El señor LORENZINI (Presidente).-

El acta de la sesión 70ª se declara aprobada.

El acta de la sesión 71ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.

IV. CUENTA

El señor LORENZINI (Presidente).-

El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.

-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.

INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA.

El señor LEAL ( Vicepresidente ).-

Propongo integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.284, con el objeto de regular el uso de perros guía de señal o de servicio por parte de las personas con discapacidad, con los diputados señores Manuel Rojas, Exequiel Silva, Osvaldo Palma, Enrique Accorsi y Alejandro Navarro.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

El señor LORENZINI ( Presidente ).-

Si le parece a la Sala, se concederán los permisos constitucionales solicitados por la diputada señora Isabel Allende y el diputado Juan Pablo Letelier para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 16 de abril, con el fin de dirigirse a México.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

El señor LORENZINI (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante, señor Edgardo Riveros.

El señor RIVEROS.-

Señor Presidente , en representación de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y reglamentario, que modifica la ley Nº 17.322, el Código del Trabajo y el decreto ley Nº 3.500, de 1980.

A las sesiones de la Comisión asistieron el ministro del Trabajo y Previsión Social, don Ricardo Solari Saavedra ; la subsecretaria de Previsión Social , doña Macarena Carvallo Silva ; el subsecretario del Trabajo , don Yerko Ljubetic Godoy , y el asesor de esa cartera de Estado, don Francisco del Río Correa .

En la discusión habida sobre las diversas reformas efectuadas a las leyes laborales en la última década, destinadas a establecer una gama importante de derechos sustantivos en el marco de la relación de trabajo, ha quedado de manifiesto la necesidad de dotar a estos derechos de un mecanismo efectivo de protección jurídica, tanto en la vía administrativa como en la judicial.

Esta afirmación general ha sido motivada por la percepción de que los recursos destinados a la judicatura laboral, como parte de la administración de justicia, no daban cuenta del avance y de la dimensión del conjunto de conflictos que, debido al crecimiento del mundo del trabajo y del sistema productivo, se han experimentado en los últimos 30 años.

En efecto, parte del diagnóstico que diversas instituciones y autoridades han efectuado sobre la materia indica que existen, hoy día, menos tribunales laborales que en 1970, en circunstancias de que la fuerza laboral se ha más que triplicado en dicho período. Asimismo, se ha señalado que el ingreso de causas a los tribunales del trabajo está marcado por una alta congestión provocada por expedientes de cobranza de imposiciones morosas, es decir, juicios ejecutivos basados en una obligación ya acreditada, por lo que el procedimiento no posee, las más de las veces, un componente de fondo jurídico relevante, sino que se trata más bien de trámites progresivos y estandarizados que persiguen hacer efectivo un crédito en el patrimonio del deudor.

La consecuencia inmediata de este fenómeno es que las causas de fondo, como prácticas antisindicales o reclamaciones por despido injustificado, entre otras, se dilatan en exceso en el tiempo, pudiendo llegar a durar su tramitación cerca de dos años, en primera instancia, y dos años, en segunda instancia. Vale decir, puede llegar hasta cuatro años en total.

Esto ha sido corroborado por diversos informes y estudios efectuados por la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Sobre la base de estos antecedentes, el Poder Ejecutivo implementó el Foro para la modernización de la justicia laboral y previsional. Esta instancia, desarrollada a partir de 2001, convocó a diversos sectores a una discusión y propuesta sobre los temas transcritos. Las instituciones participantes en dicha instancia, coordinada por los ministerios de Justicia y del Trabajo y Previsión Social, fueron las siguientes: Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo, Asociación de Abogados Laboralistas, Colegio de Abogados de Chile, Universidad de Chile, Universidad Católica de Chile, Universidad Diego Portales, Universidad Central, Universidad de Concepción, Universidad de Talca, Universidad de Valparaíso.

Además, participaron en las sesiones de trabajo representantes de las subsecretarías de Justicia y del Trabajo y Previsión Social, de las corporaciones de asistencia judicial, de la Dirección del Trabajo y de otros organismos gubernamentales relacionados con el tema.

Asimismo, cabe destacar la importante participación de representantes del Poder Judicial , como el señor Marcos Libedinsky , Presidente de la Corte Suprema ; el señor Milton Juica , ministro de la Corte Suprema ; el señor Lamberto Cisternas , ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago , y el señor Juan Fuentes Belmar , ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel .

Cabe mencionar que la presidencia del Foro fue asumida por don Patricio Novoa Fuenzalida , profesor y especialista en derecho laboral, recientemente fallecido.

A raíz del trabajo desarrollado por el Foro, se estableció que una reforma acorde con las necesidades del mundo del trabajo debiera contar con tres iniciativas que consideraran los siguientes temas: la creación de un mayor número de tribunales del trabajo y de tribunales especializados en cobranza previsional y laboral; la modificación del procedimiento en los juicios laborales, contemplado en el Libro V del Código del Trabajo, reemplazando, en lo esencial, el actual procedimiento escrito por uno de carácter oral y con alta inmediación del magistrado, y la modificación y modernización del procedimiento de cobranza judicial de imposiciones morosas, contemplado en la ley Nº 17.322 y en el decreto ley Nº 3.500, de 1980.

Dichos proyectos de ley se presentaron a fines de 2003, abocándose, primeramente, la Comisión de Trabajo y Previsión Social al conocimiento, discusión y votación de la última de esas tres iniciativas, precisamente, aquella sobre la cual informo en esta oportunidad.

Fundamentos del proyecto.

En la actualidad, los tribunales de competencia laboral conocen de materias relacionadas con la cobranza previsional, lo que genera una excesiva carga en el número de causas y, por ende, lentitud en la tramitación de los procesos en general.

Como consta en los datos estadísticos, el 80 por ciento de ingresos de causas en este tipo de tribunales corresponde a procedimientos ejecutivos o de cobranza previsional. Ello provoca una excesiva carga en el conocimiento y fallo de las causas, lentitud en la tramitación de los procedimientos y demora en la dictación de las sentencias definitivas y en su cumplimiento. A modo de ejemplo, la tramitación en primera instancia de una causa ejecutiva de cobranza previsional demora, en promedio, un año y medio, aproximadamente, y el alto grado de deserciones o abandonos de procedimientos genera lentitud en la tramitación de estas materias, junto a una merma importante en los derechos de los afectados por este incumplimiento.

El sistema de seguridad social en Chile se financia con las cotizaciones efectivamente enteradas, motivo por el cual su cobro reviste el carácter de esencial y su cumplimiento es de interés público. No obstante ello, estudios realizados han demostrado la persistencia de un nivel de morosidad en el pago de las cotizaciones de seguridad social, hecho que podría producir como consecuencia la futura desprotección del trabajador y de grupo familiar.

El impacto que produce el no pago de este tipo de cotizaciones repercute en forma directamente proporcional en el aumento de los costos y de la cobertura de las pensiones mínimas y asistenciales otorgadas por el Estado en su rol de garante, ya que, según lo preceptuado en el número 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el Estado debe concurrir subsidiariamente a otorgar este tipo de prestaciones en la medida en que no exista el financiamiento contributivo suficiente para la obtención de las pensiones de régimen, sean éstas del Instituto de Normalización Previsional o del sistema de administradoras de fondos de pensiones.

En el ámbito de la seguridad social es fundamental contar con una instancia jurisdiccional especializada en el cobro ejecutivo de cotizaciones de seguridad social, con el objeto de otorgar una mayor protección a los trabajadores y, así, fortalecer el financiamiento del sistema previsional y de seguridad social, a fin de otorgar la suficiente cobertura en las contingencias de salud, invalidez y sobrevivencia, entre otras. En estas instancias especiales, creadas a través de otra iniciativa legal, se hace necesario establecer un procedimiento efectivo que incorpore alta tecnología y rapidez en la prosecución de sus trámites.

Esta propuesta busca modificar el sistema que actualmente impera a través de la ley Nº 17.322, con la finalidad de incorporar un procedimiento en el cual rijan los principios de concentración, celeridad y oportunidad, que se trata de resguardar en la iniciativa sobre la cual informo. Para dar materialidad a estos principios, se faculta al juez para actuar de oficio en determinadas actuaciones judiciales que permitan, además de la eficiencia, la eficacia en el cobro de las cotizaciones de seguridad social.

A juicio del Ejecutivo , la posibilidad de introducir reformas en las normas de procedimiento permitirá dotar al juez de un mayor grado de concentración, y a las plantas de funcionarios de los juzgados del trabajo, disponer, por ejemplo, de un mayor número de receptores judiciales y de una redistribución administrativa de los funcionarios en general, quienes son los que soportan la mayor carga de trabajo en la cobranza previsional.

Contenido del mensaje:

a) Actualizaciones y adecuaciones normativas. La redacción de los artículos del proyecto tiene por objeto actualizar los conceptos a la terminología actual y adecuar las referencias administrativas a lo establecido en la ley Nº 18.575, sobre bases generales de la Administración del Estado, y al actual Código del Trabajo, para concordarlas con la legislación vigente en materias de seguridad social.

b) Resolución de cobranza. Las modificaciones al artículo 3º tienen por finalidad que la resolución de cobranza que emita el director nacional o el gerente general de la respectiva institución de seguridad social, establezca la individualización de los trabajadores respectivos por los cuales se adeudan cotizaciones, con el objeto de hacer operativas otras normas propuestas, como la ampliación de la demanda y la acumulación de autos.

c) Incorporación de nuevos títulos ejecutivos. En el nuevo artículo 4º se incorporan nuevos títulos ejecutivos, que tanto el trabajador como las instituciones de seguridad social podrán hacer valer ante los tribunales de cobranza laboral y previsional, con el objeto de iniciar la ejecución.

d) Actuación de oficio del tribunal e improcedencia del abandono del procedimiento. El nuevo artículo 4º bis que se incorpora establece la actuación, de oficio, del tribunal, como, asimismo, la prohibición referida a que las partes no podrán alegar el abandono del procedimiento.

e) Limitación de excepciones procesales. Se propone acotar, en el artículo 5º, que se modifica, las excepciones que el ejecutado puede oponer en este procedimiento, una vez requerido de pago, con el objeto de estimular la celeridad y concentración del proceso.

Se agrega un inciso referido a la tramitación de la oposición por la ampliación de la demanda, la que deberá tramitarse por cuerda separada, sin que se suspenda el cuaderno de apremio respecto de aquellas en las que no hubo excepciones o fueron desechadas.

f) Ampliación de la demanda. Además, en el artículo 5º bis se permite ampliar la demanda, incluyendo nuevas resoluciones de cobranza que se dicten respecto de un mismo ejecutado, posteriores a aquellas que dieron origen a la ejecución inicial.

g) Notificaciones y requerimiento de pago. Las modificaciones al artículo 6º se refieren a las notificaciones y requerimiento de pago.

En cuanto a las notificaciones, se propone que determinadas actuaciones judiciales, previa aceptación de la parte, se efectúen a través de modernos medios que la tecnología incorpore, tales como correo electrónico u otras formas que permitan la firma electrónica.

Se precisa que estas notificaciones pueden ser practicadas por un receptor judicial, y se agrega un párrafo a su inciso final por el cual ningún empleado del mismo tribunal podrá practicar actuaciones a petición del ejecutante, a menos que el juez se lo asigne mediante resolución fundada o que la parte ejecutante sea el propio trabajador.

Se propone, a través del inciso tercero de este artículo, establecer otro domicilio hábil para requerir de pago al empleador, que será el que éste tenga registrado en la institución de seguridad social respectiva.

h) El recurso de apelación. Las modificaciones al artículo 8º buscan aclarar que el recurso de apelación, en estos juicios, compete tanto al ejecutante como al ejecutado, y que procede en contra de la sentencia definitiva de primera instancia y de la resolución que se pronuncie sobre la medida precautoria relativa a la facultad del tribunal para ordenar a la Tesorería General de la República la retención de sumas que, por concepto de devolución de impuesto a la renta, corresponda restituir a los empleadores.

i) Competencia. En el artículo 9º se entrega competencia para conocer de este procedimiento a los tribunales de cobranza laboral y previsional determinados en su ley orgánica, sin perjuicio de que en aquellos lugares en que no existan estos tribunales especiales, la competencia se radicará en los tribunales del trabajo y, subsidiariamente, en los juzgados de competencia común. Además, tiene por objeto permitir la acumulación de autos, la que podrá ser decretada por el juez, a petición de la institución ejecutante, cuando se trate del cobro de cotizaciones previsionales adeudadas a uno o más trabajadores por un mismo empleador.

j) Actualización de términos y montos de multas. Las modificaciones propuestas para el artículo 18 son, también, de actualización terminológica y de los montos de las multas, las que se encuentran expresadas en sueldos vitales y deben serlo en unidades de fomento.

k) Garantías. Las modificaciones al artículo 20 precisan que las garantías constituidas para responder por las obligaciones previsionales operarán, también, tratándose de los contratos sobre faenas o servicios celebrados con contratistas o subcontratistas.

El texto vigente es restrictivo, pues sólo habla de los contratos de construcción de obra, reparación, ampliación o mejoras.

l) Medidas precautorias. El artículo 25 bis tiene por finalidad que el ejecutante pueda contar con una medida precautoria que permita asegurar los resultados del proceso, facultando al tribunal que ordene a la Tesorería General de la República retener, de las sumas que debe devolver por impuestos a la renta a los empleadores, el equivalente al monto de las cotizaciones de seguridad social adeudadas por éstos, pudiendo compensar en determinados casos.

m) Privilegio. El artículo 31 tiene por objeto permitir al Instituto de Normalización Previsional, en caso de pagos parciales y habiendo varios trabajadores por los que se adeuden cotizaciones, distribuir lo recaudado en la forma más favorable a la situación previsional de sus afiliados.

En la actualidad, de tal privilegio gozan sólo las cotizaciones adeudadas a las administradoras de fondos de pensiones.

n) Plazo de prescripción. El nuevo artículo 31 bis señala el plazo de prescripción que extingue las acciones para el cobro de cotizaciones, generalizando el contenido del actual artículo 49 de la ley Nº 15.386, que es de cinco años, contados desde el término de los servicios.

ñ) Modificaciones al decreto ley Nº 3.500. En el artículo 2º se establecen las modificaciones al artículo 19 del decreto ley Nº 3.500, las que son de mera actualización legislativa. En efecto, su inciso sexto alude al artículo 2º de le ley Nº 14.972, que fue derogada y cuyo contenido se encuentra en el artículo 474 del Código del Trabajo, que regula el procedimiento de reclamo por multas impuestas por la Dirección del Trabajo.

Se propone, también, que sean aplicables en los procesos de cobro de cotizaciones por las administradoras de fondos de pensiones, los artículos 1º, 5º bis, 10º bis, 19, 20 y 25 bis del actual proyecto.

o) Modificaciones al Código del Trabajo. El artículo 3º propone una nueva redacción para el artículo 440 del Código del Trabajo, que regula el traslado que debe proveer el juez cuando admite una demanda a tramitación. Tiene por objeto ordenar que se notifique de ella a la o las instituciones de seguridad social cuando se demanden cotizaciones de seguridad social impagas.

Esta innovación es de particular importancia cuando el empleador se encuentre en mora en el pago y declaración de cotizaciones. También tiene por finalidad evitar la obtención indebida de beneficios previsionales.

Por último, se solicita la posibilidad de dictar un decreto con fuerza de ley que fije el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 17.322.

Idea matriz o fundamental del proyecto:

Consiste en establecer un sistema moderno y justo de procedimiento de cobranza previsional, que permita proteger eficazmente los derechos de los trabajadores. Tal idea se encuentra desarrollada en tres artículos permanentes y cuatro transitorios.

A juicio de la Comisión, el proyecto de ley en informe no contiene normas orgánicas constitucionales o de quórum calificado, como tampoco artículos o disposiciones que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

Fue aprobado en general por la Comisión, en sesión de 4 de noviembre de 2003, por la unanimidad de los diputados presentes.

Durante su discusión en general, el señor ministro del Trabajo y Previsión Social y las demás autoridades del Ministerio reiteraron, con argumentos jurídicos y prácticos, los aspectos señalados en el mensaje del Ejecutivo , los cuales se han pormenorizado precedentemente.

En todo caso, debo hacer notar que el ministro del Trabajo y la subsecretaria de Previsión Social recalcaron que el proyecto se inspira en los principios de concentración, celeridad y oportunidad. Debemos observar, entonces, en qué medida el articulado cumple con esos objetivos.

Además, cabe expresar que la Comisión contó con la opinión de la excelentísima Corte Suprema, manifestada a través de oficio -en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución Política de la República-, en relación con los tres proyectos de ley de la denominada “reforma a la judicatura laboral y previsional”, que, en lo que nos convoca, señaló que:

“1. En el artículo 1º de la ley 17.322 que se propone, conviene sustituir la frase “a los casos en que entable la acción el trabajador” por la siguiente: “a los casos en que el trabajador entable la acción ejecutiva de cobranza de aquellas cotizaciones”.

“Ello, porque la acción encaminada a que se declare la obligación de pagar cotizaciones corresponderá al procedimiento de aplicación general.

“2. La modificación al artículo 440 del Código del Trabajo que introduce este proyecto ya ha sido contemplada en el inciso final del nuevo artículo 446 introducido al mismo Código por el proyecto contenido en el Mensaje 4-350 (sustituye el procedimiento laboral contemplado en el libro V del Código del Trabajo).”

Concurrió especialmente invitado a la Comisión el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores , señor Arturo Martínez Molina , quien se refirió a la reforma a la judicatura laboral y previsional en su contexto global. Señaló con particular atención que, entre otras cosas, es urgente resolver el tema sobre las cobranzas laborales y previsionales como una forma de fortalecer el estado de derecho para los trabajadores, brindándoles un mejor acceso a la justicia y creando, entre otras cosas, instancias y tramitaciones especiales para las cobranzas de las deudas previsionales empresariales.

Convocados, asimismo, por la Comisión, asistieron numerosos expertos y especialistas en temas laborales, tales como los directores de los departamentos de Derecho Laboral de la Universidad de Chile, de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad de Concepción; representantes de la Asociación de Abogados Laboralistas, y ministros y jueces de tribunales que atienden estas materias, quienes realizaron valiosos aportes y entregaron documentos que se encuentran a disposición de los interesados en la secretaría de la Comisión. Junto con manifestarse, en general, sobre las propuestas formuladas por el Ejecutivo , coincidieron en la necesidad de modificar el sistema de cobranza previsional y crear tribunales destinados a tal efecto, ante al exceso de tiempo y de trabajo que representa el actual sistema para la judicatura nacional.

Por su parte, los señores diputados integrantes de la Comisión expresaron que la situación de la cobranza previsional, atendida la importancia que representa la rápida y eficaz solución del pago de las deudas previsionales, representa hoy por hoy un elemento sensible al interior del actual sistema de seguridad social nacional.

Respecto del articulado propuesto en el mensaje que origina esta iniciativa legal, los señores parlamentarios expusieron su particular interés en otorgar iniciativa al trabajador en cuanto a entablar el procedimiento judicial tendiente a perseguir el entero de las cotizaciones previsionales impagas, y se inclinaron, mayoritariamente, en el sentido de que la fórmula normativa se fundamente sobre la base de la ausencia de la necesidad de contar con patrocinio de abogado -atendidos los costos y la sobrecarga de trabajo de la Corporación de Asistencia Judicial- y sin la exigencia de dar cumplimiento a los requisitos del artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, esto es, los formales del libelo de demanda.

Asimismo, los diputados y las diputadas miembros de la Comisión estudiaron con particular atención la posibilidad de penalizar la declaración y no pago de las cotizaciones previsionales, sosteniéndose por los partidarios de esa vía que, en puridad, se configura una verdadera apropiación indebida de dineros, y por quienes rechazaron tal solución, que no se dan los supuestos del ámbito del derecho penal, sino que más bien es un tema que pertenece al mundo del derecho civil, sin desconocer que se ha prestado para abusos y que vulnera la voluntad del legítimo dueño de dichos fondos.

Sin perjuicio de estas interrogantes, se plantearon otros temas de interés para los señores parlamentarios, como la eliminación del abandono del procedimiento, la recarga de trabajo de los tribunales que actualmente poseen competencia en materia de cobranza previsional, la posibilidad de otorgar acción a los sindicatos, reconociendo en ellos la labor de representación de los intereses de los trabajadores; el aumento del número de tribunales, el monto de la deuda no declarada y no pagada, la posibilidad de crear corporaciones de asistencia judicial especializadas en materia laboral y previsional, etcétera, materias que se contienen en las actas de sesiones de la Comisión y que se encuentran a disposición de los señores diputados en la secretaría de la misma.

En cuanto a la aprobación en general, cabe señalar que no hubo opiniones disidentes al acuerdo de mayoría.

La Comisión, en sus sesiones ordinarias celebradas los días 11 de noviembre de 2003; 13 y 20 de enero y 2 y 30 de marzo de 2004, sometió a discusión en particular el proyecto de ley, y se adoptaron los acuerdos que constan en el informe que está en poder de las señoras diputadas y de los señores diputados. En él podrán observar, detalladamente, junto a la posición asumida por los integrantes de la Comisión, lo discutido respecto de cada artículo y el texto aprobado.

Finalmente, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recomienda la aprobación en general del proyecto.

He dicho.

El señor HALES (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Edgardo Riveros por la vía de la interrupción.

El señor RIVEROS.-

Señor Presidente , complementando lo señalado por la subsecretaria, el tema es de común tratamiento en muchos aspectos, incluido el laboral. Hay que distinguir las multas de los reajustes e intereses. Cuando se vulneran ciertas normas, se aplica una multa a beneficio fiscal. En cambio, los intereses y reajustes, en el caso de las cotizaciones previsionales, van en beneficio del afiliado. Esa es su finalidad última. Además, están las costas, que se cobran por el hecho de haberse puesto en funcionamiento el procedimiento judicial de cobranzas, las cuales deben ser pagadas por quien lo motivó al no haber cumplido con su obligación en forma y tiempo. Desde ese punto de vista, es conveniente tener presente que el proyecto no se aparta de los conceptos tradicionales de multa, intereses y reajustes.

He dicho.

El señor HALES ( Vicepresidente ).-

Cito a reunión de Comités.

Tiene la palabra el diputado Pedro Muñoz.

El señor MUÑOZ .-

Señor Presidente , hoy abordamos un proyecto de gran importancia y de enorme significación para los trabajadores.

Una de las mayores dificultades de nuestra seguridad social es el incierto panorama que presenta el nuevo sistema previsional, iniciado en los albores de la década de los ochenta, que ha dejado atrás sus momentos de gloria, dado que sus rentabilidades han disminuido notablemente desde las de dos dígitos que obtuvo al comienzo; pero lo más preocupante es que los cotizantes sólo tienen el nombre de tales, pues no cotizan aportes regulares al fisco.

Si bien existe un tema cultural relativo a la valoración de este ahorro, respecto del cual cabría hacer un esfuerzo mayor por parte de todos los involucrados, me preocupan fundamentalmente los casos en que estas imposiciones no son enteradas, no por desinterés del trabajador, sino por la irresponsabilidad o el abuso de los empleadores. Se trata de una conducta dolosa y, me atrevo a decir, delictiva. Derechamente, hay una apropiación de fondos que causa un grave perjuicio y que, lamentablemente, no es suficientemente combatida.

En primer lugar, existe un sistema anómalo, que permite declarar y no pagar, cosa que no ocurre, a lo menos con tanta facilidad, con ninguna otra figura tributaria o de seguridad social en el país. El resultado de esto no puede ser más desastroso: alrededor de 450 mil millones de pesos en deudas previsionales y millones de chilenos que ven disminuidos sus haberes previsionales, lo que les reduce su pensión o, simplemente, elimina su derecho a obtenerla.

En segundo lugar, existen mecanismos administrativos y judiciales de cobro, lentos, complejos e insuficientes. En este caso, las administradoras de fondos de pensiones son las llamadas a ejercer, con rapidez y eficacia, los derechos de sus afiliados. El trabajador no se halla siempre en condición de demandar a su empleador; aunque si puede hacerlo, no debería tener dificultades en ejercer su derecho.

Las administradoras de fondos de pensiones deben tener mayor diligencia para actuar. No sólo deben ser eficientes para captar clientes y ágiles para cobrar comisiones, sino también deben tener estas virtudes para aplicarlas a esta parte, más compleja y conflictiva, pero ciertamente muy importante para tantos chilenos.

En tercer lugar, tenemos procedimientos sancionatorios estériles. La ley no sanciona con severidad ni al empleador que se apropia de los recursos de los trabajadores ni a la AFP que procede en forma ineficiente al cobro. Si bien el primero es el principal responsable, la administradora también tiene su cuota de culpa cuando ha tardado en ejercer la acción y, a consecuencia de ello, se dificulta o imposibilita el cobro.

El proyecto que analizamos se refiere a uno de estos aspectos, el segundo, que dice relación con el mejoramiento de los procedimientos judiciales de cobro.

Lo anterior tiene dos objetos: el de fondo, agilizar los juicios sobre esta materia y posibilitar una mayor recuperación de recursos, y el de forma, aunque ciertamente importante y ligado al anterior, es descongestionar los juzgados del trabajo para dar lugar a la modernización de sus procedimientos.

No cabe sino apoyar este empeño. Los proyectos mencionados por el diputado informante abordan temas importantes y lo hacen en buena forma, aun cuando pueden ser perfectibles.

Sin embargo, nuestra preocupación principal no se relaciona con las materias contenidas en la iniciativa en discusión, las cuales son positivas y bien intencionadas, sino especialmente con las no incorporadas, que dificultan la consecución del objetivo de fondo y que se refieren a otros temas. La principal es la no inclusión de medidas más profundas que eviten la anómala situación actual, que permite eternamente declarar y no pagar, y, luego, la necesidad de incorporar sanciones graves para esta práctica cuando se reitera dolosamente.

Me parece que para ello se debe tomar conciencia de la magnitud de la conducta que se comete. Hay una clara apropiación de fondos ajenos, con una finalidad deliberada de utilizarlos en provecho propio. No caben aquí opiniones justificatorias en el sentido de que así “se salva la empresa”, que “es el último recurso” o que “se hace un favor declarando y se pagará más adelante”.

¿Por qué se echa mano a los recursos de los más débiles, de los trabajadores, de los pobres? Porque, lamentablemente, la ley lo permite y lo tolera.

Así, los días 10 y 12 de cada mes, cuando los empleadores deben pagar el IVA y las cotizaciones previsionales, muchos de ellos dudan antes de defraudar al fisco, pero no titubean en utilizar los dineros de sus trabajadores.

Es un abuso que debe terminar y no creo necesario esperar un nuevo proyecto para hacerlo.

Considero importante no sólo agilizar los juicios, sino más bien tratar de evitarlos. Para ello, me parecen importantes las indicaciones presentadas que se orientan en esa dirección, aun cuando requieran algunas correcciones adicionales. Hay quienes las han criticado y señalado que están mal orientadas, que se trata de una situación excepcional, que el empleador declara con la intención de pagar después, porque no puede hacerlo en ese minuto.

Hace dos semanas, el diputado señor Nicolás Monckeberg , miembro de la Comisión, nos trató de demagogos, de extremadamente populistas e ignorantes. Ahora le respondo que si defender los fondos previsionales de los trabajadores significa ser ignorante, asumo ese calificativo. Prefiero ser ignorante a ser un ilustrado cómplice de la apropiación indebida de los fondos previsionales de los trabajadores.

Quiero recordar que hace unos meses se aprobó la ley Nº 19.720, que otorga posibilidades de repactación. ¿Cuál fue su resultado? Sólo se firmaron 13 mil convenios, que involucran a poco más de 200 mil trabajadores. En cifras, ello significa 17 mil millones de pesos sobre un total de 450 mil millones de pesos en deudas.

Ése es el “interés” del empresariado por superar esta situación, aun con las inmejorables posibilidades crediticias existentes para allegar recursos y ponerse al día. Simplemente, no les interesa.

Por eso, creo necesario aprobar el proyecto en debate e introducirle modificaciones, como las que se han planteado, a fin de aumentar su eficacia.

He dicho.

El señor LORENZINI ( Presidente ).-

Señor diputado , quedará registrada su inhabilitación.

Cerrado el debate.

En votación general el proyecto que modifica la ley Nº 17.322, el Código del Trabajo y el decreto ley Nº 3.500, de 1980, sobre cobranza judicial de cotizaciones previsionales.

-Efectuada la votación en forma económica por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa 81 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor LORENZINI (Presidente).-

Aprobado en general.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez, Álvarez-Salamanca, Araya, Ascencio, Bauer, Bayo, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Correa, Cubillos (doña Marcela), Díaz, Dittborn, Egaña, Encina, Escalona, Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Jarpa, Kast, Kuschel, Leal, Letelier (don Felipe), Longton, Longueira, Lorenzini, Luksic, Melero, Monckeberg, Montes, Mora, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Quintana, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Uriarte, Varela, Vargas, Venegas, Vidal (doña Ximena), Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.

2. Al artículo 4º bis.

De los señores Monckeberg, Salaberry y de la señora Pérez, para eliminar el inciso segundo del artículo 4º bis.

3. Al artículo 8º.

a) De los diputados señores Riveros y Burgos, para incorporar en el artículo 8º el vocablo “sólo” antes de la palabra “procederá”.

b) De los señores Monckeberg, Salaberry, Bertolino y de la señora Pérez, para reemplazar el inciso final del artículo 8º por el siguiente:

“El recurso de apelación se conocerá previa vista de la causa a menos que las partes expresamente y de común acuerdo soliciten que sea conocido en cuenta.”

4. Al artículo 25 bis.

a) De los señores Monckeberg, Salaberry, Bertolino y de la señora Pérez, para eliminar el punto aparte (.) en el inciso primero del artículo 25 bis y agregar luego de las palabras “Fondo Nacional de Salud” precedida de una coma (,) y la expresión “Institución de Salud Previsional”.

b) De los señores Monckeberg, Bertolino y de la señora Pérez, para eliminar en el inciso primero del artículo 25 bis el punto aparte (.) y agregar luego de la palabra “precautoria” la siguiente frase:

“y sólo procederá cuando el tribunal advierta presunciones graves de que el demandado eludirá el pago de las cotizaciones adeudadas o no cuenta con bienes suficientes para cumplir con su obligación.”.

c) De los señores Monckeberg, Salaberry, Bertolino y de la señora Pérez, para introducir en el inciso segundo del artículo 25 bis, luego de la palabra “Salud” y antes de la coma (,), la siguiente frase:

“de las Mutualidades de Empleadores de la ley Nº 16.744, de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, de las Administradoras de Fondos de Pensiones, Instituciones de Salud Previsional o de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de la ley Nº 19.728”.

5. Al artículo 31.

De los señores Monckeberg, Salaberry, Bertolino y de la señora Pérez, para eliminarlo”.

1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que se inicia un proyecto de ley que establece facultades en materias financieras para las universidades estatales. (boletín Nº 3502-04)

“Honorable Cámara de Diputados:

Tengo el honor de someter a vuestra consideración, en uso de mis facultades constitucionales, un proyecto de ley que tiene por objeto flexibilizar la gestión en las universidades estatales y otorgarles facultades de endeudamiento a largo plazo.

I. ANTECEDENTES.

El presente proyecto de ley se enmarca en la consideración de la educación superior como el eslabón fundamental para el desarrollo social, no sólo por la centralidad del conocimiento en el paradigma productivo actual y en el conjunto de la vida cotidiana, sino por su capacidad para actuar de manera simultánea sobre los tres ejes que conforman un proceso de desarrollo social sostenible: competitividad, equidad y moderna ciudadanía.

El perfeccionamiento de las universidades, y del sistema de educación superior como un todo, tiene un impacto directo en las tareas y desafíos que nos impone el desarrollo: igualdad de oportunidades, integración nacional, descentralización y desarrollo armónico, sustentabilidad ecológica, inserción internacional, profundización de la democracia y otros.

Hoy las instituciones de educación superior y, en especial las universidades públicas, enfrentan nuevos desafíos y requerimientos. Estos derivan, por una parte, de factores internos, como la creación de nuevas instituciones y carreras, heterogeneidad de instituciones y de calidad, diversidad de grupos que acceden a la enseñanza superior, entre otros. Por otra parte, los hay derivados de factores externos al sistema, como la rapidez del cambio tecnológico, la internacionalización, el aumento de la información disponible y la dinámica social.

En consecuencia, las universidades públicas requieren de un proceso de renovación y modernización que debe ser asumido tanto desde las propias instituciones en virtud de la autonomía y la dinámica propia que éstas tienen, como desde el propio Gobierno en lo que se refiere a las políticas públicas de fomento de este nivel.

II. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE LEY.

En el contexto antes señalado, el presente proyecto de ley tiene por objeto conferir a las universidades estatales instrumentos jurídicos flexibles que las faculten para prestar un servicio educacional de excelencia de cara al mundo moderno. Lo anterior permite que las universidades estatales mejoren su eficiencia en el contexto de la competencia que existe en el sistema de educación superior, con la presencia de instituciones de carácter privado cuya gestión no está sometida a las restricciones que la ley impone a las casas de estudio de que aquí se trata.

En consecuencia, es necesario agilizar los procedimientos de toma de decisiones en las universidades estatales, reconociendo el principio de responsabilidad de la gestión e implementando sistemas de control y fiscalización adecuados y de carácter independiente.

III. CONTENIDO DEL PROYECTO.

1. Fiscalización de la Contraloría General de la República.

Se ratifica la función fiscalizadora de la Contraloría General de la República, pero se establece como norma general el control a posteriori. Los actos que dicten y los contratos celebrados por las universidades estatales quedarán exentos del trámite de toma de razón, correspondiendo a la Contraloría determinar las modalidades de fiscalización ex-post, en conformidad con su ley orgánica.

Sin perjuicio de ello, se establece que sus actos y contratos quedarán afectas al trámite de registro.

2. Autorización para endeudamiento de largo plazo.

Si bien las normas legales que regulan a las universidades estatales las facultan para contratar empréstitos y otras obligaciones financieras, con cargo a su patrimonio, dichos actos se encuentran sujetos a la restricción contemplada en el artículo 60 Nº 7 de la Constitución Política de la República, por lo que dichas instituciones no pueden acceder a financiamiento a largo plazo y, por ende, en mejores condiciones económicas.

El presente proyecto considera autorizar a las universidades estatales por un plazo de dos años para contratar empréstitos cuyo vencimiento exceda el término del respectivo período presidencial, con el objeto que dichas casas de estudio puedan reestructurar su actual pasivo financiero.

3. Establecimiento de un mecanismo de publicidad de los balances y estados financieros de las universidades estatales.

La normativa actualmente aplicable a las instituciones estatales de educación superior establece que éstas están obligadas a publicar su presupuesto anual y el balance de ejecución presupuestaria del año anterior. Para estos efectos se han definido normas generales para la elaboración de dichos documentos.

Sin embargo, no existe normativa equivalente para los registros contables que dan cuenta de las variaciones que afectan al capital de las instituciones. Dichos registros no son elaborados en un formato único que facilite su análisis, así como tampoco existe obligación de auditarlos por alguna entidad externa, ni de publicarlos.

El presente proyecto establece la obligación de publicar los balances generales y demás estados financieros debidamente auditados, en conformidad con las normas aplicables a las sociedades anónimas abiertas.

Los esquemas de control más flexibles que establece esta ley imponen la necesidad de hacer efectiva la responsabilidad pública de las autoridades universitarias por el manejo de los recursos estatales, exigencia que sólo es posible cumplir a través de la transparencia de la información.

Asimismo, es necesario otorgar a los órganos colegiados de las instituciones, y a la comunidad académica y nacional adecuadas herramientas para efectuar un control de la gestión económico-financiera de las universidades

Por último, favorecer la transparencia de la información facilitará la participación de las universidades en transacciones comerciales con otras entidades públicas y privadas, permitiéndoles insertarse de manera más adecuada en las actividades económicas del país.

En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a vuestra consideración, para ser tratado en la presente Legislatura Extraordinaria de Sesiones del honorable Congreso Nacional, el siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1º.- Las universidades estatales podrán realizar todos los actos y contratos que contribuyan al cumplimiento de sus funciones, de conformidad con sus estatutos. Su fiscalización corresponderá a la Contraloría General de la República, de acuerdo con su ley orgánica.

Sin perjuicio de lo anterior, los actos que dicten y los contratos que celebren tales instituciones estarán exentos del trámite de toma de razón, pero deberán registrarse en dicho organismo los que se refieran a contratación de empréstitos y aprobación del presupuesto y de sus modificaciones o de los balances, lo que no condicionará su ejecución inmediata.

Para los efectos de la presente ley, la mención a las universidades estatales incluye a la Universidad de Chile y a la Universidad de Santiago de Chile.

Artículo 2°.- Autorízase a las universidades estatales, por el plazo de dos años a contar de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, para contratar uno o más empréstitos, u otras obligaciones financieras, con el objeto de reestructurar sus pasivos financieros, existentes al 31 de diciembre de 2003.

El servicio de la deuda derivada de los empréstitos que se autorizan contraer por esta ley deberá hacerse con cargo al patrimonio de la universidad respectiva, y no podrá exceder del plazo de 20 años.

Esta autorización no comprometerá en forma directa o indirecta el crédito o la responsabilidad financiera del Fisco.

Las universidades deberán llamar a propuesta pública para seleccionar la o las entidades financieras que les concederán el o los empréstitos.

Artículo 3°.- A contar del 1 de enero del año 2005, las universidades estatales deberán publicar sus balances generales y demás estados financieros debidamente auditados. La forma, contenido y oportunidad de publicación de los estados financieros serán idénticos a los que se exijan a las Sociedades Anónimas abiertas.

Artículo 4°.- Sólo por ley podrá autorizarse la transferencia de recursos del Fisco a las universidades estatales.”.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; SERGIO BITAR CHACRA , Ministra de Educación ; NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN , Ministro de Hacienda ”.

INFORME FINANCIERO

PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE FACULTADES EN MATERIAS

FINANCIERAS PARA LAS UNIVERSIDADES ESTATALES

Mensaje Nº 418-350

El presente proyecto de ley que otorga facultades en materias financieras a las universidades estatales principalmente autorizándolas a contratar empréstitos por el plazo de un año a contar de la vigencia de la ley con el objeto de reestructurar sus pasivos financieros, existentes al 31 de diciembre de 2003, no representa un mayor gasto fiscal durante el año 2004 y siguiente.

(Fdo.): MARIO MARCEL CULLELL , Director de Presupuestos ?.

2. Oficio de S.E. el Presidente de la República.

“Honorable Cámara de Diputados:

Tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley sobre evaluación docente. (Boletín Nº 3404-04).

Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; FRANCISCO HUENCHUMILLA JARAMILLO , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.

3. Oficio de S.E. el Presidente de la República.

“Honorable Cámara de Diputados:

Tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos legales. (Boletín Nº 2853-04).

Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; FRANCISCO HUENCHUMILLA JARAMILLO , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.

4. Oficio de S.E. el Presidente de la República.

“Honorable Cámara de Diputados:

Tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. (Boletín Nº 2336-06).

Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; FRANCISCO HUENCHUMILLA JARAMILLO , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.

5. Oficio de S.E. el Presidente de la República.

“Honorable Cámara de Diputados:

En uso de las facultades que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que regula el peso máximo de carga humana. (Boletín Nº 3242-13).

Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple” la referida urgencia.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; FRANCISCO HUENCHUMILLA JARAMILLO , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.

6. Oficio de S.E. el Presidente de la República.

“Honorable Cámara de Diputados:

En uso de las facultades que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que crea la comuna de Alto Biobío, en la región del Biobío. (Boletín Nº 3342-06).

Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma” la referida urgencia.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; FRANCISCO HUENCHUMILLA JARAMILLO , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.

7. Informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía sobre el proyecto que establece incentivos para la entrega de información en los delitos vinculados a los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. (boletín N° 3391-17)

“Honorable Cámara:

La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía informa, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de la referencia, originado en un Mensaje de S. E. el Presidente de la República , con urgencia calificada de “simple”.

PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL DEBATE:

En el debate de la Comisión fueron escuchadas las siguientes personas:

El ministro del Interior , señor José Miguel Insulza ; el Subsecretario del Interior , señor Jorge Correa ; la asesora del Subsecretario del Interior , señora Antonia Urrejola ; por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la señora Lorena Pizarro , Presidenta ; la señora Viviana Díaz , Secretaria General; la señora Mireya García, Vicepresidenta ; la señora Gabriela Zúñiga , Secretaria de Finanzas y el señor Gonzalo Muñoz , Jefe de Relaciones Públicas ; asimismo fueron escuchados los señores Demetrio Sampson , de Iquique y Nelson Trejo de Curicó , las señoras Silvia González de Arica y Tania Arce de Iquique, familiares de detenidos desaparecidos; por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos la señora Patricia Silva , Presidenta ; la señora Hilda Rozas , Jefa de la Comisión Finanzas y los señores Víctor Hugo Fuentes y Claudio Ibarra ; por la Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas (Fasic) la señora Verónica Reyna , Coordinadora del Área de Derechos Humanos y los abogados señores Héctor Salazar , Nelson Caucoto y Alberto Espinoza ; por la Agrupación Nacional de Ex Presos Políticos, los señores Jorge Sáez y Miguel Retamal , Presidente y Vicepresidente , respectivamente; por el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (Cintras), la señora Simona Ruy-Pérez, Directora ; por Amnistía Internacional, el señor Sergio Laurenti , Director Ejecutivo ; la abogada señora Pamela Pereira ; por la Corporación de Beneficiarios Prais, el señor Miguel Rojas , Presidente ; el señor Luis Ramos , Jefe de Relaciones Públicas , el señor Luis Pérez , Secretario ; por el Programa Prais del Ministerio de Salud, la señora Irma Rojas , Encargada Nacional; el señor José Ancán , asistente social y la señora Rosario Domínguez , sicóloga.

Asimismo, se realizó una audiencia pública, en la cual fueron escuchadas treinta y tres organizaciones representadas por las siguientes personas:

-Doña Nely del Carmen Cárcamo por la Agrupación de ex Presos Políticos de Osorno;

-Don Raúl Celpa por la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados Políticos de Chile;

-Don Alejandro Fuentes, por la Agrupación de ex Presos Políticos de las Fuerzas Armadas;

-Doña Virginia Valdés, Presidenta de la Corporación de Retornados;

-Don Jorge Sáez, Presidente de la Agrupación Nacional de ex Presos Políticos;

-Don Patricio Negron , Coordinador de ex Presos Políticos de Santiago ;

-Don Ricardo Tobar , por la Coordinadora del Personal Exonerado de la Armada;

-Don René Guzmán , por la Agrupación de ex Estudiantes y ex Dirigentes Perseguidos por la Dictadura de Pinochet;

-Don Eduardo Herrera, Presidente de la Agrupación de Exonerados de Talca;

-Doña Lorena Pizarro, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos;

- Doña María Luisa Barría , Presidenta de la Agrupación de Beneficiarios PRAIS de Osorno ;

-Doña Ester Araneda, por Coordinadora Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos de Concepción;

-Doña Mercedes Fernández, por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Parral;

-Don Vasily Carrillo , Coordinador de Verdad y Justicia;

-Doña Julia Urquieta , abogada de la Asamblea Nacional por los Derechos Humanos;

-Don Juan Leonardo Maureira, Presidente de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos de Paine;

-Don Víctor Rosas , abogado Secretario General de la Agrupación de Presos Políticos ;

-Don Luis Enrique Salinas , Administrador del Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE)

-Don Mario Lara, Secretario General de la Coordinadora Exonerados Políticos de la V Región;

-Doña Zaida Cancino, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la V Región;

- Doña Simona Ruy-Pérez , Directora de del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (Cintras);

-Doña Sonia Ramírez , Presidenta de la Corporación de Beneficiarios PRAIS de la V Región ;

-Don Enrique Núñez , por la Agrupación ex Presos Políticos de la V Región;

- Doña Carmen Gloria Díaz , Coordinadora Jurídica de la Corporación Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU);

-Don Oscar del Fierro, por la Agrupación de ex Presos Políticos del Partido Socialista;

-Don Pedro Sepúlveda , Corporación de Beneficiarios PRAIS de Valdivia.

-Don Raúl Flores, por la Asociación de Familiares, Amigos y Compañeros “Miristas Caídos”;

-Doña Ida Sepúlveda, Presidenta de la Agrupación Ejecutados y Detenidos Desaparecidos de la Provincia de Valdivia;

- Doña Merari Agurto , Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de la V Región;

-Don Renato Vera, por la Corporación de Beneficiarios PRAIS de la VI Región

-Don Flavio Rossi, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la I Región – Iquique;

-Don Héctor Marín , por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos Detenidos Desaparecidos de Iquique, y

-Don Jorge Candia, por la Comisión Unitaria de Exonerados Políticos de Viña del Mar.

Además, estuvieron presentes en esta audiencia pública las siguientes personas:

El señor David Acevedo González y las señoras María Acevedo y Fresia Acevedo de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine; la señora Ester Araneda Gallardo , Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos de la VIII Región; la señora Guacolda Araya de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine; el señor Alfredo Araya , ex preso político de la IV Región; la señora Oriel Araya , ex presa política de Quillota ; el señor Nelson Agustín Arambun , Comisión Ética Contra la Tortura V Región; el señor José Arredondo , ex preso político, dirigente de Mopare y miembro de la Brigada del Partido Socialista de Quillota; las señoras Rosa Beatriz Ávila y Herminia Ávila , Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de la V Región; la señora Rosa Becerra , de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine; el señor Marcelino Bugueño , Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de la V Región; el señor Manuel Cabrera , Coordinadora de Exonerados Políticos de la V Región ; el señor Eduardo Carreño , Agrupación de ex Presos Políticos de la V Región; las señoras Ruth Carreño y Georgina Castro de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine; la señora Marta Elena Castro Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Valdivia; las señoras Ernestina del Carmen Cerda y Lucrecia Céspedes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine; la señora Blanca Céspedes de Quillota ; la señora María Luz Castro , de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine; la señora María Eliana Comené , Agrupación de Ex presos y presas políticas de la V Región; la señora Adriana Cortés , de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de la V Región; la señora Viviana Díaz , Secretaria General de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos; el señor Nelson Díaz , Vicepresidente Nacional de la Coordinadora Nacional de Exonerados de Chile; la señora Sara Duarte de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine; la señora María Cristina Escanilla de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Parral; el señor Manuel Alfonso Espicel del Frente de Trabajadores Exonerados Políticos de la V Región ; el señor Miguel Luis Farías , ex preso político e integrante de la Comisión de Derechos Humanos de Curicó; la señora Odesa Flores , Agrupación Nacional ex Presos Políticos de Iquique; el señor Omar Gajardo de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine; el señor Ulises Gallardo , Familiares, Amigos y Compañeros de los Miristas Caídos ; la señora Ana González , Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos; el señor Benjamín Hernández del la Asociación Nacional Exonerados Políticos de ENAP, Zonal Concon ; la señora Verónica Inostroza de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Valdivia; el señor Wally Kunstmann , Agrupación Nacional de ex Presos Políticos; las señoras Juana Lazo , Isabel Lazo , Jacqueline Lazo , Raquel de las Nieves Lazo y Juan Leyton de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine; el señor Carlos Lara , Agrupación de Exonerados Políticos de la V Región; las señoras Elena Lizama, Olga Lizama , Teresa Lizama y Mónica del Rosario Lizama de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine; la señora Edith López de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Valparaíso; el señor Luis Mancilla , exonerado político de Valparaíso; el señor Simón Marin de la Corporación de Beneficiarios Prais de Valparaíso; la señora Liliana Mason de la Coordinadora Regional de ex Presos Políticos de Santiago ; la señora Monique Markowicz de la Comisión de Derechos Humanos de Viña del Mar; el señor Ricardo Martínez de la Agrupación de ex Presos Políticos; el señor Norberto Martínez de la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados Políticos; la señora Norma Matus de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos; el señor Bernardo Mella , ex preso políticos de la VI Región; la señora Lucinda Mena de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de la V Región; la señora Lucrecia Menote López de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de la V Región; la señora Leonila Menéndez , ex presa política de Valparaíso ; la señora Ana Molina López de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Santiago; Marcos Morgunoosky , Corporación de Beneficiarios Prais de Valparaíso; Carlos Muñoz Mena de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de la V Región; el señor Gonzalo Muñoz López de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Santiago; la señora Silvia Muñoz López de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Santiago; el señor Jorge Naipil de la Agrupación de ex Estudiantes de Osorno; el señor Ramón Núñez , Director de la Corporación Nacional de Retornados; el señor Darío Oliva de Corporación Nacional de Retornados Políticos; la señora María Angélica Ortiz de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de la V Región; la señora Carolina Oyarzo de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Paine; el señor Ricardo N. Peña , exonerado y preso político de Valparaíso; el señor Juan Carlos Pérez , exonerado y torturado de Santiago ; la señora Silvia Quinteros de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Maipú; la señora Apolonia Ramírez de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Santiago; la señora Isabel Ramírez de la Corporación de Beneficiarios Prais de la V Región; el señor Miguel Retamal , Vicepresidente de la Agrupación Nacional de ex Presos Políticos ; las señoras Mercedes Retamales , Valeria Retamales y Valentina Retamales de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de la V Región; la señora María Teresa Ríos de la Brigada de ex Presos Políticos del Partido Socialista; la señor María Isabel Rodríguez por ex Presos Políticos de la V Región ; la señora Irma Rojas , Encargada Nacional del Programa Prais; la señora Hilda Saldívar de la Corporación de Beneficiarios Prais; la señora Mercedes Sánchez de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de la VIII Región; el señor Nelson Sánchez de la Comisión Nacional de Exonerados Políticos; el señor Gastón Sánchez de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de la V Región; las señoras Carmen Santander y Alicia Santander de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Paine; Gusney Sepúlveda de la Agrupación de Ex Presos Políticos; la señora Angela Santana de la Agrupación de ex Presos Políticos de la V Región; la señora Soledad del Carmen Silva de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Paine ; la señora Lilian Silva de la Agrupación Nacional de ex Presos Políticos de Santiago; las señoras María Irma Solís y Graciela Tamayo de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Paine; el señor Ricardo Tobar de la Coordinadora del Personal Exonerado de la Armada de Viña del Mar; el señor Ricardo Torres del Diario El Exonerado de Concepción; el señor José Ubilla de la Coordinadora de Exonerados de la V Región; la señora Sonia Valenzuela de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Paine; la señora Irma Vargas de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Valdivia; la señora Carolina Vega del Comando de Exonerados Políticos de la VI Región; la señora Carmen Vivanco de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Santiago; la señora Gabriela Zúñiga de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y la señora Alicia Zúñiga de la Comisión de Derechos Humanos de Valparaíso.

De los dichos, objeciones, modificaciones solicitadas y peticiones formuladas por estas personas o entidades, dan cuenta las actas de las sesiones de la Comisión en que se trató este proyecto.

FUNDAMENTOS DEL MENSAJE.

El Presidente de la República se dirigió al país a fines de agosto de 2003, para anunciar un conjunto de medidas dirigidas a sanar las heridas producidas por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Estas propuestas tienen por objeto la apertura de espacios que permitan avanzar en dicho camino, consciente de que nunca podrá haber una solución definitiva para una situación como la vivida.

Se dice en el mensaje que muchos han creído que para superar los traumas del pasado bastaba con hacer “borrón y cuenta nueva”, o con echar tierra sobre la memoria, y algunos hasta han llegado a negar la existencia de tanto horror, atrocidades y brutalidades con que se cometieron dichos delitos. Sostiene también el Ejecutivo que una sociedad no se hace más humana negando el dolor ni las páginas oscuras de su historia; al contrario, dicha sociedad con ello sólo se denigra y envilece.

El dolor de la pérdida de un hijo o hija, hermano o hermana, del padre o la madre, del cónyuge, nunca se extingue; podemos aspirar a aprender a vivir con el dolor, a evitar que ese dolor se transforme en odio y ansias de venganza, y a reparar en parte los perjuicios que nos ha causado.

El gobierno ha asumido como un deber, legar a las nuevas generaciones una nación unida y en paz, y con la conciencia moral de que ha dado los pasos necesarios en verdad, justicia y reparación.

El Presidente de la República señala en el mensaje que “al día siguiente de asumir mi mandato presidencial, en el acto del 12 de marzo de 2000 en el Parque Forestal, manifesté mi invitación ‘a enfrentar con dignidad y con entereza, a través del diálogo y del respeto a las instituciones y al Estado de Derecho, lo que todavía tenemos pendiente en materia de derechos humanos’.”

Hoy en Chile se respetan los derechos humanos; pero necesitamos avanzar más aceleradamente en el cierre de nuestras heridas por los mismos caminos que con sensatez y determinación hemos seguido hasta ahora: el de los Tribunales de Justicia y del imperio de la ley, sin excepciones.

Para que no vuelvan a ocurrir las atrocidades que sucedieron en el pasado, debemos cuidar celosamente la convivencia conseguida con tanto esfuerzo en estos años y el irrenunciable patrimonio de nuestra historia republicana.

Es necesario dice el Primer Mandatario , que quienes vivimos el quiebre institucional y teníamos responsabilidades en las distintas áreas de la vida nacional no dejemos nunca de pensar y reconocer, con humildad y realismo, cuáles fueron los errores individuales y colectivos que nos llevaron a un momento terrible en nuestra historia patria.

Nadie puede declararse ajeno a la profunda división que ocurrió entre nosotros. Intentar comprender y asumir el contexto y las causas del quiebre civil de ese entonces no significa, en modo alguno, justificar lo que posteriormente sucedió, en que agentes del Estado persiguieron organizadamente, y con inusitada violencia, a quienes pensaban distinto. Se violaron sistemáticamente los derechos humanos. Se asesinó, se torturó, se detuvo y se hizo desaparecer a personas. Sus familiares, y todo Chile, tienen el derecho y la necesidad de saber la verdad acerca de qué ocurrió con esas personas.

La política de los Gobiernos de la Concertación en materia de derechos humanos se ha basado en tres pilares fundamentales: Verdad, Justicia, Reparación.

La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que presidió don Raúl Rettig , y que fuera impulsada durante el gobierno de don Patricio Aylwin, y especialmente la Mesa de Diálogo instalada por el gobierno del Presidente Frei, fueron instancias que incorporaron a las instituciones armadas, formalmente, al diálogo nacional sobre las violaciones a los derechos humanos.

Los temas de verdad y justicia cobraron una nueva dimensión, en la acción de la Justicia, encontrándose hoy en día abiertos más de 300 procesos relativos al paradero, suerte o destino de los detenidos y desaparecidos, en los que se busca la verdad de más de mil víctimas.

Hemos avanzado en la obtención de la verdad, justicia y reparación; aún más, hoy en día hemos visto como se han sumado a esta tarea nacional de buscar la verdad y la justicia respecto a las violaciones de los derechos humanos, voces que, hasta ahora, se negaban a reconocer lo sucedido.

El Gobierno señala que ha recibido la opinión de las iglesias, de instituciones laicas, sociales y políticas, de la coalición de gobierno, y de la oposición que –independientemente del pasado– hoy participa de esta tarea común, generando las bases para una nueva realidad de cooperación, que constituye un logro para el país.

Los pasos dados por el Ejército y el conjunto de las Fuerzas Armadas explicitando con total profesionalismo su doctrina republicana, –y que hoy todo Chile les reconoce– contribuyen fuertemente al clima que permite plantearnos, unidos como país, nuevos avances en este delicado aspecto de nuestra vida nacional.

El mensaje anota que, después de escuchar a tantas personas y grupos, al Gobierno le asiste la convicción más profunda de que los objetivos de verdad y de justicia son moralmente irrenunciables y de que sólo los Tribunales de Justicia constituyen la instancia para avanzar en la verdad y en la aplicación de la justicia de acuerdo a la ley vigente.

Por ello, el Gobierno no se hace cargo de ninguna propuesta que signifique establecer punto final a los procesos, ya sea porque son propuestas moralmente inaceptables, o bien, jurídicamente ineficaces. Asimismo, deja a cargo de los tribunales la interpretación respecto del Decreto-Ley de Amnistía.

El camino de la verdad es susceptible de encontrar un mayor perfeccionamiento en sus instrumentos y mecanismos.

A partir de los logros ya alcanzados, se propone un conjunto de reformas legislativas tendientes a alcanzar el conocimiento más pleno posible de aquella parte de la verdad que aún falta por saber y cuyo logro constituye un imperativo ético: la ubicación de las personas detenidas desaparecidas y de las personas ejecutadas, así como el esclarecimiento de las circunstancias de dicha desaparición o muerte.

Esta iniciativa se orienta a distinguir entre quienes organizaron y planificaron la represión, dieron las órdenes, dirigieron la ejecución de los crímenes o los ejecutaron directamente con consentimiento, y aquellos que participaron en ellos porque no tenían alternativa de negarse sin riesgo de sus propias vidas, o que fueron cómplices o encubridores.

Si estas últimas personas están dispuestas a cooperar con la verdad y la justicia, parecería lógico considerar una penalidad menor para ellos, una vez establecida la verdad.

El proyecto se propone como una normativa especial, esto es sin perjuicio de la aplicación de las normas generales, tales como las causales de extinción de responsabilidad, los conceptos de participación, el “iter criminis”, etcétera.

DESCRIPCIÓN E IDEAS MATRICES DEL PROYECTO.

El proyecto define dos asuntos vinculados a su ámbito:

-Los delitos a los que se aplica y

-Los partícipes que no podrán invocar sus beneficios.

Delitos a los cuales se aplica.

El proyecto define los delitos a los cuales se aplica en base a tres criterios.

En primer lugar, individualiza los delitos. Estos son: homicidios, detenciones ilegales, secuestros, sustracción de menores, inhumaciones o exhumaciones ilegales y los delitos conexos con los anteriores;

En segundo lugar, señala el período en el cual se deben haber cometido: 11 de septiembre de 1973 al 10 de marzo de 1990, y

El tercer factor que establece la ley, dice relación con las víctimas de estos delitos. Estas deben haber sido calificadas como tales por la Comisión de Verdad y Reconciliación o por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.

Partícipes a los cuales no se aplica nunca el proyecto.

El proyecto establece claramente a los sujetos a los que no se aplicará nunca el régimen de estímulos que diseña la ley para la obtención de información.

1. No se aplicará a aquellas personas que intervinieron en los delitos recién señalados, forzando, induciendo, instigando u ordenando su ejecución; o,

2. En segundo lugar, a aquellas personas que hubieran participado en su organización o planificación.

Estímulo para la entrega de la información.

El proyecto consulta dos situaciones para estimular la entrega de información útil destinada a obtener la ubicación de los detenidos desaparecidos.

El proyecto aprobado por la Comisión establece que quienes entreguen antecedentes, y que al 31 de julio del 2003, aún no estén imputados, procesados ni condenados, y que voluntariamente se presenten al Tribunal, y que lo hagan dentro de los 180 días de la publicación de esta ley, podrán beneficiarse con una circunstancia atenuante muy calificada que rebajará la pena en uno, dos o tres grado inclusive, según lo determine el juez, siempre que los antecedentes que entreguen reúnan el carácter de fidedignos, efectivos y comprobables, acerca del paradero de las víctimas o acerca de las circunstancias de su desaparición o muerte.

Respecto de los autores que aporten información en los términos exigidos en esta ley, y de los antecedentes del proceso, el juez llegue a la convicción de que su comportamiento haya sido de simple instrumento, el beneficio señalado sólo se aplicará cuando su participación sea de aquellas contempladas en los números 1 y 3 del artículo 15 del Código Penal. Las referidas personas, consultadas en los números 1 y 3 del artículo 15 del Código Penal, son: a) los que toman parte en la ejecución del hecho, sea de una manera inmediata y directa, sea impidiendo o procurando impedir que se evite, y b) los que concertados para su ejecución facilitan los medios con que se lleva a efecto el hecho o lo presencian sin tomar parte inmediata en él.

Reglas procesales especiales.

El segundo elemento que contempla el proyecto, aparte de los estímulos para la entrega de información, es un conjunto de reglas procesales para hacer viable lo anterior.

Estas reglas son las siguientes:

Reserva de identidad y secreto.

Se establece que, sin perjuicio de las normas generales sobre el secreto del sumario, la identidad de las personas que proporcionen antecedentes en los términos establecidos en los artículos precedentes, se mantendrá en secreto durante el desarrollo del proceso hasta la dictación del auto de procesamiento en su contra, o en caso de que tal declaración se preste con posterioridad al mismo, hasta el cierre del sumario.

En todo caso, sólo las partes tendrán acceso a esta información, hasta la dictación de la sentencia ejecutoriada.

Si fuere necesario, serán aplicables para estos casos las reglas generales sobre protección a los testigos contempladas en el Código de Procedimiento Penal, y toda otra que resulte pertinente para asegurar la vida e integridad física de quienes declaren según lo dispuesto en esta ley.

Vista preferente de las causas.

Con el objeto de acelerar el conocimiento de los procesos en las cortes de apelaciones, el proyecto de ley incluye una norma que da preferencia en la tabla respectiva para la vista de las causas, a los procesos por los delitos mencionados en el artículo 1º, aún cuando no haya personas procesadas en prisión preventiva.

Improcedencia de responder por falso testimonio, perjurio y obstrucción a la justicia, respecto de quienes liberen información.

A fin de favorecer la entrega de la información, el proyecto establece que los antecedentes proporcionados de conformidad a sus disposiciones, no podrán ser utilizados para hacer efectiva la responsabilidad que pudiere caberle a quien los brindare, por los delitos de falso testimonio, perjurio u obstrucción a la justicia, en virtud de declaraciones que hubiere formulado previamente a los Tribunales de Justicia por los mismos hechos sobre los que ahora declara, para cuyo efecto establece que será inaplicable el artículo 483 del Código de Procedimiento Penal disposición que no permite la retractación de lo expuesto por el reo en su confesión.

Apreciación de la prueba y libertad provisional.

El artículo 8º del proyecto establece que en el conocimiento de las causas a que se refiere esta ley, el juez apreciará la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, salvo en lo que corresponda a la acreditación del hecho punible.

Asimismo, se dispone en el artículo 7º que la circunstancia de haber proporcionado antecedentes en los términos establecidos en el artículo 3° de esta ley, deberá ser especialmente considerada por el tribunal cuando, en causa criminal seguida por alguno de los delitos señalados en el artículo 1° de la presente ley, deba resolver respecto de la solicitud de libertad provisional de alguno de los procesados.

Traslado de causas desde la Justicia Militar.

Al igual que lo que se estableció en las “leyes Cumplido”, en el artículo transitorio de esta proposición de ley se establece el traspaso de todos los procesos en que se investiguen casos de violaciones a los derechos humanos a que se refiere el artículo 1º, ocurridos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, en actual tramitación en los Tribunales Militares, a la justicia ordinaria, para la prosecución de las investigaciones, independientemente del estado en que se encuentren.

Nombramiento de jueces especiales.

El proyecto consulta que corresponderá el conocimiento de los procesos por delitos mencionados en el artículo 1º a un ministro de Corte de Apelaciones en visita extraordinaria o a un juez con dedicación exclusiva, designado por la Corte Suprema. Para estos efectos se faculta a la Corte Suprema para designar tantos ministros o jueces como sea necesario para una pronta y expedita tramitación.

Integración de la Corte Suprema.

También se dispone que para la resolución de los procesos a que alude el artículo 1º del proyecto en informe, que hubieren sido instruidos ante la justicia militar y respecto de los cuales se encuentren pendientes recursos para ser conocidos y resueltos por la Corte Suprema, dicho tribunal se integrará en la forma ordinaria establecida en el artículo 95 del Código Orgánico de Tribunales, por lo que no procederá que se integre con el Auditor General del Ejército, como lo dispone el artículo 70 A del Código de Justicia Militar.

Reparos de la Corte Suprema.

No obstante que la Excma. Corte Suprema, en el oficio en que se pronuncia sobre este proyecto, señala que las nuevas atribuciones que se otorgan a los tribunales de justicia no le merecen mayores objeciones, formula dos reparos.

En el inciso segundo del artículo transitorio se dispone que corresponde a dicha Corte designar un “juez con dedicación exclusiva” para que se avoque al conocimiento de los respectivos procesos.

A este respecto, teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 66 ter del Código de Procedimiento Penal y habida especial consideración de que los procesos son remitidos a las cortes de apelaciones y no a la Corte Suprema, parece más adecuado que sean aquellas las que determinen la designación pertinente.

En segundo término la Corte Suprema estima que sería aconsejable precisar, en el artículo transitorio, que los procesos han de remitirse al ministro o juez que se designe.

-o-

Con estas propuestas el Ejecutivo estima, como señaló en su oportunidad, que no sólo se está planteando el deseo de que nuestro país no vuelva a vivir jamás episodios como aquellos que motivan en este momento nuestra atención, sino que además se está valorando el camino que hasta la fecha hemos recorrido. Ese camino ha sido el de la madurez y la responsabilidad para tratar nuestra historia y sus traumas, y perfeccionar, paso a paso, las vías que nos llevan a la verdad, la justicia, la reparación y a la prevención de nuevos quebrantamientos en nuestra convivencia y sentido de humanidad.

Agrega el mensaje que algunas de las democracias sólidas, paradigmáticas en el respeto de los derechos humanos y las libertades individuales que hoy admiramos en los países desarrollados, atravesaron no hace muchas décadas por situaciones históricas marcadas por episodios terribles y violentos donde las violaciones de los derechos humanos tuvieron también carácter masivo. Tales democracias lograron, con mayor o menor dificultad, curar sus heridas y construir un presente de libertad y prosperidad. En ninguna de ellas la memoria fue borrada, sino que se ha transformado en parte de una historia compartida y en una advertencia para las nuevas generaciones acerca de la necesidad de cuidar el patrimonio de respeto a los derechos humanos que se han transformado en un bien de toda la sociedad.

Eso es lo que queremos también nosotros señala el mensaje: un país democrático, próspero, solidario, en donde el respeto de los derechos humanos sea parte de su identidad más profunda, del sentido moral común de todos los chilenos.

A diferencia de ayer, el gobierno considera que todos los chilenos coinciden en la necesidad de encontrar la verdad y la justicia a través de los Tribunales de Justicia y de reparar, aún si fuere parcialmente, el dolor de los familiares de los detenidos desaparecidos. Son esos pilares muy poderosos los que nos permiten vislumbrar un horizonte de unidad moral.

No cabe duda que el camino que los gobiernos democráticos eligieron fue el camino justo. Los cierres precipitados, las impunidades, las soluciones al margen de la verdad y la justicia, terminan por resquebrajarse y, como una herida mal curada, vuelven a aparecer en la vida social, generando más dolor y mayores complicaciones institucionales.

Ese es el sentido profundo del camino recorrido y de las propuestas que se someten a consideración de esta Corporación.

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APROBACION DEL PROYECTO.

Discusión general.

Durante la discusión general la Comisión recogió información y escuchó en audiencia pública a numerosas personas e instituciones relacionadas con la defensa de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, según se da cuenta en el Capítulo “Personas escuchadas por la Comisión”.

El proyecto fue aprobado en general, por mayoría de votos (11 a favor y una abstención).

Discusión particular.

El proyecto fue objeto de indicaciones tanto de parte del Ejecutivo como de los señores diputados durante la discusión particular.

Inicialmente el Ejecutivo propuso una indicación al artículo 3º, para sustituirlo, la que fue rechazada, y cuyo texto se transcribe en el capítulo siguiente.

Asimismo, con posterioridad el Ejecutivo presentó un conjunto de indicaciones para reemplazar la totalidad del articulado propuesto en el mensaje. En atención a que estas indicaciones fueron presentadas después de haber sido aprobados los artículos 1º, 2º y 3º del proyecto y a que se explicitó que no se otorgaría el quórum para reabrir el debate sobre dichos artículos, sólo fueron acogidas las indicaciones que sustituyen el texto del mensaje, a partir del artículo 4º del proyecto.

Cabe consignar que el artículo 3º del proyecto aprobado por la Comisión, no consulta la posibilidad de que el juez que conoce de los procesos por los delitos señalados en el artículo 1º, pueda eximir de responsabilidad penal a determinadas personas y en específicas condiciones, como fue propuesto en una indicación del Ejecutivo que sustituía el correspondiente artículo 3º del mensaje, la cual fue rechazada, y por el contrario, sólo admite la posibilidad de que el juez de la causa pueda beneficiar a quienes proporcionen los antecedentes a que se refiere este proyecto con una atenuante muy calificada y rebajar la pena en uno, dos o tres grados.

INDICACIONES RECHAZADAS.

Al Artículo 2°

Del señor Salaberry , para eliminar las palabras”forzando, induciendo, instigando”.

Al Artículo 3°

Del Ejecutivo , para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 3°.- Quienes proporcionen, ante el Tribunal competente, todos los antecedentes que necesariamente debían conocer atendida su participación en los hechos que se investigan, y que, en concepto del Tribunal, permitan razonable y eficazmente el esclarecimiento de los hechos delictivos señalados en el artículo 1 y la participación punible en los mismos o el paradero o destino de la o las víctimas o las circunstancias de su ejecución o desaparición, según sea el caso, serán beneficiados con una circunstancia atenuante muy calificada que rebajará la pena en su favor en dos o tres grados inclusive, según lo determine el juez.

Excepcionalmente, y siempre y cuando hayan aportado los antecedentes en los términos establecidos en el inciso precedente, el juez podrá eximir de responsabilidad penal a las siguientes personas:

1. Los civiles que, al momento de la ocurrencia de los hechos que informan al tribunal, cumplían su servicio militar;

2. Aquellas que, al momento de participar en los hechos, lo hicieron en calidad de subordinados sin ningún mando de tropa, siempre que el juez llegue a la convicción que lo hicieron cumpliendo órdenes superiores que no pudieron dejar de ejecutar sin poner en grave riesgo inmediato su propia vida;

3. Aquellas personas que no podían prever razonablemente que los hechos en que intervinieron pudiesen formar parte de un delito.

Para los efectos de gozar de los beneficios indicados en los incisos anteriores, será también necesario:

1. Que quien los proporcione no tenga, al 31 de julio del 2003, la calidad de inculpado, imputado, procesado, acusado o condenado por alguno de los delitos a que se refiere el artículo 1º de la presente ley.

2. Que los antecedentes proporcionados sean, en concepto del Tribunal, fidedignos, efectivos y comprobables; y

3. Que dichos antecedentes hayan sido entregados voluntariamente a los Tribunales de Justicia, dentro de los 180 días corridos contados desde la publicación de la presente ley.

Respecto de los autores, los beneficios señalados en este artículo sólo se aplicarán cuando su participación sea de aquellas contempladas en los números 1 y 3 del artículo 15 del Código Penal, aporten información en los términos exigidos en esta ley y de los antecedentes del proceso, el juez llegue a la convicción de que su comportamiento haya sido de simple instrumento.”.

Al Artículo 4

Del señor Salaberry, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 4°.- Sin perjuicio de las normas generales sobre exención al secreto del sumario, la identidad de las personas que proporcionen antecedentes en los términos establecidos en los artículos precedentes será siempre de exclusivo conocimiento del juez, y este dejará constancia en el cuaderno principal de las actuaciones en que ellas intervengan, omitiéndose los datos que pudieren servir para la identificación de dichas personas, incluyendo sus nombres, apellidos, profesión u oficio, domicilio o lugar de trabajo. El tribunal deberá adoptar las demás medidas que sean necesarias para garantizar este secreto y asegurar que todas las actuaciones del proceso resguarden la debida reserva.

La identidad de estas personas se mantendrá en estricta reserva durante toda la causa y aún en la etapa de plenario, salvo que el juez estime indispensable, para el debido proceso en esta etapa procesal, que una o más de las partes tengan conocimiento de ellas. En este último caso, la o las partes que tengan acceso a esta información, deberán guardar estricta reserva y en caso de que alguna de ellas violare este secreto, será sancionada con la pena de presidio menor en su grado medio.”.

OTRAS CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 287 del Reglamento, se deja constancia, además, de lo siguiente:

1. En el artículo transitorio del proyecto se proponen normas de carácter orgánico constitucional, relativas a atribuciones de los tribunales, por lo que dicho precepto debe ser votado con el quórum establecido para el efecto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 63 y 74 de la Constitución Política de la República.

2. El proyecto no requiere informe de la Comisión de Hacienda.

3. No hubo voto disidente del acuerdo adoptado en la votación general del proyecto.

TEXTO DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISION.

Con el mérito de lo expuesto y de las consideraciones que pueda agregar la señora diputada informante , la Comisión propone a la honorable Cámara aprobar el siguiente

PROYECTO DE LEY:

Artículo 1º.- Sin perjuicio de la aplicación de las normas generales, la investigación y juzgamiento de los hechos que constituyeren homicidios, detenciones ilegales, secuestros, sustracción de menores, así como las inhumaciones o exhumaciones ilegales u otros conexos con los anteriores, cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, cuyas víctimas hayan sido calificadas como tales por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación o por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, se ajustará especialmente a las reglas establecidas en la presente ley.

Artículo 2º.- Lo dispuesto en los artículos 3º, 4º, 5º y 6º de la presente ley no se aplicará respecto de aquellas personas que hubieren intervenido forzando, induciendo, instigando u ordenando la ejecución de los delitos señalados en el artículo 1º, o que hubieren participado en su organización o planificación.

Artículo 3°.- Quienes proporcionen, ante el Tribunal competente, todos los antecedentes que necesariamente debían conocer atendida su participación en los hechos que se investigan, y que, en concepto del Tribunal, permitan razonable y eficazmente el esclarecimiento de los hechos delictivos señalados en el artículo 1º y la participación punible en los mismos o el paradero o destino de la o las víctimas o las circunstancias de su ejecución o desaparición, en el caso de los delitos de inhumaciones o exhumaciones, podrán ser beneficiados con una circunstancia atenuante muy calificada que rebajará la pena en su favor en uno, dos o tres grados inclusive, según lo determine el juez.

Para los efectos de gozar del beneficio indicado en el inciso anterior, será también necesario:

1. Que quien los proporcione no tenga al 31 de julio de 2003 la calidad de inculpado, imputado, procesado, acusado o condenado por alguno de los delitos a que se refiere el artículo 1° de la presente ley.

2. Que los antecedentes proporcionados sean, en concepto del Tribunal, fidedignos, efectivos y comprobables por los medios de prueba que establece la ley; y

3. Que dichos antecedentes hayan sido entregados voluntariamente a los Tribunales de Justicia, dentro de los 180 días corridos contados desde la publicación de la presente ley.

Respecto de los autores, el beneficio señalado en este artículo sólo se aplicará cuando su participación sea de aquellas contempladas en los números 1º y 3º del artículo 15 del Código Penal, aporten información en los términos exigidos en esta ley y de los antecedentes del proceso, el juez llegue a la convicción de que su comportamiento haya sido de simple instrumento.

Artículo 4°.- Sin perjuicio de las normas generales sobre el secreto del sumario, la identidad de las personas que proporcionen antecedentes en los términos establecidos en los artículos precedentes, se mantendrá en secreto durante el desarrollo del proceso hasta la dictación del auto de procesamiento en su contra, o en caso de que tal declaración se preste con posterioridad al mismo, hasta el cierre del sumario. En todo caso, sólo las partes tendrán acceso a esta información, hasta la dictación de la sentencia ejecutoriada.

Si fuere necesario, serán aplicables para estos casos las reglas generales sobre protección a los testigos contempladas en el Código de Procedimiento Penal, y toda otra que resulte pertinente para asegurar la vida e integridad física de quienes declaren según lo dispuesto en esta ley.

Artículo 5º.- Las apelaciones y consultas relativas a los crímenes y simples delitos a que se refiere el artículo 1º de la presente ley serán agregadas extraordinariamente a la tabla respectiva, en la forma prevista en el inciso final del artículo 69 del Código Orgánico de Tribunales, aún cuando no haya personas procesadas en prisión preventiva.

Artículo 6°.- No tendrá aplicación lo establecido en el artículo 483 del Código de Procedimiento Penal respecto de las declaraciones que preste un inculpado, cualquiera sea su calidad procesal, que ya hubiere declarado con anterioridad, debiendo en este caso el tribunal ponderar dichos antecedentes de conformidad con lo establecido en al artículo 481 del mismo cuerpo legal.

Los antecedentes que hubieren sido proporcionados en los términos establecidos en el artículo 3° de la presente ley, no podrán ser utilizados en contra de quien los brindare para hacer efectiva la responsabilidad que pudiere caberle en los delitos de falso testimonio, perjurio u obstrucción a la justicia, en virtud de declaraciones que hubieren formulado previamente ante los tribunales de justicia por los mismos hechos sobre los que se declara.

Artículo 7°.- La circunstancia de haber proporcionado antecedentes en los términos establecidos en el artículo 3° de esta ley, deberá ser especialmente considerada por el tribunal cuando, en causa criminal seguida por alguno de los delitos señalados en el artículo 1° de la presente ley, deba resolver respecto de la solicitud de libertad provisional de alguno de los procesados.

Artículo 8°.- En el conocimiento de las causas a que se refiere esta ley, el juez apreciará la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, salvo en lo que corresponda a la acreditación del hecho punible.

Artículo Transitorio.- Los jueces militares, fiscales militares y las cortes marciales, deberán remitir los procesos que se hayan instruido para la investigación y juzgamiento de alguno de los hechos a que se refiere el artículo 1° de la presente ley, a la Corte de Apelaciones en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho que los origina, dentro del término de treinta días.

Corresponderá el conocimiento de dichos procesos, cuando se encontraren en primera instancia, a un ministro de Corte de Apelaciones en visita extraordinaria o a un juez con dedicación exclusiva, designado por la Corte Suprema. Para dichos efectos, la Corte Suprema podrá designar tantos ministros o jueces como sea necesario para una pronta y expedita tramitación. Los procesos que se encontraren en segunda instancia serán conocidos por una sala de la respectiva Corte de Apelaciones conforme a lo dispuesto en el artículo 5° de la presente ley.

Para la resolución de los procesos a que alude el artículo 1° de la presente ley, que hubieren sido instruidos ante la justicia militar y respecto de los cuales se encuentren pendientes recursos para ser conocidos y resueltos por la Corte Suprema, dicho tribunal se integrará en la forma ordinaria establecida en el artículo 95 del Código Orgánico de Tribunales. No procederá, por tanto, lo dispuesto en el artículo 70-A del Código de Justicia Militar.

Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, para la investigación y enjuiciamiento de los delitos señalados en el artículo primero de la presente ley, la Corte Suprema podrá aumentar el número de jueces especiales y de dedicación exclusiva a que se refiere la ley N° 19.810.”

-o-

Se designó diputada informante a la honorable señora Laura Soto González .

Tratado y acordado en sesiones de fecha 12 y 19 de noviembre, 3 y 10 de diciembre de 2003 y de 3, 17 y 31 de marzo y 14 de abril de 2004, con la asistencia de las señoras Laura Soto González (presidenta) y Marcela Cubillos Sigall , y de los diputados señores Fulvio Rossi Ciocca ( Presidente ), Enrique Accorsi Opazo , Sergio Aguiló Melo , Gabriel Ascencio Mansilla , Francisco Bayo Veloso , Juan Bustos Ramírez , Eduardo Díaz del Río , Felipe Letelier Norambuena , Sergio Ojeda Uribe , Felipe Salaberry Soto , Alfonso Vargas Lyng , Edmundo Villouta Concha , y Gastón von Mühlenbrock Zamora y de los diputados no miembros de la Comisión señores Rodrigo Álvarez Zenteno , Guillermo Ceroni Fuentes , Javier Hernández Hernández , Juan Pablo Letelier Morel y Pedro Muñoz Aburto .

Sala de la Comisión, a 14 de abril de 2004.

(Fdo.): JOSÉ VICENCIO FRÍAS, Abogado Secretario de la Comisión ”.

8. Segundo Informe de la Comisión de Defensa Nacional sobre el proyecto de ley que moderniza el Servicio Militar Obligatorio. (boletín Nº 2844-02-2)

“Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Defensa Nacional pasa a informar acerca del proyecto de ley singularizado en el epígrafe, iniciado en un mensaje, en primer trámite constitucional y en segundo trámite reglamentario.

Esta iniciativa legal tiene como finalidad modernizar el servicio militar obligatorio, mediante el diseño de un sistema de reclutamiento que fomente la voluntariedad en la presentación y, en subsidio, la selectividad por sorteo. De este modo, se pretende compatibilizar las legítimas necesidades de contingente de la Defensa Nacional con un sistema de selección del personal requerido para cumplir el servicio militar, fundado en criterios de igualdad, calidad ciudadana, flexibilidad y objetividad.

El proyecto aprobado en el primer trámite reglamentario consta de dos artículos permanentes y de tres transitorios. El artículo 1°, que contiene 40 numerales, modifica el decreto ley N° 2.306, de 1978, que dicta normas sobre reclutamiento y movilización de las Fuerzas Armadas. El artículo 2° prescribe que un reglamento establecerá las normas complementarias para su ejecución. El artículo primero transitorio contiene una norma especial para las causas en tramitación por delitos que actualmente contempla el mencionado cuerpo legal; el artículo segundo transitorio faculta al Presidente de la República para fijar el texto refundido y actualizado de dicho decreto ley y, finalmente, el artículo tercero transitorio señala las fechas de entrada en vigencia de esta ley.

Durante el estudio de esta iniciativa legal contó con la colaboración de los profesores de Derecho Constitucional señores Raúl Bertelsen , Vicerrector Académico de la Universidad de Los Andes, y Patricio Zapata , Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Andrés Bello.

I. CONSTANCIAS PREVIAS.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 288 del Reglamento de la Corporación, se hace constar lo siguiente:

1. Los números 1 al 17, 20 al 23, 25 al 28 y 30 al 40 del artículo 1°, el artículo 2°, y los artículos primero, segundo y tercero transitorios no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones.

2. La Comisión mantuvo el criterio de que deben aprobarse con quórum de ley orgánica constitucional los numerales 18 y 19, los artículos 42 C y 42 D del número 30, y el número 39 del artículo 1°, en razón de los fundamentos entregados con ocasión del primer informe evacuado en relación con este proyecto. Asimismo, acordó que debe votarse con igual quórum el inciso quinto del artículo 42 del número 29, por tratarse de una materia relativa a la organización y atribuciones de los tribunales propia de la ley orgánica constitucional a que se refiere el artículo 74 de la Carta Fundamental.

3. Se hace constar, además, que se remitió el correspondiente oficio a la Excelentísima Corte Suprema con objeto de poner en su conocimiento lo obrado en relación con el inciso quinto del artículo 42 del numeral 29 del artículo 1°.

4. Se hace presente, igualmente, que esta iniciativa legal no requiere ser conocida por la Comisión de Hacienda, que hubo indicaciones rechazadas y que no existen artículos suprimidos.

II. ANTECEDENTES.

1) Lo obrado en el primer trámite reglamentario.

En el primer trámite reglamentario esta Comisión introdujo modificaciones en el decreto ley N° 2.306, de 1978, que en consonancia con las ideas plasmadas en el mensaje tuvieron como finalidad fomentar la voluntariedad en el cumplimiento del servicio militar mediante la selección preferente de los varones que manifiesten su decisión de presentarse voluntariamente a cumplir con esta carga pública y de las mujeres que expresen interés en efectuar voluntariamente el servicio militar.

Dichas modificaciones se refieren fundamentalmente a las materias que se señalan a continuación.

Dentro de las personas que se encuentran exentas del deber militar, se incorpora a los jueces de garantía, a los jueces de los tribunales de juicio oral, a los Fiscales del Ministerio Público, al Defensor Nacional y a los Defensores regionales y locales, debido a que se estimó necesario incluir a todas las instituciones que forman parte de la reforma procesal penal. Asimismo, se agrega, dentro de dicha exención, a los miembros del Tribunal Calificador de Elecciones y a los secretarios, relatores y fiscales de los tribunales superiores de justicia.

En materia de causales de exclusión del servicio militar, se introducen nuevas eximentes en favor de los miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y del personal de Gendarmería de Chile; de las personas a quienes el cumplimiento del servicio militar ocasione un grave deterioro en la situación socio-económica de su grupo familiar por constituir su única fuente de ingreso; de aquellos que hayan contraído matrimonio con anterioridad al primer sorteo de selección del contingente y de los descendientes por consanguinidad en la línea recta y en la línea colateral, ambos hasta el segundo grado inclusive, de las personas a que se refiere el artículo 18 de la ley N° 19.123, que beneficia a familiares de víctimas de violaciones de los derechos humanos o de violencia política.

Se autoriza a los varones que se encontraren cursando el último año de enseñanza media o estudios tendientes a la obtención de un título profesional o técnico de nivel superior en establecimientos de educación superior del Estado o reconocidos por éste y que resultaren convocados en virtud del sorteo general, a optar por una de las siguientes modalidades alternativas de cumplimiento del servicio militar:

a) La conscripción ordinaria, en forma inmediata o al término de los estudios correspondientes. En ambos casos, podrán optar por la institución de las Fuerzas Armadas y la unidad que sean de su preferencia.

b) La prestación, hasta por ciento ochenta días, de servicios vinculados a sus estudios en aquellas profesiones que interesen a las Fuerzas Armadas.

c) La participación, hasta por ciento cincuenta días, en cursos especiales para estudiantes del último año de enseñanza media o de establecimientos de educación superior del Estado o reconocidos por éste.

En el Capítulo, nuevo, denominado “De los Deberes y Derechos de los Soldados Conscriptos” se dispone que cada institución de las Fuerzas Armadas deberá contar con una Oficina de los Derechos del Soldado Conscripto, la que, bajo la dirección de un Oficial General en servicio activo, se encargará de supervisar y controlar la debida aplicación de las normas referidas a los derechos de los soldados conscriptos y de asesorar al Comandante en Jefe respectivo en esta materia.

Se consagra el derecho de los padres o apoderados de quienes realizan el servicio militar a reclamar a la Oficina de los Derechos del Soldado Conscripto cuando existan razones fundadas para suponer que, con ocasión del cumplimiento de esta carga pública, un soldado conscripto haya sido objeto de rigor injustificado, extralimitación de atribuciones, castigos no contemplados en el reglamento de disciplina o derivados de situaciones ajenas y que no afecten al servicio, o que haya sido víctima de tratamiento reñido con su dignidad y honor como persona.

Por otra parte, se consagran los tipos penales aplicables en caso de incumplimiento de las normas de este decreto ley. Cabe destacar que, en el caso de las figuras que sancionan a los infractores y a los remisos, se reemplazan las penas privativas de libertad y las penas pecuniarias por otra consistente en la inhabilitación absoluta temporal para el ejercicio de cargos y oficios públicos y se establece que el cumplimiento de esta sanción no exime o excluye del cumplimiento del servicio militar obligatorio.

Además, se encomienda a la justicia ordinaria el conocimiento de las causas por delitos contemplados en este decreto ley. Sin embargo, tratándose de los procesos que se instruyan con ocasión del delito en que incurra el reservista que, sin motivo justificado, deje de concurrir al llamado a movilización, se estimó conveniente mantener su conocimiento y juzgamiento dentro del ámbito de la justicia militar.

Finalmente, se crean la Comisión Nacional de Reclutamiento y las Comisiones Especiales de Acreditación. La primera es concebida como un organismo encargado de la supervisión y control del proceso de reclutamiento y selección del contingente, con funciones que se establecen expresamente. Las segundas se constituirán en las provincias o comunas del país, con la finalidad de conocer y resolver las reclamaciones que presenten los varones convocados en virtud del sorteo general con objeto de hacer valer alguna de las causales de exclusión del servicio militar obligatorio.

2) Los académicos escuchados por la Comisión.

Con motivo de la discusión de este segundo informe, la Comisión adoptó el acuerdo de invitar a una de sus sesiones a los profesores de Derecho Constitucional, señores Raúl Bertelsen y Patricio Zapata , con objeto de conocer sus opiniones acerca de la constitucionalidad de la indicación que incorpora la objeción de conciencia dentro de las causales de exclusión del cumplimiento del servicio militar obligatorio.

El profesor señor Bertelsen expresó que, en la medida en que se cautelen debidamente los bienes jurídicos e intereses en conflicto, es posible admitir la objeción de conciencia como causal de exclusión del cumplimiento del servicio militar obligatorio y, además, de otros deberes u obligaciones que contempla el ordenamiento jurídico, cuando existan razones fundadas para ello y no una mera apreciación subjetiva.

Comentó que en algunos de los países en cuyas legislaciones está permitida la práctica del aborto, se reconoce al personal sanitario de los hospitales públicos la posibilidad de invocar la objeción de conciencia para excusarse y no intervenir en este tipo de procedimientos. Del mismo modo, hay Estados que la admiten como causal para excepcionarse del cumplimiento de obligaciones tributarias y previsionales y otras de carácter personal, como es la de formar parte de un jurado, sobre la base del respeto a las creencias religiosas, a las convicciones filosóficas de las personas que la invocan.

Precisó que en Chile, el tema de la objeción de conciencia se ha planteado fundamentalmente por parte de los testigos de Jehová, quienes la han invocado a través de recursos de protección que han sido rechazados por los tribunales de justicia, mediante cuya interposición han pretendido evitar que se practiquen a su respecto determinados procedimientos médicos en los establecimientos hospitalarios, como es el caso de las transfusiones de sangre, por ser contrarios a sus creencias.

Admitió que si se incorporase la objeción de conciencia como causal de exclusión del servicio militar probablemente habrá un aumento en el número de personas que tratarán de ampararse en ella para soslayar el cumplimiento de esta carga pública, como ocurrió en España, razón por la cual se debe legislar con cautela sobre el particular. Opinó que sería aconsejable en tal caso establecer una alternativa sustitutoria del servicio militar, que podría traducirse en la prestación de servicios sociales que importen una carga y un sacrificio para las personas, puesto que la sola introducción de la objeción de conciencia, sin que se establezca ninguna ninguna contrapartida ni se pondere suficientemente el motivo en que se funda, podría significar en la práctica el término de la obligatoriedad del servicio militar, lo que no está permitido por la Constitución Política de la República.

El profesor señor Zapata opinó que la incorporación de la objeción de conciencia como causal de exclusión del servicio militar obligatorio no vulnera el inciso segundo del artículo 22 de la Carta Fundamental. Indicó que la definición de los “términos y formas” en que se hace efectiva la obligatoriedad del servicio militar y demás cargas personales le compete a la ley, en virtud de lo que dispone el inciso tercero de la citada norma, de modo que pueden introducirse excepciones. El servicio militar no es sino una forma de cumplir con los deberes fundamentales a que se refiere el inciso segundo del artículo 22.

Indicó que debe considerarse que la Constitución Política de la República se inspira en una antropología humanista, que coloca a la dignidad de las personas como aspecto central, de modo que el Estado está al servicio de ella, lo que se manifiesta claramente en el artículo 1º, que establece que el bien común consiste en asegurar a todas las personas un conjunto de condiciones que permitan su mayor realización material y espiritual posible.

Estimó que violenta gravemente la dignidad humana, la libertad de conciencia e incluso la libertad de expresión, el que se obligue a una persona a ser portadora o sujeto de un mensaje político o moral que repugna profundamente a sus convicciones más profundas.

Hizo presente que existe una diferencia importante entre las obligaciones tributarias, que no admiten la posibilidad de que las personas puedan exonerarse de su cumplimiento por razones de objeción de conciencia, y las cargas personales, como el servicio militar, que implica forzar a la gente a adiestrarse en el uso de las armas aun cuando ello contravenga sus íntimas convicciones morales, lo que no parece justo.

A mayor abundamiento, sostuvo que en el proyecto de ley en comento se han incorporado causales de exclusión del servicio militar que guardan relación con el desarrollo material de las personas, como es el caso de la que beneficia a quienes el cumplimiento del servicio militar ocasione un grave deterioro en la situación socio-económica de su grupo familiar del cual constituyan su única fuente de ingreso.

III. ARTÍCULO MODIFICADO.

Las indicaciones propuestas en la Sala dicen relación con la incorporación del número 7, nuevo, y con modificaciones en los numerales 18, 19, 24 y 29 del artículo 1°, permanente, que fueron discutidas y votadas del modo que se indica seguidamente.

Artículo 1°

Consta de 40 numerales, que introducen modificaciones en el decreto ley N° 2.306, de 1978, que dicta normas sobre reclutamiento y movilización de las Fuerzas Armadas.

Número 7, nuevo

La diputada señora Soto, doña Laura , y el Diputado señor Sánchez, don Leopoldo , presentaron una indicación que agrega el siguiente numeral 7, nuevo, al final del inciso primero del artículo 15, sustituyendo el punto final (.) por una coma (,) lo siguiente: “o en Carabineros.”

Durante el debate se dejó constancia de que el fundamento de dicha indicación reside en la necesidad de permitir que el deber militar pueda cumplirse en Carabineros de Chile y no sólo en las Fuerzas Armadas, como está establecido en el inciso primero del artículo 15.

En efecto, el artículo 15 dispone que el deber militar sólo puede cumplirse en el Ejército, Armada o Fuerza Aérea, y que los institutos, escuelas u organismos que impartan instrucción premilitar sólo pueden existir y funcionar bajo la dependencia directa del Ministerio de Defensa Nacional.

El Presidente de la Comisión declaró inadmisible la indicación por estimar que los Diputados autores de la misma carecen de atribuciones para legislar sobre el particular, debido a que se trata de una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República .

Número 18

Propone reemplazar el artículo 27, con objeto de crear la Comisión Nacional de Reclutamiento, encargada de la supervisión y control del proceso de reclutamiento y selección del contingente, y establecer sus funciones en los numerales 1) al 5).

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1. Del diputado señor Burgos, don Jorge , que agrega, a continuación del N° 5), el siguiente N° 6), nuevo:

“6) Emitir un pronunciamiento sobre las solicitudes en que se invoque la causal de exclusión indicada en el N° 7 del artículo 42. “

El fundamento de dicha propuesta reside en la necesidad de establecer, en consonancia con lo obrado en el número 19, que la Comisión Nacional de Reclutamiento deberá pronunciarse acerca de las solicitudes en que se invoque la objeción de conciencia como causal de exclusión del cumplimiento del servicio militar obligatorio.

-Fue aprobada por cinco votos a favor y tres en contra.

2. Del Diputado señor Letelier, don Juan Pablo , que agrega, a continuación del N° 5), el siguiente N° 6), nuevo:

“6) Proponer a las autoridades que corresponda las medidas necesarias para estimular la voluntariedad.”

Esta indicación se fundamenta en la conveniencia de otorgar a la Comisión Nacional de Reclutamiento la función de proponer a las autoridades que corresponda las medidas necesarias para estimular la voluntariedad del cumplimiento del servicio militar. Sin embargo, hubo consenso en estimarla innecesaria, por cuanto esta iniciativa legal destaca y garantiza suficientemente la idea de promover dicha voluntariedad.

-Fue rechazada por unanimidad.

Número 19

Propone sustituir el artículo 28, a fin de crear las Comisiones Especiales de Acreditación, a las cuales corresponderá el conocimiento y resolución de las reclamaciones que tengan por objeto hacer valer alguna de las causales de exclusión del servicio militar obligatorio. Determina su composición, según sean creadas en las capitales de provincia o en las comunas, regula su constitución y funcionamiento.

El diputado señor Burgos, don Jorge , presentó una indicación que intercala, en el inciso segundo, entre el guarismo “42” y la conjunción “y”, la siguiente expresión: “salvo la del N° 7,” precedida por una coma (,).

Esta propuesta tiene como fundamento eximir a las Comisiones Especiales de Acreditación de conocer de las reclamaciones que tengan por objeto hacer valer la objeción de conciencia como causal de exclusión del cumplimiento del servicio militar, en concordancia con lo obrado en el número anterior.

-Fue aprobada por cinco votos a favor y tres en contra.

Número 24

Propone incorporar los artículos 30 A a 30 F, nuevos, que regulan lo relativo al proceso de selección del contingente. Particularmente, el artículo 30 F propone establecer los casos en que son procedentes las modalidades alternativas de cumplimiento del servicio militar.

Se presentaron las siguientes indicaciones al artículo 30 F:

1. Del diputado señor Letelier, don Juan Pablo, que introduce las siguientes modificaciones en el inciso primero:

a) Elimínase la frase “el último año de” entre las palabras “cursando” y “enseñanza media”.

b) Agrégase, después de la expresión “enseñanza media”, la frase “realizando su práctica profesional”, precedida por una coma (,).

El precepto contenido en el artículo 30 F permite a los varones que resulten convocados en virtud del sorteo general optar a modalidades alternativas de cumplimiento del servicio militar cuando cursan el último año de enseñanza media o estudios tendientes a la obtención de un título profesional o técnico de nivel superior en establecimientos de educación superior del Estado o reconocidos por éste.

La indicación pretende que todos los varones que cursen enseñanza media puedan optar por una sola vez entre alguna de estas modalidades alternativas y que también puedan hacerlo quienes se encuentren realizando su práctica profesional.

En relación con esta propuesta, el Diputado señor Leal hizo presente que hay jóvenes que están en edad de realizar el servicio militar, pero cursan tercero medio, de modo que se justifica plenamente permitir que ellos puedan optar por una medida alternativa de cumplimiento de esta carga pública, tal como los varones que cursan el último año de enseñanza media, pues con ello se les facilitaría la continuidad en los estudios y el término de los mismos.

Los diputados señores Bertolino y Ulloa fueron partidarios de rechazar la indicación, toda vez que la idea que subyace en el mencionado precepto es premiar con este beneficio a quienes están en edad de realizar el servicio militar justamente en el último año de enseñanza media o en el primer año en que cursan estudios superiores, lo que constituye la regla general.

Asimismo, hicieron presente que, durante la discusión del mencionado artículo, los representantes del Ejecutivo manifestaron su preocupación por cuanto una excesiva amplitud de la posibilidad que se brinda para optar por alguna modalidad alternativa de cumplimiento del servicio militar podría tener como efecto una notable disminución en el número de jóvenes que realizarán el servicio militar en la forma ordinaria.

-Fue aprobada por cinco votos a favor y tres en contra.

2. De la diputada señora Muñoz , doña Adriana , y de los Diputados señores Aguiló, don Sergio , y Montes, don Carlos , que introduce las siguientes modificaciones en el inciso primero:

a) Sustitúyese, en el N° 1, la frase “o al término de los estudios correspondientes.” por “o una vez obtenido el respectivo título profesional o técnico.”

b) Agrégase, a continuación del N° 3, el siguiente N° 4, nuevo:

“4.- Participación por un año en un servicio de carácter social.

El Presidente de la República , por decreto supremo, expedido por los Ministerios de Defensa y de Educación, determinará lugares alternativos para la realización de un servicio social.”

El número 1 del artículo 30 F dispone que una de las modalidades alternativas de cumplimiento del servicio militar puede consistir en la conscripción ordinaria, en forma inmediata o al término de los estudios correspondientes.

Mediante la indicación signada con la letra a), se pretende que esta modalidad pueda ser cumplida una vez obtenido el respectivo título profesional o técnico y no al término de los estudios correspondientes, como se establece en el artículo aprobado por la Comisión. Sin embargo, la mayoría de los Diputados presentes estimaron que la modificación propuesta entraba el cumplimiento de la conscripción ordinaria, puesto que la obtención del título profesional o técnico implica una exigencia mayor que el simple término de los estudios.

Por medio de la indicación signada con la letra b), se propone incorporar una nueva modalidad alternativa consistente en la participación en un servicio de carácter social.

-La indicación signada con la letra a), fue rechazada por seis votos en contra, uno a favor y una abstención.

-La indicación signada con la letra b), fue declarada inadmisible por el Presidente de la Comisión , por estimar que se trata de una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República y que, en consecuencia, los Diputados autores de la indicación carecen de atribuciones para legislar sobre el particular.

Número 29

Reemplaza el artículo 42, que establece las causales de exclusión del cumplimiento del servicio militar. Se incorporan causales que benefician a quienes la realización de este último ocasione un grave deterioro en la situación socio-económica de su grupo familiar del cual constituyan su única fuente de ingreso, a aquellos que hubieren contraído matrimonio con anterioridad al primer sorteo de selección de contingente y a determinados descendientes por consanguinidad de las personas a que se refiere la ley N° 19.123, que fueron víctimas de violaciones de los derechos humanos o de violencia política.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1. Del diputado señor Letelier, don Juan Pablo, que introduce las siguientes modificaciones en el inciso primero:

a) Elimínase en el numeral 3) el adjetivo “grave”.

b) Sustitúyese el numeral 4) por el siguiente:

“Las personas que hubieren contraído matrimonio, que estén en vías de ser padres o lo sean con anterioridad al primer sorteo de selección del contingente.”

Mediante esta indicación se pretende, por una parte, que en la primera causal mencionada no se exija gravedad en el deterioro de la situación socio-económica del grupo familiar, de modo de hacer menos rigurosos los requisitos de la misma y, por otra, permitir que puedan excusarse del cumplimiento del servicio militar las personas que estén en vías de ser padres o lo sean con anterioridad al primer sorteo de selección del contingente.

Si bien la primera idea no fue respaldada por la mayoría de los señores Diputados presentes, por cuanto hubo consenso en cuanto a que es más apropiado mantener la exigencia de gravedad a que alude el texto aprobado por la Comisión, la segunda propuesta fue acogida por estimarse que se refiere a una situación muy similar a la de quienes han contraído matrimonio con anterioridad al primer sorteo de selección del contingente, que justifica plenamente la exclusión.

-La indicación relativa a la letra b) fue aprobada por seis votos a favor y dos en contra. La referente a la letra a) fue rechazada por un voto a favor y siete en contra.

2. De las diputadas señoras Allende , Caraball , Ibáñez , Mella , Muñoz , Pérez , Saa , Sepúlveda , Soto , Tohá y Vidal , y de los Diputados señores Accorsi , Aguiló, Araya , Ascencio , Barrueto , Becker , Burgos , Bustos , Ceroni , Cornejo , Espinoza , González , Girardi , Jaramillo , Jarpa , Leal ; Letelier, don Juan Pablo ; Letelier, don Felipe ; Longton , Lorenzini , Luksic , Meza , Montes , Mora, Mulet , Muñoz , Navarro , Ojeda , Olivares , Ortiz , Palma, Paredes; Pérez, don José ; Pérez, don Aníbal ; Quintana , Riveros , Robles , Rossi , Saffirio , Salas, Sánchez , Seguel , Silva , Tapia , Tarud , Tuma , Valenzuela , Venegas , Vilches , Villouta y Walker , que agrega, en el inciso primero, el siguiente número:

“7.- Las personas cuyas íntimas e imperiosas convicciones religiosas, humanitarias o filosóficas les impidan, en conciencia, el ejercicio de la actividad militar. Sin embargo, esta causal no podrá invocarse cuando estuviere vigente lo dispuesto en el N° 1 del artículo 40 de la Constitución Política de la República.

Las personas que invoquen esta causal deberán presentar ante la Comisión Nacional de Reclutamiento una solicitud escrita, firmada ante notario, que sustente la exclusión invocada.

La Comisión Nacional de Reclutamiento deberá pronunciarse sobre la solicitud dentro del plazo de treinta días corridos, contado desde la fecha de la presentación. Cuando lo estime indispensable, podrá citar al solicitante o requerir informes a instituciones religiosas o humanitarias, con objeto de allegar antecedentes para su pronunciamiento.

La resolución que dicte la Comisión Nacional de Reclutamiento deberá ser notificada por carta certificada al interesado.

En contra de la resolución que deniegue la causal de exclusión invocada, podrá interponerse un recurso ante la Corte de Apelaciones del domicilio del solicitante, el cual se tramitará y fallará conforme a las normas del recurso de protección, salvo que no procederá la apelación ante la Corte Suprema.

Las personas que sean excluidas del Servicio Militar en virtud del número 7 podrán ser convocadas al cumplimiento de lo dispuesto en el inciso final del artículo 24 o en el número 2 del artículo 30 F.”

Mediante esta indicación se pretende incorporar la objeción de conciencia como causal de exclusión del cumplimiento del servicio militar, que es definida en el texto propuesto como aquellas íntimas e imperiosas convicciones religiosas, humanitarias o filosóficas que impiden, en conciencia, a la persona que la invoca el ejercicio de la actividad militar.

Además, en concordancia con las indicaciones aprobadas en los numerales anteriores, se regula el procedimiento a que debe someterse la tramitación de la solicitud de exclusión ante la Comisión Nacional de Reclutamiento y el plazo dentro del cual aquélla deberá pronunciarse. Asimismo, se consagra el derecho de interponer, ante la Corte de Apelaciones respectiva, un recurso en contra de la resolución que deniega esta causal, el que se regirá en cuanto a su tramitación, en términos generales, por las normas aplicables al recurso de protección.

Del mismo modo, se establece que las personas que sean excluidas del cumplimiento del servicio militar por esta causal podrán ser convocadas para servir en la Defensa Civil de Chile por un tiempo equivalente, en conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 24, o bien, para prestar servicios vinculados a sus estudios en aquellas profesiones que interesen a las Fuerzas Armadas, de acuerdo con el número 2 del artículo 30 F. En todo caso, se hace presente que la causal no podrá invocarse cuando esté vigente lo dispuesto en el número 1 del artículo 40 de la Carta Fundamental, es decir, en los casos en que haya una situación de guerra externa y el Presidente de la República declare el territorio nacional en estado de asamblea.

En el debate habido en relación con esta propuesta, el Diputado señor Leal comentó que en este proyecto se ha acogido una causal de exclusión del cumplimiento del servicio militar que constituye una materialización de la objeción de conciencia, cual es la que favorece a los descendientes por consanguinidad en línea recta y en línea colateral, ambos hasta el segundo grado inclusive, de las personas que fueren familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política. Acotó que incluso reglamentariamente las instituciones excluyen del cumplimiento de esta carga pública a las personas que pertenecen a determinadas religiones.

El señor diputado señor Álvarez sostuvo, por su parte, que existen diferencias entre una decisión que puedan adoptar las instituciones de las Fuerzas Armadas en el sentido de no incorporar a sus filas a un determinado grupo de personas que sustenta creencias religiosas que son contrarias a la realización del servicio militar y el hecho de establecer en virtud de una ley la objeción de conciencia. Reconoció que existe un límite para el Estado en cuanto a lo que le está permitido exigir a las personas como carga pública, pero destacó la importancia de determinar en qué casos es posible admitir la objeción de conciencia como causal de exclusión del cumplimiento de las obligaciones.

Se tuvo presente, fundamentalmente, la opinión expresada por los académicos señores Raúl Bertelsen y Patricio Zapata en cuanto a que en los incisos primero y segundo del artículo 22 de la Carta Fundamental se han consagrado deberes inexcusables, a diferencia de los incisos tercero y cuarto, que se refieren a las cargas personales especiales que genéricamente se enmarcan dentro de la obligación militar. En este último caso, la ley tiene competencia para establecer los términos y formas de obligatoriedad del servicio militar y de las demás cargas públicas, así como también las excepciones legales de inscripción en los registros militares.

-Fue aprobada por cinco votos a favor y tres en contra.

IV. ARTÍCULO NUEVO INTRODUCIDO.

El diputado señor Burgos, don Jorge , presentó una indicación que incorpora el siguiente artículo cuarto transitorio, nuevo:

“Artículo cuarto.- El Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Subsecretario de Guerra, dictará, dentro del plazo de noventa días, contado desde la publicación de esta ley, un reglamento para el funcionamiento de la Comisión Nacional de Reclutamiento y de las Comisiones Especiales de Acreditación.

En este reglamento, necesariamente deberá contemplarse un procedimiento que asegure a las personas de domicilio distinto al de funcionamiento de la Comisión Nacional de Reclutamiento la expedita posibilidad de hacer valer los derechos que otorga la ley.”

Durante el debate se hace presente que el inciso segundo de la norma propuesta básicamente tiene por objeto cautelar el derecho de quienes invoquen la objeción de conciencia como causal de exclusión del cumplimiento del servicio militar obligatorio, toda vez que sobre aquélla debe pronunciarse la Comisión Nacional de Reclutamiento, que funciona en un nivel central, y no las Comisiones Especiales de Acreditación, que conocen las reclamaciones que tengan por objeto hacer valer todas las demás causales de exclusión y que serán constituidas en el nivel provincial o comunal.

-Fue aprobado por cinco votos a favor y tres en contra.

V. INDICACIONES INADMISIBLES Y RECHAZADAS.

Indicaciones inadmisibles

1. De la diputada señora Soto, doña Laura , y del Diputado señor Sánchez, don Leopoldo , que agrega el siguiente numeral 7, nuevo, al final del inciso primero del artículo 15, sustituyendo el punto final por una coma (,) lo siguiente: “o en Carabineros.”

El fundamento de dicha declaración reside en que se trata de una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República y, en consecuencia, los Diputados autores de la indicación carecen de atribuciones para legislar sobre el particular.

2. De la diputada señora Muñoz , doña Adriana , y de los Diputados señores Aguiló, don Sergio , y Montes, don Carlos , que agrega, en el inciso primero, a continuación del N° 3, el siguiente N° 4, nuevo:

“4.- Participación por un año en un servicio de carácter social.

El Presidente de la República , por decreto supremo, expedido por los Ministerios de Defensa y de Educación, determinará lugares alternativos para la realización de un servicio social.”

El fundamento de dicha declaración reside en que se trata de una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República y, en consecuencia, los Diputados autores de la indicación carecen de atribuciones para legislar sobre el particular.

Indicaciones rechazadas

1. Del diputado señor Letelier, don Juan Pablo , que agrega, a continuación del N° 5), el siguiente N° 6, nuevo:

“6) Proponer a las autoridades que corresponda las medidas necesarias para estimular la voluntariedad.”

2. De la diputada señora Muñoz , doña Adriana , y de los Diputados señores Aguiló, don Sergio , y Montes, don Carlos , que sustituye en el N° 1 del inciso primero, la frase “o al término de los estudios correspondientes.” por “o una vez obtenido el respectivo título profesional o técnico.”

3. Del diputado señor Letelier, don Juan Pablo , que elimina, en el N° 3 del inciso primero, el adjetivo “grave”.

V. TEXTO DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN.

En mérito de lo expuesto y por las consideraciones que, en su oportunidad, dará a conocer el señor Diputado informante , la Comisión de Defensa Nacional recomienda la aprobación del siguiente proyecto de ley en el cual se han introducido correcciones de carácter formal

PROYECTO DE LEY

“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley Nº 2.306, de 1978:

1. Reemplázase el artículo 3º por el siguiente:

“Artículo 3º.- El Servicio de Registro Civil e Identificación deberá remitir anualmente a la Dirección General de Movilización Nacional, dentro de los diez primeros días del mes de enero, la nómina de las personas que cumplan dieciocho años de edad en el respectivo año, con indicación del rol único nacional, la fecha de nacimiento y el lugar de residencia de las mismas, con objeto de materializar su inscripción automática en el Registro Militar . Asimismo, deberá remitir mensualmente la nómina de las personas de dieciocho a cuarenta y cinco años de edad que hubieren fallecido en el respectivo mes.”

2. Sustitúyese el inciso segundo del artículo 6º por el siguiente:

“La Dirección General estará a cargo de un Oficial General del Ejército, Armada o Fuerza Aérea que, con el título de Director General de Movilización Nacional, será el jefe superior del servicio y dependerá directamente del Ministro de Defensa Nacional .”

3. Modifícase el artículo 7º del modo que se indica a continuación:

a) Reemplázanse, en el inciso segundo, las letras a) y b) por las siguientes:

“a) La elaboración del Registro Militar y de la Base de Conscripción, la distribución y la convocatoria de las personas y la realización de los sorteos en conformidad con este decreto ley.

b) La participación en la selección de las personas convocadas, en conjunto con las restantes autoridades que señala este decreto ley, en lo relativo al cumplimiento de las obligaciones del servicio militar.”

b) Intercálase, a continuación de la letra b), la siguiente letra c), nueva, pasando las letras c) a k) a ser d) a l), respectivamente:

“c) La integración en la Comisión Nacional de Reclutamiento, por medio de su Director General , y en las Comisiones Especiales de Acreditación, a través de representantes, quienes se desempeñarán como secretarios de las mismas y nombrarán a los correspondientes oficiales de reclutamiento que participarán en ellas.”

4. Reemplázase el artículo 8° por el siguiente:

“Artículo 8º.- En todos aquellos casos en que no exista un procedimiento especialmente previsto, las resoluciones que dicte la Dirección General, respecto de las solicitudes que presenten las personas afectas a este decreto ley, serán reclamables administrativamente ante el Subsecretario de Guerra y de su resolución podrá recurrirse ante el Ministro de Defensa Nacional , quien resolverá oyendo al Comité de Auditores Generales.”

5. Agrégase, a continuación del artículo 13, el siguiente artículo 13 A, nuevo:

“Artículo 13 A.- El cumplimiento de las obligaciones que impone este decreto ley se acreditará con el documento de situación militar expedido por el Cantón de Reclutamiento correspondiente, en la forma que determine el reglamento.”

6. Reemplázase el artículo 14 por el siguiente:

“Artículo 14.- Para los efectos de este decreto ley, las personas serán clasificadas en la siguiente forma:

a) Base de Conscripción;

b) Servicio Activo, y

c) Reserva.”

7. Sustitúyese el artículo 17 por el siguiente:

“Artículo 17.- Estarán exentos del deber militar, mientras permanezcan en sus cargos:

1. El Presidente de la República; los Ministros de Estado y aquellos que tengan dicho rango; los Subsecretarios; el Contralor General de la República; los Consejeros del Banco Central; el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, y los jefes superiores de los servicios de la Administración del Estado.

2. Los Senadores y los Diputados.

3. Los jueces de garantía, los jueces de los tribunales de juicio oral, los Fiscales del Ministerio Público, el Defensor Nacional y los Defensores regionales y locales.

4. Los ministros de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones; los Secretarios, Relatores y los Fiscales de estos tribunales; los Jueces y los Secretarios de Juzgados de Letras; los funcionarios que ejercen el Ministerio Público Militar, y los miembros del Tribunal Constitucional y del Tribunal Calificador de Elecciones.

5. Los embajadores; los ministros Plenipotenciarios; los Encargados de Negocios; los Consejeros; los Secretarios de Embajadas y Legaciones; los Cónsules, y los Agentes Consulares.

6. Los Intendentes, los Gobernadores y los Alcaldes.

7. Los ministros de culto pertenecientes a iglesias, confesiones o instituciones religiosas que gocen de personalidad jurídica de derecho público, siempre que acrediten su calidad de tales mediante certificación expedida por sus respectivas entidades religiosas.

8. Los que ejerzan cargos que no puedan ser abandonados por razones de interés nacional, previa calificación del Presidente de la República.

Estarán igualmente exentas del deber militar las madres de menores de dieciocho años.”

9. Reemplázase la denominación del Capítulo I, del Título Cuarto, por: “Del Registro Militar y de la Base de Conscripción”.

10. Sustitúyese el artículo 18 por el siguiente:

“Artículo 18.- Todos los chilenos que cumplan dieciocho años de edad integrarán el Registro Militar , el que será actualizado por la Dirección General con la información que le proporcione anualmente el Servicio de Registro Civil e Identificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 3°.”

11.- Agréganse, a continuación del artículo 18, los siguientes artículos 18 A y 18 B, nuevos:

“Artículo 18 A.- Para los efectos del Registro Militar , las personas que cumplan diecisiete años de edad deberán actualizar su residencia o domicilio en el Servicio de Registro Civil e Identificación.

Se considerarán válidas todas las notificaciones o actuaciones que se efectuaren a las personas a que se refiere el artículo anterior en la residencia o domicilio registrado en el mencionado Servicio.”

Artículo 18 B.- El Presidente de la República podrá ordenar a la Dirección General la actualización parcial o total de los datos contenidos en el Registro Militar respecto de las personas que hubiesen cumplido entre 20 y 45 años de edad.”

12.- Sustitúyese el artículo 20 por el siguiente:

“Artículo 20.- La cantidad de contingente que debe acuartelarse cada año será determinada por el Presidente de la República a proposición del Ministro de Defensa Nacional , conforme a los requerimientos efectuados por las Fuerzas Armadas.”

13.- Reemplázase el artículo 21 por el siguiente:

“Artículo 21.- La Base de Conscripción es el conjunto de personas que están sujetas a la obligación de cumplir el servicio militar. Será elaborada anualmente por la Dirección General y publicada en la forma que determine el reglamento.

Pertenecerán a la Base de Conscripción los varones que integren el Registro Militar del año en curso, los disponibles del año anterior y los que por enfermedad o por haber estado procesados por delitos que no merezcan pena aflictiva o por haber sido condenados a una pena inferior, se hallaban imposibilitados para realizar el servicio militar en el año en que les correspondía hacerlo.

Los varones que no hayan sido sorteados en la primera convocatoria integrarán, además, la Base de Conscripción del año siguiente, por segunda y última vez, siempre que la clase correspondiente de ese año no alcance a completar las necesidades de las Fuerzas Armadas.”

14.- Sustitúyese el artículo 22 por el siguiente:

“Artículo 22.- Los varones pertenecientes a la Base de Conscripción deberán concurrir a las citaciones que les hicieren las autoridades de reclutamiento para integrar el contingente que será convocado al servicio militar. En caso de privación de libertad, el jefe del respectivo establecimiento penal informará al Cantón de Reclutamiento correspondiente las circunstancias de la misma.”

15.- Elimínase el inciso final del artículo 23.

16.- Reemplázase el artículo 24 por el siguiente:

“Artículo 24.- Los varones declarados aptos para el servicio militar que no fueron acuartelados formarán durante un año más la categoría de disponibles, y quedarán sujetos a las obligaciones que señalan este decreto ley y su reglamento.

Asimismo, quedarán en calidad de disponibles los varones que en el momento de resultar sorteados residan en el extranjero y mientras permanezcan fuera de Chile, circunstancia que deberán acreditar en el consulado correspondiente, en la forma que determine el reglamento.

Los varones de esta categoría podrán ser destinados a servir en la Defensa Civil de Chile hasta por un tiempo equivalente al de la conscripción, o ser incluidos en la lista de llamados en las condiciones que señala el artículo 30 A.”

17.- Reemplázase la denominación del Capítulo II, del Título Cuarto, por: “De la Selección.”

18. Agregase, a continuación del Capítulo II, del Titulo IV, el siguiente párrafo I, nuevo: “Párrafo I del Control de la Selección”.

19. Sustitúyese el artículo 27 por el siguiente:

“Artículo 27.- Créase la Comisión Nacional de Reclutamiento, que estará encargada de la supervisión y control del proceso de reclutamiento y selección del contingente. Será convocada anualmente por el Ministro de Defensa Nacional y estará integrada por el Subsecretario de Guerra, quien la presidirá, por los Subsecretarios de Justicia, de Educación, de Salud y de Planificación y Cooperación, por el Director General, y por un Oficial Superior de las Fuerzas Armadas, designado por el Subsecretario de Guerra a proposición del Director General , quien se desempeñará como secretario de la Comisión.

Corresponderá a la Comisión Nacional de Reclutamiento, especialmente:

1) Supervisar las actividades del proceso de reclutamiento y selección del contingente y velar por el cumplimiento de este decreto ley y su reglamento.

En particular, deberá ejercer la supervisión y control de las siguientes actividades específicas:

a) El uso de la información y de las nóminas proporcionadas por el Servicio de Registro Civil e Identificación; la elaboración, actualización, difusión y utilización del Registro Militar, de la Base de Conscripción, de las bases para los sorteos general y final, de las nóminas de voluntarios y de la lista de llamados, y la publicación oportuna y eficaz de las convocatorias y resultados del proceso de selección y reclutamiento;

b) La realización de los sorteos que contempla este decreto ley, y

c) La evaluación de la aptitud para realizar el servicio militar en el proceso de selección del contingente a que se refiere el artículo 30 D.

2) Constituir, bajo su dependencia, las Comisiones Especiales de Acreditación y ejercer la dirección de las actividades que éstas lleven a cabo.

3) Informar al Ministro de Defensa Nacional respecto del proceso de reclutamiento y selección del contingente.

4) Solicitar informes a los diferentes organismos que intervengan en el proceso de reclutamiento y selección sobre cualquier materia que sea de su competencia.

5) Solicitar, a las autoridades que corresponda la destinación en comisión de servicio de representantes y peritos de entre los funcionarios de la Administración del Estado, para el cumplimiento de las funciones de la Comisión Nacional de Reclutamiento a que se refiere este Capítulo.

6) Emitir un pronunciamiento sobre las solicitudes en que se invoque la causal de exclusión indicada en el N° 7 del artículo 42. “

20. Reemplázase el artículo 28 por el siguiente:

“Artículo 28.- La Comisión Nacional de Reclutamiento constituirá Comisiones Especiales de Acreditación, en aquellas provincias o comunas del país que determine el reglamento, en función de la extensión territorial de la jurisdicción de los Cantones de Reclutamiento respectivos y del tamaño de su población.

Corresponderá a las Comisiones Especiales de Acreditación conocer las reclamaciones que tengan por objeto hacer valer alguna de las causales de exclusión del servicio militar obligatorio a que se refiere el artículo 42, salvo la del Nº 7, y resolverlas sobre la base de los antecedentes que acrediten dichas causales, en conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 30 C, y ejercer las demás facultades previstas en este decreto ley.

Las Comisiones Especiales de Acreditación serán presididas por un delegado del Presidente de la Comisión Nacional de Reclutamiento y estarán integradas por profesionales de la Administración del Estado en representación de los Ministerios de Justicia, Educación, Salud y del Instituto Nacional de la Juventud, designados por el respectivo Intendente, por un Oficial representante de las Fuerzas Armadas nombrado por el Comandante de Guarnición de mayor antigüedad, y por un representante del Director General, designado por este último, quien se desempeñará como secretario de la Comisión.

Las Comisiones Especiales de Acreditación se constituirán en el momento de efectuarse el sorteo general y funcionarán en conformidad con las normas de organización y procedimiento que establezca el reglamento, bajo la dirección y dependencia directa de la Comisión Nacional de Reclutamiento.”

21.- Agregase, a continuación del Capítulo II, del Título Cuarto, el siguiente párrafo II, nuevo: “Párrafo II del Proceso de Selección del Contingente”.

22.- Sustitúyese el artículo 29 por el siguiente:

“Artículo 29.- Para la realización del servicio militar se seleccionará preferentemente a las personas que hayan manifestado su decisión de presentarse voluntariamente a su cumplimiento o de efectuarlo voluntariamente, y que cumplan con los requisitos legales, reglamentarios y de salud. En el caso de que los voluntarios varones no sean suficientes para enterar el contingente a que alude el artículo 20, se completará la cantidad faltante mediante los sorteos que contempla esta ley.”

23.- Agrégase el siguiente artículo 29 A, nuevo:

“Artículo 29 A.- Los varones que integren la Base de Conscripción podrán concurrir al Cantón de Reclutamiento respectivo para manifestar su decisión de presentarse voluntariamente a cumplir con la obligación de realizar el servicio militar.

Las mujeres que pertenezcan a las clases comprendidas en el correspondiente llamado podrán concurrir al Cantón de Reclutamiento respectivo para manifestar su decisión de efectuar voluntariamente el servicio militar.

Dichas personas serán incluidas en la lista de llamados en calidad de voluntarios, una vez que el Cantón de Reclutamiento verifique el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el artículo anterior.

Asimismo, las personas sin instrucción militar de entre veinte y veinticuatro años de edad podrán, igualmente, manifestar su decisión de efectuar voluntariamente el servicio militar en los términos de este artículo.”

24.- Reemplázase el artículo 30 por el siguiente:

“Artículo 30.- Para completar la cantidad del contingente que debe acuartelarse anualmente, y que no se entere con los varones incluidos como voluntarios, la Dirección General realizará un primer sorteo público, denominado sorteo general, entre quienes conformen la Base de Conscripción, con exclusión de dichos voluntarios.

Corresponderá a la Dirección General determinar el número de varones que deberán ser sorteados y velar por que dicho sorteo se efectúe en forma proporcional a la Base de Conscripción de cada comuna.”

25.- Agréganse, a continuación del artículo 30, los siguientes artículos 30 A a 30 F, nuevos:

“Artículo 30 A.- La lista de llamados para el cumplimiento del servicio militar estará conformada por los varones que determine el sorteo general y por aquellas personas que tengan la calidad de voluntarias según lo dispone el artículo 29 A.

Artículo 30 B.- Los varones convocados en virtud del sorteo general podrán recurrir a la correspondiente Comisión Especial de Acreditación con objeto de hacer valer las causales de exclusión que correspondan, en conformidad con el artículo 42.

La reclamación se interpondrá por escrito ante cualquier Cantón de Reclutamiento, dentro de los treinta días siguientes a la publicación de los resultados del sorteo general, acompañando los documentos o antecedentes que le sirvan de fundamento.

Artículo 30 C.- Los Cantones de Reclutamiento remitirán a la Comisión Especial de Acreditación competente las reclamaciones y sus antecedentes, dentro de tercero día hábil a partir de la interposición de la reclamación.

Dicha Comisión podrá solicitar, a toda persona natural o jurídica, antecedentes, datos e informes relativos a las reclamaciones de que conozca, la que estará obligada a proporcionárselos en el plazo que se le señale.

Cada reclamación será resuelta en el plazo de treinta días, contado desde la recepción de la misma por la Comisión, y la resolución se notificará al Cantón de Reclutamiento respectivo, el que la pondrá en conocimiento del reclamante dentro de quinto día hábil.

Artículo 30 D.- Corresponderá a las Fuerzas Armadas evaluar la aptitud para realizar el servicio militar de las personas convocadas en calidad de voluntarias y de los varones seleccionados por el sorteo general cuyas reclamaciones fueren rechazadas conforme al procedimiento establecido en el artículo 30 C, o que no presentaren reclamaciones.

Para cumplir con esta función, las instituciones de las Fuerzas Armadas comisionarán a personal especializado de su dependencia, el que procederá a examinar a las personas a que se refiere el inciso anterior, en conformidad con los criterios técnicos y procedimientos que fije un reglamento de selección de soldados conscriptos para las Fuerzas Armadas.

Se dejará constancia, en el acta reservada de selección del contingente, del hecho de que una persona haya sido declarada no apta para el cumplimiento del servicio militar. La violación de esta reserva será sancionada conforme a las normas legales vigentes.

Artículo 30 E.- Cuando el número de varones declarados aptos exceda la cantidad de contingente a que se refiere el artículo 20, se realizará un segundo sorteo público, denominado sorteo final, el que, con exclusión de los voluntarios aptos, determinará quiénes de entre ellos cumplirán con el servicio militar.

Artículo 30 F.- Los varones que se encontraren cursando enseñanza media, estudios tendientes a la obtención de un título profesional o técnico de nivel superior en establecimientos de educación superior del Estado o reconocidos por éste o realizando su práctica profesional, y que resultaren convocados en virtud del sorteo general tendrán derecho a optar, por una sola vez, entre las siguientes modalidades alternativas de cumplimiento del servicio militar:

1. Conscripción ordinaria, en forma inmediata o al término de los estudios correspondientes. En ambos casos, podrán optar por la institución de las Fuerzas Armadas y la unidad que sean de su preferencia.

2. Prestación, hasta por ciento ochenta días, de servicios vinculados a sus estudios en aquellas profesiones que interesen a las Fuerzas Armadas.

3. Participación, hasta por ciento cincuenta días, en cursos especiales para estudiantes de enseñanza media o de establecimientos de educación superior del Estado o reconocidos por éste.

El reglamento regulará las modalidades alternativas de cumplimiento del servicio militar a que se refieren los números anteriores, definirá las profesiones y cursos especiales que interesen a las Fuerzas Armadas y establecerá los procedimientos mediante los cuales éstas informarán a la Dirección General de sus requerimientos y disponibilidades.

Las solicitudes para optar a las modalidades alternativas de cumplimiento del servicio militar se presentarán por escrito ante cualquier Cantón de Reclutamiento, dentro de los treinta días siguientes a la publicación de los resultados del sorteo general.”

26.- Sustitúyese el artículo 31 por el siguiente:

“Artículo 31.- El Servicio Activo es la condición en que se encuentran las personas que han sido convocadas y están cumpliendo cualquier forma del deber militar.

El personal de planta de las Fuerzas Armadas y los subalféreces, cadetes, grumetes, aprendices y alumnos de las escuelas institucionales que no formen parte del personal de planta, pertenecen al Servicio Activo”.

27.- Reemplázase el artículo 32 por el siguiente:

“Artículo 32.- La Dirección General, a petición del interesado, podrá autorizar la anticipación del servicio militar, en calidad de voluntario, en la modalidad de conscripción ordinaria hasta en un año. Con todo, estas personas no podrán ser movilizadas antes de cumplir dieciocho años de edad.”

28.- Sustitúyese el artículo 33 por el siguiente:

“Artículo 33.- La Dirección General deberá considerar, en calidad de disponibles, a los deportistas que sean designados seleccionados nacionales por las correspondientes federaciones deportivas. Para tal efecto, en los meses de enero y julio de cada año, el Instituto Nacional de Deportes de Chile remitirá a la Dirección General una nómina que individualice a los deportistas que reúnan tal calidad, con indicación de los nombres completos, el rol único nacional, el domicilio y la fecha de nacimiento.”

29.- Reemplázase el artículo 35 por el siguiente:

“Artículo 35.- El servicio militar será de hasta dos años en el Ejército, Armada o Fuerza Aérea.

La convocatoria de las personas que cumplirán el servicio militar se hará por decreto supremo en el que deberá indicarse el tiempo de su duración.

Durante las situaciones de excepción, derivadas de guerra externa o interna, conmoción interior, emergencia y calamidad pública, el contingente en servicio activo permanecerá en las filas mientras lo requiera la seguridad de la Nación, circunstancia que será determinada por el Presidente de la República .

En casos especiales, podrá establecerse, por decreto supremo, una reducción del tiempo del servicio militar fijado en la convocatoria, o su cumplimiento fraccionado en períodos determinados.”

30.- Sustitúyese el artículo 42 por el siguiente:

“Artículo 42.- Quedan excluidos del cumplimiento del servicio militar:

1. Las personas que fueren declaradas no aptas por imposibilidad física o psíquica, según lo disponga el reglamento.

2. Los miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y el personal de Gendarmería de Chile.

3. Las personas a quienes el cumplimiento del servicio militar ocasione un grave deterioro en la situación socio-económica de su grupo familiar del cual constituyan su única fuente de ingreso.

4. Las personas que hubieren contraído matrimonio, que estén en vías de ser padres o lo sean con anterioridad al primer sorteo de selección del contingente.

5. Las personas que hubieren sido condenadas a pena aflictiva, salvo que la Dirección General las considere moralmente aptas. En todo caso, la amnistía extingue la causal de exclusión señalada en este numeral.

6. Los descendientes por consanguinidad en línea recta y en línea colateral, ambos hasta el segundo grado inclusive, de las personas a que se refiere el artículo 18 de la ley N° 19.123, que beneficia a familiares de víctimas de violaciones de los derechos humanos o de violencia política.

7. Las personas cuyas íntimas e imperiosas convicciones religiosas, humanitarias o filosóficas les impidan, en conciencia, el ejercicio de la actividad militar. Sin embargo, esta causal no podrá invocarse cuando estuviere vigente lo dispuesto en el N° 1 del artículo 40 de la Constitución Política de la República.

Las personas que invoquen esta causal deberán presentar ante la Comisión Nacional de Reclutamiento una solicitud escrita, firmada ante notario, que sustente la exclusión invocada.

La Comisión Nacional de Reclutamiento deberá pronunciarse sobre la solicitud dentro del plazo de treinta días corridos, contado desde la fecha de la presentación. Cuando lo estime indispensable, podrá citar al solicitante o requerir informes a instituciones religiosas o humanitarias, con objeto de allegar antecedentes para su pronunciamiento.

La resolución que dicte la Comisión Nacional de Reclutamiento deberá ser notificada por carta certificada al interesado.

En contra de la resolución que deniegue la causal de exclusión invocada, podrá interponerse un recurso ante la Corte de Apelaciones del domicilio del solicitante, el cual se tramitará y fallará conforme a las normas del recurso de protección, salvo que no procederá la apelación ante la Corte Suprema.

Las personas que se encuentren en las condiciones que se describen en los números 3, 4 y 6 podrán, no obstante, manifestar su decisión de presentarse voluntariamente al cumplimiento de la obligación de realizar el servicio militar, o de efectuarlo voluntariamente, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 A.

Las personas que sean excluidas del Servicio Militar en virtud del número 7 podrán ser convocadas al cumplimiento de lo dispuesto en el inciso final del artículo 24 o en el número 2 del artículo 30 F.

La exclusión del servicio militar no constituirá impedimento para el ejercicio del derecho a postular a las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas o a ingresar a las plantas civiles de las mismas, acreditando el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y de salud.

El reglamento determinará el procedimiento que deberá observar la Dirección General para dar cumplimiento a lo establecido en este artículo.”

31. Agrégase, en el Título Cuarto, a continuación del artículo 42, el siguiente Capítulo V, nuevo:

“CAPÍTULO V

De los Deberes y Derechos de los Soldados Conscriptos

Artículo 42 A.- Durante la realización del servicio militar obligatorio, los soldados conscriptos estarán especialmente obligados a dar cumplimiento a las órdenes que impartan los superiores y a las prescripciones y mandatos que constituyen la base fundamental del servicio, y deberán observar un comportamiento honorable compatible con esa carga pública.

Artículo 42 B.- Se asegura a las personas que se encuentren cumpliendo el servicio militar obligatorio el efectivo ejercicio del conducto regular, teniendo siempre derecho a ser oídas por la autoridad militar a cargo de la unidad o dependencia en que se desempeñen, con objeto de hacer presente cualquier situación de su interés.

Artículo 42 C.- Cuando existan razones fundadas para suponer que un soldado conscripto, con ocasión del cumplimiento del servicio militar, haya sido objeto de rigor injustificado, extralimitación de atribuciones, castigos no contemplados en el reglamento de disciplina o derivados de situaciones ajenas y que no afecten al servicio, o que haya sido víctima de tratamiento reñido con su dignidad y honor como persona, corresponderá a los padres o apoderados del afectado, según fuere el caso, reclamar por escrito de dicha situación ante la Oficina de los Derechos del Soldado Conscripto.

Lo establecido en este artículo es sin perjuicio del derecho que le asiste al soldado conscripto de reclamar por el debido conducto regular y del ejercicio de las acciones administrativas, penales y civiles a que haya lugar.

Artículo 42 D.- Cada institución de las Fuerzas Armadas contará con una Oficina de los Derechos del Soldado Conscripto, la que, bajo la dirección de un Oficial General en servicio activo, se encargará de supervisar y controlar la debida aplicación de las normas referidas a los derechos de los soldados conscriptos y de asesorar al Comandante en Jefe en esta materia.

Dicha oficina central contará con oficinas locales en los lugares donde existan guarniciones de la institución, las que recibirán las reclamaciones a que se refiere el artículo anterior y las derivarán a la oficina central. Las reclamaciones podrán presentarse, asimismo, ante cualquier Cantón de Reclutamiento, el que para esos efectos funcionará como oficina receptora, y las remitirá a la oficina central a través de la Dirección General.

El reglamento establecerá los procedimientos comunes y específicos conforme a los cuales los organismos descritos cumplirán las funciones a que se refiere este Capítulo.”

32. Sustitúyese el artículo 72 por el siguiente:

“Artículo 72.- Los que no concurrieren a las citaciones que las autoridades de reclutamiento les hicieren para los efectos de su selección, serán infractores y sufrirán la pena de inhabilitación absoluta temporal para el ejercicio de cargos y oficios públicos en su grado mínimo.”

33. Reemplázase el artículo 73 por el siguiente:

“Artículo 73.- Los que fueren seleccionados y no se presentaren a reconocer cuartel para cumplir con el servicio militar, se considerarán remisos y sufrirán la pena de inhabilitación absoluta temporal para el ejercicio de cargos y oficios públicos en su grado medio.

Las personas de la categoría de disponibles que fueren convocadas y no se presentaren a reconocer cuartel para cumplir con el servicio militar, serán consideradas remisas y sufrirán la pena a que se refiere el inciso anterior.

Las personas de la categoría de disponibles destinadas a la Defensa Civil de Chile que no se presentaren, serán sancionadas con multas de cuatro a ocho unidades tributarias mensuales.”

34. Agréganse, a continuación del artículo 73, los siguientes artículos 73 A y 73 B, nuevos:

“Artículo 73 A.- El cumplimiento de las penas que se establecen en los artículos 72 y 73 no exime o excluye del cumplimiento del servicio militar obligatorio, el que para estos efectos sólo podrá efectuarse en la modalidad de conscripción ordinaria.

Sin perjuicio de lo anterior, los infractores y los remisos a que se refieren el artículo 72 y los incisos primero y segundo del artículo 73, respectivamente, podrán solicitar la conmutación de la pena por la realización del servicio militar obligatorio en la modalidad de conscripción ordinaria por un período de dos años.”

“Artículo 73 B.- El que, con el propósito de ser eximido o excluido del servicio militar obligatorio, hiciere uso de documento o certificado falso, será sancionado en conformidad con lo dispuesto en los párrafos 4, 5 y 6 del Título IV del Libro II del Código Penal.

El que emitiere el mencionado documento o certificado falso será sancionado de acuerdo con las normas penales señaladas, y si fuere militar, en conformidad con lo dispuesto en el Título X del Libro III del Código de Justicia Militar.”

35. Reemplázase el artículo 75 por el siguiente:

“Artículo 75.- Los reservistas que, sin motivo justificado, no concurrieren al llamado cuando fueren movilizados, sufrirán la pena de presidio militar menor en cualquiera de sus grados. Este delito será considerado flagrante para el solo efecto de poner a los reservistas a disposición de la autoridad correspondiente.

Si sus servicios, por sus condiciones y aptitudes, fueren considerados útiles o necesarios para el logro de la finalidad que motivó la movilización, podrán ser destinados a prestarlos sirviéndoles de abono al entero de su pena el tiempo durante el cual los hubieren cumplido.

Si los servicios prestados se consideraren distinguidos, la autoridad que corresponde podrá, de oficio o a petición de parte, recomendar el indulto, según lo disponga el reglamento.”

36.- Sustitúyese el artículo 79 por el siguiente:

“Artículo 79.- Los que no cumplieren cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo 47 serán sancionados con las siguientes penas:

1. Multa de hasta cuatro unidades tributarias mensuales para los soldados reservistas con instrucción militar, y

2. Multa de hasta seis unidades tributarias mensuales para los Oficiales y Suboficiales de Reserva.”

37. Reemplázase el artículo 81 por el siguiente:

“Artículo 81.- Los que, requeridos por segunda vez, negaren, retardaren, falsearen o impidieren la entrega, dentro del plazo, de los informes que se les solicitaren con arreglo a lo dispuesto en los artículos 4º y 30 C, serán sancionados con multa de cuatro a treinta unidades tributarias mensuales.”

38. Sustitúyese el artículo 83 por el siguiente:

“Artículo 83.- Los delitos contemplados en este decreto ley, que por su naturaleza, pudieren perpetrarse en cualquier tiempo, se agravarán si se cometieren durante el estado de asamblea, pudiendo doblarse las penas pecuniarias, aumentarse en un grado las penas de inhabilitación, y hasta en dos grados las penas privativas de libertad.”

39. Modifícase la denominación del Capítulo II, del Título Séptimo, por: “De la Competencia”.

40. Reemplázase el artículo 87 por el siguiente:

“Artículo 87.- Todas las causas por delitos contemplados en este decreto ley serán de competencia de la justicia ordinaria, con excepción de los procesos que se instruyan con ocasión del delito previsto en el artículo 75, cuyo conocimiento corresponderá a la justicia militar”.

41. Deróganse los artículos 19, 25, 36, 37, 70, 71, 80, 82, 84, 86, 88 y 89.

Artículo 2°.- Mientras no se dicte el reglamento que establecerá las normas complementarias necesarias para la ejecución de esta ley, se mantendrá vigente la reglamentación actual, en todo lo que sea compatible con este cuerpo legal.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero.- Las causas que se encuentren en tramitación por delitos que actualmente contempla el decreto ley Nº 2.306, de 1978, continuarán substanciándose por los tribunales militares conforme al procedimiento previsto en dicho cuerpo legal.

Artículo segundo.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de ciento ochenta días contado desde la fecha de publicación de esta ley, mediante un decreto con fuerza de ley expedido por intermedio del Ministerio de Defensa Nacional, fije el texto refundido y actualizado del decreto ley N° 2.306, de 1978, que dicta normas sobre reclutamiento y movilización de las Fuerzas Armadas.

Artículo tercero.- Las disposiciones de esta ley entrarán en vigencia para el proceso de reclutamiento y selección siguiente al de la fecha de su publicación, con excepción de las normas de los Capítulos I y II del Título Cuarto, las que entrarán en vigor para el proceso correspondiente al año 2005.

Artículo cuarto.- El Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Subsecretario de Guerra, dictará, dentro del plazo de noventa días, contado desde la publicación de esta ley, un reglamento para el funcionamiento de la Comisión Nacional de Reclutamiento y de las Comisiones Especiales de Acreditación.

En este reglamento, necesariamente deberá contemplarse un procedimiento que asegure a las personas de domicilio distinto al de funcionamiento de la Comisión Nacional de Reclutamiento la expedita posibilidad de hacer valer los derechos que otorga esta ley.”

-o-

Se mantuvo como diputado informante al señor Leal, don Antonio .

Sala de la Comisión, a 15 de abril de 2004.

Tratado y acordado en sesiones de fechas 6 y 13 de abril de 2004, con la asistencia de los diputados señores Ulloa, don Jorge ( Presidente ); Álvarez, don Rodrigo ; Bauer, don Eugenio ; Bertolino, don Mario ; Burgos, don Jorge ; Cardemil, don Alberto ; Encina, don Francisco ; Ibáñez, doña Carmen ; Norambuena, don Iván ; Leal, don Antonio ; Mora, don Waldo , y Tarud, don Jorge .

Concurrieron, además, por la vía del reemplazo, los diputados señores Ascencio, don Gabriel, y Recondo, don Carlos.

(Fdo.): ELENA MELÉNDEZ URENDA , Abogado Secretaria de la Comisión ”.

Moción de las diputadas señoras María Eugenia Mella , Adriana Muñoz , Ximena Vidal , Laura Soto y de los diputados señores González , Bustos y Venegas . Crea la Defensoría de la Infancia. (boletín N° 3500-07)

“Vistos:

Lo dispuesto en los artículos 60 y 62 de la Constitución Política de la República; lo prevenido por la ley N° 18.918 orgánica constitucional y lo establecido por el Reglamento de la honorable Cámara de Diputados.

Considerando:

1. Que nuestro país es parte de la Convención de las Naciones sobre los Derechos del Niño del año 1990, cuando se suscribió y luego se ratificó unánimemente por ambas ramas del Congreso Nacional, siendo luego, el 14 de agosto de 1990 promulgada como ley de la República mediante el Decreto Supremo N° 830 del Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual fue publicado en el Diario Oficial del 27 de septiembre de 1990, fecha en que la Convención entró en vigencia en Chile.

2. Que la Convención obliga a nuestro país a adoptar todas las medidas tendientes a asegurar el desarrollo normal del niño, en todas las etapas de la infancia, es decir, desde su nacimiento hasta la adolescencia, y tanto en los aspectos físicos como psíquicos. Se trata de que el niño, en su entorno familiar se desarrolle integralmente, accediendo a la satisfacción de todas sus necesidades exenta de todo trato discriminatorio o que signifique un detrimento de su equilibrio psicoemocional, debiendo el Estado, siempre y en todo momento, adoptar los mecanismos, medidas y decisiones que signifiquen resguardar y proteger el adecuado uso y beneficio por parte de los niños de aquellos derechos.

Es en ese contexto que Chile, como Estado signatario de la Convención, debe adoptar políticas públicas, introducir innovaciones legislativas y aprobar regulaciones administrativas que se inspiren en el principio del respeto y promoción del “interés superior del niño”.

3. Que en nuestro país el Mideplán y el Servicio Nacional de Menores que es un organismo desconcentrado y que se vincula con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia, son los encargados de ejecutar los planes y diseñar las políticas públicas en materia de infancia, y velar además por el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño.

El Sename se apoya en organismos públicos y privados que se califican como colaboradores de su función y que reciben subsidios estatales por los programas de apoyo que prestan, sea en planes de protección hacia la infancia y adolescencia en riesgo social, sea a favor de la infancia y adolescencia infractora de la ley penal; convirtiéndose ambos en los dos ejes temáticos substanciales sobre los que discurre el accionar de dicho organismo.

Este esfuerzo desarrollado por el Sename ha sido encomiable, pero insuficiente para abordar todas las temáticas de protección de la infancia que impone al Estado chileno la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y su normativa complementaria, pues este órgano no posee las capacidades institucionales para fiscalizar adecuadamente el correcto cumplimiento de la labor que emprenden los órganos privados coadyuvantes de su función; asimismo, carece de la independencia necesaria para denunciar y hacer corregir los abusos e infracciones a la Convención como de otras leyes a favor de la infancia, cometidas por organismos gubernamentales, y; no está dotado de las competencias ni de la capacidad técnico científica para evaluar de manera integral todos los planes y políticas públicas que se desarrollan aportando con una voz crítica sobre la forma en que tales políticas y planes impactan sobre la infancia y la juventud chilena.

4. Que insistimos, no obstante que el Estado de Chile y los poderes Ejecutivo y Legislativo han efectuado un gran esfuerzo y han logrado enormes avances que demuestran la alta preocupación por la infancia, sin embargo, llegó el momento de dar un paso más, innovando institucionalmente en nuestro sistema público de promoción de los derechos de los niños, para lo cual proponemos la creación de un ente u organismo del más alto nivel, dotado de autonomía, de carácter constitucional, que cuente con atributos legales para representar ante todas las magistraturas públicas, con carácter vinculante, todas aquellas acciones o prácticas del sector público y privado que atenten contra los derechos de la infancia, velando porque el interés superior de los niños sea verdaderamente considerado y respetado.

Nuestra propuesta que hoy expresamos mediante este Proyecto de Reforma Constitucional, dice relación con la creación de un ente autónomo, no sólo con competencia para actuar en el plano político y administrativo sino que también judicial; expresando opiniones y juicios de valor sobre la forma en que se cumplen los derechos internacionalmente protegidos de los niños chilenos, como también interviniendo en toda clase de procesos judiciales, sea de la jurisdicción civil o penal, en que aparezcan vulnerados los derechos de los niños

Este organismo que proponemos, con rango constitucional, es un Defensor de la Infancia , autónomo e independiente, que tenga la más amplia libertad para realizar sus cometidos con prescindencia de cualquier presión, ya sea política, económica u de otra índole.

En la configuración de esta propuesta de innovación institucional hemos tomado como base de referencia a la figura del Ombudsman o defensor del pueblo, instituto que nacido primigeniamente en el derecho de los países escandinavos, como un delegado del parlamento, ha logrado a través del siglo XX, demostrar su idoneidad para actuar como órgano de control independiente de las actuaciones del Gobierno y de la administración, tanto desde un punto de vista político como administrativo. Su capacidad de control de las actuaciones alcanza incluso al análisis de mérito y oportunidad de las decisiones de la autoridad administrativa.

Hoy, la figura del ombudsman se ha replicado en países de muy distinta tradición jurídica. En Francia es el Médiateur de la République, que designado por la Asamblea Nacional actúa como su delegado, y sólo debe responder ante ésta por sus actuaciones. En España, la Constitución de 1978, se incorporó esta institución bajo la denominación de Defensor del Pueblo , nombre también empleado en Argentina, Perú y Colombia. En el Reino Unido y otros países de la Commonwealth, la institución se denomina Parliamentary Commissioner for Administration ; en Portugal Provedor de Justica y Difensore Cívico en la República de Italia

En cada uno de estos países la configuración jurídico institucionales es similar. Se trata de una persona más que de un órgano, que es designada atendidos sus méritos personales (idoneidad profesional, ascendiente social, respetabilidad, etc) por el Parlamento, siendo designado por un plazo determinado durante el cual son inamovibles en su cargo, y debiendo dar cuenta una vez al año al Parlamento sobre el cometido de su función. Sus opiniones o juicios, son considerados como juicios de autoridad que importan un severo reproche moral y político, que impacta ante la opinión pública y a partir de ese impacto estimula a las autoridades políticas y administrativas para reconducir sus actuaciones. Es más, muchas veces carece de potestades revocatorias propias de los actos que reprocha, pues a partir de su reproche se pueden activar otros dispositivos complementarios del sistema de control jurídico-político de la Administración.

Nuestra propuesta, como decíamos precedentemente, inspirada en la figura del Ombudsman, sin embargo pretende ir un poco más allá, quiere constituirse en una figura bifronte, que sea capaz también de actuar como una defensoría en el ámbito jurisdiccional, en el cual podrá hacerse parte en toda clase de procesos y gestiones judiciales en el ámbito civil o penal, en donde estén gravemente amenazados los derechos de los niños que son protegidos y promovidos por la Convención de las Naciones Unidas y por la legislación internacional y doméstica de complemento.

Actualmente la defensoría en juicio de los derechos del niño, está repartida en distintas organizaciones. Por una parte y por aplicación de las normas generales corresponderá al Ministerio Público la persecución criminal de los delitos en los cuales aparezcan comprometidos en su calidad de víctimas los menores y a la Defensoría Penal Pública hacerse parte, cuando el menor o quien lo tenga su cuidado y tutela no esté en condiciones de proveerse de una asesoría letrada particular, para hacer valer su derecho a un justo y debido proceso. Por otra parte, recientemente esta misma Cámara de Diputados ha aprobado una iniciativa que permitirá al Servicio Nacional de Menores hacerse parte y actuar como querellante particular en el caso de delitos graves, que atenten en contra de la integridad física, cuando un menor sea víctima del mismo.

A nuestro juicio, la solución que actualmente contempla en esta materia nuestro ordenamiento legal, es insuficiente, pues carece de un carácter sistémico, y por ende debilita la presencia en sede judicial de una entidad pública que contribuya a activar al órgano jurisdiccional para obtener la tutela de los derechos del niño que sean vulnerados. Por lo dicho, creemos que este Defensor de la Infancia que proponemos debiera también hacerse parte en los procesos, sea como querellante particular, sea como defensor de los niños, cuando se ven sus derechos gravemente amenazados o hayan sido conculcados, con lo cual, el Estado cumplirá una de sus tantas obligaciones internacionales como es asegurar la tutela jurisdiccional de los derechos de los niños y su acceso a un proceso que se verifique con estricto cumplimiento a todas las normas y principios que conforman la institución del debido proceso.

5. Que conforme se ha expuesto, además de las consideraciones relativas a las estadísticas sobre maltrato, abuso explotación, y abandono de la infancia en nuestro país, que se supone pretende alcanzar el bicentenario con estándares de desarrollo humano, que no sólo den cuenta de un mejoramiento de las condiciones económicas de nuestro pueblo sino que lo más importante, de un crecimiento equitativo y que demuestre una clara opción por los más desprotegidos.

Por tanto,

Los parlamentarios que suscriben vienen en proponer a la honorable Cámara, la aprobación de la siguiente

REFORMA CONSTITUCIONAL

“Artículo 1°.- Incorpórase el siguiente Capítulo nuevo, a continuación del actual artículo 89:

“Capítulo IX A

Del Defensor de la Infancia

Artículo 89 A: Un organismo autónomo, con personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, con el nombre de Defensor de la Infancia , velará por el pleno y estricto cumplimiento de la Convención Internacional de los derechos del niño, y los demás tratados internacionales suscritos por Chile en beneficio de la infancia y adolescencia, además de las normas constitucionales, legales y reglamentarias establecidas a favor de aquel grupo etáreo comprendido desde la concepción hasta los 18 años de edad; y por la defensa y protección de los intereses de dichas personas ante actos u omisiones de los órganos de las administraciones públicas y de todo otro organismo o persona natural o jurídica de carácter privado, que amenacen, perturben, restrinjan o vulneren los derechos y garantías de los mismos.

Para el cumplimiento de sus funciones, podrá inspeccionar la actividad de los órganos de la Administración del Estado, pudiendo formular sugerencias, recomendaciones, reparos y evacuar informes, de carácter vinculante, destinados a la adopción de medidas que corrijan o eviten las acciones u omisiones que afecten los derechos establecidos a favor de la infancia. Respecto de los privados, el Defensor podrá requerir por medio de resolución fundada el auxilio de la fuerza pública o de cualquier organismo público para representar, prevenir y detener la vulneración, restricción, amenaza o perturbación flagrante de los derechos de los niños, pudiendo, incluso, disponer de medidas preventivas en relación al infante, con el fin de que sea la justicia quien decida sobre su vida futura conforme a la ley. Tratándose de la vulneración de derechos que sea constitutiva de delito, el Defensor deberá activar las acciones ante el Ministerio Público y tendrá la calidad de parte en los procesos a que haya lugar por el sólo ministerio de la ley.

En los demás casos, el Defensor de la Infancia podrá ejercer las acciones judiciales a que haya lugar debiendo velar siempre por el interés superior del niño.

Artículo 89 B: Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones del defensor de la infancia, el cual deberá tener representación en todas las regiones del país a través de agencias desconcentradas territorialmente.

Artículo 89 C: El Defensor de la Infancia será nombrado por el Presidente de la República con el acuerdo de la Cámara de Diputados, adoptado por dos tercios de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto.

Para ser nombrado Defensor de la Infancia se requiere, a lo menos ser profesional, con al menos diez años ejercicio en un área vinculada a la defensa, protección o promoción de los derechos de la infancia, haber cumplido treinta y cinco aros de edad y poseer las demás calidades para ser ciudadano con derecho a sufragio.

El Defensor durará cinco años en su cargo, pudiendo ser reelegido por una sola vez, cesando en su cargo en todo caso al cumplir los setenta y cinco años de edad.

El Defensor de la Infancia gozará de inamovilidad en su cargo, y será inviolable por las opiniones que exprese o represente en las sugerencias, recomendaciones, y/o informes que emita en el ejercicio del mismo y le será aplicable lo dispuesto en el inciso 2° y 3° del artículo 58. No podrá, luego de ejercido el cargo, postular a ningún cargo de elección popular sino después de transcurridos cinco años.

Deberá informar al Presidente de la República y a la Cámara de Diputados, una vez al año, sobre la labor realizada durante dicho período, cuenta que será pública.”.”.