REPÚBLICA DE CHILECÁMARA DE DIPUTADOSLEGISLATURA 350ª, EXTRAORDINARIASesión 65ª, en miércoles 31 de marzo de 2004(Ordinaria, de 10.37 a 13.49 horas)		Presidencia de los señores Lorenzini Basso, don Pablo;		Leal Labrín, don Antonio y Hales Dib, don Patricio.		Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.		Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.REDACCIÓN DE SESIONESPUBLICACIÓN OFICIAL
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    ÍNDICE	I.-	ASISTENCIA	II.-	APERTURA DE LA SESIÓN	III.-	ACTAS	IV.-	CUENTA	V.-	ORDEN DEL DÍA	VI.-	PROYECTOS DE ACUERDO	VII.-	INCIDENTES	VIII.-	DOCUMENTOS DE LA CUENTA	IX.-	OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTAÍNDICE GENERALPág.	I.	Asistencia		7	II.	Apertura de la sesión		11	III.	Actas		11	IV.	Cuenta		11	-	Hora de votación de los proyectos de la Tabla		11	V.	Orden del Día.	-	Creación de la comuna de Alto Biobío. Primer trámite constitucional		11	VI.	Proyectos de acuerdo.	-	Adopción de medidas para evitar cierre de base antártica “Capitán Arturo Prat”. (Votación)		30	-	Creación de comuna de Rahue		31	VII.	Incidentes.	-	Revisión de rebaja presupuestaria de Bomberos de Chile. Oficio		34	-	Distribución de recursos para seguridad ciudadana en Octava Región. Oficios		35	-	Creación de incentivos para el empleo en Región del Maule. Oficios		35	-	Información sobre donaciones para fines deportivos y funcionamiento de club de tenis privado en recinto del Estadio Nacional. Oficios		36	-	Condiciones contractuales de los ciudadanos chilenos que cumplen funciones de seguridad en Irak. Oficio		37	-	Información sobre práctica de pseudo deporte denominado “todo vale”. Oficios		37	-	Subsidio para reparación de viviendas urbanas y rurales. Oficios		38	-	Sistemas de turnos médicos en campamentos mineros. Oficios		39	-	Pavimentación de camino en sector La Ramada, en San Fernando. Oficios		39	-	Mayores recursos humanos y financieros para el Servicio Agrícola y Ganadero. Oficios		40	-	Estudio de factibilidad de nuevo consultorio urbano en comuna de Victoria. Oficios		41	-	Reparación de la vía férrea de Temuco a Puerto Montt. Oficio		42	-	Información sobre recursos entregados por la Corfo para proyectos de inversión y desarrollo. Oficio		42	-	Información sobre la no ejecución de obras en comuna de Puerto Montt. Oficios		43	-	Exigencias y condiciones de Argentina para importación de avena desde Chile. Oficio		43	-	Investigación de olores en villa “Lomas de Lo Aguirre”, de Pudahuel. Oficio		44Pág.	-	Información relacionada con el otorgamiento de crédito fiscal a ciertas empresas. Oficios		44	-	Instalaciones de lomos de toro en comuna de Puerto Varas. Oficio		46	VIII.	Documentos de la Cuenta.	-	Proyectos de ley de origen en moción:	1.	De la diputada señora Muñoz, doña Adriana, y de los diputados señores Montes, Riveros, Bustos, Jaramillo, Saffirio, Encina, Burgos y Mora, que introduce sanciones a la trasgresión del límite al gasto electoral (boletín N° 3476-06)		47	2.	De los diputados señores Burgos, Ceroni, Araya, Riveros y Saffirio, que sustituye el artículo 526 del Código Orgánico de Tribunales, en lo concerniente al ejercicio de la profesión de abogado. (boletín N° 3477-07)		53	3.	De los diputados señores Prieto, Aguiló, Barros, Ceroni, Álvarez-Salamanca, Masferrer, Martínez, Urrutia y Walker, que dispone que los centros penitenciarios deben construirse a no menos de 20 kilómetros del radio urbano de la ciudad. (boletín N° 3478-07)		54	-	Oficios de la Excma. Corte Suprema, por los cuales remite su parecer en torno a los siguientes proyectos:	4.	Sustituye el N° 4 del artículo 323 del Código Orgánico de Tribunales. (boletín N° 3470-07)		56	5.	Modifica la ley N° 17.366, sobre propiedad intelectual, estableciendo un estatuto normativo especial respecto de los delitos de piratería y conexos con éste. (boletín N° 3461-03)		57	IX.	Otros Documentos de la Cuenta.	-	Notas de las Comisiones de Defensa Nacional y de Salud por las que comunican que han procedido a elegir como Presidentes a los Diputados señores Ulloa y Rossi, respectivamente.	1.	Comunicación:	-	Del señor Jefe de Bancada de Diputados PS-PRSD, por la cual indica que el diputado señor Montes reemplazará en forma permanente, a contar de esta fecha, al diputado señor Espinoza como Jefe de Bancada.	2.	Oficios:		Contraloría General de la República	-	Señor Sánchez, sobre acciones que estaría realizando el municipio de Puerto Aisén. 	-	Señor Mora, referente a eventuales irregularidades ocurridas en la Municipalidad de Antofagasta. 		Ministerio de Hacienda	-	Señor Delmastro, respecto a rechazo de gastos en capacitación de los dueños de un pequeño taller. 	-	Señor Espinoza, con relación a investigación sobre posible evasión tributaria. 	-	Señor Villouta, con referencia a efectos tributarios del valor negativo del IPC. 	-	Respuesta a proyecto de acuerdo 331, pago de contribuciones territoriales de los establecimientos deportivos fiscales, municipales y privados. 		Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones	-	Señor Felipe Letelier, sobre habilitación de oficinas de la Empresa Correos de Chile. 		Ministerio de Defensa Nacional	-	Señor Navarro, referente al transporte de material nuclear. 	-	Señor Navarro, con relación a la extracción de arena y de áridos desde las playas de Puerto Saavedra en la Novena Región. 		Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción	-	Señor García, relacionado con la situación de los Comités de Agua Potable Rural de la Novena Región.		Ministerio de Agricultura	-	Señor Felipe Letelier, con referencia a cobertura sobre el bono de producción agrícola familiar. 	-	Señor Espinoza, sobre antecedentes actuales e históricos sobre denuncias efectuadas en la Décima Región. 	-	Señor Bauer, relativo a sistema único de inspección en plantas faenadoras. 	-	Señor Hernández, con relación al caso Parmalat. 	-	Señor Uriarte, respecto del caso Parmalat. 	-	Señor Kast, referente al club deportivo Haras Los Cóndores comuna de San Bernardo. 	-	Señor Kuschel, relacionado con la situación de centros de acopio lechero de la Décima Región. 	-	Señor Jaramillo, relativo con el control SAG sobre ingreso de la papa argentina. 	-	Señor Villouta, referido a trabajos en embalse Purén, Los Sauces y Lumaco. 		Ministerio de Salud	-	Señor José Antonio Galilea, respecto a proyecto de normalización del Hospital de la ciudad de Victoria. 	-	Señor Quintana, con referencia a proyecto de normalización del Hospital de la ciudad de Victoria. 		Ministerio de Vivienda y Urbanismo	-	Señor Molina, relacionado con la pavimentación de calle del pueblo de Mincha, Cuarta Región. 	-	Señor Ortiz, sobre reconocimiento a autoridades por aprobación de recursos para programa Ribera norte 2, de Concepción. 	-	Señor Kuschel, información sobre proyecto Estero Lobos. 	-	Señor Barros, relativo a programa Chile Barrio en la comuna de Chépica. 		Ministerio de Minería	-	Señor García Huidobro, referente a información sobre participación de gerente de Codelco en sociedades relacionados con la empresa. 		Ministerio Público	-	Señor Molina, relacionado con las causas investigadas en la comuna de Illapel, Cuarta Región.	-	Señor Lorenzini, sobre información por desaparición de menor en Constitución.		Academia Judicial	-	Documento de análisis preparatorio para la implementación de los Tribunales de Familia.
    
    
    I. ASISTENCIA	-Asistieron los siguientes señores diputados: (109)NOMBRE	(Partido*	Región	Distrito)Accorsi Opazo, Enrique	PPD	RM	24Aguiló Melo, Sergio	PS	VII	37Alvarado Andrade, Claudio	UDI	X	58Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro	RN	VII	38Álvarez Zenteno, Rodrigo	UDI	XII	60Allende Bussi, Isabel	PS	RM	29Araya Guerrero, Pedro	PDC	II	4Ascencio Mansilla, Gabriel	PDC	X	58Barros Montero, Ramón	UDI	VI	35Bauer Jouanne, Eugenio	UDI	VI	33Bayo Veloso, Francisco	RN	IX	48Becker Alvear, Germán	RN	IX	50Bertolino Rendic, Mario	RN	IV	7Burgos Varela, Jorge	PDC	RM	21Bustos Ramírez, Juan	PS	V	12Caraball Martínez, Eliana	PDC	RM	27Cardemil Herrera, Alberto	RN	RM	22Ceroni Fuentes, Guillermo	PPD	VII	40Cornejo Vidaurrazaga, Patricio	PDC	V	11Correa de la Cerda, Sergio	UDI	VII	36Cristi Marfil, María Angélica	IND-UDI	RM	24Cubillos Sigall, Marcela	UDI	RM	21Delmastro Naso, Roberto	IND-RN	IX	53Díaz Del Río, Eduardo	UDI	IX	51Dittborn Cordua, Julio	UDI	RM	23Egaña Respaldiza, Andrés	UDI	VIII	44Encina Moriamez, Francisco	PS	IV	8Escalona Medina, Camilo	PS	VIII	46Espinoza Sandoval, Fidel	PS	X	56Forni Lobos, Marcelo	UDI	V	11Galilea Carrillo, Pablo	RN	XI	59Galilea Vidaurre, José Antonio	RN	IX	49García García, René Manuel	RN	IX	52García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro	UDI	VI	32Girardi Lavín, Guido	PPD	RM	18González Torres, Rodrigo	PPD	V	14Guzmán Mena, Pía	RN	RM	23Hales Dib, Patricio	PPD	RM	19Hernández Hernández, Javier	UDI	X	55Hidalgo González, Carlos	IND-RN	V	15Ibáñez Santa María, Gonzalo	UDI	V	14Ibáñez Soto, Carmen	RN	V	13Jaramillo Becker, Enrique	PPD	X	54Jarpa Wevar, Carlos Abel	PRSD	VIII	41Kast Rist, José Antonio	UDI	RM	30Kuschel Silva, Carlos Ignacio	RN	X	57Leal Labrín, Antonio	PPD	III	5Leay Morán, Cristián	UDI	RM	19Letelier Norambuena, Felipe	PPD	VIII	42Longton Guerrero, Arturo	RN	V	12Longueira Montes, Pablo	UDI	RM	17Lorenzini Basso, Pablo	PDC	VII	38Luksic Sandoval, Zarko	PDC	RM	16Martínez Labbé, Rosauro	RN	VIII	41Melero Abaroa, Patricio	UDI	RM	16Mella Gajardo, María Eugenia	PDC	V	10Meza Moncada, Fernando	PRSD	IX	52Molina Sanhueza, Darío	UDI	IV	9Monckeberg Díaz, Nicolás	RN	VIII	42Montes Cisternas, Carlos	PS	RM	26Mora Longa, Waldo	PDC	II	3Moreira Barros, Iván	UDI	RM	27Mulet Martínez, Jaime	PDC	III	6Muñoz Aburto, Pedro	PS	XII	60Muñoz D'Albora, Adriana	PPD	IV	9Navarro Brain, Alejandro	PS	VIII	45Norambuena Farías, Iván	UDI	VIII	46Ojeda Uribe, Sergio	PDC	X	55Olivares Zepeda, Carlos	PDC	RM	18Ortiz Novoa, José Miguel	PDC	VIII	44Palma Flores, Osvaldo	RN	VII	39Paredes Fierro, Iván	IND-PS	I	1Paya Mira, Darío	UDI	RM	28Pérez Arriagada, José	PRSD	VIII	47Pérez Lobos, Aníbal	PPD	VI	35Pérez Opazo, Ramón	IND-UDI	I	2Pérez San Martín, Lily	RN	RM	26Pérez Varela, Víctor	UDI	VIII	47Prieto Lorca, Pablo	IND-UDI	VII	37Quintana Leal, Jaime	PPD	IX	49Recondo Lavanderos, Carlos	UDI	X	56Riveros Marín, Edgardo	PDC	RM	30Rojas Molina, Manuel	UDI	II	4Rossi Ciocca, Fulvio	PS	I	2Saa Díaz, María Antonieta	PPD	RM	17Saffirio Suárez, Eduardo	PDC	IX	50Salaberry Soto, Felipe	UDI	RM	25Salas De la Fuente, Edmundo	PDC	VIII	45Sánchez Grunert, Leopoldo	PPD	XI	59Seguel Molina, Rodolfo	PDC	RM	28Sepúlveda Orbenes, Alejandra	PDC	VI	34Silva Ortiz, Exequiel	PDC	X	53Soto González, Laura	PPD	V	13Tapia Martínez, Boris	PDC	VII	36Tarud Daccarett, Jorge	PPD	VII	39Tohá Morales, Carolina	PPD	RM	22Tuma Zedan, Eugenio	PPD	IX	51Ulloa Aguillón, Jorge	UDI	VIII	43Uriarte Herrera, Gonzalo	UDI	RM	31Urrutia Bonilla, Ignacio	UDI	VII	40Valenzuela Van Treek, Esteban	PPD	VI	32Varela Herrera, Mario	UDI	RM	20Vargas Lyng, Alfonso	RN	V	10Venegas Rubio, Samuel	PRSD	V	15Vidal Lázaro, Ximena	PPD	RM	25Vilches Guzmán, Carlos	RN	III	5Villouta Concha, Edmundo	PDC	IX	48Von Mühlenbrock Zamora, Gastón	UDI	X	54Walker Prieto, Patricio	PDC	IV	8	-Con permiso constitucional no estuvo presente el diputado señor Juan Pablo Letelier.	-Concurrió, también, el senador señor Mariano Ruiz-Esquide.	-Asistió, además, el ministro del Interior, señor José Miguel Insulza.-II. APERTURA DE LA SESIÓN	-Se abrió la sesión a las 10.37 horas.	El señor LORENZINI (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.III. ACTAS	El señor LORENZINI (Presidente).- El acta de la sesión 59ª se declara aprobada.	El acta de la sesión 60ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.IV. CUENTA	El señor LORENZINI (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.	-El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.HORA DE VOTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA TABLA.	El señor LORENZINI (Presidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para votar los proyectos consignados en la tabla de la presente sesión al término del Orden del Día.	¿Habría acuerdo?	Acordado.V. ORDEN DEL DÍACREACIÓN DE LA COMUNA DE ALTO BIOBÍO. Primer trámite constitucional.	El señor LORENZINI (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea la comuna de Alto Biobío.	Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social es el señor José Pérez.	Antecedentes:	-Mensaje, boletín Nº 3342-06, sesión 37ª, en 4 de septiembre de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 2.	-Informes de las Comisiones de Gobierno Interior y de la de Hacienda, sesión 64ª, en 30 de marzo de 2004. Documentos de la Cuenta Nºs 4 y 5, respectivamente.	El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante.	El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente, en representación de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, me corresponde informar sobre el proyecto de ley que crea la comuna de Alto Biobío, provincia de Biobío, Octava Región.	Agradezco a mis colegas integrantes de la Comisión por permitirme entregar el informe del proyecto de ley que compete al distrito que me honro en representar en la Cámara de Diputados.	Con motivo del estudio de la iniciativa, la Comisión contó con la asistencia y participación del subsecretario de Mideplán, don Marcelo Carvallo; de la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, doña Adriana Delpiano; de la subsecretaria de Bienes Nacionales, doña Paulina Saball; de la secretaria regional ministerial de esa cartera en la Octava Región, señora María Luz Gajardo, y del abogado de dicha Secretaría Regional Ministerial, don Cristián Valdés; del director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, sede Cañete, señor José Luis Lincoñir, y del profesional de apoyo de ese organismo, señor Gonzalo Toledo; de los asesores jurídicos de la Subdere, señores Rodrigo Cabello y Eduardo Pérez; de los funcionarios de esa repartición, señores Benjamín Valle (División de Políticas) y Nelson Drago (División Municipal); del alcalde de Santa Bárbara, don René Correa, y de los siguientes funcionarios de dicho municipio: Ramón García (secretario de planificación comunal), Daniel Salamanca (director de desarrollo comunitario) y Raúl Konwisch (director de educación comunal).	Según el mensaje, la iniciativa propuesta persigue adecuar periódicamente la estructura político-administrativa del país al dinamismo demográfico, a los requerimientos de crecimiento de la actividad económica y a la necesidad de satisfacer en forma más eficaz las demandas de la comunidad, armonizando estos factores con criterios técnicos que aseguren la viabilidad de la nueva comuna como unidad territorial.	Agrega el mensaje que en este territorio específico, especialmente en su población, se presentan ciertas características étnico-culturales que claramente lo diferencian del resto de la comuna de Santa Bárbara, lo que suscita serias dificultades para administrar adecuadamente desde el municipio. En tal sentido, una administración autónoma permitiría definir, orientar e implementar con mayor eficacia líneas de desarrollo específicas para los pobladores de la nueva área comunal. Asimismo, la dotación de una administración propia en dicha porción territorial permitiría canalizar de mejor forma hacia ésta diversas acciones contempladas en programas nacionales y regionales, enfocándolas en un sector específico y tomando en cuenta su realidad cultural y étnica, y, por consiguiente, focalizando de mejor manera los recursos. 	Luego, se señala que la comuna propuesta dispone de un equipamiento básico: escuelas, consultorio general, postas, carabineros; sedes de la Corporación Nacional Forestal, Conaf; de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi, y de la Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas, Emaza.	En el ámbito económico, las actividades forestales, acuícolas y apícolas que existen en la actualidad, sumadas al funcionamiento pleno de las represas y a la utilización de la laguna El Barco, van a permitir un desarrollo turístico sustentable de gran significación para esa localidad.	En síntesis, a través de la creación de la comuna de Alto Biobío se procura facilitar, por una parte, la gestión de la administración del Estado al reducir y racionalizar el ámbito territorial de su responsabilidad, y, por la otra, aproximar y adecuar la acción de la autoridad -en este caso, del alcalde-, lo que cobra especial relieve en una zona en la que, por motivos de distancia, accesibilidad y otros, se hace necesario que la presencia física del jefe comunal sea imprescindible para promover en mejor forma el desarrollo y la participación de la comunidad.	La creación de la comuna de Alto Biobío, según lo manifestado por la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, señora Adriana Delpiano, es una antigua aspiración de los habitantes del lugar -desde 1980-, que cobró especial fuerza en febrero de 2003. El territorio que ocuparía la nueva unidad político-administrativa presenta una composición étnico-cultural muy singular, ya que aproximadamente el 80 por ciento de la población que lo habita es pehuenche. 	En la década de los años ’80 comenzó a estudiarse la posibilidad de establecer esta nueva comuna, basándose, en parte, en que Santa Bárbara cubre una extensión demasiado amplia, por lo que sus autoridades no pueden satisfacer en forma adecuada las múltiples necesidades de la población, mayoritariamente muy pobre, que vive en el Alto Biobío. Es obvio, entonces, que el funcionamiento de un municipio propio permitiría focalizar de mejor manera las distintas acciones de los organismos de Gobierno. 	Por su parte, la subsecretaria de Bienes Nacionales, señora Paulina Saball, explicó que esa repartición efectuó un catastro en la zona del Alto Biobío. Para dicho efecto empleó fondos proporcionados por Mideplán y por el gobierno regional. El catastro empezó a fines de 1999 y culminó en julio de 2001. Comprende una parte de la cartografía territorial, a cargo de Ciren-Corfo, cuyo costo fue de 120 millones de pesos, y otra de carácter jurídico, de responsabilidad del Centro Eula, de la Universidad de Concepción, que implicó un desembolso de 66 millones de pesos. Destacó que los títulos de merced son los que fundan la propiedad indígena en el Alto Biobío. Varios de esos títulos han experimentado sucesivas transferencias, constituyendo propiedad privada. Hoy se distinguen tres clases o categorías de propiedad en dicha zona: particular, indígena y fiscal. 	A su vez, la seremi de Bienes Nacionales de la Octava Región, doña María Luz Gajardo, abundó en algunos aspectos del aludido catastro. Señaló, en primer lugar, que la zona comprendida por éste corresponde al Área de Desarrollo Indígena, ADI, y abarca una superficie de 227 mil hectáreas. El levantamiento tuvo objetivos generales -como establecer el dominio y posesión de la propiedad, con sus superficies y deslindes- y específicos -entre ellos, caracterizar los recursos naturales del área de estudio en función de su uso actual-.	El estudio arrojó la existencia de diez comunidades indígenas en el Área de Desarrollo Indígena, con un total de 817 familias y 4.639 personas, que habitan un territorio de 68 mil hectáreas. De la cifra global de superficie catastrada, que, según se indicó, asciende a 227 mil hectáreas, el tipo de propiedad más abundante corresponde a la particular, con 558 predios, que representan el 36,6 por ciento del total, seguida por las tierras indígenas “hijueladas”, con 617 predios equivalentes a un 25,7 por ciento del total, y las mercedes indígenas, con 3 predios, que representan el 12,3 por ciento.	En el Alto Biobío existen hoy 620 títulos de propiedades indígenas, que cubren una superficie de 86 mil hectáreas. La mayor parte de ellos -493- se agrupan bajo la denominación “Tierras indígenas hijueladas Indap-Dasin”. Le siguen en orden de importancia -124- las tierras indígenas permutadas con Endesa.	Por otro lado, se han detectado nueve sectores en conflicto. Subrayó la seremi que la superficie de la comuna que se propone crear coincide casi exactamente con el Área de Desarrollo Indígena, con una pequeña diferencia de 3.100 hectáreas en el deslinde poniente. La posesión material de las tierras incluidas en el Área de Desarrollo Indígena es ejercida mayoritariamente por familias pehuenches, con títulos o sin ellos, amparándose en su ocupación ancestral. Los conflictos que hay en la zona con propietarios particulares tienen su origen en el modo de adquirir el dominio, como, asimismo, en la inexactitud y ambigüedad de los deslindes, según información del organismo regional. 	Cabe dejar consignado en esta parte del informe que, mediante oficio del 12 de enero de 2004, el gobierno regional del Biobío expresó a la Comisión que el consejo regional, en resolución reciente, determinó apoyar, por 11 votos contra 3, la creación de la comuna en mención, para lo cual tuvo en cuenta los siguientes factores: 	-Los procesos de creación de comunas en la Región del Biobío han significado un indudable avance, en términos de acercar a la gente a los organismos que resuelven sus necesidades y problemas;	-Asimismo, es dable constatar que en las comunas que se han instaurado en los últimos años -especialmente en la Octava Región- se ha visto fortalecida la participación de la comunidad en la toma de decisiones, lo que ha permitido una mejor focalización de los recursos y una gestión más eficiente, y 	-Por otro lado, en el caso de Alto Biobío coinciden los intereses y deseos de los habitantes de ese territorio y la voluntad del Ejecutivo en cuanto a fortalecer las expresiones territoriales que dan cuenta de las peculiaridades culturales y sociales de dicha área. 	En relación con la normativa constitucional y legal relacionada con el proyecto, el artículo 3º de la Constitución Política, ubicado en el Capítulo I, denominado “Bases de la Institucionalidad”, declara que el Estado de Chile es unitario y su territorio se divide en regiones, y agregan que su administración será funcional y territorialmente descentralizada, o desconcentrada, en su caso, en conformidad a la ley.	El proyecto en estudio se circunscribe al ámbito de la administración local, cuya unidad territorial es la comuna. A este respecto, el artículo 99, inciso segundo, de la Carta Fundamental expresa que la creación, modificación o supresión de las provincias y comunas son materia de ley de quórum calificado, a proposición del Presidente de la República. 	En lo que concierne específicamente a la iniciativa legal en informe, cabe referirse al artículo 109 de la Constitución Política, que encomienda a la ley orgánica constitucional respectiva ocuparse de la administración transitoria de las comunas que se creen, del procedimiento de instalación de las nuevas municipalidades, del traspaso del personal municipal y de los servicios, como, asimismo, de adoptar los resguardos necesarios para cautelar el uso y la disposición de los bienes que se encuentren situados en los territorios de las nuevas comunas. 	En síntesis, el constituyente encomendó a una ley de quórum calificado lo relativo a la creación misma de nuevas comunas, en tanto que entregó a la regulación de una ley de quórum más elevado -esto es orgánica constitucional-, lo concerniente a la administración transitoria de las comunas que se creen y al procedimiento de instalación de esas nuevas municipalidades, incluyendo el traspaso del personal municipal y los servicios. 	Los artículos 144 y 145 de la ley orgánica constitucional de Municipalidades, insertos en su título final, regulan lo relativo al traspaso de servicios municipales y del personal desde el municipio originario a la municipalidad correspondiente a la nueva comuna. Idea matriz o fundamental.	El proyecto propone la creación de la comuna de Alto Biobío en la Octava Región, con el objeto de profundizar el proceso de descentralización en un área territorial que, de acuerdo con los estudios realizados, presenta las condiciones necesarias para impulsar en ella una administración local autónoma.Discusión y votación.A)	En general.	La Comisión compartió los fundamentos de la iniciativa en informe contenidos en el Mensaje, y aprobó, por cinco votos a favor y una abstención, la idea de legislar sobre la materia. Se pronunciaron a favor de la creación de la comuna la diputada señora Caraball, doña Eliana, y los diputados señores Ascencio, Quintana, Silva y Valenzuela. El señor Becker se abstuvo.B)	En particular.	Durante este trámite, la Comisión adoptó los siguientes acuerdos: Artículo 1º.	Este precepto crea la comuna de Alto Biobío, sede Ralco, en la provincia de Biobío, Región del Biobío, y especifica, en su inciso segundo, los límites de aquélla. Fue aprobado por seis votos a favor y dos abstenciones.Artículo 2º.	Este precepto establece que, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 14 de la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades -que consagra el Fondo Común Municipal y su composición-, y las disposiciones pertinentes del decreto ley Nº 3.063, de 1979, sobre rentas municipales, se entenderá incluida la nueva comuna Alto Biobío en los coeficientes de distribución del referido Fondo Común Municipal, a contar del 1º de enero de 2004. Fue aprobado por siete votos a favor y dos abstenciones.	Cabe señalar que el artículo 1º permanente es de quórum calificado, al tenor de lo establecido en el artículo 99 de la Constitución Política, mientras que los artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 7º transitorios son de rango orgánico constitucional, conforme a los artículos 18, 107, 108 y 109 de la Carta Fundamental.Artículos e indicaciones rechazados.	Se encuentran en tal situación los artículos 2º y 3º transitorios contenidos en el texto original del proyecto.Indicaciones declaradas inadmisibles:	No hay.	Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social recomienda la aprobación del siguiente proyecto de ley:	-A continuación, el señor diputado da lectura al proyecto de ley, según el texto consignado en el informe de la Comisión de Gobierno Interior. (Boletín Nº 3342-06):	El proyecto fue tratado y acordado, según consta en las actas correspondientes, en las sesiones de los días 28 de octubre, 18 de noviembre y 16 de diciembre de 2003; 13 y 20 de enero, y 16 de marzo de 2004, con la asistencia de las diputadas señoras Eliana Caraball (presidenta) y Rosa González, y de los diputados señores Gabriel Ascencio, Germán Becker, Andrés Egaña, Carlos Abel Jarpa, Arturo Longton, Carlos Montes, Alejandro Navarro, José Pérez, Ramón Pérez, Víctor Pérez, Jaime Quintana, Exequiel Silva, Esteban Valenzuela y Mario Varela.	Es cuanto puedo informar.	He dicho.	-Aplausos.	El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda, señor José Miguel Ortiz.	El señor ORTIZ.- Señor Presidente, me corresponde dar a conocer el informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que crea la comuna de Alto Biobío, en la Octava Región.	Durante el estudio del proyecto asistieron a la Comisión la señora Adriana Delpiano, subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo; los señores Rodrigo Cabello y Nelson Drago, asesores de dicha subsecretaría, y el senador por la circunscripción 13ª, de la Octava Región, doctor Mariano Ruiz-Esquide Jara, quien -como expresó la señora Adriana Delpiano-, junto con el diputado José Pérez, solicitaron al Ejecutivo que enviara este proyecto que crea la comuna de Alto Biobío.	La Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social dispuso en su informe que la Comisión de Hacienda tomara conocimiento de los artículos 2º permanente y 1º, 2º y 3º transitorios. Por su parte, la Comisión de Hacienda acordó incorporar a su conocimiento el artículo 1º del proyecto aprobado por la Comisión técnica, en conformidad al numeral segundo del artículo 220 del Reglamento.	En términos generales, esta iniciativa se vincula a la conveniencia de adecuar periódicamente la estructura territorial del país al dinamismo demográfico, a los requerimientos de crecimiento de la actividad económica y a la necesidad de satisfacer en forma más eficaz las demandas de la comunidad, armonizando estos factores con criterios técnicos que aseguren la viabilidad de la nueva unidad territorial.	Sin perjuicio de lo que acabo de expresar, la población de este territorio presenta ciertas características étnico-culturales que la diferencian claramente del resto de la comuna de Santa Bárbara, lo que suscita serias dificultades para administrarlo adecuadamente desde este último municipio.	En el debate en la Comisión, la señora Adriana Delpiano, subsecretaria del Desarrollo Regional y Administrativo, puntualizó que tanto la comuna madre -Santa Bárbara- como la nueva comuna que se crea participarán del Fondo Común Municipal en forma autónoma, por lo que deberá efectuarse un recálculo de los coeficientes de distribución para estos efectos. Agregó que, en todo caso, la sumatoria de lo que obtendrán ambas comunas superará el monto que actualmente percibe la comuna de Santa Bárbara. Destacó, también, que la nueva comuna podrá postular al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, lo que irá en directo beneficio de su población, por cuanto ésta se encuentra dispersa y alejada del centro de la comuna madre.	El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, del 2 de septiembre de 2003, señala que la modificación legal propuesta no significa un mayor gasto fiscal.	En relación con la discusión del proyecto, cabe señalar lo siguiente:	En el artículo 1º, el corazón del mensaje presidencial, se crea la comuna de Alto Biobío, sede Ralco (Biobío), en la provincia de Biobío, Región del Biobío.	Este artículo fue aprobado por unanimidad.	En el artículo 2º se dispone que “Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 14 de la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y las disposiciones pertinentes del Decreto Ley Nº 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, entiéndase incluida la nueva comuna Alto Biobío en los coeficientes de distribución del Fondo Común Municipal, a contar del 1 de enero de 2004”.	Este artículo fue aprobado por unanimidad.	En el artículo 1º transitorio se señala que durante el período en que la comuna de Alto Biobío, creada por el proyecto, no tenga instalada su respectiva municipalidad, se agrupará con la comuna de Santa Bárbara para los fines que establece el artículo 107 de la Constitución Política de la República. Para efectos de la administración de la comuna de Alto Biobío, la municipalidad de Santa Bárbara, en la que recaerá transitoriamente esta función, deberá llevar presupuesto y contabilidad únicos, sin perjuicio de que internamente se consagre un procedimiento que permita llevar en forma separada y por comuna ambas actividades, a partir de los treinta días siguientes a la publicación de la ley en trámite, con el propósito de preparar la futura administración de la nueva comuna.	En el inciso segundo se establece que para los efectos señalados en el inciso precedente, la municipalidad de Santa Bárbara deberá recabar la asesoría permanente y durante todo el proceso, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, asesoría que ésta podrá ejercer directamente o con la colaboración del intendente regional respectivo, con el propósito de velar por una equitativa y adecuada administración de la nueva comuna.	Para mejor compresión de la materia, en su discusión en la Comisión de Hacienda, cuando se consultó en qué forma iba a operar la asesoría financiera y administrativa de la Subdere, se expresó que el día 1º de abril, la Comisión respectiva, que es multidisciplinaria, en el caso de la Octava Región, comenzaría su tarea en la recién creada comuna de Hualpén, y al término del proceso legislativo de la comuna de Alto Biobío, la misma Comisión estará disponible para la comuna de Santa Bárbara.	En el inciso tercero se contempla que la referida Subsecretaría y la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, en coordinación con el intendente regional, efectuarán un estudio del costo total que implicará la instalación de la nueva municipalidad, cuyos resultados deberán remitirse al Presidente de la República.	En el inciso cuarto se autoriza al Presidente de la República para que, una vez evacuado el mencionado estudio, destine parte de los recursos del Fondo Común Municipal que correspondan a la comuna de Alto Biobío, para financiar la instalación de su municipalidad. Esta destinación de recursos deberá efectuarse de forma tal de no afectar el regular funcionamiento y financiamiento de los servicios que se prestan a la agrupación de comunas.	Puesto en votación el artículo, fue aprobado por unanimidad.	Quiero señalar, para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, que hace siete años fui autor de las iniciativas que crearon las comunas de Chiguayante y San Pedro de la Paz, de mi distrito, el 44, y lo cierto es que sus normas son iguales a las del proyecto en discusión. Los resultados están a la vista: gracias a la autorización al Presidente de la Republica, tanto el municipio de San Pedro de la Paz como el de Chiguayante tuvieron la posibilidad de tener sede municipal y la implementación necesaria para mejorar el nivel y calidad de vida de todos sus habitantes, cosa que también espero para la comuna de Alto Biobío.	En el artículo 2º transitorio se faculta al Presidente de la República para que, en el plazo de un año, mediante decreto con fuerza de ley, expedido por intermedio del Ministerio del Interior, el que deberá ser suscrito, además, por el ministro de Hacienda, fije la planta de personal de la municipalidad de Alto Biobío y los requisitos de ingreso y promoción de los cargos.	En el inciso segundo se indica que, en el ejercicio de la señalada facultad, el Presidente de la República determinará, asimismo, el porcentaje de los cargos de la planta de la municipalidad de Santa Bárbara que deberá ser adscrita a la planta de la municipalidad de Alto Biobío, ponderando, para este efecto, la proporción de la población aportada a la nueva comuna por la comuna originaria. La citada proporción deberá determinarse, cuando sea procedente, respecto de cada una de las plantas reguladas en la ley Nº 18.883.	En el inciso tercero se establece que el alcalde de la municipalidad de Santa Bárbara, mediante decreto alcaldicio, identificará los funcionarios titulares que se traspasan a la municipalidad de Alto Biobío, en cuya planta el alcalde de esta última comuna deberá nombrarlos a contar de la instalación del nuevo municipio, a fin de proveer los cargos según la proporción establecida precedentemente. El nombramiento de este personal se hará sin sujeción a las normas sobre concurso de la ley Nº 18.883, debiendo, en todo caso, cumplir con los requisitos de ingreso correspondientes. Los cargos de los funcionarios que se traspasen se entenderán suprimidos en la planta de la municipalidad de Santa Bárbara, una vez efectuado el aludido nombramiento.	En el inciso cuarto se determina que los traspasos de personal referidos se efectuarán sin solución de continuidad y sin que puedan ser disminuidas las remuneraciones que percibían. Si el nuevo cargo fuere de menor grado, los respectivos servidores percibirán la diferencia por planilla suplementaria, imponible y reajustable en la misma oportunidad y porcentaje que las remuneraciones del sector municipal.	Puesto en votación este artículo, fue aprobado por 5 votos a favor y 1 abstención.	En el artículo 3º transitorio se autoriza a la municipalidad de Santa Bárbara para transferir el dominio, a título gratuito, a la municipalidad de Alto Biobío, de los bienes inmuebles de su propiedad situados en el territorio de la nueva comuna. Asimismo, se autoriza a la municipalidad de Santa Bárbara para transferir, también a título gratuito, a la municipalidad de Alto Biobío, los bienes muebles que guarnecen dichos inmuebles y los demás que convengan los respectivos alcaldes.	En el inciso segundo se señala que el traspaso de los créditos y obligaciones de la municipalidad de Santa Bárbara, que correspondan o incidieren en el patrimonio o en la administración de la nueva comuna, se efectuará de común acuerdo por ambos alcaldes y sus respectivos concejos.	En el inciso tercero se establece que las donaciones efectuadas a la municipalidad de Alto Biobío, por aplicación de lo dispuesto en los incisos precedentes, no requerirán del trámite de insinuación judicial a que se refiere el artículo 1.401 del Código Civil y estarán exentas del impuesto a las donaciones establecido en la ley Nº 16.271.	En el inciso cuarto se precisa que, por su parte, los conservadores de bienes raíces y el Servicio de Registro Civil e Identificación procederán a inscribir, respectivamente, los inmuebles y vehículos a nombre de la municipalidad de Alto Biobío, en virtud de requerimiento escrito del alcalde. La transferencia de los bienes indicados estará exenta de impuesto y de los derechos que procedan por tales inscripciones.	Puesto en votación este artículo, fue aprobado por 5 votos a favor y 1 abstención.	En nombre de la Comisión de Hacienda, y de acuerdo con la discusión que realizó sobre esta materia, solicito a la Sala la aprobación del proyecto, para cumplir con su primer trámite constitucional, a fin de que la Comuna del Alto Biobío sea prontamente una realidad.	He dicho.	El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Becker.	El señor BECKER.- Señor Presidente, hace algunas semanas se votó el proyecto que crea la comuna de Cholchol, en la Novena Región. Con motivo de su discusión en comisiones, en la de Gobierno Interior estuvo el alcalde de Nueva Imperial, comuna madre de la cual se dividirá aquélla. La verdad es que de su intervención se desprende que la autoridad edilicia, los concejales y los habitantes de Nueva Imperial están de acuerdo con la creación de la comuna de Cholchol. Por eso, dimos la unanimidad.	Hoy se analiza el proyecto que crea la comuna de Alto Bíobío. Sin embargo, las condiciones son muy diferentes. De partida, se trató de manera muy superficial en la Comisión de Gobierno Interior. No hubo tiempo suficiente para analizarlo en profundidad. Si bien concurrió el alcalde de Santa Bárbara, éste se manifestó en contra de la creación de la nueva comuna. Dio argumentos técnicos de fondo, desde los puntos de vista económico y territorial. Además, manifestó que las autoridades de la comuna de Santa Bárbara se enteraron de la creación de la comuna de Alto Bíobío sólo por la prensa y no fueron consultadas. También indicó que no se hizo plebiscito ni se consultó a los habitantes comprometidos, en circunstancias de que la mayoría de ellos, de acuerdo con sus antecedentes, están en contra de su creación.	Dados esos argumentos, la Comisión decidió visitar la comuna de Santa Bárbara, y, en forma específica, el sector de Alto Bíobío. Lamentablemente, por problemas logísticos y porque el Ejecutivo calificó de “suma” la urgencia del proyecto, no pudimos hacerlo y nos vimos obligados a votar en forma muy apresurada. Por eso, debimos abstenernos.	Por lo tanto, considerando que las autoridades de Santa Bárbara se oponen a la creación de la comuna de Alto Bíobío; que no se consultó la opinión de los habitantes comprometidos, y que no contamos con los argumentos técnicos de fondo suficientes, la bancada de Renovación Nacional, responsablemente, se abstendrá.	He dicho.	-Manifestaciones en las tribunas.	El señor LEAL (Vicepresidente).- Ruego a los asistentes en tribunas guardar silencio.	Tiene la palabra el diputado Tuma.	El señor TUMA.- Señor Presidente, aprovecho de saludar al gobernador de la provincia de Bíobío, a los representantes de la comunidad y a los dirigentes de las comunidades pehuenches de Alto Bíobío.	Este proyecto no debería ser tramitado de manera menos ágil que los aprobados para crear otras comunas, en los cuales el diputado Becker, quien es miembro de la Comisión de Gobierno Interior, participó positivamente.	Las razones dadas para la creación de la comuna de Cholchol no difiere de aquellas por las cuales el Alto Bíobío quiere independizarse y constituirse en comuna: mejorar las condiciones de administración, facilitar su gestión y satisfacer de mejor modo las aspiraciones de una comunidad que se encuentra bastante distante del lugar donde está ubicada la municipalidad.	Si bien en el proyecto que creó la comuna de Cholchol se contó con la aprobación del alcalde y del concejo de la comuna madre, ello no es un requisito indispensable, sino un factor por considerar.	En realidad, a quienes se debe solicitar su opinión es a los pehuenches, que quieren crear su propia comuna.	(Aplausos).	La Subsecretaría de Desarrollo Regional realizó una selección entre más de veinte localidades que solicitaron convertirse en comunas. De ellas, sólo 4 ó 5 han pasado “la prueba de la blancura”, es decir, han cumplido con la exigencia que la Subdere solicita para ser objeto de un proyecto de ley.	Cholchol se encuentra a 30 kilómetros de Nueva Imperial, distancia que dificulta atender las demandas de las comunidades. Por eso, se aprobó la creación de esa comuna.	Otro caso: Padre Las Casas estaba separada de la comuna madre sólo por un puente. ¡Sólo había que atravesar un puente sobre el río Cautín! Así y todo, en 1996, el Congreso Nacional aprobó la creación de esa comuna.	Las poblaciones alejadas del Alto Bíobío están ubicadas a cinco, seis o siete horas de la sede municipal. Así, una asistente social debe viajar todo el día para realizar un informe socioeconómico, lo cual atenta contra una adecuada y eficiente administración en favor de la comunidad.	Este proyecto beneficiará no sólo a las comunidades pehuenches del Alto Bíobío, sino a los 16 mil habitantes de Santa Bárbara, porque ese municipio tendrá que administrar un espacio más reducido, al que podrá destinar casi los mismos recursos que hoy tiene. Ello, porque cuando se distribuya el Fondo Común Municipal en la Octava Región, se tendrá que considerar a una comuna más. Por lo tanto, si la iniciativa se aprueba, 6 mil personas que hoy reciben sólo una parte de la atención del municipio, la recibirán en el ciento por ciento. Lo propio ocurrirá con los recursos del Fondo Común Municipal.	Por lo tanto, no veo por qué razón algunos diputados señalan que se abstendrán o se opondrán a la creación de la comuna de Alto Bíobío, en circunstancias de que los argumentos son contundentes, sólidos, lógicos, oportunos y necesarios para atender la demanda de las comunidades indígenas, que tienen su propia realidad. Además, el país requiere desarrollarse en función de proyectos de crecimiento pertinentes, otra de las razones para votar a favor.	En consecuencia, llamo a las bancadas de Renovación Nacional y de la UDI a votar favorablemente el proyecto, porque permitirá que las comunidades más alejadas del Alto Biobío alcancen mayores grados de desarrollo.	No es cierto que la creación de la comuna de Alto Biobío atente contra la seguridad nacional. Cuando se creó la comuna de Cholchol, el 95 por ciento de su población estaba compuesta por indígenas, y no se atentó contra la seguridad nacional ni contra el Estado unitario.	El objeto de esta iniciativa es que las comunidades indígenas del Alto Biobío tengan a sus autoridades comunales más cerca y que el municipio sea administrado en función de sus propias demandas.	En consecuencia, la bancada del PPD votará favorablemente.	He dicho.	-Aplausos.	El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Víctor Pérez.	El señor PÉREZ (don Víctor).- Señor Presidente, durante el debate de la iniciativa en la Sala no se ha dicho que la creación de una determinada comuna, menos aun la de Alto Biobío, afecte la seguridad nacional, la integración o el Estado unitario. Tampoco se dijo algo así en el debate de la Comisión de Gobierno Interior. Por lo tanto, los argumentos finales que entregó el diputado señor Tuma no tienen asidero.	Como miembros de esta Corporación, nos ha correspondido participar en la creación de diversas comunas, como las de Chiguayante, San Pedro de la Paz, Chillán Viejo y, las dos últimas, Alto Hospicio y Cholchol. Como bien se recordó, el 95 por ciento de la población de Cholchol está compuesto por indígenas. Por su parte, la realidad de Alto Hospicio es distinta, pero también tiene una conformación socioeconómica muy especial.	En la creación de todas esas comunas dimos a conocer nuestras opiniones y entregamos nuestro voto favorable, porque siempre estuvo presente un elemento decisivo y fundamental: la participación ciudadana. No basta con los análisis técnicos de escritorio ni con las estadísticas hechas en la capital de la región o del país: es necesario escuchar a la comunidad, a sus organizaciones, para saber lo que piensan.	Quiero ser muy franco. En el Alto Biobío la situación está dividida: hay personas, como quienes nos acompañan en las tribunas, que están a favor de la creación de la comuna; pero también hay un grupo muy importante y respetable de personas que han manifestado sus aprensiones y la necesidad de ser escuchadas.	El 19 de enero de 2004, hace más de dos meses, la Comisión de Gobierno Interior recibió una carta del consejo de autoridades tradicionales del Alto Biobío, firmada, entre otras personas -a mi juicio, todas respetables-, por María Curria, Juan Purrán y Ramón Antonio Benítez, quienes no se oponen a la creación de la comuna, sino que piden más información y mayor participación.	Quienes escucharon con atención los largos informes que acabamos de recibir, habrán constatado que no hay una sola opinión de las organizaciones sociales de la comuna de Santa Bárbara ni de alguna organización social del Alto Biobío o de una persona que viva en esa zona.	Llamo a los diputados a analizar y reflexionar sobre este punto. ¿Es posible votar favorablemente un proyecto que crea una comuna si no se ha consultado a la comunidad y, por lo tanto, no existe información respecto de quiénes están a favor, en contra o tienen dudas al respecto? ¿Cómo despejar esas dudas si no existe esa información? Crear una comuna no es sólo un acto administrativo, pues, además, se debe analizar la sustentabilidad y viabilidad de la medida, y la posibilidad cierta de que las comunidades y organizaciones que la integran puedan en verdad desarrollarse. Ninguno de los informes recoge la opinión de quienes viven en Santa Bárbara o de la comunidad de Alto Biobío. ¡Qué distinto fue el tratamiento de las comunas de Cholchol y de Alto Hospicio! En esos casos, la comunidades y las organizaciones estuvieron presentes, y se recogieron opiniones fundadas de quienes las integraban y de sus dirigentes. Lo hemos dicho desde un principio -de ello son testigos los diputados de la Comisión de Gobierno Interior-: estamos absolutamente abiertos a la creación de esta comuna o de cualquier otra; pero trabajemos, analicemos y discutamos algo que en verdad signifique que estamos respondiendo real y genuinamente a los anhelos de las comunidades locales. Asimismo, es necesario que éstas estén informadas de lo que significará la creación de esta comuna, y que atendamos a su viabilidad presupuestaria y financiera. Hoy, eso no existe.	No me referiré a la situación económica desmedrada en que quedará la comuna de Santa Bárbara. Pero ¿qué significará, en términos presupuestarios, de recursos, la creación de la comuna de Alto Biobío? El informe de la Dirección de Presupuestos es lapidario: este proyecto no significa un mayor gasto fiscal. Si uno lee el informe de la Comisión de Hacienda, advierte que el único argumento que entrega la subsecretaria de Desarrollo Regional -por lo demás, extraordinariamente subjetivo- es que la totalidad de los recursos que obtendrán ambas comunas superará el monto que hoy percibe la comuna de Santa Bárbara. Sólo ayer analizamos en la Comisión de Gobierno Interior las falencias del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y las dificultades que ha encontrado para transformarse en un instrumento claro de desarrollo regional.	Por lo tanto, el primer punto que quiero dejar nítidamente claro es la ausencia de participación de la comunidad en este proyecto. Es un hecho cuya efectividad no es posible rebatir. Ahí están los informes. Fueron leídos y aplaudidos, pero no recogen ninguna opinión. Por ejemplo, el informe de la Comisión de Hacienda no contiene ninguna realidad local, clara, precisa, sobre el tema del financiamiento.	Quiero recordar -porque se planteó en las comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda, y en el debate en esta Sala- la preocupación del Gobierno por determinar los recursos con que iba a contar, entre otras, la comuna de Alto Hospicio, puesto que parte de los ingresos que recibe la comuna de Iquique por el funcionamiento de su casino serían destinados a Alto Hospicio. Por lo tanto, esta última comuna, sin duda, parte con una situación económica que la hace absolutamente viable.	¿Cuál es la viabilidad que podemos asegurar a las comunidades de Alto Biobío en términos financieros y presupuestarios a la hora de crear esa comuna? Los informes aludidos no contienen ninguna referencia que nos permita decirles, oficialmente, a las comunidades de Alto Biobío que tendrán una comuna con proyección económica, ni menos darles a conocer los recursos con que contarán las autoridades elegidas por ellas, además de la gestión que deberán realizar para obtenerlos. No existe. Hay que ser responsables. Aquí lo único que estamos pidiendo es que, al igual que en los casos de las comunas de Cholchol o de Alto Hospicio, y en otras, exista participación de la comunidad. 	Como dijo el diputado Becker, la Comisión de Gobierno Interior, por la unanimidad de sus miembros, acordó visitar la comuna de Santa Bárbara y el sector de Alto Biobío, y escuchar a sus distintas organizaciones, porque considerábamos que era nuestro deber; pero, por una maniobra de último minuto, se alteró ese acuerdo unánime y se nos impidió escucharlas. 	Esos antecedentes llevan a que nuestra postura no pueda ser de aprobación, porque la creación de una comuna nace necesariamente de las aspiraciones de la comunidad organizada, y, en este caso -reitero-, no se la ha escuchado. Ello me obliga a abstenerme y a señalar al Gobierno que está a tiempo de revertir este procedimiento inconsulto, de falta de participación, de modo de decirle oficialmente a la gente de la comuna de Alto Biobío cuáles son los recursos con que se va a contar para materializar sus aspiraciones y decidir sobre su futuro. 	He dicho. 	El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Camilo Escalona.	El señor ESCALONA.- Señor Presidente, solicito a la Oposición su votación favorable, porque este proyecto requiere quórum calificado y, en consecuencia, abstenerse significa votar en contra. 	Al respecto, quiero decir las cosas por su nombre, porque es fácil abstenerse y, por esa vía, aparecer no tomando posición, cuando en realidad sí hay una posición que es contraria. Formulo esta petición porque, de lo contrario, no vamos a contar con los votos que hagan posible la aprobación del proyecto. 	Quiero hacerme cargo de la principal crítica que se ha hecho en el curso del debate, que se refiere a la ausencia de participación. El diputado Víctor Pérez hizo una afirmación muy enfática en el sentido de que ninguna organización de Alto Biobío ha estado involucrada ni ha sido consultada.	Sobre ese particular, todos los diputados tenemos en nuestro escritorio un documento muy importante, llamado “Bases de acuerdo entre el Estado de Chile y las familias mapuches-pehuenches peticionarias del Alto Biobío por una propuesta de solución amistosa”, de fecha 26 de febrero de 2003, suscrito por Berta Quintremán, Mercedes Huenteao, Hilda Riquelme Huenteao, Reinaldo Beroiza Huenteao, Roberto Celedón, Marcos Orellana y Jaime Andrade Guenchocoy -este último, en ese tiempo subsecretario del Ministerio de Planificación-.	La consecución de este documento fue posible, precisamente, porque hubo un proceso de participación en vista de las heridas y desgarros que provocó la construcción de la central hidroeléctrica Ralco, que aún se lleva a cabo. El Estado de Chile, representado a través de los órganos y autoridades competentes, en este caso, por el subsecretario del Ministerio de Planificación, respaldado por un decreto presidencial para ser el coordinador de las políticas indígenas, realizó una gestión amplia de consultas con las organizaciones involucradas y, en particular, con las pehuenches. El objeto era encontrar una forma por la cual el Estado de Chile pudiese llegar a una solución amistosa -como dice el documento-, que tuviese la virtud de respetar la ley Indígena, y, en consecuencia, de avanzar en el marco del estado de derecho de nuestro país.	Es así como en ese marco se arriba a un acuerdo, a un consenso con el pueblo pehuenche, suscrito ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el cual se establece que, como parte del proceso de superación de los desgarros que produjo el proceso de instalación de la central hidroeléctrica Ralco, el Estado se compromete a presentar la iniciativa legal en estudio en el sentido de establecer la comuna de Alto Biobío y hacer posible un gobierno local más representativo de las comunidades mapuches-pehuenches.	¿Cuáles son las comunidades pehuenches? Las principales, ubicadas en los valles de los ríos Queuco y Biobío, son las siguientes: Challaqui, Pitril, Cauñicú, Malla Malla, Trapa Trapa y Butalelbún. Y en el sector del Biobío se encuentran: Quepuca Ralco, Ralco Lepoy, El Barco, Guayalí, El Avellano y Los Guindos.	O sea, estamos ante un proceso que, desde el punto de vista institucional, apunta a atender de manera amistosa, a través de una justa solución, una necesidad del país. Probablemente en la sesión de la tarde vamos a tratar el tema de la central hidroeléctrica Ralco, pero desde otro punto de vista: el de las necesidades energéticas del país. El Estado de Chile, precisamente por esa necesidad energética, no podía prescindir de aquella central. Fue así como, mediante sus autoridades, solicitó comprensión a las comunidades pehuenches en cuanto a que no se podía dejar de construir la represa Ralco porque era indispensable para el complejo energético de la nación. Junto con ello, les dijo, también, que se comprometía a tomar en cuenta sus demandas esenciales y básicas. Una de esas demandas fue establecer la comuna de Alto Biobío, de manera de permitir un gobierno local más eficiente y apto para atender las necesidades de los que allí viven.	(Aplausos).	Antes, en las ocasiones en que discutimos la creación de comunas, hubo diferencias. Es lógico que ocurran. Hace poco tiempo aprobamos la creación de la comuna Hualpén, también en la Octava Región. Su discusión la iniciamos hace ocho años, y, en esa ocasión, el concejo comunal la rechazó. Ahora, la mitad del concejo también la rechazaba; pero el alcalde la aceptó sobre la base de que, en la propia Octava Región, por ejemplo, el hecho de crear nuevas comunas más cercanas, como San Pedro de la Paz y de Chiguayante, ha confirmado que la existencia de gobiernos locales capaces de atender sectores sociales -en este caso étnicos o geográficos- que no son atendidos de manera eficiente con el actual esquema institucional, ha sido plenamente exitoso. Esa evidencia indujo al alcalde de Talcahuano a manifestar, acá, con mucho coraje, que no estaba de acuerdo, pero que aceptaba la creación de la nueva comuna de Hualpén. Es evidente que quien tiene poder no se quiere desprender de él. Seamos claros en eso.	(Aplausos).	Lo que ahora estamos haciendo es un acto que apunta a transferir parte de ese poder -no podemos eliminarlo, porque la comuna de Santa Bárbara continuará existiendo para atender a los suyos-, a generar un gobierno local más cercano para los habitantes del sector de Alto Biobío, el cual se encuentra definido geográficamente en el proyecto.	Respecto del argumento planteado por algunos señores diputados en el sentido de que no hay recursos para la creación de la comuna de Alto Biobío, cabe señalar que no se deben crear fantasmas sobre el tema, porque no estamos discutiendo su plan de desarrollo. El informe de la Comisión de Hacienda se refiere al presupuesto de la nueva comuna. Como lo establece la ley respectiva, se deberá distribuir de manera proporcional el presupuesto ordinario y el gasto corriente entre la parte que quedará en Santa Bárbara y la que corresponderá a Alto Biobío. El nuevo gobierno comunal es el que deberá encabezar un debate a fin de generar los mecanismos para su desarrollo económico y social, con la finalidad de alcanzar el objetivo que se persigue con la creación de la nueva comuna: la generación de desarrollo en la zona.	(Aplausos).	Si no contamos con los votos necesarios, el proyecto no se aprobará. Por esa razón, apelo a que tengamos una actitud constructiva frente al tema.	He dicho.	-Aplausos.	El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Valenzuela.	El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, agradezco al diputado señor Víctor Pérez que permanezca en la Sala para escuchar el debate sobre este proyecto, porque, como señaló el director de la Fundación Ideas, Francisco Estévez -un amigo en común-, al manifestar una crítica constructiva sobre nuestra labor, nos hace falta escuchar las argumentaciones que se dan en la Sala para persuadirnos de la necesidad de adoptar decisiones significativas.	Propongo que se cite a reunión de Comités, porque con la abstención anunciada por los diputados de Renovación Nacional y el eventual rechazo de la UDI, el proyecto no se aprobará.	Quiero subrayar algunos argumentos planteados, a fin de tratar de persuadir a los colegas de la Oposición de que es positivo, justo, razonable y legítimo aprobar la creación de la comuna de Alto Biobío.	En cuanto a la sustentabilidad económica que ella tendrá, cabe recordar que existen más de veinticinco peticiones para la creación de nuevas comunas. En el caso que nos ocupa, los funcionarios de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo aplicaron estrictamente las normas pertinentes, que establecen que debe existir un centro poblado, no sólo comunidades dispersas -como Ralco-, y una distancia razonable entre un centro urbano y otro rural.	En tres ocasiones he tenido la oportunidad de veranear en la bella zona de la Octava Región, por lo que me consta que Santa Bárbara y Ralco están a una distancia de aproximadamente cincuenta kilómetros, lo que eleva los costos de los servicios municipales en forma significativa.	Tal vez alguien recuerde que me opuse al proyecto de acuerdo que proponía la creación de la comuna de Liquiñe, entre la Novena y la Décima regiones; pero quiero aclarar que lo hice porque sus características eran diferentes de las de Curarrehue, que es una comuna independiente de Pucón, porque está a una distancia razonable y constituye un polo de desarrollo específico. Mientras en Liquiñe habitan aproximadamente dos mil personas, en el caso de la zona que estamos considerando hay alrededor de seis mil o siete mil habitantes.	Respecto de la sustentabilidad económica de la nueva comuna, existe un informe que establece datos categóricos, así como el compromiso del Gobierno, en particular de las autoridades de Mideplán, para continuar apoyando, con los fondos de desarrollo regional y de desarrollo indígena, la vigorosa inversión pública que dicho sector ha tenido en los últimos años.	El procedimiento ideal que se debió haber adoptado era visitar el sector. Al respecto, cabe recordar que sugerí en la Comisión respectiva que los diputados que representan distritos ubicados en la zona nos ayudaran para efectuar una reunión constructiva, y no para que se enfrentaran voces disidentes en asambleas que, a veces, no cumplen esa condición. 	Se dice que no se escucharon opiniones. ¡Por favor! Estuvimos escuchando al alcalde de Santa Bárbara durante toda una sesión. 	¡Cuidado, entonces, con llamar “falta de participación” cuando no hay acuerdo! 	El alcalde de Santa Bárbara, comprensiblemente, no es partidario de crear la nueva comuna. 	Pero recibimos testimonios escritos y sostuvimos conversaciones telefónicas con loncos, concejales y dirigentes políticos de distintos sectores, partidarios de la creación de esta comuna.	En este asunto, ¿hay un afán político de la Concertación? Sostengo que ninguno, porque es en el sector de la Octava Región en el que cuenta con menor apoyo electoral. No hay, por tanto, un afán de evitar que el alcalde sea de una determinada orientación política. 	No estamos legislando con calculadora ni con determinadas orientaciones políticas o cálculo mezquino. Eso no tiene importancia. Los ciudadanos eligen a sus representantes en ejercicio de su libertad.	Se dice que se usó, por allí, una expresión de “limpieza étnica” tipo Balcanes; pero no se trata de una comuna sectaria que vaya a expulsar a los colonos. 	El diputado Becker nos dijo que la creación se aprobó con el 97 por ciento de la comunidad mapuche. Es una comuna mezclada y tiene una importante comunidad pehuenche. Los loncos se han comprometido a desarrollar una política de paz, de convivencia, de diálogo y de respeto a la diversidad. 	Aun más, los dirigentes de las juntas de vecinos y de la Cámara de Comercio de Ralco representan la pluralidad de nuestra población, no sólo por ser ciudadanos de la maravillosa etnia pehuenche. Por lo tanto, la pluralidad, la paz y la convivencia están garantizadas en el espíritu de la creación de esta comuna.	El diputado Víctor Pérez nos pregunta qué tendríamos que hacer. Le respondo: consultar. Pero, para ello, debería haber reformas mayores. 	En Estados Unidos de América, cuando un sector se siente mal atendido por la comuna, se fusiona con otra mayor, con el objeto de que los ciudadanos reciban mejores servicios. El sistema opera al revés de la lógica chilena, que siempre crea comunas. Por supuesto, en aquel país se realiza un plebiscito. Dado que no tenemos esa legislación, no se ha aplicado nunca en Hualpén, en San Pedro de la Paz, en Chiguayante ni en Alto Hospicio. Acá, sencillamente, no es viable. 	Como el diputado señor Víctor Pérez desea una interrupción, con la venia de su señoría se la concedo.	El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Víctor Pérez.	El señor PÉREZ (don Víctor).- Señor Presidente, en cuanto a la participación, pedimos no igualarnos con Estados Unidos de América, con Australia o con Europa, sino hacer exactamente lo mismo que se realizó en Alto Hospicio, en Cholchol, en San Pedro de la Paz, en Chiguayante y en Chillán Viejo. Por ello, creemos que no es posible aprobar un proyecto de ley en cuya gestación, según se infiere de la lectura del informe de la Comisión de Gobierno Interior, no se recabó la opinión de la gente, ni siquiera de los dirigentes de las organizaciones involucradas, quienes no estuvieron presentes en el debate.	No pido una reforma constitucional, sino lo mismo que se hizo en otras comunas, por ejemplo, en Cholchol.	He dicho.	El señor LEAL (Vicepresidente).- Recupera la palabra el diputado señor Valenzuela.	El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, recuerdo bien los casos de las otras comunas. Aunque en ese entonces no era parlamentario, leí la versión de los debates. No todos los acuerdos fueron consensuados. En la creación de la comuna de Chillán Viejo hubo disidencias, y, en el caso de San Pedro de la Paz, también hubo cuestionamientos. Recuerdo, también, que hubo sectores que deseaban seguir perteneciendo a Concepción. Entonces, como la democracia no implica necesariamente unanimidad, debemos aceptar nuestras diferencias.	En la Comisión escuchamos al alcalde de Santa Bárbara y recibimos cartas de instituciones representativas del Alto Biobío: comercio, juntas de vecinos, partidos políticos y loncos. Sin embargo, acepto la crítica de que faltó diálogo y de que debimos haber escuchado a más sectores de la comunidad.	Cabe recordar que se manifestaron a favor de la creación de la comuna no sólo el intendente y el gobernador, sino también el consejo regional de la región del Biobío, cuerpo colegiado y representativo, que lo hizo en forma mayoritaria y categórica.	Termino felicitando al diputado Escalona por poner sobre la mesa un tema de transacción no menor o subalterno del acuerdo alcanzado a favor de la creación de una comuna, basado en cuestiones esenciales. Hubo un acuerdo nacional al respecto. Debemos recordar que las grandes centrales hidroeléctricas existentes en ese territorio no sólo arrasan con los cementerios, sino también con la identidad y cultura de sus habitantes. 	Hoy, ante una eventual crisis energética, ese espacio geográfico nos puede aportar el diez por ciento de la energía eléctrica necesaria para el normal desarrollo del país.	En su oportunidad, dijimos: “Bueno, démosle identidad, autogobierno y participación”. Eso también debemos considerarlo.	Por ello, llamo fraternalmente a mis amigos de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente a que se allanen a un acuerdo para crear la nueva comuna de Alto Biobío, que dará dignidad e identidad a sus habitantes y nos permitirá seguir confiando en la capacidad de autogobierno de las comunidades chilenas y pehuenches que allí habitan.	He dicho.	-Aplausos.	El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Carlos Abel Jarpa.	El señor JARPA.- Señor Presidente, en mi condición de ex gobernador de la provincia de Ñuble, perteneciente a la Región del Biobío, por un período de casi siete años, desde 1990, primero formé parte del consejo regional y, luego, del gobierno regional.	Como bien señaló el diputado Camilo Escalona y reiteró con posterioridad el diputado Valenzuela, la creación de la comuna de Alto Biobío está íntimamente ligada a la construcción de la central hidroeléctrica Ralco, que constituyó una tremenda preocupación cuando Endesa entregó el fundo El Barco. 	En Alto Biobío hay aspectos especialmente complejos, no sólo de carácter territorial, sino también étnico-cultural y de distancia, porque se trata de un territorio ubicado a cincuenta kilómetros de Santa Bárbara.	Esta iniciativa ha sido aprobada por la mayoría de las comunidades del sector, porque es imposible que haya unanimidad de criterios. Es muy difícil que el responsable de un territorio esté de acuerdo con su división; por tanto, buscará todos los argumentos que justifiquen su posición.	Lo importante es señalar las ideas matrices que fundamentan la creación de esta nueva comuna, anhelada aspiración de sus habitantes desde 1980, cuyas autoridades siempre han tenido presente el objetivo de descentralizar y generar participación de su gente. La subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo ha señalado que el objetivo fundamental de crear esta nueva comuna es, precisamente, la descentralización y la regionalización. También existe preocupación del gobierno regional y del consejo regional, en materia de buscar un desarrollo armónico de la Región del Biobío, en la cual se dan situaciones muy disímiles. Existe un sector costero, donde es muy importante la pesca, y otro precordillerano, ubicado en las provincias de Ñuble, del Biobío y parte de la de Arauco, donde es muy importante la actividad forestal. En este sector está inserto el Alto Biobío.	A lo anterior debemos agregar las condiciones en que vive su población. Un gran porcentaje se encuentra en la pobreza, y el 80 por ciento pertenece a la comunidad pehuenche.	Todos esos argumentos avalan la creación de la nueva comuna. Se pretende que el municipio sea una instancia muy importante en la solución de los problemas de las personas, que se transforme en un motor del mejoramiento de las condiciones socioeconómicas, de la educación y de la salud de la población, y del desarrollo productivo de la zona. Asimismo, se pretende lograr una mayor descentralización de la gestión administrativa, junto con un adecuado acercamiento de las personas al municipio. Estas son las ideas matrices del proyecto. Por lo demás, la creación de la comuna fue aprobada por el consejo regional por 11 votos a favor y 3 en contra.	Hay que destacar los positivos resultados que ha tenido en otras partes la elevación a comuna de cierto sector. Tenemos el caso de Chillán Viejo. Es público y notorio el cambio que ha experimentado al transformarse en una comuna: ha mejorado su situación social y económica y su nivel educativo; está a pocos días de inaugurar un consultorio, y ha solucionado en importante medida sus problemas de pavimentación. Ha habido, asimismo, una especial preocupación por la población rural. En este sentido, deseo rendir un merecido reconocimiento a quienes se han desempeñado como autoridades de la comuna de Chillán Viejo: su alcalde, Julio San Martín, los concejales y organizaciones sociales.	Por lo tanto, además de la concreción en el texto de las ideas matrices del proyecto, que dan cumplimiento a compromisos contraídos, tenemos ejemplos de cómo un territorio puede desarrollarse al transformarse en una comuna.	El Alto Biobío, que está a 50 kilómetros de Santa Bárbara -Chillán Viejo está prácticamente contiguo a Chillán-, es un sector rural donde lamentablemente se da la trilogía de ruralidad, pobreza y disminución de la población, como lo comprueba el último censo. Algo similar a lo ocurrido con Chillán Viejo y con otras comunas de reciente creación queremos para la futura comuna de Alto Biobío. Deseamos que sus habitantes cuenten con un municipio que se preocupe de la educación, de la salud y de la producción, que se constituye en un motor para superar la pobreza y el aislamiento.	Los chilenos debemos especial agradecimiento a esta zona, porque allí se genera un gran porcentaje de la energía hidroeléctrica de nuestro país.	Por todo lo que hemos señalado, así como por lo que hemos escuchado a las autoridades y representantes de diversos sectores que asistieron a la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, es importante que aprobemos el proyecto que crea la comuna de Alto Biobío.	He dicho.	-Aplausos.	El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Pérez.	El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente, tal como informé al inicio de la sesión, la comuna de Alto Biobío comprende 227 mil hectáreas, ubicadas en la cordillera. Es un lugar de difícil acceso y de una topografía muy distinta a la del resto de la comuna de Santa Bárbara y del país. Por el frío y por la nieve que cae en ese lugar, las condiciones de vida de su gente son distintas de las del resto de la que vive en la Octava Región. La creación de la comuna permitirá administrar mejor ese territorio y encarar los problemas que vive esa gente.	Algunos dicen que se trata de una decisión apresurada, que no se ha informado adecuadamente, que hay oposición a la medida; pero se olvidan que en cualquier orden de cosas en que actúen seres humanos habrá oposición, la que muchas veces podrá ser minoritaria, como ocurre en este caso. Con todo, nadie puede decir que se trata de una decisión apresurada, menos aún los colegas de la Oposición, toda vez que en 1980, en pleno régimen militar, ya se hablaba de la creación de esta comuna. ¿De qué estamos hablando?	(Aplausos).	No podemos mentir a través del canal de la Cámara de Diputados, cuya señal recorre el país, diciendo que hay personas que no están enteradas. A quienes tienen interés en conocer los problemas de Alto Biobío, nada les impide viajar al terreno mismo o informarse a través de los muchos documentos que existen sobre el particular.	(Aplausos).	Hace varias semanas, la presidenta de la Comisión de Gobierno Interior me encomendó que estudiara la posibilidad de organizar un viaje para que los colegas diputados y diputadas de esa Comisión concurrieran a la zona. En cumplimiento de ese mandato, junto con mi colega de distrito, después de conversar con el gobernador, presentamos hace varias semanas un itinerario para esa visita. Si nuestros colegas no han viajado, es problema de ellos. No se puede decir que no se han hecho los contactos y dado los pasos necesarios para concretarlo. Con todo, no es necesario viajar. Si así lo desean, pueden hacerlo el día que lo estimen conveniente, pero no vamos a prolongar un año o más la aprobación de un proyecto, que constituye una necesidad.	(Aplausos).	Esta iniciativa cuenta con el respaldo mayoritario de la gente que vive en el Alto Biobío.	(Aplausos).	El señor LEAL (Vicepresidente).- Ruego mantener silencio en las tribunas.	El señor PÉREZ (don José).- Tenemos el respaldo mayoritario de organizaciones de loncos, de dirigentes de distintas instituciones, del gobierno regional, del concejal de Santa Bárbara, don Edmundo Cofré, quien se encuentra presente en las tribunas.	(Aplausos).	Está presente en las tribunas una numerosa delegación de pehuenches proveniente del Alto Biobío, que vino a pedir a los parlamentarios que aprueben el proyecto.	(Aplausos).	En Alto Biobío existe una situación social dramática, distinta a lo que ocurre en el resto del país, que se traduce en 13,8 por ciento de indigentes y en 23,7 por ciento de pobreza. Si no somos capaces de aprobar el proyecto, quiere decir que hay un sector que está dispuesto a que continúe habiendo pobreza en algunos rincones del país.	(Aplausos).	Sin embargo, la creación de esta comuna plantea en algunos la duda respecto de la manera en que se financiará la iniciativa. A esa gente les respondo que se financiará de la misma manera como lo hace el resto de las comunas del país, es decir, a través de los aportes del Fondo Común Municipal. 	Además, esta comuna tiene un potencial turístico que no se encuentra en otras. Dentro de poco tiempo, comenzarán a funcionar dos represas, que serán un atractivo turístico; tenemos ríos fabulosos; fabulosos y limpios: el Queuco, el Biobío y otros menores; también tenemos las lagunas de Cañicú y Trabuleo, así como termas. En fin, tenemos una hermosura de paisaje, que atrae a la gente a visitar ese lugar. O sea, desde el punto de vista turístico, esta comuna tiene un potencial enorme. Debemos ser capaces de avanzar en esa dirección.	¿Cómo se puede afirmar que no se ha informado a los habitantes de Alto Biobío? Bienes Nacionales ha trabajado con ellos periódicamente; lo mismo ha hecho la Conadi, que tiene su oficina en la zona; la Subsecretaría de Desarrollo Regional ha estado en contacto con esta gente, al igual que el Mideplán; el intendente regional y sus colaboradores han estado permanentemente en el lugar, y el gobernador del Biobío, que hoy nos acompaña en las tribunas, ha tenido una permanente presencia y diálogo con la gente en Alto Biobío.	Por ello, no aprobar un proyecto de esta naturaleza no es otra cosa que un capricho de un pequeño sector. De manera que llamo a los diputados de Oposición a pensar con tranquilidad, paciencia y ponderación, y a considerar que ahí tenemos un índice de pobreza realmente alarmante.	La aprobación del proyecto de ley, pasando por encima de pretensiones mezquinas y de egoísmos que no viene al caso señalar, permitirá a la gente de Alto Biobío tener mejores expectativas de vida y mirar el futuro con mayores esperanzas.	He dicho.	-Aplausos.	El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz.	El señor ORTIZ.- Señor Presidente, intervengo en nombre de mis colegas de bancada señora Eliana Caraball y señores Gabriel Ascencio y Exequiel Silva, miembros titulares de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social en representación de nuestra bancada, como también en nombre del actual Presidente de la Cámara de Diputados, señor Pablo Lorenzini, y del señor Eduardo Saffirio, con quienes comparto la condición de miembros titulares de la Comisión de Hacienda, también en representación de la bancada de la Democracia Cristiana.	Vamos a votar favorablemente la creación de la comuna de Alto Biobío porque hay hechos indesmentibles. Aquí se ha tocado el tema del financiamiento. Recuerdo muy bien que hace ocho años, cuando comenzó la discusión del proyecto de ley que creaba la comuna de Chiguayante -lo digo con mucha altura, porque no estamos pendientes del tema mediático ni actuamos en función de caernos simpáticos entre todos-, asistimos a una junta de vecinos de Lonco y de Villuco, es decir, de los sectores de más altos ingresos, lo que, por lo demás, es muy positivo, en la que hubo una oposición total y absoluta a la creación de esa comuna, porque ellos cuestionaban el hecho de que a través del pago del impuesto territorial de esos sectores se iban a financiar a sectores del Chiguayante antiguo.	Pero el tiempo ha demostrado lo siguiente: en esa ocasión, no más de dos políticos, no más de dos parlamentarios, tuvimos la valentía de estar con esas personas y decirles que el día de mañana, cuando consiguiéramos el presupuesto y el financiamiento para el eje O’Higgins-Manuel Rodríguez, esto es, la ampliación del camino que va desde nuestra ciudad de Concepción a Chiguayante, la plusvalía de sus terrenos y de sus viviendas aumentaría y tendrían un mejor nivel y calidad de vida. El tiempo nos ha demostrado que teníamos razón.	Ahora se plantea que la comuna de Alto Biobío no va a tener financiamiento, tema recurrente desde 1980, en que se hizo un estudio que señalaba que era imposible continuar con una comuna como Santa Bárbara, que tenía un territorio tan extenso, con la diferencia y diversidad que significan los hermanos pehuenches y los 16 mil habitantes de la comuna. Por ejemplo, un profesional de la Municipalidad de Santa Bárbara debe recorrer más o menos 50 kilómetros para emitir cualquier informe relacionado con la comuna.	Hace un tiempo creamos las comunas de Chiguayante, al otro lado del río Biobío; de San Pedro de la Paz, a continuación de Concepción y de Chillán Viejo dentro de la comuna de Chillán. ¿Cuáles han sido los resultados? En Chiguayante y San Pedro de la Paz, que forman parte del distrito que represento, las inversiones efectuadas durante estos siete años han sido enormes, lo cual ha mejorado el nivel y la calidad de vida de todos sus habitantes. Al analizar las votaciones obtenidas en las últimas dos elecciones por los alcaldes señores Jaime Soto y Tomás Solís, o del alcalde de Chillán Viejo, se puede apreciar el respaldo brindado por la ciudadanía. Han sido elegidos con una alta votación, no porque sean simpáticos o buenas personas, sino porque los resultados están a la vista.	Pensemos un poco y no discriminemos nuevamente a los sectores pehuenches de Alto Biobío por situaciones partidarias de corto plazo o por el tema electoral de diciembre de 2005. Creo que ese no es el camino.	(Aplausos).	Es necesario crear la comuna de Alto Biobío. Hay que dejar en claro que quien se abstenga estará votando en contra de su creación.	He dicho.	El señor LEAL (Vicepresidente).- Ha terminado el Orden del Día.	Queda pendiente la discusión del proyecto.	El señor PÉREZ (don Víctor).- Pido la palabra, por un asunto de Reglamento.	El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra su señoría.	El señor PÉREZ (don Víctor).- Señor Presidente, sería bueno informar a los señores diputados que el Gobierno, hace pocos minutos, retiró la urgencia al proyecto.	El señor LEAL (Vicepresidente).- Como muy bien lo señaló el diputado señor Pérez, hace pocos minutos el Gobierno retiró la urgencia al proyecto. En todo caso, el plazo vencía el 9 de abril. Esperamos que este retiro de la urgencia permita generar las condiciones para que se produzca un diálogo conducente a la aprobación, ojalá por unanimidad, de la iniciativa.	Se suspende la sesión por tres minutos.	-Transcurrido el tiempo de suspensión:VI. PROYECTOS DE ACUERDOADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA EVITAR CIERRE DE BASE ANTÁRTICA “CAPITÁN ARTURO PRAT”. (Votación).	El señor HALES (Vicepresidente).- Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 374.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.	El señor HALES (Vicepresidente).- Aprobado.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:	Aguiló, Álvarez, Araya, Ascencio, Bauer, Bustos, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cubillos (doña Marcela), Díaz, Dittborn, Encina, García (don René Manuel), García-Huidobro, Guzmán (doña Pía), Hales, Kast, Kuschel, Letelier (don Felipe), Longueira, Lorenzini, Meza, Montes, Muñoz (don Pedro), Navarro, Norambuena, Ojeda, Olivares, Palma, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Riveros, Rojas, Saffirio, Salas, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Tapia, Ulloa, Urrutia, Vargas, Venegas, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.	-Se abstuvieron los diputados señores:	Bertolino y Delmastro.CREACIÓN DE COMUNA DE RAHUE.	El señor HALES (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 375.	El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 375, de los diputados señores Sergio Ojeda, Carlos Recondo, Fidel Espinoza, Javier Hernández, Jaime Quintana, Carlos Abel Jarpa, Ramón Pérez, Osvaldo Palma; de la señora Caraball, doña Eliana, y del señor Waldo Mora.	“Considerando:	Que la comuna de Osorno tiene una población de ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos setenta y cinco habitantes, con una superficie aproximada de novecientos cincuenta y un kilómetros cuadrados, con un sector urbano dividido por un cauce natural, como es el río Rahue, que da lugar a dos sectores, que son Osorno oriente y Osorno occidente, que corresponde a Rahue.	Que, de acuerdo con el censo de 2002, el sector de Rahue tiene cincuenta y ocho mil quinientos nueve habitantes. Con posterioridad al censo oficial, se contabilizaron dos mil seiscientos cuarenta rezagados, por lo que Rahue tiene sesenta y un mil ciento cuarenta y nueve habitantes. Osorno oriente tiene una población de ochenta y cuatro mil ciento treinta y un habitantes, más ciento noventa y cinco rezagados.	Que Rahue adquirió la categoría de comuna el 21 de abril de 1921. Don Lupercio Martínez Asenjo fue su alcalde hasta el 3 de diciembre de 1927, fecha en que Rahue se anexó a Osorno. Antes de ser comuna, este sector perteneció a Riachuelo, comuna de Río Negro. La cesación como comuna se debió a cuestiones meramente administrativas.	Que Rahue ha sido siempre un territorio, con una población muy ligada a su nombre y a su tierra, con amor y arraigo a su historia y a sus tradiciones.	Que todas las condiciones, características y circunstancias hacen propicia y fundada la idea de que Rahue sea comuna. Nació y emerge como tal. Su gente, su territorio y sus límites naturales así parecen demostrarlo y confirmarlo.	Que la creación de la comuna de Rahue es una antigua y muy sentida aspiración, sostenida e impulsada a través del tiempo por dirigentes sociales e institucionales, autoridades políticas y administrativas, además de la prensa, pero que no se ha encauzado formalmente hacia los organismos pertinentes. En la actualidad, tiene un apoyo inmensamente mayoritario, basado en la convicción y seguridad de que es una forma de impulsar y procurar el desarrollo y progreso del sector. El hecho de que sea un sector pobre justifica aún más la necesidad de que sea comuna. No siempre la Municipalidad de Osorno satisface las necesidades y requerimientos de la población rahuina, aunque los esfuerzos desplegados para ello han sido evidentes.	Que la experiencia y la historia del desarrollo administrativo del país muestran que, justamente, el estado de pobreza de una parte de una comuna, o sus deficiencias, han impulsado a sus autoridades y a los gobiernos a convertirla en comuna, como una manera de dotarla de sus propios medios e instrumentos para su despegue.	Que la creación de una comuna implica enfocar y enfrentar sus propias necesidades con proyectos, planes y programas, con un espíritu distinto, poniendo énfasis en su problemática más difícil y compleja. Nadie más que sus habitantes conocen sus necesidades y dificultades para enfrentar con prioridad los desafíos que se las imponen.	Que una administración directa podría definir, orientar o implementar con mayor eficacia líneas de desarrollo específico para sus pobladores.	Que la dotación de una administración propia permitiría a este territorio, además, la canalización de diversas acciones de programas nacionales y regionales hacia áreas específicas y acotadas a sus realidades territoriales y culturales.	Que atendiendo al clamor y a las peticiones de los rahuinos, en Hora de Incidentes se solicitó oficiar a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo para que estudiara la creación de la comuna de Rahue. En respuesta a esta petición, el Ministerio del Interior, por oficio N° 4.639, de 2 de octubre de 2003, informó que se resolvió incorporar en los registros la petición de la creación de la comuna de Rahue, lo que se estudiará cuando el Ejecutivo disponga abrir un nuevo proceso de creación de comunas, por haber concluido el período de diez meses, con la presentación que hizo de los proyectos de ley para la creación de las comunas de Alto Hospicio, Cholchol, Alto Bío-Bío y Hualpencillo. 	La Cámara de Diputados acuerda:	Solicitar a S.E. el Presidente de la República la creación de la comuna de Rahue, conforme a los antecedentes señalados y a los que se presentarán en su oportunidad, para lo cual se sirva instruir al Ministerio del Interior, a efectos de que, por su intermedio, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, en el proceso de evaluación de nuevas comunas, incluya a Rahue y haga los estudios, análisis y determinaciones pertinentes para su procedencia. Pedir, asimismo, que en tales investigaciones se recaben todos los antecedentes que justifiquen su creación y, para ello, se requieran las informaciones pertinentes a las autoridades locales, provinciales y regionales sobre la materia.”	El señor HALES (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto, tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.	El señor OJEDA.- Señor Presidente, la localidad de Rahue quiere ser comuna. Geográficamente está ubicada en la parte poniente de la ciudad de Osorno, separada por el río Rahue. Esta ciudad cuenta con 145 mil habitantes, de los cuales 61 mil viven en el sector de Rahue.	El 21 de abril de 1921 Rahue adquirió la categoría de comuna. Don Lupercio Martínez Asenjo fue su alcalde hasta el 3 de diciembre de 1927, fecha en que se anexó a Osorno, pues antes de ser comuna dicho sector pertenecía a otra ciudad. Su cesación como comuna se debió a cuestiones meramente administrativas y no a razones que no justificaran su existencia. Rahue siempre ha sido un territorio con una población muy ligada al nombre de su tierra, con mucho amor y arraigo a su historia y tradiciones.	La creación de la comuna es una antigua y muy sentida aspiración, sostenida e impulsada a través del tiempo por dirigentes sociales, institucionales, autoridades políticas y administrativas y prensa misma, pero que no se ha encauzado formalmente hacia los organismos pertinentes.	En la actualidad existe un apoyo inmensamente mayoritario, fundado en la convicción y seguridad de que es una forma de impulsar y procurar el desarrollo y progreso del sector. El hecho de ser un sector pobre justifica aún más la necesidad de crear la comuna. La Municipalidad de Osorno no siempre satisface las necesidades y requerimientos de la población rahuina, aunque los esfuerzos desplegados para ello hayan sido eficaces. Rahue siempre ha sido como el patio trasero de la ciudad de Osorno.	La experiencia y la historia del desarrollo administrativo del país nos muestra que el estado de pobreza de una parte de una comuna o las deficiencias de ésta, han impulsado a sus autoridades y a los gobiernos a convertirlas en comunas, como una manera de dotarlas de sus propios medios e instrumentos para su despegue.	La creación de la comuna de Rahue implica enfocar y enfrentar sus propias necesidades con proyectos, planes y programas, con un espíritu distinto, poniendo énfasis en su problemática más difícil y compleja. Nadie más que ellos conocen sus necesidades y dificultades para enfrentar con prioridad los desafíos que se les imponen.	Una administración directa puede definir, orientar e implementar, con mayor eficacia, líneas de desarrollo específico para sus pobladores.	El espíritu del Gobierno, como ha quedado en evidencia en las discusiones sobre la creación de diferentes comunas y dentro del contexto de descentralización que impulsa periódicamente, ha sido revisar y adecuar la estructura territorial a nivel comunal, en atención a que en ésta se realiza más directamente la vinculación de la administración del Estado con la comunidad, por lo que es frecuente que las modificaciones, a este nivel, sean las más demandadas.	Hoy existe un movimiento mayoritario para que Rahue se transforme en comuna. Se lo merece; necesita identidad jurídica propia; elegir sus propias autoridades y tener sus propios servicios para procurar el desarrollo y progreso de la zona, condición que un día de 1927 perdió, porque fue suprimida su calidad de comuna.	Teniendo en vista los fundamentos económicos, administrativos, institucionales e históricos, solicito la aprobación del proyecto de acuerdo que propone crear la comuna de Rahue y que el Ministerio del Interior y la Secretaría Regional Ministerial se aboquen al análisis de las condiciones, fundamentos y bases para que esa idea se haga realidad.	He dicho.	El señor HALES (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza.	El señor ESPINOZA.- Señor Presidente, sólo para sumarme, como diputado por la Décima Región, a la solicitud hecha por el diputado Ojeda, que desde hace mucho tiempo ha dado una importante lucha en pos de este tema, el cual considero de enorme relevancia. Rahue reúne las características para convertirse en comuna, condición que le permitirá desarrollarse y brindar a sus miles de habitantes una mejor calidad de vida.	Por lo tanto, hago un llamado, no sólo a los colegas de mi bancada, sino a todos, para que se sumen a la iniciativa, porque Rahue se lo merece.	He dicho.	El señor HALES (Vicepresidente).- Para impugnar el proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.	Ofrezco la palabra.	Cerrado el debate.	En votación.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 3 abstenciones.	El señor HALES (Vicepresidente).- Aprobado.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:	Aguiló, Álvarez-Salamanca, Araya, Ascencio, Barros, Burgos, Caraball (doña Eliana), Cornejo, Delmastro, Egaña, Encina, Espinoza, Galilea (don Pablo), Hernández, Jaramillo, Jarpa, Letelier (don Felipe), Montes, Mulet, Navarro, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don Ramón), Quintana, Recondo, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Tapia, Uriarte, Valenzuela, Venegas, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.-Votó por la negativa la diputada señora Cristi (doña María Angélica).	-Se abstuvieron los diputados señores:	Hales, Ibáñez (don Gonzalo) y Ulloa.VII. INCIDENTESREVISIÓN DE REBAJA PRESUPUESTARIA DE BOMBEROS DE CHILE. Oficio.	El señor HALES (Vicepresidente).- En el primer turno, del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Ulloa.	El señor ULLOA.- Señor Presidente, en febrero del año en curso, el Ministerio de Hacienda, a través de un decreto, tomó la decisión de rebajar algunas partidas del Presupuesto de la nación aprobado para 2004 por el Congreso Nacional. Lamentablemente, Bomberos de Chile es una de las instituciones que sufrieron una rebaja de aproximadamente 640 millones de pesos. Es significativa la menor cantidad de recursos si se considera que se trata de una entidad que presta un servicio público esencial para la seguridad ciudadana, aun cuando no recibe ningún tipo de remuneración.	Por lo anteriormente señalado, junto con los diputados señores Iván Norambuena, Andrés Egaña e Iván Moreira, solicito que se oficie al ministro de Hacienda, para que, si lo tiene a bien, disponga la revisión y corrección de esta situación, porque ella claramente atenta contra los niveles básicos mínimos de operación que requiere Bomberos.	La voluntad de esta Corporación ha sido siempre la de colaborar irrestrictamente con esa institución. A lo largo del país, Bomberos presta sus servicios con más de 35 mil efectivos que, en forma anónima, muestran el espíritu de servicio público, de vocación pública que tienen estos verdaderos ejércitos de la paz. 	Señor Presidente, solicito que recabe el asentimiento unánime de la Sala para que, ojalá, el oficio sea enviado en nombre de la Corporación, requiriendo, en los términos más respetuosos posible que, por lo menos en lo que dice relación con Bomberos de Chile, el presupuesto inicialmente aprobado por esta Cámara para este año se mantenga. Es imprescindible, dado los muy escasos recursos que recibe -ustedes son testigos en sus distritos de que muchas veces hay voluntarios o voluntarias con tarros en las esquinas pidiendo dinero para poder seguir salvando vidas humanas y los bienes de la so-ciedad-, que, a lo menos, el Ministerio de Hacienda considere revisar y corregir esta situación y reintegre los 640 millones de pesos rebajados, que son básicos para que esta institución pueda seguir operando en todo el país. Además, los recursos son distribuidos por la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile. 	He dicho.	El señor HALES (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo de la Sala para acceder a lo solicitado por el diputado señor Jorge Ulloa?	Acordado.	(Manifestaciones en las tribunas).	Ruego a los asistentes en tribunas guardar silencio, porque, de acuerdo con el Reglamento, no pueden realizar manifestaciones.DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA SEGURIDAD CIUDADANA. EN OCTAVA REGIÓN. Oficios.	El señor HALES (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Norambuena.	El señor NORAMBUENA.- Señor Presidente, hace algunos días fui invitado a la comuna de Lota a participar en un cabildo abierto sobre el tema de seguridad ciudadana. Dicho encuentro contó con la participación de autoridades locales, dirigentes vecinales y organizaciones sociales de la comuna. En esa oportunidad, se analizó el problema de seguridad ciudadana de la zona y sus alrededores por un creciente tráfico y consumo de drogas. Algunas de las conclusiones finales apuntan a que la solución pasa por obtener los recursos adecuados para hacer frente a esa situación.	Al tenor de los planteamientos hechos en ese cabildo, sabemos, a través de las autoridades de Gobierno y regionales, que en estos días el BID ha otorgado un préstamo por un monto de 10 millones de dólares para financiar programas de seguridad ciudadana. Esos recursos, según dirigentes locales, se incrementarían con los 6,3 millones de dólares que aportaría el Estado, con lo que se llega a un total de 16,3 millones de dólares para estos efectos.	Por ello, en nombre de Jorge Ulloa, diputado por Talcahuano; Andrés Egaña, por Concepción, y de quien habla, por Lota y la provincia de Arauco, solicito que se oficie al ministro del Interior para que nos informe cuáles son las acciones que se pretenden llevar a cabo con esos recursos. Asimismo, conocer cuál es su distribución, principalmente en la Octava Región, con el fin de que las comunas de Talcahuano, Concepción, Lota y la provincia de Arauco, indicadas como las que más sufren los problemas de delincuencia y del tráfico de drogas, puedan ser atendidas.	He dicho.	El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención.CREACIÓN DE INCENTIVOS PARA EL EMPLEO EN REGIÓN DEL MAULE. Oficios.	El señor HALES (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Sergio Correa.	El señor CORREA.- Señor Presidente, ayer, el Instituto Nacional de Estadísticas publicó nuevamente los índices de cesantía, que a nivel nacional alcanza alrededor de un 7,2 por ciento, el cual es levemente inferior al del trimestre móvil diciembre-marzo del año pasado. En varias oportunidades me he referido al tema. Sin embargo, deseo insistir en la situación ocurrida en la Región del Maule.	La provincia de Curicó tiene el mayor índice de desempleo a nivel nacional, con un 12,9 por ciento como provincia y 17,2 por ciento como ciudad. Si comparamos esa cifra con la del mismo trimestre del año anterior, 11,8 por ciento, ella ha subido seis puntos. Se trata de un alza preocupante.	El intendente de la Séptima Región del Maule, en declaraciones a la prensa, culpó de estas cifras a las autoridades de las cabeceras comunales, Talca y Curicó, por no implementar programas para combatir el desempleo. Sin embargo, quienes hemos sido alcaldes sabemos que si bien se puede influir en esta materia, no es resorte de las municipalidades solucionar un problema de esa naturaleza.	En ocasiones anteriores he solicitado oficios a diversos ministerios sobre esta situación. La región del Maule requiere de una política de shock, porque exhibe los peores índices de cesantía y de sueldos. Según un estudio publicado por el diario “La Tercera”, en la Región del Maule se pagan los sueldos más bajos del país, mientras que en la de Antofagasta los más altos. En la Segunda Región el promedio es de 400 mil pesos mensuales, en la Región del Maule sólo de 170 mil pesos. Eso tiene relación con la cesantía, porque cuando existe mano de obra abundante no hay disposición a mejorar los sueldos. El intendente de la Séptima Región culpó injustamente de estas cifras a las municipalidades de Talca y Curicó, cuyos alcaldes pertenecen a la Unión Demócrata Independiente. Lo importante es que el Gobierno promueva un aumento de la obra mejorando los programas de empleo.	Por otra parte, el seremi del Trabajo de la Séptima Región anunció la semana pasada la implementación de 300 cupos en los programas de empleo. Pero, cuando existen 25 mil cesantes, esa cifra es una gota de agua que no soluciona ningún problema. Se deben implementar programas importantes en obras públicas, que incentiven la contratación de mano de obra en el sector privado. Por ejemplo, en la provincia de Curicó hay una serie de caminos sin pavimentar y que requieren ser mejorados para sacar las cosechas. De esa manera se incentiva la contratación de mano de obra.	Otra forma es a través de incentivos tributarios que motiven al sector privado a invertir en la zona. La región del Maule y la provincia de Curicó no pueden seguir siendo la capital de la cesantía.	Hace un mes, cuando se publicó el anterior índice de cesantía, pedí que se oficiara a varios ministerios para que nos informaran sobre la situación. Como no he recibido respuesta, solicito que se insista en dichos oficios, enviados a los ministros de Hacienda, de Obras Públicas, de Vivienda y del Trabajo, adjuntando el texto de mi intervención.	He dicho.	El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.	En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, ofrezco la palabra.	Ofrezco la palabra.INFORMACIÓN SOBRE DONACIONES PARA FINES DEPORTIVOS Y FUNCIONAMIENTO DE CLUB DE TENIS PRIVADO EN RECINTO DEL ESTADIO NACIONAL. Oficios.	El señor HALES (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra, por cuatro minutos, el diputado Jorge Burgos.	El señor BURGOS.- Señor Presidente, en primer lugar, solicito que se envíen dos oficios al Instituto Nacional del Deporte. El primero es para que nos informe acerca del funcionamiento de la ley Nº 19.712, del Deporte, en especial en lo que dice relación con el párrafo 5º del Título IV, artículos 62 y siguientes, que se refiere a las donaciones con fines deportivos.	Esa ley tiene varios objetivos, pero uno de los principales es incentivar la participación privada en el financiamiento del deporte, tanto masivo como competitivo, a través de donaciones que permiten al donante obtener rebajas tributarias en las condiciones y formas que establece.	Quiero que se nos informe lo más detalladamente posible respecto de la cantidad de proyectos que se han financiado de esta forma, tanto de los que se han aprobado como de los que ya se han ejecutado, desagregados por región, y, ojalá, con el detalle de los objetivos que persigue cada uno, esto es, si se trata de proyectos dirigidos a fomentar el deporte masivo o el de alto rendimiento.	El segundo oficio al Instituto Nacional del Deporte es para que nos informe acerca de la razón por la cual en el recinto del Estadio Nacional, ubicado en la comuna de Ñuñoa, funciona un club de tenis privado que ocupa diez o catorce canchas que son propiedad del Estado. La información que obra en mi poder indica que se trata de una institución de carácter privado, corporación o sociedad, no sé, que administra esas canchas.	La pregunta obvia es cómo es posible que en un recinto como el Estadio Nacional, que es un bien público, pueda funcionar un club privado que utiliza canchas que son bienes de uso público. ¿Hay alguna concesión de por medio? Si es así, ¿dicha concesión importa algún ingreso de dinero para el Instituto Nacional del Deporte? ¿Cuánto tiempo dura esa concesión? ¿Cuándo esas canchas quedarán al servicio de la comunidad, particularmente de la de Ñuñoa?	El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.CONDICIONES CONTRACTUALES DE LOS CIUDADANOS CHILENOS QUE CUMPLEN FUNCIONES DE SEGURIDAD EN IRAK. Oficio.	El señor BURGOS.- Señor Presidente, en segundo lugar, solicito que se envíe un oficio al Ministerio de Defensa para que nos informe qué control tiene sobre los chilenos, especialmente del sector pasivo de las Fuerzas Armadas, que viajaron a Irak, contratados gracias a las gestiones de una empresa privada, para cumplir funciones de seguridad en ese país.	En particular, me interesa saber si hay alguna información respecto de eventuales seguros que protejan a esas personas y respecto de quién los contrató. También quiero saber si en el proceso de su contratación hubo algún tipo de tuición de algún organismo de las Fuerzas Armadas.	Es cierto, se trata de personas que contrataron voluntariamente, pero están sujetas a riesgos importantes. Por tanto, es preciso que se den a conocer esos riesgos y saber quiénes responden por ellos y qué institución contrató a esas personas, si es una institución pública o privada, y de qué nacionalidad.	Ojalá que el Ministerio de Defensa nos pueda informar sobre estas materias.	El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.INFORMACIÓN SOBRE PRÁCTICA DE PSEUDO DEPORTE DENOMINADO “TODO VALE”. Oficios.	El señor BURGOS.- En tercer lugar, solicito que se oficie al Ministerio del Interior, a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones y al Ministerio de Defensa, para que nos informen acerca de un pseudo deporte, del que me informe por la televisión, denominado “todo vale”, que consiste en que dos personas se golpean hasta quedar lesionadas. Según he sabido, se practica en varias comunas de Santiago.	Aparentemente, es un deporte sin reglas o las que tiene no permiten evitar la destrucción humana. Los testimonios de las personas que han combatido en este pseudo deporte, a mi juicio delictual, daban cuenta de que habían recibido dos o tres lesiones graves, de las así consideradas por el Código Penal.	¿Quién controla eso? ¿El Ministerio del Interior, Carabineros, Investigaciones? ¿Hay algún control preventivo o represivo?	En mi opinión -insisto-, se trata de una actividad delictual y no se requiere legislar para prohibirla, dado que se producen lesiones.	Me parece que el Ministerio de Defensa, a través de la Dirección General de Movilización, nos puede informar si tiene algún control sobre esta actividad, ya que esa institución controla lo más parecido a esa actividad, como son las denominadas artes marciales.	He dicho.	El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de las diputadas señoras Alejandra Sepúlveda y Eliana Caraball y de los diputados señores Eduardo Saffirio, Gabriel Ascencio, Pedro Araya, Patricio Cornejo, José Miguel Ortiz, Edmundo Salas, Rodrigo González, Enrique Jaramillo y Jaime Quintana.SUBSIDIO PARA REPARACIÓN DE VIVIENDAS URBANAS Y RURALES. Oficios.	El señor HALES (Vicepresidente).- Tiene la palabra el honorable diputado señor Eduardo Saffirio.	El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, hace poco más de un año, junto con la diputada señora Eliana Caraball, que en ese momento presidía la Comisión de Vivienda de la honorable Corporación, presentamos un proyecto de acuerdo -fue aprobado por unanimidad- para solicitar al Ministerio de Vivienda la reparación de lo que, a nuestro juicio, constituye un error en la política de vivienda vigente en el país, ello es, subsidiar la construcción de viviendas, pero no su reparación.	Los fundamentos del proyecto de acuerdo fueron remitidos al Ministerio de Vivienda, cartera que consideró la iniciativa bien fundada y pertinente,  determinando que era necesario enfrentar la falta de un subsidio para reparar viviendas. Se trata de un problema social muy importante, presente tanto en el campo como en la ciudad. Por lo demás, se da el absurdo de que muchas veces el Estado debe esperar a que las viviendas se destruyan para subsidiar la construcción, lo cual, evidentemente, resulta mucho más caro que subsidiar su reparación.	Como señalé, el Ministerio de Vivienda realizó el estudio técnico correspondiente, que hoy funciona como plan piloto en la comuna de Independencia, en la Región Metropolitana. Entiendo que es voluntad del ministerio extenderlo durante este año a otras comunas del país.	En concreto, la preocupación que tenemos con la diputada señora Caraball es sobre si el Ministerio de Hacienda aportará o no los recursos para extender, durante 2005, el subsidio a la reparación de viviendas en todo el país. Para aclarar este punto, solicito que se oficie al ministro de Vivienda para que informe si esta materia ha sido considerada en la elaboración de su presupuesto sectorial, y al ministro de Hacienda a fin de representarle la inquietud que nos asiste a la diputada Caraball y a quien habla respecto de la posibilidad de que esa cartera disponga los recursos necesarios, de manera que el próximo año se encuentre operativo el subsidio para reparar viviendas urbanas y rurales en todo le país.	He dicho.	El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de las diputadas señoras Eliana Caraball, Alejandra Sepúlveda y de los diputados señores Alejandro Navarro, José Miguel Ortiz, Pedro Araya, Jorge Burgos, Leopoldo Sánchez, Rodrigo González, Jaime Quintana y Carlos Kuschel.SISTEMAS DE TURNOS MÉDICOS EN CAMPAMENTOS MINEROS. Oficios.	El señor HALES (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Cornejo.	El señor CORNEJO.- Señor Presidente, el 17 de febrero de este año, a las 21.30 horas, falleció, por causas no conocidas, don Pedro Sáez Gutiérrez, de 33 años, en el campamento minero denominado Los Bronces, ubicado en la comuna de Las Condes, de propiedad de la empresa minera transnacional Anglo American. Este trabajador era empleado de la empresa Echeverría e Izquierdo, montajes industriales sociedad anónima, contratista de Anglo American.	Quiero hacer presente esta situación, por cuanto al momento de fallecer don Pedro Sáez no había médicos en el lugar, en circunstancias de que la empresa tiene 800 trabajadores de planta en el mineral Los Bronces y hay una cantidad no precisada de trabajadores de empresas contratistas que también pernoctan en ese campamento minero.	Es importante señalar que estas empresas mineras, que no pagan impuestos, que se resisten tenazmente a pagar royalties y que han hecho fuertes lobbies en su contra, no tienen en sus campamentos dotaciones sanitarias que consideren la presencia de médicos cirujanos las 24 horas del día para atender a los accidentados y las enfermedades que afectan a sus trabajadores y a los de las empresas contratistas. Es lo que sucedió el 17 de febrero, cuando don Pedro Sáez Gutiérrez murió sin asistencia médica. 	Por eso, pido que se oficie, en primer lugar, a todos los directores de los servicios de salud para que nos informen sobre las instalaciones sanitarias de todos los campamentos mineros de sus respectivos territorios, indicando si tienen sistemas de turnos con médicos cirujanos; en segundo lugar, al director del Servicio Médico Legal a fin de que nos haga llegar el informe de la autopsia de don Pedro Sáez Gutiérrez, y en tercer lugar, al ministro de Salud, con el objeto de que modifique el decreto supremo Nº 594, que aprueba el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, de manera que los campamentos mineros que tengan un número superior a los cincuenta trabajadores dispongan de turnos médicos de 24 horas en las noches y los sábados, domingos y festivos. 	He dicho. 	El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputadas señoras Eliana Caraball y Alejandra Sepúlveda y de los diputados señores José Miguel Ortiz, Pedro Araya, Edmundo Salas, Jorge Burgos, Alejandro Navarro, Enrique Jaramillo, Rodrigo González, Leopoldo Sánchez, Jaime Quintana. PAVIMENTACIÓN DE CAMINO EN SECTOR LA RAMADA EN SAN FERNANDO. Oficios.	El señor HALES (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda. 	Resta un minuto y medio al Comité Demócrata Cristiano.	La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, sólo para referirme a un problema que afecta al sector de La Ramada en San Fernando. Se trata de la pavimentación de 800 metros que, de no llevarse a cabo, sería muy difícil realizar la siguiente etapa incluida en un programa del Ministerio de Obras Públicas. 	Es un sector semi urbano en el que viven alrededor de 3 mil familias y a las cuales les resulta muy complicado transitar durante el invierno. Si no existe un compromiso en ese sentido, los 800 metros quedarán prácticamente aislados, en circunstancias de que existe la posibilidad de tener un pavimento básico. 	Por eso, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas y al seremi de Obras Públicas de la Sexta Región a fin de que se concrete lo antes posible la entrega de los recursos necesarios para pavimentar el tramo mencionado. 	He dicho.	El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados de las bancadas democratacristiana, del Partido por la Democracia y socialista presentes en la Sala.MAYORES RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS PARA EL SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO. Oficios.	El señor HALES (Vicepresidente).- El turno siguiente corresponde al Comité del Partido por la Democracia.	Tiene la palabra, por cuatro minutos, el diputado Leopoldo Sánchez.	El señor SÁNCHEZ.- Señor Presidente, con fecha 26 de marzo del presente año, el Servicio Agrícola y Ganadero detectó varios ejemplares de moscas del mediterráneo, conocida como la “mosca de la fruta”, en la Quinta Región, específicamente en el sector de Calle Larga, en Los Andes.	Tengo información que desde el mismo día en que se detectó la presencia de este insecto se reforzó la vigilancia en el área afectada, procediéndose a la instalación de una red de trampas de emergencia en un área que cubre 196 kilómetros cuadrados. Paralelamente, se iniciaron actividades de control dirigidas a combatir todas las etapas de desarrollo del insecto, consistentes en una serie de cuestiones técnicas que no es del caso señalar, y se estableció un área de cuarentena en un radio de 7,2 kilómetros.	¿Por qué hago este relato? Debido a su apertura a los mercados externos y al mundo globalizado, Chile necesita instituciones en las distintas áreas que respondan a requerimientos cada vez más exigentes. Particularmente en el ámbito agrícola o silvoagropecuario, para usar una expresión más amplia, nuestro país es una potencia, y dentro de éste lo forestal y la exportación de frutas y hortalizas han tenido significativos resultados económicos para el erario.	Pero, ¿qué ha pasado en el último tiempo? Chile ha suscrito tratados de libre comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea y con países del Asia, en particular, con Corea. Hago este alcance porque existen tremendas dudas en cuanto a si nuestras instituciones públicas, particularmente el Servicio Agrícola y Ganadero, están preparados para enfrentar los desafíos y las exigencias del mundo globalizado y de la apertura a los grandes mercados. Ejemplo de esto es el control de las plagas cuarentenarias como la mosca de la fruta que he citado a propósito del caso de Calle Larga, en la Quinta Región. Es así como hemos visto un servicio que hace tremendos esfuerzos, con muy pocos recursos económicos y humanos, frente a una presión creciente generada por esta apertura comercial, no sólo hacia los megamercados citados de Europa y Estados Unidos, sino que también hacia nuestros vecinos, particularmente la República Argentina.	El incidente ocurrido, que puede provocar un serio traspié a la salida de frutas por los puertos, nos está indicando el grave peligro que puede significar para todas las exportaciones agrícolas la aparición de una plaga cuarentenaria mínima. Y digo mínima por la escasa cantidad de ejemplares capturados. 	¿Adónde quiero llegar con esto? El Servicio Agrícola y Ganadero, en su calidad de servicio público que tiene que ver con la fiscalización y certificación de nuestras exportaciones -en el fondo es aval público de las exportaciones de frutas y hortalizas a más de 100 países del mundo- necesita más recursos. Hoy día, dicho servicio ha sido sobrepasado por las exigencias actuales y por las crecientes y potenciales exigencias que vienen, por lo que requiere una urgente inyección de mayores recursos tanto en personal, profesionales y técnicos, como en recursos financieros.	Por lo tanto, pido que se oficie a los ministros de Hacienda, de Economía y Energía y de Agricultura, adjuntando el texto de mi intervención, a fin de solicitarles encarecidamente que en el Presupuesto de 2005 se tengan en consideración las crecientes exigencias que tenemos como país en el ámbito agrícola, lo que hace necesario asignar mayores recursos al servicio que tiene a su cargo supervigilar las exportaciones de frutas, hortalizas y productos pecuarios y forestales. De lo contrario vamos a colapsar y quedaremos como un país absolutamente debilitado y desprestigiado.	He dicho.	El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados Enrique Jaramillo, Rodrigo González, Felipe Letelier, Jaime Quintana y Alejandro Navarro.ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE NUEVO CONSULTORIO URBANO EN COMUNA DE VICTORIA. Oficios.	El señor HALES (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana.	El señor QUINTANA.- Señor Presidente, en la comuna de Victoria existe un hospital nivel 2, el cual se encuentra en la nómina de los que serán autogestionados.	Este centro asistencial es de vital importancia para la comuna y para los sectores aledaños de la provincia de Malleco, alcanzando este último tiempo importantes estándares en materia de cirugía. Allí la espera resulta mínima precisamente porque su quehacer ha estado orientado a cirugías de distinto grado de complejidad, lo que ciertamente da gran tranquilidad a la población.	No obstante lo anterior, la comuna de Victoria no está al margen del eterno problema de la falta de recursos para la atención primaria, ya que para atender a más de treinta y cinco mil habitantes cuenta con un consultorio urbano que presenta diversas carencias y hoy se encuentra colapsado.	El problema es conocido por las autoridades de salud de la región. De hecho, en la visita que hace algunos meses efectuó a Victoria el ministro de Salud, señor Pedro García, la comunidad le expresó la necesidad de que se elabore un estudio de factibilidad para dotar a la comuna de un nuevo consultorio urbano, porque el número de usuarios que puede atender en el único consultorio de este tipo, aproximadamente 20 mil, se ha excedido de manera significativa. Además, hay que considerar que dicho consultorio se encuentra en un punto de la ciudad que dificulta el acceso de los habitantes de los sectores poblacionales más distantes de la comuna que es mayoritariamente urbana. Un eventual lugar para emplazar el nuevo consultorio podría ser el sector Bajo Traiguén.	En consecuencia, pido que se oficie al ministro de Salud, adjuntando copia de mi intervención, a fin de reiterarle la solicitud de que, a la brevedad, se hagan los estudios de factibilidad para que Victoria pueda contar en un futuro no lejano con un segundo consultorio urbano y conocer su opinión al respecto.	Asimismo, pido que se envíe copia de mi intervención al seremi de Salud de la región de La Araucanía, doctor César Torres, y al director del hospital de Victoria, doctor Ricardo Villablanca.	He dicho.	El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.REPARACIÓN DE LA VÍA FÉRREA DE TEMUCO A PUERTO MONTT. Oficio.	El señor HALES (Vicepresidente).- Restan tres minutos y cuarenta segundos al Comité del Partido por la Democracia.	Está inscrito el diputado señor Jaramillo, pero el diputado señor Felipe Letelier le solicita que le conceda unos minutos para pedir el envío de un oficio.	El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, voy a ceder dos minutos de mi tiempo al diputado señor Felipe Letelier, porque yo también sólo voy a pedir el envío de un oficio.	El señor HALES (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por un minuto y cuarenta segundos, su señoría.	El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, el tráfico ferroviario de Temuco a Puerto Montt aumenta día a día, pero en la actualidad la vía férrea no está preparada para ello, porque no se han efectuado las reparaciones del caso ni se han instalado barreras de protección en los lugares poblados, lo que constituye un gran peligro para la población.	Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones a fin de que el presidente de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado me informe cuándo comenzarán las obras de reparación del tramo de la vía férrea Temuco-Puerto Montt y la instalación de barreras de resguardo en las ciudades por donde pasa actualmente ese ferrocarril.	He dicho.	El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS ENTREGADOS POR LA CORFO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DESARROLLO. Oficio.	El señor HALES (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por dos minutos, el diputado señor Felipe Letelier.	El señor LETELIER (don Felipe).- Señor Presidente, agradezco al diputado señor Jaramillo por la gentileza de haberme cedido parte de su tiempo.	El máximo personero de la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, ha señalado que ese organismo está efectuando algunas actividades especiales de fomento productivo en conjunto con el Ministerio de Agricultura.	Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Economía y Energía a fin de que instruya al vicepresidente ejecutivo de la Corfo, señor Öscar Landerretche Gacitúa, para que nos envíe, por lo menos del año 2003, la nómina de proyectos relacionados con los programas de fomento, Profo; los programas de desarrollo de proveedores, PDP; los programas de fondos de asistencia técnica, FAT, y los programas de preinversión en riego, porque me interesa saber, región por región, dónde se han realizado dichas inversiones. No es menor el hecho de que en algunos programas se gasten 100 mil UF. 	Asimismo, quiero saber cómo se distribuyeron esos recursos y cuánto se invirtió en mi zona. Lo mejor es conocer los programas desarrollados por la Corfo, proyecto por proyecto. 	Por lo tanto, considero muy importante contar con esa información lo antes posible.	He dicho.	El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Enrique Jaramillo y Rodrigo González. INFORMACIÓN SOBRE LA NO EJECUCIÓN DE OBRAS EN COMUNA DE PUERTO MONTT. Oficios.	El señor HALES (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Carlos Kuschel.	El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, el alcalde de Puerto Montt ha denunciado presiones ante decisiones edilicias de su competencia, lo que ha llevado a la no ejecución de importantes obras para la comuna. Tengo en mi poder la declaración del alcalde, que se puede fotocopiar y entregar a las autoridades que corresponda.	Por esa razón, solicito que se oficie a todas las autoridades que desarrollan su labor en Puerto Montt a fin de que nos informen acerca de las obras que se han dejado de realizar o no se han continuado para presionar o chantajear al alcalde de Puerto Montt, los montos involucrados y cuándo se reanudará su ejecución.	He dicho.	El señor HALES (Vicepresidente).- Agradeceré a su señoría hacer llegar esa declaración a la Mesa.	Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Enrique Jaramillo, René Manuel García y Francisco Bayo.EXIGENCIAS Y CONDICIONES DE ARGENTINA PARA IMPORTACIÓN DE AVENA DESDE CHILE. Oficio.	El señor HALES (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.	El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, he recibido varias llamadas telefónicas de agricultores de Temuco preocupados porque Argentina está exigiendo certificados -que deben hacerse en pie, antes de la cosecha- para exportar avena.	Argentina está burlando hoy las barreras arancelarias y pide, mediante subterfugios, eliminar posibles plagas que podría tener la avena.	Sin embargo, se formula esta petición cuando está toda la avena cosechada. ¿Cuál es el problema? Que se puede exportar avena a Argentina, pero debe ser exclusivamente para consumo humano. Ello no tiene ninguna importancia, porque la cantidad sería ínfima. 	Hoy, todos los agricultores están con su avena lista para exportar a otros países y tener mejores condiciones.	Si consideramos que el actual precio del quintal de avena en el país es de cuatro mil pesos y el año pasado era de siete mil, a los agricultores ni siquiera les alcanza para cubrir los costos y por eso se han visto obligados a buscar otros mercados.	Chile debería exigir el principio de reciprocidad en el trato a los agricultores. Argentina les impone las reglas que quiere; sin embargo, Chile no hace lo mismo con los de Argentina. Debería haber mayor claridad al respecto.	Como ya señalé, éste es un subterfugio utilizado por Argentina para burlar los aranceles acordados con el “famoso” Mercosur.	Solicito que se oficie al director del Servicio Agrícola y Ganadero para que nos informe las condiciones y exigencias de Argentina a nuestros agricultores para la exportación de avena a ese país, tanto para el consumo humano como animal -me interesa especialmente el consumo animal, porque su tratamiento es otro-, de modo que ellos tengan absoluta tranquilidad en cuanto a los requisitos de exportación de sus productos. 	Las reglas se aplicarán desde el 1º de abril en adelante, lo que me parece ilógico.	He dicho.	El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Kuschel, Bayo, Jaramillo y Quintana.INVESTIGACIÓN DE OLORES EN VILLA “LOMAS DE LO AGUIRRE” DE PUDAHUEL. Oficio.	El señor HALES (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Francisco Bayo.	El señor BAYO.- Señor Presidente, quiero hacer presente el reclamo de un grupo de habitantes de una villa que no pertenece a mi distrito sino a Santiago, respecto del cual hemos conversado con el diputado señor Melero, representante de dicho distrito.	Me refiero a la villa Lomas de Lo Aguirre, ubicada en la comuna de Pudahuel. El reclamo dice relación con el pésimo olor que en los últimos meses afecta al sector y a todos los habitantes de esa comunidad, en especial al caer la tarde y en la noche.	No es posible que los niños jueguen en un ambiente como éste o que no se pueda hacer la más mínima vida social y los moradores deban cerrar las ventanas de sus viviendas para evitar que los malos olores penetren.	Los residentes de la villa, apelando a su legítimo derecho constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, han solicitado reiteradamente una solución a su problema, pero no han obtenido respuesta oficial de la máxima autoridad de la comuna.	En reiteradas oportunidades han recurrido a la Municipalidad de Pudahuel; sin embargo, hasta la fecha no han conseguido ninguna respuesta. Se han hecho aseveraciones en torno a la causa de esta contaminación, pero no hay indicios de solución al problema.	Por lo expuesto, solicito que se oficie al ministro Secretario General de la Presidencia, señor Francisco Huenchumilla, en su condición de coordinador de la Conama, a fin de que dé respuesta a los requerimientos de la población o que instruya a quien corresponda para que se realice una investigación a fondo y que de una vez por todas se resuelva un problema que en el pasado afectó a la comunidad de El Noviciado y que significó el corte de la Ruta 68 en una oportunidad.	Reitero, hemos conversado sobre el tema con el diputado Patricio Melero, quien está de acuerdo con la presente gestión, complementaria de otras realizadas por él y otras personas en Pudahuel.	He dicho.	El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.	Ofrezco la palabra.	Ofrezco la palabra.INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITO FISCAL A CIERTAS EMPRESAS. Oficios.	El señor HALES (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro.	El señor NAVARRO.- Señor Presidente, solicito que se oficie al ministro de Hacienda a fin de recabar, una vez más, información sobre una situación antigua pero no por ello menos vigente: el otorgamiento de crédito fiscal a empresas como Metalpar, que lo han usado de manera absolutamente irregular, estableciendo para los adquirentes de sus productos condiciones que han devenido en una situación grave para su capacidad económica, los que han sido virtualmente objeto de irregularidades al aplicarse un procedimiento que los ha dejado endeudados y les ha significado el remate de sus buses y, en muchos casos, de sus casas.	Hemos planteado al ministro de Hacienda -en innumerables ocasiones y mediante centenares de documentos- la necesidad de revisar los artículos 11 al 16 de la ley Nº 18.634, que disponen que quien adquiere un bien de capital nuevo, fabricado en Chile y cumple con los requisitos que la ley establece, tendrá derecho a un crédito; esto es, percibir una suma de dinero de cargo fiscal que se le debe solicitar al Servicio de Tesorería y pagarla en un plazo de hasta cinco años. 	No es posible que el monto del crédito fiscal entregado por la adquisición de buses de transporte público llegue a veinte millones de dólares, aproximadamente -gran parte de esa cantidad irrecuperable-, cuando el Gobierno en el plan Transantiago plantea sacar en los próximos dos años más de cuatro mil buses de la Región Metropolitana. Es un sector que está en retroceso y que sufrirá un fuerte castigo con el plan de modernización. Además, el crédito fiscal es mal utilizado, constituyendo ello un delito, tal como lo demuestran los informes elaborados por la Dirección Nacional de Aduanas y el Consejo de Defensa del Estado, que ha pedido el procesamiento de los ejecutivos de Metalpar, cuestión que en dos años no se ha podido lograr por diversas objeciones legales, triquiñuelas y resquicios.	En definitiva, está claro que dicho beneficio debe ser revisado y emitirse un informe que justifique que se siga entregando, dado los graves inconvenientes que también tiene la Tesorería General de la República para recuperarlo.	Las irregularidades que ha detectado la Contraloría General de la República en la transferencia de los bienes, en innumerables oportunidades han impedido recuperar el dinero del crédito fiscal, pues esas transfe-rencias se han efectuado sin la notificación a la Tesorería y sin considerar la prenda industrial que conlleva el otorgamiento del crédito fiscal. Los buses han sido rematados a espaldas de la Tesorería, y sus propietarios, a pesar de esa venta forzada, han quedado debiendo a la Tesorería y al Servicio de Impuestos Internos por el IVA diferido.	Quiero recordar que en enero de 2003 la Dirección Nacional de Aduanas señaló las graves irregularidades que indicaba el informe de la Contraloría Regional de Valparaíso, la que logró determinar que, en numerosos casos, se volvió a facturar la venta de vehículos como nuevos sin haber cumplido las obligaciones asumidas con el Estado y sin que el Servicio de Aduanas autorizara la enajenación. Las denuncias corresponden a enajenaciones forzadas; esto es, remate de buses adquiridos a Inversiones Metalpar. La Dirección de Aduanas expresó que va a realizar diversas acciones disciplinarias y administrativas internas respecto de esta situación.	Por lo tanto, pido que se oficie al director Nacional de Aduanas a fin de que informe el resultado de esas acciones disciplinarias y del avance de los procesos por fraude tributario presentados en el Trigésimo Cuarto Juzgado del Crimen, en Santiago.	Por último, pido que se oficie al tesorero general de la República a fin de que detalle, uno a uno, incluida la identificación del bien, los procesos que se llevan adelante para el cobro del crédito fiscal, en cuántos se ha procedido a rematar y cuál es el procedimiento para el retiro del bus y el cobro de la deuda.	He dicho.	-Aplausos.	El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.INSTALACIÓN DE LOMOS DE TORO EN COMUNA DE PUERTO VARAS. Oficio.	El señor HALES (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza.	El señor ESPINOZA.- Señor Presidente, hace un par de semanas los habitantes de la comuna de Puerto Varas se vieron gravemente afectados por una disposición municipal, específicamente por una orden del alcalde de la comuna, señor Ramón Bahamonde, de instalar, en diferentes puntos de la ciudad, una cantidad superior a la media docena de reductores de velocidad, conocidos en nuestro país como “lomos de toro”, los que hasta hoy sólo han provocado graves problemas a los automovilistas, conductores de vehículos de locomoción colectiva y camioneros.	Los “lomos de toro” se instalaron en la costanera y otras vías de gran afluencia de público, como la calle Colón, pero sin autorización del organismo competente, es decir, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y en perjuicio de la comunidad. Con su orden, el alcalde violó un decreto supremo que establece que la Subsecretaría de Transportes será la encargada de dar autorizaciones al respecto.	¿Cuál es el problema de fondo? Durante este mes, diversos vehículos han sido dañados debido a la instalación de los “lomos de toro”; ha habido problemas de atochamientos y cuasi accidentes. Desde algunas zonas, ha sido realmente difícil desplazarse dentro de la ciudad o hacia Puerto Montt.	Los mismos problemas existen en Llanquihue y otras comunas por medidas que se han tomado sin la autorización correspondiente. Por eso, hago un llamado a los alcaldes para que no tomen decisiones arbitrarias que afecten a la población. 	Los reductores de velocidad o “lomos de toro” cumplen una gran utilidad si se utilizan en lugares que ameritan su instalación, como son aquellos que presentan altas tasas de accidentabilidad. Por ejemplo, se justifican en las salidas de colegios para evitar que algunos automovilistas transiten a altas velocidades.	Por eso, solicito que se oficie para que el subsecretario de Transportes imparta instrucciones precisas a los seremi de las regiones, a fin de que no se tomen medidas que pueden provocar efectos no deseados. Todos queremos que no ocurran más accidentes y que se cumpla la normativa del tránsito, pero -repito-, la instalación indiscriminada de reductores de velocidad puede ocasionar desajustes de consideración en el tránsito.	He dicho.	El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión del diputado señor Navarro y de quien habla.	Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.	-Se levantó la sesión a las 13.49 horas.JORGE VERDUGO NARANJO,Jefe de la Redacción de Sesiones.VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA1.	Moción de la diputada Adriana Muñoz, y de los diputados señores Montes, Riveros, Bustos, Jaramillo, Saffirio, Encina, Burgos y Mora.	Introduce sanciones a la transgresión del límite al gasto electoral. (boletín N° 3476-06)Idea matriz del Proyecto	La ley N° 19.884 introdujo por primera vez en la legislación nacional la necesidad de establecer mecanismos para transparentar, limitar y controlar el financiamiento de las campañas electorales como un medio para fortalecer y modernizar nuestro sistema democrático.	Con este objeto, dicha ley estableció normas tendientes a limitar el gasto electoral, transparentar el origen y destino de los fondos utilizados en las campañas, facilitar un igualitario acceso de los ciudadanos a los puestos de elección popular, específicamente equiparando las condiciones electorales de los candidatos mediante subsidios estatales y asegurando la imparcialidad del Gobierno de turno en el uso de los recursos públicos en periodos electorales. En este sentido, la norma responde a una tendencia predominante en las democracias occidentales de regular el financiamiento de las campañas electorales. Así, el mayor mérito de la citada ley es poner de manifiesto la necesidad de regular la materia.	El presente proyecto de ley tiene por objeto resolver algunas de las deficiencias y vacíos que la actual normativa observa en referencia al financiamiento electoral. En primer término, La Ley promulgada no establece sanciones a su contravención a excepción de las ya previamente establecidas mediante los procedimientos administrativos de la Contraloría General de la República las que sólo afectan a los funcionarios de la administración del Estado.	Originalmente el proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso contemplaba sanciones del tipo de multas a beneficio fiscal para los casos en que los candidatos o los partidos políticos excedieran el límite del gasto electoral. Sin embargo, por no poseer mecanismos que garantizarán a los infractores de un debido procedimiento que permitiera a los afectados defenderse adecuadamente, el Tribunal Constitucional objetó las disposiciones que establecían las sanciones señaladas con lo cual el ejecutivo optó a fin de proseguir con los procesos de aprobación de la presente ley, por eliminar las sanciones establecidas, derechamente.	Asimismo, la citada Ley si bien prohíbe los aportes de campaña electoral provenientes de personas naturales o jurídicas extranjeras, no establece sanciones para aquellos candidatos o partidos políticos que reciban dineros desde el exterior.	De esta forma nos encontramos frente a una normativa que más que una ley con imperio parece ser una mera recomendación para las personas naturales y jurídicas a las que eventualmente afecte. La experiencia comparada demuestra que es la combinación de sanciones la que permite dar mayor efectividad a la norma, lo que implica la aplicación de multas a los que violen la ley y el no otorgamiento de subsidios estatales directos a candidatos o partidos que no cumplan con las disposiciones.	En segundo término, crea mecanismos de fiscalización al gasto electoral difícilmente operables.	El hecho de instituir un sistema de fiscalización basado en rendición de cuentas las que son presentadas o rendidas con posterioridad al acto electoral supone generar una capacidad de control contable actualmente inexistente en el Servicio Electoral, el cual además cuenta con plazos breves para cotejar la información presentada y evacuar su informe. Desde el punto de vista comparado, otros países han resuelto este problema vía el fortalecimiento de los servicios de control y la exigencia de informes contables a los candidatos y partidos antes de verificarse el proceso electoral. Este es el caso de Brasil y Argentina.	Sin embargo, para el supuesto en que el trabajo de control realizado por dicho Servicio Electoral fuese eficiente en los plazos indicados por la ley, no se establecen mayores sanciones para su trasgresión. Lo anterior sin contar con la falta de capacidad de fiscalización in situ del gasto electoral efectivo.	Asimismo no se prevé la posibilidad de que grupos de apoyo, independientes a los partidos políticos, colaboren indeterminadamente en favor de una corriente o un candidato en particular. De esta forma, no es controlable el gasto que efectúen particulares en pos de una opción política o un candidato.	En su origen, la discusión respecto de la necesidad de contar con una normativa de control al financiamiento electoral se basó en la comprobación del gasto desmedido efectuado en las campañas electorales. Es así corno en las campañas parlamentarias de 1993 se estima el gasto electoral en 16 mil millones de pesos y en las de 1997 se estima el gasto en 39 mil millones de pesos. Sin embargo, los nuevos límites introducidos por la ley en comento no distan mucho de los comprobados en las elecciones anteriores.	El punto relevante sobre esta materia es determinar si es posible efectuar un control efectivo al gasto electoral que realice un partido político o un candidato o por el contrario, lo trascendente es controlar que no exista fraude tributario en los aportes que solventan las camparas electorales.	Siendo así, de toda importancia resulta el establecer medidas de control tendientes a verificar que los gastos electorales no provengan de gastos simulados por parte de empresas nacionales, ya que si esto es lo que efectivamente ocurre, en definitiva significa el subsidio indirecto del erario nacional a campañas políticas ligadas a sectores empresariales.	No es desconocido el hecho de que por la vía de la disminución de la carga tributaria anual, una empresa financie una campaña política con cargo a los gastos necesarios para producir la renta.	En relación con este último punto se observa que la ley establece dos posibilidades que contravienen el principio de transparencia en las donaciones. En primer lugar, la posibilidad de efectuar donaciones anónimas a pesar de tener éstas un límite. En este sentido la regla general debiese ser las donaciones reservadas hasta cierto monto. En segundo lugar, la posibilidad de que personas jurídicas cualquiera sea su categoría puedan realizar aportes tendientes a financiar campañas o partidos políticos. En este sentido, no es entendible el motivo de que una persona jurídica pueda financiar candidatos o partidos políticos, ya que éstas no tienen, ni pueden llegar a tener intención de voto. Por lo demás, si el fin de las empresas es el lucro, resulta lógico esperar entonces que una empresa que se le permita hacer donaciones tenga por objetivo obtener ventajas de dicha donación y no simplemente expresar una preferencia, como podría argumentarse en el caso de una persona natural.	Es por lo anterior que una ley que regule el financiamiento de campañas electorales debiera excluir definitivamente la posibilidad de aportes privados efectuados por personas jurídicas. El hecho que el legislador optase por excluir a las personas extranjeras de financiar mediante aportes las campañas electorales, a excepción de aquellas con derecho a sufragio, no se condice con la posibilidad de que personas jurídicas extranjeras, generalmente transnacionales, puedan financiar campañas electorales, mediante filiales establecidas en el país.	Incluso en el caso paradigmático de Estados Unidos donde son los particulares los que financian las campañas a través de donaciones a nivel federal y no existe el subsidio federal directo para dichos procesos electorales, no se acepta que personas jurídicas hagan donaciones a partidos políticos. Todavía más, y con el propósito de garantizar la transparencia de tales donaciones, allí prima el principio de total transparencia ya que no se permiten que las donaciones sean anónimas o reservadas.	El regular el sistema de financiamiento de las campañas electorales implica realizar definiciones previas en torno a establecer cuales serán los principios rectores que imperaran en su estructuración, y entre ellos cual o cuales primaran por sobre los otros, debiendo buscarse, a su vez, un orden armónico entre lo que es las libertades públicas en el escenario electoral y el bien común.	Sin embargo, al interior del libre juego de los principios constitucionales de un Estado de Derecho, se debe analizar cuál o cuáles principios, no sólo deben imperar idealmente al momento de materializar la presente normativa, sino, cuál de ellos responde de mejor manera a la realidad de nuestro sistema.	En este sentido, la transparencia del sistema aparece como el principio requerido para que el resto de los principios en juego puedan desarrollarse al interior de un Estado democrático. Sólo la transparentación de las condiciones permite observar las reales intenciones, en un tema tan sensible, como es la relación política y dinero.	De esta forma, es necesario que la ciudadanía sepa con claridad cuando expresa su intención de voto, qué sectores apoyan a un determinado partido o candidato; y cuándo ejerce su función, que intereses expresa.	Es necesario tener un sistema que garantice al votante, no sólo transparencia en la información, sino que esta debe ser, a su vez, oportuna respecto de cuánto se gasta, cómo se gasta y, lo más importante, quién financia este gasto electoral. Pero esta garantía ciudadana debe ser balanceada con el derecho de los ciudadanos a apoyar en forma reservada a él o los candidatos de su preferencia.	Es por ello, que no es posible suponer un sistema de financiamiento a las campañas electorales en donde exista la posibilidad de efectuar donaciones anónimas. Como ya se señalase anteriormente, la posibilidad de realizar donaciones anónimas, abre una puerta al delito tributario, ya que se podrían utilizar estas donaciones para respaldar ingresos cuya procedencia es desconocida. Asimismo, un solo donante podría vulnerar el espíritu legislativo de esta norma por la vía de efectuar dichas donaciones cuantas veces sea necesaria para concretizar el real aporte que se pretende, sin exceder los límites establecidos por la ley.	Necesario resulta entonces establecer que las donaciones anónimas sean reemplazadas por donaciones reservadas, las que tendrán este carácter hasta por cierto monto en el caso de las efectuadas por personas naturales. Dicha reserva, a fin de garantizar un apoyo electoral sin presiones por parte de las autoridades o de los empleadores, podría garantizarse por el periodo de dos años, a fin de que el Servicio de Impuestos Internos coteje y sancione en caso de infracción a las leyes tributarías; periodo tras el cual deberá, dicha información, ser eliminada para tranquilidad de los aportantes.	En lo relativo al deber tributario de las empresas, no parece equitativo que mediante la descarga tributaria de personas jurídicas que tributan en primera categoría y con contabilidad completa, el Estado subsidie indirectamente y a favor de la renta de la empresa donante, un monto superior al 17% de lo efectivamente aportado.	Por lo mismo, y como ya se indicó anteriormente, el aporte a las campañas políticas debiera circunscribirse a las personas naturales, debido fundamentalmente, a que sólo éstas pueden expresar preferencia de voto.	Respecto del control al gasto electoral, el sistema propuesto por la Ley 19.884 requiere de una infraestructura, capacidad de personal y plazos para su verificación aun no dimensionados por la autoridad. En este sentido, el control al gasto es una de las herramientas principales para se concretice el principio de la transparencia, sin embargo, el control es siempre vulnerable y escaso.	Parece recomendable, no sólo por los plazos y por la real capacidad de nuestro Servicio Electoral, que la definición del gasto electoral de un candidato sea efectuada ex ante, y no ex post, como un requisito necesario para poder inscribirse en las elecciones respectivas; dando de esta manera la posibilidad de controlar efectivamente, mediante el cruce de información contable, el “cuánto gastará”, el “cómo gastará”, y lo más importante para la ciudadanía, el “quién financia al candidato”, puesto que una evaluación ex post no permite realizar la labor de fiscalización con facilidad ni cumple con el objetivo de promover un voto informado.	De esta forma se debiera establecer una sanción extra ante a los candidatos que no planifiquen su gasto electoral, la que consistirá en no poder inscribir su candidatura si no presenta dicho gasto definido.	Como se indicó con anterioridad, la presente ley no contiene sanciones para la trasgresión al gasto electoral. Al efecto, el Ejecutivo optó por eliminar lisa y llanamente toda sanción, que no fuesen de aquellas establecidas en el orden administrativo, debido a que no se contaba en esta ley con un procedimiento que garantizare normas de debido proceso para reclamar de las sanciones a ser aplicadas. Sin embargo, es de la esencia de un sistema normativo el establecer sanciones a la trasgresión de sus disposiciones, de lo contrario carece de uno de los elementos que le otorgan la naturaleza de ley.	Si bien la imposición de multas como concepto de sanción, contó con el apoyo consensuado al interior del Poder Legislativo, ésta no siempre es considerada como suficiente, ya que, en definitiva bastaría con calcular los mayores costos que esto implica y determinar si resulta o no conveniente efectuar la trasgresión al gasto electoral con tal de tener una mejor opción. De esta forma, el acceso a la política seguirá dependiendo de la capacidad económica del candidato o del grupo que lo financie.	Es por ello que la vulneración a las normas de límite al gasto electoral debiera encontrarse asociada a la sanción de eliminación del subsidio electoral estatal, indistintamente al de aplicación de multas. La eliminación de por vida que el Estado otorgue el subsidio electoral a una persona, representa una sanción no menor a la hora de definir la vida política de un candidato, ya que dicha sanción no sólo perjudica al candidato o al partido que representa, sino que lo pone en evidencia públicamente.	Sin duda, para establecer las sanciones previamente descritas, es necesario incluir en la actual legislación un procedimiento de reclamo y defensa de las sanciones a aplicarse. En esta dirección se puede establecer que las sanciones de multas y eliminación de subsidio Estatal sea verificado por el Servicio Electoral, quien deberá promover la acusación ante el Tribunal Calificador de Elecciones, el cual, tras escuchar a las partes y observar las pruebas presentadas dentro de un término preestablecido, deberá determinar la procedencia o improcedencia de la sanción respectiva. Asimismo se debiera establecer una instancia de apelación para este tipo de resoluciones, la que podría radicar en la Corte de Apelaciones correspondiente a cada candidato.	Si bien la ley Nº 19.884 busca definir los procedimientos para efectuar aportes a las campañas electorales, establecer límites a los gastos electorales, transparentar el origen y destino de los montos involucrados, evitar el fraude tributario, procurar un voto informado de la ciudadanía y garantizar un acceso mínimamente igualitario a la carrera electoral; no repara en que todos estos procedimientos son vulnerables mediante la vía de los “Grupos de Apoyo”.	El hecho de no regular lo que los ciudadanos independientemente pueden realizar en periodo de campaña electoral, permite que cualquier candidato o partido político pueda derivar los recursos que excedan de su definición de gasto electoral a grupos de ciudadanos independientes, que haciendo uso de las libertades políticas que garantiza la Constitución, adhieran o adscriban la postulación de un candidato especifico, o a los candidatos de un partido en particular, o a los candidatos de una coalición de partidos políticos.	De esta forma se deja abierta una puerta que permite vulnerar con facilidad todo avance que se concretice respecto de la Ley N° 19.884.	La regulación de los “Grupos de Apoyo” es primordial a la hora de estructurar un sistema de financiamiento de campañas electorales eficiente.	En este sentido, se debe prohibir en período electoral el gasto electoral definido en el artículo 2° de la ley, cuando este sea efectuado por particulares adscribiendo a un candidato, o a los candidatos de un partido o a los de una coalición de partidos; estableciéndose las sanciones respectivas al privado que efectúe dicho gasto, sin perjuicio de los controles tributarios respectivos.PROYECTO DE LEY	El artículo 1° introduce sanciones a la trasgresión del límite al gasto electoral. Se considera que más que el establecimiento de una multa pecuniaria e beneficio fiscal, una sanción disuasiva más efectiva para un candidato y los partidos políticos es la pérdida del derecho a recibir el aporte estatal para aquellos que infringen la ley.	Adicionalmente, en este artículo se establece un mecanismo de debido proceso que permite a los afectados defenderse adecuadamente al dotar al Tribunal Calificador de Elecciones de las facultades para atender las denuncias y cargos respectivos.	El artículo 2° establece la que el financiamiento privado de campañas electorales sólo podrá ser efectuado por personas naturales con derecho a sufragio y por partidos políticos.	El artículo 3° elimina la posibilidad que las personas jurídicas puedan hacer aportes electorales a candidatos o partidos políticos.	El artículo 4° establece que el aporte estatal también le corresponde a los candidatos a alcalde, para hacerla consistente con la norma.	Los artículos 5° y 6° eliminan los aportes anónimos de campaña electoral.	El artículo 7° establece la posibilidad de aportes reservados de hasta un treinta por ciento de los aportes totales del candidato.	El artículo 8° determina que una vez transcurridos dos años de una elección, le corresponderá al Servicio Electoral eliminar los registros de donantes y donaciones creados en virtud del proceso electoral determinado.	El artículo 9° reforma el texto de la ley para hacerla consistente con la eliminación de aportes anónimos de campaña electoral.	El artículo 10° reforma el texto de la ley para hacerla consistente con el nuevo articulado.	El artículo 11° establece sanciones para los candidatos o partidos políticos que recibiesen de parte de personas naturales y jurídicas extranjeras aportes o donaciones para su campaña electoral. Se determina una sanción en forma de multa a beneficio fiscal equivalente al monto percibido y la pérdida del derecho de recibir aporte fiscal en campañas electorales.	Los artículos 12° y 13° reforman la ley para hacerla consistente con el proyecto de ley propuesto.	El artículo 14° establece la necesidad de los candidatos de presentar ante el Servicio Electoral dentro del plazo de inscripción una Cuenta Previa de ingresos y gastos a efectuar en el proceso eleccionario. Esta Cuenta Previa servirá como un mecanismo de transparencia dado que los ciudadanos podrán enterarse de parte de la procedencia delos aportes a los candidatos con antelación a la elección, así como servir de antecedente para su posterior cotejo contable con la cuenta general de ingresos y gastos electorales.	El artículo 15° determina que el Director del Servicio Electoral rechazará la cuenta que no se ajustase a la cuenta previa, los documentos, y comprobantes acompañados en la cuenta general.	El artículo 16° determina que las resoluciones del Tribunal Calificador de Elecciones serán notificadas no por el estado diario como establece la presente ley sino por cédula.	Finalmente, el articulo 17° regula lo que se denominan “grupos de apoyo” al prohibir efectuar, financiar, o contratar publicidad electoral por medios de difusión masiva a toda personal natural o jurídica que no sea el candidato o el partido político respectivo durante el período de campaña electoral. Asimismo, establece el procedimiento mediante el cual las denuncias podrán ser tramitadas y sancionadas.	Proyecto de Ley que modifica la ley N° 19.884, Sobre Transparencia, Límite y Control de Gasto Electoral.	Artículo 1°.- incorpórese un nuevo párrafo 3° en el Título Primero, denominado “De las sanciones a la trasgresión del límite al gasto electoral” y los siguientes nuevos artículos:	Artículo 7°.- El candidato que sobrepasare por concepto de gasto electoral los límites indicados en el párrafo 2° anterior en más de un diez por ciento de dicho límite; será sancionado con multa a beneficio fiscal equivalente a un décimo del total del aporte que haya efectuado el Estado al partido político correspondiente, o al décimo del total del aporte que haya efectuado el Estado a los candidatos independientes, según corresponda, de acuerdo a lo establecido en los artículos 13 y siguientes de la presente ley.	El partido político que sobrepasare por concepto de gasto electoral el límite al gasto electoral establecido en el artículo 5° anterior, será sancionado con multa a beneficio fiscal equivalente a un décimo al décimo del total del aporte que haya efectuado el Estado al partido político respectivo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 13 y siguientes de la presente ley.	Artículo 2°.- Incorpórese el siguiente inciso segundo al articulo 8° de la ley 19.884.	“El financiamiento privado de campaña electoral sólo podrá ser efectuado por personas naturales con derecho a sufragio y por los partidos políticos”.	Artículo 3 °.- Elimínese el artículo 10° de la ley 19.884.	Artículo 5°.- Elimínese del artículo 16° de la ley 19.884, la palabra “anónimos” después de la frase “Los aportes de campaña electoral serán”.	Artículo 6°.- Elimínese el artículo 17° de la ley Nº 19.884.	Artículo 7°.- Suprímase del artículo 18° de la ley Nº 19.884, después de la frase “Todo aporte que”, la frase “supere el monto indicado en el artículo anterior y que”; y sustitúyase la frase “diez por ciento” por la frase “treinta por ciento”.	Artículo 9°.- Elimínese del artículo 20° de la ley Nº 19.884, la frase “anónimos o”, la frase “por los artículos 17 y 18”, y reemplácese esta última por la frase “en el artículo 19”.	Artículo 10°.- Sustitúyase del artículo 22° de la ley Nº 19.884, la frase “en los artículos 20 y 21” por la frase “en los artículos 21 y 22”.	Artículo 15°.- Intercálese en el artículo 44 de la ley Nº 19.884, la frase “la cuenta previa,” después de la frase “finalmente no se ajustare a”.	Artículo 16°.- Sustitúyase en el inciso segundo del artículo 45 de la ley Nº 19.884, la frase “por el estado diario”, por la frase “por cédula”.	Artículo 17°.- Incorpórese el siguiente nuevo artículo 54 de la ley Nº 19.884:	Artículo 54°.- Se prohíbe efectuar, financiar, o contratar publicidad electoral por medios de difusión masiva a toda persona natural o jurídica que no sea el candidato o el partido político respectivo durante el período de campaña electoral. Se entenderá como publicidad electoral aquella que suscribe, difunde y apoya a un candidato, grupo de candidatos, lista electoral, partido político, o grupo de partidos políticos en particular.”.2.	Moción de los diputados señores Burgos, Ceroni, Araya, Riveros y Saffirio.	Substituye el artículo 526 del Código Orgánico de Tribunales, en lo concerniente al ejercicio de la profesión de abogado. (boletín N° 3477-07)Fundamentos	La Constitución Política junto con reconocer en su artículo 1° que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, señala, en esa misma norma, el deber del Estado de asegurar su derecho a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.	El artículo 19 de la misma Carta Política, en su número 2°, garantiza, a todas las personas, la igualdad ante la ley, agregando que en el país no hay persona ni grupo privilegiado y que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.	El N° 3 del artículo citado, asegura, también a todas las personas, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y el N° 16 garantiza la libertad de trabajo y su protección, prohibiendo cualquiera discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos.	Por último, el N° 26 del mismo artículo 19, garantiza la seguridad de que los preceptos legales que, por mandato de la Constitución, regulan o complementan las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos que ella autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio.	El título XV del Código Orgánico de Tribunales se refiere a la profesión de abogado y en su artículo 523 señala los requisitos para serlo, indicando que para ello se deben tener veinte años de edad; tener el grado de licenciado en ciencias jurídicas otorgado por una universidad en conformidad a la ley; no haber sido condenado ni estar actualmente procesado por delito que merezca pena corporal; tener antecedentes de buena conducta, y haber cumplido una práctica profesional de seis meses en las corporaciones de asistencia judicial.	Su artículo 521 señala que el título de abogado será otorgado en audiencia pública por la Corte Suprema, reunida en tribunal pleno, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos legales, y su artículo 522 agrega que una vez prestado el juramento de desempeñar leal y honradamente la profesión, el presidente del tribunal declarará legalmente investido del título de abogado.	No obstante, su artículo 526 señala que sólo los chilenos podrán ejercer la profesión de abogado, sin perjuicio de lo que dispongan los tratados internacionales vigentes	Por otra parte, el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 153, de 1982, entrega a la Universidad de Chile la atribución privativa y excluyente de reconocer, revalidar y convalidar títulos profesionales obtenidos en el extranjero, sin perjuicio de lo dispuesto en tratados internacionales.	Todo lo anterior demuestra que cualquier persona puede revalidar sus estudios profesionales efectuados en el extranjero y ejercer, en consecuencia, su profesión, con la sola salvedad del que ostenta el título de abogado, el que si es nacional de un país que no tenga un tratado internacional de intercambio con Chile, carecerá de motivos para la convalidación toda vez que nunca podrá ejercer 	Si bien la distinción tendría razón de ser en la especificidad de la disciplina, propia de cada país, lo que justificaría la existencia de tratados internacionales con estados con los que existe similitud de estudios, carece de todo fundamento en el caso de extranjeros domiciliados en Chile y que efectúan todos sus estudios de Derecho en universidades nacionales.	Por las razones anteriores, los abajo firmantes venimos en proponer el siguientePROYECTO DE LEY:	“Artículo único.- Substitúyese el artículo 526 del Código Orgánico de Tribunales por el siguiente:	“Sólo los chilenos, como también los extranjeros residentes que hayan cursado la totalidad de sus estudios de derecho en Chile, podrán ejercer la profesión de abogado. Lo dicho se entenderá sin perjuicio de lo que dispongan los tratados internacionales vigentes.”.”.3.	Moción de los diputados señores Prieto, Aguiló, Barros, Ceroni, Álvarez-Salamanca, Masferrer, Martínez, Urrutia y Walker.	Dispone que los centros penitenciarios deben construirse a no menos de veinte kilómetros del radio urbano de la ciudad. (boletín N° 3478-07)1.	Que, según los señala los propios antecedentes de Gendarmería de Chile, durante la década de los 80 y hasta 1990, la población penal recluida en los establecimientos penitenciarios chilenos, creció a una tasa promedio del 3,65% anual. En los primeros años de la década de los 90 (1992 y 1993) se produjo la última disminución importante de la población penal producto de las denominadas "Leyes Cumplido".2.	Que, a contar de esa fecha, la población penal ha experimentado un crecimiento constante como consecuencia de una política de indultos restringidos; de una política más responsable en los permisos de salida, que son facultad de la administración penitenciaria (beneficios intrapenitenciarios); de la disminución en el otorgamiento de la libertad provisional por parte de los tribunales y de un mayor ingreso de individuos al sistema penitenciario, producto de un mayor eficiencia en la labor de las policías.3.	Que, lo anterior se tradujo en tasas de crecimiento promedio anual de 6.5% para el periodo 1995 a 2000 (calculada sobre los promedios anuales de población), llegando a extremos de variaciones anuales de 16% (medida entre diciembre de 1998 y diciembre de 1999).4.	Que, este crecimiento extraordinario, se sobrepuso a un déficit ya existente de infraestructura penitenciaria a comienzos de los 90, que no pudo ser revertido a pesar del aumento de la inversión fiscal en el área durante la década, (Colina 2, Complejos Penitenciarios de Arica y Valparaíso y una gran cantidad de ampliaciones y cárceles menores).5.	Que, no obstante apoyar el sistema de concesiones que pretende establecer en materia de centros penitenciarios, creemos que sería interesante consagrar por la vía legal, la prohibición de que dichos centros, se construyan dentro del radio urbano de la ciudad, y de este modo alejar la inseguridad que acarrea para lo vecinos el hecho de tener sus viviendas cerca de una cárcel.6.	Que, la instalación de cárceles o recintos penitenciarios se constituye siempre una decisión controvertida para la autoridad, es un caso típico de lo que se conoce como "nimby", o mejor dicho " jamás en mi patio trasero", a pesar de que la población no duda en la importancia y necesidad de contar con este tipo de recintos, rechazan tajantemente la idea de que los mismos se instalen alrededor de sus vivienda, lo mismo pasa y ello lo hemos visto con la instalación de basureros que crean gran oposición de los vecinos. Creemos que una solución más segura, menos conflictiva y prudente seria precisamente la instalación de recintos penitenciarios fuera del radio urbano de las ciudades.7.	Que, por su parte no solo en Chile sino que en otras partes del mundo, al producirse desórdenes o motines al interior de estos centros penitenciarios, la conmoción y peligro que se provoca, a la ciudadanía es un dato que necesariamente debe considerarse, ya que evidentemente para los internos que puedan alcanzar la fuga y para las policías que intenten capturarlo se transforma para los primeros en una posibilidad cierta de esconderse o confundirse en las casas o poblaciones aledañas, incluso con la posibilidad cierta de tomar rehenes a fin de obtener algún tipo de beneficio ante la inminente captura. Por su parte es claro que para las policías es mucho más difícil obtener una eventual captura por los posibles internos fugados, ya que es un hecho que los mismos buscaran refugio en las casas aledañas provocando una alteración del orden público, pánico en las viviendas aledañas e inseguridad en sus habitantes. Estas externalidades negativas se solucionarían o por lo menos se contribuiría a la seguridad de la población, al aumento del valor venal de sus propiedad, aún más seguro plan de captura o contingencia en caso de motines, el solo hecho que los centros penitenciarios se construyesen fuera del radio urbano de las ciudades.PROYECTO DE LEY:	“Artículo único: Los centros penitenciarios deberán construirse a no menos de 20 kilómetros del radio urbano de las ciudades.”.4.	Oficio de la Corte Suprema.	“Oficio Nº 3498	Ant.: AD-184-2004-04-01	Santiago, 23 de marzo de 2004.	Por oficio Nº 4808, 11 de marzo último, la señora Presidenta de la honorable Cámara de Diputados ha remitido para su informe a esta Corte Suprema de Justicia, en conformidad con lo dispuesto en los incisos 2º y 3º del artículo 74 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 16 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, copia del proyecto de ley -iniciado en moción- que sustituye el Nº 4 del artículo 323 del Código Orgánico de Tribunales. (Boletín Nº 3470-07).	Reunida esta Corte en Pleno, con fecha 19 de marzo de 2004, presidida por el titular que suscribe y con la asistencia de los ministros señores Álvarez García, Benquis, Tapia, Gálvez, Chaigneau, Rodríguez, Cury, Álvarez Hernández, Marín, Yurac, Espejo, Medina, Kokisch, Juica, Segura y señor Oyarzún, acordó evacuar el siguiente informe sobre la materia consultada.	El proyecto de ley propone sustituir el citado Nº 4 por el siguiente:	“4º Atacar en cualquier forma, la conducta de otros jueces o magistrados. Para publicar escritos en defensa de su conducta, se requerirá autorización de la Corte de Apelaciones respectiva, sin perjuicio de que la Oficina de Relaciones Públicas de dicha Corte pueda emitir un comunicado”.	Teniendo en cuenta que las Cortes de Apelaciones carecen de “Oficinas de Relaciones Públicas” o de Dirección de Comunicaciones y que los ministros de esta Corte Suprema no pueden estar sujetos a la autorización de una Corte de Apelaciones, se acordó proponer un texto diferente para la enmienda legal que se proyecta, en términos de aludir a la “Corte respectiva”, como se especifica a continuación:	“4º. Publicar, sin autorización de la Corte respectiva, escritos en defensa de su conducta oficial o atacar en cualquier forma, la de otros jueces o magistrados.”.	Es todo cuanto puede exponer este Tribunal en torno al proyecto de ley que le ha sido remitido.	Saluda atentamente a V.S.	(Fdo.): MARCOS LIBEDINSKY TSCHORNE, Presidente; CARLOS A. MENESES PIZARRO, SecretarioAL SEÑOR PRESIDENTEDON PABLO LORENZINI BASSOCÁMARA DE DIPUTADOSVALPARAÍSO”.5.	Oficio de la Corte Suprema.	“Oficio Nº 3503	Ant.: AD-79-2004.	Santiago, 24 de marzo de 2004.	La honorable Cámara de Diputados de la República por oficio Nº 4773, de 22 de enero del año en curso, ha tenido a bien recabar el parecer de esta Excelentísima Corte Suprema respecto del proyecto de ley -iniciado en Mensaje- que modifica la ley Nº 17.366, sobre propiedad intelectual, estableciendo un estatuto formativo especial respecto de los delitos de piratería y conexos con éste.	Impuesto el Tribunal Pleno de esta Corte, en sesión del día 22 de marzo en curso, presidido por su titular don Marcos Libedinsky Tschorne y con la asistencia de los ministros señores Álvarez García, Benquis, Tapia, Gálvez, Rodríguez, Cury, Álvarez Hernández, Marín, Yurac, Espejo, Medina, Kokisch, Juica, Segura, señorita Morales y señor Oyarzún, acordó informar lo siguiente:	En términos generales, el proyecto tiene dos grandes modificaciones a la ley Nº 17.336 sobre Propiedad Intelectual.1)	Sustituye el Capítulo II del título III, referido a las infracciones, delitos y sanciones, por un nuevo Capítulo, el cual, manteniendo las disposiciones incorporadas recientemente por la ley Nº 19.914, adecua y endurece las penas y sanciones por acciones que atentan contra la propiedad intelectual y establece un estatuto normativo especial respecto de los delitos de piratería y conexos con éste.2)	Introduce modificaciones al procedimiento de aplicación de las sanciones y penas a que se refiere la ley, especialmente en relación con las acciones procesales a que dé lugar la titularidad de derecho de autor o conexos, medidas cautelares a que se pueden impetrar durante la tramitación del litigio y concesión de algunas facultades específicas para el tribunal competente para conocer el asunto.	Sobre el particular y en lo que atañe a las modificaciones a la organización y atribuciones de los Tribunales, el proyecto entrega competencia, en su nuevo artículo 58, a los Juzgados de Policía Local para conocer de las infracciones de esta ley no contempladas en los artículos 79 y siguientes, las que serán sancionadas con multas de 5 a 10 Unidades Tributarias Mensuales.	En la anterior redacción de este artículo, dicha competencia le era entregada a los Tribunales Ordinarios.	En seguida, el proyecto establece, en los nuevos artículos 79 a 81 quater, una serie de delitos y acciones civiles. De acuerdo a las reglas generales, ellas serán de la competencia de los Tribunales Ordinarios en lo Penal y en lo Civil, según la materia de que se trate.	Tratándose de las acciones civiles que se deduzcan ante los Tribunales en lo civil, el procedimiento será breve y sumario, y en lo penal, se ajustará a las normas del nuevo Proceso Penal.	Como se indicó, la ley que se modifica ya tuvo algunas variaciones a través de la ley Nº 19.914, que adecuó la legislación sobre propiedad intelectual al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América. En lo tocante a esas modificaciones, no hay nuevas normas en el proyecto.	Sin perjuicio que lo anterior, cabe indicar que en el nuevo artículo 84 del proyecto se hace alusión a las medidas contempladas en el artículo 34 de la ley Nº 19.366, la cual tiene un artículo único, y se refiere a otra materia por lo que debe existir un error en esa cita que debe ser rectificado en la redacción definitiva de esta ley.	Con las observaciones anteriores, esta Corte es de opinión favorable al proyecto de ley aludido. Con todo, en la medida que se aumenta la competencia de los Tribunales Ordinarios y de Policía Local, debieran contemplarse los fondos necesarios para compensar el referido aumento de sus funciones.	Es todo cuanto puede informarse.	Saluda atentamente a V.S.	(Fdo.): MARCOS LIBEDINSKI TSCHORNE, Presidente; CARLOS A. MENESES PIZARRO, Secretario.AL SEÑOR PRESIDENTECÁMARA DE DIPUTADOS,PRESENTE”.