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El señor LEAY.-
Señor Presidente, comparto bastante la argumentación del diputado Montes.
Cuando el año pasado se planteó parte de este problema, me pareció que aguas servidas y aguas lluvia son temas distintos. Yo produzco aguas servidas, no aguas lluvias. Primera gran diferencia.
Lamentablemente, el país no enfrentó esta materia antes. Sin querer hacer una crítica a la Concertación, en 1996 fue la primera vez que se tocó en el Congreso Nacional. Se facultó al Ministerio de Obras Públicas; pero pasaron siete u ocho años y no se hizo nada -hoy recién estamos estudiando este proyecto-. En ese tiempo se encarecieron los costos.
Conozco más la Región Metropolitana, pero quiero recordar que en Antofagasta el desarrollo inmobiliario, sobre todo público, con las viviendas Serviu , ha sido salvaje. Sin embargo, el problema de las aguas lluvias no lo tenemos en Antofagasta, sino en Santiago. Los anegamientos de viviendas se producen en todas las propiedades construidas por el Serviu y en los terrenos comprados por este servicio para proyectos inmobiliarios. En comunas donde ha habido mayor desarrollo inmobiliario, como son Quilicura, Renca , Pudahuel, parte de Huechuraba y otros puntos, los principales conflictos son por anegamiento de calles y viviendas.
Hoy, la solución es que todos los vecinos, mediante un pago mensual, contribuyan a financiar las obras. Pero ¿qué hacen las inmobiliarias al respecto? ¿Cuál es la exigencia que se les pone en esta materia? Me parece que todo proyecto inmobiliario debería contemplar una red que llevara las aguas lluvias a un canal primario de evacuación, cuyos costos se considerarían entre los de urbanización, tanto cuando construya el fisco como cuando lo haga el sector privado. Pero no puede ser que el Estado o el sector privado construyan viviendas y, en definitiva, los vecinos del sector de Río Jachal, que no se inundan nunca, paguen por la evacuación de las aguas lluvias. Me parece injusto. Alguien podrá decir que esa solución es posible, pero no me venga a plantear que es de justicia.
Hoy se está pasando la cuenta a gente modesta por ineficiencia de los gobiernos, militar, de la Concertación, del que sea.
A mi juicio, la solución que se propone beneficia claramente a las inmobiliarias, porque las exigencias que se les hacen son mínimas.
Entiendo que las propiedades con un avalúo fiscal de 150 unidades de fomento o menos quedarán exentas del pago. En Recoleta e Independencia eso debe representar el 1 ó 2 por ciento de las viviendas; incluso puede ocurrir que ninguna quede exenta.
Por eso, me gustaría saber cómo se llegó a ese monto. ¿Por qué proponen 150 unidades de fomento? ¿Cuál es el criterio que se siguió para proponer esa cantidad? Se pudo haber aplicado el criterio con el que se fijó la exención al pago de contribuciones, que es conocido.
En mi distrito, la exención de 150 uefes no favorecerá a nadie, no obstante que el 80 por ciento de los bienes raíces está exento del pago de contribuciones.
Insisto, ¿cuál es el criterio? Me parece que, simplemente, sacar el máximo de plata en todos los hogares, sin importar su condición social. No veo otro criterio.
Me gustaría que el ministerio hiciera un estudio y nos informara acerca de cuántas viviendas quedarán exentas en la Región Metropolitana, por comunas. ¿Tenemos esa información? No la veo en ningún informe.
Entiendo que quienes reciben el subsidio de agua potable también se verán beneficiados. Sin embargo, ¿sabemos cuánto les subió la cuenta del agua a las familias modestas con la incorporación del cobro por la evacuación de las aguas servidas, que, dicho sea de paso, me pareció necesaria?
Para una persona que pagaba cuatro mil pesos de agua potable, ¿cuánto representa este nuevo cobro? Creo que va a pagar más por las aguas servidas y aguas lluvias que por el consumo de agua potable. Eso es ridículo. Es ridículo que un vecino de la población “Escritores de Chile” vaya a pagar más por la suma de estos nuevos cobros que por el agua que consume. Es increíble.
El ministro niega con la cabeza, pero yo se lo puedo asegurar. Muéstrenme las cifras. Un vecino de esa población no paga más de cuatro mil pesos al mes por el consumo de agua potable. Según me informaron, ese mismo vecino va a pagar, más o menos, mil quinientos pesos por concepto de evacuación de aguas lluvias, y por el tratamiento de las aguas servidas ya está pagando aproximadamente mil pesos, lo que suma dos mil quinientos pesos adicionales. En consecuencia, los criterios para manejar esto no me parecen adecuados.
Se determina que el gobierno regional dispondrá de un plazo máximo de sesenta días para pronunciarse sobre el plan y el programa, dentro del cual deberá efectuar una audiencia pública de carácter consultivo. Me parece que son plazos bastante breves, sobre todo considerando que es una instancia de mayor participación ciudadana, donde se discuten decisiones que involucran las platas de quienes allí intervienen. La verdad es que uno paga bienes raíces e impuestos municipales para contar con infraestructura municipal; pero resulta que nada de eso vale aquí. La idea es sacarle cada vez más plata al usuario para tener más infraestructura. ¿Qué se hace con nuestros impuestos cuyo destino es para infraestructura comunal? ¿Dónde están?
En el caso de la Región Metropolitana, también me gustaría conocer detalles del plan maestro, como los montos involucrados y los plazos para ejecutarlo.
Ahora bien, en primer lugar están los canales primarios -no sé cuál es el término técnico que se ocupa-, y, después, las redes secundarias, las cuales crecen en forma permanente, simultáneamente con la ciudad. ¿Cada obra que se haga significará un aumento de los impuestos que se cobran al usuario? Tengo dudas respecto de esto. No comparto la solución en el sentido de encarecer, por ejemplo, la cuenta de agua a una persona modesta, la que terminará pagando más por servicios anexos que por el agua que consume.
He dicho.
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