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El señor LEAL .-
Señora Presidenta , me parece necesario hacer un par de aclaraciones. En primer lugar, estamos legislando para el conjunto de los chilenos, independientemente de sus concepciones de carácter filosófico, religioso o de otra naturaleza. En segundo lugar, esta iniciativa no dispone la “obligación” de divorciarse, impresión que puede quedar al escuchar algunas de las intervención de quienes me han antecedido en el uso de la palabra.
Lo que estamos haciendo es establecer un instrumento legal para resolver un conjunto de problemas sociales y regular una situación de hecho que afecta a cientos de miles de personas o parejas que viven un verdadero drama cuando se separan y no tienen recursos para obtener la nulidad de su matrimonio o cuando quieren formar una nueva familia. Al no estar reguladas, las separaciones de hecho pueden provocar daños e injusticias.
La iniciativa que nos ocupa importa no sólo por sus aspectos de carácter valórico -por cierto muy respetables-, sino también porque aborda temas como la convivencia social, las libertades, la autonomía de las personas, los derechos que han sido violados, la salud mental, los derechos de los niños y muchos otros.
Subrayo esto, porque si bien el elemento valórico es significativo para cada uno de nosotros, la ley de matrimonio civil debe recoger lo que ocurre en la sociedad de inicios del siglo XXI, sus valores, los modos de vida predominantes y lo que está ocurriendo en el resto del mundo, trascurridos 120 años desde que se aprobó la ley de matrimonio civil que tratamos de sustituir.
Contrariamente a lo que aquí se ha expresado, en una encuesta reciente realizada por Flacso, se entregan datos muy interesantes en cuanto a la percepción que tiene la opinión pública respecto de esta materia. En efecto, según dicha encuesta, que es de carácter nacional, el 80 por ciento del país, el 88 de los jóvenes y el 82 por ciento de los sectores económicos altos y medios son partidarios de una ley de divorcio. En el mismo sentido se manifestó el 92,3 por ciento de las personas que no tienen apego a una religión, el 80,3 por ciento de quienes se identifican con la religión católica y el 70,5 por ciento de quienes profesan otras religiones.
¿Qué nos dice esto? Que en la sociedad chilena, más allá de la opinión respetable de algunos colegas de la UDI, ha habido un cambio cultural muy profundo y la gente admite que tiene derecho a buscar su felicidad personal, a perseverar en sus valores; a contraer matrimonio, pero, también, en reconocer que cuando ya no existe amor, sino diferencias profundas, es posible rehacer la vida y casarse nuevamente. Esto se ha transformado en un fenómeno extendido en la sociedad chilena.
Votaré favorablemente el proyecto. Tengo observaciones respecto del artículo 20 introducido por el Senado, pues no me gusta que se mezcle la cuestión religiosa con una ley de matrimonio civil. El hecho de que los matrimonios se inscriban y sean disolubles, naturalmente impide que pueda haber consideraciones de tipo confesional, cualquiera sea su procedencia.
Por otra parte, me hubiera gustado que los plazos fijados en el proyecto fueran menores. Con todo, reitero, votaré favorablemente la iniciativa, pues significa un paso adelante desde el punto de vista de la civilización de la sociedad chilena, de su desarrollo cultural y de la convivencia democrática.
He dicho.
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