqueza del país. Por eso, me alegro mucho de que este proyecto, que lleva 12 años de tramitación, por fin lo vamos a despachar en general el día de hoy. Y espero que muy pronto podamos formular las indicaciones correspondientes para que continúe su trámite, de modo que dentro de este año podamos dar una luz clara en la materia, establecer la institucionalidad para intervenir, cuidar y manejar el bosque nativo, y seguir incentivando plantaciones de bosques exóticos. El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Tiene la palabra el Senador señor Parra. El señor PARRA .- Señor Presidente , junto con sumar mi voto a la aprobación en general del proyecto, quiero hacer algunas consideraciones de carácter muy general, más bien precisiones sobre aspectos que no se han mencionado en el debate hasta ahora y que me parece importante tener en cuenta en la preparación de indicaciones. Ante todo, y una vez más, deseo llamar la atención hacia lo sorprendente que resulta el que se legisle con tanta dificultad en materia de recursos naturales. Lo que el Senador informante ha manifestado respecto de la tramitación de esta iniciativa lo hemos escuchado antes acerca de la igualmente larga y difícil tramitación que ha tenido el proyecto de reforma del Código de Aguas. Ojalá dentro de poco conozcamos el segundo informe sobre esa materia. Y, desde luego, hemos asistido a debates tensos y difíciles cada vez que se ha modificado la legislación pesquera. También sabemos que ha sido prácticamente imposible llevar adelante iniciativas de reforma en materia de legislación minera, en donde claramente las cosas no se han hecho bien y se requieren modificaciones sustantivas. En estos temas, en que se juega realmente la sustentabilidad del desarrollo económico chileno, donde los intereses en conflicto que la norma jurídica debe buscar componer con un propósito de justicia son muchísimo más complejos, porque está fuertemente presente el interés general o colectivo, resulta dramáticamente difícil alcanzar acuerdos y poder legislar. Nuestra vieja legislación de bosques, que proviene del año 1931, ciertamente no tiene capacidad de respuesta a las exigencias actuales del desarrollo en este campo. Por eso me parece altamente positivo que se nos presente hoy un informe que cuenta con el respaldo unánime de los diez señores Senadores que integraron las Comisiones unidas. Deseo subrayar que en la materia está comprometido el interés general, que se expresa, en gran medida, en la necesidad de conservación de los bosques, a lo que está unida la defensa de nuestra biodiversidad y la protección de nuestro ambiente. Hemos contraído compromisos internacionales en este sentido, y el año pasado el Congreso Nacional aprobó el Protocolo de Kyoto, que tiene que ver justamente con este tema. Pero quiero alertar sobre un punto que no ha sido objeto de esta discusión, y que me parece importante tener presente. Ya se ha anunciado desde nuestro país, con base en dicho Protocolo y en la existencia de bosques nativos de propiedad particular, la emisión de bonos verdes por la recuperación del dióxido de carbono que permite la masa forestal. Y esos instrumentos se están emitiendo, o empezando a emitir, por propietarios privados. No estoy de acuerdo con que se vincule la emisión de tales bonos al derecho de propiedad que hoy se tenga sobre esos bosques. El nativo, por su propia naturaleza, se ha ido conformando a través de la historia, y no es el propietario accidental de hoy, evidentemente, el que puede reivindicar para sí la apropiación de esos recursos. Tal vez por allí esté la justificación de algunas inversiones considerables que hemos visto en este campo y de otras que se anuncian, que obviamente pueden tener un significativo retorno mediante la emisión de estos bonos. El proyecto, buscando equilibrar los distintos intereses, impone en algunos casos la carga de la conservación; pero al mismo tiempo otorga subsidios para que la sociedad en su conjunto contribuya a que el propósito conservacionista se pueda materializar. Esto me parece saludable, y ciertamente el esfuerzo social legitima y justifica que la emisión de esos bonos el día de mañana se realice por el Estado, para poder aplicar esos recursos justamente a la materialización del esfuerzo colectivo que el cumplimiento integral de esta ley requiere. Quiero hacer presente también que en proyectos anteriores, particularmente el relativo a autoridad sanitaria, formulamos objeción de constitucionalidad por el traspaso de la función fiscalizadora desde el Estado hacia instituciones privadas. La iniciativa en discusión otorga funciones a los denominados "acreditadores", lo que es ajeno, desde luego, al traspaso de la función fiscalizadora, cuya constitucionalidad hemos cuestionado. La figura de los acreditadores está ya incorporada en nuestra legislación, desde la normativa sobre tipificación de la carne hasta el proyecto que se empieza a analizar en el Senado, relativo a la acreditación de las instituciones de educación superior. En consecuencia, dejo constancia de que, por tratarse de situaciones del todo distintas, la reserva mencionada no opera en el caso de la iniciativa en debate. Por último, felicito a las Comisiones unidas y expreso mi reconocimiento al esfuerzo encabezado por el Ministro de Agricultura, a fin de lograr, a través de la Mesa Forestal, un consenso muy amplio, que hace posible la aprobación en general del proyecto. El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- De acuerdo con lo resuelto por los Comités, se suspende el debate, el que continuará en la sesión de mañana. Hago presente que el inscrito que queda es el Senador señor Naranjo .
RECUPERACIÓN DE BOSQUE NATIVO Y FOMENTO FORESTAL