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- rdf:value = " La señora SAA (doña María Antonieta).-
Señora Presidenta , han pasado alrededor de 120 años desde que se aprobó la ley de matrimonio civil. Durante su discusión, el diputado Abaroa , del Partido Radical, por una serie de razones, planteó la posibilidad de disolución del vínculo.
Desde esa época hasta hoy, como país, no hemos logrado dar una buena solución a las rupturas matrimoniales. La que se ha usado, la nulidad matrimonial, es triste y fea, pues, aparte de basarse en la utilización de testigos falsos, declara nulo el matrimonio por una formalidad. Además, deja en total indefensión a la familia, ya que no permite la posibilidad de un arreglo digno, claro. Asimismo, su costo es muy alto, y, por lo tanto, sólo para las familias con más dinero. De ahí, entonces, que conozcamos, por un lado, la “nulidad de los ricos”, y por otro, la “nulidad de los pobres”, que corresponde a la educación de muerte presunta del cónyuge.
A pesar de que todos consideramos que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, muy importante en la formación de afecto en la infancia, la dejamos a la deriva y sin ley de divorcio. Enfrentamos un panorama de casi siete mil nulidades al año, y también de muchas separaciones de hecho que han dejado en la más absoluta indefensión a miles de familias y niños. Asimismo, hemos encargado a los tribunales -que se ven colapsados por las demandas- resolver los problemas que acarrea la ruptura familiar, lo que no ha significado su solución civilizada y pacífica, sino, por el contrario, muy dramática y trágica, pues en muchos casos se ha roto no sólo la relación de pareja, sino también con los hijos. La gente ha tenido que litigar y ha actuado con odiosidad; se ha utilizado a los niños; ha habido chantaje, etcétera.
Es muy importante lo que hoy estamos haciendo, porque, después de un período de tramitación difícil y complicado, que dura ya más de diez años, hemos logrado modificar la ley de matrimonio civil y dar salidas civilizadas a las rupturas matrimoniales, que son una realidad en nuestro país.
Campañas del terror señalan determinadas consecuencias del divorcio. ¡Pero si ya están presentes en los miles de parejas que han sufrido ruptura familiar y en la indefensión de los niños y de los cónyuges más débiles, mayoritariamente mujeres, que, muchas veces, se ven obligadas a sacar adelante a sus familias con mucho sacrificio y sin ayuda ni reconocimientos del padre!
En esta iniciativa se establece, en mi opinión, el derecho de las personas a elegir el tipo de vida que desea; se da una salida acerca de cómo continuar, y, además, lo cual es muy importante, se permite enfrentar los efectos de la rupturas matrimoniales, las cuales -no podemos tapar el sol con un dedo- constituyen una realidad en el país.
La discusión de este proyecto en el Congreso Nacional no estuvo exenta de obstáculos. El Senado lo tuvo “secuestrado” por más de seis años. La Cámara de Diputados lo aprobó en 1997; pero durante siete años, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado no lo puso en trámite. Finalmente, en dicha Corporación se vieron obligados a avanzar en su estudio por la presión ejercida por la ciudadanía, que clamaba por una solución no sólo al problema de las rupturas matrimoniales, sino, también, al de aquellas personas que han reconstruido sus vidas fuera de la ley de Matrimonio Civil, quienes están impedidas de acumular bienes en forma comunitaria, como cualquier matrimonio, y cuyos hijos son llamados “ilegítimos”.
Durante estos años he recibido cientos de cartas de segundos matrimonios -dicho en un profundo sentido afectivo de la palabra- que quieren reconstruir dignamente sus vidas en común, con reglas legales y claras, oportunidad que no les da la ley vigente.
Este es un paso histórico, por cuanto estamos a punto de entregar al país una herramienta que da libertad a las personas para elegir, regula de manera civilizada las rupturas matrimoniales y, además, establece compensaciones para el cónyuge más débil, general y mayoritariamente, la mujer, que ha perdido la posibilidad de entrar al mundo laboral por dedicarse a cuidar de la familia.
En el fondo, se trata de una ley de defensa de la familia, porque, frente a los miles de separaciones de hecho, compensa al cónyuge más débil, generalmente la mujer, que queda absolutamente a cargo de sus familias. En Chile es mayoritario el número de dueñas de casa que trabajan en sus hogares para criar a sus hijos, porque, muchas veces, no reciben el más mínimo aporte de los padres, o porque los litigios demoran tanto en los tribunales de menores que se cansan de hacer trámites, o bien no pueden probar que el varón gana dinero suficiente para ayudarla en la mantención de la familia.
Estamos, entonces, frente a una futura ley razonable, clara, civilizada e importante.
Quiero destacar que hay gente y sectores religiosos y sociales que lo único que hacen es defender una institución; que prefieren la nulidad, en circunstancias de que, tal como el divorcio, constituye una ruptura. No logro entender la visión de la realidad que no ve lo que ocurre, sino que defiende instituciones.
A mi juicio, hay quienes desean ampliar las causales de nulidad en forma muy extensiva, porque estiman preferible que un matrimonio se anule a que se divorcie. Sin embargo, ambas instituciones conllevan las mismas consecuencias: la ruptura.
Se ha señalado, en forma de amenaza, que los hijos de los divorciados tendrán una vida terrible, que serán personas espantosas: drogadictas y delincuentes. Sin embargo, ¿alguien se ha preguntado qué pasa con los hijos de los anulados? Sin duda, estamos frente a tremendas distorsiones de la realidad, y ante una campaña del terror que, por suerte, el Congreso Nacional no ha acogido.
El proyecto establece algunas concesiones que, a mi modo de ver, no significan mayormente nada, pero que aprobaré. Por ejemplo, se dispone que el juez debe llamar a las partes a una audiencia de conciliación. Pero no corresponde que un magistrado trate de poner en la buena a los matrimonios, porque cuando llegan al juzgado su situación ya es muy clara. El juez no es un psicólogo ni un pastor, sino el encargado de dirimir conflictos. Por lo tanto, el llamado a conciliación no tiene sentido. Es una audiencia a la que puede suceder una mediación para tratar de arreglar el matrimonio, lo que me parece muy difícil. En todo caso, se requiere la mediación para ponerse de acuerdo sobre los efectos de la ruptura, es decir, para determinar quién se queda con la tuición de los niños, para fijar la pensión alimenticia y para establecer una compensación, ya que la iniciativa preceptúa con claridad que en el arreglo posterior debe quedar equilibrada la situación económica y social de ambos cónyuges.
Sin duda, estamos legislando para ayudar a que las rupturas matrimoniales que se produzcan sean civilizadas y para que se reconozca que el vínculo conyugal se acaba no sólo cuando se lesionan los derechos del otro cónyuge, sino, también, debido al quiebre de la relación afectiva.
La ciudadanía chilena espera con ansias el despacho de esta iniciativa, porque es muy importante. No obstante, deberemos estar atentos a cómo se aplica en la práctica.
Concuerdo con lo señalado por la diputada señora María Angélica Cristi en cuanto a que es fundamental educar para constituir familia; pero no lo hacemos. Contamos con una prueba de selección para el ingreso a las universidades y con una serie de procedimientos en otros ámbitos. Sin embargo, no hacemos algo tan importante como educar a la gente -ni siquiera los credos religiosos- para constituir familia.
Creo que hemos cumplido con la ciudadanía. Me felicito por este proyecto, y espero que cuente con una amplio respaldo en la Cámara.
He dicho.
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