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El señor MONCKEBERG.-
señor Presidente, estamos a las puertas de que se introduzca en Chile el divorcio vincular.
Algunos diputados están contentos, porque la causa que se ha impulsado por más de cien años está próxima a ser aprobada. A ellos los respeto mucho, pero creo que están defendiendo una causa equivocada. Otros están un tanto resignados y, de esa forma, creen justificar su voto favorable a este proyecto, como si se tratara del mal menor. Por último, hay una minoría, entre la que me encuentro, que lo ve como una derrota propia, que, aparte de serlo, es fundamentalmente una derrota de las futuras generaciones.
Es cierto que, en la actualidad, todos los países tienen una ley de divorcio, pero con una gran diferencia: cuando legislaron sobre la materia no conocían las experiencias de otros países ni la información que hoy tenemos sobre el particular. Ahora, nosotros estamos legislando sobre lo mismo, pero con información totalmente distinta. Lo que es peor, se nos propone la más mala de las alternativas de divorcio conocidas internacionalmente.
Esos son los aspectos que quiero mencionar sobre el proyecto, no porque quiera eludir el tema, sino porque no quiero ser reiterativo, ya que ha sido objeto de innumerables análisis.
El ministro de Justicia señaló que la iniciativa no obliga a nadie a divorciarse, ni tampoco a casarse para toda la vida. Sin embargo, al introducir el divorcio unilateral, hace justamente lo contrario. Por ejemplo, si una mujer casada demanda al tribunal únicamente la separación judicial, pero, simultáneamente, su esposo demanda ante el mismo tribunal el divorcio unilateral, el juez, ante esas situaciones distintas, deberá necesariamente dar la razón al marido. En consecuencia, a la mujer que decide solicitar sólo la separación, ya sea porque quiere dar tiempo a la relación, porque desea intentar mejorarla o simplemente porque no quiere perder los derechos hereditarios sobre el marido, el proyecto no le otorga herramienta legal alguna para evitar el divorcio solicitado por su esposo. Por lo tanto, se le obliga a divorciarse.
Hay otro aspecto mucho más importante. El ministro se refirió a que el proyecto protege a la mujer y a los niños, lo cual también ha sido mencionado a lo largo del debate. Sin embargo, mi impresión es que el divorcio que se propone no sólo no mejora la situación de desprotección de muchas mujeres, la que ciertamente es abismante, sino que la empeora. Según estudios del Sernam, existen cifras impactantes al respecto. Sólo el 26 por ciento de las mujeres logra obtener pensión de alimentos, pero 60 por ciento de ellas son inferiores a 50 mil pesos. El proyecto no contiene un solo artículo que cambie esta situación.
Se ha dicho que para proteger a la mujer se creó el sistema de compensaciones, que beneficia a la que, por trabajar en el hogar, no ha podido desempeñarse en el mercado laboral externo. Sin embargo, la iniciativa dispone que para determinar el monto de las compensaciones el juez debe recurrir a una serie de criterios subjetivos, no objetivos, como la capacidad del marido para pagar y su patrimonio, lo que constituye una verdadera innovación jurídica. Primera vez que conozco de una indemnización que se fije en relación con el dinero que tenga quien deba pagarla y no con el daño provocado a la víctima. Es como si mañana yo atropellara a alguien, y el juez determinara el monto de la indemnización en función a la plata que tengo para pagar. Francamente, es una situación sin precedente.
Por supuesto, la compensación es una gran solución para las familias adineradas, que tienen muchos bienes con los cuales ofrecer una compensación justa, pero una simple ilusión para miles de familias modestas, en las que difícilmente los cónyuges que las mantienen tienen dinero a fin de mes para pagar el dividendo. Por lo tanto, no sé en qué consiste ese tipo de protección para la mujer.
Pero hay más. Si el marido no tiene recursos para la compensación, el juez puede autorizar un pago en cuotas, sin exigir garantía alguna. ¿En cuántas cuotas? En las que quiera, vitalicias. ¿Quién de los presentes puede ir a un banco a pedir un crédito si mantiene deudas impagas con la misma entidad? Francamente, no me parece aceptable que una persona adquiera compromisos con una segunda familia si mantiene deudas pendientes o no garantiza el cumplimiento de las obligaciones con la primera.
Dejaré de lado mi punto de vista particular. No dudo de la buena fe de los partidarios del divorcio, quienes ven en el proyecto un camino para alcanzar el bien común, aunque sus razones me parecen discutibles.
Quiero analizar las razones de fondo que, a mi juicio, nos están arrastrando inequívocamente a aprobar el proyecto que hoy se somete a nuestra consideración.
En primer lugar, siento que hay temor a seguir un camino propio. Si todos los países tienen ley de divorcio, ¿por qué Chile no? Es decir, consideramos mucho más el número de países que han legislado sobre esta materia que los resultados, las consecuencias y los diagnósticos hechos por esos países sobre el divorcio, en sus respectivas realidades.
Hay un segundo motivo. El Congreso chileno opta, nuevamente, por la solución más sencilla, la más fácil. No es primera vez. Hace algunos años, todos nos abismamos por la cantidad de hijos ilegítimos -nacidos fuera del matrimonio- que había en Chile. Por supuesto, había que igualarlos ante la ley; pero ése era sólo el comienzo del trabajo. Sin embargo, a partir de esa fecha, nada hemos hecho para resolver el problema real del niño nacido fuera del matrimonio. Hoy no han disminuido, y sus problemas de discriminación y psicológicos se mantienen. ¿De qué sirve el parche legal si el problema real no lo solucionamos?
No quiero que la gente crea que por el hecho de que se está legislando en favor del divorcio, se están resolviendo los problemas de las familias. ¡Por favor! Cuando una madre no tiene ninguna posibilidad de conseguir pensión alimenticia, del marido que se arranca, porque la estructura del Estado no le ofrece esa garantía, no estamos solucionando el problema.
Pero hay una tercera razón. Tenemos una importante falta de liderazgo. Todos sabemos que el derecho y los hechos no son lo mismo. El derecho tiene un fin pedagógico; tiende a concretar los ideales, a representar los valores. Por supuesto, no estoy pensando en que el derecho tenga que consagrar valores trascendentes ni que represente los valores de Santa Teresa; pero algunos básicos, sí, y los pueden distinguir de la realidad. No podemos pensar que los legisladores sólo tengamos que decidir, reconocer, adecuar y nivelar la realidad hacia lo más fácil. Los políticos y los legisladores no son meras veletas que reconocen y adecuan las leyes a la realidad.
En este sentido, falta liderazgo en la política chilena. No es primera vez que lo vemos. Hay temor y pánico a perder; se gobierna de acuerdo con las encuestas, con los aplausos y con los estudios de opinión. Pero no se puede pagar cualquier costo con el objeto de mantenerse en el cargo. Por lo tanto, votaré en contra de la normativa en discusión. Desde ya, aviso a mis electores que votaré negativamente, porque no quiero que se introduzca el divorcio en Chile.
No juzgo a nadie por lo que diga, piense o vote hoy. Respeto más mi conciencia que las encuestas de opinión. Si este voto defrauda a algunos, su veredicto se reflejará en las urnas. Pero no tengo miedo de ser distinto.
El mundo tenía derecho a esperar de Chile algo diferente. Hoy disponemos de información, con la cual no contaban Alemania, en 1976; Francia, en 1975; Italia , en 1970. En aquellos años había excusas para equivocarse; hoy no las tenemos.
Las nuevas generaciones se harán la siguiente pregunta: ¿por qué el Congreso Nacional votó hoy igual que dichos países hace treinta años, pero con una información totalmente distinta?
He dicho.
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