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El señor LORENZINI ( Presidente ).-
Corresponde conocer, en segundo trámite constitucional, el segundo informe del proyecto de ley, con urgencia calificada de discusión inmediata, que interpreta el artículo 26 del decreto ley Nº 3.063, de 1979, con el objeto de facilitar el funcionamiento de microempresas familiares.
Diputado informante de la Comisión Especial de la Pequeña y Mediana Empresa es el señor José Miguel Ortiz.
Antecedentes:
-Segundo informe de la Comisión Especial de la pequeña y mediana empresa, Pymes, boletín Nº 3577-03, sesión 4ª, en 12 de octubre de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 1.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión Especial de la Pequeña y Mediana Empresa paso a informar, en segundo trámite constitucional, y segundo reglamentario, sobre el proyecto de ley que interpreta el artículo 26 del decreto ley Nº 3.063, de 1979, con el objeto de facilitar el funcionamiento de microempresas familiares.
Quiero hacer hincapié en el vocablo “facilitar”, porque durante la discusión efectuada aquí la semana pasada, los integrantes de la Comisión de Vivienda expresaron que, tal como estaba redactada la iniciativa, en vez de ayudar a la comunidad, la perjudicaría. Y se citó como ejemplo que el ruido que emite un taller mecánico podría provocar serias dificultades en el vecindario.
(Hablan varios señores diputados a la vez).
Les pido a los colegas que no les interesa este tema -en la sesión pasada tampoco les interesó y no estuvieron presentes durante su discusión- que hagan sus reuniones fuera de la Sala. Hay cientos de Pymes que están esperando, y si hoy clarificamos esto, puede ser positivo; pero también podría ser negativo, posibilidad que a ninguno de nosotros nos gusta.
En esa ocasión se planteó...
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor LORENZINI ( Presidente ).-
¡Por favor, señores diputados! Les ruego guardar silencio y escuchar al diputado informante .
El señor AGUILÓ.-
Señor Presidente, punto de Reglamento.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor AGUILÓ .-
Señor Presidente , estamos celebrando esta sesión en un horario no habitual. Hay muy buena asistencia y debemos tratar tres proyectos muy importantes.
El diputado informante tiene toda la razón al pedir a quienes no les interesa escuchar su informe que conversen fuera de la Sala y que después ingresen a votar. A nosotros nos interesa entender lo que se está informando. Estamos haciendo un esfuerzo especial, y sería conveniente tener un poquito más de respeto.
Por eso, le solicito que llame la atención en ese sentido, señor Presidente.
Gracias.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Señores diputados, les reitero que guarden silencio y que escuchen al diputado señor Ortiz.
Puede continuar su señoría.
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , el 6 de octubre, es decir, hace seis días, se acordó remitir el proyecto a la Comisión para un segundo informe, porque se estaba pasando a llevar toda la normativa municipal.
Cuando informé por primera vez, señalé algo que algunos colegas manifestaron que no debí expresar, pero yo prefiero decir las cosas por su nombre. Por eso, planteé una cuestión que considero importante.
El contralor general de la República subrogante envió una circular a los 341 municipios para hacerles presente que no podían dejar sin efecto la normativa vigente para regularizar las microempresas familiares. Expresé que si no se reconocía el espíritu de precepto que aprobamos, el día de mañana se podría poner en tela de juicio cualquier proyecto despachado por el Poder Legislativo.
Por ejemplo, recordamos -en eso se centró la discusión habida en la Comisión Especial de las Pymes y en la de Hacienda- que la mayoría de estas microempresas estaban funcionando normalmente, razón por la cual no eran cuestionadas por los municipios, pues estaban creando empleos y generando ingresos a diversos grupos familiares. Aquí se planteó que se estaban aprobando normas que transgredían total y absolutamente la normativa relacionada con la urbanística y con los planes reguladores.
Por eso se remitió la iniciativa a la Comisión y durante la discusión particular se plantearon algunas inquietudes, porque todos queremos ayudar a las Pymes. Debido a eso, se aprobó una indicación de diversos señores diputados para introducir al artículo 2º las siguientes modificaciones:
1. Para reemplazar en el nuevo inciso sexto que se agrega al artículo 26 del decreto ley Nº 3.063, de 1979, la expresión “podrán” por “deberán”.
Debemos dejar absolutamente claro que ello no debe considerarse una traba al funcionamiento de las microempresas familiares.
2. Para agregar, en el mismo inciso nuevo que se añade al artículo 26 del decreto ley Nº 3.063, de 1979, a continuación de la frase “recepción final de las obras”, la oración “en un plazo que no podrá exceder de tres años, contado desde el otorgamiento de la referida patente.”.
Hubo un gran debate en la Comisión. Cabe mencionar que algunos señores diputados hicieron presente que la mayor parte de las propiedades donde funcionan microempresas no son susceptibles de regularizar y, por tanto, subsistirá el problema a pesar de lo dispuesto en el proyecto. Otros, consideraron necesario hacer ver al ministro de Vivienda y Urbanismo la posibilidad de implementar un plan tendiente a solucionar el problema y facultar a los municipios para regularizar la situación de aquellas viviendas que no cumplen con la norma.
¿Qué ocurrió con las dos modificaciones? Ambas fueron aprobadas por la unanimidad de los diputados presentes.
Quiero dejar absolutamente claro que ninguna de las dos puede ser un impedimento para que los municipios otorguen patentes a microempresas familiares. Además, el trámite no deberá exceder el plazo de tres años, porque, de lo contrario, significaría que, en vez de ayudarlas, las estaríamos perjudicando.
Debido a ello, en nombre de la Comisión Especial de las Pymes, solicito que el proyecto sea aprobado por unanimidad.
He dicho.
El señor LORENZINI ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , en la ocasión anterior pedí que el proyecto fuera enviado a la Comisión de Vivienda, porque el funcionamiento de las Pymes no puede depender de la regularización de una propiedad que transgreda las normas y exigencias que establece la ley General de Urbanismo y Construcciones.
Por lo demás, no se saca nada con regularizar la propiedad y obtener la patente si la industria produce ruidos molestos. Según la normativa pertinente, no podrá funcionar. En consecuencia, se trata de un proyecto de ley “parche”, pues sólo podrá funcionar un taller de confecciones que no emita ruidos molestos hacia el exterior. Incluso, si una pequeña empresa que venda comida produce olores, tampoco podrá funcionar dentro de una casa, aunque tenga la patente y todo lo concerniente a la propiedad regularizada. Es así como muchos de los artesanos, por ejemplo, de Villarrica, Pucón , La Unión o Puerto Montt, deberán dejar sus lugares de trabajo porque las sierras y cepilladoras producen ruidos molestos y hacen pestañear la luz, lo que provoca peleas con los vecinos.
Seamos honestos: los pequeños y medianos empresarios tendrán la patente, pero no podrán trabajar. Por eso solicité que la Comisión de Vivienda analizara el problema, a fin de buscarle una solución a regularización acorde con la legislación respectiva.
Tenemos la mejor voluntad para que la gente trabaje, pero no queremos crear falsas expectativas. Tal vez sería mejor y más barato adquirir una hectárea de terreno con el fin de construir un barrio industrial para pequeños y medianos empresarios que no tienen industrias limpias, pues siempre tendrán problemas.
Las pequeñas y medianas empresas que no produzcan olores, ruidos molestos ni contaminación podrán instalarse en casas, pero aquellas que sí los produzcan -por ejemplo, una fábrica de muebles o de alimentos- no podrán funcionar en ellas, porque la ley general de Urbanismo y Construcciones y el Código Sanitario no lo permiten.
¿Por qué aprobar un proyecto que sólo ayuda a un determinado grupo de pequeñas y medianas empresas y no a todas? La futura ley serviría sólo a las empresas que no contaminen ni produzcan ruidos molestos u olores.
Sin embargo, para que no se piense que existe mala voluntad, anuncio el voto favorable de la bancada de Renovación Nacional, aunque el proyecto, reitero, no favorece a todas las pequeñas y medianas empresas urbanas.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales.
El señor HALES .-
Señor Presidente , en Chile se han hecho mal las cosas en materia de normativas y permisos de edificación. Existe una gran hipocresía al respecto, pues el país entero sabe que hay que tener permiso de edificación para construir, ampliar y transformar una vivienda, pero la mayoría de ellas se ha ampliado o transformado sin tenerlo.
Terminamos aceptando esta hipocresía porque así se ha construido en Chile hasta hoy. Por eso, cada cierto tiempo, el Congreso, a modo de borrón y cuenta nueva, aprueba una “ley del mono” versión 3 ó 4, para que la gente regularice lo que construyó de manera irregular.
Ninguna autoridad -nos incluimos- está en condiciones de solicitar una orden de demolición de propiedades que no cumplan la ley.
¿Quién le exigiría al ministerio o al municipio respectivo -si tuviera la potestad- demoler las propiedades cuyas ampliaciones no tienen el permiso de edificación? Nadie.
Sin embargo, ahora, quizás gracias a la “ley del mono”, se ha aprendido y si existe irregularidad se reclama contra los vecinos. Es el caso del que construyó una ampliación con internit o madera y pasó el forro de lata por el cortafuegos del lado, con lo cual tira las aguas lluvia sobre su techo.
Una señora me comentó que en calle Guillermo las costaneras que sostienen una cubierta que colocó una vecina entra en el cielo falso de la sala de estar de su casa.
Por situaciones como ésas los vecinos reclaman ante las inspecciones municipales, las que, a su vez, remiten los antecedentes al juzgado de policía local para que curse la multa correspondiente, pero sin llegar a decretar la demolición de las obras. No puede ser de otra forma, pues no se puede demoler Chile entero.
¿Cuál es el objetivo del proyecto? Que las Pymes obtengan patente municipal sin contar con el permiso de edificación correspondiente de la propiedad que ocupen . Esto se aplicará tanto al que tiene una pequeña edificación agregada a su casa como a quien haya construido obras sin permiso de edificación para que funcione una pyme.
Con una actitud extremadamente razonable, los colegas de la Comisión de la Pequeña y Mediana Empresa -presenciamos su debate- aceptaron esta propuesta, pero por un plazo de tres años y con la salvedad establecida en el artículo 2º, esto es, que no estarán obligadas a obtener un permiso de edificación como el que se exige al resto de los vecinos, pues para la regularización sólo deberán cumplir con las normas de la ley general de Urbanismo y Construcciones y de su ordenanza general, referentes a la estabilidad y a la seguridad contra incendios.
Si el proyecto se aprueba tal como está, los propietarios de un inmueble en que funcione una microempresa familiar quedarán obligados a solicitar la regularización y a obtener simultáneamente el permiso de edificación y la recepción final de las obras, para lo cual tendrán un plazo de tres años, contado desde el otorgamiento de la patente municipal. Sin embargo, podrá empezar a funcionar luego de obtenida ésta.
¿Será cierto todo eso? Creo que no. Digamos la verdad. El proyecto establece lo que no será, pero supone la hipocresía de que tal aplicación siempre cuenta con el permiso de edificación, y sabemos que no es así y que de ningún modo se ordenará la demolición de las obras.
Diego Portales decía que en nuestro país la ley está hecha para el compadrazgo, la anarquía y el amiguismo. En este caso, aprobaremos un proyecto que consagra la hipocresía, pero con una salvedad, pues, en el fondo, establece que todos los ciudadanos que construyan nuevas edificaciones o que amplíen o transformen las ya existentes, deberán solicitar permiso de edificación. No obstante, sabemos que si no lo piden, no se ordenará la demolición, porque hacerlo sería una locura. Algo estamos haciendo mal.
Por lo menos, es un buen gesto. Se entrega un mensaje de racionalidad, ya que se establece que las microempresas familiares “deberán” solicitar la regularización y obtener el permiso de edificación, y no que “podrán” hacerlo. Sin embargo, insisto, se les concede un plazo de tres años para ello, que no van a cumplir.
¿Por qué hacemos esto? Porque, a fin de cuentas, no podíamos hacerlo de otra manera. Pero es por ahora, porque espero que alguna vez nuestro país ordene su parque inmobiliario. El proyecto consagra una hipocresía que alguna vez deberemos resolver.
Para las Pymes las cosas van a andar bien, pues las micro, pequeñas y medianas empresas podrán empezar a funcionar de inmediato.
Si la Cámara de Diputados y el Senado quisieran sincerar las cosas y poner fin a la hipocresía, entonces deberían aprobar un proyecto que autorizara a las micro y pequeñas empresas para construir sin permiso de edificación.
Un senador, autor del proyecto, me decía: “No le pongan ninguna dificultad.” Yo digo, conforme, no pongamos ninguna dificultad, pero, entonces le pido que no se ponga dificultad a todo el barrio donde está esa microempresa. O sea, tendríamos que haber hecho una ley que dijera que en todo el lugar donde se construya o se instale una pequeña empresa, ninguna propiedad tendrá la obligación de pedir permiso de edificación, de manera que no exista un privilegio para un vecino en desmedro de otro. Pero, ¿se imagina lo que sería eso? Primero tendríamos que definir cuáles son los límites del barrio y después decir que todas sus viviendas no deberán pasar por los trámites del cumplimiento de la norma. Eso necesita bastante más discusión y revisión, sobre todo en un país que está empezando a revisar su ley general de urbanismo y construcciones.
Podría haber sido una fórmula. De otra manera, si me preguntan qué hay que hacer en este proyecto, digo que lo votemos a favor. Estamos en el marco de una hipocresía instalada. A lo menos, estamos dejando la idea de que las Pymes van a pedir permiso en tres años plazo y el resto de los vecinos, no. Pero, a la hora de la verdad, como eso no se va a demoler, yo hubiese preferido una ley que señalara que se va a instalar en la población una microempresa. Entonces, ¿hay que estimularla? Sí. ¿Le vamos a pedir permiso de edificación? No. ¿El resto del vecindario la va a discriminar? No. Va a estar contento de tener esa microempresa y, por lo tanto, que nadie de la población tenga la obligación de cumplir con la norma.
¿Estábamos en condiciones de hacer eso? Veo que ni siguiera el debate dio la oportunidad de analizarlo.
El señor LEAL ( Vicepresidente ).-
Diputado señor Hales , se ha cumplido su tiempo.
El señor HALES .-
Por lo tanto, llamo a votar a favor e invito a una reflexión muchísimo más profunda al Ministerio, a los organismos de la vivienda, y aprovechar la discusión de la ley general de Urbanismo y Construcciones para revisar qué dispone sobre la materia.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Ramón Pérez.
El señor PÉREZ ( don Ramón) .-
Señor Presidente , el proyecto, que consta de dos artículos, cumplió su segundo informe en la Comisión Especial de las Pymes y ya fue aprobado en general por esta Sala.
La iniciativa fue bastante mejorada por dicha Comisión. Mediante su artículo 2º se agregan al artículo 26 del decreto ley Nº 3.063, de 1979, los incisos sexto, séptimo y octavo, nuevos.
Por el inciso sexto, nuevo, se reemplaza la expresión “podrán” por “deberán”, haciendo más exigible la recepción final de las obras, fijándose, además, un plazo para la recepción final, que no podrá exceder de tres años, contado desde la fecha del otorgamiento de la patente.
En el inciso séptimo, nuevo, se dispone que, para su regularización, las construcciones deberán cumplir con las normas de ley general de Urbanismo y Construcciones, y de su Ordenanza General, referentes a la estabilidad y la seguridad contra incendios, lo que será acreditado mediante informe de un profesional competente, y no deberá encontrarse emplazadas en áreas de protección o de riesgo, lo que da legalidad y seguridad.
En el inciso octavo, nuevo, se establece que el permiso de edificación y de recepción final de obras será otorgado por la dirección de obras municipales, dentro del plazo de quince días hábiles, contado desde el ingreso de la solicitud a esa dirección. Indica, además, que los derechos municipales aplicables a esta regularización se rebajarán en el 50 por ciento.
Por considerar que el proyecto beneficiará a un importante sector de microempresas familiares, principales generadores de empleo, que están tan faltas de apoyo para su desarrollo, anuncio el voto favorable de los diputados del partido Unión Demócrata Independiente.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Eugenio Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , este proyecto de ley, que originalmente fue despachado el 2001 por la Cámara de Diputados, con la intención de permitir que aquellas personas que trabajaban en su casa habitación y comercializaban productos pudieran formalizar su actividad.
Muchos microempresarios, emplazados especialmente en sectores poblacionales, realizan, desde hace años, actividades productivas, pero no han podido formalizarlas porque no son sujetos de crédito, no pueden descontar el IVA ni son atendidos -desde el punto de vista formal- por ninguna financiera o banco, debiendo recurrir a financieras informales o a usureros. Entonces, los senadores Lavanderos y Zaldívar , como una manera de incentivarlos, impulsaron este proyecto entre los años 91-92, el cual adquirió más dinamismo con motivo de la reactivación de la economía, el 2000. Fue despachado el 2001 y los microempresarios cuando lo pusimos a su disposición, no pudieron obtener el permiso correspondiente, porque, debo recordar que la norma del proyecto original establece que “las limitaciones y autorizaciones señaladas no se aplicarán a la microempresa familiar”, cuando se pidan determinados requisitos para el cumplimiento de una actividad productiva. Añade: “Con todo, sus actividades deberán sujetarse a lo dispuesto por el decreto supremo Nº 977, de 1977, del Ministerio de Salud, que aprobó el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Se entenderá por microempresa familiar aquella que reúna los siguientes requisitos:
a) Que la actividad económica que constituya su giro se ejerza en la casa habitación familiar;
b) Que en ella no laboren más de 5 trabajadores extraños a la familia, y
c) Que sus activos productivos, sin considerar el valor del inmueble en que funciona, no excedan de las 1.000 unidades de fomento.”
Más adelante dispone que “la microempresa familiar podrá desarrollar cualquier actividad económica lícita, excluidas aquellas peligrosas, contaminantes o molestas.” Es decir, podrán desarrollar todas las actividades que quieran, con o sin la autorización u observación que hizo después la Contraloría, que impidió formalizar la autorización de la patente para este tipo de empresa, al señalar que no cumplía la ley General de Urbanismo y Construcciones, por cuanto no había regularizado la propiedad donde funcionaba.
Esto generó un problema a nivel nacional y, entonces, hubo que hacer una modificación a la legislación, que se contiene en el proyecto en debate y que dispone que todas las empresas microfamiliares no requerirán cumplir con la normativa exigida por la ley General de Urbanismo y Construcciones.
Cuando estábamos pronto a aprobar el proyecto en esta Sala, algunos diputados, especialmente quienes integran la Comisión de la Vivienda, plantearon la necesidad de que lo tratara dicha Comisión, porque no podía ser que no se cumpliera con la normativa establecida en la ley General de Urbanismo y Construcciones y que eso podría atentar contra los vecinos o la armonía del vecindario.
Con razón, los diputados estaban preocupados de ese tema. Sin embargo, en esa misma ocasión señalé que este proyecto de ley no tenía que ver específicamente con la regularización del inmueble, sino con su actividad productiva y económica.
Desde ese punto de vista, acordamos que este proyecto pasara a la Comisión Pymes para efectuar su corrección en un sentido más productivo que de arquitectura, o de la armonía del vecindario o del cumplimiento de la ley General de Urbanismo y Construcciones. Entonces, en esa Comisión estimamos, en conjunto con aquellos diputados que habían hecho la observación, entre los cuales participó el diputado Patricio Hales , sustituir el términos condicionante “podrá” por el vocablo “deberá”, a fin de que quien haga uso de esta franquicia esté obligado, dentro del plazo de tres años, a regularizar la microempresa familiar.
Nos pareció bien esta idea. El hecho de quedar excepcionado, al menos durante el plazo de tres años, de fiscalización o exigencia relativa al cumplimiento de las normas de la vivienda por parte del municipio, constituye un incentivo. Es la ecuación perfecta que nos permite corregir las anomalías de que adolecía el proyecto y resolver las observaciones formuladas a su respecto.
No obstante, a pesar de que votaré favorablemente esa propuesta porque me parece coherente y la aprobé en la Comisión, me quedo con la preocupación de si esta obligación pudiese transformarse en un desincentivo o atemorizante para quienes quieran formalizar su situación. Es decir, alguien podría decir: “No me formalizo” porque luego de tres años tendré que regularizar y no podré hacerlo porque tengo tales pifias”. De manera que me quedo con la duda de si, en realidad, esta normativa representará efectivamente una respuesta de mayor formalización a la actividad que queremos ayudar.
Votaré favorablemente el proyecto, porque, repito, creo que hemos llegado a una buena ecuación y quedamos en espera de una respuesta de los microempresarios para los cuales estamos legislando.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Eliana Caraball.
La señora CARABALL (doña Eliana).-
Señor Presidente , tengo entendido que el artículo 1º está aprobado reglamentariamente.
En cuanto al artículo 2º, sugiero a la Sala que lo rechacemos con el objeto de que pase a comisión mixta, porque aprobar un proyecto que sabemos que no funcionará sólo nos desprestigiará. Entonces, hagamos un esfuerzo y veamos la forma de hacer respetar las normas correspondientes, y sin poner trabas, pero, como bien dijo el diputado Patricio Hales , no pongamos trabas. Insisto en resolver el problema en comisión mixta.
El señor LORENZINI ( Presidente ).-
Señora diputada , este proyecto está en su segundo trámite constitucional, de manera que antes de decidir respecto de su propuesta, deberá ir primero al Senado. Sólo si el artículo es rechazado en esa instancia, procedería enviarlo a comisión mixta.
El señor HALES.-
Punto de Reglamento, señor Presidente.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor HALES .-
Señor Presidente , la sugerencia de la diputada Caraball , tal como su señoría lo expresó, no procede en la Cámara de Diputados y, por lo tanto, nos correspondería aprobar el artículo 2º. La comisión mixta operará según lo que resuelva el Senado al respecto.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Está claro.
La señora CARABALL, ( doña Eliana) .-
Señor Presidente , perdone, pero incurrí en un error porque el proyecto se inició en el Senado.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Finalmente, tiene la palabra el diputado Carlos Montes.
El señor MONTES .-
Señor Presidente , en general, comparto en general mucho de lo que se ha dicho. Efectivamente, muchas personas tienen una microempresa en su casa y necesitan tener facturas para lo cual requieren legalizar la vivienda donde trabajan. Este proyecto permite que muchos microempresarios, con su dirección, saquen y realicen actividades que no contaminen o no provoquen daño.
El problema es que la solución de la comisión va por el borde de las normas, porque las que tenemos son muy antiguas y no guardan relación con las características de nuestras ciudades ni de nuestras poblaciones. Se ha buscado una solución precaria, que aborda el problema de manera tangencial, solución que, como han dicho algunos señores diputados, puede ser inconsistente para las microempresas.
Quiero insistir en que el problema no es sólo de las microempresas, sino que afecta también a las viviendas sociales que no cumplen con las normas. De hecho, tenemos muchos conflictos entre vecinos, debido a que las normas no guardan relación con las características de las viviendas.
La vivienda social dinámica sin deuda transgrede rápidamente las normas. Son casas muy pequeñas y los sitios generalmente se construyen en su totalidad. Lo mismo ocurre con el programa especial de trabajadores, en el que hay una gran cantidad de viviendas fuera de norma. Si la cifra que se ha dado de un millón de viviendas sociales construidas en un período corto es fidedigna, significa que tenemos una gran cantidad de ellas fuera de norma, principalmente del índice de constructibilidad. Generalmente, los sitios tienen un porcentaje de construcción muy superior al que la norma permite. Casi siempre tenemos problemas con el uso del suelo; de la rasante cuando se construye un segundo piso; con el adosamiento de prácticamente la totalidad de las construcciones; con la ocupación de los antejardines, sobre todo cuando hay microempresas, porque se instalan en el frontis de las viviendas.
Tenemos que asumir que en materia de vivienda social se requiere un criterio distinto de la norma general. Como no será posible tener una norma general que asuma esta realidad, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo debería estudiar el otorgamiento de facultades especiales para los municipios, a fin de que éstos den una respuesta apropiada a las distintas realidades de la vivienda social, pero no por casa, sino por villa o población, porque cada una de ellas tiene características especiales.
También están fuera de norma las viviendas de 28 metros cuadrados construidas durante la época del régimen no democrático, cuyos habitantes crecieron en número junto con sus viviendas, las cuales, con el tiempo, ocuparon completamente el espacio donde fueron levantadas, porque no tenían otra alternativa. ¿Qué pasa cuando un vecino tiene algún conflicto con sus ocupantes? Los denuncia.
Reitero que la solución de los problemas señalados pasa por la vía de otorgar a los municipios facultades para establecer normas más apropiadas a las distintas realidades, lo que puede estar dentro del concepto del plan regulador. Debe haber normas excepcionales, acordes con la historia y las características de las distintas villas o poblaciones. Sin embargo, quiero hacer presente que no estoy seguro de si en el informe quedó reflejado lo aprobado en la Comisión, en cuanto a la necesidad de solicitar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo que envíe un proyecto de ley que otorgue facultades a las municipalidades para enfrentar de otra manera estas situaciones, porque la iniciativa en debate no representa una solución de mucha duración.
Votaré favorablemente.
He dicho.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ortiz.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, como el honorable diputado Carlos Montes se refirió al diputado informante sobre el tema del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por su intermedio, para que quede consignado en la historia fidedigna del establecimiento de la ley, quiero recalcar que el acuerdo fue oficiar a este ministerio para que implemente las medidas necesarias a fin de solucionar este problema.
He dicho.
El señor LORENZINI ( Presidente ).-
Así constará en la versión taquigráfica, señor diputado .
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala votó el proyecto en los siguientes términos:
El señor LORENZINI ( Presidente ).-
A continuación vamos a votar el proyecto de ley que interpreta el artículo 26 del decreto ley Nº 3.063, de 1973, con el propósito de facilitar el funcionamiento de las microempresas familiares.
El artículo 1º se declara aprobado por no haber sido objeto de indicaciones ni modificaciones.
En votación el artículo 2º modificado, que no requiere quórum especial.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos; por la negativa, 4 votos. No hubo abstenciones.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alvarado, Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Becker, Bertolino, Bustos, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Correa, Cubillos (doña Marcela), Delmastro, Dittborn, Egaña, Encina, Escalona, Espinoza, Forni, García (don René Manuel), García-Huidobro, Girardi, Hales, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Lorenzini, Masferrer, Melero, Molina, Montes, Moreira, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Norambuena, Ojeda, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saffirio, Salaberry, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Urrutia, Valenzuela, Varela, Vidal (doña Ximena), Von Mühlenbrock y Walker.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Bayo,Cornejo, Olivares y Villouta.
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