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El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER (don Juan Pablo) .-
Señor Presidente , no cabe duda de que el combate contra la delincuencia -en favor de la seguridad ciudadana- es uno de los objetivos principales de nuestra sociedad. Ésta ha sufrido tremendas transformaciones que implican el desarrollo de prácticas antisociales que atentan contra la integridad física de las personas y bienes y alteran nuestra convivencia. En este contexto, dar mayor seguridad a los ciudadanos es tarea de todos.
Quienes pretenden inclinar las responsabilidades en el combate contra la delincuencia, no entienden que la paz social es tarea de todos y fruto de una política de Estado indiscutida. Todos debemos empujar en una misma dirección. De ahí, entonces, el sentido de la moción de los diputados señores Montes , Bustos y de quien habla, porque, según la opinión de los técnicos y expertos, si se quiere promover la seguridad ciudadana, debe eliminarse, reducirse, restringirse y dificultarse la tenencia de armas de fuego en manos de los ciudadanos.
Todos los estudios sobre el particular señalan que una sociedad que se arma no es más segura, y en nuestro país las proyecciones indican que hay un exceso de armas de fuego en manos de los ciudadanos. Además, las estadísticas demuestran que los delincuentes “se hacen” de armas cuando las roban a quienes las compran legalmente, a quienes no saben usarlas o a quienes las venden en el mercado negro.
Es importante destacar que se dejan fuera las de uso en prácticas deportivas y las armas de fuego de las armerías, a las cuales cualquiera puede ingresar y, sin mayores antecedentes, comprar una y sus respectivas municiones, las que muchas veces terminan en poder de los delincuentes, a quienes todos queremos parar. El proyecto apunta en esa dirección.
Como bien lo indicó el diputado Ulloa , existen dos visiones sobre la materia. Una, que Carabineros y la Policía de Investigaciones deben tener el monopolio del uso del poder de fuego para controlar el orden y seguridad internos. La otra, que la policía no es capaz de hacer esta labor y que los ciudadanos deben cumplir esa función en ciertas esferas. Nosotros discrepamos de ese juicio.
Este proyecto pretende reducir las armas de fuego; apunta, esencialmente, a tres objetivos. El primero, establecer barreras, requisitos mínimos -lo subrayo: requisitos mínimos- para que una persona compre un arma de fuego.
La Comisión de Defensa, en particular, eliminó la gran mayoría de los requisitos establecidos en la moción original, como un curso especializado para que las personas sepan usar un arma de fuego. Asimismo, que éstas no tengan antecedentes de violencia intrafamiliar ni de otro tipo; que demuestren estabilidad laboral y familiar. En síntesis, que sean idóneas; que la sociedad se asegure de que un psicópata o delincuente no accedan a la compra de un arma.
Los últimos debates en la Comisión giraron en torno de este punto. Algunos diputados se oponen a las barreras para la adquisición de armas de fuego, como también -insisto- a cursos para que las personas aprendan a manejarlas.
Me llama la atención cómo en otros ámbitos de la vida se establecen múltiples requisitos, por ejemplo, para conducir un vehículo. Sin embargo, hay quienes piensan que no es necesario un curso o una licencia especial para adquirir un arma. En eso, sin duda, tenemos visiones distintas.
El proyecto -en forma tímida, a nuestro juicio, no como hubiésemos querido- establece algunas barreras de entrada al mercado de los tenedores de armas. Hubiéramos querido que este fuere mucho más restrictivo.
En segundo lugar, aquí se estableció el criterio de la cantidad de armas de fuego que una persona puede poseer si se quiere defender con ese tipo de armas. Si eso fuera posible, que no termine almacenándolas en su hogar o lugar de trabajo.
Todos los años lamentamos la muerte de niños o menores de edad debido a la mala manipulación de armas de fuego que sus padres compran, supuestamente, para defenderse.
Se quiere restringir el número de armas existentes. Asimismo, prohibir su porte. Si las personas creen que pueden defenderse mediante armas, no hay ninguna razón para disputarle a la policía el monopolio de su tenencia y su rol en la seguridad de la sociedad.
Al respecto, sin duda, discrepamos profundamente de la posición del diputado Ulloa, quien ha dicho que Carabineros de Chile es incapaz de cumplir adecuadamente sus funciones y que es necesario que los ciudadanos se armen.
En mi opinión, para organizar mejor nuestra seguridad ciudadana necesitamos, precisamente, eliminar los elementos que facilitan la comisión de delitos. Las estadísticas sobre la materia son claras: cada vez hay más delitos violentos con uso de armas de fuego. Por eso queremos prohibir su porte.
En tercer lugar, otra proposición de las comisiones -no sé si es la fórmula más adecuada, porque el proyecto original era distinto- dice relación con cómo sincerar, cómo objetivar la existencia de armas de fuego en nuestra sociedad, cómo establecer un mecanismo de registro periódico de las armas que hay en la comunidad y sancionar gravemente a quien no cumpla con la disposición.
Se dice que fijar este mecanismo es costoso; puede ser, pero quienes deseen tener armas de fuego deberán financiarlo; que paguen una patente para asegurar un sistema de control y registro de las mismas; porque los ciudadanos que no las portamos, que somos contrarios a su uso, que creemos que su tenencia no es buena, ya nos sentimos amenazados porque hay demasiadas armas en nuestra sociedad, las cuales se compran legalmente, pero terminan en manos de delincuentes que atentan contra la integridad física de las personas.
Los grandes promotores de la compra de armas de fuego, los dueños de armerías, hacen tremendos negocios, muchas veces en forma irresponsable, puesto que no informan de ello a las autoridades ni se preocupan del destino final de las armas. Estudios internacionales demuestran que el nivel de irresponsabilidad de las armerías es altísimo. En nuestro país no hemos llegado a niveles, por ejemplo, de comerciar hasta con armas semiautomáticas.
Por último, el proyecto apunta en la dirección que deseamos, cual es restringir el acceso a las armas de fuego, reducir la cantidad existente en la sociedad y poder sincerar, en un registro público y conocido, cuántas armas hay, de manera que los organismos correspondientes puedan impulsar políticas de seguridad ciudadana.
Sin embargo, lamento que no hayamos logrado tener un debate más a fondo y un viraje mayor sobre la materia, como en países más desarrollados, en el sentido de entender que una sociedad no se protege con más armas, sino con más convivencia, más diálogo y más recuperación de espacios públicos, dado que armándose sólo se logra vivir más en la indefensión.
He dicho.
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