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El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente , es interesante lo que, por primera vez en la historia de nuestro Chile, comienza a vislumbrarse con la posible ley de divorcio, con la cual deberíamos contar como país civilizado que va hacia el desarrollo y que tiene tantas alternativas ante el mundo en que vivimos.
Este proyecto, analizado durante mucho tiempo en el Congreso Nacional, abarca aquellas materias que la ciudadanía nos exige estudiar con detención y cuidado. Como lo han pedido muchos colegas y lo decían quienes me precedieron en el uso de la palabra, debemos tratarlas con mucho respeto.
Lo que resolvamos en las próximas sesiones, sin duda, tendrá consecuencias permanentes para nuestra comunidad. No puede haber apresuramientos indebidos. El problema debe resolverse y no crear burocracia junto con la ley. Una norma bien o mal redactada podrá llevar alivio o desazón a muchos hogares, a mujeres y hombres que deben estar preparados para remediar los problemas de convivencia y ser capaces de adoptar decisiones drásticas, como la separación de los cónyuges o el término del vínculo matrimonial.
Como representante de una zona con preeminencia rural, quiero analizar en su mérito el proyecto. La configuración de la familia campesina es distinta, en muchos aspectos, de la de la familia urbana. Hay semejanzas lógicas; pero los matrimonios de las personas mayores de zonas rurales normalmente son de duración prolongada. Sin duda, el trabajo campesino genera un espacio propicio para la unidad familiar: hombres y mujeres se reparten las tareas del campo, que es su fuente de sustento. Esto, sumado muchas veces al carácter más conservador de las costumbres, permite que las uniones se prolonguen en el tiempo. Los problemas surgen en las familias que forman los jóvenes, que son permeables a los cambios culturales de la sociedad de hoy; en ellas se presentan problemas de convivencia. Estos fenómenos masivos son delicados. Es en las personas de mediana edad que conviven por muchos años, incluso décadas, donde se generan los problemas, precisamente porque no hemos contado con un cuerpo legal que permita el término del vínculo matrimonial.
Los hombres y mujeres separados de hecho no pueden volver a casarse, y comienzan a convivir. Ello, a diferencia de lo que ocurre en las ciudades, genera graves problemas cuando fallece uno de los convivientes, sobre todo en relación con la tenencia y la propiedad de la tierra, de su pequeña tierra, que sirve no sólo para la vivienda, sino para lograr el sustento. Las mujeres que conviven no “tienen derechos” sobre las parcelas o las hijuelas de terreno pequeño, lo que termina acarreando precariedad en la propiedad de la tierra.
A su vez, se ha demostrado que éste es un factor de empobrecimiento y marginalidad en el mundo rural. Luego vemos los lanzamientos judiciales, situaciones muy dolorosas, pero frecuentes en el mundo rural.
Al respecto, el proyecto ofrece la solución: el divorcio vincular. Sin embargo, para que pueda aplicarse en las comunidades rurales será necesario asegurar a sus habitantes un real acceso a la justicia, lo cual, sobre todo, significa asistencia letrada gratuita y tribunales.
El señor SILVA ( Vicepresidente ).-
Diputado señor Jaramillo , está terminando el tiempo asignado por su bancada.
El señor JARAMILLO.-
Curiosamente, hoy queremos restar a las corporaciones judiciales las prestaciones que entregaban a este mundo, que es débil en lo económico.
En cuanto al contenido del proyecto, estoy en contra del artículo 20, porque en Chile existe separación entre la Iglesia y el Estado y hay libertad de cultos. Sin embargo, dicho precepto valida los matrimonios celebrados ante entidades religiosas. El divorcio es una institución de orden jurídico pertinente del contrato matrimonial. No se trata de un tema de espiritualidad.
Por eso, votaré en contra.
He dicho.
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