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- rdf:value = " INFORMACIÓN SOBRE USO DE REGISTRO HISTÓRICO DE DEUDORES Y APLICACIÓN DE LA LEY QUE PROTEGE LA VIDA PRIVADA DE LAS PERSONAS. Oficios.
La señora CARABALL , doña Eliana ( Presidenta accidental ).-
En el tiempo correspondiente al Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Eduardo Saffirio .
El señor SAFFIRIO .-
Señora Presidenta , una vez más, quiero referirme a una situación relacionada con el sistema financiero.
Me refiero al incumplimiento generalizado por parte de la banca de la legislación vigente sobre el uso de información histórica que, teóricamente, está prohibida por la ley Nº 19.628, que protege la vida privada de las personas.
El inciso cuarto del artículo 6º establece claramente: “El responsable del banco de datos personales procederá a la eliminación, modificación o bloqueo de los datos, en su caso, sin necesidad de requerimiento del titular”. Por su parte, el inciso primero dispone: “Los datos personales deberán ser eliminados o cancelados cuando su almacenamiento carezca de fundamento legal o cuando hayan caducado.”.
Estas disposiciones del artículo 6º no están siendo cumplidas por los bancos e instituciones financieras, incluido el Banco del Estado. Así lo prueban múltiples casos de personas que, a pesar de tener el certificado del boletín comercial sin antecedentes, no pueden acceder a créditos. Se les niega el carácter de sujetos de crédito porque registran información histórica. Esta situación afecta a pequeños y medianos empresarios, agricultores, profesionales jóvenes y pequeños comerciantes que, por distintas circunstancias, han pasado por momentos económicos difíciles durante estos últimos cinco o seis años.
Aquí se nos dan clases de economía y se nos dice que el ciclo económico es inherente a la economía capitalista, que hay momentos de alzas y de bajas e, incluso, que muchas veces esto ni siquiera depende de factores internos, sino externos: crisis en Asia, devaluación en Brasil, problemas en Argentina, el endeudamiento de Estados Unidos, etcétera, todo lo cual conduce a que la economía caiga y afecte a millones de personas hasta de las localidades más pequeñas.
Es más, todo esto que es señalado como un hecho duro de nuestro modelo económico va acompañado de una cultura del castigo, según los términos del senador Foxley. Se habla de la necesidad de innovar, de emprender, de crear nuevos negocios, de aprovechar los tratados de libre comercio; pero, en los hechos, el sistema financiero, incluido el Banco del Estado, niega a las personas la posibilidad de emprender nuevas iniciativas comerciales que pueden ser exitosas, porque hace cinco, seis, siete u ocho años, por factores que ni siquiera dependían de nuestra macro o microeconomía, no pudieron pagar o tuvieron problemas para ponerse al día.
Cuando estas personas han recurrido a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, tampoco han obtenido una respuesta satisfactoria. En los dos años que llevo como parlamentario, con los diputados Jaramillo , Ortiz , Tuma y Galilea -estos dos últimos de la Región de la Araucanía-, en numerosas oportunidades hemos pedido a la Superintendencia que nos aclare cuáles son sus atribuciones sobre la materia a fin de concordar con el Ejecutivo modificaciones legales que entreguen a dicha Superintendencia las facultades que requiere.
Esta situación afecta, incluso, a profesionales jóvenes que alguna vez tuvieron acceso al crédito fiscal y que tienen pagarés protestados con anterioridad al 2000. Hoy no pueden optar a un crédito, no obstante sus conocimientos y sus posibilidades de aportar tecnología, creatividad e innovación -se supone que los profesionales y técnicos jóvenes las tienen-, a pesar de lo que establece el artículo 18 de la ley Nº 19.628, en cuanto a que no se pueden comunicar datos, transcurridos cinco años desde que la obligación se hizo exigible. Más aún, además de estar prescritos, la ley que permitió la renegociación de los créditos lo ha reiterado.
Si el deudor que se encuentra en esta situación se acerca al Boletín Comercial y pide un certificado de deudas canceladas, llamado certificado Nº 7, no puede obtenerlo porque los datos han prescrito. No tiene la posibilidad de conseguir ese certificado, a pesar de que, de hecho, los datos están circulando en el sistema financiero, lo que le impide ser sujeto de crédito. Legalmente, los datos no deberían existir y, por lo tanto, no se podrían borrar; pero como están allí y son utilizados por los bancos, las personas no pueden ser sujetos de crédito. Y esto -lo reitero- también lo está haciendo el Banco del Estado.
Esta situación provoca un enorme perjuicio a los pequeños y medianos empresarios, agricultores, comerciantes, profesionales, técnicos y simples ciudadanos. Muchas veces, significa dejar sin efecto alguno otras medidas que promueve el Ejecutivo en su beneficio.
Por lo anterior, solicito que se oficie al presidente del Banco del Estado para que informe a esta Corporación si esa institución también está utilizando el registro histórico y considerando los datos que contiene como un antecedente para no otorgar créditos a los chilenos que los solicitan; al superintendente de Bancos e Instituciones Financieras a fin de que nos señale si tiene atribuciones para intervenir en estas materias, y a los ministros de Hacienda y de Economía para que nos den a conocer las medidas que se han tomado o que se van a tomar para la correcta aplicación de la ley Nº 19.628, de manera que la cultura y la innovación y el apoyo a los pequeños y medianos empresarios dejen de ser discursos retóricos y se conviertan en una práctica que les permita sumarse a una agenda procrecimiento y de reactivación económica, aunque no sean defendidos por el señor Juan Claro ni por las grandes organizaciones empresariales.
He dicho.
La señora CARABALL , doña Eliana ( Presidenta accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de las diputadas señoras Adriana Muñoz y Ximena Vidal y de los diputados señores Ortiz , Villouta , Jaramillo y de quien habla.
"
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